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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2023-00260-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2023-00260-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 14 de diciembre de 2023 que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2023-00260-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de febrero de 2024

Demandante: La Inmaculada IPS SAS
Demandado: Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social - ADRES
Radicación: 47001-23-33-000-2023-00260-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 47001-23-33-000-2023-00260-01
Accionante: LA INMACULADA IPS SAS
Accionado: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - ADRES

Tema: Confirma sentencia de primera instancia.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la Administradora de los
Recursos de Sistema General de Seguridad Social (en adelante ADRES) contra
la sentencia del 14 de diciembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo
del Magdalena. En dicha decisión se ordenó a la demandada que en el término
de 15 días realizara la auditoría integral a las reclamaciones presentadas por la
parte actora, en cumplimiento de la normativa invocada en la demanda de
cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. La clínica La Inmaculada IPS SAS, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de cumplimiento contra la ADRES. La solicitud tiene
como fin que se le ordene a la accionada el acatamiento de los artículos
2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, 17 de la Resolución 1645 de 2016 y 16 de
la Resolución 12758 de 2023.

2. Como resultado del obedecimiento de las normas invocadas, pidió, a título
de pretensiones, lo siguiente:

Se sirva ordenar a la accionada ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES, que de
forma INMEDIATA entregue el resultado de auditoría de las reclamaciones
radicadas en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de
2023 por la clínica LA INMACULADA IPS SAS, dando estricta aplicación a la
normatividad vigente en materia de prestación de los servicios de salud, en
especial, a lo ordenado en el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y el
artículo 17 de la Resolución 1645 del 2016 del Ministerio de Salud y de Protección

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Demandante: La Inmaculada IPS SAS
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Social y artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023 de ADRES, sin ninguna
dilación y/o interpretación apartada de este marco jurídico, que motiva esta
respetuosa ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. (Sic a toda la cita).

2. Hechos

3. La IPS actora manifestó que se encuentra ubicada en el municipio de
Ciénaga (Magdalena) y que presta el servicio de salud a víctimas de accidentes
de tránsito ocasionados por vehículos sin póliza SOAT o fantasma, con cargo a
los recursos administrados por la ADRES, de conformidad con el artículo 167 de
la Ley 100 de 1993 y el artículo 2.6.1.4.1.3 del Decreto 780 de 2011.

4. Precisó que, de conformidad con el artículo 2.6.1.4.2.2 radicó
reclamaciones a la ADRES en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2023, con ocasión de los servicios médicos que les prestó
a las víctimas de accidentes de tránsito antes mencionadas, sin que a la fecha
de radicación de la demanda se le haya notificado el resultado de las auditorías.
Así las cosas, indicó que se incumplió el término de dos meses con los que
cuenta la ADRES para realizar las auditorías integrales de dichas reclamaciones,
de conformidad con el artículo 2.6.1.4.3.12 de la Ley 780 de 2011.

5. Mencionó que el mismo término se encuentra estipulado en el artículo 17
de la Resolución 1645 de 2016 para el trámite de reclamaciones como las que
radicó en los tiempos referidos.

6. Indicó que, tras consultar el estado de sus reclamaciones, «se encuentran
en la etapa No 2 del procedimiento». Es decir que, de conformidad con el artículo
9 de la Resolución 1645 de 2016, no se ha realizado la auditoría integral ni ha
sido posible conocer el resultado.

7. Por lo anterior, el 23 de octubre de 2023, radicó una petición ante la
ADRES en la que buscó constituirla en renuencia de las normas invocadas con
el ejercicio de esta acción. Alegó que transcurrieron más de diez días desde la
presentación y ante la falta de respuesta, la entidad se ratificó en el
incumplimiento.

3. Actuaciones procesales

8. Mediante auto del 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Magdalena admitió la acción de cumplimiento. En consecuencia, notificó al
director de la ADRES y la requirió para que presentara un informe sobre los
hechos descritos en la demanda en el término de tres días siguientes a la
notificación de la providencia.

4. Informe de la ADRES

9. Indicó que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y

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patrimonio independiente. Asimismo sostuvo que, a partir de la creación y
entrada en funcionamiento de la entidad, se suprimió el Fondo de Solidaridad y
Garantía – FOSYGA y con este la Dirección de Administración de Fondos de la
Protección Social – DAFPS.

