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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2022-00207-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 47001-23-33-000-2022-00207-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 8 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en los siguientes términos: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda con relación a la pretensión de nulidad del mandamiento de pago 374 del 18 de agosto de 2022, en tanto que no es un acto susceptible de control judicial, y DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por el Municipio de Zona Bananera a través de su Secretaría de Hacienda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia: ACTO CONTENIDO Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera profirió la liquidación oficial del aforo y liquidó el impuesto de alumbrado Resolución No 188 del 4 de mayo de 2022 público de los períodos de enero de 2018 a diciembre de 2021, por valor de $2.498.973.630 en contra de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera confirmó la Resolución Nº 188 del 04 de mayo de 2022 que liquidó el impuesto Resolución No. 335 del 05 de agosto de de alumbrado público de los períodos de enero de 2018 a diciembre 2022 de 2021, por valor de $2.498.973.630 en contra de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera resolvió de forma negativa las excepciones interpuestas en contra del Resolución No. 516 del 09 de noviembre Mandamiento Coactivo de Pago Resolución No. 374 del 18 de de 2022 (reforma de la demanda) agosto de 2022, ordenando el cobro de la suma de $3.748.055.445 en contra de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS 2. CONFIRMAR en lo demás, la providencia apelada. 3. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 47001-23-33-000-2022-00207-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 47001-23-33-000-2022-00207-01 (31022)
Demandante CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS
S.A.S.
Demandado MUNICIPIO DE ZONA BANANERA – MAGDALENA Y OTRO
Temas Impuesto de Alumbrado Público. Sujeción pasiva.
Establecimiento físico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada
y por la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Isan S.A.S., en su calidad de tercera
interesada, contra la sentencia del 8 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que resolvió1:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por el
Municipio de Zona Bananera a través de su Secretaría de Hacienda, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia:
ACTO CONTENIDO
Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera profirió la
liquidación oficial del aforo y liquidó el impuesto de alumbrado público
Resolución No 188 del 4 de mayo de
de los períodos de enero de 2018 a diciembre de 2021, por valor de
2022
$2.498.973.630 en contra de Cenit Transporte y Logística de
Hidrocarburos SAS
Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera confirmó la
Resolución N.º 188 del 04 de mayo de 2022 que liquidó el impuesto de
Resolución No. 335 del 05 de agosto
alumbrado público de los períodos de enero de 2018 a diciembre de
de 2022
2021, por valor de $2.498.973.630 en contra de Cenit Transporte y
Logística de Hidrocarburos SAS
Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera resolvió de forma
Resolución No. 516 del 09 de negativa las excepciones interpuestas en contra del Mandamiento
noviembre de 2022 (reforma de la Coactivo de Pago Resolución No. 374 del 18 de agosto de 2022,
demanda) ordenando el cobro de la suma de $3.748.055.445 en contra de Cenit
Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS

SEGUNDO: como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad y a manera de
restablecimiento del derecho, se DISPONE:
• DECLARAR que la empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS no es
sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el Municipio de Zona Bananera
durante los periodos que van de enero de 2018 y [sic] diciembre de 2021, por no ser
usuario potencial del servicio, de acuerdo con lo razonado arriba, por lo tanto, no está
obligado a pagar dicho tributo en tales periodos.
• ORDENAR al Municipio de Zona Bananera que en virtud de la declaratoria de nulidad
dispuesta en el numeral primero de la parte resolutiva de esta providencia, se disponga
la terminación y archivo del proceso de cobro coactivo iniciado con el mandamiento de
pago contenido en la resolución No. 374 del 18 de agosto de 2022, de igual forma que
se levanten las medidas cautelares ordenadas en virtud de tal trámite y que tal
levantamiento sea comunicado a las entidades bancarias correspondientes.
• CONDENAR al Municipio de Zona Bananera a devolver a Cenit Transporte y Logística de
Hidrocarburos SAS, la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
1
Samai del tribunal, índice 96, páginas 14 a 16.

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Radicado: 47001-23-33-000-2022-00207-01 (31022)
Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

SETECIENTO [sic] SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/C ($4.657.768.655,48), correspondiente al dinero que le
fue retenido a la empresa actora dentro del proceso de cobro coactivo. La anterior cifra
ya se encuentra indexada por lo que sobre esta solo le son predicables los intereses de
ley.
TERCERO: La entidad deberá dar cumplimiento a estas órdenes de conformidad con el artículo
192 del CPACA.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante resolución 188 del 4 de mayo de 2022, el municipio de Zona Bananera,
Magdalena, expidió la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público en
contra de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (Cenit) por los
periodos de enero de 2018 a diciembre de 2021.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión; en
consecuencia, la entidad territorial expidió la resolución 335 del 5 de agosto de
2022, la cual confirmó íntegramente el acto inicial.

Mediante resolución 374 del 18 de agosto de 2022, el municipio de Zona Bananera
libró mandamiento coactivo de pago contra la demandante por los valores indicados
en los anteriores actos de determinación. De igual modo, con la resolución 375 de
la misma fecha, dispuso el embargo de las sumas de dinero de la sociedad en
depósitos ante entidades financieras.

La sociedad propuso excepciones contra el mandamiento de pago. Al respecto, el
municipio profirió la resolución 516 del 9 de noviembre de 2022, que declaró
probada la excepción de interposición de demanda y, en consecuencia, dispuso la
suspensión del cobro coactivo; no obstante, negó el levantamiento de las medidas
cautelares.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones en la reforma de la demanda2:
A. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos, por haber sido expedidos con
violación a las normas y falta de motivación:
Acto administrativo Tipo de Acto
Por medio de la cual, el municipio de Zona
Bananera profirió la liquidación oficial del aforo y
Resolución No 188 del 4 de mayo de
liquidó el impuesto de alumbrado público de los
2022
períodos de enero de 2018 a diciembre de 2021,
por valor de $2.498.973.630.
Resolución No. 335 del 05 de agosto de Por medio de la cual, el municipio de Zona
2022 Bananera confirmó la Resolución Nº 188 del 04 de

2
Samai del tribunal, índice 09, 7_MEMORIALALDESPACHO_REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 9, páginas 49 a 50.

2
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Radicado: 47001-23-33-000-2022-00207-01 (31022)
Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Acto administrativo Tipo de Acto
mayo de 2022 que liquidó el impuesto de alumbrado
público de los períodos de enero de 2018 a
diciembre de 2021, por valor de $2.498.973.630.
por medio de la cual, se libró Mandamiento coactivo
de pago No. 20220818001 en contra de la
Resolución No 374 del 18 de agosto de
compañía por valor de $2.498.703.630 por
2022
concepto del impuesto de alumbrado público de los
periodos de enero de 2018 a diciembre de 2021.
Resolución No. 516 del 09 de noviembre Resolución que Resuelve las Excepciones en
de 2022 contra del Mandamiento Coactivo de Pago
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho:
B. Aplique de manera extensiva los efectos jurídicos de la Sentencia de Unificación proferida
el 06 de noviembre de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta dentro del
expediente No. 23103 y ponencia del consejero Milton Chaves García, por medio de la
cual, se precisó y unificó la posición de la Alta Corporación respecto a los elementos
esenciales del impuesto de alumbrado público de conformidad con los artículos 10 y 102
del CPACA y el artículo 614 del Código General del Proceso.
C. Declare y reconozca que CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. no es
sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio de Zona Bananera
durante el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2021.
D. Declare y reconozca que CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. no le
corresponde pagar ninguna suma por concepto de impuesto de alumbrado público, que
se pretenden cobrar correspondiente a los periodos de enero de 2018 a diciembre de
2021.
E. Como consecuencia de lo anterior, se declare y reconozca que CENIT TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. no le corresponde pagar ninguna suma por concepto
de sanciones, así como tampoco intereses moratorios que se pretenden cobrar con
relación al impuesto de alumbrado público correspondientes a los periodos de enero de
2018 a diciembre de 2021.
C. [Sic] Se deje sin efecto las medidas cautelares decretadas mediante la Resolución No.
375 del 18 de agosto de 2022 y la orden impartida al Banco BBVA mediante la Resolución
429 del 21 de septiembre del 2022 promovidas en contra CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
DE HIDROCARBUROS S.A.S.

