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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00014-02

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00014-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 25 de octubre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 47001-23-33-000-2024-00014-02

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de enero de 2025

Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 47001-23-33-000-2024-00014-02 (acum1)
Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz, alcaldesa de El Piñón
(Magdalena), para el periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad artículo 95.4 de la Ley 136 de 19942

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos, en escritos separados, por
los demandantes3 y el Ministerio Público, contra la sentencia de 25 de octubre de
2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Jorge Eliécer Mora Polo4, Rafael Miguel Ustaris Gullo5 y Diana Leticia Salas
Martínez6, mediante escritos separados, solicitaron que se anulara la elección de
Lorena Luz Rada de la Hoz, como alcaldesa de El Piñón (Magdalena), para el
periodo 2024-2027, porque, en su criterio, el hermano de la demandada ejerció
autoridad administrativa en ese municipio, en el lapso inhabilitante, en el cargo de
jefe de recursos humanos en la ESE Hospital Local San Pedro, el cual ocupa desde
el 3 de enero del 2018.

2. En consideración a que los expedientes acumulados comparten los mismos
supuestos fácticos y jurídicos, la Sala los consolida de la siguiente manera.

2. Fundamentos fácticos, normas violadas y concepto de la violación

3. La parte actora mencionó que, el 29 de octubre de 2023, Lorena Luz Rada
de la Hoz, perteneciente al Partido Verde Oxígeno, fue elegida alcaldesa del

1 47001-23-33-000- 2023-00268-00 y 47001-23-33-000-2023-00305-00.
2 Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
3 Jorge Eliécer Mora Polo y Diana Leticia Salas Martínez.
4 Mediante apoderado judicial interpuso demanda el 11 de enero de 2024.
5 A nombre propio interpuso demanda el 1 de diciembre de 2023.
6 A nombre propio interpuso demanda el 18 de diciembre de 2023.

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1

Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

municipio de El Piñón (Magdalena), tal como se evidencia del formulario E-26 ALC
de 4 de noviembre de 2023.

4. Explicaron que la demandada es hermana de José Rafael Rada de la Hoz,
quien ocupó el cargo de profesional universitario, Código 219-01, jefe de recursos
humanos en la ESE Hospital Local San Pedro, desde el 3 de enero de 2018.
Además, refirieron que en virtud de las funciones que le fueron asignadas, este
último expidió certificaciones laborales, llamados de atención, comprobantes de
pago (como coordinador de facturación) y llevó a cabo diligencia de descargos al
interior de la entidad.

5. Así las cosas, indicaron que el hermano de la demandada ejerció autoridad
administrativa en El Piñón (Magdalena), municipio en el cual Lorena Luz Rada de la
Hoz fue elegida alcaldesa, por tanto, se encuentra configurada la inhabilidad
contenida en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000.

6. Aunado a lo anterior, señalaron que mediante Resolución nro. 13053 de 12
de octubre de 2023 el Consejo Nacional Electoral decidió revocar la inscripción de
Lorena Luz Rada de la Hoz. A su vez, indicaron que contra el mentado acto
administrativo se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante
Resolución nro. 15787 de 22 de noviembre de 2023, que declaró la carencia de
objeto.

3. Trámite en primera instancia

3.1. Radicado 47001-23-33-000-2024-00014-00

7. Por auto del 1 de febrero de 20247, el Tribunal Administrativo del Magdalena
admitió la demanda interpuesta por Jorge Eliécer Mora Polo, ordenó las respectivas
notificaciones8 y negó la suspensión provisional requerida9, en síntesis, porque el
actor no cumplió con la carga argumentativa necesaria para estudiar la solicitud de
la medida cautelar.

3.2. Radicado 47001-23-33-000-2023-00268-00

8. Mediante providencia de 20 de febrero de 202410, el Tribunal Administrativo
del Magdalena admitió la demanda interpuesta por Rafael Miguel Ustaris Gullo,
ordenó las notificaciones11 y negó la suspensión provisional requerida12, porque los

7 Índice 10 Samai. Expediente 20240001400.
8 Se ordenó notificar a: i) Lorena Luz Rada de la Hoz, ii) Agente del Ministerio Público, iii) Registraduría Nacional

del Estado Civil, iv) Consejo Nacional Electoral y, v) al demandante por estado.
9 El demandante, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra el auto de 1 de febrero

de 2024 y, mediante providencia de 21 de marzo de 2024, radicado 47001-23-33-000-2024-00014-01, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió confirmar la decisión del tribunal.
10 Índice 51 Samai. Expediente 20230026800.
11 Se ordenó notificar a: i) Lorena Luz Rada de la Hoz, ii) Agente del Ministerio Público, iii) Registraduría Nacional

del Estado Civil, iv) Consejo Nacional Electoral y, v) al demandante por estado.
12 El demandante interpuso recurso de apelación contra el auto de 20 de febrero de 2024 y, mediante

providencia de 2 de mayo de 2024, radicado 47001-23-33-000-2023-00268-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió confirmar la decisión del tribunal.

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Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

medios probatorios aportados no resultaban suficientes para acceder a la medida
cautelar.

3.3. Radicado 47001-23-33-000-2023-00305-00

9. Por auto del 20 de febrero de 202413, el Tribunal Administrativo del
Magdalena admitió la demanda interpuesta por Diana Leticia Salas Martínez,
ordenó las respectivas notificaciones14 y negó la suspensión provisional requerida15,
en síntesis, porque no se tenían los medios probatorios suficientes para acceder a
la medida cautelar.

4. Contestaciones

4.1. Radicado 47001-23-33-000-2024-00014-00

4.1.1. Lorena Luz Rada de la Hoz (demandada)16

10. La defensa se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al
concluir que, el hermano de la demandada, José Rafael Rada de la Hoz no ejerció
autoridad administrativa; luego, en su concepto, no se encuentra configurada la
inhabilidad contemplada en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

11. Para argumentar lo anterior, explicó que José Rafael Rada de la Hoz ostentó
un cargo «de menor escala funcional de la entidad hospitalaria», por lo que no tenía
disposición de mando, control, vigilancia, así como tampoco la posibilidad de otorgar
contratos, ejercer como ordenador del gasto, conceder vacaciones o investigar y
sancionar a los empleados.

12. En línea con lo que antecede, citó el concepto nro. 1831 de 5 de julio de
17
2007 y resaltó que, para determinar el ejercicio de autoridad civil, política o
administrativa, resulta necesario evidenciar la naturaleza y funciones del cargo «con
el propósito de analizar si ellas implican poderes decisorios, de mando, imposición,
vigilancia y control sobre los subordinados».

13. Bajo ese entendido, concluyó que, una vez analizadas las funciones que le
correspondían al jefe de recursos humanos y de facturación, no es posible
determinar que de ellas emane el ejercicio de autoridad administrativa.

13 Índice 30 Samai. Expediente 20230030500.
14 Se ordenó notificar a: i) Lorena Luz Rada de la Hoz, ii) Agente del Ministerio Público, iii) Registraduría Nacional

del Estado Civil, iv) Consejo Nacional Electoral y, v) a la demandante por estado.
15 La demandante interpuso recurso de apelación contra el auto de 20 de febrero de 2024 y, mediante

providencia de 11 de abril de 2024, radicado 47001-23-33-000-2023-00305-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió confirmar la decisión del tribunal.
16 Índice 40 Samai. Expediente 20240001400.
17 Consejo de Estado. Sala de consulta y Servicio Civil. Rad, 1.831 de 5 de julio de 2007. M.P. Gustavo Aponte

Santos.

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Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

4.1.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)18

14. El apoderado judicial de la entidad alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre el caso
particular, por lo que no le compete abordar el presente asunto.

4.1.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)19

15. La apoderada judicial de la entidad indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, porque la institución cumple funciones logísticas en el proceso
electoral; por ende, solicitó su desvinculación del proceso.

4.2. Radicado 47001-23-33-000-2023-00268-00

4.2.1 Lorena Luz Rada de la Hoz (demandada)20

16. El apoderado judicial de la demandada reiteró en su integridad el escrito de
contestación que fue allegado al proceso 47001-23-33-000-2024-00014-00.

4.2.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)21

17. El apoderado judicial de la entidad sostuvo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, y reiteró que, el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre el
caso particular, por lo que no le compete abordar el presente asunto.

4.2.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)22

18. La apoderada judicial de la entidad sostuvo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que no tuvo participación en los hechos alegados por la
parte actora; por ende, solicitó que sea desvinculada del proceso.

4.3. Radicado 47001-23-33-000-2023-00305-00

4.3.1 Lorena Luz Rada de la Hoz (demandada)23

19. El apoderado judicial de la demandada reiteró en su integridad los escritos
de contestación que fueron allegados a los procesos 47001-23-33-000-2024-00014-
00 y 47001-23-33-000-2023-00268-00.

