Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2023-00025-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2023-00025-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2023-00025-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de abril de 2023
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Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 47 001 2333 000 2023 00025 01
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Demandado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta
Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial dictada en medio de control de
cumplimiento. Ausencia del defecto procedimental, en la modalidad de exceso ritual
manifiesto.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
Despacho 01, por medio de la cual negó el amparo solicitado por la parte actora.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Miguel Ignacio Martínez Olano promueve acción de tutela en contra del
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta por la expedición del
auto del 2 de febrero de 2023 en el medio de control de cumplimiento con radicado
47 001 33 33 009 2023 00015 00, con el cual considera que aquel vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
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Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
1.1.1. Las pretensiones
El accionante formula las siguientes súplicas:
Por lo anterior, solicitamos (sic) respetuosamente CONCEDER la protección a los
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso en
conexidad con la igualdad, y en consecuencia, DECLARAR LA NULIDAD de la
decisión de fecha dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023), que rechaza de
plano la acción de cumplimiento y darle el trámite correspondiente o en su defecto
vincular al Comisionado (sic) de paz.
1.1.2. Los hechos
La parte actora narró como supuestos fácticos los siguientes:
I) Instauró medio de control de cumplimiento contra la Fiscalía General de la Nación,
para que acatara la Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2023, a través de la
cual el presidente de la República suspendió la orden de captura al señor Fredy
Castillo Carillo, la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 2659 de 2022. El anterior proceso
correspondió, por reparto, al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de
Bogotá, el cual lo remitió por competencia a la ciudad de Santa Marta.
II) El 2 de febrero de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa
Marta rechazó de plano la demanda, al considerar que no aportó la prueba de la
satisfacción del requisito de procedibilidad de que trata el artículo 8 de la Ley 393 de
1997 ni tampoco demostró que se configurara la excepción para su inobservancia,
esto es, el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable.
1.1.3. Los defectos invocados
En criterio del accionante, en el auto del 2 de febrero de 2023, el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Santa Marta aplicó rigurosamente el derecho procesal,
renunció conscientemente a la verdad jurídica objetiva e incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, por las siguientes razones:
I) No tuvo en cuenta que sí satisfizo el requisito de la renuencia, pues con la
demanda aportó la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la Nación a la
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solicitud elevada por el alto comisionado de Paz sobre el cumplimiento de las
normas, sin que el hecho de que no haya formulado directamente la petición resulte
relevante, en el entendido que lo exigido en el ordenamiento jurídico es la oposición
de la entidad para acatar la orden emanada de la ley, no quién es el demandante en
el medio de control de cumplimiento o el solicitante de la aplicación normativa. En
esa medida, agregó requisitos adicionales a los previstos en la Ley 393 de 1997, lo
que resulta desproporcionado, máxime cuando la supuesta falencia hubiera podido
subsanarse con la vinculación del alto comisionado para la Paz.
II) Inobservó la imposibilidad de cumplir con el requerimiento impuesto en el artículo
8.° de la Ley precitada, dado que la Resolución núm. 002 de 2023 expedida por el
presidente de la República tiene un término de vigencia de 15 días, aspecto que fue
informado en el numeral 16 de los hechos de la demanda.
1.2. Actuación Procesal
El 16 de febrero de 2023, la magistrada María Victoria Quiñones Triana del Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 01, admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar del proveído al juez noveno administrativo del circuito
de Santa Marta y al agente del ministerio público delegado ante esa corporación,
para que, dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.
1.3. Contestación de la acción
1.3.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante
la jueza Dayana Paola Touriño Uribe, expone que consideró que debía rechazar de
plano el medio de control de cumplimiento, comoquiera que no se superó el requisito
de procedibilidad establecido en el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997.
Al respecto, aclara que si bien se evidenció que en el expediente digital obraba la
Solicitud OFI23-00004277/GFPU13020000 del 11 de enero de 2023 dirigida al fiscal
general de la Nación, en la que se peticionó suspender las órdenes de captura contra
miembros representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada
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(ACNS), y la respectiva respuesta negativa, aquella fue elevada por el alto
comisionado para la Paz, Danilo Ruedas Rodríguez, y no por el accionante, como se
exige en la mencionada norma.
