RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2023-00018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2023-00018-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2023-00018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de noviembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone: SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial del fallo disciplinario del 22 de noviembre de 2021 y su confirmación del 8 de julio de 2022, en lo que se refiere a la sanción impuesta al señor Said José Sarquis Lissa. TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a reintegrar al señor Said José Sarquis Lissa, sin solución de continuidad, al empleo de registrador municipal de Pivijay (Magdalena) o a otro cargo de igual o superior categoría, siempre y cuando: i) el cargo no se encuentre ocupado por otro servidor con derechos de carrera y, ii) no esté incurso en alguna causal de inelegibilidad y/o retiro del servicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos para ocuparlo. CUARTO. CONDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil a pagar al señor Said José Sarquis Lissa, los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se hizo efectiva la destitución y hasta que se materialice el reintegro o se configure una circunstancia jurídica que lo haga imposible. QUINTO. La Registraduría Nacional del Estado Civil actualizará las sumas adeudadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia. SEXTO. La Registraduría Nacional del Estado Civil consignará los aportes en pensiones en el fondo de previsión en el que se encuentre afiliado el señor Said José Sarquis Lissa, teniendo en cuenta las indicaciones anteriormente mencionadas. SÉPTIMO. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que retire del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada con ocasión de la decisión disciplinaria cuya nulidad se declara en esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026) Demandante: Said José Sarquis Lissa OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2023-00018-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil
Litisconsorte: Luis Miguel Gutiérrez Pérez
Temas: Tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.
Delito informático.
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 5 de noviembre de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes decisiones:
i) el fallo disciplinario del 22 de noviembre de 2021, a través del cual la Oficina de
Control Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Magdalena
sancionó al señor Said José Sarquis Lissa con destitución e inhabilidad general para
el ejercicio de empleos públicos por el término de doce (12) años y, ii) el fallo de
segunda instancia de fecha 8 de julio de 2022, mediante el cual la Delegación
Departamental del Magdalena confirmó la anterior decisión.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió: i) el reintegro al cargo de
registrador municipal de Pivijay (Magdalena), ii) el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación y hasta que se produzca la respectiva reincorporación, iii) la
cancelación de los aportes a seguridad social, iv) la indemnización de los perjuicios
inmateriales, denominados —daño moral, daño a la vida en relación, daño a la salud
y graves alteraciones a las condiciones de existencia—y, v) el resarcimiento de los
perjuicios materiales —daño emergente—.

4. Asimismo, se pidió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), junto con la condena en costas de la entidad accionada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

5. Hechos. Se referenciaron como tales los siguientes:

6. El señor Said José Sarquis Lissa laboró al servicio de la Registraduría Nacional
del Estado Civil (RNEC) por más de veinte (20) años. El último cargo desempeñado
fue el de registrador municipal de Pivijay (Magdalena).

7. En 5 de marzo de 2018, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad
demandada ordenó la apertura de la investigación contra del actor y el registrador
municipal de Ciénaga (Magdalena), por una presunta irregularidad relacionada con
la afectación del sistema de información del archivo nacional sistematizado,
derivada de la posgrabación del registro civil de una persona de origen extranjero.

8. Al día siguiente se decretó la suspensión provisional en el ejercicio del empleo,
la que fue irregular, porque la investigación apenas comenzaba y, además, porque
para la fecha en que ocurrieron los hechos el demandante se encontraba
disfrutando de sus vacaciones. Posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se levantó
esa medida.

9. El 28 de julio de 2018 se emitió el auto de suspensión provisional del registrador
de Ciénaga. En dicha providencia se indicó que la aparente inconsistencia se había
producido el 3 de noviembre de 2016, desde los equipos de la Registraduría
Municipal de Pivijay, mediante el usuario PIVIJAYP, oficina L1Q.

10. En la versión libre rendida el 26 de noviembre de 2018, el señor Said José
Sarquis Lissa sostuvo que debía ser exonerado de responsabilidad, pues para la
fecha de los hechos se encontraba de vacaciones. Asimismo, explicó que
«PIVIJAYP» no correspondía a un usuario personal asignado exclusivamente al
registrador municipal, sino a uno genérico al que tenían acceso los funcionarios de
la dependencia.

11. El 3 de abril de 2020 se formuló pliego de cargos en contra del investigado. Aquí
se plasmó que la conducta atribuida al actor se adecuaba a la falta disciplinaria
prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en armonía con los
artículos 269D y 269H de la Ley 599 de 2000.

12. La actuación concluyó con la expedición de los actos demandados, en los que
se impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general para ocupar
cargos públicos por el término de doce (12) años.

13. No obstante, la entidad no tuvo en cuenta que desde el mes de febrero de 2016
se había solicitado el usuario personalizado y que solo se obtuvo respuesta a dicha
solicitud el 6 de diciembre de 2018. Tampoco se atendió que el demandante se
encontraba de vacaciones para la fecha en que se efectuó la posgrabación
cuestionada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

14. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, los actos enjuiciados
infringieron las siguientes disposiciones: artículos 29 y 124 de la Constitución
política; 15, 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019; y 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
En el concepto de violación, se expuso lo siguiente:

15. En primer lugar, sostuvo que se vulneró el principio de congruencia, porque la
investigación disciplinaria se fundamentó inicialmente en la presunta alteración del
sistema informático relacionada con la posgrabación de un registro civil, mientras
que la decisión sancionatoria terminó sustentándose en el supuesto incumplimiento
del deber de custodia y salvaguarda del sistema.

16. En segundo término, afirmó que se desconoció la presunción de inocencia, pues
para la fecha en que ocurrió la posgrabación el actor se encontraba de vacaciones
y, además, el usuario «PIVIJAYP» utilizado para efectuarla no era personal ni de
uso exclusivo del registrador municipal, sino genérico y accesible a otros
funcionarios de la dependencia.

17. En tercer lugar, señaló que la circunstancia de haber afrontado el procedimiento
disciplinario sin asistencia de un abogado comportó, en su criterio, una vulneración
del derecho de defensa.

18. En cuarto término, alegó una indebida valoración probatoria, porque los
elementos incorporados al expediente disciplinario no permitían establecer que el
señor Said José Sarquis Lissa hubiera realizado materialmente la conducta
cuestionada. Por el contrario, destacó que se encontraba de vacaciones para la
fecha de los hechos y que no existía un usuario informático individualizado que
permitiera atribuirle directamente la operación.

