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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2024-00361-01

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2024-00361-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, acorde con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2024-00361-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 47 001 23 33 000 2024 00361 01
Accionante: Alex Alberto Fernández Harding
Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: No son aplicables a la acción de pérdida de investidura las
incompatibilidades previstas para el régimen disciplinario
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que negó la pérdida
de investidura.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de la
sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena
que negó la desinvestidura del concejal del Distrito de Santa Marta, (Magdalena), señor
Miguel Ignacio Martínez Olano, elegido para el período constitucional 2024 – 2027.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Alex Alberto Fernández Harding, actuando en nombre propio, solicitó que se
decretara la pérdida de investidura del señor Miguel Ignacio Martínez Olano por
considerar que incurrió en la causal señalada en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136
de 1994, por violación al régimen de incompatibilidades, «(…) concatenado con el artículo
43, numeral 2, literal b, de la Ley 1952 de 20192 (…)».

1
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001
23 33 000 2024 00361 01. Archivos PDF «02Demanda» y «06SubsanaciónDemanda».
2 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».

Radicado: 47 001 23 33 000 2024 00361 01
Accionante: Alex Alberto Fernández Harding
Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano

1.2.- Los hechos que dan sustento a las causales alegadas3

El solicitante informó que el 23 de noviembre de 2023 el acusado recibió de la Registraduría
Nacional del Estado Civil la credencial como concejal de la ciudad de Santa Marta,
(Magdalena), para el período 2024-2027.

Indicó que el 6 de agosto de 2024 el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Santa Marta admitió una tutela interpuesta por el acusado en
nombre y representación de la señora Johanna Patricia Bernier López y en contra la señora
Daniela Restrepo Henao, pese a tener la calidad de concejal de Santa Marta.

Aseveró que en el caso no solo debe considerarse el hecho de que el acusado actuó como
abogado privado de un particular, sino que a la aludida acción de tutela se vinculó a la
Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta, organismo público adscrito a la entidad
territorial en la cual el acusado ejerce como concejal.

Manifestó que lo anotado constituye un hecho que encuadra en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral segundo del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, «(…)
concatenado con el artículo 43, numeral 2, literal b de la Ley 1952 de 2019 (…)», y también
citó el literal b del numeral 1 del artículo 434 de esta última Ley.

2.- Contestación del concejal5

El concejal acusado, actuando en nombre propio, contestó la demanda de pérdida de
investidura y se opuso a las pretensiones.

Sobre los hechos expuestos en la solicitud, aseguró que se atenía a lo que resultara
probado frente a la calidad de concejal y la acción de tutela que se interpuso, y afirmó que
«son teorías del demandante» y «una especulación (…) que no encuadra jurídicamente
(…), dado que el artículo 43, numeral 2, literal b, de la Ley 1952 de 2019, NO EXISTE, pues
el artículo citado en su numeral segundo no tiene literales».

3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01. Archivos PDF «02Demanda» y «06SubsanaciónDemanda».
4 «ARTÍCULO 43. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar

cargos públicos, las siguientes: (…) // 1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros
de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el
momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio:
(…) // b. Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales (…)».
5 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01. Archivo PDF «10ContestaciónDemanda».

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2

Radicado: 47 001 23 33 000 2024 00361 01
Accionante: Alex Alberto Fernández Harding
Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano

Aseveró que debe negarse la demanda por indebida invocación de la causal de pérdida de
investidura, ya que están expresamente consagradas en la Constitución y en la ley y su
interpretación es restrictiva, razón por la cual no procede la ampliación analógica ni
extensiva.

Hizo referencia al parágrafo del artículo 29 de la Ley 1123 de 20076 que previó que podrán
ejercer la profesión de la abogacía los miembros de las corporaciones de elección popular
en los casos señalados en la Constitución y la ley; así como al artículo 45 de la Ley 136 de
1994, sobre las incompatibilidades de los concejales, y al artículo 46 ejusdem, que
estableció que «(…) [l]o dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que los
concejales puedan (…) // [s]er apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público (…)».

Citó también el artículo 8 de la Ley 1368 de 2009 que señala que «(…) [l]os concejales
podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y cuando con ello no se interfieran las funciones
que ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades
descentralizadas sean parte (…)».

Adicionalmente, citó la sentencia proferida el 27 de julio de 20177 por la Sección Primera de
esta Corporación, así como a jurisprudencia8 acerca de lo que debe entenderse por partes
procesales y terceros.

De lo expuesto, indicó que el ordenamiento jurídico lo habilita para ejercer la profesión de
abogado en nombre propio o a favor de terceros, habida cuenta que la tutela en la que actuó
como representante judicial versó sobre una controversia entre dos personas naturales en
la que no fue parte demandada el Distrito de Santa Marta, y en la que los reproches de la
parte accionante no giraron en torno al ejercicio de funciones públicas, sino a la transgresión
del derecho fundamental a la honra y al buen nombre.

Mencionó que la representación judicial que ejerció no fue ante alguna autoridad del distrito
de Santa Marta, sino ante la Rama Judicial, y que no involucró intereses patrimoniales ni
fiscales de las entidades que conforman la estructura administrativa de dicha entidad
territorial, ni afectó las funciones que ejerce en el concejo distrital.

Agregó igualmente que la comparecencia de la Secretaría Distrital de Cultura de Santa
Marta en el trámite de la aludida tutela fue por la vinculación que por auto del 6 de agosto

6 «Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado».
7 Expediente 05001 23 33 000 2016 02017 01.
8 Aludió a la providencia dictada el 3 de noviembre de 2016, por la Sección Primera del Consejo de Estado,

expediente 25000 23 42 000 2015 04138 01; y al «Auto 027 de 1997», sin más datos de identificación.

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Accionante: Alex Alberto Fernández Harding
Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano

de 2024 dispuso el Juzgado de conocimiento de la tutela, situación ante la cual renunció
inmediatamente al poder que le fue otorgado por la allí accionante, quien designó
posteriormente a otro apoderado.

Citó la sentencia T-001 de 2002 de la Corte Constitucional, en la que se indica que un
concejal no tiene la calidad de empleado público y, por tanto, no recibe salarios ni
prestaciones sociales, sino el pago de honorarios; y citó también la sentencia T-002 de
2004, de la misma Corporación, en la que se señala que la Constitución y la ley no prohíbe
a los concejales ejercer el trabajo de manera independiente o en el sector privado.

Afirmó que de buena fe, y procurando la manutención de su familia, ha seguido ejerciendo
la profesión de abogado en temas que no tengan interés ni sea parte el Distrito de Santa
Marta ni el concejo, convencido de que cumple las funciones de manera transparente,
acorde con la Constitución y la ley; así mismo, manifestó que no tiene otra fuente de
ingresos, que tres personas dependen económicamente de él, y que durante los meses que
no sesiona el concejo distrital de Santa Marta no devenga ingresos de dicha corporación,
por lo que la Ley 136 de 1994 le posibilita que pueda ejercer su profesión.

