Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2022-00203-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2022-00203-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2022-00203-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
6 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00203-01
Accionante: UBER SIMÓN SEQUEA GUTIÉRREZ
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SANTA MARTA
Tema: Derechos fundamentales de petición, debido proceso y
seguridad social / proceso ejecutivo / expedición de
oficios de embargo / carencia actual de objeto por
hecho superado
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el accionante en contra
de la sentencia del 6 de septiembre de 2022 mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Magdalena denegó la acción de tutela de la
referencia por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
El señor Uber Simón Sequea Gutiérrez, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo
Oral de Santa Marta, con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho a fin de que se reliquidara su mesada pensional, proceso
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que culminó de manera favorable, en el sentido que se accedió a las
súplicas de la demanda.
1.2. No obstante, ante la negativa del Fomag de pagar la condena,
interpuso un proceso ejecutivo ante el Juzgado Primero Administrativo
Oral de Santa Marta, despacho judicial que tuvo conocimiento del medio
de control en primera instancia.
1.3. En esa medida, manifestó que ha solicitado en varias
oportunidades a dicha dependencia judicial los oficios que contengan la
orden de embargo de las cuentas de la entidad ejecutada, pero no ha
obtenido respuesta alguna, razón por la que considera que dicho actuar
transgrede sus derechos fundamentales.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso, trabajo y seguridad social
ordenando al Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Santa Marta expedir los oficios de
embargo al tenor de lo pedido en las medidas cautelares dentro del proceso radicado 2019-
00360 de ese despacho.
2. Se advierta al accionado que deben dar a conocer su decisión al tenor del CGP».
3. INFORMES
Mediante auto del 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar
al Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta y vinculó a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio como terceros interesados en las
resultas del proceso.
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3.1. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta, por
conducto del secretario, manifestó que en el despacho cursa un proceso
ejecutivo cuyo radicado corresponde al número 47001-33-33-004-
2019-00360-00, en el que el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez actúa
como demandante y la Nación, Ministerio de Educación Nación y el
Fomag como parte demandada.
Informó que el 4 de febrero de 2022, se profirió auto que libra
mandamiento de pago, el cual fue notificado el 10 de febrero del mismo
año.
Con posterioridad, esto es, el 13 de mayo del 2022, se ordenó seguir
adelante la ejecución, actuación que fue notificada el 23 de mayo del
2022.
Indicó que el apoderado de la parte actora, entre el 16 de junio del
2022 y el 16 de agosto del 2022, solicitó en cinco oportunidades el
decreto de medidas cautelares.
Por lo anterior, a través del auto del 26 de agosto del 2022 se decretó
el embargo solicitado, el cual fue notificado el 29 de agosto del 2022 al
correo del apoderado de la parte ejecutante.
En ese contexto, estima que no ha vulnerado los derechos
fundamentales deprecados por el actor, dado que el proceso ha
avanzado pese a la carga laboral que existe actualmente en la
jurisdicción contencioso administrativo, motivo por el cual considera
que en el presente asunto hay carencia actual de objeto por hecho
superado.
3.2. No se rindieron más informes.
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4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 6 de
septiembre de 2022 negó la solicitud de amparo, al encontrar
demostrada la figura jurídica de la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Lo anterior, dado que lo que pretendía el actor con el mecanismo
constitucional era que se expidieran los oficios de embargo al tenor de
lo solicitado en las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo con
radicado 47-001-33-33-004-2019-00360-00, circunstancia que
encontró superada, comoquiera que la agencia judicial accionada
demostró haber accedido a la solicitud a través del auto del 26 de
agosto de 2022, por medio del cual decretó dicho embargo.
5. IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, al estimar que no
se libró mandamiento de pago, sino que luego de resolver excepciones
se dictó sentencia. En esa medida, insistió que el objetivo de la acción
de tutela era que el juzgado entregara los oficios de embargo, lo cual
no ha ocurrido a la fecha.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿Si el Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa Marta al no
resolver la solicitud expedición de los oficios de embargo dentro
del proceso ejecutivo con radicado 47-001-33-33-004-2019-00360-
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00 ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y a la seguridad social del accionante?
2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Del derecho de petición ante autoridades judiciales 1
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte Constitucional ha señalado2 que, si bien es cierto,
1
Se hace referencia a la sentencia T-192 de 2007.
2
Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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este derecho puede ejercerse ante los jueces y, en consecuencia, estos
se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten en los términos que la ley señale, pues de no hacerlo
desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el juez y las
partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:
«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las
partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las
normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)»3.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los
administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables
las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo
análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)»4.