4.3.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)24

20. La apoderada judicial de la entidad reiteró los argumentos expuestos en las
contestaciones allegadas a los procesos 47001-23-33-000-2024-00014-00 y 47001-

18 Índice 35 Samai. Expediente 20240001400.
19 Índice 39 Samai. Expediente 20240001400.
20 Índice 81 Samai. Expediente 20230026800.
21 Índice 75 Samai. Expediente 20230026800.
22 Índice 74 Samai. Expediente 20230026800.
23 Índice 56 Samai. Expediente 20230030500.
24 Índice 55 Samai. Expediente 20230030500.

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4

Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

23-33-000-2023-00268-00 y sostuvo que carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no tuvo participación en los hechos alegados por la parte
actora; por ende, solicitó que sea desvinculada del proceso.

5. Actuaciones procesales relevantes

21. El 29 de abril de 202425 el tribunal decretó la acumulación de los procesos en
los que se pretende la nulidad del acto de elección de Lorena Luz Rada de la Hoz,
como alcaldesa del municipio de El Piñón (Magdalena), para el periodo 2024 –
2027.26

6. Audiencia inicial27 y trámite posterior

22. El 24 de mayo de 2024, se celebró la audiencia inicial, diligencia en la cual
se saneó el proceso y se fijó el litigio en los siguientes términos:

Si resulta procedente o no, declarar la nulidad de la elección de la señora LORENA
LUZ RADA DE LA HOZ como Alcaldesa del Municipio de El Piñón, Magdalena por
el Partido Verde Oxígeno, periodo constitucional 2024-2027, por presuntamente
incurrir en la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 95 de la Ley 136 de
1994, esto es, “quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio” (sic a la cita).

23. Sumado a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena, incorporó las
documentales aportadas por los extremos procesales y el coadyuvante28, y decretó
como pruebas las solicitadas por la defensa29 y el Ministerio Público30. Además, de
oficio requirió a la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) para que
remita: i) el expediente administrativo de la investigación disciplinaria adelantada
contra Ascanio Alberto Riquett Ospino31 y, ii) actuaciones administrativas
adelantadas por José Rafael Rada de la Hoz como jefe de recursos humanos de
dicha entidad.

25 Índice 51 Samai. Expediente 20240001400.
26 Expedientes: i) 47-001- 2333-000-2023-00268-00 y ii) 47-001-2333-000-2023-00305-00.
27 Índice 81 Samai. Expediente 20240001400.
28 Wilder Lagares Gulloso solicitó su reconocimiento como coadyuvante el 12 de marzo de 2024.
29 Solicitó que se requiera a la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) para que allegue las

constancias de publicación, comunicación o notificación de los actos mediante los cuales se expidió el manual
de funciones y otorgaron vigencia a este último.
30 El Ministerio Público solicitó que se oficie a la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) para

que remita: i) los acuerdos 008 y 009 de 2022, ii) acta de posesión de José Rafael Rada de la Hoz, iii) certificado
de los periodos de tiempo y empleos o cargos desempeñados por José Rafael Rada de la Hoz desde que fue
vinculado a la ESE, iv) certificado de José Rafael Rada de la Hoz, informando si fue reubicado o reincorporado
al cargo de «Profesional Universitario grado 9° código 2019, actividad de Coordinador del proceso de facturación
y gestión de cartera, en la dependencia Área administrativa y financiera; Proceso Facturación y Cartera;
Auditoría y revisión de cuentas médicas cuyo superior es el Subgerente administrativo y financiero», v) Acuerdo
nro. 10 de diciembre de 2022 y vi) informe en el que se indique si José Rafael Rada de la Hoz tenía otras
funciones por parte de su superior jerárquico desde el 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023.
31 Médico de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena).

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Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

24. Posteriormente, mediante auto de 12 de junio de 202432, el tribunal advirtió
que la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) allegó las
documentales requeridas, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento
y, en su lugar, corrió traslado de dichas pruebas a las partes y al Ministerio Público.

25. Finalmente, en la mentada providencia, el Tribunal Administrativo del
Magdalena indicó que, una vez surtido el anterior término, se correría traslado para
que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público
rindiera concepto.

7. Alegatos de conclusión

26. La demandada33 reiteró los argumentos de defensa y señaló que la parte
actora no justificó las razones por las cuales considera que su hermano, José Rafael
Rada de la Hoz, en calidad de jefe de recursos humanos del Hospital Local de El
Piñón (Magdalena), ejerció funciones que implicaran «poder de decisión y mando
en el ámbito hospitalario».

27. La Registraduría Nacional del Estado Civil34, mediante apoderada judicial,
insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva.

8. Concepto del Ministerio Público35

28. La procuradora 155 Judicial II para la conciliación administrativa solicitó que
se declare la nulidad del acto de elección de Lorena Luz Rada de la Hoz, toda vez
que, a su juicio, incurrió en la inhabilidad prevista en el artículo 95.4 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, porque su hermano,
José Rafael Rada de la Hoz, ejerció autoridad administrativa en el cargo de jefe de
recursos humanos de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena).

29. Al respecto, indicó que los elementos propios de la inhabilidad alegada por la
parte actora se encontraban acreditados en los siguientes términos:

• Parentesco: se demostró que José Rafael Rada de la Hoz es hermano de la
demandada.

• Elemento temporal: José Rafael Rada de la Hoz fue vinculado a la ESE
Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) durante el periodo
inhabilitante como jefe de recursos humanos y, posteriormente, como
coordinador de facturación.

• Elemento espacial: José Rafael Rada de la Hoz ejerció sus funciones en la
entidad referida, la cual se encuentra ubicada en El Piñón (Magdalena);
municipio en el cual fue elegida alcaldesa la demandada.

32 Índice 87 Samai. Expediente 20240001400.
33 Índice 94 Samai. Expediente 20240001400
34 Índice 93 Samai. Expediente 20240001400.
35 Índice 97 Samai. Expediente 20240001400.

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alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

• Elemento objetivo: Desde el punto de vista funcional, el hermano de la
acusada ejerció autoridad administrativa al tener a su cargo las siguientes
competencias:

• Garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los
diferentes turnos en la jornada laboral, atendiendo y corrigiendo oportunamente
las quejas de ausentismo, que permitan la prestación eficiente del servicio.
• Desarrollar e implementar acciones correctivas y/o preventivas
relacionadas con la formulación de los siguientes procedimientos: Selección e
inducción; Formación, Evaluación del desempeño; Nómina, Salud Ocupacional y
Bienestar laboral que permitan la mejora continua de los procesos de gestión
humana.
• Recibir y revisar la relación de los turnos programados para las
Auxiliares de Enfermería para el mes correspondiente, de modo que sean
coherentes con el número de horas laboradas legalmente permitidas.
• Revisar y aprobar mensualmente las cuentas de cobro a cancelar a los
contratistas vinculados al hospital.
• Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de riesgos
ocupacionales determinando la necesidad de suministrar o no elementos de
protección personal, previo estudio del puesto de trabajo.
• Controlar, analizar y hacer seguimiento a las incapacidades de los
trabajadores, a través del manejo del registro de incapacidades por accidentes de
trabajo o enfermedades, e intervenir en los casos en que sea necesario.
• Cumplir y velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo,
el de higiene y seguridad industrial, el manual de funciones y todas las
demás normas establecidas.
• Supervisar el seguimiento al uso de los implementos de protección
personal para asegurar su cumplimiento.
• Velar por el cumplimento de los procedimientos de la institución
apoyados con la oficina de control interno.
• Todas las asignadas por el jefe inmediato, teniendo en cuenta la
jerarquía de su cargo. (Énfasis original)

30. En línea con lo que antecede, explicó que las funciones citadas «son
expresiones de autoridad administrativa, pues comportan una superioridad,
acciones de control a los servidores y contratistas de la entidad […]».

31. Aunado a lo anterior, refirió a las pruebas obrantes en el proceso, que, en su
concepto, dan cuenta del ejercicio de autoridad administrativa por parte de José
Rafael Rada de la Hoz, pues emitió llamados de atención a uno de los empleados
de la entidad y presidió las diligencias de descargos realizadas respecto de este
último, «destacando que dicha situación administrativa concluyó con la
insubsistencia del trabajador».

32. Seguidamente, aludió a la manifestación de impedimento para adelantar
procesos administrativos y disciplinarios, suscrita el 8 de noviembre de 2022 por
José Rafael Rada de la Hoz y puso de presente que: i) se firmó en una fecha anterior
a las diligencias de descargos, ii) no se explicaron las razones del conflicto de

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Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027
Radicado acum.: 47001-23-33-000-2024-00014-02

interés y, iii) no fue aceptado por el superior y tampoco tramitado conforme lo
contempla el artículo 12 del CPACA.