10. Explicó que la Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de
Tránsito -ECAT tiene por objeto «establecer las condiciones de cobertura,
ejecución de recursos, funcionamiento y aspectos complementarios para el
reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos
derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural,
eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y
Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga».

11. Resaltó que el artículo 2.6.1.4.1. del Decreto 780 de 2011 señala las
condiciones de cobertura, ejecución de recursos y aspectos complementarios
para el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y
gastos derivados de un accidente de tránsito.

12. Aludió que el artículo 7 de la Resolución 1645 de 2016 dispuso el término
en el que las personas naturales y jurídicas pueden presentar sus reclamaciones.
Asimismo que, el artículo 9 de la mencionada disposición estableció que toda
reclamación debe pasar las etapas de preradicación, radicación, auditoría
integral, la comunicación del resultado de la auditoría y finalmente el pago cuando
haya lugar. Relató en qué consiste cada una de las citadas etapas.

13. Pese a lo expuesto, relató que no existe prueba que acredite la
presentación de la petición con la cual se le buscó constituir en renuencia ni de
las reclamaciones señaladas por la parte actora. Por ende, no es posible
establecer el término de dos meses para comunicar el resultado de las auditorías.

14. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones y se declare que
no ha desatendido las normas invocadas.

5. Fallo de primera instancia

15. En sentencia del 14 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Magdalena accedió a las pretensiones en el siguiente sentido:

PRIMERO: Declarar que la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD “ADRES” ha
incumplido el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016, y el artículo 17 de la
Resolución 1645 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, ordénese a la ADMINISTRADORA DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
“ADRES” que en el término perentorio e improrrogable de quince (15) días,
proceda a realizar la auditoría integral de las reclamaciones presentadas por la

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sociedad actora con los siguientes números de consolidado y fechas de
consolidado:

16. Precisó que no se logró constituir en renuencia a la ADRES respecto del
artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023, porque no se le solicitó en la petición.
Sin embargo, sí se acreditó el requisito respecto en lo que tiene que ver con los
artículos 17 de la Resolución 1645 de 2016 y 2.6.1.4.3.12. del Decreto 780 de
2016, los cuales se relacionan con el término de dos meses que dispone la
ADRES para resolver la auditoría de las reclamaciones producto del cobro de los
servicios de salud prestados a las víctimas de accidentes con vehículos sin póliza
SOAT.

17. Transcribió in extenso las normas invocadas y sobre las cuales se satisfizo
la renuencia, para precisar que sí hay un mandato en cabeza de la ADRES que
exige cumplir con la fase de auditoría de las reclamaciones que se le presenten
por brindar los servicios médicos mencionados, dentro de los dos meses
siguientes al cierre del periodo de radicación.

18. Aclaró que, pese a que la finalidad última del trámite en mención es
obtener un pago, la sociedad solicitó a título de pretensiones que se concluya y
notifique la auditoría de las reclamaciones que ha presentado en los meses
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023.

6. Impugnación

19. La ADRES impugnó la anterior decisión. Reiteró que no hay prueba que
acredite que la parte actora radicó las reclamaciones aludidas. Por ende, no es

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posible determinar desde qué momento comenzaron a correr los dos meses con
los que cuenta para tramitar y comunicar los resultados de auditorías.

20. Ratificó los fundamentos expuestos en la contestación y pidió que se
declare que no ha desatendido las normas solicitadas con el ejercicio de este
medio de control.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

21. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la ADRES contra la sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para
conocer de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

22. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

23. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

24. Para que la demanda proceda, se requiere:

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].

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(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).

2.3. De la renuencia

25. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste6 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

26. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
6 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto).

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la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”7.

27. Sobre este tema, esta Sección8 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos9. (Negrillas fuera de texto).

28. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

29. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.° de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que
lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
9 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla

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30. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»10.

31. La parte actora aportó la constancia de radicación de la petición del 23 de
octubre de 2023, a la cual se le asignó el número 20236303227282 por parte de
la ADRES. En dicha solicitud, le pidió a la accionada que atienda lo dispuesto en
los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 de
2016, «los cuales prevén un término de dos meses a partir de la fecha del cierre
del periodo de radicación, para realizar la AUDITORIA INTEGRAL de las
reclamaciones presentadas ante la subcuenta ECAT del FOSYGA hoy ADRES,
debido a que dicho termino ya expiró, sin que hasta la fecha se haya notificado
algún resultado definitivo de la auditoría integral».

