Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00039-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00039-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 47001-23-33-000-2024-00039-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de febrero de 2025
Demandantes: Alex Alberto Pinzón Montero y otro
Demandados: Wiston Manuel Vargas Corvacho y
otros como concejales del distrito de Santa Marta
(Magdalena)
Radicado: 47001-2333-000-2024-00039-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 47001-2333-000-2024-00039-01
Demandantes: Alex Alberto Pinzón Montero y otro
Demandados: Wiston Manuel Vargas Corvacho y otros como concejales del
distrito de Santa Marta (Magdalena), período 2024-2027
Temas: Improcedencia de la acumulación de causales objetivas y
subjetivas (Art. 281 CPACA). Efectos temporales de las
sentencias que declaran la nulidad del acto administrativo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el
fallo proferido el 7 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Los señores Alex Alberto Pinzón Montero y Francisco Javier Laguna Bolaño, a través
de apoderado judicial, demandaron la nulidad del acto de elección1 de los señores
Wiston Manuel Vargas Corvacho, Jeny Carolina García Murillo y Juan David Vergel
Amaris como concejales del Distrito de Santa Marta, para el periodo 2024-2027.
2. Según la parte demandante, la elección de los accionados, postulados al concejo
por el Movimiento Fuerza Ciudadana, debe declararse nula porque la Resolución 5529
de 2022 proferida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó personería
jurídica a dicha colectividad política, fue expedida con falsa motivación y
desconociendo los artículos 13, 40 y 108 de la Constitución Política.
3. Para los demandantes, el CNE al expedir la referida resolución aplicó de manera
errónea una analogía de los hechos ocurridos en torno al reconocimiento de personería
jurídica de los Partidos Políticos Unión Patriótica, Nuevo Liberalismo, Colombia
1
Contenido en el acta o formulario de elección formulario E-26 del 25 de noviembre de 2023 proferida por la Comisión Escrutadora
Municipal de Santa Marta.
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Demandantes: Alex Alberto Pinzón Montero y otro
Demandados: Wiston Manuel Vargas Corvacho y
otros como concejales del distrito de Santa Marta
(Magdalena)
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Humana, Liga de Gobernantes y FARC, toda vez que el movimiento Fuerza Ciudadana
no se encontraba dentro de ninguno de los supuestos fácticos en los que se
encontraban esas colectividades políticas y, en ese orden, para el reconocimiento de
su personería jurídica debió acreditar el cumplimiento del mandato consagrado en el
artículo 108 constitucional, esto es, obtener una votación no inferior al tres por ciento
(3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones
legislativas; requisito que Fuerza Ciudadana no logró.
4. Por lo referido, la parte accionante sostiene que con la elección de los accionados
se incurrió en las causales de nulidad establecidas en los numerales 42 y 53 del artículo
275 del CPACA.
5. Concluyó que «la participación de todos los candidatos al concejo de Santa Marta
que fueron inscritos por el movimiento fuerza ciudadana, para el certamen celebrado
el pasado 29 de octubre de 2023, periodo constitucional 2024- 2027, fue
desconociendo los parámetros constitucionales y legales debido que en la etapa
preelectoral y de manera concisa en la inscripción no se llenaba los requisitos
requeridos para poder aspirar toda vez que en esa etapa se lograron inscribir a través
de un aval que proviene de un reconocimiento de personería jurídica obtenida sin el
lleno de los requisitos constitucionales y legales». [sic].
1.2. Trámite en primera instancia
1.2.1. Admisión y otras decisiones
6. Inicialmente, la demanda fue inadmitida mediante auto del 30 de enero de 20244,
siendo presentado escrito de subsanación5 por la parte actora en memorial del 5 de
febrero del mismo año. Posteriormente, por medio de auto del 26 de febrero de 2024,
el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y dispuso las
notificaciones y comunicaciones pertinentes. En consecuencia, se presentaron las
intervenciones que se refieren a continuación.
1.2.2. Contestación
7. La parte demandada6, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de
nulidad al considerar que el extremo demandante no detalló de manera precisa el
2
«4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido
para la distribución de curules o cargos por proveer».
3
«5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad
o que se hallen incursas en causales de inhabilidad».
4
Para el efecto, el tribunal consideró: «[…] el planteamiento propuesto por la parte actora se centra en señalar que los actos de
elección demandados se encuentran viciados de nulidad porque en su criterio, para la expedición de la Resolución No. 5529 de
2022 se vulneraron los artículos 13, 40 y 108 de la Constitución Política, y que se incurrió en falsa motivación para su expedición,
aspectos que desarrolló en el concepto de vulneración, sin acusar puntualmente normas violadas y concepto de vulneración frente
a los actos de elección demandados. Para este Despacho resulta desacertado que los demandantes centren la solicitud de
nulidad de los actos electorales impugnados, cuestionando vicios o irregularidades en la Resolución 5529 de 2022
proferida por el Consejo Nacional Electoral, dado que dicho acto administrativo no es objeto de demanda en este proceso
y frente al cual este Tribunal carece de competencia para examinar su legalidad. Con fundamento en lo anterior, la demanda
no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, al no exponer las normas violadas y
el concepto de violación frente a los actos demandados». .[Énfasis fuera de texto]. Índice 11 Samai del tribunal.
