Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2022-00067-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2022-00067-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2022-00067-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 47001-23-33-000-2022-00067-01
Accionante: MARLON CASTAÑEDA MONTENEGRO
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA
MARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado que
declaró improcedente el mecanismo de amparo, en tanto el
actor carece de legitimación en la causa por activa para
promover el presente mecanismo de amparo
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de 23 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Marlon Castañeda Montenegro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta al no haber emitido respuesta
a la solicitud que radicó el 18 de enero de 2022, por medio de la cual pidió copia
autentica de la sentencia de 14 de diciembre de 2021, con su respectiva constancia
de ejecutoria, proferida dentro del expediente con radicado número 47001-33-33-
006-2017-00265-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató
que es «abogado litigante y mi subsistencia implica el cobro de mis
honorarios que dependen directamente del ejercicio de mi profesión».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
2.2. Manifestó
que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta,
mediante sentencia de 14 de diciembre de 2021, condenó al Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
reconocer y pagar a favor de su representada, señora Myriam Elsy Arévalo Vivic, la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.
2.3. Indicó que, una vez ejecutoriada la anterior decisión judicial, el 18 de enero de
2022 radicó solicitud ante el Juzgado accionada con el propósito de que se le
entregara «sentencia en copia autentica y la constancia ejecutoria en medio virtual».
2.4. Afirmóque ha «reiterado la petición en varias ocasiones al juzgado 6
administrativo del circuito de santa marta y no ha habido respuesta sobre la entrega
de las copias auténticas de la sentencia y la constancia de sus ejecutoria; se ha
solicitado personalmente y tampoco encuentran el proceso y tampoco están
seguros de donde esta o en que estado está el proceso». (Sic en toda la cita)
2.5. Señaló que «este comportamiento viola mi derecho al trabajo y mi derecho de
petición ya que no he podido a la fecha radicar la solicitud de cumplimiento de fallo
dentro del proceso 2017-00265 de la que depende el pago de mis honorarios».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Se ordene al juzgado 6 administrativo del circuito de santa marta cesar
la violación de mis derechos al trabajo y de petición.
2. Se tutelen mis derechos al trabajo y de petición ordenando al juzgado 6
administrativo de santa marta la entrega de la copia autentica del fallo y de su
constancia de ejecutoria de manera virtual al correo mcm2609@hotmail.com
[…].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Elmagistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena a cargo de la
sustanciación del presente proceso, mediante auto de 14 de marzo de 2022
inadmitió la presente acción de tutela, con el fin de que el accionante acreditara la
calidad en la que actuaba.
5. Posteriormente, el Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante auto de 15 de marzo de 2022, admitió el presente mecanismo
de amparo. En la misma providencia, vinculó como tercero con interés directo en
los resultados del proceso al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las entidades
vinculadas, se produjeron las siguientes intervenciones:
6.1. El Juez Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta rindió informe en el
que advirtió que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, en tanto que, mediante auto de 17 de marzo de 2022, ordenó la
expedición de las copias auténticas solicitadas por el accionante.
6.2. El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la oficina jurídica de
la entidad, rindió informe en el que solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, ya que carece de competencias para atender las pretensiones de
amparo.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante sentencia de tutela de 23 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo
del Magdalena declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, luego de
considerar que el accionante carecía de legitimación en la causa por activa.
8. Como sustento de lo anterior, el a quo expuso lo siguiente:
[…] vislumbra esta Sala que, el señor MARLON CASTAÑEDA MONTENEGRO
quien funge como apoderado judicial de la señora MYRIAM AREVALO dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que suscita la
interposición de la acción de tutela de interés, incoó el recurso de amparo sub
júdice con el fin de que el juzgado accionado procediese a expedir a su favor
copia auténtica del fallo proferido en el proceso ordinario identificado con
radicado No. 2017-00265 con su respectiva constancia de ejecutoria.
Frente a lo anterior, es dable inferir que el aquí tutelante elevó la solicitud objeto
de análisis ante la unidad judicial encartada dentro del marco de sus funciones
como apoderado judicial de la señora MYRIAM AREVALO, esto es, en ejercicio
de una actividad profesional, luego entonces, en atención a lo delineado por la
Honorable Corte Constitucional, la titularidad del derecho de petición recae de
manera directa en su poderdante toda vez que, el señor MARLON
CASTAÑEDA MONTENEGRO impetró la petición correspondiente ejerciendo
sus facultades como representante judicial de su prohijada, de guisa pues que
la eventual vulneración de la garantía constitucional referida afecta
palmariamente a la señora MYRIAM AREVALO en la medida en que el
procuradora judicial tutelante no ejerció su propio derecho de petición, sino
concretamente el de su poderdante en razón al mandato conferido al interior del
proceso ordinario que suscitó la incoación de la acción tutelar de interés.