32. La IPS indicó que a la fecha de interposición del presente mecanismo la
ADRES no respondió la petición. Tal argumentación no fue desvirtuada por la
ADRES ni se opuso al respecto.

33. Así las cosas, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de la
renuencia respecto de los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de
la Resolución 1645 de 2016. Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo que refiere
al artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023. Por ende, al no haberse agotado
el requisito en cuestión bajo la última disposición mencionada, se rechazará el
mecanismo constitucional de la referencia.

34. De conformidad con lo anterior, se proseguirá con el estudio de la acción
respecto de las siguientes normas:

i) Artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 201611: (…) Término para resolver y pagar
las reclamaciones. Las reclamaciones presentadas con cargo a la Subcuenta ECAT
del Fosyga a que refiere el presente Capítulo, se auditarán integralmente dentro de
los dos (2) meses siguientes al cierre de cada periodo de radicación, los cuales
serán establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Si hubo lugar a la
imposición de glosas como consecuencia de la auditoría integral a la reclamación, el
Ministerio de Salud y Protección Social comunicará la totalidad de ellas al reclamante,
quien deberá subsanadas u objetarlas, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
comunicación de su imposición. Si transcurrido dicho término no se recibe información
por parte del reclamante, se entenderá que aceptó la glosa impuesta. El Ministerio de
Salud y Protección Social o quien este designe, pagará las reclamaciones que no
hubiesen sido glosadas, dentro del mes siguiente a la fecha del cierre efectivo y
certificación del proceso de auditoría integral, so pena del pago de intereses moratoria
en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio. Las reclamaciones
presentadas ante las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT se

10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
11 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección

Social

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pagarán dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite,
aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077
del Código de Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al
reclamante, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés
moratoria igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera
aumentado en la mitad” (Negrillas fuera del texto original).

(…)

ii) Artículo 17 de la Resolución No. 1645 de 3 de mayo de 201612 del Ministerio de
Salud y de la Protección Social: DESARROLLO DE LA ETAPA DE AUDITORÍA
INTEGRAL. Durante esta etapa, que se desarrolla dentro de los dos (2) meses
siguientes al cierre del periodo de radicación, el Fosyga o quien haga sus veces
realiza la validación del cumplimiento de los aspectos mínimos de verificación
consignados a continuación, mediante el análisis de la información suministrada por el
reclamante en las etapas de pre radicación y radicación:

(…).

2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

35. La Inmaculada IPS pretende que, en cumplimiento de los artículos citados,
la ADRES realice la auditoría integral de las reclamaciones presentadas en los
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023.

36. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que los preceptos que se piden
acatar están contenidos en actos administrativos. Adicionalmente, no conllevan
al establecimiento de gasto, en la medida en que, lo perseguido a través de esta
acción consiste en que se surta la etapa de un procedimiento reglado que se
radica ante la ADRES, consistente en que se auditen reclamaciones por la
prestación del servicio de salud a las personas que han sido víctimas de
accidentes de tránsito con vehículos fantasma o sin póliza SOAT.

37. Así las cosas, la eventual orden de atender las disposiciones invocadas
no implica el establecimiento de gasto, pues no se reclama pago alguno si no que
se resuelvan reclamaciones que no necesariamente devienen en pago. Tampoco
se evidencia que lo pretendido por la actora involucre la protección de derechos
fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que torna
procedente la acción de cumplimiento.

2.4.1. Sobre la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa

38. Es importante destacar que esta Sección resolvió en anteriores
oportunidades casos similares, en los que diferentes IPS acudían en sede de
cumplimiento a que se le ordenada a la ADRES que, en obedecimiento de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y de la 17 de la Resolución 1645

12 Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a la

Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) del Fondo de
Solidaridad y Garantía (Fosyga), o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones

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de 2016, realizara las auditorías integrales producto de reclamaciones de recobro
por la prestación de servicios médicos13.

39. La mayoría de los casos se suscitaron entre 2018 y 2020 y allí se concluía
que las IPS contaban con otros mecanismos judiciales de defensa para que se
atendieran sus pretensiones. Al respecto, se explicaba que «en la sentencia T-
760 de 2008 la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la
acción de tutela cuando lo pretendido sea obtener la resolución y pago de
las reclamaciones de recobro realizadas por las entidades prestadoras de
los servicios de salud ante el antiguo Fondo de Seguridad y Garantía
(FOSYGA)».