19. En consecuencia, manifestó que no se configuraron los elementos de la
responsabilidad disciplinaria.

20. Contestación de la demanda. Oportunamente, la entidad demandada ejerció
su derecho de contradicción y defensa en los siguientes términos1:

21. Señaló que el señor Said José Sarquis Lissa, en su condición de registrador
municipal de Pivijay (Magdalena), incurrió en irregularidades relacionadas con la
afectación del Sistema de Información y Registro Civil e Identificación de la RNEC,
consistentes en la posgrabación del serial nro. 25659175 del ciudadano extranjero
Alex Shames, efectuada el día 3 de noviembre de 2016.

22. Indicó que las pruebas recaudadas daban cuenta que el actor transgredió las
políticas de seguridad informática de la RNEC, contenidas en la Resolución nro.

1 PDF 15_15_CONTESTACIÓN», contentiva en el expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción

de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

4173 del 20 de mayo de 2016, circunstancia que corroboraba el incumplimiento de
los deberes que le fueron asignados.

23. Por otro lado, manifestó que al sujeto investigado se le respetaron todas las
garantías constitucionales y legales. De hecho, tuvo una participación activa en el
proceso —presentó escritos, recursos, solicitudes de nulidades e incluso, acciones
de tutela—, situación que da cuenta que, aunque no tuvo defensa técnica, sí ejerció
su contradicción.

24. Precisó que en el proceso administrativo disciplinario no es obligatoria la
designación de un profesional del derecho para ejercer la defensa del sujeto
investigado, tal como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado.

25. Asimismo, resaltó que el demandante fue capturado en el año 2018 por hechos
similares a los que dieron origen a la presente controversia y que se encontraba
vinculado a la noticia criminal nro. 110016099144201700098, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá D. C.

26. Sentencia de primera instancia2. Es la dictada el 5 de noviembre de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos enjuiciados. Para sustentar esa decisión,
expuso lo siguiente:

27. En relación con la alegada vulneración al principio de congruencia, descartó su
configuración, en la medida en que los hechos que dieron inicio a la actuación —
permitir la posgrabación del registro civil de nacimiento de una persona extranjera—
guardaban correspondencia con el cargo imputado y la motivación de los fallos
disciplinarios.

28. Respecto del argumento según el cual el actor no pudo realizar la conducta
porque se encontraba de vacaciones al momento de la ocurrencia de los hechos,
advirtió el tribunal que la RNEC había desestimado esa tesis con fundamento en
que el usuario asignado era personal e intransferible. Para la autoridad disciplinaria,
el señor Said Sarquis no fue cuidadoso con los activos de información de la RNEC,
lo cual resultaba una prioridad, conforme a lo establecido en la política de seguridad
de la entidad.

29. Para el operador judicial, la circunstancia de que varios funcionarios de la
Registraduría utilizaran el usuario genérico «PIVIJAYP» no conducía a exonerar de
responsabilidad al demandante; por el contrario, evidenciaba, a su juicio, el
incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.

2 PDF 041_41Sentencia ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

30. Bajo ese entendido, aunque estaba demostrado que el señor Sarquis Lissa no
se encontraba en las instalaciones de la entidad porque disfrutaba de sus
vacaciones, tal circunstancia no lo relevaba de sus responsabilidades relacionadas
con la protección y seguridad de la información que se encontraba bajo su custodia,
pues, en su condición de registrador municipal, debía garantizar el cumplimiento de
las políticas institucionales sobre la materia.

31. A lo anterior agregó que la utilización de usuarios genéricos se encontraba
prohibida en la entidad desde el 12 de mayo de 2016, sin que se hubiera previsto
excepción alguna para la realización de trámites administrativos.

32. Así las cosas, el a quo advirtió lo siguiente: «[e]n materia disciplinaria las
responsabilidades son individuales y por ello, era deber del actor en su condición
de registrador salvaguardar el usuario y contraseña que le fue asignado, omisión
que constituyó una grave afectación al deber funcional consagrado en el artículo 5
de la Ley 734 de 2002, por ende, que el hecho se haya cometido con el usuario
PIVIJAYP, oficina L1Q, con nombre de usuario que autoriza el registro: LUIS
CARLOS VELEZ, debe ser objeto de las sanciones que arroje el proceso
disciplinario o penal, pues cada una de las responsabilidades de los servidores
públicos se analiza de conformidad con las funciones asignadas y la falta del actor
fue permitir que otros usuarios tuvieran en su poder el usuario y contraseña
asignado que era personal e intransferible.».

33. De esta forma, afirmó que la eventual intervención de otros funcionarios
públicos no desvirtuaba la falta disciplinaria atribuida al demandante, pues su
responsabilidad obedecía a la omisión o descuido en el cumplimiento de sus
deberes de custodia y seguridad de la información, circunstancia que habría
permitido la posgrabación del registro civil que dio origen a la actuación disciplinaria.

34. Por último, el tribunal consideró que la ausencia de defensa técnica en el
desarrollo de la investigación disciplinaria, no comporta una irregularidad procesal
que invalide la actuación, ya que tal designación, en los términos del artículo 17 de
la Ley 734 de 2002, era potestativa y no imperativa.

35. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado
judicial del señor José Said Sarquis Lissa la recurrió en apelación en los siguientes
términos:

36. Insistió en que no se valoró adecuadamente la circunstancia de que el actor se
encontraba de vacaciones para la fecha en que se efectuó la posgrabación del
registro civil del ciudadano extranjero —3 de noviembre de 2016—. A su juicio, ello
demostraba que no tenía dominio funcional ni control operativo sobre el sistema y,
además, que no se encontraba físicamente en las instalaciones de la Registraduría

3 Archivos 23, 24 y 26, ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

Municipal de Pivijay, circunstancias que impedían atribuirle responsabilidad
disciplinaria por la conducta investigada.

37. Reiteró que la responsabilidad disciplinaria no podía fundarse en conjeturas o
presunciones, sino en elementos probatorios que demostraran suficientemente la
comisión de la falta y su atribución al investigado. En ese sentido, sostuvo que no
se acreditaron los presupuestos necesarios para declarar su responsabilidad, pues
no existía prueba que permitiera establecer que la conducta investigada hubiera
sido ejecutada por el demandante ni que le fuera imputable a título de culpabilidad.

38. En ese orden, advirtió que por el solo hecho de que el usuario informático
utilizado para la posgrabación estuviera asociado al cargo que desempeñaba, no
podía ser el fundamento para demostrar su culpabilidad, ya que en materia
sancionatoria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

39. Adujo que no hay prueba de que el señor Sarquis Lissa hubiese ingresado al
sistema el 3 de noviembre de 2016, ni mucho menos que haya ordenado tal
posgrabación. Por el contrario, se demostró que cuando ocurrieron los hechos había
una registradora encargada, la cual declaró que el administrador del sistema
informático era el señor Alfredo Manuel Mercado Mendoza y que el usuario
PIVIJAYP era genérico y de uso compartido por los empleados de la Registraduría
Municipal.