A. [Sic] Se decrete las medidas cautelares preventivas señaladas en el cuaderno de
medidas cautelares anexo a la presente demanda.
B. [Sic] Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Municipio de Zona Bananera el
reintegro de la suma $3.748.055.445 debidamente indexada, a favor de CENIT
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. trasladada al Banco Agrario donde
fueron transferidos los dineros embargados de la cuenta de ahorros No. 0013 0401
0200001862 del Banco BBVA, junto con los intereses moratorios tal y como lo establece
el artículo 1617 del Código Civil, los cuales se pagarán desde la fecha en la que se
reconozcan las pretensiones a CENIT y sólo cesarán cuando se cancele la obligación.
F. [Sic] Que se condene al municipio de Zona Bananera, y a favor de CENIT TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. al pago de costas y agencias en derecho en las
cuales haya incurrido para su defensa en el trámite del presente medio de control.

La demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 83, 209, 338 y 363
de la Constitución Política; 3 (incisos 1, 2, 4, 11, 12 y 13), 42, 44 y 176 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 16 del Decreto
1053 de 1956; 165 y 243 del Código General del Proceso; 742, 828, 829 y 837-1
del Estatuto Tributario; 563, 565, 570, 571, 572, 573 y 578 del acuerdo 009 de 2013,
y las resoluciones CREG 043 de 1995, 089 de 1996, 076 de 1997 y 070 de 1998.

El concepto de la violación se resume a continuación:

3
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Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Como primer cargo, alegó la inobservancia del artículo 16 del Decreto 1053 de 1956
(Código de Petróleos), norma que exonera de impuestos departamentales y
municipales la exploración, explotación y transporte del petróleo, sus derivados y
los elementos necesarios para su beneficio, construcción y conservación de
refinerías y oleoductos. Indicó que lo anterior se explica en que las actividades
indicadas están sujetos a regalías, lo cual es incompatible con los impuestos3.
Agregó que lo expuesto desconoce la jurisprudencia constitucional4 y del Consejo
de Estado5.

Controvirtió que el municipio se fundamentara en la sentencia del 11 de marzo de
20106 para sostener que las empresas que ejecutan actividades de explotación
petrolera pueden ser gravadas.

Como segundo cargo, sostuvo que los actos demandados aplicaron erróneamente
el subnumeral 9.2.11 del artículo 9 del acuerdo 008 de 2009 (adicionado por el
artículo 1 del acuerdo 011 de 2012) y el artículo 25 del acuerdo 009 de 2017. Explicó
que la primera disposición prevé una tarifa para empresas cuyos «oleoductos»
atraviesen predios del municipio, pero que Cenit únicamente cuenta en la
jurisdicción con un «poliducto», que es un sistema distinto, pues transporta derivados
del petróleo y no crudo, en observancia a la definición del artículo 2 (numeral 37) de
la resolución 72145 del Ministerio de Minas y Energía.

Indicó que la entidad territorial, al gravar el uso de poliductos pese a que la norma
local se refiere a oleoductos, viola el método de interpretación gramatical regulado
en los artículos 27 a 29 del Código Civil.

Como tercer cargo, alegó que Cenit no ostenta la calidad de usuario potencial del
servicio de alumbrado público, pues no integra la colectividad que reside en la
jurisdicción territorial beneficiaria del servicio7. Adujo que la compañía no tiene
residencia, domicilio, oficinas, plantas, establecimientos ni propiedad en el
municipio de Zona Bananera, y que su único vínculo consiste en el paso de una
tubería, circunstancia que no la convierte en sujeto pasivo del tributo.

Como cuarto cargo, sostuvo que la actuación se fundó en el acuerdo 008 de 2009,
el cual no establece de manera suficiente la obligación de declarar, los vencimientos
para declarar, la base gravable ni el sujeto pasivo, y que el hecho generador fue
definido de manera insuficiente. Señaló que Cenit no se encuentra ubicada en la
jurisdicción municipal de Zona Bananera, lo que se respalda con la certificación
emitida por el jefe de Inmobiliario y Activos Fijos de la sociedad. Con relación a la
base gravable y la tarifa, sostuvo que no guardan correspondencia con el costo del
servicio ni con parámetros objetivos de cuantificación, pues se fijó una tarifa en
salarios mínimos sin explicar el procedimiento empleado para determinarla.

Como quinto cargo, alegó la indebida aplicación del artículo 9 de la resolución CREG
043 de 1995, en virtud del cual el municipio no podía recuperar de los usuarios más
de lo que paga por el servicio, incluida la expansión y el mantenimiento. Indicó que
los actos acusados no explican la metodología utilizada para liquidar el impuesto ni
la relación entre la tarifa fija impuesta y los costos reales del servicio de alumbrado

3
Citó sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 29 de abril de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
4
Refirió la sentencia C-419 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
5
Sección Cuarta, sentencias del 24 de octubre de 2013, exp. 19623; del 13 de diciembre de 2011, exp. 18480, y del 4 de
noviembre de 2010, exp. 17533, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6
Exp. 16667, sin identificar al magistrado o magistrada ponente.
7
Sentencia del 10 de marzo de 2010, exp. 18141.

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público, lo que, a su juicio, vulnera los principios de proporcionalidad, publicidad y
debido proceso.

Agregó que, si el costo del servicio depende del consumo o la carga resultante de
la cantidad de luminarias instaladas en el municipio, incluyendo expansión y
mantenimiento, a la luz del parágrafo 2º del artículo 4 de la resolución CREG 043 de
1995, esa debe ser la base máxima distribuible o el costo por recuperar y no una
tarifa de 70 SMLMV, como erradamente fue dispuesto por el municipio.

Como sexto cargo, alegó la nulidad de los actos relacionados con el cobro coactivo,
porque el municipio inició el cobro y decretó medidas cautelares sin contar con un
título ejecutivo en firme, pues Cenit había demandado los actos de determinación
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Señaló que, conforme al artículo 829 del Estatuto Tributario y a la jurisprudencia 8,
los actos que sirven de fundamento al cobro que fueron demandados solo se
entienden ejecutoriados cuando «sea proferida la decisión judicial definitiva». Destacó que
el proceso de cobro coactivo no inicia con el mandamiento de pago, ya que es un
acto de trámite y que, conforme al artículo 571 del acuerdo 008 de 2013, la
interposición de la demanda es una excepción procedente. Por lo anterior, consideró
vulnerado los principios de buena fe, de legalidad y el debido proceso, porque
profirió el mandamiento de pago y mantuvo las medidas cautelares.