Por último, invocó como precedente jurisprudencial la sentencia dictada el 3 de noviembre
de 2016 por esta Sección de la Corporación, en el expediente 25000 23 42 000 2015 04138
019, y propuso las excepciones de (i) inepta demanda, y la que denominó (ii) «el
demandante invoca un aparte normativo inexistente».

3.- La sentencia de primera instancia10

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 23 enero de 2025, negó la
desinvestidura del acusado.

Para ello, señaló que el solicitante invocó como causal de pérdida de investidura la
prevista en el numeral segundo del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, «concatenado con
el artículo 43, numeral 2, literal b, de la Ley 1952 de 2019», y que si bien «(…) el actor
comete un error al expresar la causal en la ley 1952 de 2019, pues el numeral 2 no cuenta
con literales, (…) se asume, en aplicación del principio de caridad (sic) procesal, [que]
se refería al numeral 1 literal b del artículo 43 acorde a los hechos narrados (…)».

Planteó como problema jurídico determinar si el concejal incurrió en la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por haber
infringido la prohibición del artículo 43, numeral 1, literal b, de la Ley 1952 de 2019.

9 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
10 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01. Archivo PDF «18Sentencia».

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Radicado: 47 001 23 33 000 2024 00361 01
Accionante: Alex Alberto Fernández Harding
Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano

Hizo referencia a los artículos 29 de la Ley 1123 de 2007, 45 y 46 de la Ley 136 de 1994
y 8 de la Ley 1368 de 2009, y a la sentencia del 27 de julio de 2017 dictada por esta
Sección de la Corporación en el expediente 05001 23 33 000 2016 02017 01 11, y señaló
que, para que la conducta endilgada por la parte solicitante se materialice, es necesario
establecer si: (i) la actividad de la abogacía por parte del acusado interfirió en el desarrollo
de sus funciones como concejal, o (ii) si aquel actuó como abogado respecto de todo
asunto en donde el municipio pudiera intervenir como parte.

Precisó que, como el solicitante no alegó que el ejercicio de la abogacía por parte del
acusado haya afectado el desempeño de sus funciones como concejal, no analizaría
dicha circunstancia en el caso, ciñéndose únicamente a lo pedido en la demanda.

Indicó que, verificadas las piezas del expediente de la acción de tutela con radicado
47001 40 88 004 2024 00259 00, conocida en primera instancia por el Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, se observaba que
el acusado fungió como apoderado de la señora Johanna Patricia Bernier López, en calidad
de accionante, y que la solicitud de amparo se dirigió contra la señora Daniela Restrepo
Henao, a fin de que se protegieran los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra
de la primera, y se ordenara a la segunda rectificar una información difundida por redes
sociales.

Mencionó que de la simple lectura del escrito de tutela se desprendía que el Distrito de
Santa Marta no era parte procesal, ni se pretendía acción alguna de éste; y que por auto
del 6 de agosto de 2024 el juzgado de conocimiento de la acción constitucional decidió
vincular al trámite a dicho ente territorial, por intermedio de la Secretaría de Cultura, pese a
que lo allí pretendido se circunscribía a una clara petición de retractación por declaraciones
públicas entre personas naturales.

Concluyó que, desde la presentación de la solicitud de amparo y hasta su admisión, el
Distrito de Santa Marta no era parte del trámite de tutela, y señaló que, una vez dicha entidad
territorial fue vinculada oficiosamente a la acción, el acusado presentó su renuncia al poder
conferido, consciente de la posible configuración de un conflicto de intereses.

En ese sentido, indicó que el acusado, luego de la vinculación del Distrito de Santa Marta,
no desplegó actuación alguna más allá de su renuncia al poder que le fue conferido, por lo
que no actuó como apoderado en un proceso en el que dicha entidad territorial fuera parte,
lo que daba lugar a la atipicidad de la conducta endilgada e impedía el estudio del elemento
subjetivo, ya que el actuar del abogado no encuadraba en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral segundo del artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
«concatenado con el artículo 43, numeral 1, literal b, de la Ley 1952 de 2019».

11 C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano

4.- El recurso de apelación12

4.1. La parte solicitante apeló lo decidido por el a quo con fundamento en lo siguiente:

Señaló que la presente controversia tiene origen en una acción de tutela que conoció el
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta,
promovida por la señora Johanna Bernier López, quien es promotora de eventos
«adscrita al Distrito Cultural de Santa Marta para la organización de las Festividades del
Mar», y que se dirigió contra la señora Daniela Restrepo Henao, quien cuestionó la
indebida planeación y desarrollo de tal evento.
Mencionó que el acusado asumió la representación judicial de la accionante en esa tutela,
lo que conllevó la transgresión expresa de «(…) la prohibición contenida en la Ley 136
de 1994 y en la Ley 1952 de 2019 (…)».

Indicó que la prohibición establecida en «(…) el artículo 43, numeral 1, literal b) de la Ley
1952 de 2019 (…)» pretende evitar que un servidor público de elección popular utilice su
posición para obtener ventajas indebidas en el ejercicio de la abogacía, y que la actuación
del acusado en la aludida acción constitucional implicó una vulneración directa al principio
de moralidad administrativa, pues su rol de concejal podía influir en el desarrollo del
proceso judicial, afectando el equilibrio democrático y el régimen de incompatibilidades.

En ese sentido, aseveró que la conducta desplegada por el concejal acusado se subsume
en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, «(…)
concatenado con el artículo 43, numeral 1, litera b, de la Ley 1952 de 2019 (…)», que
prohíbe de manera expresa a los servidores públicos de elección popular «actuar como
apoderados o gestores ante entidades oficiales», y que no se configura únicamente con
la realización de actos materiales dentro del proceso, sino con la sola aceptación del
encargo de representación.

Manifestó que el acusado ejerció como apoderado en la acción de tutela con pleno
conocimiento de la prohibición aplicable, y que, pese a prever que el Distrito de Santa
Marta iba a ser vinculado, decidió intervenir en el litigio, lo que configuró una conducta
dolosa.

Señaló que discrepa de lo analizado por el tribunal de primera instancia, porque la
conducta censurada se subsume en el supuesto del literal b, numeral 1 del artículo 43 de
la Ley 1952 de 2019, debido a que la señora Johanna Bernier López era la coordinadora
del certamen de belleza «Capitanía del Mar 2024», la señora Daniela Restrepo Henao

12 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01. Archivos PDF «21RecursoApelación», «22SustentaciónRecurso» y
«23AmpliaciónSustentaciónRecurso».

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fue la reina de dicho evento para el año 2023, y la Secretaría de Cultura del Distrito de
Santa Marta era la encargada de organizar dicho concurso, por lo que resultaba difícil
creer que el acusado no previera la inexorable vinculación en la acción de tutela de la
entidad territorial a través de la Secretaría de Cultura.

