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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2024-00115-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2024-00115-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. 24 Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01 Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2024-00115-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a cargos
públicos, iii) igualdad y iv) trabajo

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 30 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, porque, a su juicio, al

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

proferir el auto de 5 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad simple identificado con el número único de radicación
470013333002202400045-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] El Concejo Municipal de El Banco, Magdalena, el 17 de
noviembre 2023 realizó convocatoria pública para proceso publico (sic) abierto de
méritos cuyo objeto es la selección de aspirantes hábiles y candidatos aptos al
empleo público de personero municipal periodo institucional 2024- 2028 […]”.

4. Expuso que, “[…] El día 29 de noviembre me postulé al concurso de méritos
de personero del Municipio de El Banco, Magdalena, para el periodo 2024-2028 y
debidamente admitido conforme la Resolución 2023-11-29-01 del 29 de noviembre
2023 y notificada el 30 de noviembre 2023 […]”.

5. Sostuvo que, “[…] Mediante adenda No. 2023-12-12-001, debidamente
notificada a cada uno de los postulados admitidos, el consejo (sic) Municipal ordenó
modificar y reanudar las etapas siguientes del concurso […]”.

6. Explicó que, “[…] Después de haber superado las etapas de las pruebas
objetivas del concurso de méritos, el Consejo (sic) Municipal emite y me notifica la
Resolución No. 2023-12-28-002 del 28 de diciembre de 2023, por medio del cual
asigna los puntajes definitivos de resultados, declara apto a los concursantes, los
cuales aplicaremos para la fase de entrevista que realizará la nueva mesa directiva;
acto que goza del principio de ejecutividad, por cuanto no se interpuso recurso
alguno contra este, posterior a su notificación y publicación […]”.

7. Señaló que, “[…] En sesión plenaria del día 5 de enero 2024, la mesa directiva
del Concejo Municipal de El Banco propone fijar fecha para realizar la entrevista a los

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

concursantes aptos al cargo de personero y me notifica la citación para realizar la que
se efectuaría el 9 de enero 2024 - 9:00 AM […]”; sin embargo, “[…] El día 9 de enero
2024 a las 9:00 am, la mesa directiva del concejo municipal de El Banco, alegando
la existencia de una queja decide cancelar la realización entrevista previamente
señalada y en consecuencia ordena la suspensión de la elección de personero
municipal […]”.

8. Advirtió que, “[…] Mediante Sentencia de Tutela de Fecha 26 de enero 2024,
el Juzgado Segundo promiscuo Municipal de El Banco, Magdalena, concedió
protección Constitucional a mis Derechos Fundamentales, y en consecuencia
procedió a conminar a la entidad accionada Consejo (sic) Municipal de El Banco
Magdalena, para que en el término de diez (10) días, procediera a realizar el trámite
de ENTREVISTA y demás etapas del concurso de mérito de personero municipal
[…]”.

9. Mencionó que, “[…] El concejo Municipal de El Banco, Magdalena, emitió y
notificó la resolución No. 2024-03-01-01 del 01 de marzo de 2024, por medio del cual
estableció el orden de los concursantes declarados elegibles del Concurso Público
Abierto de Mérito para proveer el empleo de Personero municipal, en la cual fui
elegido en primer orden con puntaje definitivo 87.43%, para ocupar el cargo de
Personero para el constitucional 2024- 2028 […]”.

10. Afirmó que, “[…] Mediante misiva del concejo Municipal de fecha 4 de marzo
2024, fui citado para el 9 de marzo con el fin de recibir nombramiento y posesión al
cargo de Personero del Municipio de El Banco, Magdalena periodo 2024-2028 […]”.

11. Indicó que, Yendy Paola Sánchez Torres presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad simple contra del Concejo del Municipio de El Banco –
Magdalena, con el fin de que se declarara la nulidad de la Adenda de 12 de
diciembre de 2023 y, en consecuencia, los actos expedidos con posterioridad
dentro del concurso de méritos mencionado supra.