5
Se advierte que en el escrito de subsanación la parte accionante citó como normas violadas los numerales 4 y 5 del artículo 275
del CPACA.
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Índice 25 Samai del tribunal.
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supuesto de violación de las causales de nulidad electoral, en que presuntamente
incurren los accionados.
8. Asimismo, afirmó que el acto que declaró la elección demandada se fundó en un
escrutinio que realizó de forma minuciosa la autoridad electoral competente y que en
el trámite se cumplieron las normas electorales establecidas y las garantías
constitucionales y legales pertinentes.
9. Adujo que la demanda es una «reproducción literal de los hechos y pretensiones»
del proceso que se adelanta contra el CNE ante el Consejo de Estado con el radicado
11001-03-28-000-2023-00046-00 en el que se solicita la nulidad de la Resolución 5529
de 2022. Además, precisó que «los supuestos fácticos, jurídicos y medios probatorios
presentados carecen de la solidez necesaria para ser sustentados con éxito», razón
por la cual solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda. Finalmente
propuso que se declarara la excepción de inepta demanda por indebida acumulación
de las pretensiones.
10. A través de apoderada judicial, el CNE7 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de nulidad y, para el efecto señaló que la parte demandante no estableció
las causales por las cuales demanda la elección de los concejales accionados, toda
vez que «solo se hacen precisiones y se ataca la legalidad del acto administrativo que
otorgó personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana y con ello se solicita que
sea anulado el acto de elección de los concejales del Distrito de Santa Marta, elegidos
por ese partido político, sin embargo, no se establece las causales objetivas o
subjetivas para la solicitud de anulación del acto de elección».
11. Por lo anterior, propuso las excepciones de «inepta demanda por falta de requisitos
formales» y «No Procedencia de la Acción de Nulidad Electoral» [sic].
12. La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) solicitó8 que se decrete la
configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa material por pasiva,
al considerar que las labores de la entidad frente a los comicios son meramente
logísticas por lo que no puede hacer manifestaciones respecto de las pretensiones de
la demanda y tampoco está llamada a responder por los actos administrativos
proferidos por el CNE.
1.2.3. Traslado de las excepciones
13. Previo traslado de las excepciones propuestas9, mediante auto del 5 de junio de
202410, el tribunal declaró no probada la excepción previa de inepta demanda
planteada por la parte accionada, y señaló que la planteada por el CNE se resolvería
en la sentencia por ser un asunto del fondo del asunto.
7
Índice 21 Samai del tribunal.
8
Índice 26 Samai del tribunal.
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Índice 27 Samai del tribunal.
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Índice 31 Samai del tribunal.
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1.2.4. Audiencia inicial
14. En el referido auto del 5 de junio de 2024, el tribunal ordenó la audiencia inicial que
se realizó el día 20 del mismo mes y año11, en la cual se saneó el trámite, se fijó el
litigio12 y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. Mediante auto del 10 de
septiembre de 202413 se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para presentar concepto.
1.2.5. Alegatos de conclusión
15. Los aspectos más relevantes de los alegatos fueron los siguientes:
a) El extremo demandante14 ratificó lo expuesto en su demanda. Precisó
que en la inscripción de los los candidatos al concejo de Santa Marta del
movimiento Fuerza Ciudadana no se llenaron los requisitos requeridos para
aspirar toda vez que el aval provino de un reconocimiento de personería jurídica
obtenida sin el lleno de los requisitos constitucionales y legales, circunstancia que
se concretó con la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto
que reconoció la referida personería al movimiento político fuerza ciudadana.
Para los demandantes «la ilegalidad que arropa al movimiento plurimencionado
necesariamente se extiende a los individuos que se inscribieron, participaron y a
los que resultaron elegidos por esta colectividad».
b) La parte demandada15 insistió en los argumentos de defensa que
propuso en la contestación de la demanda. Para el efecto reiteró que no existen
los presupuestos fácticos, jurídicos, ni probatorios que permitan inferir la
existencia de una causal, tanto objetiva como subjetiva, que vicie de nulidad el
acto que declaró su elección.