Aseveró que el acusado no evitaba su responsabilidad objetiva en el asunto con la simple
renuncia del poder que le fue conferido ya que debió retirar la tutela para evitar la
continuación del trámite y así no tener vinculación alguna con la causal de
incompatibilidad invocada, cuyo verbo rector es «actuar», entendido como la ejecución
de una conducta que implique representación o gestión ante entidades o autoridades
disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales, siendo relevante para su
configuración la función material que se desempeña, lo que significa que, «(…) si un
funcionario de elección popular interviene en un proceso o gestión de manera que se
asemeje a la labor de un apoderado, estaría incurriendo en la incompatibilidad (…)».

Sostuvo que el 6 de agosto de 2024 se notificó al acusado «de su vinculación al proceso
a través del sistema TYBA», y que solo hasta el 8 de agosto de 2024 presentó la renuncia
al poder, por lo que, a diferencia de lo analizado por el tribunal, la actuación desplegada
por el concejal entre el 6 y el 8 de agosto de 2024 y su intervención en el proceso hasta
la aceptación formal de su renuncia consolidaron la transgresión de la prohibición
contenida en la Ley 1952 de 2019, sin que pueda argumentar que la renuncia posterior
saneó la infracción, ya que la norma no establece como causal exonerativa el retiro
voluntario del encargo.

Manifestó que el tribunal incurrió en un error frente a la valoración crítica de las pruebas
al no reconocer que el acusado era plenamente consciente de las consecuencias
jurídicas de actuar como apoderado judicial en la acción de tutela, lo que evidencia un
claro conocimiento de la causal de pérdida de investidura y de las repercusiones de su
actuación, habida cuenta que, acorde con el artículo 76 del Código General del Proceso,
la renuncia al poder solo produce efectos cinco días después de su debida presentación,
por lo que se hizo un falso raciocinio en la valoración probatoria del caso.

Se refirió a los artículos 277 (6) de la Constitución Política, sobre la competencia del
Procurador General de la Nación para vigilar la conducta de los servidores de elección
popular; 33, 43 (numeral 1, literal b), 48 y 56 (numeral 1) de la Ley 1952 de 2019, sobre
la prescripción de la acción disciplinaria, clases y límites de las sanciones disciplinarias,
las faltas disciplinarias relacionadas con el régimen de incompatibilidades, impedimentos
y conflictos de intereses, y las incompatibilidades para desempeñar cargos públicos.

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De igual forma, citó jurisprudencia13 sobre el análisis del juicio de responsabilidad en el
medio de control de pérdida de investidura, y se refirió también al artículo 8 de la Ley
1368 de 2009, así como a los artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994, concluyendo que,
si bien la legislación permite a los concejales ejercer la abogacía, también establece
límites estrictos cuando la actividad profesional pueda interferir con los intereses del
municipio en el que ejercen como tales, lo cual busca preservar la transparencia y la ética
en la función pública, evitando cualquier posible uso indebido del cargo en beneficio
propio o de terceros.

Agregó que el tribunal incurrió también en yerro al determinar que el problema jurídico a
resolver en el caso era establecer si el acusado actuó como apoderado o gestor ante
entidades o autoridades disciplinarias fiscales, administrativas o jurisdiccionales «en
trámites donde el ente territorial sobre el cual ejerce control político tenga interés o sea
parte», ya que esta última condición no la contempló la causal de incompatibilidad
invocada del literal b del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, la cual previó
un supuesto fáctico más amplio para su configuración, sin que sea relevante establecer
en el caso si el Distrito de Santa Marta tenía interés en el proceso en el que intervino el
acusado.

Señaló que en el asunto no hay precedente judicial respecto a la norma que establece la
incompatibilidad endilgada, ya que la Ley 1952 de 2019 es posterior a las Leyes 136 de
1994, 1123 de 2007 y 1368 de 2009, y las excepciones previstas en la Ley 136 son
contrarias a la incompatibilidad específica contenida en el literal b del numeral 1 del
artículo 43 de la ley 1952 de 2019; además, aseveró que todas las citas jurisprudenciales
hechas en la sentencia apelada se refieren a normas previas a la promulgación de esta
última legislación.

Concluyó que está acreditado que el acusado se desempeña desde enero de 2024 como
concejal del Distrito de Santa Marta, y que consciente de su investidura, y como abogado
conocedor de la incompatibilidad que le aplicaba, presentó la acción de tutela como
apoderado de la señora Johanna Bernier, incurriendo en la incompatibilidad establecida
en el literal b del numeral 1 del artículo 43 de la ley 1952 de 2019, razón por la que debía
revocarse la sentencia apelada y accederse a las pretensiones de la demanda.

4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto del 19 de febrero de 202514.

13 Hizo referencia a las sentencias SU 424 de 2016 y SU 379 de 2019 de la Corte Constitucional; y las

sentencias del 19 de septiembre de 2018 (expediente 2016-02966) y del 15 de julio de 2019 (expediente
2019 00970 00).
14 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01. Archivo PDF «24AutoConcedeRecurso».

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5.- Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 28 de febrero de
202515.

5.2. Por auto del 13 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
el solicitante16.

5.3. Por memorial radicado el 27 de marzo de 202517 el agente del Ministerio Público
rindió concepto solicitando confirmar la decisión apelada, en los siguientes términos:

Señaló que, si bien el juicio de pérdida de investidura es una acción pública que puede
ser promovida por cualquier ciudadano, no es menos cierto que exige unos requisitos
mínimos para la formulación de la solicitud, como es invocar la causal por la cual se pide
la desinvestidura y su debida explicación, por lo que, si la parte solicitante invocó en este
caso «el artículo 43, numeral 218, literal b de la Ley 1952 de 2019», que no existe, el
tribunal debió devolver la demanda conforme lo ordena el inciso 2 del artículo 8 de la Ley
1881 de 2018, y no disponer «(…) una reconducción en virtud del “principio de caridad
procesal” (…)», para tener como invocada en el caso la incompatibilidad prevista en el
literal b del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019.

Indicó que, pese a la adecuación efectuada por el tribunal, toda la argumentación de la
decisión apelada, en especial el análisis de la tipicidad se centró en la aplicación de otras
normas, como son los artículos 29 de la Ley 1123 de 2007, 45 y 46 de la Ley 136 de 1994
y 8 de la Ley 1369 de 2009, lo que es un razonamiento contradictorio, pues no sustentó
por qué no se configuró la causal de incompatibilidad que se tuvo como invocada y no
fue estudiada.

Afirmó que el asunto «(…) tiene unas aristas que merecen un pronunciamiento especial
(…)» por parte del Consejo de Estado, ya que de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de
la Ley 136 de 1994 y 8 de la Ley 1368 de 2009, frente a lo establecido en el mencionado
literal b del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, «(…) la dispersión y
aparente contradicción normativa es evidente (…)», ya que las primeras disposiciones
«(…) permitiría[n] a los concejales ejercer su profesión de abogados (…)», pero «(…) en
el mismo nivel de jerarquía normativa la Ley 1952 de 2019 dispone una prohibición

15 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01.
16 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01.
17 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

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18 Negrilla propia de la cita.