12. Manifestó que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Santa Marta profirió auto de 5 de marzo de 2024, mediante el cual resolvió:

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

“[…] PRIMERO.- Admitir la demanda bajo el medio de control de Nulidad simple,
promovido por YENDY PAOLA SANCHEZ TORRES contra del CONCEJO
MUNICIPAL DEL BANCO - MAGDALENA, y Decretar la medida de urgencia
consistente en suspender la ADENDA de fecha 12 de diciembre de 2023., que modificó
la convocatoria y cronograma del concurso de méritos para la escogencia del personero
municipal del Banco – Magdalena para el período 2024-2028 y por consiguiente la
elección del personero municipal programada para el miércoles 8 de marzo del 2024,
hasta que se resuelva de fondo el presente proceso, o hasta que, de acuerdo a las
particularidades del caso, se disponga el levantamiento de la medida […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión manifestó que:

“[…] Conforme lo anterior, esta agencia judicial observa que la medida provisional de
urgencia es viable, considerando que el acto administrativo ADENDA de fecha 12 de
diciembre de 2023, se encuentra falsamente motivado, toda vez que el artículo en que
se fundamenta para cambiar - modificar la convocatoria en sus etapas y fechas, no
corresponde a lo preceptuado en el artículo décimo tercero de la Resolución de la
convocatoria. Obsérvese que las partes subrayadas no corresponden al texto inicial.

Siendo así las cosas, el artículo décimo tercero, no facultaba en primera medida que
se hiciera modificación de la convocatoria desde antes del inicio de las inscripciones y
después de ésta, solamente hasta antes del inicio de las inscripciones, teniendo en
cuenta que esa etapa ya estaba superada no era viable la modificación de la
convocatoria, tal como se hizo con la ADENDA de fecha 12 de diciembre de 2023

De igual manera, al pretender una modificación de la convocatoria en esa etapa del
concurso, debía agotarse el mismo procedimiento que se hizo inicialmente con la
autorización para realizar la convocatoria, esto es, que sea aprobada por la plenaria y
autorizar a la mesa directiva para que expidiera el acto administrativo debidamente
motivado […]”.

[…]

“[…] Así mismo, del cotejo del acto administrativo demandado con la convocatoria
inicial, se observa que en la modificación que se realizó a la convocatoria se suprimió
la etapa de publicación de la calificación de la hoja de vida de los aspirantes y la etapa
o fecha para que se pudieran presentar recursos contra esa calificación, la cual tiene

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

un 10% de la calificación total para la elección de personero municipal, aspectos que sí
contemplaba inicialmente la convocatoria, y sin ninguna motivación o justificación se
suprimió.

Por último, tenemos que se encuentran acreditados los requisitos de: a) Que al no
otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos
para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían
nugatorios. Toda vez que la demandante manifiesta que se encuentra prevista la
elección del personero del municipio el día miércoles, 8 de marzo de 2024 y después
se causaría una afectación al patrimonio, por la germinación de un derecho subjetivo
[…]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Tutelar el derecho al debido proceso artículo 29 de la carta magna,
el Derecho al acceso a cargos públicos y el Derecho al Trabajo, Derecho al Mínimo
Vital, por flagrante incursión de error de procedimiento, error sustancial,
desconocimiento del precedente de fallo de tutela.

SEGUNDO: Ordenar al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa
Marta levantar la medida cautelar de urgencia dictada contra la adenda del 12 de
diciembre de 2023 emanada del Concejo de El Banco, Magdalena.

TERCERO: Se ordene la compulsa de copias ante el Consejo Superior de la
Judicatura, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para
que determine las posibles faltas disciplinaria en que hayan incurrido el Juez de
conocimiento y el actor (sic), por las irregularidades cometidas en el trámite procesal
[…]”.

14. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que
la autoridad judicial incurrió en i) un defecto sustantivo; y en ii) un defecto
procedimental absoluto, los cuales sustentó en los siguientes términos:

“[…] La decisión adoptada por el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Santa Marta como medida cautelar de urgencia, adolece de defecto sustantivo, por
desconocer mis Derechos Fundamentales adquiridos al ser elegido en primer orden
para ocupar el cargo ofertado, vulnerando mis Derecho al trabajo y acceso a cargos
públicos, Derecho a la Igualdad, Derecho al Debido Proceso, Derecho al Mínimo
Vital […]”.