De igual forma explicó que con la modulación de los efectos de la decisión
adoptada el 7 de marzo de 2024, por medio de la cual se declaró la nulidad de la
Resolución 5529 de 2022 proferida por el CNE, el Consejo de Estado protege los
los derechos políticos de las personas avaladas y elegidas democráticamente por
el entonces Movimiento Político Fuerza Ciudadana, constituyéndose este como
un precedente vertical para el tribunal en relación con lo que se discute en este
proceso.
c) La RNEC16 pidió ser desvinculada del presente trámite judicial, pues considera
que no posee legitimación en la causa por pasiva.
d) El Ministerio Público no presentó concepto dirigido a este proceso.
11
Índice 41 Samai del tribunal.
12
Sobre la fijación del litigio se plantearán algunas consideraciones al estudiar el caso concreto en esta providencia.
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Índice 47 Samai del tribunal.
14
Índice 53 Samai del tribunal.
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Índice 52 Samai del tribunal.
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Índice 54 Samai del tribunal.
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1.3. Sentencia de primera instancia
16. En la sentencia del 7 de octubre de 202417, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC
y negó las pretensiones de nulidad de la elección cuestionada, con fundamento en lo
siguiente:
a) Los cargos de nulidad propuestos por la parte actora se dirigen a
cuestionar la legalidad de la Resolución 5529 de 2022 del CNE, y el tribunal no
tiene competencia para examinar la legalidad de dicho acto administrativo, lo cual
le corresponde al Consejo de Estado. En ese orden, destacó que los
demandantes no exponen de forma directa cuestionamientos relacionados con el
acto de elección de los accionados, ni proponen argumentos sobre los resultados
de la votación o las calidades de los elegidos, ni sobre si incurren en doble
militancia o alguna causal de nulidad, por el contrario, centran sus
inconformidades en el acto administrativo por el cual el CNE reconoció personería
jurídica al Movimiento Político Fuerza Ciudadana, colectividad que avaló las
candidaturas de los accionados.
b) La Sección Quinta del Consejo de Estado, declaró la nulidad de la
resolución que reconoció la personería jurídica al Movimiento Político Fuerza
Ciudadana y moduló los efectos de esa decisión hacia el futuro, con el propósito
de salvaguardar situaciones particulares que se hubieren concretado con
fundamento en la personería jurídica reconocida hasta el momento de la
declaratoria de nulidad.
17. Por lo anterior, el tribunal de primer grado concluyó que el acto de elección de los
accionados debía permanecer incólume, entendiendo que los efectos de la declaratoria
de nulidad del acto que reconoció la personería jurídica de la colectividad política que
avaló su candidatura surte sus efectos hacia el futuro, y por ello no puede perjudicar
las situaciones jurídicas que se concretaron con antelación a dicha declaratoria.
1.4. Recurso de apelación
1.4.1. Trámite en primera instancia
18. La parte accionante apeló la decisión mediante memorial del 30 de octubre de
202418. En resumen, solicitó revocar la sentencia porque insiste en plantear que la
ilegalidad que arropa al movimiento político Fuerza Ciudadana necesariamente se
extiende a los individuos que se inscribieron, participaron y resultaron elegidos por esta
colectividad en el Concejo Distrital de Santa Marta.
19. Según lo indica, a diferencia de lo que dispuso la primera instancia respecto a que
no fueron expuestos argumentos directos contra la elección de los concejales
accionados, se destaca que la demanda se enmarca en las causales prescritas en los
17
Índice 56 Samai del tribunal.
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Índice 59 Samai del tribunal.
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numerales 4 y 5 del artículo 275 de la ley 1437 de 2011, las cuales son el fundamento
jurídico de las pretensiones. Por tanto, reitera que los señalamientos sí fueron
precisados, no solamente en contra de los elegidos, sino de la totalidad de los inscritos
por el movimiento Fuerza Ciudadana.
20. En lo referente a los efectos a futuro de la sentencia del Consejo de Estado que
declaró la nulidad del acto administrativo que reconoció personería jurídica al
movimiento Fuerza Ciudadana, señaló que, a pesar de la modulación del fallo, esto no
es aplicable al caso en estudio, por lo siguiente:
• La demanda propuesta por mis mandantes fue anterior al fallo emitido por el Consejo
de Estado, encontrándose dentro de los términos establecidos y bajo lo perenne que se
requería con el fin de no ser presentada la demanda de manera extemporánea.
• No se puede pregonar un efecto futuro cuando la génesis del litigio se originó
precisamente en un debate electoral que se lleva a cabo con anterioridad al mencionado
fallo, es decir, se advierte que todo partido o movimiento política para participar en una
contienda electoral tiene que cumplir con todos los ordenamientos legales, so pena de
estar viciado de legalidad como en efecto ocurrió con el Movimiento Fuerza Ciudadana.
Movimiento este que, mantiene como premisa de participación política el solo hecho de
contar con el derecho a elegir y ser elegido, del cual no nos apartamos, pero, debe
hacerse con el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.