40. Se indicaba que, en la mencionada sentencia, la Corte Constitucional
resolvió, entre otros, el problema jurídico relativo a si se vulneraba el derecho a
la salud cuando las EPS brindaban insumos no incluidos en el entonces POS, y
en consecuencia, procedía el recobro ante el FOSYGA. Con ocasión de esta, y
otras problemáticas, el alto tribunal constitucional declaró un estado de cosas
inconstitucional por la violación generalizada del derecho a la salud debido a las
fallas de regulación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

41. En este marco, la Sección Quinta consideraba que las IPS pretendían
específicamente «que se surta el procedimiento de la reclamación (…), el cual
debe culminar con el pago de los servicios médicos prestados conforme lo indica
el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 de
2016, sin embargo tal normativa está siendo objeto de estudio y seguimiento por
la Sala Especial de la Corte desde el año 2009 y hasta la fecha». En ese sentido,
declaraba que las instituciones podían hacerse partícipes en la Sala de
Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008 o acudir a interponer un incidente de
desacato. Ello, en procura de satisfacer sus pretensiones relacionadas con el
desarrollo de las auditorías integrales y el consecuente pago.

42. Asimismo, se disponía la remisión de copias de las sentencias y
expedientes sobre el tema, a la Sala Especial de Seguimiento que conformó la
Corte Constitucional para la sentencia T-760 de 2008.

43. Con ocasión de ello, dos entidades14, que acudieron previamente en
acción de cumplimiento con el fin de obtener los resultados de las mencionadas
auditorías en el término de los dos meses que indican las disposiciones
invocadas en esta oportunidad, interpusieron incidente de desacato ante la Sala
de Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. Su

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio

18 de 2019, expediente 25000-23-41-000-2019-00246-01, sentencia de 14 de noviembre de
2019, expediente 25000-23-41-000-2019-00589-01, sentencia de 23 de enero de 2020,
expediente 08001-23-33-000-2019-00665-01, sentencia de 30 de enero de 2020, expediente
08001-23-33-000-2019-00660-01, sentencia del 14 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-
000-2019-00796-01, entre otras.
14 Fundación Campbell y Movemed.

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pretensión última se circunscribía a que la ADRES realizara las auditorías
atrasadas para realizar el recobro de sumas adeudadas.

44. No obstante, mediante auto 325 del 4 de septiembre de 2020, la Corte
Constitucional resolvió «inhibirse de conocer el asunto (…) y devolver a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, la copia simple de las sentencias y de las
copias digitalizadas (cd) de cada expediente, que fueron remitidas a la Corte
Constitucional».

45. Explicó que la sentencia T-760 de 2008 no impartió directrices de pago en
concreto, menos aún causadas con posterioridad a la expedición de la sentencia,
sino ordenarle al Ministerio de Salud y Protección Social el diseño de «un plan
de contingencia para adelantar el trámite de las solicitudes de recobro que se
encontraban atrasadas». Nótese que las acciones dispuestas por la Corte tenían
como fin último el pago de las reclamaciones auditadas y presentadas con
anterioridad a la mencionada sentencia, pero que por un déficit financiero y
estructural de la ADRES, no habían sido pagadas.

46. Indicó que «la verificación de la realización de las auditorías a las
solicitudes de recobro presentadas con posterioridad a la providencia estructural
y el reconocimiento y pago de los valores en ellas invocados, excede la
competencia de la Sala que se enmarca exclusivamente al seguimiento del
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha decisión». Asimismo, puso de
presente que no realizó ningún tipo de control ni seguimiento a las disposiciones
que invocan las IPS en sede de acción de cumplimiento, ni a aspectos
relacionados con el recobro o las reclamaciones presentadas con cargo a la
subcuenta ECAT del entonces FOSYGA.

47. Lo anterior implica que la parte actora no cuente con otros mecanismos
judiciales de defensa ordinarios para solicitarle a la ADRES el acatamiento de los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 de
2016, pese a que en anteriores oportunidades la Sección Quinta consideró viable
la remisión de este tipo de casos a la Sala de Seguimiento de la Corte
Constitucional.

48. La anterior postura, consistente en que devenía improcedente la
acción de cumplimiento en asuntos como el presente por considerar que
existían otros mecanismos judiciales de defensa, fue rectificada en
sentencia del 20 de mayo de 202115 y tal tesis se refuerza en esta
oportunidad en el sentido de superar el requisito bajo análisis y proseguir
con el examen de las normas objeto de la acción constitucional.