33. En suma, sostuvo que José Rafael Rada de la Hoz, jefe de recursos humanos
de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) y hermano de la
demandada, ejerció autoridad administrativa al tener «instrumentos de coerción o
control y una superioridad material sobre el personal que prestaba servicios en
diversas áreas de dicha institución de salud, desde los médicos hasta el personal
de menor rango».

9. Sentencia de primera instancia36

34. Mediante providencia de 25 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Magdalena, negó la nulidad de la elección de Lorena Luz Rada de la Hoz, como
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027.37

35. Previo a abordar el análisis correspondiente, el tribunal decidió negar las
solicitudes de nulidad impetradas por los demandantes Diana Leticia Salas
Martínez38 y Jorge Eliécer Polo Mora39, para lo cual se pronunció sobre la tacha de
falsedad propuesta contra el documento «declaración de impedimento servidor
público».

36. Al respecto, precisó que la documental denominada «declaración de
impedimento servidor público», no se trata de una prueba «relevante» para decidir
el fondo del asunto, toda vez que su contenido «resulta genérico y ambiguo».
Además, precisó que dicho documento tampoco fue objeto de actuación
administrativa por parte del superior jerárquico o la autoridad correspondiente.

37. En línea con lo que antecede, negó la tacha de falsedad propuesta por la
demandante Diana Leticia Salas Martínez40 sobre la mentada prueba porque esta
última carece de influencia en la decisión.

38. Seguidamente, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional
Electoral porque, en el caso particular, «no se debaten irregularidades o vicios
relacionados con el proceso de votación y el escrutinio».

39. En lo referente con el asunto objeto de debate, luego de valoradas las
pruebas, el tribunal encontró demostrado que José Rafael Rada de la Hoz es
hermano de la demandada y, se desempeñó como profesional universitario, código
219-01, jefe de recursos humanos de la ESE Hospital Local de San Pedro de El
Piñón (Magdalena), es decir, detentó la calidad de funcionario en el dicho municipio.

36 Índice 97 Samai. Expediente 20240001400.
37 Con salvamento de voto del magistrado Adonay Ferrari Padilla – Índice 148 Samai. Expediente 20240001400.
38 Solicitud de nulidad. Índice 107 Samai – Expediente 20240001400.
39 Solicitud de nulidad mediante apoderado judicial. Índice 112 Samai – Expediente 20240001400.
40 Diana Leticia Salas Martínez propuso tacha de falsedad sobre la «declaración de impedimento de servidor

público» y solicitó el decreto de las siguientes pruebas para sustentarla: i) informe pericial de grafólogo y ii)
testimonios de Wilder Lagares Gullozo (ex gerente de la ESE), Yeison Varela Domínguez (secretario de
gerencia de la ESE), Ascanio Alberto Riquett Ospino. Índice 92 Samai. Expediente 20240001400.

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40. De manera subsiguiente y en concordancia con los criterios decantados por
la Sección Quinta del Consejo de Estado41, indicó que, desde las perspectivas
orgánica y funcional, no se encuentra acreditado el ejercicio de autoridad
administrativa por parte de José Rafael Rada de la Hoz.

41. Por una parte, sostuvo que, de conformidad con el criterio orgánico, no se
observa que José Rafael Rada de la Hoz hubiese detentado un cargo de alta
jerarquía, pues ejerció funciones de profesional universitario, como jefe de recursos
humanos de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena).

42. Desde la óptica funcional, refirió que, de las competencias establecidas en el
manual de funciones de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena)
para de jefe de recursos humanos no se evidencia alguna que comprenda el
ejercicio de autoridad administrativa, «pues de la lectura de las mismas no se
observa la capacidad de mando que la caracteriza» y, tampoco se advierte «que las
funciones eran ejercidas con autonomía o con un amplio margen de facultad
decisoria».

43. En correspondencia con lo que antecede, puso de presente que quien tiene
la potestad decisoria es el gerente de la referida entidad, en tanto que, este último
se encarga de: i) el ingreso y desvinculación de la planta de personal, ii) la dirección
del hospital, iii) la contratación y, iv) ordenar el gasto.

44. En esa línea, aclaró que dichos aspectos no se desprenden de las labores
que debía emplear José Rafael Rada de la Hoz, a tal punto que, en la descripción
de sus funciones se usaron verbos como «ejecutar, hacer, garantizar, mantener,
realizar y contribuir, entre otras»; tareas que, en todo caso, estuvieron supeditadas
a la dirección y ejercicio de mando de su superior jerárquico.

45. En cuanto a la expedición de algunos actos administrativos o certificaciones
por parte de José Rafael Rada de la Hoz, aclaró que dichas actuaciones obedecen
a las facultades que le fueron asignadas, por ejemplo, «garantizar el cumplimiento
de los horarios, velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, así
como la realización de reportes por ausentismo entre otras».

46. Bajo esa óptica, el a quo concluyó que la parte actora no logró demostrar que
el hermano de la demandada ejerció autoridad administrativa durante el periodo
inhabilitante, mientras cumplía sus funciones como profesional universitario código
219-01, como jefe de recursos humanos de la ESE Hospital Local San Pedro de El
Piñón (Magdalena).

41Al respecto citó: «Radicado: 70001-23-33-000-2019-00284-03 Acumulado 70001-23-33-000-2020-00007-
00».

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10. Recursos de apelación

10.1 Diana Leticia Salas Martínez42

47. La demandante solicitó que se revoque la sentencia de 25 de octubre de
2024, del Tribunal Administrativo del Magdalena, para que, en su lugar, se declare
la nulidad de la elección de Lorena Luz Rada de la Hoz.

48. En primer lugar, refirió al proceso penal43 en contra de la demandada, que, a
juicio de la actora, impedían que Lorena Luz Rada de la Hoz pudiera inscribirse
como candidata a la alcaldía de El Piñón (Magdalena).

49. Seguidamente, expresó que el hermano de la demandada sí ejerció autoridad
administrativa de conformidad con las competencias que le fueron asignadas en el
manual de funciones, toda vez que, actuó como «investigador, coadyuvante del
gerente en la toma de decisiones y en suscripción de certificados de disponibilidad
presupuestal»; conductas que, a su juicio, fueron ejercidas «con conocimiento y
experiencia previos, pues había fungido como secretario financiero de la alcaldía
municipal».

50. En línea con lo que antecede, indicó que comparte, en su integridad, el
salvamento de voto del magistrado Adonay Ferrari Padilla y señaló que José Rafael
Rada de la Hoz (hermano de la demandada) tenía dentro de sus competencias: i)
realizar llamados de atención por el incumplimiento de las obligaciones laborales de
los empleados e ii) investigar las faltas disciplinarias de estos últimos; atribuciones
que, en su concepto, devienen en un evidente ejercicio de autoridad administrativa.

51. Para argumentar lo anterior, trajo a colación, entre las pruebas obrantes en
el expediente: i) los llamados de atención dirigidos al médico Ascanio Riquett Ospina
por parte de José Rafael Rada de la Hoz en calidad de jefe de recursos humanos y,
ii) los descargos que fueron rendidos por el mencionado médico, ante el hermano
de la alcaldesa y cuya actuación era presidida por este en el ejercicio de su cargo.
Además, precisó que las anteriores diligencias condujeron a la declaratoria de
insubsistencia del señor Riquett Ospina.

52. En esa línea, aludió al artículo 190 de la Ley 136 de 1994 para explicar que
la dirección administrativa es ejercida, entre otros, por aquellos funcionarios que
hacen parte de las unidades de control interno y quienes tengan la facultad legal o
reglamentaria para investigar las faltas disciplinarias, sin que sobre ellos recaiga la
potestad de sancionar o destituir.

53. En tercer lugar, señaló que el tribunal omitió pronunciarse sobre el informe
rendido el 4 de junio de 2024, por el gerente de la ESE Hospital Local San Pedro de
El Piñón (Magdalena), quien expresó que no se tiene constancia de «la existencia
de los acuerdos 00844 y 009 de 2022» y que, en todo caso, no fueron aprobados

42 Índices 154 y 156 Samai. Expediente 20240001400.
43 Al que no aludió antes de esta instancia.
44 «Por el cual se adopta las modificaciones del manual de funciones de la E.S.E Hospital Local San Pedro del

Piñón-Magdalena».

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por la junta directiva de la entidad, tal como quedó consignado en el acta nro.
01.0201-2024.

54. Al respecto, la actora mencionó que dicho argumento no tiene asidero en
tanto que, del acta señalada es posible evidenciar que la junta directiva del hospital
no abordó la vigencia o derogatoria de los acuerdos referenciados.