• Finalmente se concluye que no existe manera de que las falencias legales del
Movimiento no afecten a los miembros de la colectividad o candidatos, máximo cuando
se demostró que fueron entregados avales inhabilitadas. [SIC A TODO EL TEXTO EN
CITA]
21. Mediante auto del 06 de noviembre de 202419, el Tribunal Administrativo del
Magdalena concedió la impugnación presentada por el extremo demandante.
1.4.2. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia
22. El 21 de noviembre de 202420, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite conforme al artículo 293 del CPACA.
23. La Secretaría de la Sección Quinta puso a disposición el escrito de apelación21,
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión22 y al Ministerio Público, para que,
si a bien lo tenía, presentara concepto23. Dentro de dichos términos se allegaron las
siguientes intervenciones:
a) Jeny Carolina García Murillo, Wiston Manuel Vargas Corvacho y Juan David
Vergel Amarí (demandandos)24, mediante apoderado, reiteraron lo manifestado en
los escritos de contestación y alegatos de conclusión de primera instancia, respecto
a que no existen los presupuestos fácticos, jurídicos ni probatorios que permitan
probar alguna de las causales de nulidad alegadas y que el fallo emitido por Consejo
de Estado el 7 de marzo de 2024, por medio del cual se protegen los derechos
19
Índice 62 Samai del tribunal.
20
Índice 5 Samai.
21
Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024 (índice 10 Samai).
22
Entre el 3 y el 5 de diciembre de 2024 (índice 11 Samai).
23
Entre el 6 y el 12 de diciembre de 2024 (índice 12 Samai).
24
Índice 9 Samai.
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políticos de las personas avaladas y elegidas por el movimiento Fuerza Ciudadana,
sirve como un precedente vertical que debía observar el tribunal para resolver el
presente asunto.
Adicionalmente, resaltaron lo siguiente:
[L]a falta de precisión y exactitud en la formulación de la impugnación afecta directamente
el Principio de seguridad jurídica y confianza legítima, el cual se fundamenta en la idea
de que las decisiones y actos administrativos deben proporcionar certeza y previsibilidad
a los ciudadanos y participantes en el proceso electoral. La argumentación presentada
por el actor también vulnera el principio de legalidad y compromete la seguridad jurídica
de las partes involucradas.
b) La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado25 solicitó
confirmar el fallo apelado toda vez que concluyó que, aunque la personería jurídica
del Movimiento Político Fuerza Ciudadana fue anulada por no cumplir con los
requisitos para su obtención, lo cierto es que el acto administrativo por medio del
cual se reconoció dicha personería, gozó de presunción de legalidad hasta que fue
declarado nulo, por tanto, las decisiones relacionadas con los avales y respaldos
otorgados por dicha colectividad mientras esta mantuvo su vigencia, son válidas y
deben subsistir.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. La Sala es competente para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por
la parte accionante contra la sentencia del 7 de octubre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de nulidad del acto de
elección acusado.
25. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 26 y literal a)27
del numeral 7 del 152 del CPACA, así como lo preceptuado en el artículo 1328 del
Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado.
2.2. Caso concreto
26. El hecho que resulta relevante para resolver la alzada consiste en que, según lo
refiere la parte demandante, la ilegalidad de la Resolución 5529 de 2022 del CNE, acto
administrativo por medio del cual se reconoció la personería jurídica del Movimiento
Político Fuerza Ciudadana, vició la inscripción y la elección de los candidatos de dicha
colectividad al Concejo Distrital de Santa Marta, por tanto, corresponde declarar la
nulidad del acto de elección de los accionados y, como consecuencia, excluir del
25
Índice 13 Samai.
26
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
27
«ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: a) De la nulidad del acto de elección […] de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […]».
28
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
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escrutinio la votación obtenida por estos en los comicios que se realizaron el 29 de
octubre de 2023.
27. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las
pretensiones de la demanda porque determinó que la sola declaratoria de nulidad de
la Resolución 5529 de 2022 del CNE no conduce a la irregularidad de la participación
en la contienda electoral de los integrantes del Movimiento Político Fuerza Ciudadana
que fueron elegidos como concejales del Distrito de Santa Marta en los comicios de
octubre de 2023.
28. Lo anterior, en atención a que los efectos de la sentencia de nulidad fueron diferidos
hacia el futuro, es decir, desde la ejecutoria de la sentencia del 7 de marzo de 2024,
por tanto, no afecta la legalidad de la inscripción ni la elección de los miembros del
Movimiento Político Fuerza Ciudadana que participaron en el proceso electoral del 29
de octubre de 2023.
29. El fallador de primer grado acotó que la parte demandante no expuso
cuestionamientos relacionados directamente con la elección de los accionados, es
decir, con aspectos relativos a los resultados de la votación o a las calidades o
requisitos de elegibilidad de los elegidos, y destacó que los cuestionamientos se
centraron en los vicios que determinaban la ilegalidad del acto administrativo que
reconoció la personería jurídica del movimiento político que avaló e inscribió a los
concejales demandados.