40. Además, agregó que desde el 16 de febrero 2016 había solicitado formalmente
la creación de un usuario personal, dado que el de PIVIJAYP era colectivo; sin
embargo, solo se obtuvo el cambio hasta diciembre de 2018.

41. Finalmente, precisó que tal como lo advirtió la magistrada que salvó el voto, el
usuario PIVIJAYP no fue creado para el demandante, sino que correspondía a la
institución.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

42. La admisión del recurso. Mediante auto del 10 de abril de 2026 se admitió el
recurso de apelación4. Dentro de la oportunidad prevista solo se registró la
intervención de la apoderada de la entidad demandada, quien solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al considerar que no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos enjuiciados.

43. Control de legalidad5. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se

4 Ver índice 4 de la plataforma SAMAI.
5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

44. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

45. Problema jurídico. Atendiendo los argumentos planteados en el recurso de
apelación, se determinará sí: ¿la falta disciplinaria atribuida al actor provino de un
adecuado juicio de adscripción típica, una correcta determinación de la ilicitud
sustancial y una debida valoración de la culpabilidad, conforme a los presupuestos
exigidos por el derecho disciplinario?

46. Caso concreto.

47. Primer interrogante: ¿la falta disciplinaria atribuida al actor provino de un
adecuado juicio de adscripción típica, una correcta determinación de la ilicitud
sustancial y una debida valoración de la culpabilidad, conforme a los presupuestos
exigidos por el derecho disciplinario?

48. La tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.

49. Conforme al artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario cumple
una doble función: preventiva y correctiva. En esa medida, no solo busca evitar
comportamientos contrarios al orden jurídico, sino también corregir aquellos que
afectan la buena marcha de la administración y comprometen la efectividad de los
fines estatales y de los principios que orientan la función pública 6.

50. Para alcanzar esos fines, el artículo 23 ibidem concibió la falta disciplinaria como
la incursión en cualquiera de las conductas previstas en ese código que conlleve el
incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de los derechos o
las funciones, el desconocimiento de régimen de prohibiciones o la vulneración del
sistema de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o de los conflictos de
intereses, siempre que no medie una causal de exclusión de responsabilidad.

6
En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,
la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los
servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

51. A esta exigencia previa, derivada del debido proceso y del principio de legalidad,
se le denomina «tipicidad»7, la cual demanda que el legislador describa de manera
completa, clara e inequívoca los comportamientos sancionables, de modo que se
les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones
prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En sentencia C-
030 de 20128, la Corte Constitucional expresó:

«[…] En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo esta obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones […]».

52. En consecuencia, este elemento, además de exigir del legislador su
determinación completa, clara y concreta, también requiere del operador
disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta
investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

53. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el derecho
disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos de
falta. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en blanco,
en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor público,
mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la función
pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben ser
respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su
incumplimiento.

54. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado

7 En el artículo 4 del CDU se establece «[e]l servidor público y el particular en los casos previstos en este código

sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta
en la ley vigente al momento de su realización.»
8 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”9».

55. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria
hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa abierta que,
por tanto, amerita un complemento legal para su interpretación y aplicación y, en
consecuencia, remite para su determinación en concreto a aquellas disposiciones
que consagran los deberes, las obligaciones, los mandatos y/o las prohibiciones
para los diferentes servidores públicos.

56. Por su parte, frente a los llamados «tipos en blanco», ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente. Así, en principio, es válido el establecimiento de tipos
disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos penales,
sin que ello signifique que la imprecisión en la descripción de la conducta
sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad10.

57. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentran en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior. En este
sentido, esa corporación ha reconocido que:

«[…] se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]11».

9 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10 Ver sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
11 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,

reiterado en la sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

58. Todo lo anterior exige por parte del operador disciplinario el despliegue de un
juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en el
que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permitan determinar con claridad y
certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.

59. Sobre el delito del daño informático.

60. El artículo 269D del Código Penal instituye el delito en mención, en los
siguientes términos: «[e]l que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre,
deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de
información o sus partes o componentes lógicos…». Dicha conducta constituye uno
«de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los
datos y de los sistemas informáticos12».

61. Con este arquetipo penal, en términos generales, se busca «la protección de la
información y de los datos», bien jurídico incorporado al estatuto penal mediante la
Ley 1273 de 2009, siguiendo las directrices sustantivas trazadas por el Convenio
sobre la Ciberdelincuencia, tratado multilateral suscrito en Budapest el 23 de
noviembre de 2001 por los Estados miembros del Consejo de Europa.

62. Años después, el referido convenio, fue aprobado por el Estado Colombiano a
través de la Ley 1928 del 24 de julio de 2018, luego de la invitación formulada por
el Consejo de Europa para adherirse a dicho instrumento. Durante el respectivo
trámite legislativo se recordó que aquel «es el primer tratado internacional que
aborda la definición de los delitos cometidos a través de redes informáticas…».
Tanto el Convenio como su ley aprobatoria fueron declarados exequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-224 de 201913.

63. Ahora bien, al examinar el Código Penal se advierte que el delito de daño
informático, también denominado «sabotaje informático», comprende los ataques a
la integridad de los datos, definidos por el Convenio de Budapest como «la comisión
deliberada e ilegítima de actos que dañen, borren, deterioren, alteren o supriman
datos informáticos»; claro está, con algunas particularidades, entre ellas, la
ilegitimidad del sujeto activo en la carencia de facultad o autorización para realizar
las acciones.

64. De esa manera, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia14, el artículo 269D del Código Penal contempla dos
(2) grupos de comportamientos constitutivos de daño informático: i) destruir, dañar,
borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos informáticos; y ii) ejecutar cualquiera de
esas mismas acciones respecto de un sistema de tratamiento de información o de

12 Título VII BIS – De la Protección de la Información y de los Datos – Capítulo I
13 M.P. Cristina Pardo Schelesinger.
14 M.P. Fernando León Bolaños Palacios, SP2699-2022, radicación 59733, sentencia del 3 de agosto de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

sus partes o componentes lógicos. En ambos eventos, constituye un elemento
indispensable del tipo que el agente carezca de facultad para realizar la
conducta.

65. Sobre el alcance de los referidos verbos rectores, en la mencionada providencia
se acudió al informe explicativo del Convenio de Budapest, en los siguientes
términos:

«[l]os términos que “dañe” y “deteriore” como actos imbricados se refieren en
particular a una alteración negativa de la integridad o del contenido de la información
de los datos y programas. El “borrar” datos es el equivalente de la destrucción de un
objeto corpóreo. Los destruye y los hace irreconocibles. Por “supresión” de datos
informáticos se entiende cualquier acción que impida o ponga fin a la disponibilidad
de los datos para la persona que tiene acceso al ordenador o al soporte de datos en
que fueron almacenados. El término “alteración" se refiere a la modificación de
los datos existentes. Por consiguiente, la introducción de códigos maliciosos, tales
como virus y caballos de Troya, está incluido en este párrafo, tal como también lo
está la modificación resultante de los datos.