55. Con todo, indicó que obra en el expediente el acuerdo 010 de 2022, mediante
el cual se actualizó el manual de funciones, precisando que la defensa no emitió
reparos frente a este último y tampoco se constata que haya sido derogado.
Además, citó jurisprudencia del Consejo de Estado45 y de la Corte Constitucional46
para señalar que la falta de publicación de los actos administrativos no constituye
una causal de nulidad, por lo que no podrían ser inaplicados por la misma entidad
que los expide.

56. En correspondencia con lo que antecede, indicó que aun si se admitiera que
mediante acta nro. 01.0201-2024 la junta directiva del hospital dejó sin efectos los
acuerdos citados, lo cierto es que no podría entenderse que la vigencia del acuerdo
010 de 2022 inició desde la celebración de dicha actuación, porque los hechos
endilgados a José Rafael Rada de la Hoz, particularmente, aquellos que conllevaron
a la declaratoria de insubsistencia del médico Ascanio Alberto Riquett Ospina,
ocurrieron en el año 2022.

57. Aunado a lo anterior, refirió que, pese a que el gerente de la ESE Hospital
Local San Pedro de El Piñón (Magdalena) afirmó que no existe un manual de
procedimiento sancionatorio en el que se establezca la competencia del funcionario
que debe impartir el mencionado trámite, lo cierto es que la facultad
sancionatoria administrativa y/o disciplinaria recae en José Rafael Rada de la
Hoz, conforme lo contempla el inciso 5 del artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 y, en
concordancia con las responsabilidades que se desprenden del manual de
funciones, a saber:

“Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, el de higiene y
seguridad industrial, el manual de funciones y todas las demás normas
establecidas”;
“Velar por el cumplimento de los procedimientos de la institución apoyados con la
oficina de control interno.”

58. En cuarto lugar, resaltó que José Rafael Rada de la Hoz «tenía suficiente
poder decisorio», a tal punto que, podría determinar cuáles serían las cuentas de
cobro a cancelar por parte de la entidad; documentación que, en su concepto,
«debían obtener su visto bueno».

59. Finalmente, sostuvo que aunque el Tribunal Administrativo del Magdalena
aludió a la sentencia de 12 de agosto de 2021 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, lo cierto es que, el tema que fue abordado en dicha providencia
se fundamentó, únicamente, en el manual de funciones; situación que, a su juicio,

45 Citó: «(19) de octubre de dos mil diecisiete (2017) proferida dentro del proceso radicado con el número 76001-

23-31-000-2011-01520-01(21315) y con ponencia del magistrado JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ».
46 Citó: «Corte Constitucional en la sentencia C 957 de 1999, con ponencia del Magistrado ALVARO TAFUR

GALVIS».

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no se acompasa este caso concreto, en el cual se allegaron pruebas adicionales,
que permiten concluir que José Rafael Rada de la Hoz ejerció «actividades propias
de dirección y/o autoridad administrativa».

10.2 Jorge Eliecer Mora Polo47

60. Mediante apoderado judicial, el demandante solicitó que se revoque la
sentencia de 25 de octubre de 2024 del Tribunal Administrativo del Magdalena, para
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Además, requirió
que se tenga en cuenta el salvamento de voto y los recursos de apelación de Diana
Leticia Salas Martínez y el Ministerio Público, como parte integrante de su petición.

61. En primer lugar, insistió en que de las pruebas aportadas al proceso es
posible evidenciar que el hermano de la demandada ejerció autoridad
administrativa, toda vez que ejecutó funciones correctivas, sancionatorias y
disciplinarias al interior de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón
(Magdalena), particularmente respecto del médico Ascanio Riquett Ospino.

62. En segundo término, indicó que se vulneró el debido proceso, toda vez que
no se abordó la tacha de falsedad, la nulidad y la recusación, propuestos
oportunamente en el caso concreto.

10.3 Ministerio Público48

63. Solicitó que se revoque la sentencia de 25 de octubre de 2024 del Tribunal
Administrativo del Magdalena, para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda.

64. En primer lugar, señaló que, el tribunal omitió analizar todos los cargos y las
pruebas que, a su juicio, demuestran el ejercicio de autoridad administrativa por
parte de José Rafael Rada de la Hoz; conclusión a la que podría arribarse del
examen integral del manual de funciones, las actuaciones desplegadas por este
último, las normas que regulan el concepto de autoridad administrativa en materia
disciplinaria, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado.

65. Aunado a lo anterior, reiteró los elementos configurativos de la inhabilidad
alegada en el caso particular. Precisó que desde el punto de vista orgánico no se
evidenció que José Rafael Rada de la Hoz hubiese detentado autoridad
administrativa, pero lo cierto es que, atendiendo al criterio funcional, dicha situación
sí se predicó respecto de este último, a saber:

• José Rafael Rada de la Hoz tenía a su cargo funciones que «comportan una
superioridad, acciones de control a los servidores y contratistas de la
entidad», por ejemplo, velar por el cumplimiento de las labores o del
horario, controlar el ausentismo de los empleados, otorgar permisos, realizar
llamados de atención o adoptar acciones correctivas contra estos últimos.

47 Índice 158 Samai. Expediente 20240001400.
48 Índice 157 Samai. Expediente 20240001400.

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• El jefe de recursos humanos desplegó actuaciones que materializaron la
autoridad administrativa, pues: i) realizó llamados de atención al médico
Ascanio Riquett Ospina sobre el cumplimiento de horario en la entidad y ii) )
actuó como delegado del gerente para desarrollar las diligencias de
descargos rendidos por el referido médico, las cuales conllevaron a la
declaratoria de insubsistencia de este último por parte del gerente del
hospital.

66. En segundo término, refirió al documento que fue tachado de falso por la
parte actora (declaración de impedimento suscrito por José Rafael Rada de la Hoz)
e indicó que dicha prueba «si tiene importancia en el proceso», dado que fue
aportada con el ánimo de «restarle importancia» al ejercicio de poder que como
delegado del gerente se vio reflejado en las diligencias de descargos.

67. Finalmente, señaló que la sentencia a la que aludió el Tribunal Administrativo
del Magdalena no se acompasa con los supuestos analizados en este caso, toda
vez que, allí el análisis estuvo supeditado al manual de funciones porque no se
allegaron pruebas que dieran cuenta del ejercicio de autoridad administrativa;
situación que sí aconteció respecto de José Rafael Rada de la Hoz, por ende, «tal
precedente no era aplicable al caso bajo estudio».

11. Trámite en segunda instancia

68. El 2 de diciembre de 2024, se admitieron los recursos interpuestos por los
demandantes y el Ministerio Público, en escritos separados, contra el fallo de 25 de
octubre de 2024 del Tribunal Administrativo del Magdalena, y se negó la solicitud
probatoria impetrada por el actor Jorge Eliecer Mora Polo. A su vez, se ordenó poner
el expediente a disposición de las partes, para presentar alegatos de conclusión, y
del Ministerio Público para emitir concepto.49

69. Mediante apoderado judicial, Lorena Luz Rada de la Hoz se opuso a los
recursos de apelación interpuestos por la parte actora y advirtió que dichas
peticiones están fundamentadas en el salvamento de voto. Aunado a lo anterior,
reiteró los argumentos de defensa expuestos en primera instancia e insistió en que
José Rafael Rada de la Hoz, hermano de la demandada no ejerció autoridad
administrativa.50

70. El Ministerio Público no rindió concepto.

12. Alegatos de conclusión en segunda instancia

71. El apoderado judicial del demandante Jorge Eliécer Mora Polo51, aludió al
acervo probatorio y reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

49 Índice 5 Samai.
50 Índices 9 y 10 Samai.
51 Índice 13 Samai.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

72. De conformidad con los artículos 15052, 152 numeral 7.a53 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado54,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del 25 de octubre de 2024,
del Tribunal Administrativo del Magdalena, y es la Sección Quinta, en este caso,
quien debe conocer del asunto, porque se demandó el acto de elección de Lorena
Luz Rada de la Hoz, como alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027.

2. Acto demandado

73. Se demanda la nulidad de la elección de Lorena Luz Rada de la Hoz, como
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), para el periodo 2024-2027, contenida en el
formulario E-26 ALC de 4 de noviembre de 2023, porque, presuntamente, se
encuentra configurada la inhabilidad contenida en el artículo 95.4 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

3. Cuestión previa

74. La Sala advierte que, con el escrito de apelación, Diana Leticia Salas
Martínez aludió a un proceso penal adelantado contra la demandada, que, a su
juicio, impedía que pudiera inscribirse como candidata a la Alcaldía de El Piñón
(Magdalena). No obstante, resulta necesario señalar que el análisis de dicho
argumento resulta improcedente en esta sede, en tanto que, se trata de un
fundamento novedoso y, en todo caso, no se acompasa con el cargo endilgado en
la demanda.