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expresa para los concejales, cual es actuar como apoderados ante entidades o
autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales en el respectivo
distrito o municipio donde desempeñan su función pública (…)», que es de carácter
general y amplia.

Aseveró que para resolver la presunta antinomia podría aplicarse el criterio de que la ley
especial desplaza a la general, pero que las disposiciones en tensión presentan un
enorme grado de especialidad sobre el asunto concreto (incompatibilidades de
concejales), por lo que este criterio no resultaba muy claro para decidir.

Mencionó que el criterio más acertado sería que la ley posterior deroga la anterior porque,
según el artículo 71 del Código Civil, la incompatibilidad señalada en el artículo 43 de la
Ley 1952 de 2019 no se puede conciliar con los artículos 46 de la Ley 136 de 1994 y 8
de la Ley 1368 de 2009, habría operado una derogatoria tácita respecto de estas últimas
disposiciones.

Anotó que, de ser correcto el análisis anterior, el tribunal «(…) erró al declarar no
configurada la causal objetiva de pérdida de investidura (…)», aunado a que «(…) nunca
dio respuesta a la causal invocada y propuesta (…) como problema jurídico del juicio, lo
que hace extrañar la congruencia de la decisión (…)».

En cuanto al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, señaló que no
está acreditado en el caso, motivo por el que no estaba llamada a prosperar la solicitud
de desinvestidura, ya que se demostró que el acusado renunció al poder que le fue
otorgado porque podía incurrir en un conflicto de intereses de continuar con el mismo,
por lo que su actuación fue diligente y «(…) da cuenta de su convicción de que la norma
aplicable era la Ley 136 de 1994 en su artículo 46, así como el artículo 8 de la Ley 1368
de 2009 (…)», además de que no se aportó prueba para acreditar el dolo o culpa grave
del acusado.

Por último, solicitó que el asunto fuera asumido para proferir sentencia de unificación
jurisprudencial conforme con el artículo 271 del CPACA.

5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 11 de abril de 202519.

5.5. Por auto de 25 de septiembre de 2025, la Sala decidió no avocar la solicitud de
proferir sentencia de unificación que presentó el señor agente del Ministerio Público20.

19 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01.
20 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

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5.6. El expediente ingresó nuevamente a despacho el 14 de octubre de 2025 21.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 22 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201923
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Decreto
434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones24.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Miguel Ignacio Martínez Olano fue elegido concejal del Distrito
de Santa Marta (Magdalena), para el período constitucional 2024 – 2027, la parte actora
aportó copia del formulario E– 26 CON y copia del Acta 001 del 2 de enero de 2024, de
la sesión celebrada en tal fecha por el Concejo Distrital de Santa Marta, en la que el
acusado tomó posesión del cargo25.

3.- Hechos probados

En el proceso se acreditó lo siguiente:

21 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01.
22 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
25 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001

23 33 000 2024 00361 01. Archivo PDF «06SubsanaciónDemanda».

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3.1. La señora Johanna Patricia Bernier López, por escrito autenticado el 31 de julio de
2024 en la Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta, le otorgó poder especial al señor
Miguel Ignacio Martínez Olano «(…) para que en mi nombre y representación presente
ACCIÓN DE TUTELA (…) y DENUNCIA PENAL contra DANIELA RESTREPO HENAO
(…) y demás personas indeterminadas, por manifestaciones calumniosas e injuriosas que
afectan mis derechos fundamentales al buen nombre y se constituyen en delitos penales
(…)»26.

3.2. El 6 de agosto de 202427 el señor Miguel Ignacio Martínez Olano, en representación
de la señora Johanna Patricia Bernier López, interpuso acción de tutela en contra de la
señora Daniela Restrepo Henao, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, con el radicado 47001
40 88 004 2024 00259 00; en dicha solicitud se plantearon los siguientes hechos y
peticiones:

[…] 1. El día 31 de Julio de 2024 la señora Daniela Restrepo Henao a través de su red
social Instagram sostuvo de manera falsa e inexacta que mi apoderada, la señora Johana
Bernier López, la discriminaba dentro del concurso de la capitana de la fiesta del mar
2024, manifestando que “me discriminó por no ser de la sociedad”, lo anterior,
desconociendo la presunción de inocencia de la accionante y sus derechos fundamentales
al buen nombre de ella y de su empresa “casa de reinas”.

2. Mi representada asegura no haber tenido ninguna manifestación sobre alguna
condición social en el certamen hacia las candidatas, teniendo en cuenta que ella también
es de origen humilde y no hace parte del criterio de la organización excluir a ninguna
participante por su condición social y a eso trat[ó] de referirse en su comentario, pues,
esas decisiones no las tomaba la señora Johanna Bernier. Lo cual, se puede evidenciar
claramente de las conversaciones en whatapp (sic) y en los grupos de las candidatas y
patrocinadores del concurso, en donde siempre la señora Johanna Bernier ha tratado con
respeto y amabilidad a la accionada, desvirtuándose las acusaciones falsas e inexactas
que afectaron no solo el buen nombre de la señora Johanna Bernier sino también su
negocio de preparadora de reinas.

3. La señora Daniela Restrepo diseñó y ejecutó una estrategia en medios de comunicación
para difamar y dañar el buen nombre de la señora Johana Bernier López, quien ha visto
afectado su negocio de modelaje “casa de reinas”, recibiendo mensajes de madres de sus
alumnas diciéndole que van a retirar a sus hijas de la escuela de modelaje debido a las
manifestaciones que est[á] realizando Daniela Restrepo diariamente en redes sociales,
sobre el desempeño de mi poderdante en la organización del certamen capitanía del mar
2024.

26 Ibidem, archivo PDF «07RemisiónPruebas», pág. 26.
27 Ibidem, págs. 2 y 3.

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(…) // 7. Mi poderdante me manifiesta que la señora Daniela pretendía tener una carroza
exclusiva para ella por ser la Capitana del Mar, pero no entendía que esas carrozas eran
donadas por los patrocinadores del evento y no podían darle una carroza para que ella
abriera el desfile como era su pretensión (…).

8. Finalmente, la señora Daniela al decir en su publicación calumniosa “que yo le explicara
como eran los concursos” a la señora Johana, ha reconocido en su publicación, que
pretendía imponer sus condiciones a la organización del concurso, como si ella fuera que
determinara como se hacían las cosas en el evento y estuviera en la capacidad de dar
órdenes, generando un ambiente problemático desde el inicio.

9. Las manifestaciones calumniosas e injuriosas de la accionada no pararon en sus redes
sociales, se tom[ó] la tarea de escribirle a todos los medios de comunicación diciendo que
la señora Johana Bernier López le hac[í]a acoso y la maltrataba en el concurso de Fiestas
del Mar, publicaciones que fueron realizadas sin escuchar la versión de mi poderdante
(…).

