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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2022-00273-01

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2022-00273-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Jhames Jhoan Benavides Serna en la tutela presentada contra los Juzgados Séptimo (7º) y Octavo (8º) Administrativos del Circuito Judicial de Santa Marta. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2022-00273-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de febrero de 2023

Demandante: Jhames Jhoan Benavides Serna
Demandados: Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta y otro
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00273-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 47001-23-33-000-2022-00273-01
Demandante: JHAMES JHOAN BENAVIDES SERNA
Demandados: JUZGADO SÉPTIMO (7º) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE SANTA MARTA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Legitimación en la causa por
activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 12 de
diciembre de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Magdalena
declaró improcedente la solicitud de amparo por no encontrar satisfechos los requisitos
de inmediatez y de relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jhames Jhoan Benavides Serna, en nombre propio, interpuso1 acción de
tutela para que le fueran amparados sus derechos fundamentales “a la igualdad, al
trabajo, al mérito, al mínimo vital, acceso a la administración de justicia en conexidad con
el derecho constitucional al debido proceso” así como a los principios de “acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos, confianza legítima y al principio de la seguridad
jurídica”.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, según se interpreta,
con ocasión del auto de 7 de octubre de 2021, mediante el cual se admitió la
demanda de simple nulidad, presentada por las organizaciones sindicales
SINSERPUCIENAGA (sindicato de servidores públicos del municipio de Ciénaga),
SINTRAFEC (sindicato de trabajadores administrativos de la Secretaría de
Educación Municipal de Ciénaga) y SISERPASEC (sindicato de servidores públicos
administrativos de la Secretaría de Educación Municipal de Ciénaga) contra el
municipio de Ciénaga (Magdalena) con ocasión de la expedición del Decreto 556
de 2017, así como por haber negado las excepciones previas formuladas por la
entidad demandada, en el referido proceso, con auto de 3 de febrero de 2022.

Asimismo, por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, con ocasión de la sentencia de 5 de agosto de 2022, dictada en el

1 La demanda se presentó el 28 de noviembre de 2022.

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Demandante: Jhames Jhoan Benavides Serna
Demandados: Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta y otro
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00273-01

contencioso antes señalado, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 556
de 7 de septiembre de 2017, expedido por el municipio de Ciénaga.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. SUSPENDER como medida provisional los efectos jurídicos de la sentencia emitida
por el Juzgado 08 Administrativo del Circuito de Santa Marta y de la aclaración expedida
con posterioridad, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre esta acción de
tutela.

2. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 08 Administrativo del Circuito de
Santa marta.

3. DECLARAR nulidad absoluta de la sentencia proferida por el Juzgado 08
Administrativo del Circuito de Santa marta, o en su defecto;

4. DECLARAR que la sentencia del Juzgado 08 Administrativo del Circuito de Santa
Marta tiene efectos Ex Nunc; e inclusive,

5. DEVOLVER el expediente hasta la presentación de la demanda para que se vuelvan
a surtir todas las actuaciones cumpliendo con las garantías del debido proceso.

6. VINCULAR a la presente acción constitucional a la Comisión Nacional el Servicio Civil,
a la Escuela Superior de Administración Pública para que dentro de sus competencias
se pronuncien sobre los hechos y las pretensiones aquí expuestas; así mismo,

7. Las demás que usted considere necesarias para salvaguardar y restablecer los
derechos constitucionales y fundamentales deprecados en la presente acción
constitucional.”. (Sic para toda la cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en este fallo:

1.3.1. El 7 de diciembre de 2017, el alcalde del municipio de Ciénaga (Magdalena)
expidió el Decreto 556 de 2017, “por medio del cual se realiza actualización, modificación
y compilación del Manual Específico de Funciones y Competencias de la Planta Central de la
Alcaldía Municipal de Ciénaga-Magdalena”.

1.3.2. La Comisión Nacional del Servicio Civil junto con el municipio de Ciénaga
suscribieron el Acuerdo No. 20191000000186 del 15 de enero de 2019, "Por el cual se
convoca y se establecen las reglas del Concurso Abierto de Méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Ciénaga - Magdalena, Proceso de
Selección No. 909 de 2018- MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO
(MUNICIPIOS de 5 Y 6 CATEGORÍA)", modificado posteriormente por el Acuerdo No.
0031 de 27 de febrero de 2020.