75. Aunado a lo anterior, la Sala pone de presente que la demandante refirió a la
vigencia y legalidad de los acuerdos expedidos por la ESE Hospital Local San Pedro
de El Piñón (Magdalena), mediante los cuales se estableció las funciones de la
planta de personal de la entidad.

52 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. (…) <inciso

modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en
el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
53«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo modificado por el

artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El
nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los
diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (…)».
(Subrayado fuera del texto original)
54 Artículo 13.

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76. Al respecto, se precisa que el mentado debate resulta irrelevante, en tanto
que, el Tribunal Administrativo del Magdalena abordó el análisis integral del manual
de funciones de la ESE Hospital Local San Pedro El Piñón (Magdalena), con el
ánimo de determinar si efectivamente el hermano de la acusada ejerció autoridad
administrativa y así analizar la posible configuración de la inhabilidad endilgada por
la parte actora.

77. Bajo ese entendido, la discusión en torno a la vigencia, derogatoria y
publicidad de los actos administrativos expedidos por la empresa social del estado
no será objeto de pronunciamiento por la Sala, pues no fue abordado por el tribunal
en primera instancia.

78. Finalmente, pese a que el demandante Jorge Eliecer Mora Polo indicó que el
Tribunal Administrativo del Magdalena omitió abordar el análisis de la tacha de
falsedad propuesta por Diana Leticia Salas Martínez, lo cierto es que, en la
sentencia de primera instancia el a quo resolvió la mentada solicitud; luego, no
resulta procedente su examen en esta sede, pues el actor no expresó inconformidad
alguna frente a la negativa de esta última.

79. A su vez, el referido actor indicó que el tribunal dejó de resolver la recusación
y la solicitud de nulidad. Sin embargo, de la revisión del expediente y de la sentencia
de primera instancia, la Sala denota que las peticiones relacionadas fueron
estudiadas por el a quo55, por ende, tampoco será objeto de pronunciamiento.

4. Problema jurídico

80. A partir de los fundamentos de la apelación, se deberá determinar si se
revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena,
en cuanto negó la nulidad de la elección de Lorena Luz Rada de la Hoz, como
alcaldesa de El Piñón (Magdalena), periodo 2024-2027.

81. Para resolver la anterior cuestión, la Sala verificará si del análisis probatorio
se concluye la configuración del elemento objetivo de la inhabilidad alegada, para
lo cual se estudiará si José Rafael Rada de la Hoz, hermano de la demandada,
ejerció autoridad administrativa en la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón
(Magdalena), particularmente, al desarrollar las siguientes actividades:

i) Realizar llamados de atención, desarrollar diligencias de descargos y, en
suma, participar en el proceso disciplinario en contra del médico Ascanio
Riquett Ospino
ii) Tener poder decisorio para determinar cuáles serían las cuentas de cobro
a cancelar por parte de la entidad; documentación que, «debían obtener
su visto bueno».

82. Con el propósito de dar solución al cuestionamiento antes planteado, la Sala
abordará la segunda instancia desde los siguientes tópicos: i) la causal de

55 Mediante providencia de 14 de agosto de 2024 se declaró infundada la recusación. A su vez, en la sentencia

de 25 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la solicitud de nulidad.

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inhabilidad por parentesco con quien haya ejercido autoridad administrativa y, iii) el
caso concreto.

4.1. La causal de inhabilidad por parentesco con quien haya ejercido autoridad
administrativa en el periodo inhabilitante (aplicación para los alcaldes)

83. El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a
ser elegido, como parte de las garantías que permiten a los ciudadanos participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político. Correlativamente, la
disposición 260 superior relaciona los cargos públicos que son elegidos por voto
popular.

84. Además, el ordenamiento jurídico ha previsto requisitos y condiciones para
ocupar tales dignidades, que se justifican en principios constitucionales como la
prevalencia del interés general sobre el particular, la moralidad administrativa y la
igualdad, para asegurar la elección de ciudadanos idóneos, en el marco de
certámenes democráticos que ofrezcan las mismas garantías para todos los
participantes.

85. Las inhabilidades electorales se inscriben en este plausible propósito y por
ello, para cada cargo de elección popular existe un régimen de causales que debe
ser observado, tanto por las organizaciones políticas, como por los candidatos, so
pena de las consecuencias igualmente instituidas en el ámbito administrativo y
judicial.

86. Estas situaciones han sido ampliamente tratadas por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado y, a partir de estos
pronunciamientos56, las inhabilidades pueden definirse como prohibiciones o
requisitos negativos que limitan legítimamente el acceso a la función pública. Por lo
mismo, su interpretación es restringida57 y no admite aplicaciones extensivas o
analógicas58.

87. Tratándose de los alcaldes, el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, establece el catálogo de causales, entre
las que se encuentra la siguiente:

ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

56 Ver, entre muchas otras providencias: Corte Constitucional, sentencias C-348 de 2004, MP. Jaime Córdoba

Triviño; C-015 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-146 de 2021, MP. Cristina Pardo Schlesinger.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad.
23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ), MP. Susana Buitrago Valencia; sentencia de 21 de abril de 2009, Rad.
11001-03-15-000-2007-00581-00, MP. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala Décima Especial
de Decisión, sentencia de 10 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00061-00, MP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. 52001-23-33-000-2019-00638-01, MP.
Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia de 29 de julio de 2021, Rad. 44001-23-40-000-2019-00175-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra; sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.),
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
57 En tal sentido, el artículo 1º, numeral 4 del Código Electoral, señala: «4. Principio de la capacidad electoral.

Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le limite su derecho. En
consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida» (se resalta).
58 Al respecto, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, Rad.

13001-23-33-000-2020-00066-01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sección Quinta, sentencia de 11 de
marzo de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-03154-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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(…)

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio (Énfasis añadido).

88. Esta norma contiene claramente el objeto general de las inhabilidades, toda
vez que busca evitar la elección de ciudadanos que puedan valerse de la cercanía
al poder municipal por cuenta de un familiar, con el propósito de sacar ventaja en la
campaña o favorecer intereses privados en la administración local. En esa línea,
esta Sección advirtió que esta causal fija «un límite al nepotismo y un freno a la
desigualdad que deriva del aprovechamiento potencial de las posiciones de
autoridad del familiar de quien aspira en este caso a la duma municipal, en
detrimento de otras candidaturas que no cuentan con apoyos similares».59

89. En cuanto a su configuración, la disposición contiene los presupuestos que
determinan la causal, los cuales deben presentarse de forma concurrente y han sido
identificados y caracterizados por esta corporación60

a) Presupuesto de parentesco o vínculo: parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, o vínculos por matrimonio o
unión permanente, que deben acreditarse, principalmente, con los respectivos
registros civiles.61
b) Presupuesto objetivo: el familiar debe ser un funcionario que haya ejercido
autoridad civil, política, administrativa o militar.
c) Presupuesto temporal: la autoridad se verifica dentro de los doce meses
anteriores a la elección.
d) Presupuesto espacial: ocurre en el municipio de la elección.

90. Atendiendo a lo expuesto, se concluye que la ley establece una inhabilidad
para ser alcalde por vínculos y parentescos con funcionarios que ejerzan en el
municipio cargos que revistan autoridad administrativa, entre otras modalidades,
dentro del año anterior a la elección, con el fin de asegurar la igualdad en la
competencia y combatir el nepotismo en la administración pública local.

59 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de febrero de 2021, Rad. 76001-23-33-000-2019- 01126-

01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
60 Estos presupuestos o elementos han sido identificados para diferentes cargos de elección popular que

comparten esta causal. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia
de 15 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-03209-00, MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Sección Quinta, sentencia de 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02965-01, MP. Rocío Araújo
Oñate (E); sentencia de 15 de abril de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2019-00454-01, MP. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia de 11 de febrero de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2020-00011-01, MP. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
61 Sobre la tarifa legal de la prueba del estado civil y del parentesco y de las pruebas supletorias o subsidiarias,

ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 41001-23-31-000-2007-
00342-01, MP. Mauricio Torres Cuervo; sentencia de 19 de abril de 2007, Rad. 52001-23-31-000-2006-00068-
01, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá. Sobre la prueba de la unión marital de hecho, ver: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2019-00354-01, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio; sentencia de 2 de mayo de 2013, Rad. 13001-23-31-000-2011-00810-01, MP. Mauricio Torres
Cuervo; auto de 4 de septiembre de 2008, Rad. 73001-23-31-000-2007-00713-01, MP. María Nohemí
Hernández Pinzón

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Demandantes: Jorge Eliécer Mora Polo y otros
Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
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91. La configuración de esta causal requiere de la demostración de todos y no
solo uno o algunos de los elementos previstos en la norma que la regula y su
interpretación debe hacerse sin perder de vista el carácter restrictivo y taxativo de
esta clase de limitaciones al derecho a ser elegido.