(…) // 13. PERFIL. Johanna Bernier López es una preparadora de reinas que estuvo
colaborando como coordinadora de la Capitanía Nacional 2024 de manera ad honorem,
con una amplia trayectoria profesional, siendo Jefe de Atención al Usuario y auxiliar de
cartera en Metroagua de 2004 a 2006, creadora de Empresas como Almacenes Plattino,
Titanio, Infinity y Coco, así mismo, se desempeñó como docente en la Universidad Sergio
Arboles (sic) 2014-2017.

(…) // PETICIÓN

Por lo anterior, solicito CONCEDER la protección a los derechos fundamentales de la
señora JOHANNA BERNIER L[Ó]PEZ al BUEN NOMBRE y TRABAJO, y en
consecuencia, ORDENAR a la señora DANIELA RESTREPO HENAO, rectificar la
información que difundió en su red social INSTAGRAM, así como a los medios de
comunicación que difundieron la información de manera parcializada ordenarles publicar
la versión de la accionante.

Solicito de manera provisional ordenarle a la señora Daniela restrepo Henao se abstenga
de continuar realizando publicaciones en contra de la señora Johana Bernier hasta que
un Juez lo decida o se resuelva el presente amparo tutelar […].

3.3. Por auto del 6 de agosto de 202428, dictado por el Juzgado Cuarto Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, se admitió la precitada tutela y,
entre otras, se ordenó vincular al trámite a la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta
y requerirla para que en el término de 48 contadas a partir de la notificación de la decisión
corroborara los datos de notificación de Daniela Restrepo Henao «que aparecen en las
bases de esa Institución».

28 Ibidem, pág. 95.

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3.4. El aludido auto del 6 de agosto de 2024 fue notificado por medios electrónicos el 8 de
agosto de 202429, y en la misma fecha el señor Miguel Ignacio Martínez Solano, a través de
correo electrónico enviado al Juzgado de conocimiento de la tutela, presentó renuncia al
poder que le otorgó la señora Johanna Bernier López, en los siguientes términos30:

[…] Por medio de la presente y en atención a la decisión del Juzgado de vincular al presente
trámite a la Secretar[í]a de Cultura, present[o] mi renuncia de continuar representando a la
señora Johanna Bernier López. Lo anterior, para no tener ningún conflicto de intereses con
los hechos que cuestionan en el asunto, pues acepté representarla porque no está en
controversia el Distrito de Santa Marta sino derecho[s] fundamentales de la acción ante (sic)
pero en vista de la vinculación no puedo continuar con el proceso […].

4. Análisis de la Sala

El tribunal negó la solicitud de desinvestidura del acusado por cuanto consideró que el
concejal no infringió el régimen de incompatibilidades por no encontrarse reunidos los
elementos previstos en la incompatibilidad del literal b, numeral 1, del artículo 43 de la
Ley 1952 de 2019.

En el concepto rendido en esta instancia, el agente del Ministerio Público puso de
presente que el solicitante en el escrito inicial citó como incompatibilidad el literal b del
numeral 2 del artículo 43 de la misma Ley 1952 de 2019, disposición que insistió era
inexistente; no obstante, reprochó que el tribunal haya indicado que la norma que más se
adecuaba a los hechos era la prevista en el numeral 1 ibidem. En ese escenario, señaló
que la solicitud no cumplía con los requisitos mínimos, específicamente, invocar la causal
con su debida explicación.

Por tanto, la Sala estima pertinente determinar, en primer lugar, la incompatibilidad en la
que el solicitante estructuró la solicitud de pérdida de investidura y, una vez definido,
abordar el examen respecto del marco normativo que invocó.

El solicitante en el escrito inicial citó como causal la prevista en el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994, que establece que los concejales perderán su investidura, en
este caso, por violación al régimen de incompatibilidades, y, agregó «(…) concatenado
con el artículo 43, numeral 2, literal b de la Ley 1952 de 2019 (…)». Frente a la
incompatibilidad que el solicitante mencionó el acusado en la contestación alegó que ésta
es inexistente.

29 Ibidem, pág. 99.
30 Ibidem, pág. 99.

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El tribunal de instancia indicó que, si bien la incompatibilidad alegada por el solicitante
fue el artículo 43, numeral 2, literal b de la Ley 1952 de 2019, incurría en un yerro, en la
medida en que el numeral 2 no tiene literales, «(…) por lo que se asume en aplicación
del principio de caridad (sic) procesal, se refería al numeral 1, literal b del artículo 43 (…)»
de la Ley 1952 de 2019.

La Sala, con el fin de precisar cuál fue la incompatibilidad invocada en este caso, observa
que, si bien es cierto el solicitante, en el encabezado y en el acápite de hechos del escrito
de pérdida de investidura, aludió al artículo 43, numeral 2, literal b de la Ley 1952 de
2019, norma que, como lo indica el tribunal y el acusado, es inexistente, también se
advierte que en el capítulo de fundamento de derecho del escrito inicial transcribió el
literal b, numeral 1, del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019.

De esta manera, se advierte que el solicitante sí manifestó en el escrito de pérdida de
investidura que el concejal infringió la incompatibilidad señalada en el literal b, numeral
1, del citado artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, razón por la cual la Sala examinará si la
causal de violación al régimen de incompatibilidades se configura por la inobservancia de
dicha disposición.

Para ello, se pronunciará sobre: (i) el carácter sancionatorio de la acción de pérdida de
investidura; (ii) el principio de legalidad; (iii) el principio de tipicidad; (iv) la incompatibilidad
prevista en el literal b, numeral 1, del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 frente al artículo
45 de la Ley 136 de 1994, para luego abordar, (v) las conclusiones del caso.

4.1. El carácter sancionatorio de la pérdida de investidura

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que «(…) la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y
la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas
que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la
dignidad del cargo que ostentan»31. En ese sentido, se trata de «un juicio sancionatorio,
que se efectúa en ejercicio del ius puniendi del Estado, previsto por el legislador como un
procedimiento jurisdiccional a cargo del juez contencioso administrativo (…)»32.
En esa medida, la pérdida de investidura, con sus propias características, hace parte del
derecho sancionador, a través del cual el Estado ejerce el ius puniendi que está destinado
a reprimir aquellas conductas de los miembros de las corporaciones públicas que se
consideran contrarias al cargo que ocupan.

31 Corte Constitucional. Sentencia C – 762 del 29 de octubre de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.
32 Corte Constitucional. Sentencia C – 762 del 29 de octubre de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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Todas las manifestaciones33 del ius puniendi (derecho de sanción) del Estado implican
una restricción sobre algún derecho constitucional. Tratándose del juicio de pérdida de
investidura, la sanción impuesta es de carácter jurisdiccional34 e implica la separación
definitiva del cargo del acusado y la consecuente prohibición permanente de desempeñar
en el futuro cargos de igual o similar naturaleza35.

De modo que la sanción impuesta en el juicio de pérdida de investidura implica una
restricción de los derechos políticos del sancionado previstos por el artículo 40 de la
Constitución y que tienen carácter de fundamentales36, entre los que está el derecho a
ser elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.