30. Para concluir explicó que «al tratarse de hechos acaecidos con anterioridad a la
ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado donde anuló el
reconocimiento de la personería […] las elecciones demandadas se originaron en
situaciones particulares y concretas ejecutadas con ocasión de la personería jurídica
reconocida hasta el momento de la nulidad de la Resolución 5529 de 2022, lo que
conlleva a que no se encuentran afectadas con la declaratoria de nulidad».
31. Inconforme con lo anterior, en su escrito de apelación, la parte accionante reiteró
que en la demanda se explicó que los votos emitidos en la elección de los concejales
de Santa Marta a favor del movimiento Fuerza Ciudadana no cumplían con la carga
constitucional y legal para ser obtenidos.
32. Esto, porque su participación se dio gracias a una inscripción ilegítima, en tanto el
aval fue otorgado por una colectividad política que consiguió una personería jurídica
sin el lleno de los requisitos correspondientes. Así, indicó que el cómputo de dicha
votación no corresponde con el ordenamiento jurídico, por lo que se configuró la causal
4 del artículo 275 del CPACA.
33. En ese mismo orden, insistió en que también se estructuró la causal 5, la cual
«consistió en ser candidatos sin el lleno de los requisitos constitucionales y legales,
toda vez que fueron inscritos por medio de un aval que se encontraba infectado de
ilegalidad por provenir de una personería que fue otorgada sin cumplimiento de los
requisitos legales». Por tanto, para la parte accionante, la irregularidad que arropa al
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movimiento Fuerza Ciudadana necesariamente se extiende a los individuos que se
inscribieron, participaron y resultaron elegidos por esta colectividad, desde la génesis
del proceso electoral, la cual estuvo viciada al desprenderse de un acto ilegal.
34. Además, cuestionó la aplicación de las consecuencias del fallo que declaró la
nulidad de la Resolución 5529 de 2022 del CNE, a pesar de la modulación de los
efectos hacia el futuro que dispuso la corporación en dicha providencia, al advertir que
no se podía pregonar un efecto futuro cuando el origen de la controversia es un debate
electoral que se llevó a cabo con anterioridad al mencionado fallo, por lo que concluyó
que no existía manera de que la ilegalidad del partido político no afectara a los
candidatos que resultaron elegidos, pues los avales entregados «estaban inhabilitados
por su ilegalidad».
35. Por lo expuesto hasta acá, corresponde a esta Sección resolver, en los precisos
términos del recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
36. Con el fin de determinar lo anterior, se estudiará si el acto demandado se encuentra
afectado por las causales de nulidad que alega el accionante, conforme los argumentos
que propuso en su recurso de alzada, precisión que se sustenta en los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso (CGP)29, que prescriben que dicho medio de
impugnación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por la parte recurrente30.
2.3. De la decisión del recurso de apelación
37. En resumen, los reparos del apelante se sustentan en que el tribunal de primer
grado no tuvo en cuenta que el debate no se centra en discutir la legalidad de la
resolución del CNE que otorgó personería jurídica al movimiento Fuerza Ciudadana,
sino en las consecuencias que la ilegalidad de ese acto tuvo en la elección de los
concejales avalados por dicha organización política en el Distrito de Santa Marta y en
la imposibilidad de que la votación obtenida por estos se computara, esto último en
consonancia con la causal de nulidad del 275.4 del CPACA.
38. Asimismo, alega que los efectos a futuro de la sentencia que declaró la nulidad del
acto que reconoció la personería del mencionado partido político no podían aplicarse
en este caso particular, porque los avales que precedieron la inscripción de las
candidaturas estaban viciados de nulidad, pues Fuerza Ciudadana obtuvo la
personería jurídica sin el lleno de los requisitos legales y constitucionales, lo que
deviene en la consecuente ilegalidad de las actuaciones subsiguientes, dentro de las
que se destaca la elección de los accionados como concejales. Este aspecto lo
enmarcó en la causal de nulidad del artículo 275.5 del CPACA.