[…]
En ese orden de ideas, emerge como imperativo aducir que hay lugar a emitir
decisión en el sentido de rechazar por improcedente la solicitud de amparo
tutelar promovida por el aquí tutelante por configurarse la falta de legitimación
en la causa por activa comoquiera que, el señor MARLON CASTAÑEDA
MONTENEGRO soslayó aportar al libelo el mandato especial debidamente
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Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
otorgado por parte de la señora MYRIAM AREVALO como titular de los
intereses neurálgicos que se estiman conculcados en la presente acción.
En igual sentido, se advierte que el accionante tampoco manifestó su calidad
como agente oficioso de la señora MYRIAM AREVALO, a contrario sensu, el
referido abogado adujo como propia la vulneración del derecho fundamental en
cuestión el cual de forma palmaria radica en cabeza de su prohijada,
pretendiendo de esta forma suplantar al titular de la garantía constitucional
concerniente; luego entonces teniendo en cuenta que el aquí tutelante no arribó
al plenario el poder especial y específico que lo habilita en la presente acción
constitucional para ejercer la defensa de los intereses iusfundamentales de su
mandante, emerge como meridiano el aserto de que seno se cumple con el
requisito de procedencia de la acción atinente a la legitimación en la causa por
activa.
Como colofón, itera esta Sala que el señor MARLON CASTAÑEDA
MONTENEGRO no tiene legitimidad en la causa para instaurar en nombre
propio la acción de tutela de la referencia, pues, la titular de los intereses
neurálgicos en cuestión, lo viene a ser, la señora MYRIAM AREVALO quien
funge como demandante dentro del medio de control que suscitó la interposición
del sub iuris, situación que se hará constar en la parte resolutiva de la presente
providencia. […]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, luego de reiterar
los argumentos expuestos en el escrito inicial de la acción de tutela.
10. Igualmente, maninfestó que la violación de sus derechos fundamentales de
petición y al trabajo aún persiste, ya que el juzgado accionado no ha entregado las
copias autenticas solicitadas.
11. Adujo que la acción de tutela no puede ser declarada improcedente porque no se
configura ninguna de las causales de improcedencia prevista en el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. EstaSala de Decisión es competente para conocer de la impugnación
presentada por el accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 32
del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º
del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante al no haber emitido respuesta a la solicitud que radicó el
18 de enero de 2022, por medio de la cual solicitó copia autentica de la
sentencia de 14 de diciembre de 2021, con su respectiva constancia de
ejecutoria, proferida dentro del expediente con radicado número 47001-33-
33-006-2017-00265-00.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela
14. El artículo 86 superior consagra que toda persona podrá solicitar ante los jueces
«la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública».
15. La regulación de la acción de amparo se encuentra en el Decreto Ley 2591 de
1992, norma que en sus artículos 5° y 6° señala que la acción de tutela procede:
[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…].
16. Asu vez, la referida norma señala que este medio amaro deviene en
improcedente en las siguientes circunstancias:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
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"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Radicación: 47001-23-33-000-2022-00067-01
Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […].
17. Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que los requisitos de
procedencia de la acción de tutela son: i) legitimación en la causa por activa; ii)
inmediatez, y iii) subsidiariedad.
VIII.4. El caso concreto
18. El ciudadano Marlon Castañeda Montenegro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la petición y al trabajo, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta por no haber emitido respuesta
a la solicitud que radicó el 18 de enero de 2022, a través de la cual solicitó copia
autentica de la sentencia de 14 de diciembre de 2021, con su respectiva constancia
de ejecutoria, proferida dentro del expediente con radicado número 47001-33-33-
006-2017-00265-00.
19. El juez de primera instancia consideró que el accionante carecía de legitimación
en la causa por activa, en tanto la presunta vulneración devenía de la omisión del
juzgado accionado en expedir las copias auténticas solicitadas en el interior del
medio de control con radicado número 47001-33-33-006-2017-00265-00; proceso
en el que el señor Castañeda Montenegro no es parte procesal, sino que funge
como apoderado judicial de la señora Myriam Elsy Arévalo Vivic -demandante en el
proceso-.
20. El accionante impugnó la anterior decisión, al insistir que la omisión del juzgado
accionado efectivamente transgrede sus garantías fundamentales porque «no he
podido a la fecha radicar la solicitud de cumplimiento de fallo dentro del proceso
2017- 00265 de la que depende el pago de mis honorarios».
21. En este contexto, la Sala estima pertinente determinar si el señor Marlon
Castañeda Montenegro se encuentra legitimado en la causa por activa para
promover a nombre propio el mecanismo de amparo de la referencia, ello en razón
a que, tal como se explicó en el acápite precedente, uno de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela se encuentra asociado con la legitimación
en la causa por activa.
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Radicación: 47001-23-33-000-2022-00067-01
Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
22. Al respecto, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su disposición
la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados
por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión.
23. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].