Por este motivo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, por la
naturaleza de la sanción impuesta, el trámite de pérdida de investidura «(…) debe ser
especialmente respetuoso del debido proceso»37. Igualmente, ha sostenido que, «en
razón de su naturaleza sancionatoria le son aplicables los principios del derecho
sancionatorio como el de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más favorable, non bis
in ídem y la presunción de inocencia hasta no ser declarado culpable»38, y ha precisado
que «las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la
ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria
al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable»39.

4.2. El principio de legalidad

El principio de legalidad está previsto por el inciso segundo del artículo 29 de la
Constitución Política que dispone: «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa». Este principio, que forma parte de las garantías

33 “El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado puede ejercer

un derecho de sanción o ius puniendi, destinado a reprimir conductas que se consideran contrarias al
Derecho, es decir, a los derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro de sus
manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal delictivo, que por lo mismo que está
encaminado a proteger bienes jurídicos más preciados para el ordenamiento admite la punición más
severa, y de otro, los que representan en general poderes del derecho administrativo sancionador, como
es el caso del contravencional, del disciplinario y del correccional, en el que el derecho disciplinario procura
asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de servidores públicos o profesionales de
determinadas profesiones como médicos, abogados o contadores”. Corte Constitucional. Sentencia C –
762 del 29 de octubre de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.
34 Corte Constitucional. Sentencia C – 254A del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
35 Corte Constitucional. Sentencia C - 247 del 1 de junio de 1995. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
36 Ver sentencia T – 369 del 6 de septiembre de 2018. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
37 Corte Constitucional. Sentencia SU 073 del 20 de febrero de 2020. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
38 Corte Constitucional. Sentencia SU 073 del 20 de febrero de 2020. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
39 Corte Constitucional. Sentencia SU 073 del 20 de febrero de 2020. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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mínimas del debido proceso40, exige la determinación precisa de las sanciones que
pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poder punitivo estatal.

La jurisprudencia constitucional ha explicado, en relación con el principio de legalidad,
que «(…) éste exige que la conducta que se va a sancionar, así como las sanciones, los
criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben
estar expresa y claramente definidos por la ley, y ello con carácter previo a la aplicación
e imposición de estas medidas. De conformidad con este principio, no es posible
adelantar válidamente un proceso, bien sea penal, disciplinario o de naturaleza
sancionadora, si el precepto -praeceptum legis- y su correspondiente consecuencia
jurídica -sanctio legis- no se encuentran previamente definidos de manera clara y expresa
en la ley»41.

En el derecho sancionatorio, el principio de legalidad comprende una doble garantía 42;
material, que se refiere a la predeterminación normativa de las conductas infractoras y
las sanciones; y formal, relacionada con la exigencia de que éstas deben estar contenidas
en una norma con rango de ley, la cual podrá hacer remisión a un reglamento, siempre y
cuando en la ley queden determinados los elementos estructurales de la conducta
antijurídica43.

Por ende, el principio de legalidad de las sanciones exige que: (i) el señalamiento de la
sanción lo haga directamente el legislador; (ii) este señalamiento sea previo al momento
de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) la

40 “De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política, el debido proceso
constitucional se integra por las siguientes garantías: (i) el principio de legalidad; (ii) el principio del juez
natural; (iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; (iv) el principio de
favorabilidad; (v) el derecho a la presunción de inocencia; (vi) el derecho a la defensa; (vii) el derecho a la
publicidad de las actuaciones procesales y la no dilación injustificada de las mismas; (viii) el derecho a
presentar y controvertir pruebas; (ix) el derecho a impugnar las providencias judiciales; (ix) el principio
de non bis in idem; (x) el principio de non reformatio in pejus; (xi) el derecho a no declarar contra sí mismo
o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; (xii) el principio de independencia judicial;
y (xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia”. [Se destaca] Corte Constitucional. Sentencia
T – 248 del 27 de junio de 2018. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
41 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
42 En otra oportunidad, la Corte Constitucional explicó que el principio de legalidad comprende una doble

garantía: “(…) la primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que
existan preceptos jurídicos anteriores (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza
(lex certa) aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones
correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de
una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la
Administración”. Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto
Vargas Silva.
43 Corte Constitucional. Sentencia C – 412 del 1 de julio de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos.

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sanción se determine no sólo previamente, sino también plenamente, es decir que sea
determinada y no determinable44.

Por último, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de legalidad
persigue las siguientes finalidades: «(i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta
y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento
directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a las
autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; (iii)
constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la
libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la
igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado»45.

4.3. El principio de tipicidad

El principio de tipicidad, como desarrollo del principio de legalidad, implica que «(…) la
norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e
inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de
las infracciones, así como la correlación entre unas y otras (…)».46

De este modo, el principio de tipicidad se refiere a la «(…) obligación que tiene el
legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutiva de
la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a
quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las
implicaciones que acarrea su transgresión (…)»47.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de tipicidad «(…)
se compone de dos aspectos, (i) que «exista una ley previa que determine la conducta
objeto de sanción» y (ii) «la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta
o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse». Este último aspecto, se
encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en
el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio (…)»48.

44 Corte Constitucional. Sentencia C – 475 del 18 de mayo de 2014. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
45 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
46 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva y Corte

Constitucional C – 818 del 9 de agosto de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
47 Corte Constitucional. Sentencia C – 412 del 1 de julio de 2015. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
48 Corte Constitucional. Sentencia C – 030 del 1 de febrero de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Accionado: Miguel Ignacio Martínez Olano

4.4. La incompatibilidad prevista en el literal b, numeral 1, del artículo 43 de la Ley
1952 de 2019 frente al artículo 45 de la Ley 136 de 1994

Lo primero que la Sala advierte es que la incompatibilidad invocada por el solicitante está
contenida en la Ley 1952 de 2019, mediante la cual se expidió el Código General
Disciplinario.

El artículo 24 ibidem establece que la «ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios
cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional» y, a su turno,
el artículo 25 prevé que sus destinatarios son los servidores públicos, aunque estén
retirados del servicio, y los particulares que defina el mismo código.

En ese sentido, se tiene que el Código General Disciplinario se aplica a quienes incurran
en una falta disciplinaria, y, a su vez, el artículo 26 ibidem señala como falta disciplinaria
«(…) cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento
de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y
violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, sin
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladas en esta ley (…)».

Como se indicó, la incompatibilidad que el solicitante endilga al acusado es la prevista en
el literal b, numeral 1, del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, esto es, el Código General
Disciplinario, que dispone:

[…] ARTÍCULO 43. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen
incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas
administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde
el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período
o retiro del servicio:
(…)
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias,
fiscales, administrativas o jurisdiccionales.
[…].
En línea con lo explicado, la Sala destaca que el artículo 56 de la misma Ley 1952 enlistó
las faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos
y conflicto de intereses y, en el numeral 1, estableció que una de ellas era actuar u omitir,
a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de
intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

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Teniendo en cuenta el marco normativo referido, la Sala concluye que la incompatibilidad
que en este caso se endilga al acusado no es aplicable al proceso de pérdida de
investidura, comoquiera que está contenida en el Código General Disciplinario, cuyas
disposiciones cobijan a los servidores públicos cuando incurran en faltas disciplinarias,
conforme al artículo 24 ibidem. Además, según el artículo 26, una de ellas la constituye
la violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses, de ahí que el legislador en el artículo 43 de dicho código enlistó las
incompatibilidades que dan lugar a la configuración de la falta disciplinaria.