15 Sección Quinta del Consejo de Estado. Exp.13001-33-33-000-2019-00477-01.

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2.5. Caso concreto

49. Como se indicó en precedencia, la parte actora solicita que, se cumpla el
término de dos meses dispuesto en los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de
2016 y de la 17 de la Resolución 1645 de 2016, con el fin de que se realicen las
auditorías de las reclamaciones que radicó ante la ADRES en marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y septiembre de 2023.

50. Para mayor claridad, debe precisarse que el artículo 2.6.1.4.3.12 se
encuentra dentro del capítulo 4 del Decreto 780 de 2016, denominado
«Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito –
ECAT». Dentro del ámbito de aplicación del capítulo mencionado, se contempló
que la normativa allí establecida, relacionada con las reclamaciones con cargo a
la subcuenta ECAT, estaba destinada, entre otros, a las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud IPS, a los reclamantes de servicios médicos o de
indemnizaciones, como, por ejemplo, por muerte, o demás entidades que
pudieran llegar a tener alguna obligación o responsabilidad relacionada con las
reclamaciones fijadas en el capítulo.

51. Es así, como las reclamaciones de que trata el mencionado capítulo
pueden devenir de: la prestación del servicio de salud, de indemnización por
muerte o incapacidad permanente o por incapacidades temporales, por víctimas
de accidentes de tránsito donde estén involucrados vehículos fantasma o sin
póliza SOAT, de eventos catastróficos de origen natural o terroristas.

52. El artículo 2.6.1.4.2.1. establece los servicios de salud que deben
brindarse «a las víctimas de accidente de tránsito, de eventos catastróficos de
origen natural, de eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio
de Salud y Protección Social», por parte de las IPS. A su vez, establece la
obligatoriedad de estas instituciones de estar inscritas en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que solo se puede brindar la
atención «en la jurisdicción en la que se encuentre habilitado por el ente territorial
competente».

53. Adicionalmente, el artículo 2.6.1.4.2.2 refiere que el prestador de servicios
de salud, a las víctimas anteriormente mencionadas, está legitimado para
reclamar el reconocimiento y pago de los servicios prestados al Ministerio de
Salud y Protección Social «o a la entidad que se defina para el efecto», siendo
actualmente, la ADRES. De lo anterior dan cuenta los artículos 66 y 73 de la Ley
1753 de 2015, que establecen lo siguiente:

DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
(SGSSS). Con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, créase una entidad
de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una
empresa industrial y comercial del Estado que se denominará Entidad
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en

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Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio
de Salud y Protección Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente.

(…)

La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte del
Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y
Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en
salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de
beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como
consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP);
los cuales confluirán en la Entidad. En ningún caso la Entidad asumirá las
funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud”.

“ARTÍCULO 73. PROCESOS DE RECOBROS, RECLAMACIONES Y
RECONOCIMIENTO Y GIRO DE RECURSOS DEL ASEGURAMIENTO EN
SALUD. Los procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de
recursos del aseguramiento en Salud que se surten ante el Fosyga o la entidad
que asuma sus funciones se regirán por las siguientes reglas:

a) El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con
cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga será de tres (3) años
a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en
salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la
reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la
obligación para el Fosyga.

(…).

54. Se itera en este punto que La Inmaculada IPS SAS indicó en su demanda
que presentó «reclamaciones junto con sus soportes debidamente radicadas por
la IPS accionante ante la ADRES desde el mes de MARZO,
ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023», sin que se
haya cumplido el término de los dos meses que establece el artículo 2.6.1.4.3.12
del Decreto 780 de 2016, invocado en la acción de cumplimiento.

55. En efecto, la mencionada norma, que hace parte del capítulo 4 del Decreto
780 de 2016, indica que «Las reclamaciones presentadas con cargo a la
Subcuenta ECAT del Fosyga a que refiere el presente Capítulo, se auditarán
integralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada
periodo de radicación».

56. No obstante, la Sala no pierde de vista que la ADRES solicitó tanto en su
intervención, como en el escrito de impugnación, que se negaran las
pretensiones planteadas y se declarara que está atendiendo la normativa aludida
por la parte accionante, con fundamento en que «no hay prueba que demuestre
la presentación de la reclamación para el cumplimiento de las normas que se
pretenden hacer cumplir».

