Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2025-00015-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2025-00015-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2025-00015-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 47001-23-33-000-2025-00015-02
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad electoral
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Ruíz, Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth
Sánchez Vásquez, como presidente, primera y segunda vicepresidente,
de la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena período 2025,
respectivamente.
Temas: Cuórum decisorio para elegir mesa directiva. Debido proceso para el
cumplimiento de medidas disciplinarias adoptadas por los partidos y
movimientos políticos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las demandadas en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 28 de julio de 2025 y
mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. La señora María Margarita Guerra Zúñiga, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, solicitó la nulidad de
la elección de Ángela María Cedeño Ruíz, Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez
Vásquez como presidente, primera y segunda vicepresidente de la Asamblea Departamental
del Magdalena para el período 2025, respectivamente.
1.1.2. Hechos
2. El 16 de noviembre de 2024, la mesa directiva de la mencionada corporación pública citó a
los diputados para sesionar el 18 de noviembre siguiente, con el fin de elegir a sus dignatarios
para el período 2025. La reunión fue cancelada1 y reprogramada en distintas oportunidades2
por decisión de los integrantes de la asamblea, así como por órdenes dictadas por jueces de
tutela.
3. Finalmente, se convocó a sesión para el 26 de noviembre de 2024, con el fin de elegir a la
Mesa Directiva de la corporación, reunión de la cual se resaltan las siguientes particularidades:
4. Instalada (9:00 am), se verificó el cuórum con la presencia de los 13 diputados que
componen la corporación pública.
1
Se indicó por la demanda que la decisión obedeció al incumplimiento de la antelación requerida por el reglamento de la asamblea.
2
El 17 de noviembre 2024 se convocó para el 21 siguiente. Esta última fue suspendida el 20 de noviembre por el juez de tutela. El 22 se
llevó a cabo sesión de la corporación pública, en la cual se aprobó la proposición 108, con la que se convocó a sesión plenaria para el 26 de
noviembre de 2024, con el fin de elegir a los dignatarios del período 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
5. Antes de aprobar el orden del día, la demandante y el diputado Yohan Pinedo informaron a
la plenaria de la existencia de una orden judicial de tutela dictada por el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Control de Garantías de Santa Marta, que dispuso suspender la sesión
convocada para el 26 de noviembre del 2024, por lo que solicitaron levantarla; la presidente
de la duma señaló que la providencia no había sido notificada conforme a la ley, razón por la
cual, no era procedente aceptar la petición de los asambleístas.
6. Superado lo anterior, se puso a consideración de los asistentes el orden del día de la
reunión3, momento en el cual, además de insistir en la medida provisional antes mencionada,
se presentó la intervención del diputado Yohan Pinedo, quien en condición de vocero del
partido Demócrata Colombiano, pidió al secretario general certificar si la mesa directiva tenía
conocimiento que esa organización política suspendió los derechos de voz y voto del señor
Alberto Mario Gutiérrez Uribe; lo anterior, en el marco de una investigación disciplinaria
seguida por el Consejo de Control Ético de esa colectividad.
7. Durante el proceso de votación del orden del día, la presidente llamó la atención del
secretario general al considerar que se omitió el llamado del diputado Gutiérrez Uribe, ante lo
cual, dicho funcionario respondió que no lo hacía con fundamento en la medida disciplinaria
descrita.
8. Ante esa situación, la presidente dejó constancia sobre la falta de trámite de la sanción, y,
por lo tanto, la decisión que se hubiere adoptado no surtía efectos frente a la corporación
pública, por lo que insistió en que el señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe fuera llamado a lista.
9. El secretario se negó a cumplir la instrucción, razón por la cual, fue removido de sus
funciones por decisión de quien presidía la reunión y por ello se designó al diputado Amed
José Zawady Pupo como secretario general ad hoc.
10. Votado y aprobado el orden del día, la demandante insistió en la suspensión ordenada por
el juez de tutela, así como expresó que era irregular la forma en que se designó el secretario
ad hoc. La presidencia decidió continuar con la sesión, por lo que se retiraron del recinto un
total de 6 diputados, incluida la accionante.
11. Seguidamente, se llevó a cabo la votación, con los siete integrantes que permanecieron
en la reunión, quienes manifestaron su voluntad unánime de designar a las demandadas como
integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena.
1.1.3. Concepto de la violación
La elección fue declarada en una sesión que se encontraba suspendida
12. El acta de la reunión del 22 de noviembre de 2024, en la que se citó a sesión plenaria para
el 26 del mismo mes y año, fue aprobada únicamente con la lectura del título y su contenido
no fue puesto en conocimiento de los diputados, razón por la cual se infringió el artículo 424
del reglamento interno de la Asamblea de Magdalena.