Así mismo, precisa que no obraba poder especial que facultara al señor Miguel
Ignacio Martínez Olano para actuar en nombre y representación del alto funcionario,
por lo cual estimó que dicha petición y la contestación no constituían prueba de la
renuencia que necesitaba el primero de los mencionados para demostrar haber
pedido el cumplimiento de la Ley 2272 de 2022, del Decreto 2659 de 2022 y de la
Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2022.
1.4. Sentencia impugnada
El 28 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01,
negó el amparo deprecado en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en
los siguientes argumentos:
I) La procedencia del medio de control de cumplimiento se supedita a la constitución
de la renuencia, esto es, que el demandante haya reclamado previamente el
cumplimiento del deber legal o administrativo, pero esta no fue demostrada por parte
del señor Miguel Ignacio Martínez Olano, comoquiera que, si bien al proceso allegó
la Solicitud OFI23-00004277/GFPU 13020000 del 11 de enero de 2023 dirigida al
fiscal general de la Nación y la respectiva respuesta de la entidad con radicado
20232000000071 del 13 de enero de 2023, lo cierto es que la primera fue interpuesta
por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez y la segunda le fue
contestada a este. Además, en el expediente no obra poder que faculte al accionante
para actuar en nombre y representación del funcionario precitado.
II) El señor Miguel Ignacio Martínez Olano tampoco acreditó un inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable, con el fin de que pudiera configurarse la excepción
para no demostrar el cumplimiento de la constitución de la renuencia.
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1.5. Impugnación
La parte actora impugna la decisión de primera instancia en orden a que se revoque
y, en su lugar, se concedan las pretensiones, para lo cual expone:
I) No resulta relevante establecer si la solicitud de cumplimiento de la ley la efectuó él
directamente, en su condición de accionante, pues lo importante es que se encuentra
constituida la renuencia con la respuesta de la Fiscalía General de la Nación
mediante el Oficio DVGN-2000, radicado 2023200000007.
II) El juez colegiado de primera instancia no analizó la excepción dispuesta en el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997, según la cual es posible, excepcionalmente,
prescindir del requisito de la renuencia cuando el cumplirlo genere el inminente
peligro de sufrir un perjuicio irremediable, lo cual fue debidamente sustentado en la
demanda, al indicar que el límite temporal para la existencia y efectos jurídicos de la
Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2023 tenía vigencia de 15 días hábiles,
plazo que se venció el 1.° de febrero de esta anualidad, a pesar de lo cual no fue
tenido en cuenta por la autoridad judicial accionada.
III) En ese entendido, concluye que debe examinarse: 1) la idoneidad de dicha
respuesta para encontrar superado el requisito del artículo 8 de la Ley 393 de 1997,
2) la necesidad de vincular al trámite del medio de control de cumplimiento al alto
comisionado de Paz, para subsanar la falencia, en atención a la naturaleza pública y
constitucional de esa acción y 3) la estructuración de la excepción para la
constitución de la renuencia.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y el inciso 2 del artículo
25 del Acuerdo núm. 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es
competente para conocer de la impugnación formulada en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia para controvertir el auto del 2 de febrero de
2023 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta
dentro del medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023
000 15 00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de
la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del accionante y se incurrió
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública».
En el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
se estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas.
Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
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independencia judicial y las normas de competencia que se fijan en la Constitución
Política.
No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera
en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las
cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte
concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad
necesarias para verificar la oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un
perjuicio ius fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate
de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante
que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la
vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el
proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución Política; resaltando el hecho de que para que
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-11se8 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de proveídos que resulten violatorios de derechos fundamentales
relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el
derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y
la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía
oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso
concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.