1.3.3. El 18 de junio de 2021, las organizaciones sindicales SINSERPUCIENAGA
(sindicato de servidores públicos del municipio de Ciénaga), SINTRAFEC (sindicato
de trabajadores administrativos de la Secretaria de Educación Municipal de Ciénaga)
y SISERPASEC (sindicato de servidores públicos administrativos de la Secretaria de

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Educación Municipal de Ciénaga) presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad contra el Decreto 556 de 2017, del municipio de Ciénaga.

1.3.4. El referido asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sexto (6°)
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que en auto de 7 de julio de 2021,
manifestó su impedimento para conocer del asunto, con fundamento en el numeral 3°
del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011. El proceso se identificó con el radicado
número 47001-33-33-006-2021-00069-00.

1.3.5. El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
declaró fundado el impedimento de su homólogo y, en providencia de 30 de agosto de
2021, notificado por estado electrónico al día siguiente, inadmitió la demanda y
concedió el término de 10 días para su corrección.

1.3.6. El 15 de septiembre de 2021, los sindicatos demandantes allegaron memorial
de subsanación, razón por la cual en proveído de 7 de octubre de 2021, se admitió la
demanda y se concedió el término de 30 días para su contestación.

1.3.7. El municipio de Ciénaga presentó el respectivo escrito, en el cual propuso como
excepciones previas, entre otras la “FALTA DE INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO
CON COMISION (sic) NACIONAL DEL SERIVICIO CIVIL Y TODAS LAS PERSONAS QUE
PUEDAN VERSE AFECTADAS CON LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO
DEMANDADO”.

1.3.8. Con decisión de 3 de febrero de 2022, el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta declaró infundadas las excepciones alegadas por
el extremo pasivo del proceso, para lo cual señaló, en relación con la indicada con
anterioridad, que no era necesaria la vinculación de la referida comisión ni de ningún
tercero, comoquiera que, el ente territorial era autónomo en la expedición del acto
acusado y, su finalidad, era indiferente al objeto y competencias de la Comisión
Nacional del Servicio Civil. Asimismo, advirtió que tampoco era perentoria la
vinculación respecto de terceros puesto que, el mencionado decreto lo único que hizo
fue modificar el manual de funciones y competencias mas no la supresión u oferta de
nuevos cargos.

1.3.9. Con auto de 10 de marzo de 2022, la referida autoridad judicial se declaró
impedida para continuar con el proceso y lo remitió al Juzgado Octavo (8°)
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, despacho que, en auto de 27 de
mayo de 2022, aceptó el impedimento, avocó conocimiento y corrió traslado para que
las partes presentaran sus alegatos de conclusión.

1.3.10. El Juzgado Octavo (8°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta,
mediante sentencia anticipada de 5 de agosto de 2022, declaró la nulidad del Decreto
556 de 7 de septiembre de 2017, expedido por el municipio de Ciénaga, la cual fue
corregida en providencia de 27 de octubre de 2022, en el sentido de precisar la fecha
de los efectos de la declaratoria de nulidad.

1.3.11. El 14 de octubre de 2022, y después de surtidas todas las etapas del concurso
de méritos 909 de 2018, se publicaron las listas de elegibles, encontrándose el señor
Jhames Jhoan Benavides Serna en primer lugar para la “opec No. 128307”,

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correspondiente al empleo denominado “TÉCNICO ADMINISTRATIVO, Código 367,
Grado 1”.

1.3.12. El 11 de noviembre de 2022, el municipio de Ciénaga presentó recurso de
apelación contra el fallo de 5 de agosto de 2022, el cual fue rechazado por
extemporáneo, en auto de 5 de diciembre de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora manifestó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, por cuanto, en su sentir y, exclusivamente en relación con
las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario de simple nulidad, se presentaron
los defectos procedimental y fáctico. También, señaló que “se encuentra un error inducido
y defecto material o sustantivo por parte del demandante al pretender la aplicación del artículo
1 decreto 051 de 2018 el cual modifica y adiciona parcialmente el parágrafo 3 del artículo
2.2.2.6.1 del decreto 1083 de 2015, a un decreto proferido en la vigencia del año 2017”.