29
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
30
Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicado:68001-23-33-000-2022-00153-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. «Al
respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del CGP, «[e]l recurso de apelación tiene
por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado
en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
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Demandantes: Alex Alberto Pinzón Montero y otro
Demandados: Wiston Manuel Vargas Corvacho y
otros como concejales del distrito de Santa Marta
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Radicado: 47001-2333-000-2024-00039-01
39. En concordancia con lo anterior, se observa que, en la audiencia inicial, se fijó el
litigio y, en consecuencia, se señaló que el objeto de las pretensiones se encontraba
circunscrito a lo siguiente:
[E]l problema jurídico consiste en determinar si la elección de los señores Wiston Manuel
Vargas Corvacho, Jeny Carolina García Murillo y Juan David Vergel Amaris, como
concejales por el partido Fuerza Ciudadana en el Distrito de Santa Marta, se encuentra
viciada de nulidad, ante la presunta configuración de presuntos [sic] irregularidades
invocadas por el actor para la expedición de la Resolución 2259 [sic] de 2022, por
el cual el Consejo Nacional Electoral le reconoció personería jurídica a dicho
movimiento político, o si estas fueron legales. [Énfasis fuera de texto]
40. En la referida audiencia, el litigio fue determinado con sustento en lo expuesto por
la parte demandante en los escritos de demanda y subsanación de esta, y en lo
argumentado por las demás partes que intervinieron, esto es en examinar los vicios de
nulidad propuestos por los demandantes contra la Resolución 5529 de 2022, a efectos
de determinar la nulidad del acto electoral cuestionado.
41. Se destaca que dicha decisión fue objeto de traslado sin que se formulara recurso
alguno en su contra y, en consecuencia, adquirió firmeza en los términos antes
señalados.
42. También se resalta que los apelantes estuvieron representados en esa audiencia
por su apoderado judicial, por lo que es claro que cualquier reparo frente a la fijación
de litigio debió hacerse en dicha diligencia y luego de la respectiva notificación en
estrados, lo cual no ocurrió según da cuenta la respectiva acta31 y sin que en esta
instancia definitiva pueda ser objeto de cuestionamiento.
43. Por tanto, teniendo en consideración que el artículo 28132 del CGP establece, entre
otras cosas, que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos, pretensiones
y excepciones, la Sala encuentra que el fallador de primera instancia fue congruente33,
se pronunció sobre la totalidad de las pretensiones y estudió todos los puntos objeto
de litigio, por tanto, no incurre en los yerros señalados por los apelantes.
44. La Sala llama la atención en un aspecto que no fue considerado en las decisiones
de primera instancia, relacionadas con las causales de nulidad de los ordinales 4 y 5
del artículo 275 del CPACA.
45. En efecto, aunque en el auto inadmisorio de la demanda el tribunal destacó que el
libelo inicial no cumplía con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 162 de la
Ley 1437 de 2011, al no exponer las normas violadas y el concepto de la violación
frente a los actos demandados sino en alegar vicios o irregularidades de la Resolución
5529 de 2022 del CNE, no se ocupó en precisar el alcance de las causales de nulidad
de los numerales 4 y 5 del artículo 275 del CPACA.
31
Índice 41 Samai del tribunal.
32
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en
la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. […]».
33
En este sentido se pueden consultar, entre otras decisiones de la Sala, la siguiente: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2020-00222-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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46. Referirse a ello era necesario a efectos de impartir el trámite procesal adecuado a
cada una de las causales alegadas y delimitar en correcta forma la fijación del litigio,
pues ambas poseen una naturaleza que, por expresa disposición del mismo cuerpo
procesal, no se pueden acumular en una misma demanda34.
47. Al respecto, se debe considerar que la referida en el numeral 4 del artículo 275 del
CPACA corresponde a una causal de orden objetivo, toda vez que se funda en
irregularidades relacionadas con el proceso de votación y el escrutinio, respecto de la
cual, la parte accionante tiene la carga de explicar, fundamentar y probar las
circunstancias relacionadas con el hecho de que los votos emitidos en la respectiva
elección hubiesen sido computados con violación del sistema constitucional o
legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer, con el fin
de establecer la verdad electoral y garantizar la eficacia del voto, conforme el artículo
1.335 del Código Electoral.
48. Por su parte, la establecida en el numeral 5 es de orden subjetivo, en tanto se
relaciona con aspectos relativos a los posibles vicios en las calidades, requisitos e
inhabilidades del elegido. Al respecto, el artículo 281 del CPACA dispone:
IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE CAUSALES DE NULIDAD OBJETIVAS Y
SUBJETIVAS. En una misma demanda no pueden acumularse causales de nulidad
relativas a vicios en las calidades, requisitos e inhabilidades del elegido o
nombrado, con las que se funden en irregularidades en el proceso de votación y
en el escrutinio.
La indebida acumulación dará lugar a la inadmisión de la demanda para que se presenten
de manera separada, sin que se afecte la caducidad del medio de control. [Énfasis fuera
de texto].
49. Conforme con el artículo 281 del CPACA, el tribunal de primera instancia, a través
de la decisión de inadmisión, debió instar a la parte demandante a corregir su solicitud,
en orden a que las demandas se presentasen de manera separada, así:
a) Una demanda con el cargo de naturaleza subjetiva, caso en el cual debió
exigírsele al accionante precisar si los accionados estaban incursos en algún vicio
relacionado con las calidades, requisitos e inhabilidades para ser elegidos.
b) Otro libelo con las causales objetivas de irregularidad en el procedimiento de
elección.