[…]

“[…] El Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta incurrió en
defecto procedimental absoluto, porque a sabiendas de que el concurso había

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

finiquitado con la expedición, notificación y firmeza del acto administrativo definitivo
lista de elegible, omitió el deber de informar, notificar o vincularme dentro del proceso
de Nulidad Simple; desconociendo la afectación o perjuicio irremediable que me
ocasionó con la decisión asumida y sin permitir ejercer mi Derecho de defensa y
Contradicción, vulnerando el Debido Proceso de manera ostensible […]”.

[…]

“[…] Con la expedición del acto administrativo 2024-03- 01-01, del 01 de marzo de
2024, mediante la cual se asigna acumulativamente los puntajes de los resultados de
la prueba de entrevista y se establece el orden de los concursantes declarados
elegibles del Concurso Público Abierto de Mérito para proveer el empleo de Personero
municipal, lista de elegible definitiva en la cual ostento el primer lugar, por ende se me
elige como Personero de El Banco, Magdalena, para el periodo 2024-2028, resolución
en la que nacen mis derechos de carácter subjetivos y en ese orden finiquita la
actuación administrativa correspondiente (concurso). Así las cosas, el Juzgado
Administrativo pierde competencia para suspender el acto de elección, teniendo en
cuenta que el Municipio de El Banco, Magdalena supera los 70.000 habitantes y por lo
tanto le corresponderá al Tribunal Administrativo dirimir las controversias que se
susciten contra el acto definitivo, de conformidad con el articulo (sic) 152 del CPACA,
en su numeral 7, Literal B: el cual indica la competencia del Tribunal Administrativo en
Primera Instancia; constituyéndose esta irregularidad en defecto SUSTANTIVO y
PORCEDIMENTAL (sic) […]”.

Actuación

15. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante auto de 19 de abril de 2024: i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar
al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta; y ii) vinculó a
Yendy Paola Sánchez Torres y al Concejo Municipal de El Banco – Magdalena,
como terceros con interés, a quienes concedió el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular.

16. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante auto de 23 de abril de 2024, vinculó, como terceros con interés legítimo,
a Wilmer Beltrán Martínez, Juan Carlos Rico Machuca, María Edith Diaz Vargas,
María Fernanda Pareja Guerrero, Lizeth Johana Martínez Pérez, Jorge Mario Gil
Ospino, Laura Camila Ávila Salcedo, Mauricio Fernando Meneses Cantillo, Álvaro
Marino Piscciotti Hernández y Johnny Teherán Arciniegas, concediéndoles el
término de un (1) día para que rindieran informe sobre el particular.

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

17. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] De igual forma, me permito indicar que, al interior del proceso no existen
solicitudes ni actuaciones que estén pendientes por resolver, ya que la medida
provisional solicitada por el extremo accionante fue resuelta al momento de estudiar
la admisión del medio de control de nulidad simple.

Asimismo, se tiene que el accionante de la presente acción constitucional, al interior
del proceso de nulidad solo (sic) ha presentado memoriales en los cuales ha
manifestado su intención de constituirse en sujeto procesal por tener interés directo,
contestó la demanda y se pronunció respeto (sic) de la medida. Una vez vencido el
término de traslado de la demanda el Juzgado deberá estudiar todos los memoriales
presentados y pronunciarse en la oportunidad procesal correspondiente […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se le solicita considere no acceder a las pretensiones, ya que
dentro del asunto de marras no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues
las actuaciones del juzgado están ajustadas al ordenamiento legal, resultando la
tutela improcedente, pues el actor puede interponer los recursos de ley contra las
decisiones que profiera el despacho y con las que no se encuentre de acuerdo […]”.