3
El cual contenía los siguientes puntos: «(i) llamado a lista y verificación del quórum; (ii) lectura de comunicaciones; (iii) elección y posesión
de Mesa Directiva para el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025; (iv) proposiciones y varios: y (v) lectura y
aprobación del acta de la sesión; este fue puesto a consideración de la plenaria, para su aprobación».
4
ARTÍCULO 42. ACTAS: De las sesiones Plenarias y de Comisiones, el Secretario de la Corporación levantará las correspondientes actas
que contendrán, entre otras, una relación sucinta de los temas tratados y debatidos, de los nombres de los Diputados asistentes, de las
personas que hayan intervenido, de las comunicaciones leídas, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, las decisiones
adoptadas y el resultado total de las votaciones.36 Deberá garantizar, por medios electrónicos y físicos idóneos, la conservación del desarrollo
de las sesiones de control político y control normativo. Abierta la sesión, el presidente someterá a discusión y aprobación, el acta de la sesión
anterior, previa lectura. si los miembros de la Corporación no consideran necesaria la lectura, se aprobará con la sola lectura del título,
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
13. Con ocasión de lo anterior, se interpuso acción de tutela que fue admitida por el Juzgado
Sexto Penal Municipal de Santa Marta, quien, como medida cautelar, ordenó suspender la
realización de la reunión del 26 siguiente.
14. Esa decisión judicial se notificó en debida forma por lo que los miembros de la Asamblea
de Departamental del Magdalena tuvieron conocimiento de la orden; no obstante, la presidente
se rehusó a cumplir lo dispuesto por el juez constitucional.
Reemplazo del secretario general y designación de un ad hoc
15. La presidente de la corporación pública, sin adelantar algún trámite y de manera
discrecional, relevó al secretario general de sus funciones y le solicitó al diputado Amed José
Zawady Pupo asumir como ad hoc.
16. Ese actuar, desconoce el artículo 83 del reglamento de la asamblea, que consagra cuándo
se presenta una falta temporal, sin que en el presente caso se presentara alguna de las
circunstancias allí descritas.
17. Tampoco se atendió lo reglado en el artículo 1065 del reglamento interno, que establece
que ante la falta temporal del secretario general, la mesa directiva deberá adoptar la decisión
que corresponda; sin embargo, la presidente no la consultó y se abrogó una competencia que
no ostentaba.
18. A su vez, la presidente dejó de verificar que el diputado Amed José Zawady Pupo
cumpliera con los requisitos para desempeñarse como secretario ad hoc. Además, que no
podía aceptar cargos públicos en virtud del artículo 291 de la Constitución y lo establecido en
el artículo 50 de la Ley 2200 de 2022.
19. Advirtió que dicha dignataria adoptó una decisión desproporcionada cuando dispuso
sancionar a algunos diputados al limitar su derecho de voz y voto en la sesión, lo que provocó
que otros miembros de la corporación se retiraran.
Falta de cuórum para elegir
20. Los artículos 30, 34, 37 y 39 del reglamento interno de la Asamblea Departamental del
Magdalena regulan el cuórum, las mayorías y las elecciones aquí cuestionadas. De las
anteriores disposiciones, se concluye que «para efectos de elegir la Mesa Directiva, período 2025,
es preciso que la corporación sesione con la mitad más uno de los miembros de la duma departamental,
que corresponde al quórum decisorio, esto es 7 de los 13 diputados, y que los elegidos alcancen, la
mayoría simple de votos, esto es, que reciban el apoyo de la mitad más uno de los diputados
asistentes»6.
21. En este caso, de los siete votos con los que se adoptó la decisión controvertida, dos no
podían contabilizarse para esos efectos, porque los votos de los señores Alberto Mario
Gutiérrez Uribe y Amed José Zawady Pupo «fueron espurios».
mediante proposición. No obstante, el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los miembros de la Corporación, bien sea,
mediante su publicación en la página electrónica de la Asamblea o enviándola al correo electrónico de los Diputados o mediante el medio que
disponga la Asamblea para estos efectos. Es responsabilidad de los miembros de la Corporación tener conocimiento de las actas y demás
información pertinente para el cumplimiento de sus funciones.
5
ARTÍCULO 106. FUNCIONES: Son funciones y deberes del secretario general de la Corporación, las siguientes: (…) PARÁGRAFO. Las
faltas absolutas del secretario general se suplen con una nueva elección en el menor tiempo posible. en caso de falta temporal, la Mesa
Directiva dispondrá lo pertinente.