Indicó que, en esas condiciones, el municipio no tenía facultades para llevar a cabo
un proceso de cobro coactivo, dado que no existía un título ejecutivo para hacer
exigible la obligación ni se habían resuelto las excepciones presentadas ante la
administración municipal, las cuales fueron resueltas posteriormente.

Como séptimo cargo, sostuvo que la resolución 516 del 9 de noviembre de 2022 fue
expedida sin competencia temporal. Explicó que el artículo 572 del acuerdo 009 de
2013 prevé que las excepciones contra el mandamiento de pago debían decidirse
dentro del mes siguiente a su presentación. En este caso, Cenit presentó las
excepciones el 24 de agosto de 2022 y el escrito de alcance a las mismas, el 31 del
mismo mes y año, pero la administración solo las resolvió el 15 de noviembre de
2022, esto es, por fuera del término previsto9.

Como octavo cargo, alegó violación del debido proceso administrativo por no decidir
de fondo las excepciones. Sostuvo que el municipio declaró probada la excepción
de interposición de demanda y suspendió el proceso de cobro, pero negó el
levantamiento de las medidas cautelares. Para la demandante, esa decisión fue
parcial e incongruente, pues, si la administración aceptó que los actos estaban
sometidos a control judicial, debía levantar las medidas cautelares y abstenerse de
continuar con la ejecución.

Como noveno cargo, alegó la violación del debido proceso, debido a que, una vez
interpuesta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
de determinación, el municipio no podía adelantar el trámite de cobro hasta que
existiera decisión judicial definitiva. Invocó jurisprudencia, según la cual, la
excepción de interposición de demanda no exige la admisión de la demanda, sino
8
Sección Cuarta, sentencias del 30 de septiembre de 2021, exp. 25626, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 26 de
agosto de 2021, exp. 22120, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
Sobre la competencia temporal, invocó la sentencia de la Sección Cuarta del 19 de septiembre de 2016, exp. 47693, M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y el fallo de la Sección Quinta del 21 de junio de 2018, radicado 73001-23-31-000-
2011-00512-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

5
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su presentación en debida forma10, por lo que la administración debía suspender el
proceso de cobro hasta que se resuelva11, en concordancia con lo previsto en el
numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario.

Como décimo cargo, alegó la vulneración de la confianza legítima por la imposición
y mantenimiento de medidas cautelares. Indicó que la resolución 375 del 18 de
agosto de 2022 decretó embargo por $3.748.055.445, pese a que el valor discutido
era $2.498.703.630.

Sostuvo que el municipio desconoció los límites de inembargabilidad establecidos
en el artículo 578 del acuerdo 009 de 2013 y el artículo 838 del Estatuto Tributario.
Además, desconoció el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, conforme al cual los
recursos embargados deben permanecer congelados en la cuenta bancaria del
deudor hasta tanto sea admitida la demanda o se garantice el pago, y que, en lugar
de ello, ordenó constituir un depósito a favor del municipio.

Finalmente, como undécimo cargo, invocó la falta e indebida motivación. Sostuvo
que, los actos demandados vulneraron el artículo 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29 de la Constitución
relativo al derecho de defensa.

Afirmó que la administración desconoció su deber de motivar sus decisiones12, toda
vez que no explicó las razones fácticas y jurídicas por las cuales la demandante
debía considerarse sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en Zona
Bananera, ni acreditó probatoriamente que fuera usuario potencial del servicio.
Señaló que los actos se limitaron a citar normas y facultades de fiscalización, sin
motivar adecuadamente la sujeción pasiva, la cuantificación del tributo ni la
procedencia del cobro coactivo.

Oposición de la demanda

El Municipio de Zona Bananera se opuso a las pretensiones de la demanda, y
solicitó mantener la legalidad de los actos de determinación demandados, declarar
que la demandante sí es sujeto pasivo del tributo y condenar en costas a la
sociedad13. Se precisa que la demandada no presentó contestación frente a la
reforma de la demanda, que adicionó la pretensión de nulidad del acto que decidió
excepciones, sino únicamente con relación a la demanda inicial, en los siguientes
términos:

En el acápite de oposición a las pretensiones, indicó que la excepción de
interposición de demanda, prevista en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto
Tributario, solo procede cuando ha sido admitida14. De igual modo, señaló que la
demandante pretende la nulidad de actos que no son susceptibles de control
judicial, en concreto, se refirió al mandamiento de pago. A continuación, expuso el
marco legal que regula el servicio público de alumbrado público, y procedió a
pronunciarse sobre los cargos de nulidad.

10
Sentencia del 6 de noviembre de 2019, exp. 23198, M.P. Milton Chaves García.
11
En este sentido, invocó sentencia del Consejo de Estado del 10 de octubre de 2018, exp. 22457, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
12
Invocó sentencias del Consejo de Estado del 14 de abril de 2016, radicación 250002324000200800265-01, M.P. María
Claudia Rojas Lasso; del 26 de julio de 2017, exp. 22326, M.P. Milton Chaves García, y del 11 de agosto de 2022,
radicado 2017-521.
13
Samai del Tribunal, índice 10, 21_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACIONDEMANDAA(.pdf) NroActua 10.
14
Invocó la sentencia del 18 de febrero de 2016, exp. 20941, sin identificar al magistrado o magistrada ponente.

6
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Radicado: 47001-23-33-000-2022-00207-01 (31022)
Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

En primer lugar, aseguró que la entidad territorial no está trasgrediendo prohibición
alguna, puesto que el hecho generador del impuesto debatido es la prestación del
servicio de alumbrado público, no la actividad que realiza el contribuyente, la cual
es sólo un referente. Invocó un pronunciamiento del Consejo de Estado15.

Luego, en segundo lugar, señaló que los actos acusados dan aplicación a los
acuerdos municipales 008 de 2009 y 009 de 2017, que consagran como sujeto
pasivo a las empresas de hidrocarburos o petroleras que utilizan de una u otra forma
el territorio del municipio de Zona Bananera con infraestructura o servicios para
establecer sus productos en otras regiones, frente a lo cual se determina una tarifa
equivalente a 70 SMLMV.

Además, refirió el artículo 25 del acuerdo 009 de 2017, en virtud del cual se
establece la tarifa mensual de 40 SMLMV a las empresas con predios o
establecimientos o servidumbres para la instalación o infraestructura para la
producción, transformación o transporte de recursos naturales no renovables y/o
sus derivados en la jurisdicción municipal o que utilicen cualquier lugar del municipio
para desarrollar tal actividad económica o de servicios. Sobre este punto, advirtió
que la actora cuenta con una caseta en concreto, cerramiento, equipamiento
moderno y enmallado eléctrico.

Así mismo, adujo que la sociedad es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado
público, conforme a las subreglas a), b) y d) de la sentencia de unificación 2019-CE-
SUJ-4-009 del 6 de noviembre de 2019, toda vez que existe una servidumbre en
favor de Ecopetrol S.A., que fue cedida a la demandante mediante escritura pública
213 de la Notaría Dieciocho de Bogotá, lo que además se respaldó con una
inspección tributaria que verificó la existencia del establecimiento físico, la
infraestructura y su conectividad al servicio de energía.

En tercer lugar, el municipio sostuvo que los acuerdos 008 de 2009, 011 de 2012 y
009 de 2017 se encuentran vigentes y gozan de presunción de legalidad mientras
no sean anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Señaló que
este proceso no es la vía adecuada para discutir la legalidad abstracta de dichos
acuerdos ni el método general de determinación del tributo.