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57. Sin embargo, de la revisión aportada por la parte accionante al momento
de radicar la presente acción constitucional se avizoran 14 certificados de
radicación, las cuales contienen, respectivamente, la cantidad de reclamaciones
aportadas, como la que se ilustra enseguida, a modo de ejemplo:

58. Como la anterior, se encontraron específicamente las siguientes
certificaciones:

Número de Fecha de consolidado Cantidad de
consolidado reclamaciones
337566 15-03-2023 110
337667 15-03-2023 114
339101 9-04-2023 449
340609 14-04-2023 74
340838 15-04-2023 61
341122 15-04-2023 289
341132 15-04-2023 17
341173 15-040-2023 74
341678 27-04-2023 103
341775 28-04-2023 37
344834 15-05-2023 135
345526 15-05-2023 4
345594 15-05-2023 244
348626 26-06-2023 144
351524 15-07-2023 3
351543 15-07-2023 182
355405 15-08-2023 95
355412 15-08-2023 105
355423 15-08-2023 188

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360514 27-09-2023 75
360907 29-09-2023 12

59. De la anterior información tuvo acceso la ADRES desde la notificación del
auto del 23 de noviembre de 2023, en el que el Tribunal Administrativo del
Magdalena avocó conocimiento de la demanda de la referencia. Tal afirmación
se sostiene en que los mencionados documentos consolidados fueron aportados
por la parte actora desde la radicación del medio de control.

60. Se precisa en este punto que, el artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de
2016 establece el deber de auditar integralmente las reclamaciones del capítulo
4, entre las que se encuentran las que corresponden a los recobros realizados
por las IPS a la ADRES por la prestación de los servicios de salud de las víctimas
referidas anteriormente, «dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada
periodo de radicación.

61. Sobre el cierre del periodo de radicación, la ADRES manifestó en su
intervención que «para el caso de reclamaciones de primera vez, presentadas
por personas jurídicas, será el día quince (15) calendario de cada mes». Por su
parte, el artículo 17 de la Resolución 1645 de 2016 dispone que el desarrollo de
la etapa de auditoría se realiza «dentro de los dos meses siguientes al cierre del
periodo de radicación». En dicho término, el FOSYGA, hoy ADRES, «realiza la
validación del cumplimiento de los aspectos mínimos de verificación
consignados» en la misma norma.

62. De lo evidenciado con antelación es claro que existe un deber a cargo de
la ADRES de surtir la etapa de auditoría integral a las reclamaciones presentadas
por la parte actora, dentro del término de los dos meses siguientes al cierre de
cada periodo de radicación. Para el caso en particular, el lapso ya feneció,
teniendo en cuenta que la última reclamación cuyo resultado de auditoría se
echó de menos y presentación se acreditó en esta demanda, data del 29 de
septiembre de 2023 y que para el momento de dictar la sentencia de primera no
se advierte que fueran auditadas, pese a que se radicaron como se ratificó con
antelación.

63. Se precisa en este punto que el a quo concedió el término de 15 días para
que la ADRES realizara la auditoría integral de las reclamaciones presentadas
por la sociedad actora, sin que el lapso otorgado fuera motivo de impugnación
por alguna de las partes.

64. En vista de lo anterior, se confirmará la decisión de primer grado que
accedió a las pretensiones de la demanda y le ordenó a la ADRES que, «en el
término perentorio e improrrogable de quince (15) días, proceda a realizar la
auditoría integral de las reclamaciones presentadas por la sociedad actora con
los siguientes números de consolidado y fechas de consolidado (…)».

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2.4. Conclusión

65. Ante la existencia de un mandato imperativo e inobjetable contenido en los
artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y 17 de la Resolución 1645 de
2016, que no se ha cumplido por parte de la accionada, y establece el deber de
realizar las auditorías de las reclamaciones producto de los recobros por los
servicios de salud prestados por parte de La Inmaculada IPS SAS, se confirma
integralmente el fallo de primer grado.

No obstante, en lo que atañe al artículo 16 de la Resolución 12758 de 2023, se
rechazará el mecanismo de control de la referencia por no encontrar acreditado
el requisito de constitución en renuencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 16 de la
Resolución 12758 de 2023. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 14 de
diciembre de 2023 que accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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