[…]

25. Siendo así, se formularán unas consideraciones generales y la posición que
finalmente se adopta es la que resuelve la singularidad de la situación jurídica (daño
informático por borrar datos) y fáctica (mover archivos desde su ubicación original
en el dispositivo hasta la «papelera de reciclaje») que ahora se estudia.

25.1 De acuerdo al espíritu y finalidad de la legislación internacional, acogida por
Colombia primero como referente técnico y después como norma vinculante, con la
prohibición de las interferencias a los datos informáticos se busca proteger,
principalmente, la integridad de estos y las plurales formas de atentados suponen
distintos grados de afectación a ese bien jurídico; así, por regla general, el borrado
y la supresión acarrean el máximo daño (destrucción o desaparición), mientras que
el deterioro y la alteración suponen uno parcial o de menor entidad. » (Énfasis de la
Sala).

66. De lo anterior se desprende que la configuración del delito previsto en el artículo
269D del Código Penal exige, además de la realización de alguno de los verbos
rectores allí descritos, la concurrencia de un elemento normativo consistente en que
el agente actúe «sin estar facultado para ello». En consecuencia, para tener por
configurada objetivamente la conducta no basta con demostrar la destrucción, daño,
borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos, sino que también
debe acreditarse que quien ejecutó materialmente alguno de esos comportamientos
carecía de autorización o facultad para realizarlo.

67. Hechos probados

68. Mediante la Resolución nro. 276 del 24 de octubre de 2016 15, los delegados
departamentales del Magdalena autorizaron al señor Said José Sarquis Lissa,

15 Folios 99 y100 del PDF 15_15_CONTESTACIÓN, contentivo del expediente digital, el cual puede ser
descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI de primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

registrador municipal de Pivijay, el disfrute de sus vacaciones entre el 25 de octubre
y el 16 de noviembre de 2016. Asimismo, mediante la Resolución nro. 278 de esa
misma fecha16, asignaron las funciones de registradora a la señora Jenny Cecilia
Rodríguez Pabón durante dicho periodo.

69. Por medio del auto del 5 de marzo de 201817, la Oficina de Control Disciplinario
de la RNEC ordenó la apertura de la investigación contra los registradores
municipales de Pivijay y Ciénaga (Magdalena), por hechos relacionados con la
posgrabación del registro civil de nacimiento del ciudadano extranjero Alex Shames,
actuación efectuada el 3 de noviembre de 2016 mediante el usuario «PIVIJAYP»,
oficina «L1Q».

70. Al día siguiente18, la autoridad suspendió provisionalmente al señor Said José
Sarquis Lissa por el término de tres (3) meses; sin embargo, dicha interrupción fue
levantada el 13 de marzo de 201819. De este acto administrativo se extrae lo
siguiente:

«Es de anotar, que el señor ALEX SHAME supuestamente nació el 19 de julio de
1985 en la ciudad de Cartagena (Bolívar), fue registrado en la Notaria 1 de esa
ciudad el 12 de julio de 1995 bajo el serial 25659175, y su registro civil de nacimiento
fue autorizado por el funcionario LUIS CARLOS VÉLEZ; cabe agregar, que la post
grabación del registro se hizo el 03 de noviembre de 2016, con los equipos de la
Registraduría Municipal de Pivijay, usuario PIVIJAYP oficina L1Q, y no existe
imagen del documento en el sistema.

[…]

Que el día 07 de Marzo de 2018, el señor SAID SARQUIS LISSA, presentó escrito
en el que solicita dejar sin efecto la medida de suspensión provisional y se ordene
el reintegro inmediato, teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la medida
carecen de fundamento, puesto que el día tres (03) de noviembre de 2016, el
funcionario se encontraba disfrutando de sus vacaciones anuales aplazadas por el
plebiscito, y por lo tanto no se encontraba laborando en Pivijay, y en su reemplazo
le habían asignado funciones como Registrador Encargado a la señora Jenny
Rodríguez P, y aporta copia de las Resoluciones No. 194 de 2016, por la que
aplazan el disfrute de las vacaciones para atender la convocatoria para la realización
de un plebiscito, No. 276 de 2016, por la cual se reanuda el tiempo de disfrute de
unas vacaciones, y No. 278 de 2016, mediante la cual se le asignan funciones de
Registrador Municipal a la servidora púbica JENNY CECILIA RODRIGUEZ PABON,
todas ellas suscritas por los Delegados Departamentales del Magdalena.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario el pronunciamiento de este Despacho
frente a la medida de suspensión provisional que recae en cabeza del señor SAID
SARQUIS LISSA, en su calidad de Registrador Municipal de Pivijay - Magdalena,
como quiera que en su petición aporta pruebas de la Resolución No. 276 de fecha
24 de octubre de 2016, mediante la cual le autorizan el disfrute de unas vacaciones,
a partir del 25 de octubre de 2016 y hasta el 16 de noviembre de 2016.

16 Folio 101 ibidem.
17 Folios 76 a 79 del PDF 15_15_CONTESTACIÓN, contentivo del expediente digital, el cual puede ser
descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI de primera instancia.
18 Folios 80 a 85 ibidem.
19 Folios 102 a 104 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

Como se observa, el día de los hechos materia de investigación, 03 de
noviembre de 2016, el funcionario suspendido se encontraba aún en
vacaciones y en su lugar, se encontraba laborando la funcionaria JENNY
RODRÍGUEZ PABÓN en el cargo de Registradora Municipal de Pivijay, por lo
que el despacho observa una imposibilidad física de haber cometido la
conducta, no obstante, permanecerá vinculada a la investigación hasta el
esclarecimiento de los hechos…». (Énfasis de la Sala).

71. Posteriormente, a través del auto del 30 de abril de 201820, se vinculó a la
investigación disciplinaria a la señora Jenny Rodríguez Pabón.

72. En la versión libre rendida por el señor Said Sarquis21, este manifestó que para
la fecha de los hechos se encontraba de vacaciones. Asimismo, afirmó que desde
el año 2007 el usuario «PIVIJAYP» era genérico y utilizado por los distintos
funcionarios que prestaban sus servicios en la Registraduría Municipal de Pivijay.

73. Por su parte, la señora Rodríguez Pabón22 expuso que no había sido capacitada
en asuntos relacionados con el registro y que el funcionario encargado de realizar
las grabaciones e ingresar la información al sistema de identificación era el señor
Alfredo Manuel Mercado Mendoza.