En cuarto lugar, respecto a la indebida aplicación de la resolución CREG 043 de
1995, afirmó que la demandante sustentó su cargo en una norma derogada por la
resolución CREG 123 de 2011, por lo que solicitó no estudiar ese argumento.

En quinto lugar, la demandada sostuvo que los actos acusados contienen
motivación suficiente. Añadió que esa motivación permitió a Cenit ejercer su
derecho de defensa en vía administrativa.

Y, en sexto lugar, la entidad territorial solicita al despacho sustraerse del análisis
dado que no se ha agotado la vía gubernativa, puesto que en el proceso de cobro
coactivo se pueden presentar las excepciones que se consideren procedentes.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones mérito: i) indebido agotamiento de
la vía gubernativa, por alegar hechos y argumentos nuevos; ii) incongruencia de los
cargos, pues no concreta cuál fue la violación de normas superiores; iii) falta de
causa para demandar, toda vez que, en su criterio, el municipio cumplió los
requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para el cobro del impuesto; iv)
15
Sección Cuarta, sentencia del 11 de marzo de 2010, exp. 16667, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

7
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legalidad del cobro, con sustento en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, en la
sentencia C-504 de 2002 que declaró exequible el tributo y en la jurisprudencia del
Consejo de Estado16; v) buena fe del municipio; vi) mala fe de la demandante; vii)
ausencia de señalamiento preciso de una causal de nulidad; viii) taxatividad de las
causales de nulidad; ix) falta de prueba y demostración de las nulidades invocadas;
y x) inepta demanda por pretender la nulidad de actuaciones que, en su criterio, no
son enjuiciables.

Intervención del tercero interesado

Inmobiliaria e Inversiones Isan S.A.S. acudió al proceso y solicitó la nulidad de todo
lo actuado, señalando que no fue debidamente notificado del auto admisorio de la
demanda, a pesar de que lo resuelto puede afectar sus intereses. El Tribunal
Administrativo del Magdalena profirió el auto del 24 de octubre de 202417, que negó
la petición de nulidad; sin embargo, dispuso la integración del contradictorio con la
notificación del auto admisorio a la sociedad peticionaria, a la cual le otorgó un plazo
de 30 días para que se pronunciara sobre lo pertinente. No obstante, en el
expediente no obra intervención de la sociedad referida.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a las pretensiones de la demanda,
por lo que anuló los actos acusados, con excepción del mandamiento de pago,
dispuso la devolución del dinero embargado de forma indexada y no condenó en
costas a la demandada, conforme a lo siguiente18:

En cuanto a la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, consideró
que el contribuyente puede formular en sede judicial nuevos o mejores argumentos
jurídicos, siempre que mantenga la misma pretensión19, lo cual se cumplió porque
la demandante sostuvo, tanto en sede administrativa como judicial, que no era
sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio de Zona Bananera
por los períodos de enero de 2018 a diciembre de 2021.

Frente a la excepción de inepta demanda por haberse demandado el mandamiento
de pago, señaló que, con la reforma de la demanda, la parte actora retiró esa
pretensión y la sustituyó por la solicitud de nulidad del acto que resolvió las
excepciones dentro del proceso de cobro coactivo, que sí es susceptible de control
judicial, por lo que se abstuvo de decidir al respecto.

En relación con el proceso de cobro coactivo, el tribunal sostuvo que el municipio
podía adelantarlo, porque la liquidación oficial quedó en firme una vez fue notificado
el acto que resolvió el recurso de reconsideración. Indicó que el mandamiento de
pago fue notificado el 19 de agosto de 2022, mientras que la demanda se radicó el
30 del mismo mes y año. Por ello, concluyó que, para ese momento, el ente territorial
estaba habilitado para iniciar el cobro.

No obstante, precisó que la interposición de la demanda constituye excepción contra
el mandamiento de pago y tiene como efecto la suspensión del proceso de cobro
hasta que la jurisdicción decida de fondo. El tribunal señaló que, según el criterio

16
Sentencia 18330 de 2011.
17
Samai del tribunal, índice 53.
18
Samai del Tribunal, índice 96, 83_Sentencia_accede_NyR202200207CenitVsZ_0_20251111185717520.pdf
19
Sentencia del 8 de febrero de 2018, exp. 22060, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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jurisprudencial que acogió20, dicha excepción se acredita con la admisión de la
demanda. Entonces, como al momento de resolverse las excepciones, la demanda
aún no había sido admitida, no había lugar a suspender el cobro. Sin embargo,
advirtió que posteriormente el tribunal decretó medida cautelar de suspensión del
cobro coactivo mediante auto del 11 de julio de 2024.

Sobre los cargos dirigidos contra la legalidad de los acuerdos municipales que
regulan el impuesto de alumbrado público en Zona Bananera, concluyó que no
procedía su estudio. Explicó que tales actos generales no fueron demandados y
que, conforme al artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, gozan de presunción de legalidad. Por tanto, consideró
válido que los actos particulares de liquidación se fundamentaran en ellos.

Respecto del cargo relacionado con la imposibilidad de gravar con impuestos
territoriales a empresas que transportan hidrocarburos, sostuvo que la
jurisprudencia21 ha reconocido que las empresas de hidrocarburos pueden ser
sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público, porque el tributo no grava la
actividad de transporte de hidrocarburos, sino el uso potencial del servicio de
alumbrado público, siempre que se demuestre que la empresa es beneficiaria
directa o indirecta del servicio.

En cuanto al reproche por ausencia de concepto técnico para establecer las tarifas
del impuesto, sostuvo que la jurisprudencia ha admitido tarifas diferenciales para
determinados sujetos en el impuesto de alumbrado público, como manifestación de
los principios de progresividad, equidad e igualdad, en atención a la capacidad
contributiva. Aclaró que no podía afirmar si el municipio contaba o no con respaldo
técnico para las tarifas de todos los usuarios, por falta de material probatorio
suficiente, pero, para el caso concreto, no era necesario dicho estudio debido a que
la tarifa diferencial fue impuesta con fundamento en la capacidad contributiva de la
sociedad demandante.

Respecto a si la demandante es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público
en el municipio de Zona Bananera, acudió a la subregla d) de la sentencia de
unificación del 6 de noviembre de 201922, conforme a la cual, las empresas
dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos
naturales no renovables solo serán sujetos pasivos si cuentan con un
establecimiento físico en la jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende,
sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado público.

El tribunal indicó que la citada regla diferencia la posesión de oleoductos a un
establecimiento o sede física en la jurisdicción municipal, por lo que no basta con
ser propietario o poseedor de dichas tuberías o válvulas para ser sujeto potencial
del servicio de alumbrado.

Con apoyo en la sentencia del 29 de abril de 202023, destacó que, a pesar de que
existan activos en el territorio municipal para el transporte de hidrocarburos
(tuberías), Cenit no cuenta con oficina, sede o establecimiento físico en el que
desarrolle su objeto social.