5. Pruebas relevantes para el caso

92. Se relacionaron las siguientes:

• Documentales:

1. Registros civiles de nacimiento de José Rafael Rada de la Hoz y Lorena Luz
Rada de la Hoz.62
2. Formulario E-26 ALC de 4 de noviembre de 2023.63
3. Oficio de aclaración de funciones dirigido al médico Gregorio Riquett
Santodomingo, suscrito el 6 de agosto de 2022 por José Rafael Rada de la
Hoz en calidad de jefe de recursos humanos de la ESE Hospital Local San
Pedro del municipio de El Piñón (Magdalena).64
4. Comprobante de pago al trabajador Ascanio Riquett Ospino por el periodo
comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2022, suscrito por José Rafael
Rada de la Hoz en calidad de jefe de recursos humanos.65
5. Comprobante de pago al trabajador Ascanio Riquett Ospino por el periodo
comprendido entre el 1 al 30 de diciembre de 2022, suscrito por José Rafael
Rada de la Hoz en calidad de jefe de recursos humanos.66
6. Certificación laboral expedida el 24 de enero de 2023 por José Rafael Rada
de la Hoz en calidad de jefe de recursos humanos de la ESE Hospital Local
San Pedro de El Piñón (Magdalena).67
7. Resolución nro. 0004 de 3 de enero de 2018, mediante la cual se realizó el
nombramiento de José Rafael Rada de la Hoz como Profesional Universitario
(jefe de Recursos Humanos) con código 219-01 de la ESE Hospital Local
San Pedro de El Piñón.68
8. Certificación de las funciones a cargo de José Rafael Rada de la Hoz en
calidad de Profesional Universitario (jefe de Recursos Humanos) grado 9
código 219, emitida el 25 de agosto de 2023 por la Gerente de la ESE
Hospital Local San Pedro de El Piñón. 69
9. Acuerdo 010 de 29 de diciembre de 2022, por el cual se actualiza el manual
específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los
empleos de la planta de personal permanentes y temporales de la empresa
social del estado – Hospital San Pedro del municipio El Piñón (Magdalena).70

62 Documento 03.1 Registros civiles.pdf – Expediente digital 2024-00014-00.
63 Documentos 03.10 Acta E-26 Alc 2.pdf y 23.7 Anexo06FormularioE-26.pdf– Expediente digital 2024-00014-

00.
64 Documento 03.2 Actuación Recursos Humanos.pdf. Página 1– Expediente digital 2024-00014-00.
65 Documento 03.2 Actuación Recursos Humanos.pdf. Página 5 – Expediente digital 2024-00014-00.
66 Documento 03.2 Actuación Recursos Humanos.pdf. Página 6 – Expediente digital 2024-00014-00.
67 Documento 03.2 Actuación Recursos Humanos.pdf. Página 7 – Expediente digital 2024-00014-00.
68 Documento 03.3 Certificación de funciones.pdf. Páginas 1 a 2 – Expediente digital 2024-00014-00.
69 Documento 03.3 Certificación de funciones.pdf. Páginas 3 a 6 – Expediente digital 2024-00014-00.
70 Documento 03.4 Certificación y Acuerdo 010 de 2022.pdf. Páginas 33 a 35 – Expediente digital 2024-00014-

00.

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10. Respuesta emitida por la Gerente de la ESE Hospital Local San Pedro,
mediante la cual remite los documentos requeridos.71
11. Acta de posesión de José Rafael Rada de la Hoz como profesional
universitario – jefe de recursos humanos, realizada el 3 de enero de 2018.72
12. Certificado de 4 de mayo de 2024 expedido por la gerente de la ESE Hospital
Local San Pedro, en el que se indica el tiempo en que ha laborado José
Rafael Rada de la Hoz en dicha entidad.73
13. Acuerdo nro. 008 de 29 de diciembre de 2017, por el cual se adopta las
modificaciones del manual de funciones de la ESE Hospital Local San Pedro
de El Piñón (Magdalena).74
14. Diligencias de descargos administrativos laborales de 8, 9 y 10 de noviembre
de 2022 realizado al trabajador Ascanio Riquett Ospino por José Rafael Rada
de la Hoz (jefe de recursos humanos) y Cristian Salas (jefe de control
interno), como representantes del empleador. 75
15. Llamados de atención de 9 y 10 de noviembre de 2022 al médico Ascanio
Riquett Ospino, suscritos por José Rafael Rada de la Hoz en calidad de jefe
de recursos humanos de la ESE Hospital Local San Pedro del municipio de
El Piñón (Magdalena).76
16. Resolución nro. ALG-11122-01 de 11 de noviembre de 2022, mediante la
cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de Ascanio Alberto
Riquett Ospino, suscrita por el gerente de la ESE Hospital Local San Pedro
de El Piñón (Magdalena).77

6. Caso concreto

93. Previo a abordar el análisis correspondiente, la Sala pone de presente que
los argumentos de apelación esbozados por los demandantes y el Ministerio Público
guardan similitud, por lo que serán abordados de manera conjunta.

94. Pues bien, los recurrentes plantean, en síntesis, que el tribunal realizó una
indebida valoración probatoria, toda vez que, de las documentales aportadas se
desprende que José Rafael Rada de la Hoz, hermano de la demandada, ejerció
autoridad administrativa al desempeñar sus funciones como jefe de recursos
humanos en la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena),
configurándose así, la inhabilidad prevista en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

95. Para fundamentar lo anterior, aludieron a las actuaciones que ejecutó José
Rafael Rada de la Hoz en calidad de jefe de recursos humanos de la ESE Hospital
Local San Pedro de El Piñón (Magdalena), quien, a juicio de los apelantes ejerció la
mentada autoridad porque i) realizó llamados de atención, desarrolló diligencias de
descargos y, en suma, participó en el proceso disciplinario en contra del médico
Ascanio Riquett Ospino, y ii) tenía poder decisorio para determinar cuáles serían las

71 Índice 83 samai– Expediente digital 2024-00014-00.
72 Índice 83 samai. Página 7 – Expediente digital 2024-00014-00.
73 Índice 83 samai. Página 10 – Expediente digital 2024-00014-00.
74 Índice 83 samai. Páginas 23 a 27 – Expediente digital 2024-00014-00.
75 Índice 83 samai. Páginas 133 a 138– Expediente digital 2024-00014-00.
76 Índice 83 samai. Páginas 139 a 140– Expediente digital 2024-00014-00.
77 Índice 83 samai. Páginas 142 a 143– Expediente digital 2024-00014-00.

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cuentas de cobro a cancelar por parte de la entidad; documentación que, «debían
obtener su visto bueno».

96. En cuanto al primer argumento, esto es, la supuesta potestad disciplinaria
frente al personal de la entidad, la Sala resalta que dicha situación no se predica de
José Rafael Rada de la Hoz, pues al observar las funciones que le fueron otorgadas
como jefe de recursos humanos, ninguna de ellas alude a la mentada facultad.

97. Ahora, los recurrentes advierten que José Rafael Rada de la Hoz ejerció
facultades disciplinarias, particularmente, respecto del médico Ascanio Riquett
Ospino a quien remitió llamados de atención los días 9 y 10 de noviembre de 2022
por incumplimiento a sus obligaciones y, desarrolló las diligencias de descargos
administrativos laborales el 8, 9 y 10 de noviembre del mismo año.

98. Frente a los llamados de atención, la Sala trae a colación la certificación de
funciones a cargo de José Rafael Rada de la Hoz como jefe de recursos humanos
y el Acuerdo 010 de 29 de diciembre de 2022, por el cual se actualizó el manual
específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la ESE Hospital Local San Pedro del municipio El Piñón
(Magdalena), para advertir que, dentro de sus competencias se encuentra la de
garantizar el cumplimiento de los horarios laborales, a saber:

• Garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los diferentes turnos
en la jornada laboral, atendiendo y corrigiendo oportunamente las quejas de
ausentismo, que permitan la prestación eficiente del servicio.
[…]
• Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, el de higiene y
seguridad industrial, el manual de funciones y todas las demás normas establecidas

99. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario señalar que las actuaciones
encaminadas a garantizar el cumplimiento de los horarios laborales del personal
que hace parte de la mentada entidad no devienen en el ejercicio de una potestad
disciplinaria, pues tal como se prevé de la literalidad de la función descrita, se trata
de una labor de observación, que se encuentra ligada a la competencia de ejercer
acciones correctivas, con la finalidad, precisamente, que se asegure la prestación
eficiente del servicio.