24. Atendiendo a lo dispuesto en tales normas, se entiende que el titular de los
derechos fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer
la acción de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a
través de agente oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar
las razones por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
25. La Corte Constitucional4 en múltiples oportunidades se ha pronunciado frente a
la legitimación en la causa para ejercer la acción de tutela, en la que se destaca lo
siguiente:
[…] En estos términos, y no obstante la informalidad que caracteriza a la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que su ejercicio está
sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad que se
deben acreditar en cada caso concreto, entre los cuales se encuentra la
legitimación en la causa por activa, con la cual se pretende asegurar que el
accionante tenga un interés directo y particular en lo reclamado, y que en este
sentido, se busque la protección de un derecho fundamental del propio
demandante y no de otra persona […]5. (Subrayas de la Sala).
26. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que es posible
presentar la demanda en ejercicio de la acción de tutela, cuando el titular del
derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de acudir a la
justicia, a través de la figura de la agencia oficiosa, para lo cual se requiere verificar:
4
Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006. M.P.: Jaime Córdoba Triviño; sentencia T-213 de 26 de abril de 2016. M.P.:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
5
Sentencia T-176 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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i) que exista una manifestación del agente oficioso para actuar como tal; ii) que se
indique en el escrito de tutela, o que se pueda inferir del mismo, que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales de promover su
propia defensa, y iii) que el sujeto o los sujetos agenciados se encuentren
plenamente identificados6.
27. Por todo lo anterior, para la Sala es dable concluir que, pese a la informalidad
que rige en las acciones de tutelas, quien promueva esta acción constitucional tiene
que ser la persona directamente afectada en el goce de sus derechos fundamentales,
en nombre propio o a través de apoderado judicial, o manifestar que actúa como
agente oficioso de quien materialmente no puede ejercer la acción, de lo contrario, no
podría hablarse de legitimación en la causa por activa.
28. En el asunto cuyo estudio ocupa la atención de la Sala, se advierte que el objeto
de esta acción de tutela consiste en que se ordene al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Santa Marta expedir copia autentica de la
sentencia de 14 de diciembre de 2021, con su respectiva constancia de ejecutoria,
proferida dentro del expediente con radicado número 47001-33-33-006-2017-
00265-00.
29. Es decir, la presunta vulneración alegada por el accionante deviene de la omisión
de la autoridad accionada en expedir las copias auténticas solicitadas, lo que implica
que la actuación que debe adelantar el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Santa Marta se encuentra inmersa dentro de aquellas propias de sus funciones
jurisdiccionales y no como autoridad administrativa.
30. En sustento de lo anterior, la Sala recuerda que esta Sección, en sentencia de 13
de mayo de 20217, señaló lo siguiente:
[…] Así las cosas, se reitera que en el caso concreto no se vulnera el derecho
de petición, comoquiera que, respecto de las solicitudes de copias en actuaciones
judiciales, el artículo 114 del C.G.P. establece que: “De todo expediente podrán
las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con
observancia de las reglas siguientes”; por lo tanto, la decisión de expedir las
copias, al estar regulada por el ordenamiento procesal, no es posible
asimilarla a aquellas en las cuales su resolución se contrae a la aplicación
de las normas propias del derecho de petición […]. (Negrillas fuera de texto
original)
31. Partiendo de la anterior premisa, la Sala advierte que, en principio, los únicos
legitimados para promover el mecanismo de amparo con el propósito de cuestionar
cualquier “irregularidad” dentro de un proceso judicial, son los sujetos que lo
integran.
32. Así las cosas, y comoquiera que el aquí accionante no es parte procesal dentro
del expediente que alega la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales,
6
SU-707 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo de 2021, Exp. No.
11001-03-15-000-2021-01148-00. C.P. Oswaldo Giraldo López.
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para la Sala es claro que el actor carece de legitimación en la causa por activa para
promover, en nombre propio, el mecanismo de amparo de la referencia y pretender
que la autoridad judicial expida las copias auténticas solicitadas, puesto que el
hecho asociado a que haya fungido como apoderado judicial de la demandante dentro
del referido proceso contencioso, no lo habilita para interponer una acción de tutela
con ocasión de una actuación en la que sus derechos fundamentales no resultaron
vulnerados.
33. Sumado a lo anterior, debe señalarse que si bien es cierto la solicitud de
expedición de copias auténticas fue suscrita por el aquí accionante, la realidad es
que la misma la radicó en su condición de apoderado judicial de la señora Myriam
Elsy Arévalo Vivic, y no obró en nombre propio, lo que ratifica que la directa
interesada en el asunto es la referida ciudadana.
34. Aunado a lo anterior, resulta oportuno precisar que, tal como lo ha sostenido la
Corte Constitucional, «en aquellos eventos en los cuales la acción de tutela se
presentó por intermedio de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con
poder especial, la jurisprudencia constitucional señaló, como consecuencia jurídica,
la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimación en la causa por
activa»8.
35. Significa lo anterior que, contrario a lo manifestado por el accionante, cuando se
advierte la falta de legitimación en la causa por activa sí resulta dable declarar la
improcedencia de la acción de tutela pese a que dicha circunstancia no se encuentra
taxativamente prevista en el Decreto Ley 2591 de 1991.
36. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por falta
de legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
8
Sentencia T-024 de 2019, Corte Constitucional.
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Accionante: Marlon Castañeda Montenegro
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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