Alegó que el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
no debió admitir la demanda de simple nulidad que presentaron los sindicatos de
empleados de la administración municipal de Ciénaga, en atención a que la
subsanación de aquella, ordenada en el auto inadmisorio de 30 de agosto de 2021,
fue presentada de forma extemporánea, pues, dicho proveído fue notificado el 31 del
mismo mes y año, y esta se allegó el 15 de septiembre de 2021, esto es, un día
después de fenecidos los 10 de días que prevé el artículo 170 de la Ley 1437 de 2011,
para el efecto.

Asimismo, advirtió que se presentó la vulneración al debido proceso, toda vez, que
ante la falta de acreditación de la debida notificación del auto admisorio de la demanda
a la entidad demandada, esto es, al municipio de Ciénaga, lo procedente era haber
decretado el control de legalidad consagrado en el artículo 13 del Código General del
Proceso.

De igual forma, precisó que el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta, contrario a lo decidido, debió vincular al proceso a la Comisión
Nacional del Servicio Civil y a los terceros interesados, tal como se lo solicitó el referido
ente territorial en el escrito de contestación, por lo que, en su sentir, se les conculcó a
estos la referida prerrogativa constitucional.

Aseveró que el Juzgado Octavo (8°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
no valoró todas las pruebas aportadas por el extremo pasivo, pues no relacionó en la
sentencia, como medio de convicción, la certificación de la publicación del Decreto 556
de 2017, razón por la cual esta se dictó de manera sesgada, configurándose un defecto
fáctico por “indebida valoración probatoria”.

Igualmente, señaló que no se le notificó al municipio censurado el auto que corrió
traslado para alegar de conclusión, dictado por dicha autoridad judicial, a los correos
aportados para tal fin, por lo cual se le cercenó el derecho de defensa.

Finalmente, manifestó que no fue procedente haber accedido a la solicitud de
aclaración de la sentencia elevada por la parte demandante, en atención a que fue

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presentada por fuera del término de los dos (2) días previsto para tal fin en el artículo
290 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 30 de noviembre de 20222, el Tribunal Administrativo del Magdalena
admitió el mecanismo constitucional y ordenó notificar a los titulares de los Juzgados
Séptimo y Octavo Administrativos del Circuito Judicial de Santa Marta, y les otorgó el
término de dos (2) días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, denegó la solicitud de medida provisional y la vinculación como tercero con
interés de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó el siguiente pronunciamiento:

1.6.1. Juzgado Octavo (8°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 5 de diciembre de 2022, la titular del
referido despacho judicial, trajo a colación el trámite adelantado en el proceso de
nulidad e indicó que tal como se evidenció no se ha trasgredido ningún derecho
fundamental del accionante.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró improcedente la solicitud de amparo por no encontrar acreditado
los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

Indicó que en el presente caso no se cumplía con el primero de estos requisitos, en
atención a que, el proceso ordinario de simple nulidad giraba en torno al Decreto 556
de 7 de septiembre de 2017, acto administrativo mediante el cual el mandatario del
municipio de Ciénaga actualizó, modificó y compiló el manual especifico de funciones
y competencias de la planta de personal del referido ente territorial, luego, este no
guardaba ninguna relación directa con la Comisión Nacional del Servicio Civil ni con
ningún tercero supuestamente afectado.

Lo anterior, en atención a que el referido municipio era autónomo en la expedición del
decreto acusado y la finalidad de este era totalmente diferente al objeto y
competencias de la comisión, sumado a que en dicho acto no se suprimieron u
ofertaron nuevos cargos.

Respecto del segundo requisito, precisó que la sentencia ordinaria fue notificada el 9
de agosto de 2022, mientras que la tutela se presentó el 28 de noviembre de la misma

2 Corregido con proveído de 5 de diciembre de 2022.

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anualidad, esto es, 3 meses después del referido acto procesal, incumpliéndose así
con la inmediatez3.

