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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2024-00071-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2024-00071-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 4 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que rechazó por improcedente la acción de tutela formulada por la Alcaldía de Pedraza – Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2024-00071-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 47001-23-33-000-2024-00071-01
Accionante: Alcaldía de Pedraza - Magdalena
Accionados: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta

Tema: Acción de tutela contra providencias proferidas dentro del proceso
ejecutivo, a través de las cuales se accedió al decreto de medidas cautelares.

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que rechazó por
improcedente la presente acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 4 de
marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante
la cual rechazó por improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

La Alcaldía de Pedraza - Magdalena, instauró acción de tutela contra el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia, con ocasión a la expedición de las providencias
del 6 de octubre de 2023, 6 de diciembre siguiente y 1 de febrero de 2024,
respectivamente, dictadas dentro del proceso ejecutivo con radicado núm.
47001-33-33-007-2013-00477-00.

1. HECHOS

Mediante sentencia del 31 de enero de 2011 dictada en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Carmen

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Accionante: Alcaldía de Pedraza - Magdalena

Mendoza Mercado en contra del municipio del Pedraza -Magdalena, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, declaró la existencia
del silencio administrativo frente a la petición radicada por la demandante a
través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de salarios, primas, vacaciones
cesantía y demás prestaciones.

Como consecuencia de ello, declaró la nulidad del acto ficto y a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la entidad demandada al reconocimiento
y pago de los siguientes emolumentos:

• Salario de los meses de noviembre y diciembre de 1999.
• Salario de los meses de enero a octubre de 2020.
• Prima de servicio del año 2000 y la proporcional al tiempo laborado en el
año 1999.
• Primas de navidad para los años 1999 y 2000.
• Vacaciones remuneradas para los años 1999 y 2000.

Por auto del 4 de diciembre de 2017, la autoridad judicial accionada decidió
decretar medidas cautelares en el proceso ejecutivo iniciado por la señora
Carmen Mendoza Mercado, para que se cumpla la obligación contenida en la
sentencia referenciada.

Posteriormente, mediante auto del 6 de octubre de 2023 insistió en la medida
cautelar consistente en el embargo de las sumas de dinero depositadas en las
cuentas bancarias de ahorros y/o corrientes de propiedad del municipio de
Pedraza y ofició a las entidades bancarias Bancolombia y Banco BBVA para que
lo hicieran efectivo.

Como consecuencia de lo anterior, se efectuó el embargo de la cuenta corriente
con rendimientos financieros, exenta de gravámenes financieros e inembargable
identificada con el número 08300002769, cuenta exclusiva para amparar los
recursos del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, los cuales son pertenecientes
al presupuesto de general de la Nación y son para la construcción de obras
públicas de mantenimiento de vías y no del ente territorial.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO

Por lo anterior, la entidad accionante considera que el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto insistió en aplicar las medidas cautelares y en la entrega
de dineros a la ejecutante, aun cuando, se le ha puesto de manifiesto la
inembargabilidad de los recursos, con lo que ha desconocido lo dispuesto en los
numerales 3, 4 y 5 el artículo 594 del CGP.

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Asimismo, manifestó que el despacho accionado desconoció la sentencia de la
Corte Constitucional C-1154 de 2008 que recogió la línea jurisprudencial sobre
el beneficio de inembargabilidad y las providencias del Consejo de Estado sobre
este mismo tema.

Finalmente, alegó la configuración de la violación directa de la Constitución por
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«PRIMERA: Ruego señor juez se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACÍON DE JUSTICIA, del
MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA, Vulnerados por el Juzgado 007
Administrativo de Santa Marta.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS las siguientes providencias judiciales:

• Auto del 06 de octubre de 2023
• Auto 06 de diciembre de 2023
• Auto 01 de febrero de 2024

TERCERA: ORDENAR, al JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE SANTA
MARTA, expedir un nuevo auto de aplicación de medidas cautelares donde se
precise las excepciones al principio de inembargabilidad, en tratándose de
transferencias de la nación para la construcción de obras públicas».

4. INFORMES

La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena mediante auto del 20 de febrero de 2024 a través del cual ordenó
notificar la Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta como accionado y a
la señora Carmen Mendoza Mercado, al señor Juan Carlos Lozano Medina, al
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a los bancos Agrario, BBVA y Bancolombia
y al departamento del Magdalena como terceros interesados en el resultado del
proceso.

4.1. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta realizó un recuento de todas las etapas procesales surtidas al
interior del proceso ejecutivo y manifestó que no ha dilatado ninguna
actuación judicial, pues ha sido la conducta de la entidad accionante, que

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con la radicación de múltiples escritos y recursos ha extendido en el
tiempo el pago de los depósitos judiciales y los términos para la
terminación del proceso.