74. El 3 de abril de 202023, la operadora disciplinaria encargada formuló pliego de
cargos en contra del señor Said José Sarquis Lissa, en los siguientes términos:

«CARGO ÚNICO: SAID JOSÉ SARQUIS LISSA… en su condición de registrador
municipal de Pivijay (Magdalena) para la época de los hechos, presuntamente afectó
el Sistema de Información de Registro Civil e Identificación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil (SIRC-DCU), considerado un activo de información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, consistente en permitir la pos grabación del
Registro Civil de Nacimiento de persona extranjera, al parecer en la Registraduría
de Pivijay, con el usuario PIVIJAYP, asignado a él de manera personal e
intransferible.

[…]

Con su actuar, presuntamente incurrió en una falta gravísima determinada en el
numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que además remite al Código
Penal Colombiano, por posible comisión a las conductas punibles señaladas
en los artículo 269D y 269H, numeral 2.° de la Ley 599 de 2000, falta que se
califica provisionalmente como GRAVÍSIMA cometida a título de DOLO.

VII. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

El artículo 6 de la Constitución Política de Colombia establece la responsabilidad de
los servidores públicos, indicando que estos no solo son responsables por infringir
la Constitución y las leyes, sino también por la omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.

20 Folios 132 a 135 ibidem.
21 Folios 226 a 228 ibidem.
22 Folios 295 a 297 ibidem.
23 Folios 483 a 515 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

2. Constituye falta disciplinaria de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002:
“la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este
código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el
artículo 28 del presente ordenamiento”.

3. Ley 734 de 2002 establece lo siguiente:

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor públicos”.

(…)

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por
el Congreso, las Leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente”.

[…]

De acuerdo con las normas antes citadas, se considera por parte de este despacho,
que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en la disposición del CDU,
en tanto que si bien es una norma general que debe ser cumplida por todos los
servidores públicos, nos remite a la Resolución nro. 4173 del 20 de mayo de 2016,
sobre Política de Seguridad de la Información, aplicable para la época de los hechos
objeto de la presente investigación.

Esta directriz impone a todos los servidores públicos pertenecientes a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, un deber de cuidado y una obligación de
cumplimiento, que los investigados al parecer, desconocieron estas Políticas de
Seguridad de la Información, de tal suerte que, en el derecho disciplinario se valora
la presunta inobservancia de normas positivas en cuanto ellas impliquen un
quebrantamiento del deber funcional.

Aunado a lo anterior, puede indicarse que los investigados pudieron incurrir en la
prohibición señalada en el numeral 1.° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en
tanto que incumplieron las políticas de seguridad de la información contenidas en la
Resolución nro. 4713 del 20 de mayo de 2016.

[…]

Al igual que lo indicado en precedencia, esta es una norma general, que nos remite,
como ya se ha dijo a la Resolución N° 4713 del 20 de mayo de 2016, la cual
establece directrices claras y precisas sobre el tratamiento que los servidores de
esta entidad debemos darle a la Información que reposa en el sistema, toda vez que
contiene los activos informáticos manejados por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, entidad que tiene la Obligación Constitucional y Legal de identificar a
los colombianos, al parecer fue incumplida por los encartados, tal como se ha
manifestado en este escrito.

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

Expresado lo anterior, siguiendo el presunto incumplimiento o violación a los
preceptos legales señalados, se considera que los disciplinados no cumplieron con
lo dispuesto en la Resolución No 4173 del 20 de mayo de 2016, que regula la Política
de Seguridad de la Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en
donde se cuenta con definiciones y directrices claramente aceptadas por los
investigados. Este acto administrativo señala:

“(…) V. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

(…)

1. Disponibilidad
2. Integridad
3. Confidencialidad

[…]

Esta directriz fue socializada a todos los funcionarios de la entidad según los
parámetros ofrecidos por la entidad, y se incorporan como una política dentro de
todos los procesos misionales que desarrolla.

[…]

4. Por otra parte se encuentra que los disciplinados, con su actuar pudieron incurrir
en una falta gravísima al tenor de lo señalado en el artículo 48 del C.D.U.

Los investigados Said Sarquis Lissa y Eduardo Noguera Dangond, al parecer, con
sus procederes eran conscientes que sus conductas eran contrarias a las directrices
institucionales, y en particular a la Política de Seguridad de la Información, es decir,
que presuntamente facilitaron sus usuarios y contraseñas de tal manera que
afectaran los activos de información de la Entidad, a efectos de permitir la
posgrabación el Registro Civil de Nacimiento con el usuario PIVIJAYP en la
Registraduría de Pivijay (Magdalena); la señora Jenny Rodríguez Pabón, en su
calidad de Auxiliar de Servicios Generales con asignación de funciones de
Registradora del Estado Civil en Pivijay (Magdalena), para la época de los hechos,
por presuntamente pos grabar el registro civil de nacimiento de la persona extranjera
ALEX SHAMES, el día 3 de noviembre de 2016, con la finalidad última, de asignarle
un Número Único de Identificación Personal con el usuario ENOGUERA, que le
permitiera obtener un pasaporte y su ingreso a otros países como Colombianos, a
través de documentos falsos, pero con cupos numéricos entregados por esta
entidad.

Lo anterior, nos remite a la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), en tanto
que las conductas desplegadas por los investigados Sarquis y Noguera
posiblemente recaen en los artículos 269D que señala el delito de Daño informático
y al numeral segundo del 269H, circunstancias de agravación punitiva, así como
también al artículo 286 sobre la falsedad ideológica en documento público, para el
segundo de ellos, de conformidad como se ha venido planteando en este
documento, así:

[…]

La imputación que precede en los tipos citados, se elevan toda vez que los
servidores públicos investigados, SAID JOSÉ SARQUIS LISSA, EDUARDO
ALBERTO NOGUERA DANGOND, en sus calidades de registradores del Estado
Civil, en Pivijay y Ciénaga (Magdalena), respectivamente, y JENNY CECILIA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

RODRÍGUEZ PABÓN, como auxiliar de servicios generales con asignación de
funciones de registradora del Estado Civil en Pivijay para la época de los hechos,
tenían la obligación de cumplir con el acatamiento debido a la Ley 734 de 2002, por
lo cual debían abstenerse de cualquier acto u omisión que implicara el abuso
indebido del cargo o función, así como extralimitarse en sus funciones.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: Colombia se edifica dentro de un Estado Social de
Derecho, previsto en el artículo 1.° de la Constitución Política, basado en el respeto
de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general.

El artículo 4° del decreto 1010 de 2000 establece que es misión de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, promover y garantizar en cada evento legal en que deba
registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se
disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique
mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se
garantice su confiabilidad y seguridad plenas.