Sumado a lo anterior, advirtió que la solicitud de amparo tampoco acreditaba el
acatamiento del requisito de procedencia contra sentencia, consistente en que la
irregularidad procesal alegada fuese decisiva para el proceso, comoquiera que,
contrario a lo alegado, la subsanación de la demanda de nulidad fue presentada en
tiempo, de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 205 de la Ley 1437
de 2011.

Finalmente, señaló que estaba probado que el municipio de Ciénaga había presentado
recurso de apelación de forma extemporánea, luego, la tutela no podía suplir la
existencia de un medio de defensa judicial, además el actor no probó la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.

1.8. Impugnación4

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 17 de enero de 2023, la parte actora
planteó sus argumentos contra el fallo de primera instancia, para lo cual señaló que la
tutela sí cumplía con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. Frente al
primero, señaló:

“Siendo el Decreto 556 del 7 de septiembre de 2017, pilar fundamental del concurso de
méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil cuya finalidad era proveer
vacantes definitivas de los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de Ciénaga-
Magdalena, proceso de selección No. 909 de 2018-Municipios Priorizados para el post
conflicto (Municipios de 5 y 6 categoría), era deber del Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Santa Marta, despacho en el que se encontraba el proceso en ese
momento, garantizar el derecho a la defensa y en consecuencia al debido proceso de
las personas que se inscribieron en dicha convocatoria para que se hicieran parte del
proceso si así lo consideraban. Este derecho fundamental quedo cercenado desde el
momento en el que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, decidió
admitir y decretar la medida provisional que ordenaba a la ALCALDIA MUNICIPAL DE
CIENAGA, MAGDALENA, SUSPENDER el proceso meritocrático convocado a través
del Acuerdo No. 20191000000186 del 15 de enero de 2019 y ABSTENERSE de nombrar
a los seleccionados en la lista de elegibles, hasta tanto no se profiera decisión de fondo
dentro de dicha acción de tutela y que posteriormente en las consideraciones de la
sentencia de tutela en primera instancia, fue tenida en cuenta el mencionado fallo del
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta.

Por otro lado, es claro que no se notifico a la parte demandada sobre la presentación de
los alegatos de conclusión, al respecto el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Santa marta no se pronuncio para desvirtuar esa afirmación, la cual fue y ha sido
soportada en este escrito con una imagen.

Es decir, si existe una relevancia constitucional dado que han sido cercenados los
derechos de los participantes y ahora ganadores del concurso de méritos y de la misma
demandada al no permitirle la oportunidad de presentar los alegatos de conclusión, por
no haberlas notificado en debida forma.” (Sic para toda la cita)

3 De conformidad con la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el término razonable para acudir en acción de tutela
contra providencia judicial, es de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria.
4 La sentencia fue notificada el 19 de diciembre de 2022.

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En cuanto a la inmediatez, alegó que esta debía analizarse y contabilizarse desde el
día en que el Juzgado Segundo (2°) Promiscuo Municipal de Ciénaga dictó la medida
provisional y suspendió el nombramiento de quienes superaron el mentado concurso,
ello, con sustento en la decisión del Juzgado Octavo (8°) Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta o, también desde la fecha en que se tuvo acceso al expediente
o, inclusive, desde el auto que corrigió la sentencia del 5 de agosto de 2022.

Finalmente, en relación con el argumento del juez constitucional de primera instancia,
sobre la irregularidad procesal alegada, señaló que no solo se puso de presente el
referido error, sino otros, pero que:

“Tomando en cuenta que el A quo solo tomo en consideración la primera que trataba
sobre la presentación extemporánea de la subsanación de la demanda, se entiende que
las demás irregularidades fueron aceptadas, no obstante, señalo la que considero la mas
oportuna y pertinente en este escrito, ello, como quiera que sea, es prueba fundamental
del error garrafal que cometió el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta al no
tener en cuenta la certificación aportada por la demandada en la que mostraba que si se
había hecho la publicación en debida forma del Decreto 556.” (Sic para la cita)