18. El Concejo Municipal de El Banco – Magdalena advirtió que, “[…] En
respuesta a la información solicitada dentro del asunto de la referencia, le manifiesto
que el PROCESO DE NULIDAD NO. 47001333300220240004500, dentro del cual
somos parte de la demandada objeto de Acción de tutela, aun (sic) se encuentra en
términos para contestarlo, y se encuentra en manos de nuestros abogados, por
tanto, nos es imposible rendir el informe solicitado. Una vez se haya dado respuesta
enviaremos lo requerido […]”

19. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta allegó
copia digital del expediente del proceso de nulidad simple identificado con el
número único de radicación 470013333002202400045-00.

20. Yendy Paola Sánchez Torres, Wilmer Beltrán Martínez, Juan Carlos Rico
Machuca, María Edith Diaz Vargas, María Fernanda Pareja Guerrero, Lizeth
Johana Martínez Pérez, Jorge Mario Gil Ospino, Laura Camila Ávila Salcedo,
Mauricio Fernando Meneses Cantillo, Álvaro Marino Piscciotti Hernández y Johnny
Teherán Arciniegas guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

La sentencia impugnada

21. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia, en primera
instancia, el 30 de abril de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar improcedente la presente acción de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

21.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Analizadas por parte de la Sala las actuaciones que comprenden el proceso de
nulidad Rad. 47001333300220240004500 seguido Yendy Paola Sánchez Torres
contra el Concejo Municipal de El Banco – Magdalena y donde se hizo parte el aquí
accionante no se avizora ningún comportamiento irregular o inusual que genere el
defecto sustantivo y procedimental que alega como para estimar procedente la
presente acción constitucional, pues claramente, el juzgado accionado, tal como lo
anunció en su informe, solo se ha pronunciado acerca de la admisión de la demanda
y la solicitud de medida cautelar, encontrándose pendiente de referirse acerca de la
solicitud de vinculación y demás pedimentos que generó el ciudadano Ortiz Vergara
en aquella sede, luego pretender que se anule una actuación judicial a través de este
mecanismo constitucional sin atender primero el juez natural las solicitudes
planteadas genera la improcedencia de la acción de tutela atendiendo su carácter
residual.

Cabe destacar que, aún la parte accionante cuenta con diferentes mecanismos
judiciales en sede ordinaria para proponer o incluso para atacar las providencias que
se generen con ocasión a las actuaciones judiciales desplegadas, otro motivo más
para destacar la improcedencia de esta acción y dicho sea de paso, en el expediente
judicial no se advierte recurso alguno contra la providencia de 5 de marzo de 2024
que pretende atacar a través de la presente acción, actuación que pudo ejercer en
el memorial radicado el 12 de marzo de 2024 por medio del cual solicitó hacerse
parte del proceso.

Ahora bien, el auto de 5 de marzo de 2024 estableció que, la medida decretada no
es perpetua pues esta podría extenderse hasta definir el fondo del asunto y/o hasta
que, de acuerdo a las particularidades del caso, se disponga el levantamiento de la
medida, facultad que le compete solo al juez natural al interior del proceso, previa
valoración de los elementos puestos a su disposición que, en el caso concreto el
ciudadano Roberto Carlos Ortiz Vergara lo hizo dentro del proceso ordinario el 15 de
marzo de 2024 al pronunciarse acerca de la medida cautelar decretada y
posteriormente el 19 de abril del mismo año al presentar la contestación de la
demanda.

Seguidamente también resulta dejar claro que, no se evidencia en el presente el
perjuicio irremediable alegado por el accionante o por lo menos no se acreditó como
para que Sala disponga el estudio de fondo de la presente acción; tampoco se
advierte la condición de sujeto de especial protección constitucional como para
traspasar la barrera del requisito de subsidiariedad como procedencia de la acción
de tutela […]”.

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

La impugnación

22. El actor impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena por las siguientes razones1:

“[…] De la posición anterior, se vislumbra claramente que el accionado Juzgado
Segundo Administrativo y seguidamente el a quo, no realizaron pronunciamiento
alguno a los hechos 17, 18, 19, 21, 22, 23 del escrito genitor, los cuales demuestran
los yerros en que incurrió el accionado al momento de ordenar la medida cautelar
que vulneró mis Derechos Fundamentales, a saber: […]”.