En tal virtud se tiene que en el presente asunto los señores SAID JOSE SARQUIS
LISSA, EDUARDO ALBERTO NOGUERA DANGOND, en sus calidades de
Registradores del Estado Civil, en Pivijay y Ciénaga (Magdalena), respectivamente,
y JENNY CECILIA RODRÍGUEZ PABÓN, como auxiliar de servicios generales con
asignación de funciones de Registradora del Estado Civil en Pivijay para la época
de los hechos, al parecer con sus conductas contravinieron lo dispuesto en las
disposiciones citadas en el curso de esta providencia, en razón a que nuestra
Constitución Política impone a los servidores públicos ceñirse a los principios que
rigen la función pública y las leyes, de ahí que sus comportamientos debían estar
precedidos dentro de ellos, por lo que merece un juicio de reproche disciplinario el
proceder de manera contraria, dando lugar a una presunta alteración de los activos
de información de la entidad, al pos grabar el Registro Civil de Nacimiento con serial
número 25659175, el día 3 de noviembre de 2016 con el usuario PIVIJAYP, los dos
primeros; y posteriormente, asignar el Número Único de Identificación Personal a
persona de origen extranjero correspondiente a ALEX SHAMES con el N°
1.221.979.581, el día 4 de noviembre de 2016, con el usuario ENOGUERA,
incurriendo todos, en una falta gravísima establecida en el numeral 1º el artículo 48
de la Ley 734 de 2002 y que nos remite posiblemente a las conductas tipificadas en
el Código Penal, tales como Daño Informático (artículo 269D) en concordancia con
el numeral 2 del artículo 269H, y, el segundo, además de las conductas anteriores,
en Falsedad Ideológica en Documento Público (Art. 286 del C.P.) Ver Fol. 8 al 11
del C.O.

Vale recordar que nuestra Constitución Política impone a los servidores públicos
ceñirse a los principios que rigen la función pública y en tal condición solo es
permitido lo que no está prohibido.».

75. Con fundamento en tales consideraciones, la Oficina de Control Disciplinario
profirió fallo el 22 de noviembre de 202124, mediante el cual sancionó al demandante
con destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de
doce (12) años, decisión que fue confirmada el 8 de julio de 202225 por Delegación
Departamental del Magdalena.

24 Folios 1141 a 1230 ibidem.
25 Folios 1343 a 1416 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

76. Precisado lo anterior, observa la Sala que el señor Said José Sarquis Lissa fue
sancionado, en esencia, por haber incurrido en la falta gravísima prevista en el
numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en [r]ealizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable
a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de
la función o cargo, o abusando del mismo», tipo disciplinario en blanco que fue
complementado con el delito de daño informático —artículos 269D y la circunstancia
de agravación contemplada en el numeral 2.° del artículo 269 H del Código Penal.—

77. Ahora bien, evidencia la Sala que la autoridad disciplinaria hizo consistir el
reproche en que el demandante, en su condición de registrador municipal de Pivijay,
habría permitido la posgrabación del registro civil de nacimiento de Alex Shames
mediante el usuario PIVIJAYP y, adicionalmente, habría desconocido las políticas
de seguridad de la información contenidas en la Resolución nro. 4173 del 20 de
mayo de 2016, particularmente aquellas relacionadas con el deber de protección y
custodia de los activos de información de la entidad.

78. Bajo ese contexto, en criterio de la Sala, la conducta atribuida al demandante
no se adecuó a la falta gravísima prevista en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, integrada con el delito de daño informático, como pasa a explicarse:

79. En efecto, la estructuración de dicho ilícito exige que el disciplinado realice
objetivamente todos los elementos constitutivos de la descripción típica utilizada
como norma de complemento. Sin embargo, el artículo 269D del Código Penal no
sanciona cualquier actuación irregular efectuada mediante un sistema informático,
sino que requiere que el agente, sin estar facultado para ello, destruya, dañe,
borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, un sistema de tratamiento de
información o alguno de sus componentes.

80. En el presente asunto, no se acreditó, en primer término, el ingrediente
normativo consistente en que la actuación hubiese sido ejecutada sin las potestades
para tal efecto. Véase que, en razón de las funciones propias del empleo en
comento, un registrador se encuentra autorizado para acceder al sistema y efectuar
las actuaciones relacionadas con el registro civil de las personas, de manera que
incumbía a la autoridad disciplinaria establecer concretamente por qué la operación
cuestionada se encontraba por fuera de las facultades conferidas al servidor,
aspecto que no podía deducirse simplemente de la eventual irregularidad de la
inscripción.

81. Tampoco se demostró que el demandante hubiera ejecutado materialmente la
operación cuestionada. Si bien la posgrabación se efectuó mediante el usuario
PIVIJAYP, no se acreditó que este fue asignado exclusivamente al señor Sarquis
Lissa. Por el contrario, de acuerdo con lo sostenido por el disciplinado, se trataba
de un usuario genérico utilizado en la Registraduría Municipal de Pivijay desde años
anteriores y por distintos servidores de esa dependencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

82. En todo caso, aun si se aceptara que las políticas de seguridad de la entidad
imponían el uso personal e intransferible de determinadas credenciales, esa
circunstancia, por sí sola, no permitía concluir que el titular hubiera realizado la
operación informática cuestionada. Ello cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta
que la señora Jenny Cecilia Rodríguez Pabón, quien ejercía las funciones de
registradora municipal para la época de los hechos, manifestó que el señor Alfredo
Manuel Mercado Mendoza era la persona encargada de realizar las grabaciones e
ingresar la información al sistema de identificación.

83. Además, de especial relevancia es que, para el 3 de noviembre de 2016, el
accionante se encontraba disfrutando de vacaciones, y no obra prueba que permita
establecer que ingresó al sistema, realizó la grabación, autorizó a un tercero para
efectuarla o entregó voluntariamente sus credenciales de acceso.

84. De hecho, en el auto mediante el cual se levantó la medida de suspensión
provisional, la propia autoridad disciplinaria reconoció expresamente la existencia
de una «imposibilidad física» de que el señor Sarquis Lissa hubiera cometido
presencialmente la conducta, dado que para la fecha de los hechos se encontraba
disfrutando de vacaciones y las funciones de registradora municipal habían sido
asignadas a la señora Jenny Cecilia Rodríguez Pabón.

85. En esas condiciones, le correspondía a la Registraduría acreditar que, pese a
su ausencia, intervino de alguna manera en su realización, bien porque ingresó
remotamente al sistema, suministró sus credenciales, impartió instrucciones,
coordinó la actuación o determinó a otro servidor para que efectuara la
posgrabación. Sin embargo, no obra elemento probatorio que permita arribar, con
el grado de certeza requerido para sancionar, a alguna de esas conclusiones.