1.9. Trámite en segunda instancia

Previo a resolver la impugnación, el magistrado ponente de esta decisión, por auto de
8 de febrero de 2023, advirtió la existencia de una nulidad saneable por la ausencia de
vinculación como terceros con interés de las organizaciones sindicales
SINSERPUCIENAGA (sindicato de servidores públicos del municipio de Ciénaga),
SINTRAFEC (sindicato de trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación
Municipal de Ciénaga) y SISERPASEC (sindicato de servidores públicos
administrativos de la Secretaría de Educación Municipal de Ciénaga) y del municipio
de Ciénaga (Magdalena), al ser las partes demandante y demandada,
respectivamente, en el contencioso de simple nulidad, donde se dictaron las
providencias cuestionadas en la presente solicitud de amparo.

No obstante, pese a que fueron notificados en debida forma, los referidos vinculados
guardaron silencio.

Con escrito enviado el 17 de febrero de 2023, el actor iteró los argumentos expuestos
en su escrito de impugnación y allegó copia de los pronunciamientos de primera y
segunda instancia emitidos en la acción de tutela con radicado 47189-40-89-002-2022-
00495-00/01.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 12 de diciembre de 2022, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena declaró improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor Jhames Jhoan Benavides Serna contra el Juzgado Séptimo
(7°) Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Octavo (8°)
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, por incumplimiento de los requisitos
de procedibilidad de relevancia constitucional e inmediatez.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la legitimación en la causa por
activa en la acción de tutela, y de superarse; (iii) los requisitos de procedibilidad; y (iv)
el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

2.4.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia, obra como mecanismo que puede ser ejercido por toda persona “…por sí
mismo o por quien actúe a su nombre…”, que pretenda obtener la protección inmediata

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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de sus derechos fundamentales, cuando estos sean violados por la acción u omisión
de cualquier autoridad estatal o eventualmente por una entidad particular.

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, “…Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política…”, en los artículos 1°, 10°, 46
y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando
el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales9.

De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “…Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto”10.

El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la “…acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales…”.

La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200311, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se
“…requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es
decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción.
Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que
la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa
escribir o sea menor de edad…”12.

En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, señaló:

“…La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares
de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como
lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades13, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los

9Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
10“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018

de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.”
11 M.P. Jaime Córdoba Triviño
12“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del

Decreto 2591 de 1991.”
13“Ver sentencia T-531 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”

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Demandante: Jhames Jhoan Benavides Serna
Demandados: Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta y otro
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00273-01

presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo
de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii)
El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar
la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio
de agente oficioso…”.

Es así que la norma, aunada a la jurisprudencia vigente establece como uno de los
requisitos de procedibilidad, el hecho de que quien invoque este mecanismo para la
protección de sus derechos fundamentales, se encuentre “…legitimado en la causa por
activa…”, siendo exigible que el accionante sea quien detenta los derechos a proteger.

En relación con la legitimación en la causa, esta “…es, entonces, una calidad subjetiva de
las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso…”.14 “…Por tanto,
cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una
decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo…”15

Finalmente, es importante recordar que, la mencionada Corporación, en la sentencia
de unificación SU-173 de 2015, estableció que, “La legitimación en la causa es un
presupuesto procesal exigido en la acción de tutela, debido a que los derechos fundamentales
son inherentes a las personas y, además, son intransferibles, aun tratándose de personas
jurídicas o entidades territoriales (…) La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor
de terceros es excepcional y por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado
demuestre que se ven afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado
para deprecar por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas
personas a quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es,
las partes del litigio.”16(Se resalta ahora)

2.4.2. En el sub examine el señor Jhames Jhoan Benavides Serna alegó la vulneración
de sus derechos fundamentales “a la igualdad, al trabajo, al mérito, al mínimo vital, acceso
a la administración de justicia en conexidad con el derecho constitucional al debido proceso”
así como a los principios de “acceso al desempeño de funciones y cargos públicos,
confianza legítima y al principio de la seguridad jurídica”, por parte de los Juzgados Séptimo
(7º) y Octavo (8º) Administrativos del Circuito Judicial de Santa Marta; ello, con ocasión
de las providencias dictadas al interior del proceso de simple nulidad, que admitieron
la demanda, negaron la vinculación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de
terceros, dictadas por la primera autoridad judicial y por la sentencia que puso fin al
referido asunto, proferida por la segunda.