[…]

“[…] Resulta plausible los Derechos adquiridos por el concursante que obtuvo el
merito y en consecuencia fue elegido Personero y por ende de gozar de las
prerrogativas laborales, más aún cuando su dependencia económica y prestacional
debieron satisfacerse con el nombramiento y ejercicio del cargo para el cual fue
elegido. Es así por que el concursante elegido es padre de familia y cuyos hijos
dependen también de las erogaciones salariales que devengue el padre hoy elegido
en merito como Personero del Municipio de El Banco, Magdalena.

De lo anterior se colige que el perjuicio irremediable ocasionado por la orden
impartida por el Juez, sin siquiera haber vinculado al accionante, sometiendo a un
proceso ordinario dilatorio y así las cosas debió ampararse los Derechos
Fundamentales incoados por el actor […]”.

[…]

“[…] LAS ACCIONES SOMETIDAS A REVISIÓN SE ENCUADRAN EN EL
SUPUESTO DE AUSENCIA DE MEDIOS DE CONTROL. Las acciones de tutela
interpuestas por los demandantes se enmarcan en el primer supuesto de hecho.
Esto es así dado que la Resolución CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite,
motivo por el cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, la cual reconoce que los medios de control de la Ley
1437 de 2011 no pueden ser empleados en el caso particular de los actos de trámite.
En todo caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea posible
demandar por esta vía tales actos administrativos en modo alguno implica que la
acción de tutela pueda utilizarse en todos los casos para demandar tales
determinaciones de la Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los requisitos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra actos de trámite […]”.

[…]

“[…] En efecto, la sentencia SU-133 de 19981 cambió la tesis sentada en la
sentencia SU-458 de 19932 relacionada con la improcedencia de la acción de tutela
en los casos en los que se transgreden los derechos de quien, a pesar de ocupar el
primer lugar en la lista de elegibles, no es designado en el cargo que motivó el
concurso de méritos […]”.

1 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

[…]

“[…] Así, por ejemplo, la sentencia T606 de 20103 que estudió la solicitud de amparo
presentada por un accionante que ocupó el primer lugar en el concurso adelantado
para proveer el cargo de gerente de la E.S.E. Red Salud de Armenia y no fue
designado por el nominador, quien, en su lugar, nombró al segundo de la lista de
elegibles, indicó en el estudio de la procedibilidad de la tutela que: “(…) en el caso
de los concursos de méritos, se ha establecido que las acciones ordinarias como es
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dilatan la obtención de los fines
que persiguen […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si
se cumplió con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a cargos públicos; v)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
al trabajo; procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto,
adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

29. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

13

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.

Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

35. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 11, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

36. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

14

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

37. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional12:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200913 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.

Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo

sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción
contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa
judicial.

15

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

38. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

39. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y

14 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a cargos públicos

41. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.

[…]

“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.

42. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo16, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos17, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido

15 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16 Sentencia T-309 de 1993.
17 Sentencia T-313 de 2006.

17

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

seleccionado en dos o más concursos18, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

43. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

44. Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

18 Sentencia T-451 de 2001.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

18

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

45. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

46. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente20:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Análisis del caso concreto

47. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, porque, a su juicio, al
proferir el auto de 5 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad simple identificado con el número único de radicación
470013333002202400045-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

20 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

19

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

49. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

50.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad simple identificado con el número único de radicación
470013333002202400045-00.

Solución del caso concreto

51. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial incurrió en i) un
defecto sustantivo; y en ii) un defecto procedimental absoluto, los cuales sustentó
en los siguientes términos:

“[…] La decisión adoptada por el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Santa Marta como medida cautelar de urgencia, adolece de defecto sustantivo, por
desconocer mis Derechos Fundamentales adquiridos al ser elegido en primer orden
para ocupar el cargo ofertado, vulnerando mis Derecho al trabajo y acceso a cargos
públicos, Derecho a la Igualdad, Derecho al Debido Proceso, Derecho al Mínimo
Vital […]”.