100. Bajo esa óptica, José Rafael Rada de la Hoz, en virtud de sus funciones, le
puso de presente al médico Ascanio Riquett Ospino no solo las fechas en que se
ausentó de su trabajo, sino también las consecuencias de dichos acontecimientos,
relacionadas con la reprogramación de citas de los usuarios del sistema de salud;
circunstancias que, se itera, no implica el ejercicio de potestad disciplinaria y
tampoco representa el desempeño de autoridad administrativa por parte del jefe de
recursos humanos del hospital.

101. En segundo lugar, se precisa que la participación de José Rafael Rada de la
Hoz en la diligencia de descargos rendidos por el médico Ascanio Riquett Ospino
tampoco permite deducir que se trató del ejercicio de potestad disciplinaria, máxime
si se tiene en cuenta que dichas actuaciones no hicieron parte de una etapa
relacionada con algún proceso disciplinario, sino que corresponden a una labor «de

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carácter meramente administrativo laboral», en donde se informó al empleado sobre
las consecuencias de su ausencia en el lugar de trabajo y se otorgó la posibilidad
de pronunciarse sobre ello.

102. En línea con lo anterior, la Sala expone que, aunque el Ministerio Público
indicó que en las referidas diligencias José Rafael Rada de la Hoz actuó como
delegado del gerente de la entidad, lo cierto es que no obra en el acervo probatorio
documental alguna que demuestre dicha asignación; por el contrario, del acta que
da cuenta de las referidas actuaciones se desprende que tanto el jefe de recursos
humanos como el jede de control interno, asistieron para escuchar la intervención
del médico Ascanio Riquett Ospino, ambos, en representación del empleador.

103. Ahora, la Sala observa que, pese a que en la documentación que da cuenta
de dichas diligencias, se hizo referencia a los «cargos» que se imputaron al
trabajador, lo cierto es que no obra prueba alguna que permita identificar los
lineamientos relacionados con el control interno disciplinario, en el cual se revelen
con precisión las etapas administrativas propias del mencionado proceso y las
dependencias o funcionarios que deban desarrollarlas.

104. En ese sentido, y contrario a lo esbozado por los recurrentes, las diligencias
de descargos desarrolladas por José Rafael Rada de la Hoz, en calidad de jefe de
recursos humanos, junto al jefe de control interno, tuvo como finalidad requerir y
escuchar al empleado para que se pronunciara sobre las constantes ausencias en
su lugar de trabajo y, no para darle continuidad o culminación a una etapa del
proceso disciplinario, como la formulación de cargos.

105. Bajo ese entendido, resulta apropiado aludir al código general disciplinario,
contemplado en la Ley 1952 de 201978, mediante el cual se precisó que la acción
disciplinaria, tratándose de entidades estatales, sería ejercido por las oficinas de
control disciplinario; dependencia que en este asunto no está relacionada y tampoco
se encuentra vinculada al cargo de jefe de recursos humanos.

106. Además, en la normatividad referida79 se precisó que el procedimiento
disciplinario está conformado, entre otras, por la etapa de cierre y evaluación de la
investigación, con la cual se determina el archivo de la actuación o si resulta
procedente la formulación de cargos; fase que se encuentra supeditada a la
indagación previa y la correspondiente investigación, y que, en todo caso, requiere
del cumplimiento de presupuestos para que se formalice80, los cuales no
acontecieron en las diligencias anteriormente señaladas.

107. Ahora, en el caso particular, pese a que no se evidencia un documento que
contenga instrucciones o lineamientos sobre el control interno disciplinario del
hospital, lo cierto es que del manual de funciones de la entidad se desprende que
quien detenta en su órbita de competencias dicha facultad, es el coordinador de la
oficina jurídica y de control interno disciplinario, que, a su vez, tiene como jefe
inmediato al gerente de la ESE, tal como se ilustra a continuación:

78 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».
79 Título IX. Ley 1952 de 2019.
80 Artículo 223 de la Ley 1952 de 2019.

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[…]
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyo en revisión de procesos administrativos de compras públicas, sumarios,
redacción de informes jurídicos, representación en procesos judiciales y asesoría
jurídica en general y gestión de control interno disciplinario y la defensa jurídica
de la ESE.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
[…]
• Control Interno disciplinario.
III. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
[…]
• Procesos judiciales y control interno disciplinarios al talento humano de la
ESE. (sic) (Énfasis añadido)

108. En adición a lo que antecede, la Sala pone de presente que, de conformidad
con el manual de funciones de la referida entidad, la dirección de los procesos de
índole disciplinario recae en el subgerente administrativo y financiero, quien
tiene como superior inmediato al gerente de la ESE Hospital Local San Pedro de El
Piñón (Magdalena), a saber:

[…]
PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos relacionados con el manejo de recursos humanos,
materiales, tecnológicos, financieros, logísticos y disciplinarios primera
instancia y servicios generales y la garantía de la eficiencia, eficacia,
economía y efectividad, para garantizar el apoyo a los servicios clínico
asistenciales y el cumplimiento de la capacidad técnico científica a quienes
prestan los servicios de salud, para el logro de trabajo en equipo de la misión
institucional de la ESE. (Énfasis añadido)

109. Bajo esa óptica, se reitera que, José Rafael Rada de la Hoz no ejerció
potestad disciplinaria en la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena),
pues las actividades que desarrolló respecto del médico Ascanio Alberto Riquett
Ospino, obedecieron a la facultad de corrección que le fue asignada, con el
propósito de velar y garantizar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo,
particularmente lo atinente al horario laboral de los empleados.

110. Ahora bien, frente a este punto resulta relevante subrayar que la Resolución
nro. ALG-11122-01 de 11 de noviembre de 2022, mediante la cual se declaró la
insubsistencia del nombramiento de Ascanio Alberto Riquett Ospino, fue suscrita
por el gerente de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena), quien,
a diferencia de José Rafael Rada de la Hoz, sí tiene dentro de sus funciones la
potestad de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia en los
siguientes términos81:

• Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por
la ley y los reglamentos.
[…]
• Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas
de administración del personal que rigen para las diferentes categorías de empleos,
en el Sistema de Salud. (sic)

81 Acuerdo 010 de 29 de diciembre de 2022.

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111. De lo anterior se colige que las actuaciones desarrolladas por José Rafael
Rada de la Hoz como jefe de recursos humanos de la ESE Hospital Local San Pedro
de El Piñón (Magdalena), no obedecen a funciones sobre las que pueda deducirse
una autonomía decisoria; por el contrario, se reducen a observar, velar, garantizar,
y en general advertir diferentes acontecimientos de índole laboral, sin que ello
implique alguna modificación a la planta de personal de la referida entidad.

112. Frente al segundo argumento, esto es, la supuesta potestad decisoria
derivada de la suscripción de los comprobantes de pago por parte de José Rafael
Rada de la Hoz, la Sala subraya que, dicha actuación tampoco implica el ejercicio
de autoridad administrativa, pues tal como lo expuso la parte actora, su función se
limitó a otorgar «visto bueno».

113. Atendiendo a lo anterior, resulta procedente traer a colación el Acuerdo 010
de 29 de diciembre de 202282, mediante el cual se establecieron nuevas funciones83
al cargo de profesional universitario grado 9 código 219, que para el caso particular
corresponde al puesto que detentó José Rafael Rada de la Hoz como coordinador
de facturación, en los siguientes términos:

1. Organizar las actividades de la dependencia, con el propósito de presentar
oportunamente la totalidad de las cuentas de cobro y/o facturas que respaldan el
cobro de la prestación de servicios en cumplimiento de los lineamientos
establecidos.
2. Desarrollar el proceso de planificación, organización, administración, control
y evaluación de la dependencia de su competencia en coordinación con la
Subgerencia Administrativa y Financiera con la oportunidad y calidad requeridas.
3. Generar mecanismos de comunicación para que contribuyan a la socialización
de las condiciones contractuales con los diferentes pagadores con el fin de evitar la
generación de gIosas y garantizar el cumplimento de las obligaciones contractuales
en los términos establecidos por el pagador.
4. Coordinar y responder por todas las etapas y estados de la facturación.
5. Coordinar y responder por todo el proceso de generación, seguimiento y evaluación
de la cartera hospitalaria.
6. Presentar a la Gerencia, por intermedio de Subgerencia Administrativa, los
informes y las recomendaciones necesarias para el mejoramiento del sistema de
facturación y cartera, para dar cumplimiento a las metas institucionales.
7. Generar con las diferentes dependencias tengan relación directa o indirecto, el
proceso de conciliación de cifras e interface a través del sistema de información, de
manera eficaz.
8. Cumplir con los estados de facturación, cartera y auditoría médica de cuentas.
9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área
de desempeño. (sic)

114. De lo expuesto la Sala observa que José Rafael Rada de la Hoz tuvo a su
cargo, únicamente, las funciones de organización y coordinación de las cuentas
de cobro y, en general, de los aspectos relacionados con la facturación de la

82 Por el cual se actualiza el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los

empleos de la planta de personal permanentes y temporales de la empresa social del estado – Hospital San
Pedro del municipio El Piñón (Magdalena).
83 Coordinador del proceso de facturación y gestión de cartera.