Como se señaló en los antecedes de este fallo, las organizaciones sindicales
SINSERPUCIENAGA (sindicato de servidores públicos del municipio de Ciénaga),
SINTRAFEC (sindicato de trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación
municipal de Ciénaga) y SISERPASEC (sindicato de servidores públicos

14 Sentencia T-411 de 2017.
15 T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza

Martelo.
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Demandante: Jhames Jhoan Benavides Serna
Demandados: Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta y otro
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00273-01

administrativos de la Secretaría de Educación Municipal de Ciénaga) presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra el municipio de Ciénaga
(Magdalena), pretendiendo la declaratoria, en ese sentido, del Decreto 556 de 2017,
“por medio del cual se realiza actualización, modificación y compilación del Manual Específico
de Funciones y Competencias de la Planta Central de la Alcaldía Municipal de Ciénaga-
Magdalena” expedido por el primer mandatario de dicho ente territorial.

Es oportuno destacar que, si bien el proceso de simple nulidad constituye una acción
pública, lo cierto es que, para intervenir en este sin tener la calidad de parte, es
necesario solicitar el reconocimiento como coadyuvante de manera oportuna en los
términos del artículo 22317 de la Ley 1437 de 2011, esto es, desde la admisión de la
demanda y hasta el momento en que se desarrolle la audiencia inicial.

Ahora bien, del escrito tutelar y de los medios de convicción allegados a este trámite,
se tiene que, el señor Benavides Serna no fue parte ni coadyuvante en el contencioso
de nulidad, donde se dictaron las providencias que se cuestionan, así como tampoco
se encuentra prueba de su interés para haber intervenido en dicho asunto, esto es, la
petición en ese sentido, de conformidad con la norma antes referida.

En ese orden, conforme al marco conceptual analizado en precedencia, el señor
Jhames Jhoan Benavides Serna no se encuentra legitimado en la causa por activa
para, en este escenario, controvertir las providencias dictadas por las autoridades
judiciales accionadas en el proceso de nulidad, comoquiera que los derechos
fundamentales alegados como conculcados, como el debido proceso y el de acceso a
la administración de justicia no le son predicables, es decir, no puede afirmarse que
son de su titularidad.

En efecto, las referidas prerrogativas constitucionales son garantías propias del trámite
procesal, razón por la cual si el tutelante no hizo parte del referido medio de control no
es posible que se las hubieran vulnerado, pues, no existía ninguna relación entre las
autoridades judiciales accionadas y el señor Benavides Serna.

Al respecto, la Sección Quinta se ha pronunciado en el sentido de precisar que “quien
pretenda dejar sin efectos, vía acción de tutela una providencia judicial, deberá hacer parte del
proceso en el que se dictó o, en su defecto, actuar como apoderado judicial de alguna de
ellas.”18

De igual forma, se tiene que el señor Benavides Serna no demostró su legitimación
para obrar en representación o como agente oficioso del municipio de Ciénaga y,
controvertir en este trámite las providencias que, en su sentir, le trasgredieron los
derechos fundamentales, así como tampoco de la Comisión Nacional del Servicio Civil
y de terceros, que no fueron vinculados al proceso de nulidad.

17 “ARTÍCULO 223. COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD. En los procesos

que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y
hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del
demandante o del demandado.

El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a
la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta. (…).
”
18 Ver fallo del 20 de marzo de 2019, expedientes No. 11001-03-15-000-2018-02428-01.

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Demandante: Jhames Jhoan Benavides Serna
Demandados: Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta y otro
Radicado: 47001-23-33-000-2022-00273-01

2.5. Conclusión

En consecuencia, se revocará la providencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena de 12 de diciembre de 2022, que declaró la improcedencia de la tutela,
para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Jhames Jhoan Benavides Serna.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del señor Jhames Jhoan Benavides Serna en la tutela presentada contra los
Juzgados Séptimo (7º) y Octavo (8º) Administrativos del Circuito Judicial de Santa
Marta.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

12
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