4.2. El departamento del Magdalena expuso que ninguno de los argumentos
consignados en la presente acción de tutela le son atribuibles, por lo que
consideró que no es necesario emitir algún pronunciamiento.

4.3. Bancolombia solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela al
considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados
en protección y, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 2013-
00477-00, ha dado cumplimiento a los embargos ordenados por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.

4.4. La señora Carmen Mendoza Mercado solicitó negar el amparo
requerido y sostuvo que la orden de embargo y de entrega de títulos
ordenada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta no vulneran los derechos fundamentales invocados en
protección, por cuanto son decisiones adoptadas por la autoridad judicial
de conformidad con la línea jurisprudencial aplicable.

4.5. El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- informó que el embargo ordenado
por la autoridad judicial accionada corresponde a recursos que fueron
incorporados en el Presupuesto General de la Nación de destinación
específica para desarrollar obras de mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación de corredores rurales productivos, por lo que, ostentan un
carácter de inembargables de conformidad con el artículo 594 del CGP,
y, en consecuencia, solicita que se acceda a las pretensiones de la tutela.

4.6. La alcaldía de Pedraza – Magdalena manifestó que ha agotados todos
los recursos e instrumentos procesales para evitar un desvío por parte del
Despacho Judicial de los recursos públicos, en consecuencia, la acción
de tutela de la referencia cumple con el requisito de subsidiariedad.

Asimismo, expuso que no existe oportunidad legal, sino posterior a la
aplicación del embargo sobre rentas inembargables, en la podía solicitar
el levantamiento de la medida cautelar como lo hizo el 12 de diciembre de
2023 cuando evidenció la toma de los recursos del INVIAS; no obstante,
el juzgado no accedió a dicha petición, con fundamento en la inexistencia
de recursos, desconociendo que cuando se decretaron dichas medidas,
los dineros referenciados no existían y que en Bancolombia tiene más de
50 cuentas de distinto tipo y origen de recursos.

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Por otro lado, sostuvo que no existe un límite legal para solicitar el levantamiento
de las medidas cautelares sobre los recursos inembargables, pues así no lo
dispone la Ley 1564 de 2012 y la Ley 1551 de 2012. En ese sentido, afirmó que
el juzgado desconoció que se trata de una entidad pública y que con los recursos
embargados se están limitando los derechos a una comunidad que vive en la
indignidad por la incomunicación de las vías, el no acceso a la salud ni a la
educación de calidad.

5. SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 4 de marzo de
2024 rechazó por improcedente la acción de tutela porque no se acreditó el
requisito de subsidiariedad, en tanto, en la actualidad se encuentra pendiente de
resolver el recurso de reposición en subsidio de queja que instauró la parte
accionante contra el auto del 1 de febrero de 2024 proferido por el Juzgado
Séptimo Administrativo que resolvió no reponer el auto del 18 de enero de 2024
y rechazó por improcedente el recurso de apelación .

En ese orden de ideas, sostuvo que la acción de tutela no se puede ejercer como
un instrumento alterno o paralelo al asunto que debe ventilarse dentro del
proceso ejecutivo.

6. IMPUGNACION

La parte actora, luego de insistir en los argumentos expuestos en la demanda de
tutela, señaló que se evidenció una falta de análisis en la sentencia de primera
instancia pues desconoció que también se está solicitando una medida
provisional de urgencia con el fin de que no se logre materializar la entrega de
los títulos judiciales a la ejecutante o en su defecto ordenar al Banco Agrario
abstenerse de entregar el dinero.

Lo anterior, considerando que la cuenta embargada por la autoridad judicial
accionada está exenta de gravámenes financieros y es inembargable porque
está creada únicamente para amparar los recursos del Instituto Nacional de Vías
–INVIAS–, situación que ignora el despacho judicial.

En ese orden de ideas, la medida solicitada no genera perjuicios económicos a
las partes accionadas, pero sí a la comunidad en general del municipio de
Pedraza.

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, al proferir las providencias
del 6 de octubre de 2023, de 6 de diciembre del mismo año y de 1 de febrero de
2024 incurrió en la configuración del defecto sustantivo y la violación directa de
la constitución y, en consecuencia, en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados en protección.

Previamente, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra
la providencia judicial cuestionada.

3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme con lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela es un
mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando
ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
entidad pública o de los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente
derechos subjetivos fundamentales.

En el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 – reglamentario de la
acción de amparo -, se estableció dentro de las causales de improcedencia de
la tutela, «cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante».