2.4. Hechos probados
Del expediente del medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009
2023 000 15 006, se puede establecer lo siguiente:
2.4.1. El 26 de enero de 2023, se efectuó el reparto del medio de control de
cumplimiento instaurado por el señor Miguel Ignacio Martínez Olano contra la
Fiscalía General de la Nación, representada legalmente por el señor Francisco
Roberto Barbosa Delgado, con el fin de que se diera plena aplicación al parágrafo 2.°
del artículo 8.° de la Ley 2272 de 2022, en el que se dispuso que una vez iniciado el
proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos de paz, las autoridades
judiciales suspenderían las órdenes de captura en contra de los miembros
representantes de las organizaciones armadas organizadas de crimen de alto
4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Expediente en copia digital obrante en el índice 2 de SAMAI.
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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
impacto con las que se adelanten conversaciones o se suscriban términos de
sometimiento a la justicia; el artículo 2.° del Decreto 2659 de igual anualidad, a través
del cual se previó la suspensión de operativos policiales en contra de las
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACNS); y la Resolución núm.
002 del 2023, mediante la que el presidente de la República reconoció al señor Fredy
Castillo Carrillo como miembro de las ACNS y ordenó suspender la orden de su
captura por el término de 15 días calendario.
2.4.2. El 30 de enero de 2023, el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de
Bogotá declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el
expediente, de forma inmediata, a los juzgados administrativos de Santa Marta
(reparto), lo cual se llevó a cabo al día siguiente.
2.4.3. El 31 de enero de 2023, se efectuó el reparto y se asignó el proceso al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta.
2.4.4. El 2 de febrero de 2023, el Juzgado precitado rechazó de plano el medio de
control, al considerar que el demandante no cumplió con el requisito de
procedibilidad consistente en la constitución de renuencia de que trata el artículo 8.°
de la Ley 393 de 1997.
2.5. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedibilidad
Esta Sala considera cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales, con base en los siguientes
razonamientos:
I) El caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad,7 pues,
7 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
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según los alegatos de la parte actora expuestos en el recurso de impugnación, la litis
fue resuelta con incursión en un defecto procedimental, evento que, de encontrarse
acreditado, conduciría a considerar lesionados los derechos previamente
mencionados.
II) Se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada es
un auto que puso fin al medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33
009 2023 000 15 00, frente al cual no procede ningún recurso, en los términos del
artículo 16 de la Ley 393 de 19978.
III) Se satisface la exigencia de la inmediatez, pues el auto objeto de censura data
del 2 de febrero de 2023 y la presente acción de tutela fue instaurada el 16 de igual
mes y año, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación
como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.9
IV) En el asunto «se cuestiona una irregularidad procesal» que podría tener un efecto
decisivo en la decisión judicial que se discute y afectar los derechos fundamentales
reclamados en protección por la parte actora.
V) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los supuestos fácticos sujetos a examen, identificó los derechos que
estima vulnerados y adecuó sus desacuerdos a la configuración del defecto
procedimental.
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los
parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
8 Artículo 16: «Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con
excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la
práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día
siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente».
9 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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VI) En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino un auto proferido
dentro del medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023
000 15 00.
En ese orden de ideas, la Sala responde de forma afirmativa al interrogante que se
planteó primigeniamente y continúa con la solución del segundo problema, para lo
cual efectuará el estudio del defecto invocado por la parte actora.
2.6. Análisis de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
2.6.1. Desarrollo normativo y jurisprudencial del defecto procedimental
La Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental ocurre cuando el
juez se aparta de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables al
caso concreto, lo cual genera una transgresión de los derechos fundamentales de los
sujetos intervinientes en determinado trámite10.
Esta causal específica de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales tiene dos modalidades: 1) defecto procedimental absoluto,
que se presenta cuando el funcionario judicial no observa el procedimiento dispuesto,
bien sea, porque siguió un trámite totalmente distinto o porque pretermitió etapas, y
2) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que acontece en el evento en
que el juez, por un apego extremo, renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva e incurre con su actuar en la inaplicación de la justicia material y del principio
de prevalencia del derecho sustancial, en detrimento de los derechos de las partes11.