34
Esta regla ha sido precisada por la Sección Quinta de la Corporación, en el sentido de que dicha prohibición solo es aplicable
respecto de los procesos donde se invocan irregularidades presentadas en elecciones por voto popular, tal como se explica en la
Sentencia del 19 de septiembre de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2012-00051-00, MP Alberto Yepes Barreiro. Sobre este tema
tambien se pueden consultar, en entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 2 de septiembre de 2020, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2020-00012-00 y 1001-03-28-000-2019-00095-00 (acumulado). Consejo de Estado, Sección
Quinta, auto del 6 de agosto de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2020-00026-00. Consejo de
Estado, Sección Quinta, auto del 3 de agosto de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2015-00034-00, 11001-
03-28-000-2015-00043-00,11001-03-28-000-2015-00044-00 y 11001-03-28-000-2015-00045-00. Consejo de Estado, Sección
Quinta, auto del 17 de marzo de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2016-00033-00. Consejo de Estado,
Sección Quinta, auto del 18 de abril de 2013, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2012-00051-00,11001-03-28-
000-2012-00052-00 y 10001-03-28-000-2012-00057-00.
35
«Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente
expresión libre de la voluntad del elector».
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Exigiéndosele que en cada demanda se debía indicar de manera clara y precisa
los hechos que la sustentan, las normas violadas, el concepto de la violación y
adjuntar tanto el acto demandado como las pruebas que pretenda hacer valer en
cada una.
50. De igual forma, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación
planteados, en tanto carecen de entidad para desvirtuar la decisión de negar las
pretensiones de la demanda que adoptó el tribunal de primer grado, tras considerar
que en el trámite los accionantes no presentaron o exteriorizaron argumentos
«respecto a los resultados de la votación o calidades de los elegidos, ni tampoco la
incursión en doble militancia o ninguna causal de nulidad en el transcurso del proceso
electoral y post electoral». [Énfasis fuera de texto].
51. Por otra parte, los apelantes señalan que en este caso particular no resulta
aplicable la modulación de los efectos hacía el futuro de la sentencia que declaró la
nulidad del acto administrativo por medio de la cual el CNE reconoció personería
jurídica a la organización política Fuerza Ciudadana, en atención a que la demanda de
nulidad electoral de los concejales del Distrito de Santa Marta de dicha colectividad fue
presentada con antelación al referido fallo.
52. Al respecto, la Sala hace énfasis en que, como quedó demostrado en el proceso,
mediante la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022 el CNE reconoció personería
jurídica a la organización política Fuerza Ciudadana, colectividad que en ejercicio de
las prerrogativas que dicha personería otorga avaló la candidatura de los señores
Wiston Manuel Vargas Corvacho, Jeny Carolina García Murillo y Juan David Vergel
Amaris como candidatos al concejo en el Distrito de Santa Marta, quienes finalmente
resultaron elegidos en la contienda electoral que se llevó a cabo el 29 de octubre de
2023, tal como consta en el formulario E 26 CON del 25 de noviembre de 2023.
53. Así mismo, se observa que mediante sentencia del 7 de marzo de 202436, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad simple
promovido por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona contra la Resolución 5529 del
15 de diciembre de 2022 del CNE se accedió a las pretensiones de la demanda y se
dispuso lo siguiente:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022, por
medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido
político Fuerza Ciudadana y ordenó su inscripción en el registro correspondiente.
SEGUNDO: Modular los efectos de la decisión de nulidad, entendiendo que los
mismos son hacia el futuro, desde la ejecutoria de la presente sentencia.
54. Se advierte que la Sala, en aquella oportunidad, fue enfática en señalar que los
efectos de tal decisión serían hacia el futuro, por lo que las decisiones relacionadas
con el otorgamiento de avales y respaldos a sus miembros para participar como
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2023-00046-00, MP. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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candidatos en la contienda electoral del 29 de octubre de 2023 subsistirían, en atención
que dicho acto administrativo gozó de presunción de legalidad hasta el momento de la
declaratoria de nulidad.
55. Sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos esta Sala ha
destacado que se trata de una institución que garantiza la eficacia y la ejecución de los
actos de la administración, así lo ha precisado en su jurisprudencia37:
Una de las prerrogativas con las que cuenta la administración pública en los actuales
modelos estatales –por lo menos en los pertenecientes al Derecho Continental38– es el
de la presunción de legalidad de sus actos administrativos, que permite su ejecución,
hasta tanto no sean suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo39.