20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de julio de 2013, exp. 18216
21
Íb, sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, M.P. Milton Chaves García, sentencias del 29 de
abril de 2020, exp. 23663, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 29 de abril de 2020, exp. 24515, M.P. Milton Chaves
García.
22
Expediente 23103, M.P. Milton Chaves García.
23
Sección cuarta, exp. 24515, M.P. Milton Chaves García

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Valoró como pruebas al acta de inspección tributaria del 5 de diciembre de 2022,
recibos de energía eléctrica cuyo titular era Ecopetrol y escrituras públicas sobre
servidumbre de oleoducto y tránsito con ocupación permanente. De otro lado, restó
valor probatorio a las fotografías allegadas, porque no había certeza sobre quién las
tomó ni en qué fecha, y porque fueron incorporadas al acta de inspección tributaria
de diciembre de 2022, posterior a los períodos gravables discutidos.

Destacó que el registro mercantil no evidenciaba sucursales o agencias de la
sociedad en Zona Bananera, y las pruebas solo demostraban la existencia de
tuberías, servidumbres o infraestructura de tránsito, concluyendo que la sociedad
no hacía parte de la colectividad beneficiaria del servicio, por lo que no era sujeto
pasivo del tributo en el municipio de Zona Bananera, durante los períodos de enero
de 2018 a diciembre de 2021. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos
demandados.

Como restablecimiento del derecho, declaró que la demandante no estaba obligada
a pagar el impuesto de alumbrado público por los períodos discutidos, ordenó
terminar y archivar el proceso de cobro coactivo, dispuso el levantamiento de las
medidas cautelares, con la comunicación a las entidades bancarias, y condenó al
municipio a devolver la suma retenida a Cenit, debidamente indexada.

No impuso condena en costas, al considerar que no estaban causadas y que no se
evidenciaba manifiesta carencia de fundamento legal ni conducta temeraria o de
mala fe.

Recursos de apelación

El municipio de Zona Bananera apeló la decisión de primera instancia24, señalando
que el tribunal incurrió en un defecto fáctico porque el a quo omitió valorar los
argumentos contenidos en los actos demandados, las conclusiones de la inspección
tributaria y los anexos que la integran, el recibo del servicio público de energía
eléctrica y las escrituras públicas 669 y 304 de la Notaría Única del Círculo de
Ciénaga, relativas a servidumbres de oleoducto y tránsito con ocupación
permanente.

Indicó que tales pruebas eran determinantes para establecer que Cenit cumplía más
de una de las subreglas fijadas en la sentencia de unificación, por lo que el tribunal
cometió un error al considerar que solo se aplicaba la subregla d). Agregó que la
demandante no precisó en la demanda, ni en su reforma, cuál era la subregla
supuestamente vulnerada, razón por la cual el tribunal debía analizar todas ellas y
verificar si la empresa se encontraba comprendida en alguna. Señaló que el a quo
se limitó a enunciar las pruebas sin explicar por qué a cada una de ellas les restó
valor probatorio, ni por qué las desestimó.

Insistió en que la sentencia de unificación contempla varias subreglas para
determinar la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público y que,
durante toda la defensa del municipio, se sostuvo que Cenit se encontraba
comprendida en tres de ellas, en consonancia con el artículo 8 del acuerdo 009 de
2017, norma que define como sujetos pasivos a quienes posean servidumbres o
establecimientos en su jurisdicción.

24
Samai del Tribunal, índice 99, 86_MemorialWeb_Recurso-APELACIOiNCENITTR(.pdf) NroActua 99

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En relación con la subregla a), sostuvo que se configura por ser usuario del servicio
público domiciliario de energía eléctrica. En consecuencia, para probarlo, la
administración aportó el recibo de energía eléctrica asociado al contador ubicado
en el lugar donde se encuentra la planta o caseta atribuida a Cenit, pese a lo cual,
el tribunal no hizo referencia al cumplimiento de esa subregla.

Agregó que, durante la inspección tributaria, se encontró personal contratista
realizando actividades de revisión técnica del equipamiento interno y se evidenció
infraestructura funcional en el territorio municipal; aclarando que, si bien la
inspección data de 2022 y los cobros son de 2018, las pruebas demuestran que
Cenit ha estado operando allí desde años atrás.

Respecto de la subregla b), afirmó que la propiedad, posesión, tenencia o uso de
predios en una determinada jurisdicción constituye un referente idóneo para
establecer los elementos del tributo. Indicó que, dentro de la inspección tributaria,
un tercero manifestó que el inmueble había sido vendido inicialmente a Ecopetrol y
que actualmente pertenecía a Cenit.

Añadió que en el folio de matrícula inmobiliaria consta una servidumbre permanente
y que, en la escritura pública 669 del 21 de septiembre de 2011, se previó la
construcción de una caseta. Con fundamento en ello, sostuvo que la empresa tiene
presencia física dentro del municipio y que el tribunal desconoció el valor de las
fotografías incorporadas en la actuación administrativa, bajo el pretexto de no saber
quiénes presidieron la diligencia, lo cual fue desmentido al advertirse que el acta de
apertura y final identifica plenamente a los funcionarios y a un apoderado de Cenit
que asistió.

En cuanto a las subreglas d) y e), señaló que estas exigen que el sujeto tenga
activos en el municipio, un establecimiento físico, y que la carga de acreditar tales
elementos recae sobre el ente territorial. Indicó que tanto la demandante como el
tribunal reconocieron la existencia de activos representados en la tubería por la que
se transporta el recurso natural.

Sin embargo, la divergencia con el fallo radica en que este asimiló el establecimiento
físico al establecimiento de comercio, mientras que, en su criterio, un
establecimiento físico corresponde a cualquier instalación material y permanente
donde se desarrollen actividades económicas, técnicas, operativas o
administrativas, lo cual se cumple con la presencia de la caseta atribuida a Cenit,
infraestructura que satisface íntegramente los criterios de materialidad, fijo (no es
móvil), permanencia y localización definidos por la jurisprudencia.

Agregó que en la inspección tributaria la Secretaría de Hacienda concluyó que las
imágenes fotográficas y fílmicas evidenciaban la presencia física de Cenit en el
municipio y que Ecopetrol es suscriptor del servicio de energía eléctrica en el
territorio del municipio, conforme a la factura que fue aportada.

Manifestó, además, que los videos aportados muestran la presencia de personal de
la empresa, y que uno de sus trabajadores manifestó ser subcontratista de Cenit, lo
que, a su juicio, demostraba que la caseta no constituía un simple elemento
ornamental, sino una infraestructura utilizada para el desarrollo de actividades
operativas, la cual existía con anterioridad a los períodos objeto de cobro, de
acuerdo con la escritura pública 669 del 21 de septiembre de 2011.

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Finalmente, sostuvo que la administración aportó pruebas fotográficas, fílmicas y
documentales suficientes para acreditar la condición de sujeto pasivo de Cenit y que
el tribunal desechó esas pruebas al calificarlas como insuficientes e ilegales,
desconociendo la autonomía y legalidad del procedimiento administrativo
adelantado por el municipio.

Inmobiliaria e Inversiones Isan S.A.S. solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y negar las pretensiones25, argumentando una errónea valoración de la
calidad de usuario potencial y del concepto de sede física, al omitir apreciar
integralmente las pruebas aportadas por el municipio, entre ellas, la existencia de
una caseta de operación, cerramiento, equipos técnicos, punto de conexión
eléctrica, servidumbres petroleras26 y presencia permanente de personal operativo,
elementos que, a su juicio, acreditan que Cenit cuenta con infraestructura fija en la
jurisdicción municipal y, por tanto, constituye establecimiento físico en los términos
de la sentencia de unificación de 6 de noviembre de 201927.