En relación con este último, la Corte Constitucional precisó los eventos en que puede
ocurrir, así:
Esta Corporación (sic) ha identificado algunos escenarios en los que puede
configurarse, entre los que se cuentan:
“(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales
de manera irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
10 Ver entre otras Sentencias: T-781 de 2011, T-429 de 2016 y T-398 de 2017.
11 Ver entre otras: Sentencia SU238/2019, T950/2011.
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comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las
pruebas.”
3.3.1. La jurisprudencia constitucional también ha concluido que una autoridad judicial
puede incurrir en un error procedimental por exceso ritual manifiesto cuando profiere,
de manera injustificada, un fallo inhibitorio. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-024 de
2017 se advirtió que el juez incurre en este defecto cuando al proferir una providencia
judicial, actúa con excesivo apego a las ritualidades, perdiendo de vista que la finalidad
del procedimiento es lograr la efectividad de los derechos, por lo tanto, en sus
actuaciones el fallador debe procurar:“(i) impartir justicia, (ii) buscar que las sentencias
se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, y (iii)
evitar pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la
Administración de Justicia (sic) y de los derechos materiales.”
En todo caso, esta Sala precisa que no todo fallo inhibitorio configura un defecto de
este tipo, como se dijo, dicha decisión debe ser injustificada. Por ejemplo, esta
Corporación (sic) ha tutelado “los derechos fundamentales de los usuarios del sistema
de justicia ante las decisiones de los jueces, que sin haber agotado todas las opciones
que ofrece el ordenamiento jurídico para resolver el caso, profieren un fallo que deja en
suspenso la resolución del asunto puesto a su consideración.” 12
En ese orden de ideas, al juez constitucional corresponde definir el asunto puesto en
su conocimiento y determinar si se configura alguna de las modalidades previstas
jurisprudencialmente para la estructuración del defecto procedimental, y, por contera,
si es procedente otorgar o no el amparo deprecado en sede de tutela.
2.7. Análisis del caso concreto
En el recurso de impugnación formulado en contra de la sentencia de primera
instancia de la acción de tutela de la referencia, el señor Miguel Ignacio Martínez
Olano insiste en que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta,
al expedir el auto del 2 de febrero de 2023 dentro del medio de control de
cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023 000 15 00, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
Para soportar el anterior aserto, la parte actora afirma, en síntesis, que aquel
desconoció que sí cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución de
12 Sentencia T-031 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. En esta Sentencia, se presentan
casos en los que esta Corporación ha concluido que la sentencia cuestionada, en la que el juez
decidió inhibirse, sí incurrió en un error procedimental por exceso ritual manifiesto. Por ejemplo, hace
referencia a las siguientes sentencias: T-1017 de 1999.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-134 de
2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1045 de 2012.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-577 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
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renuencia, pues con independencia de que la solicitud para el cumplimiento de la ley
elevada ante la Fiscalía General haya sido presentada por el alto comisionado para
la Paz, lo relevante es que esa entidad se haya abstenido de acatar las normas,
como en efecto se demostró con la respuesta otorgada mediante el Oficio DVGN-
2000, radicado 2023200000007.
Adicionalmente, el accionante señala que en su caso se cumplió la salvedad
dispuesta en el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, según la cual es posible,
excepcionalmente, prescindir del requisito de la renuencia cuando el cumplirlo
genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, lo cual fue
debidamente sustentado en la demanda, al indicar que el límite temporal para la
existencia y efectos jurídicos de la Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2023
tenía vigencia de 15 días hábiles, plazo que se venció el 1.° de febrero de esta
anualidad, a pesar de lo cual no fue tenido en cuenta por la autoridad judicial
accionada.
Pues bien, con la finalidad de resolver los anteriores disensos, resulta necesario
analizar los argumentos esgrimidos por la autoridad judicial accionada, para rechazar
de plano el medio de control de cumplimiento.
Sobre el particular, la Sala advierte que aquella, en primer lugar, señaló las normas,
cuyo acatamiento solicitó el señor Miguel Ignacio Martínez Olano; en segundo lugar,
delimitó el marco legal relacionado con el requisito de procedibilidad de la
constitución de la renuencia, para lo cual analizó los artículos 8, 10 y 12 de la Ley
393 de 1997; y, en tercer lugar, estudió el caso concreto, frente al cual advirtió que
con la demanda no se aportó la prueba de la mencionada renuencia.