Se trata de un privilegio que dota de eficacia el actuar público que no puede verse, en
principio, obstaculizado por cualquier tipo de comportamiento o conducta, sino tan solo
por la intervención del juez de la administración, apoyado prioritariamente en las
acusaciones judiciales provenientes de los particulares u otras autoridades, que marcan
el derrotero para el análisis de juridicidad que debe ser emprendido por éstos.
56. Ahora bien, respecto a los efectos hacia el futuro de las sentencias de nulidad de
los actos administrativos la Corporación ha señalado los siguiente40:
El panorama expuesto permite concluir que la jurisprudencia no ofrece reglas claras para
determinar con cierto grado de precisión cuáles son los efectos temporales de las
sentencias que declaran la nulidad del acto administrativo, lo que obliga a la Sala a asumir
una postura al respecto para suplir el vacío normativo que en este punto se presenta en
tratándose de los asuntos de simple nulidad.
En correspondencia con lo anterior, la Sala estima necesario acudir a los principios de
interpretación jurídica que plantea la Ley 153 de 1887 y particularmente a la figura de la
analogía consagrada en su artículo 8 cuyo alcance explica que, en caso de ausencia de
norma aplicable al caso concreto, se aplicarán aquellas disposiciones que regulen casos
o materias semejantes.
La analogía, entonces, comporta “la aplicación de la ley a situaciones no contempladas
expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos
jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio
juris o razón de ser de la norma”41. Por ende, es dable acudir a lo que establece el inciso
3 del artículo 189 del CPACA en cuanto regula los efectos de las sentencias de nulidad
por inconstitucionalidad, norma cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tiene efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.”
La analogía propuesta se soporta en que, al igual que el medio de control de simple
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2019-00048-00, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
38
«Jaime Orlando Santofimio Gamboa. “Tratado de Derecho Administrativo”. Ed. Universidad Externado de Colombia. Tomo I.
2003».
39
«Artículo 88 de la Ley 1437 de 2011: “Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.”»
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-25-000-2016-00019-00 (Acum), MP.
Gabriel Valbuena Hernández.
41
Corte Constitucional. Sentencia C- 083 de 1995.
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nulidad (art. 137 CPACA), la nulidad por inconstitucionalidad (art. 135 CPACA) se reputa
objetiva en consideración a que su objeto se circunscribe a la protección del
ordenamiento jurídico. Esta coincidencia, que valga decirlo, parte de la esencia de ambos
medios de control, permite que se acuda a la regulación establecida en cuanto los efectos
de la sentencia proferida en sede de nulidad por inconstitucionalidad para suplir el vacío
normativo que en este punto aqueja al medio de control de nulidad.
En consecuencia, la Sala concluye que la sentencia en el caso concreto produce efectos
hacia el futuro en aplicación de lo previsto en el anotado inciso 3 del artículo 189 del
CPACA.
57. Atendiendo estos antecedentes, la Sección Quinta expuso las siguientes
consideraciones en la referida sentencia del 7 de marzo de 2024:
El apoderado de Fuerza Ciudadana manifestó en el proceso que la colectividad otorgó
avales para las elecciones populares del 29 de octubre de 2023 para los diferentes
cargos sometidos al voto ciudadano a nivel territorial. Por lo tanto, no pasa inadvertido
por la Sala que, en efecto, dicha colectividad pudo haber utilizado la personería
jurídica para ejercer los derechos que de este atributo se derivan y que de esa
contienda pudieron resultar elegidos algunos de sus candidatos.
[…]
Siendo así, apelando al principio de buena fe y para asegurar la efectividad de las
decisiones judiciales, se advertirá en la parte resolutiva que la nulidad que se predica
de la Resolución 5529 de 2022, proferida por el Consejo Nacional Electoral, produce
efectos ex nunc, es decir, en adelante o hacia el futuro, a partir de la ejecutoria de esta
decisión.
De esta manera se busca proteger aquellas situaciones particulares y concretas
que se hubieren ejecutado con fundamento en la personería jurídica reconocida
hasta el momento de la nulidad que aquí se declara, y que, en muchas ocasiones,
involucran derechos de participación política de ciudadanos. [Énfasis fuera de
texto].
58. Asi las cosas, la Sala debe reiterar que, mientras la Resolución 5529 del 15 de
diciembre de 2022 estuvo vigente y mantuvo la presunción de legalidad, todas las
actuaciones que se realizaron, las situaciones jurídicas que se concretaron y los actos
jurídicos que emanaron en virtud de ella conservan su validez, razón por la que el
recurso de alzada no está llamado a prosperar y, por ende, la decisión de primer grado
será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 7 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda tendiente a
declarar la nulidad del acto de elección de los señores Wiston Manuel Vargas
Corvacho, Jeny Carolina García Murillo y Juan David Vergel Amaris como concejales
del Distrito de Santa Marta, para el periodo 2024-2027.
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SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario, conforme
con el artículo 243A del CPACA.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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