86. Tampoco podía suplirse ese déficit probatorio mediante la afirmación de que el
investigado incumplió las políticas de seguridad de la información por haber
permitido que otras personas conocieran o utilizaran el usuario PIVIJAYP. Si bien
tal circunstancia eventualmente podría ser examinada desde la perspectiva de los
deberes funcionales impuestos a los servidores de la entidad, no demuestra, por sí
misma, la realización objetiva de la descripción típica del artículo 269D del Código
Penal, que fue la norma utilizada para estructurar la falta gravísima del numeral 1. °
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

87. Aunado a lo anterior, tampoco se acreditó la realización de alguno de los verbos
rectores del tipo penal. Como se explicó, conforme con la jurisprudencia de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el verbo «alterar» supone la
modificación de datos informáticos existentes, es decir, la transformación de
información que previamente se encontraba incorporada al sistema.

88. Si bien es cierto que antes de la operación cuestionada existía en la base de
datos de la Registraduría información o registro alguno correspondiente al señor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

Alex Shames26, no existen los elementos probatorios para concluir que con la
grabación efectuada se alteraron los datos informáticos. Lo que se produjo mediante
la operación investigada fue la incorporación o creación de un registro que
posteriormente permitió la asignación de identificación al mencionado ciudadano
extranjero27, sin el lleno de los requisitos para ello28.

89. Por lo anterior, a juicio de la Sala no se estructuró adecuadamente el juicio de
tipicidad de la conducta disciplinaria, pues la autoridad sancionadora no demostró
que el comportamiento atribuido al demandante realizara objetivamente la
descripción típica utilizada para integrar la falta gravísima prevista en el numeral 1.°
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

90. En ese contexto, es inane examinar el resto de componentes que integran la
responsabilidad disciplinaria, pues al descartarse la tipicidad de la conducta, se
caen por su propio peso los elementos relacionados con la ilicitud sustancial y la
culpabilidad.

91. Lo anterior, conlleva a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados mediante los cuales se
impuso y confirmó la sanción disciplinaria al señor Said José Sarquis Lissa.

92. En cuanto al restablecimiento del derecho, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:

93. Respecto del reintegro al cargo, en el expediente se encuentra acreditado que
el demandante se desempeñaba como registrador municipal de Pivijay. De ahí que,
se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que proceda con la
reincorporación al mencionado empleo o a uno de igual o superior categoría, sin
solución de continuidad, siempre y cuando: i) el cargo no se encuentre ocupado por
otro servidor con derechos de carrera y, ii) no esté incurso en alguna causal de
inelegibilidad y/o retiro del servicio, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos para ocuparlo.

94. Adicionalmente, la Sala dispondrá que el reconocimiento y pago de los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir
desde el momento en que se hizo efectiva la destitución y hasta que se materialice
el reintegro o se configure una circunstancia jurídica que lo haga imposible.

95. Sobre este punto, cabe destacar que si bien esta Sección ha acogido la línea
jurisprudencial según la cual de dichos valores se debe descontar lo que el
demandante hubiese percibido por concepto de salarios, honorarios y, en general,
lo devengado en el sector público como dependiente o de manera independiente,

26 Folio 1040 ibidem.
27 Véase que en el oficio del 2 de febrero de 2018 se identificó esta anomalía por el cruce de información.
28 Véase que no tuvo la información dactilar ni foto del ciudadano.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

en esta oportunidad la orden de pagar los emolumentos que se dejaron de percibir
no contemplará estas deducciones, en la medida en que en el expediente no se
encuentra acreditado que el señor Said José Sarquis Lissa hubiese recibido alguna
asignación de este tipo.

96. La suma que resulte a favor del demandante por concepto de la condena
impuesta deberá ser actualizada en su valor, de acuerdo con el índice de precios al
consumidor certificado por el DANE, con base en la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
Índice inicial

97. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho. Es claro que, por tratarse
de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes,.

98. En relación con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, no habrá lugar a ordenar su pago retroactivo, en consideración a que tales
aportes tienen destinación específica para financiar la cobertura de contingencias
en salud durante un periodo determinado, riesgo que para los lapsos anteriores ya
se encuentra superado.

99. En lo relacionado con los aportes pensiones, se ordenará a la entidad
demandada que consigne los aportes pensionales en la administradora pública y/o
privada en la que se encuentre afiliado el señor Said José Sarquis Lissa, para lo
cual, este deberá acreditar los pagos que realizó durante el lapso de la medida de
restablecimiento del derecho. Si tales cotizaciones fueron realizadas con base en
un salario inferior al que le hubiese correspondido por ocupar el cargo frente al que
se ordena el reintegro, la entidad accionada deberá completarlos en la proporción
que corresponda como empleador, no sin antes descontar al actor el valor de los
aportes que le correspondan realizar como trabajador.

100. Perjuicios inmateriales

101. Daño moral. En lo que se refiere a esta tipología, «se encuentra[n]
compuesto[s] por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima
directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.»29.

102. La parte actora solicitó el reconocimiento y pago de cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, relacionados con «por haberse afectado la

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente nro.

66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

reputación, el honor y la dignidad del señor Said Sarquis Lissa al ser despedido
injustamente de su trabajo en el cual permaneció por más de 20 años, dedicado
totalmente a sus labores, sin tener un mal comportamiento, queja de sus superiores
o similar».

103. Sin embargo, la Subsección no accederá a esta pretensión, ya que, el
demandante no logró acreditar, con suficiencia, su causación. Aunque se acudió a
historias clínicas de su cónyuge30 y epicrisis por psicología31, relacionados con
episodios de ansiedad, de tales elementos no se puede establecer un nexo entre la
afectación alegada y la actuación disciplinaria cuya legalidad se examina.

104. En particular, de la documentación médica aportada se desprende que el
demandante presentaba episodios de ansiedad desde el año 2014, esto es, con
anterioridad al inicio de la investigación disciplinaria, y que la remisión a psicología
aparece asociada, además, a antecedentes relacionados con obesidad e
hipertensión arterial32.

105. Aunque la Sala no desconoce que una investigación disciplinaria que culmina
con la imposición de una sanción de destitución e inhabilidad puede generar
preocupación, angustia o afectaciones emocionales en quien la soporta, esa
circunstancia no releva a la parte interesada de demostrar el perjuicio cuya
indemnización reclama, especialmente cuando existen antecedentes clínicos
anteriores que impiden establecer que la afectación alegada tuvo como causa la
actuación administrativa posteriormente anulada.

106. La misma suerte corren los perjuicios denominados «daño a la vida de
relación, daño a la salud y graves alteraciones a las condiciones de
existencia», en tanto que no se demostró su causación dentro del expediente.