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entidad; por lo que, dentro de sus competencias, no se observa aquella relacionada
con la potestad de decidir sobre la procedencia de los pagos.

115. Además, las responsabilidades previamente enlistadas se encuentran
subordinadas a las disposiciones que emane el subgerente administrativo como
superior inmediato, quien, a su vez, se encuentra supeditado a la gerencia de la
entidad y tiene competencia para liderar la gestión del proceso de facturación y de
cartera, tal como quedó contemplado en el manual de funciones de la ESE Hospital
Local San Pedro de El Piñón (Magdalena):

[…]
• Liderar la Gestión del Proceso de Facturación de Servicios de Salud.
• Liderar la Gestión del Proceso de Cartera por Servicios de Salud. (sic)

116. Así las cosas, las responsabilidades contempladas en los numerales 1 a 9,
tratándose del cargo de coordinador de facturación, la Sala observa que se trata de
funciones de organización, orientadas a obtener una debida administración de las
cuentas de cobros y las facturas.

117. Finalmente, resulta necesario traer a colación cada una de las funciones que
detentó José Rafael Rada de la Hoz como jefe de recursos humanos, con el
propósito de ilustrar que el hermano de la demandada no ejerció autoridad
administrativa, pues no tuvo autonomía decisoria dentro de su esfera funcional, sino
que su competencia se limitó a desarrollar actuaciones que propendieran por el
buen funcionamiento de la entidad, como pasa a explicarse.

118. En cuanto a las competencias propias del cargo de jefe de recursos humanos
de la ESE Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena), se tienen las
siguientes:

1. Atender a los trabajadores que así lo requieran, brindándoles un servicio
personalizado, con el fin de conocer y dar solución a las situaciones que repercuten
en el bienestar del trabajador y sus familiares.
2. Elaborar y coordinar un programa de evaluación de desempeño en las
fechas estipuladas, que permita detectar habilidades y debilidades.
3. Garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los diferentes
turnos en la jornada laboral, atendiendo y corrigiendo oportunamente las quejas de
ausentismo, que permitan la prestación eficiente del servicio.
4. Desarrollar acciones correctivas y/o preventivas relacionadas con la
formulación de los siguientes procedimientos: Selección e inducción, Formación,
Evaluación del desempeño; Nómina, Salud Ocupacional y Bienestar laboral que
permitan la mejora continua de los procesos de gestión humana.
5. Mantener organizada y actualizada la documentación y registros con todos
los antecedentes y la información referida a personal vinculado a la institución.
6. Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS).
7. Coordinar actividades tales como: felicitaciones en fechas especiales
información de interés en carteleras, listado de cumpleaños, entre otras de interés
general con el fin de mantener un clima laboral apropiado.

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Demandada: Lorena Luz Rada de la Hoz,
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8. Recibir y revisar la relación de los turnos programados para las Auxiliares
de Enfermería para el mes correspondiente, de modo que sean coherentes con el
número de horas laboradas legalmente permitidas.
9. Revisar y aprobar mensualmente las cuentas de cobro a cancelar a los
contratistas vinculados al hospital.
10. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de riesgos
Ocupacionales determinando la necesidad de suministrar o no elementos de
protección personal, previo estudio del puesto de trabajo.
11. Controlar, analizar y hacer seguimiento a las incapacidades de los
trabajadores, a través del manejo del registro de incapacidades por accidentes de
trabajo o enfermedades, e intervenir en los casos en que sea necesario.
12. Realizar investigación reporte sobre accidentes enfermedades
profesionales, ausentismo y personal expuesto a los factores de riesgo laborales
mediante su registro.
13. Hacer seguimiento a las actividades encaminadas a la eliminación y control
de los factores de riesgo con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los
trabajadores del hospital.
14. Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, el de higiene y
seguridad industrial, el manual de funciones y todas las demás normas establecidas.
15. Supervisar el seguimiento al uso de los implementos de protección personal
para asegurar su cumplimiento.
16. Coordinar y supervisar la realización de los exámenes médicos periódicos
ocupacionales de los trabajadores para garantizar su aplicación oportuna.
17. Verificar el estado de los equipos e infraestructura y comunicar a Gerencia
para proceder a mantenimiento necesario.
18. Mantener actualizada y organizada toda la documentación propia del área
requerida en este tipo de entidades para responder oportunamente ante las visitas y
auditorias de instituciones propias de control del servicio de salud.
19. Monitorear proceso de mantenimientos de los equipos biomédicos para su
normal funcionamiento.
20. Diligenciar ante la ARL, AFP y EPS la documentación para la afiliación del
personal de nómina y contratos para llevar a cabo el proceso de contratación.
21. Coordinar el transporte que requieran los funcionarios de la E.S.E y
Contratistas para el desarrollo de sus funciones.
22. Velar por el cumplimento de los procedimientos de la institución apoyados
con la oficina de control interno.
23. Todas las asignadas por el jefe inmediato, teniendo en cuenta la jerarquía de
su cargo.

119. De lo anterior, la Sala resalta, en primera medida, que las funciones que
recaían en José Rafael Rada de la Hoz estaban supeditadas a labores de apoyo
y coordinación con otras dependencias y, en segundo término, que el
desempeño de sus tareas se encuentra supeditado a la dirección y control de su
superior jerárquico, que para el caso particular obedece al gerente de la ESE
Hospital Local San Pedro de El Piñón (Magdalena).

120. Pues bien, se destaca que en las funciones 1, 2, 7, 16, 17 y 21, se emplean
verbos propios del nivel profesional, tales como coordinar, atender y
desarrollar acciones, que no involucra poder decisorio o de mando84; por el

84 Al respecto consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad,

15001-23-33-000-2024-00021-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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contrario, se requieren instrucciones del superior inmediato, que para el caso
de jefe de recursos humanos obedece al gerente del hospital.

121. En iguales términos procede la conclusión expuesta previamente respecto de
las funciones 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, de las cuales se desprende
la ejecución de actuaciones administrativas de índole laboral y de control
interno; competencias que, en todo caso, tampoco comportan autonomía o
poder de decisión sobre la planta de personal que pertenece a la entidad.

122. Aunado a lo que antecede, las funciones 6 y 19 se circunscriben a «velar
por el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)» y
«monitorear proceso de mantenimientos de los equipos biomédicos para su normal
funcionamiento», competencias que, acorde con el criterio previamente expuesto,
no implican el ejercicio de autoridad administrativa.

123. A su vez, de la función 4 la Sala observa que se trata de una competencia
encaminada a desarrollar acciones correctivas y/o preventivas, únicamente,
respecto de «la selección e inducción, formación, evaluación del desempeño,
nómina, salud ocupacional y bienestar laboral» para mejorar los procesos de gestión
humana, lo que permite concluir que la labor enlistada no se acompasa con el
desarrollo de un procedimiento que tenga como finalidad endilgar responsabilidad
disciplinaria a los funcionarios del hospital y tampoco ejercer potestad decisoria
frente al recurso humano.

124. Finalmente, en cuanto a la tarea contemplada en el numeral 9, resulta
necesario detallar que, aunque consiste en «revisar y aprobar» las cuentas de
cobro a cancelar a los contratistas, lo cierto es que los verbos que se emplean
difieren de la función de decidir sobre la procedencia de los pagos, por lo que la
labor del jefe de recursos humanos se supedita a brindar el visto bueno de dichos
documentos; máxime si se tiene en cuenta que se encuentra subordinado al gerente
de la ESE, quien sí funge como ordenador del gasto.

125. Bajo ese entendido, del análisis detallado del acervo probatorio no se advierte
que las funciones que desempeñó José Rafael Rada de la Hoz como jefe de
recursos humanos y coordinador de facturación, deriven en el ejercicio de autoridad
administrativa, pues no tuvo en su esfera ningún grado de autonomía decisoria
y tampoco el poder de mando.

126. Pues bien, la Sala concluye que, como lo sostuvo el tribunal, en el plenario
no reposan elementos de convicción necesarios para acreditar la configuración de
la inhabilidad prevista en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000, sin que se advierta la indebida valoración
probatoria que acusaron las censuras de la apelación.

127. Así las cosas, es lo procedente confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en cuanto negó la nulidad
de la elección de Lorena Luz Rada de la Hoz, como alcaldesa de El Piñón
(Magdalena), para el periodo 2024 – 2027, por las razones que se expusieron en la
presente providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 25 de octubre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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