También reparó que el tribunal se apartó injustificadamente del precedente
obligatorio contenido en la citada sentencia de unificación, incurriendo en un defecto
de motivación por desconocer el artículo 10 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el precedente constitucional28,
al exigir la existencia de oficinas administrativas para reconocer la calidad de sujeto
pasivo, pese a que dicha providencia, en su criterio, reconoce que la infraestructura
técnica, las servidumbres y las instalaciones permanentes constituyen presencia
física suficiente para efectos del impuesto de alumbrado público.

Igualmente sostuvo que la sentencia desconoció el precedente fijado por esta
Sección en la providencia del 11 de noviembre de 202129, en la cual se aplicaron
las subreglas establecidas en la sentencia de unificación para concluir que la
existencia de infraestructura permanente permitía considerar configurada la calidad
de usuario potencial del servicio.

Finalmente, alegó que el tribunal incurrió en defecto fáctico por omisión y valoración
irrazonable de las pruebas, al no apreciar en conjunto la inspección tributaria, las
servidumbres petroleras otorgadas a favor de Cenit, las fotografías, planos,
certificaciones, visitas técnicas, videos, escrituras públicas, factura de energía
donde se registra como usuario o suscriptor Ecopetrol, hoy Cenit, y demás
documentos allegados al expediente.

Los documentos, a su juicio, demostraban la existencia de establecimiento físico y
el cumplimiento de las subreglas a), b), d) y e) de la citada sentencia de unificación,
razón por la cual solicitó revocar la sentencia, declarar ajustados a derecho los actos
administrativos demandados y ordenar que no haya lugar a la devolución de los
recursos obtenidos dentro del proceso de cobro coactivo.

Oposición al recurso de apelación

Cenit intervino frente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
para insistir en que el único vínculo que tiene con el municipio de Zona Bananera

25
Samai del Tribunal, índice 100, 87_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 100.
26
Reiteró, como lo sostuvo el ente territorial, que la servidumbre en favor de Cenit se acreditó con la Escritura Pública 304
de 2012 que otorga una servidumbre de oleoductos y tránsito con ocupación permanente petrolera a favor de Ecopetrol.
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia 2019-CE-SUJ-4-009, M.P. Milton Chaves García.
28
Hizo referencia a las sentencias C-634 de 2011, SU-150 de 2021 y SU-354 de 2017.
29
Expediente 25040.

12
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es el paso del oleoducto de su propiedad a través del cual se transportan
hidrocarburos, biocombustibles y sus derivados, cuya seguridad requiere
encerramiento con cercado de alta tensión, el cual consume energía eléctrica.

Adicionalmente, indicó que existe respaldo documental para reiterar que no hay
certeza de que el acuerdo 009 de 2017 haya sido tramitado por el Concejo Municipal
de Zona Bananera y, si así fuese, advirtió que no es aplicable, puesto que no está
precedido del estudio técnico de costos exigido por la Ley 1819 de 2016, en virtud
del cual se reconfiguró el impuesto de alumbrado público.

Conforme a lo indicado, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda y declarar
la nulidad de los actos acusados.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico.

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la resolución 188 del 4 de mayo
de 2022 y de la resolución 335 del 5 de agosto de 2022, actos proferidos por el
municipio de Zona Bananera, para determinar el impuesto de alumbrado público a
cargo de Cenit por los periodos de enero de 2018 a diciembre de 2021, así como
de la resolución 516 del 9 de noviembre de 2022, que negó las excepciones
interpuestas propuestas por la sociedad frente el mandamiento coactivo de pago
proferido en su contra.

A efectos de resolver, en los términos de los recursos de apelación interpuestos por
la parte demandada y la tercera interesada, se verificará si se acreditó que la
sociedad demandante contaba con un establecimiento físico en Zona Bananera,
que permitiera considerarla usuaria potencial del servicio de alumbrado público y,
por ende, sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público por los períodos de
enero de 2018 a diciembre de 2021.

Adicionalmente, en caso de no prosperar la apelación, la sala verificará si se
encuentra probada alguna excepción con relación a las pretensiones, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

Análisis del caso concreto

1. Sobre la sujeción pasiva

Las recurrentes sustentaron sus apelaciones, en los siguientes argumentos: i) el
tribunal incurrió en un defecto fáctico por la falta de valoración integral de las
pruebas, al desestimar injustificadamente la inspección tributaria, la factura del
servicio de energía, los registros audiovisuales y las escrituras públicas de
servidumbre, documentos que, a su juicio, acreditaban de forma suficiente la
presencia física de la empresa en el municipio, durante los periodos objeto del litigio;
ii) la compañía cumple las subreglas a), b), d) y e) de la sentencia de unificación
para ser considerada sujeto pasivo, pues la sociedad es usuaria del servicio de

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energía eléctrica, utiliza predios a través de servidumbres permanentes y posee
activos como casetas e infraestructura técnica en el territorio; y iii) la providencia
desconoció el precedente vinculante y careció de motivación adecuada, al exigir la
presencia de oficinas administrativas y confundir el concepto de establecimiento
físico con el de establecimiento de comercio.

Para decidir, se advierte que la demandante cuestionó la sujeción pasiva invocando,
en el acápite de pretensiones y de normas violadas, el desconocimiento de la
sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-00930. Por su parte, el municipio se opuso a
la demanda alegando que sí hay sujeción pasiva, conforme a las subreglas a), b),
d) y e) de la referida sentencia de unificación. Esto llevó a que, en el estudio del
caso, el a quo determinara que Cenit no es sujeto pasivo del tributo, conforme al a
subregla d) de la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-009. Así, la apelación de
la entidad territorial y del tercero interviniente insisten en que sí hay sujeción pasiva,
conforme a las subreglas de unificación a), b), d) y e).

En dicho contexto, y para garantizar la congruencia de la sentencia, la Sección se
debe ceñir a las intervenciones de las mismas partes durante el trámite del proceso
y, en consecuencia, para resolver el asunto debe acudirse a las reglas establecidas
en la sentencia de unificación; esto es, sin atender la reforma al impuesto de
alumbrado público previsto por la Ley 1819 de 201631.

Aclarado lo anterior, se pone de presente que, mediante la sentencia de unificación
2019-CE-SUJ-4-00932, esta Sección fijó como regla que el hecho generador del
impuesto de alumbrado público es ser usuario potencial receptor del servicio,
entendido como la persona natural o jurídica que forma parte de una colectividad
porque reside, tiene domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada
jurisdicción municipal, sea urbana o rural, y se beneficia directa o indirectamente del
servicio.

En esa misma providencia, las subreglas a) y b) indican que, el hecho de ser usuario
del servicio público domiciliario de energía eléctrica o la propiedad, posesión,
tenencia o uso de predios en el territorio del municipio, son dos referentes válidos
para determinar los elementos del impuesto de alumbrado público, por tener
relación ínsita con el hecho generador.

Sin embargo, frente a estas reglas generales, se fijaron pautas especiales para las
empresas de transporte de recursos naturales no renovables, entre otras. Así,
conforme a la subregla d), este tipo de compañías son sujetos pasivos del impuesto
de alumbrado público, «siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del
municipio correspondiente y, por ende, sean beneficiarias potenciales del servicio de alumbrado
público». Y, según la subregla e), tratándose de empresas con activos en el territorio
del municipio «para desarrollar una determinada actividad económica, el municipio debe acreditar
la existencia de establecimiento físico en la respectiva jurisdicción y con ello la calidad de sujeto
pasivo».