[…]

“[…] El Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta incurrió en
defecto procedimental absoluto, porque a sabiendas de que el concurso había
finiquitado con la expedición, notificación y firmeza del acto administrativo definitivo

20

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

lista de elegible, omitió el deber de informar, notificar o vincularme dentro del proceso
de Nulidad Simple; desconociendo la afectación o perjuicio irremediable que me
ocasionó con la decisión asumida y sin permitir ejercer mi Derecho de defensa y
Contradicción, vulnerando el Debido Proceso de manera ostensible […]”.

[…]

“[…] Con la expedición del acto administrativo 2024-03- 01-01, del 01 de marzo de
2024, mediante la cual se asigna acumulativamente los puntajes de los resultados de
la prueba de entrevista y se establece el orden de los concursantes declarados
elegibles del Concurso Público Abierto de Mérito para proveer el empleo de Personero
municipal, lista de elegible definitiva en la cual ostento el primer lugar, por ende se me
elige como Personero de El Banco, Magdalena, para el periodo 2024-2028, resolución
en la que nacen mis derechos de carácter subjetivos y en ese orden finiquita la
actuación administrativa correspondiente (concurso). Así las cosas, el Juzgado
Administrativo pierde competencia para suspender el acto de elección, teniendo en
cuenta que el Municipio de El Banco, Magdalena supera los 70.000 habitantes y por lo
tanto le corresponderá al Tribunal Administrativo dirimir las controversias que se
susciten contra el acto definitivo, de conformidad con el articulo (sic) 152 del CPACA,
en su numeral 7, Literal B: el cual indica la competencia del Tribunal Administrativo en
Primera Instancia; constituyéndose esta irregularidad en defecto SUSTANTIVO y
PORCEDIMENTAL (sic) […]”.

52. La Sala advierte que lo que pretende el actor es que i) sea vinculado al
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad simple identificado
con el número único de radicación 470013333002202400045-00; y ii) “[…] levantar
la medida cautelar de urgencia dictada contra la adenda del 12 de diciembre de
2023 emanada del Concejo de El Banco, Magdalena […]”.

53. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en
la medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, se observa que el medio de control de la referencia se encuentra en
trámite, es decir, este no ha sido definido por el juez natural de la causa.

54. Al respecto, la Sala considera que, es al Juzgado accionado al que le
corresponde, una vez se encuentre vencido el término de traslado de la demanda
dentro del proceso ordinario cuestionado, pronunciarse sobre los memoriales
presentados por el actor, en los cuales i) manifestó su intención de constituirse en
sujeto procesal por tener interés directo; ii) solicitó “[…] SE ANULE LA MEDIDA DE
SUSPENSIÓN PROVISIONAL PRESENTADA POR EL DEMANDANTE […]”; y iii)
presentó “[…] CONTESTACION AL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD SIMPLE

21

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

[…]”; escritos en los que se advierte propuso los mismos reparos que expuso dentro
de la presente acción de tutela.

55. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección21 no se cumple el
requisito general de procedencia de subsidiariedad, en la medida que el proceso se
encuentra en trámite:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.

56. Al respecto, esta Corporación22 ha considerado que:

“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201323, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite24; (ii) no se han agotado los

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre

de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre

de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de

2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.

22

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios25; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”26”.27 […]”.

[…]

“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de
las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)

57. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra
en trámite el medio de control cuestionado por el actor, por lo que se desconoce la
incidencia que eventualmente podría llegar a tener la presunta irregularidad que se
advirtió en el escrito de tutela.

Análisis del perjuicio irremediable

58. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

59. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional28:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada

25 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos

judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

23

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”29[…]”.

60. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

61. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

Conclusiones de la Sala

62. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
30 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de abril de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

29 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

24

Núm. único de radicación: 470012333000202400115-01
Actor: Roberto Carlos Ortiz Vergara

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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