Ahora bien, la Sala aclara que el régimen de incompatibilidades que da lugar a la sanción
de pérdida de investidura de los concejales es el previsto en el artículo 45 de la Ley 136
de 1994, disposición que está ubicada en el capítulo IV, denominado «concejales», en
cuyo acápite fueron señaladas las calidades para ser elegido concejal, las inhabilidades,
incompatibilidades, así como las causales de pérdida de investidura, entre otros asuntos.

Siendo así, se precisa que la incompatibilidad que endilga el solicitante al acusado y que
está prevista en el Código General Disciplinario, concerniente a que el concejal actúe
como apoderado, también se dispuso en el numeral 2 del artículo 45 de la Ley 136 de
1994, pero en términos distintos, e incluyó algunas excepciones, como da cuenta el
siguiente cuadro comparativo:

Artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994 Artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 o Código
General Disciplinario
ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los ARTÍCULO 43. OTRAS
concejales no podrán: INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen
incompatibilidades para desempeñar cargos
(…) públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes,
concejales y miembros de las juntas
2. Ser apoderado ante las entidades públicas administradoras locales, en el nivel territorial
donde hayan ejercido jurisdicción, desde el
del respectivo municipio o ante las personas
momento de su elección y hasta doce meses
que administren tributos procedentes del
después del vencimiento de su período o retiro
mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
del servicio:
interpuesta persona, contrato alguno, con las
excepciones que más adelante se establecen.
(…)

b) Actuar como apoderados o gestores ante
ARTÍCULO 46. EXCEPCIONES. Lo dispuesto
entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
en los artículos anteriores no obsta para que
administrativas o jurisdiccionales.
los concejales puedan ya directamente o por

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medio de apoderado, actuar en los siguientes
asuntos:

(…)

d. Ser apoderados o defensores en los
procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo,
los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni
peritos en los procesos de toda clase que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales
o económicos del respectivo municipio, los
establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del orden municipal
y las sociedades de economía mixta en las
cuales las mismas entidades tengan más del
cincuenta por ciento (50%) del capital.

De lo anterior, se evidencia que en el Código General Disciplinario la incompatibilidad
para los concejales es mucho más amplia que en la Ley 136 de 1994, en la medida en
que en el régimen disciplinario los concejales no pueden ser apoderados ante
autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales; mientras que en el
artículo 45 de la Ley 136 la incompatibilidad radica en que el concejal no puede ser
apoderado ante entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que
administren tributos procedentes del mismo. Adicionalmente, el artículo 46 de la Ley 136
permite a los concejales ser apoderados en los procesos que se ventilen en la Rama
Judicial, siempre y cuando el proceso no tenga por objeto gestionar intereses económicos
del respectivo municipio y las demás entidades allí señaladas.

Es de destacar que la incompatibilidad que en este caso se invoca, esto es, la del literal
b, numeral 1, del artículo 43 del Código General Disciplinario, establece que la duración
de la misma será «(…) desde el momento de su elección y hasta doce meses después
del vencimiento de su período o retiro del servicio (…)»; por su parte, el artículo 47 de la
Ley 136 de 1994 dispuso que las incompatibilidades de los concejales tendrán vigencia
hasta la terminación del período constitucional respectivo y que en caso de renuncia se
mantendrá durante los seis meses siguientes a su aceptación, si el lapso que falta para
el vencimiento del período es superior.

En el escenario descrito, la Sala observa que no se presenta una antinomia, como lo
indica el señor agente del Ministerio Público, sino que son dos disposiciones que, aunque
establecen incompatibilidades para los concejales, se prevén para regímenes
sancionatorios distintos; por un lado, el de las sanciones disciplinarias y, por otro, el de
la pérdida de investidura. En otros términos, se trata de artículos que regulan asuntos o

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materias distintas, por lo que su inobservancia también conlleva sanciones de diferente
naturaleza.

En efecto, la transgresión del numeral 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 trae como
consecuencia la sanción de pérdida de investidura. No obstante, la sanción por la
infracción de la incompatibilidad del literal b del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952
de 2019 o Código General Disciplinario opera de manera muy distinta, ya que, el artículo
46 de la Ley 1952 de 2019 clasifica las faltas disciplinarias en gravísimas, graves y leves.

Seguidamente, el artículo 47 ibidem establece que las faltas gravísimas están
taxativamente señaladas en la ley, y, que para determinar si la falta es grave o leve se
seguirán los criterios indicados en dicha disposición.

Por último, el artículo 48 ibidem, prevé que al sujeto disciplinable se le podrá imponer las
siguientes sanciones: 1. destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años
para las faltas gravísimas dolosas; 2. destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez
(10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima; 3. suspensión en el
ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho (18) meses e inhabilidad especial por el mismo
término para las faltas graves dolosas; 4. suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1)
a doce (12) meses para las faltas graves culposas; 5. multa de diez (10) a ciento ochenta
(180) días del salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves
dolosas y 6. amonestación escrita para las faltas leves culposas.

Además, el parágrafo de dicho artículo aclara que en el evento que el disciplinado haya
cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución,
cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el
que faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la
comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad.

Lo anterior conlleva a que, la sanción por la inobservancia del literal b del numeral 1 del
artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 no puede ser la pérdida de investidura del concejal,
en la medida que, el régimen disciplinario reguló las sanciones que pueden ser impuestas
por la transgresión de dicha disposición.

En efecto, así lo ha explicado la Sección Primera de la Corporación cuando en un caso
se pretendió la desinvestidura de un concejal por violación al régimen de
incompatibilidades con fundamento en que incurrió en las prohibiciones del numeral 18
del artículo 35 y numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al señalar que «(…) la
comisión de una falta disciplinaria gravísima (prevista en la Ley 734) por los miembros de
una corporación pública no tiene como consecuencia per se la pérdida de su investidura

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(…)»49, puesto que no hay una disposición que le atribuya tal alcance, más aún cuando
«las causales de pérdida de investidura son de orden público y por ende tienen una
interpretación restrictiva»50.

Tampoco se presenta una derogatoria tácita del numeral 2 del artículo 45, ni del artículo
46 de la Ley 136 de 1994, con la expedición de la Ley 1952 de 2019, como lo aduce el
señor agente del Ministerio Público en el concepto rendido en esta instancia, ya que,
según el artículo 71 del Código Civil, la derogatoria tácita se presenta cuando la nueva
ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior, supuesto
que no se cumple al tratarse de leyes que regulan materias diferentes.