Debido a lo anterior, como se señaló en un caso similar al de la referencia, Cenit
«solo sería sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del municipio
demandado si se comprueba que tenía algún establecimiento físico durante los periodos
discutidos»33.

30
Exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.
31
En este mismo sentido, ver la sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 30788, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
32
Exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.
33
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 28216, M.P. Milton Chaves García.

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En el caso bajo examen, las partes no discuten que la sociedad demandante tiene
como actividad comercial el transporte de hidrocarburos. De este modo, no es
procedente el estudio de las subreglas a) y b), como lo propusieron las apelantes.
En cambio, se deberá analizar el cumplimiento de la subregla d) y verificar la
observancia de la carga de la prueba indicada en la subregla e).

En todo caso, es útil tener presente que la sentencia de unificación no fijó una tarifa
probatoria, de modo que el municipio puede acreditar la existencia del
establecimiento físico en su territorio por cualquier medio de prueba autorizado por
la ley.

Precisado lo anterior, las apelantes aseguraron que el a quo incurrió en un defecto
fáctico, porque no analizó las pruebas aportadas, las cuales, a su juicio, demuestran
que la demandante tiene un establecimiento físico en su territorio. Al respecto, se
observa que está probado lo siguiente, con base en los documentos adjuntados con
la contestación de la demanda:

• Filadelfo Daza Figueredo y Noemí Martínez de Daza, como propietarios, constituyeron
servidumbre de oleoducto y tránsito con ocupación permanente petrolera, a favor de Ecopetrol,
mediante la escritura pública 669 del 21 de septiembre de 2011 34, corregida por la escritura
pública 304 del 27 de abril de 201235.
• La resolución 110 del 10 de abril de 2023, expedida por el municipio demandado, con la cual
se dio fin a la inspección tributaria a la que hace referencia la contestación de la demanda.
En ella, consta que ingresaron a un predio ubicado en el territorio del municipio, pero no se
identifica con algún código catastral ni con el número de matrícula inmobiliaria; sin embargo,
indicó que se requirió a Filadelfo Daza y a Inversiones Daza y Martines del Caribe S.A.S. que
informaran si eran los propietarios del inmueble. En respuesta, dicha sociedad informó que no
ejerce el derecho de dominio sobre la infraestructura levantada dentro del predio, sino la
empresa Ecopetrol, con base en la servidumbre antes referida 36, la cual fue cedida a Cenit
mediante la escritura pública 213 del 9 de febrero de 2016.
Se dejó sentado que en dicho predio «se encontró personal de trabajo de la empresa ISMUCOL. Uno
de los trabajadores se identificó con el nombre de PEDRO CEDEÑo, quien manifestó trabajar en la empresa
mencionada, que a su vez eran subcontratistas de la empresa CENIT S.A.S.»37.
De igual modo, se encontró una valla informativa de Cenit, que identificaba al lugar como San
Pablo, y se observó «que de esa estructura sale la tubería del gasoducto y se encuentra demarcada
con letreros de la empresa CENIT S.A.S.»38.
Adicionalmente, en dicha resolución se informó que se encontró una planta encerrada, con
sistema de seguridad, y que cuenta con un contador de energía eléctrica 1100315043. En todo
caso, la factura del servicio NIC 7613652 indica que el suscriptor del servicio público es
Ecopetrol39.
• La anterior información también se incorporó en el acta de inspección tributaria, suscrita por
el secretario de Hacienda de Zona Bananera 40.
• En el video allegado por la demandada, se observa una estructura encerrada con malla, tal
como lo indica el acta y la resolución de inspección judicial, en donde consta la misma
información consignada en esos documentos 41. Se destaca que, en dicho video, se utiliza una
imagen del lugar como referencia de ubicación, identificada con el número «LO 14” KM 34 +
819»42.

34
Samai del tribunal, índice 10, PDF 16_470012333000202200207001AGREGARMEMORIA20230425133105.
35
Ibidem, PDF 13_470012333000202200207001AGREGARMEMORIA20230425133016.
36
Ibidem, PDF 14_470012333000202200207001AGREGARMEMORIA20230425133024, página 3.
37
Ibidem, página 2.
38
Ibidem, página 3.
39
Ibidem, página 4.
40
Ibidem, PDF 18_470012333000202200207001AGREGARMEMORIA20230425133115.
41
El tribunal remitió este video, luego de efectuado un requerimiento por parte del despacho sustanciador, en el que
informó que fue aportado por Zona Bananera. Cfr. Samai, índice 10.
42
Minuto 2:28.

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Adicionalmente, se destaca que, en los letreros de Cenit, referidos en los documentos antes
analizados, se advierte que se trata de la «válvula San Pablo»43, en la que se presenta una
tubería de alta presión.
• La empresa Air-e expidió la factura NIC 7613652 del servicio de energía eléctrica, en la que
figura como usuario suscriptor la empresa Ecopetrol, emitida el 2 de enero de 2023,
correspondiente al consumo efectuado entre el 3 de noviembre de 2022 y el 5 de diciembre
del mismo año44.

La valoración en conjunto de las pruebas referidas no permite determinar que Cenit
tenga un establecimiento físico en el territorio de Zona Bananera, tal como se
explicará a continuación:

Está probado que, en la construcción encerrada con una malla (que la apelante
denominó como una caseta), localizada en el territorio del municipio demandado, se
encuentra una válvula (denominada San Pablo), la cual se encuentra conectada a
un oleoducto. Además, con las imágenes grabadas y los testimonios recaudados en
la inspección tributaria, consta que los letreros que identifican esa válvula fueron
instalados por Ecopetrol con fundamento en la servidumbre constituida a su favor,
que fue cedida en 2012 a Cenit, y que los trabajadores del lugar están vinculados a
una sociedad subcontratista de la demandante.

Sin embargo, este tipo de activos no corresponden a un establecimiento físico,
exigido por la subregla d) de la sentencia de unificación, en tanto que no consiste
en una oficina o sede de la empresa, en el que se desarrolle su objeto social45. Debe
tenerse en cuenta que la Sección ha indicado que no puede «confundirse el oleoducto,
esto es, las “tuberías” utilizadas para el transporte de hidrocarburos, con un establecimiento físico
en el que la demandante desarrolle su objeto social o “centro de operaciones”, como lo pretende el
apelante»46. Este criterio se extiende ante la presencia de una válvula del oleoducto
en el territorio de la demandada, la cual se utiliza para regular el flujo de la
comunicación entre dos partes de un sistema o máquina, y que impide el retroceso
de un fluido47.

Adicionalmente, las pruebas aportadas con la contestación de la demanda
demuestran que, si bien Cenit hace uso de un predio con base en la servidumbre
de oleoducto y tránsito con ocupación permanente petrolera, no demostró que sea
su poseedor o propietario. Por el contrario, las escrituras públicas aportadas dan
cuenta de que la empresa reconoce que el titular del derecho de dominio son otras
personas, diferentes a la demandante.

Así las cosas, la valoración de las escrituras públicas de las servidumbres, y del
video y los documentos relacionados con la inspección tributaria, elementos de
juicio aportados por la demandada, no solo acreditan que Cenit tiene un oleoducto
y una válvula en el territorio de Zona Bananera, pero no un establecimiento físico.