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela, en aras
de respetar la división de competencias que la misma carta ha establecido y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, desconocer tales
atribuciones implicaría invadir a los jueces que recibieron el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
para lo cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

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De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional1, destacando que no basta con la mera
existencia de otro mecanismo de defensa judicial para determinar la
improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar la idoneidad y la eficacia
del mismo en el caso concreto, sin que ello implique el desconocimiento de la
prevalencia y validez de los medios ordinarios de protección judicial como
instrumentos legítimos para la salvaguarda de los derechos.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos,
destacando como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos,
puesto que son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo los escenarios naturales para la discusión sobre ellos2.

En ese entendido, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa…».

Así las cosas, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 298 ibidem, sobre el
procedimiento del proceso ejecutivo, a través del cual, «Una vez transcurridos
los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido
la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente,
según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas
previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias,
previa solicitud del acreedor (…)».

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de caducidad
dispuesto en el artículo 192 ibidem sobre el cumplimiento de sentencia o
conciliaciones por parte de las entidades públicas, que indica que «[…] Las
condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad
obligada».

1 Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.
2 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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4. Caso concreto

El reproche de la parte demandante consiste, en síntesis, en que las decisiones
proferidas el 6 de octubre de 2023, de 6 de diciembre de la misma anualidad y
del 1 de febrero de 2024, dentro del proceso ejecutivo adelantado por la señora
Carmen Mendoza Mercado, quebrantó sus derechos fundamentales y los de los
habitantes del municipio de Pedraza al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, al configurarse un defecto sustantivo y una
violación directa de la Constitución.

Como se advirtió previamente, el Tribunal Administrativo del Magdalena
mediante sentencia el 4 de marzo de 2024 rechazó por improcedente la acción
de tutela, al considerar que la pretensión principal de la entidad accionante, es
que el Juez de tutela (valga la redundancia) intervenga directamente en el
proceso ejecutivo que actualmente se encuentra en curso.

Ahora bien, la sala hace las siguientes observaciones relativas al proceso
ejecutivo iniciado por la señora Carmen Mendoza Mercado:

• Mediante auto del 6 de octubre de 2023, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta ofició a las entidades
bancarias BANCOLOMBIA y BANCO BBVA, para que procedieran a la
aplicación de la medida cautelar solicitada por la ejecutante.

• A través de providencia del 6 de diciembre de 2023, el Juzgado dispuso
el fraccionamiento del depósito judicial 442100001153978 por el valor de
$501.863.554 y ordenó su entrega al apoderado judicial de la parte
accionante.

• Posteriormente, en auto del 1 de febrero de 2024 resolvió no reponer la
providencia del 18 de enero de 2024, a través de la cual rechazó por
improcedentes las solicitudes de inaplicación de la medida cautelar, el
recurso de reposición contra el proveído del 14 de diciembre de 2023, y
la solicitud de nulidad de todo lo actuado, formuladas por el municipio de
Pedraza y ordenó estarse a lo resuelto en la providencia del 6 de
diciembre de 2023. Finalmente, rechazó por improcedente el recurso de
apelación presentado de forma subsidiaria por parte de la entidad
demandada.

• Frente a la anterior decisión, la parte accionante interpuso recurso de
reposición y en subsidio de queja, lo cuales, a la fecha de radicación de
la presente acción de tutela no habían sido decididos; no obstante, una

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vez verificado el expediente electrónico del proceso ejecutivo en el
sistema de gestión judicial SAMAI, se advirtió que el juzgado, mediante
providencia del 21 de marzo de 2024 resolvió no reponer la decisión
cuestionada y concedió el recurso de queja.

• Desde el 8 de abril de 2024, el proceso se encuentra en el Tribunal
Administrativo del Magdalena para resolver el recurso de Queja.

De conformidad con lo anterior, se advierte que las intenciones del municipio de
Pedraza – Magdalena en la presente acción de tutela son iguales a lo pretendido
en el recurso de queja, esto es, la inaplicación de la medida cautelar decretada
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta el 6
de octubre de 2023.

Así las cosas, esta Sala considera, como lo hizo la primera instancia, que la
presente acción de tutela es improcedente, teniendo en cuenta que actualmente
cursa un proceso ejecutivo en el que se encuentra por definir el recurso de queja
interpuesto por el municipio de Pedraza a través del cual pretende que se
inaplique la medida cautelar ya referenciada y se decrete la nulidad de todo lo
actuado.

En ese orden de ideas, dado que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.

Por tal razón, la Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado confirmará la sentencia de primera instancia que rechazó por
improcedente la presente acción, pues, se reitera, dentro de las facultades del
juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales
idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo
contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 4 de marzo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que rechazó por
improcedente la acción de tutela formulada por la Alcaldía de Pedraza –
Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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