107. Vale la pena aclarar que, más allá de las denominaciones que efectuó el actor
como perjuicios inmateriales, en las sentencias de unificación del 28 de agosto de
201433, la Sección Tercera de esta Corporación definió como tipologías de esta
clase, las siguientes: i) daño moral, ii) daño a la salud y iii) daño a bienes o derechos
constitucionales y convencionales.

30
Donde se demuestra que tiene cáncer de mama.
31 Folios 229 a 252 del PDF 14_14_ INCORPORACIÓN, contentivo del expediente digital que puede ser
descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI de primera instancia.
32 Folio 229 ibidem.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, C.P: Ramiro de

Jesús Pazos Guerrero, sentencia del 28 de agosto de 2014, identificada con el siguiente radicado: 05001-23-
25-000-1999-01063-01 (32988); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección
Tercera, C.P: Stella Conto Díaz Del Castillo, sentencia del 28 de agosto de 2014, identificada con el siguiente
radicado: 23001-23-31-000-2001-00278-01 (28804); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sala Plena, Sección Tercera, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de agosto de 2014,
identificada con el siguiente radicado: 73001-23-31-000-2001-00418-01 (27709) y Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, C.P: Enrique Gil Botero, sentencia del 28 de agosto
de 2014, identificada con el siguiente radicado: 05001-23-31-000-1997-01172-01 (31170)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

108. Cabe resaltar que, respecto del antiguamente denominado «daño a la vida
de relación», en las mencionadas providencias unificadas, se indicó lo siguiente:

«De modo que, el “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente
de una afectación a la integridad psiocofísica– ha permitido solucionar o aliviar la
discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual,
etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será
procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y
fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto,
sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración
de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de
supuestos.

“Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre
la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen
el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la
integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de
esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los
parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la
afectación de este derecho constitucional.

“Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la
salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y
alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad
psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías
o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido
reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones
de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un
daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o
menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto
a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad7.

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás
categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las
condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de
relación– precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una
afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay
lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud...» (Énfasis de la sala).

109. De lo anterior, es claro que los conceptos de daño a la vida en relación y
graves alteraciones a las condiciones de existencia no son unas categorías
expresamente autónomas de perjuicios, sino que están integradas dentro del daño
a la salud.

110. Recuérdese que, siempre se ha enfatizado en la carga probatoria de la parte
que reclama perjuicios morales, con fundamento en la aplicación del artículo 167
del Código General del Proceso, según el cual «[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», puesto que la causación de esta modalidad de perjuicios, requiere ser
acreditado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

111. Perjuicios materiales

112. Daño emergente. En relación con este elemento, la Sección Tercera de esta
corporación34 ha precisado que:

«[e]l daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente
necesidad ⎯para el afectado⎯ de efectuar un desembolso si lo que quiere es
recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el
daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento
en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago ⎯que la parte
actora solicita⎯ de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus
funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de
lucro cesante».

113. La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de una suma
pecuniaria (70.000.000 COP), por concepto de los honorarios que pagó al abogado
que representó sus intereses en el curso del proceso disciplinario y la cancelación
del tratamiento sicológico.

114. Sobre ese aspecto, la Sección Tercera de esta corporación unificó los
criterios en torno al reconocimiento y a la liquidación de los perjuicios materiales
causados por los honorarios profesionales prestados por abogados, de la siguiente
manera35:

«Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien fue
privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba de ese
perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan cuenta de la
cancelación de los honorarios profesionales y, en su defecto, las certificaciones
emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de sus honorarios.

Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone
que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir, profesiones en
las cuales “… predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por
el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título
académico”, están obligadas a “… expedir factura o documento equivalente, y
conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen,
independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una profesión
liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la respectiva factura o su
documento equivalente (el cual debe satisfacer los requisitos previstos en el
artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si los abogados están obligados a
expedir una factura por el valor de sus honorarios profesionales, es dable concluir
que ésta es la prueba idónea del pago.

34 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente nro. 13168.
35 Sentencia del 18 de julio de 2019, expediente nro. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la indemnización
del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales cancelados
al abogado que asumió la defensa del afectado directo con la medida dentro del
proceso penal, quien haya realizado el pago deberá aportar: i) la prueba de la real
prestación de los servicios del abogado y ii) la respectiva factura o documento
equivalente expedido por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios
correspondientes a su gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se
aporta la factura o solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas
cosas, no habrá lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este
perjuicio» [Negrilla fuera de texto].

115. En ese orden de ideas, como no se aportó elemento alguno sobre este
aspecto —contrato de servicios profesionales, paz y salvo del abogado, ni facturas
o constancias de pago—, es imposible demostrar que, en efecto, tales perjuicios se
causaron.

116. Tampoco se acreditó que el actor hubiese pagado el tratamiento psicológico
que reclama.

117. Así las cosas, no prospera este reparo.

118. Condena en costas en ambas instancias. La modificación del artículo 188
del CPACA., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

119. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.36

120. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

121. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la entidad
demandada, por cuanto, resultó vencida dentro del proceso, ya que los actos
administrativos fueron contrarios al ordenamiento jurídico. Para el efecto, de

36 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

122. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de noviembre de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda. En
su lugar, se dispone:

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial del fallo disciplinario del 22 de noviembre
de 2021 y su confirmación del 8 de julio de 2022, en lo que se refiere a la sanción
impuesta al señor Said José Sarquis Lissa.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Registraduría
Nacional del Estado Civil (RNEC) a reintegrar al señor Said José Sarquis Lissa, sin
solución de continuidad, al empleo de registrador municipal de Pivijay (Magdalena)
o a otro cargo de igual o superior categoría, siempre y cuando: i) el cargo no se
encuentre ocupado por otro servidor con derechos de carrera y, ii) no esté incurso
en alguna causal de inelegibilidad y/o retiro del servicio, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos para ocuparlo.

CUARTO. CONDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil a pagar al
señor Said José Sarquis Lissa, los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se hizo efectiva la
destitución y hasta que se materialice el reintegro o se configure una circunstancia
jurídica que lo haga imposible.

QUINTO. La Registraduría Nacional del Estado Civil actualizará las sumas
adeudadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el
DANE, con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. La Registraduría Nacional del Estado Civil consignará los aportes en
pensiones en el fondo de previsión en el que se encuentre afiliado el señor Said
José Sarquis Lissa, teniendo en cuenta las indicaciones anteriormente
mencionadas.

SÉPTIMO. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que retire del
registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada con ocasión de la
decisión disciplinaria cuya nulidad se declara en esta sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2023-00018-01 (0652-2026)
Demandante: Said José Sarquis Lissa

OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

DÉCIMO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.