De otro lado, la factura del servicio de energía eléctrica informa que el usuario del
servicio ubicado en el predio visitado es Ecopetrol, esto es, una persona jurídica
diferente a Cenit, de modo que el hecho de que haya un contador en el predio no
es suficiente para considerar que la demandante tenía un establecimiento físico en
el que desarrollara su actividad comercial. En todo caso, se debe tener en cuenta

43
Minuto 7:43.
44
Samai del tribunal, índice 10, PDF 15_470012333000202200207001AGREGARMEMORIA20230425133030.
45
En este sentido, ver la sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 24515, M.P. Milton Chaves García.
46
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 28216, M.P. Milton Chaves García.
47
Esto, conforme a la definición de la Real Academia Española, visible en el siguiente enlace:
https://dle.rae.es/v%C3%A1lvula.

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que los actos acusados no tasaron el impuesto de alumbrado público con base en
el consumo de energía eléctrica, sino en una tarifa especial, tal como lo señaló la
demandada al contestar la demanda.

Lo expuesto hasta ahora permite determinar que la demandada incumplió con su
carga de la prueba, conforme a la subregla e) de la sentencia de unificación, tal
como lo señaló el a quo, de modo que la sentencia impugnada no incurrió en un
defecto fáctico.

Sumado a lo anterior, se observa que, con la demanda, se aportó el certificado de
Cámara de Comercio de Bogotá, en la que consta que Cenit tiene su domicilio en la
ciudad de Bogotá, hecho que no fue desvirtuado por la demandada. En
consecuencia, la demandada no demostró la presencia de un establecimiento físico
en su territorio, pese a tener la carga de la prueba, de modo que la sociedad
demandante no reunía las condiciones para ser considerada usuario potencial del
servicio de alumbrado público, y no se le podía atribuir la condición de sujeto pasivo del
impuesto48.

De otro lado, respecto a que el a quo confundió la noción de establecimiento físico
con el de establecimiento de comercio, la Sección no evidencia ninguna afirmación
en la sentencia apelada en ese sentido. En todo caso, se precisa que, conforme al
artículo 515 del Código de Comercio, un establecimiento de comercio es «un conjunto
de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa». Empero,
conforme a la subregla d) de la sentencia de unificación, no se requiere de esto,
sino de al menos un establecimiento físico, lo cual no fue acreditado, conforme lo
expuesto previamente.

Igualmente, se advierte que, contrario a lo dicho por la tercera interviniente, no
existió una confusión entre establecimiento físico y oficinas administrativas por parte
del tribunal. En realidad, tal como se analizó en esta instancia, la demandada no
cumplió con su carga de la prueba porque, además de no acreditar la presencia de
oficinas de Cenit en su territorio, no demostró la presencia de algún otro tipo de
establecimiento físico, conforme lo exige la subregla d) de la sentencia de
unificación.

Por lo expuesto, no prosperan los recursos de apelación estudiados, lo que da lugar
a confirmar la declaratoria de nulidad de los actos de determinación del tributo, así
como la resolución que falló excepciones en el trámite de cobro coactivo.

2. Sobre las excepciones probadas

El artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que la sentencia se pronunciará sobre las excepciones que
se encuentren probadas, y aclara que «El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo».

El a quo señaló, en la sentencia apelada, que se abstendría de decidir sobre la
excepción de inepta demanda con relación a la pretensión de nulidad del
mandamiento de pago, pues con la reforma de la demanda se retiró. Sin embargo,
como se observa en la transcripción de las pretensiones de la reforma de la
demanda, en los antecedentes de esta providencia, Cenit solicitó la nulidad del

48
Con relación a la incidencia del domicilio de la sociedad en la determinación del cumplimiento de la subregla d) de la
sentencia de unificación, verse el fallo del 30 de abril de 2025, exp. 29129, M.P. Wilson Ramos Girón.

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mandamiento de pago 374 del 18 de agosto de 2022, sin que en el expediente obre
algún memorial de retiro de dicha pretensión.

En consecuencia, para salvaguardar la congruencia de esta decisión judicial, la
Sección procederá a pronunciarse al respecto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

Para estos efectos, se debe tener en cuenta que el artículo 43 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que los
actos definitivos son «los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto
o hagan imposible continuar la actuación».

Para cobros coactivos de obligaciones de naturaleza tributaria, el artículo 835 del
Estatuto Tributario prevé que solo son demandables los actos que fallan
excepciones y los que ordenan seguir adelante con la ejecución.

En este contexto, esta sección ha precisado que «el mandamiento de pago es un acto
administrativo de trámite, razón por la que no es pasible de control judicial al no resolver con carácter
definitivo la actuación administrativa que se adelanta» 49. Sumado a lo anterior, no existe
norma expresa que disponga lo contrario, ya que el mandamiento de pago no crea,
modifica o extingue una situación jurídica del deudor.

Por lo anterior, en el caso bajo examen, está probada la excepción de inepta
demanda con relación a la pretensión de nulidad del mandamiento de pago 374 del
18 de agosto de 2022.

Con base en lo expuesto, si bien no prosperaron los recursos de apelación respecto
a la sujeción pasiva, lo que da lugar a confirmar la decisión de primera instancia en
lo sustancial, la Sección modificará el ordinal primero para declarar probada la
excepción de inepta demanda respecto a la pretensión de nulidad del mandamiento
de pago.

Finalmente, se aclara que no habrá un pronunciamiento ni análisis relacionado con
el restablecimiento del derecho dispuesto en primera instancia, en tanto que no fue
objeto del recurso de apelación, en virtud del principio de congruencia, conforme a
los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.

Costas

No se realizará pronunciamiento sobre la decisión de primera instancia, porque no
fue objeto de reparo en los recursos de apelación. De otro lado, para la segunda
instancia, en aplicación del numeral 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso y del acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, y ante la no
prosperidad del recurso de apelación de la parte demandada, es procedente su
condena en costas. Para tal efecto, las agencias en derecho se tasan en un (1)
SMLMV, y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

49
Sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. 23689, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

18
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FALLA

1. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 8 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en los siguientes
términos:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda con relación a la pretensión de
nulidad del mandamiento de pago 374 del 18 de agosto de 2022, en tanto que no es un acto
susceptible de control judicial, y DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos
emitidos por el Municipio de Zona Bananera a través de su Secretaría de Hacienda, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia:
ACTO CONTENIDO
Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera profirió la
liquidación oficial del aforo y liquidó el impuesto de alumbrado
Resolución No 188 del 4 de mayo de 2022 público de los períodos de enero de 2018 a diciembre de 2021, por
valor de $2.498.973.630 en contra de Cenit Transporte y Logística
de Hidrocarburos SAS
Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera confirmó la
Resolución Nº 188 del 04 de mayo de 2022 que liquidó el impuesto
Resolución No. 335 del 05 de agosto de
de alumbrado público de los períodos de enero de 2018 a diciembre
2022
de 2021, por valor de $2.498.973.630 en contra de Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos SAS
Por medio de la cual, el municipio de Zona Bananera resolvió de
forma negativa las excepciones interpuestas en contra del
Resolución No. 516 del 09 de noviembre
Mandamiento Coactivo de Pago Resolución No. 374 del 18 de
de 2022 (reforma de la demanda)
agosto de 2022, ordenando el cobro de la suma de $3.748.055.445
en contra de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS

2. CONFIRMAR en lo demás, la providencia apelada.

3. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

19
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