En relación con este último aspecto, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Santa Marta aclaró que si bien se allegó la Solicitud OFI23-
00004277/GFPU13020000 del 11 de enero de 2023 dirigida al fiscal general de la
Nación, a través de la cual se peticionó la suspensión de las órdenes de captura que
se hayan dictado o se dicten contra miembros representantes de las ACNS
designados para los acercamientos exploratorios con el Gobierno Nacional, entre
ellos, el señor Fredy Castillo Carillo, junto con la respectiva respuesta del 13 de
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enero de ese año, a través del Oficio DVGN-2000, radicado 20232000000071, lo
cierto es que esa petición no fue formulada por el accionante, sino por el alto
comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, a pesar de lo previsto en el
artículo 8.° de la Ley 393 de 1997.
Así mismo, aquel resaltó que el mencionado funcionario no otorgó poder al señor
Miguel Ignacio Martínez Olano para actuar en su nombre y representación, por lo
cual la solicitud y la respuesta referenciadas que fueron presentadas como prueba de
la renuencia de la Fiscalía General de la Nación, no resultaban procedentes. En esa
medida, y dado que tampoco evidenció el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable, rechazó de plano el medio de control.
Precisados los razonamientos realizados por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Santa Marta, debe examinarse si le asiste razón a la parte actora con los
cuestionamientos que plantea en esta sede constitucional. Así, se advierte que el
señor Miguel Ignacio Martínez Olano, en primer lugar, aduce que el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Santa Marta debía entender cumplido el requisito de la
renuencia con las pruebas aportadas con la demanda, pues aun cuando él
directamente no formuló la petición de acatamiento de las normas, cuyo
cumplimiento pretende, sí demostró la reluctancia del ente investigador.
Sobre el disenso previo, esta Sala debe indicar que, como lo señaló la autoridad
judicial accionada, en el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolló
el artículo 87 de la Constitución Política, se estableció diáfanamente como requisito
de procedibilidad del medio de control de cumplimiento que el accionante
previamente haya exigido la observancia del deber legal y que la autoridad se haya
negado a ejecutarlo expresamente o guardado silencio en el término de los 10 días
siguientes, así:
«[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del
deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud […]».
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Igualmente, resulta pertinente mencionar que, al analizar la constitucionalidad de la
norma en mención, la Corte Constitucional, en la Sentencia C1194/01, la declaró
exequible, en lo que aquí interesa, y precisó que este requisito de procedibilidad
tiene tres propósitos: 1) Verificar el incumplimiento de la autoridad y delimitar el
ámbito del deber omitido, 2) Asegurar el efectivo acceso a la administración de
justicia sobre una inobservancia de una petición concreta y 3) Otorgar a la
administración la oportunidad de atender la obligación legal.
En ese orden de ideas, es evidente que en la norma se determinó la obligación de
solicitar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos en cabeza del
accionante para efectos de la constitución de la renuencia, como ciertamente lo
coligió el aquí accionado.
Así mismo, es claro que la finalidad de esa exigencia no es solamente comprobar la
oposición de la autoridad para el acatamiento de un deber legal, como lo plantea el
señor Miguel Ignacio Martínez Olano, sino también, de un lado, la existencia de una
solicitud concreta que le permita a la autoridad judicial valorar en qué consiste la
presunta omisión y, de otro, la posibilidad de que la administración, sin necesidad de
la intervención de un juez de la República, atienda ese mandato, opción de la cual,
valga decir, no dispuso la Fiscalía General de la Nación frente a una petición
específica del aquí accionante, por lo que, de admitirse, podría conllevar la
afectación del derecho fundamental al debido proceso de ese ente.
Por consiguiente, esta Sala no avizora una aplicación irracional de las normas
procesales por parte del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta,
una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva ni una inaplicación de la justicia
material, sino que, por el contrario, observa un estudio detallado del ordenamiento
jurídico y del requisito de procedibilidad establecido por el legislador, en virtud de su
libertad de configuración.