Se destaca que la incompatibilidad del literal b del numeral 1 del artículo 43 del Código
General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, estaba consagrada en iguales términos en el
literal b del numeral 1 del artículo 39 del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, la
cual sí fue derogada por la Ley 1952 de 2019. La incompatibilidad aquí invocada se
estableció igual que en el literal b del numeral 1 del artículo 44 del Código Disciplinario
Único, Ley 200 de 1995, que derogó la Ley 734 de 2002.

Valga mencionar que esta última disposición de la Ley 200 de 1995 fue demandada a
través de la acción pública de inconstitucionalidad y que la Corte Constitucional, en la
sentencia C- 307 de 1996, la declaró exequible, bajo el entendido que «(…) subsisten las
incompatibilidades y las excepciones a éstas, legalmente establecidas (…)», para lo cual
se resalta que, en la parte motiva de dicha providencia, se indicó que las
incompatibilidades señaladas para los concejales en la Ley 136 de 1994 hacen parte
integral del régimen disciplinario único, pues lejos de ser contrarias a su espíritu, son
complementarias, en cuanto desarrollan la incompatibilidad que en forma general estaba
descrita en el literal allí acusado.

Lo dicho, evidencia que el régimen disciplinario, en materia de la incompatibilidad de
concejales aquí invocada, incorporó las disposiciones de la Ley 136 de 1994
precisamente para determinar el alcance de la falta disciplinaria, lo que se corrobora en
la actualidad, cuando el artículo 40 del Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019,
establece que «(…) se entienden incorporados a este código, las inhabilidades,
impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y

49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 8 de febrero
de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación 47 001 23 33 000 2017 00081 01, en la que
se hizo referencia a la sentencia del 14 de septiembre de 2017 proferida en el proceso con radicación 47
001 23 33 000 2017 00078 01.
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 8 de febrero
de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación 47 001 23 33 000 2017 00081 01.

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en la ley (…)», por lo que mal podría entenderse que esta última codificación derogó la
Ley 136.

Por último, se aclara que, si bien el régimen disciplinario integró el régimen de
incompatibilidades de la Ley 136 de 1994, no puede predicarse que en materia de pérdida
de investidura se hayan incluido las reglas del Código General Disciplinario relativas a
las incompatibilidades del concejal, pues no existe una disposición expresa en ese
sentido que así lo establezca; además, se trata de materias sancionatorias distintas, por
lo que se debe garantizar el principio de legalidad y tipicidad, sin que pueda pasarse por
alto que, en los términos señalados por la Corte Constitucional, es la Ley 136 de 1994 la
que ha complementado la incompatibilidad aquí invocada, la cual ha existido en el
ordenamiento jurídico desde la Ley 200 de 1995.

4.5. Conclusiones del caso

Acorde con todo lo expuesto, la Sala arriba a las siguientes conclusiones:

(i) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que, teniendo en cuenta que
la sanción de pérdida de investidura implica una restricción permanente de los derechos
políticos, la causal por la que se sanciona debe atender los principios de legalidad y
tipicidad, como garantías del debido proceso.

(ii) De este modo, el principio de legalidad exige la determinación precisa de las sanciones
que pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poder punitivo estatal, por
lo que, como se dijo en líneas precedentes, no es posible adelantar válidamente un
proceso de naturaleza sancionatoria si el precepto y la consecuencia jurídica no están
definidos previamente y de manera clara y expresa en la ley. En esa misma línea, el
principio de tipicidad implica que la norma que establece una sanción debe describir clara,
expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas.

(iii) La incompatibilidad que en este caso se le endilga al acusado, esto es, la prevista en
el literal b del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, no es aplicable al proceso
de pérdida de investidura, comoquiera que está contenida en el Código General
Disciplinario, cuyas disposiciones se aplican a los servidores públicos cuando incurran
en faltas disciplinarias, conforme al artículo 24 ibidem. Además, según el artículo 26, una
de las faltas disciplinarias la constituye la violación al régimen de incompatibilidades; por
lo que el legislador, en el artículo 43 de dicho código, enlistó las incompatibilidades que
dan lugar a la configuración de la falta disciplinaria. A su vez, las sanciones que podrán
imponerse por incurrir en las faltas disciplinarias están previstas en el artículo 48 de la
Ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario.

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En ese contexto, dado que la incompatibilidad alegada está descrita en el Código General
Disciplinario y su inobservancia enlistada como una falta disciplinaria, la sanción que
eventualmente se aplicaría, como el mismo código lo advierte, es de naturaleza
disciplinaria, que por demás está prevista y regulada en dicho estatuto en el artículo 48
ibidem, sin que el artículo 43 del referido código haya dispuesto o ampliado que la
infracción de las incompatibilidades allí enlistadas tenga como consecuencia la pérdida
de investidura.

De esta manera, en garantía de los principios de tipicidad y legalidad, no basta con que
la norma que se invoque en un juicio de pérdida de investidura establezca una inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición, sino que la misma u otra disposición debe prever que la
consecuencia de su desconocimiento conlleve la sanción de pérdida de investidura.

(iv) Aunado a lo anterior, el régimen de incompatibilidades de los concejales que da lugar
a la sanción de pérdida de investidura está regulado por el artículo 45 de la Ley 136 de
1994; explicado en otras palabras, para la imposición de dicha sanción por la causal de
violación al régimen de incompatibilidades prevista en el numeral 2 del artículo 55 ibidem,
es necesario que el acusado haya infringido alguna de las incompatibilidades del artículo
45 ibidem, dado que allí está contenido el régimen cuya inobservancia trae como
consecuencia la desinvestidura.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha explicado que51
«(…) las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de
las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia,
naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que
excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo,
salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y,
además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico
imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser
derogadas por acuerdo o convenio». (se destaca)

Por ello, el régimen de incompatibilidad aplicable a los concejales y que, en caso de
infringirse, da lugar a la pérdida de investidura, es el previsto por el artículo 45 de la Ley
136 de 1994.

(v) En ese sentido, los reparos de la apelación relacionados con que la conducta
censurada se subsume en lo señalado por el literal b), numeral 1 del artículo 43 de la Ley
1952 de 2019 porque el acusado fue apoderado en la acción de tutela y que la renuncia
a dicho poder no sanea la presunta infracción, no son relevantes para determinar la

51 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de febrero de 2011.

C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Expediente con radicado nro. 11001 0315 000 2010 00990 00 (PI).

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configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura dado que la
incompatibilidad invocada está prevista para el régimen disciplinario.

De modo que, la incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 43 del Código
General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, no es aplicable a procesos de pérdida de
investidura, por lo que lo pretendido por el solicitante no puede tener despacho favorable.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó la desinvestidura del concejal del
Distrito de Santa Marta, (Magdalena), señor Miguel Ignacio Martínez Olano, período
constitucional 2024 - 2027.

Finalmente, no se condenará en costas teniendo en cuenta que el medio de control de
pérdida de investidura es una acción pública y según lo señalado por el artículo 188 del
CPACA no hay lugar a condenar en costas en los procesos que se ventile un interés
público.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, acorde con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 27 de
noviembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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