Asimismo, señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso»5.
En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de
denuncia del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas
señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo tribunal constitucional estableció que
la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas
por las partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional,
3
Ibídem
4
Ibídem
5
Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al
debido proceso6 y al acceso de la administración de justicia, 7 en la
medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin
motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada 8 al
interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento
constitucional (CP, arts. 29 y 229).
4. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el señor Uber Simón Sequea Gutiérrez alega
la vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y a la seguridad social, al considerar que no ha obtenido
respuesta por parte del Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa
Marta respecto de la solicitud de expedición de los oficios que
contengan la orden de embargo en el marco del proceso ejecutivo cuyo
radicado corresponde al número 47001-33-33-004-2019-00360-00.
Por su parte, el despacho en mención informó que, contrario a lo
manifestado por el accionante, no ha transgredido sus derechos
fundamentales, puesto que, a pesar de la carga laboral que existe
actualmente en la jurisdicción contencioso administrativo, el proceso
avanzó.
Lo anterior, porque dentro del sumario ya se libró mandamiento de
pago, se ordenó seguir adelante con la ejecución y finalmente se
profirió el auto mediante el cual decretó el embargo a las cuentas de la
entidad ejecutada.
6
Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
7
El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en varias
sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
8
Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Ahora, analizado el acervo probatorio, se tiene que el 4 de febrero de
20229 el juzgado libró mandamiento de pago en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y Fomag y con posterioridad, esto es,
el 13 de mayo de la presente anualidad10, declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad y en consecuencia ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Luego, mediante el auto del 26 de agosto de 202211 decretó la medida
cautelar de embargo, en los siguientes términos:
«(…)
RESUELVE:
PRIMERO: Decrétese el embargo de los dineros que tenga o llegue a tener la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG en cuentas de ahorro, cuentas de corriente, CDT’S o cualquier otro
producto bancario en las siguientes entidades bancarias: Banco BBVA, Banco Popular y
Banco Davivienda.
SEGUNDO: Por Secretaría, adviértaseles, en los oficios de comunicación de los
embargos, a los destinatarios de tales medidas, que el embargo se perfeccionará mediante
entrega del correspondiente oficio, en el que se les prevendrá que, para hacer el pago,
deberán constituir certificado de depósito judicial a órdenes del juzgado, que, al recibir la
notificación, deberán informar acerca de la existencia del crédito, de cualquier embargo
que con anterioridad se les hubiere comunicado y si se les notificó antes alguna cesión o
si la aceptaron, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de
responder por el respectivo pago, como lo disponen los numerales 4 y 10 del artículo 593
del Código General del Proceso.
TERCERO: La inobservancia de la orden impartida por esta Unidad Judicial en la presente
providencia hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos
(2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, de conformidad con el Parágrafo 2° del
artículo 593 del Código General del Proceso.
CUARTO: Limítese el embargo a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL
PESOS ($86.100.000).
QUINTO: Por Secretaría, Líbrense los oficios correspondientes y anéxeseles copia de esta
providencia.»
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Es evidente para la Sala que la solicitud de librar los oficios de embargo
ya fue tramitada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Santa
Marta mediante el auto de la referencia, como bien puede apreciarse
en el numeral 5.º y, en esa medida, le asiste la razón al a quo que
declaró la carencia de objeto por hecho superado en el presente asunto.
En ese contexto, es menester señalar esta corporación ha mantenido
la tesis que dicha figura puede presentarse cuando la circunstancia que
reporta la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la
cual, cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto,
pues nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a
una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe
a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado
artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso
concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al
particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón
de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que
la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces
inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»12.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque
las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en
apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el
fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la
luz de las garantías constitucionales, de acuerdo con la interpretación
que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y
su «posible superación».
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente asunto se ha
demostrado que la solicitud formulada por el señor Uber Simón Sequea
Gutiérrez por medio de la cual requirió se expidieran los oficios de
embargo ya fue tramitada a través del auto del 26 de agosto de 2022,
dicha circunstancia le impone a la Sala confirmar la decisión de primera
instancia en la que se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Finalmente, la Sala debe precisar que, en todo caso, no es dable a
través del derecho fundamental de petición pretender adelantar
trámites que son inherentes al procedimiento ejecutivo que se adelanta
en el juzgado accionado, por lo que sobre dichos aspectos deben
observarse los términos procesales vigentes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de septiembre de 2022
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena
que denegó la presente acción de tutela.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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