Ahora bien, la parte actora, de otro lado, estima que se configuró la excepción para la
constitución de la renuencia, puesto que acreditó el peligro inminente de un perjuicio
irremediable, en los términos definidos en el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, el
cual textualmente regula:
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«[…] Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el
cual deberá ser sustentado en la demanda […]».
Al respecto, la Sala advierte que el accionante no sustentó en la demanda de
cumplimiento la existencia de un perjuicio irremediable, obligación necesaria para
prescindir del requisito de subsidiariedad, de conformidad con la norma transcrita. En
lo atinente al anterior aserto, debe esclarecerse que, si bien es cierto el señor Miguel
Ignacio Martínez Olano, en el hecho 16 de aquella, señaló que «La resolución No.
(sic) 002 de fecha 11 de enero de 2023 por medio de la cual reconoce al señor Fredy
Castillo Carrillo como miembro-representante de las autodefensas conquistadores de
la sierra (sic) ACNS, tiene vigencia de quince (15) días hábiles, plazo que se cumple
el primero de febrero de 2023, estando dentro esta solicitud dentro (sic) del término
para exigir el cumplimiento de los mismos», no lo es menos que, como se denota de
la cita, en ningún momento alegó la inminente configuración de un perjuicio
irremediable como excepción para no cumplir el requisito de procedibilidad.
De hecho, el propio accionante afirmó que cumplió con dicho requisito con la solicitud
y la respuesta que fue otorgada al alto comisionado para la Paz, así: «Hemos dado
cumplimiento al art. 8 de la ley (sic) 393 de 1997, con la renuencia de la fiscalía (sic)
General de la Nación de suspender los efectos de la orden de captura No. (sic) 335
de 24 de mayo de 2021, prorrogada por el Juzgado 1 Penal Ambulante de Riohacha
el día 22 de mayo de 2022 y la reclamación previa que hace el comisionado de paz».
En consecuencia, se observa que el señor Miguel Ignacio Martínez Olano no cumplió
con el deber de sustentar la inminencia de un perjuicio irremediable, por lo cual la
postura del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta de descartar
su estructuración no fue injustificada ni caprichosa.
Por último, en lo atinente al argumento de la accionante sobre la posibilidad de
vincular al alto comisionado de Paz para subsanar la falencia frente al incumplimiento
del requisito de procedibilidad, se aprecia que el señor Miguel Ignacio Martínez
Olano tampoco soportó su afirmación en un deber consagrado en el ordenamiento
jurídico, sino que únicamente se limitó a mencionar su disenso.
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En todo caso, debe precisarse que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional13,
por regla general, en el trámite del medio de control de cumplimiento únicamente
resulta obligatoria la vinculación de la autoridad o particular que debe acatar el deber
legal omitido, conforme a los artículos 5.°, 6.° y 8.° de la Ley 393 de 1997. En ese
entendido, no resultaba necesaria la integración al contradictorio del alto
comisionado de Paz, pues aquel no era el sujeto activo ni pasivo de la demanda.
Siendo de esta forma, la Sala no evidencia la configuración del defecto
procedimental, en la modalidad de exceso ritual manifiesto, invocado por el
solicitante del amparo ius fundamental, sino que, por el contrario, observa que la
autoridad accionada adoptó la decisión en atención al desarrollo normativo aplicable
a la materia y, en consecuencia, no advierte vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad reclamados en protección. Colofón de lo expuesto es que no hay lugar a
acceder a las súplicas de esta acción de raigambre constitucional.
3 Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctico y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que en la providencia del 2 de febrero 2023, proferida por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta, dentro del medio de control con
radicado 47 001 33 33 009 2023 000 15 00, no se incurrió en el defecto invocado por
la parte actora. En tal sentido, la Sala procederá a negar el amparo requerido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
13 Ver sentencia T1064/07.
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F A L L A:
Primero: Confirmar la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 01, que negó el amparo solicitado a través
de la acción de tutela de la referencia, dadas las consideraciones que anteceden.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PCL
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