6
Se cita de manera literal del texto de la demanda.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
22. Frente al primero, aseguró que el partido Demócrata Colombiano, colectividad a la que
representa, dictó el 20 de noviembre del 2024 una medida cautelar en el marco de un proceso
disciplinario interno, consistente en la suspensión por 30 días su derecho a voz y voto, la cual
fue debidamente notificada el 25 de noviembre de la misma anualidad a la asamblea.
23. Sostuvo que el artículo 19.17 de la Ley 2200 de 2024 dispone que una de las funciones de
las asambleas departamentales es cumplir con las sanciones impuestas por los partidos
políticos, competencia que el numeral 4º artículo 64 del reglamento interno replicó.
24. No obstante «la presidente de la Asamblea del Magdalena se negó a dar cumplimiento a la medida
cautelar impuesta (…), alegando que la Mesa Directiva no le había dado trámite y así lo hizo constar
en el acta, cuando ese presunto trámite no existe ni en la ley ni en el reglamento que rige su actuación,
ni puede ser otro distinto a acatarla una vez comunicada, como lo estaba para entonces, y, en tal virtud,
el voto de aquel no podía ser teniendo en cuenta en la aprobación del orden del día, ni mucho menos
en la elección de las demandadas»7.
25. Respecto de Amed José Zawady Pupo, señaló que se configuró un conflicto de intereses
«proscrito por el artículo 291 de la Constitución Política y el artículo 50 de la Ley 2200 de 2022, que
señalan que ningún diputado podrá aceptar cargo alguno en la administración pública, como lo hizo
aquel debido a que, una vez que fue designado como secretario ad hoc por la presidente de la
corporación, no se limitó al ejercicio sus funciones como tal, sino que continuó obrando
simultáneamente como diputado, confundiendo ambas calidades, al punto de participar en la elección
de las tres integrantes de la Mesa Directiva, período 2025, llamándose a sí mismo a votar, computando
su propio voto y dando fe pública del mismo en favor de cada una de las demandadas, al informar del
resultado de la votación y suscribir el acta correspondiente…».
26. En ese sentido, aseguró que al momento de la elección no existía cuórum decisorio, porque
las demandadas únicamente obtuvieron 5 votos a favor de los 13 posibles.
1.2. Actuaciones procesales en primera instancia
27. El 26 de febrero de 2025 se admitió la demanda y se accedió a la medida cautelar
solicitada, al concluir que la elección se realizó sin el cuórum decisorio necesario 8.
28. Surtidos los traslados, las señoras Ángela María Cedeño Ruíz, Martha Liliana García
Rivera y Candy Julieth Sánchez9 solicitaron se negaran las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos:
29. Hicieron referencia al régimen normativo de las notificaciones en el trámite de tutela10, para
señalar que el iniciador del mensaje, es decir el juzgado que tramitó la acción constitucional,
no obtuvo el acuse de recibo, lo que impide concluir la efectiva notificación.
30. Respecto del reemplazo del secretario general, pusieron de presente que corresponde a
la presidencia de la corporación adoptar las medidas para dirigir los debates y hacer cumplir el
reglamento (art. 68), por lo que, ante la circunstancia de no llamar a lista al diputado en la
7
Transcripción literal del texto de la demanda.
8
Decisión confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 8 de mayo de 2025.
9
Actuando a través de apoderada
10
De lo cual concluyó «Todas las providencias que se dicten en un proceso de tutela deben ser notificadas, incluyendo, de manera expresa,
las medidas cautelares (art. 7 Decreto 2591/91). Identificados los canales digitales de los sujetos procesales, desde ellos se tramitarán todas
las actuaciones de la tutela y se surtirán «todas las notificaciones». (art. 3 Ley 2213 de 2022) Sin perjuicio de lo anterior, las providencias que
se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. (art. 16 Decreto 2591 de 1991)
Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deberán manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación
judicial específica a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones de lo cual se dejará constancia en el expediente y se
realizará de manera presencial. (art. 1, par. 1 de la Ley 2213 de 2022) Si el juez escoge una determinada forma de notificación deberá seguir
las ritualidades que la ley estable para ella».
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
sesión del 26 de noviembre del 2024, ese funcionario se atribuyó una competencia que no le
estaba atribuida, esto es, la de calificar la existencia o no de una suspensión del derecho a voz
y voto, razón por la cual el retiro transitorio de sus funciones era una «medida policiva»
necesaria para garantizar la celebración de la reunión.
31. Sobre la falta de cuórum argumentaron:
a) En relación con el diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, el artículo 108 Constitucional,
señala que los miembros de las corporaciones públicas actuarán como bancadas y que
corresponde a los estatutos de los partidos y movimientos políticos, establecer las
sanciones por la inobservancia de estos, lo que puede incluir la pérdida del derecho
al voto, lo cual fue reproducido por el artículo 4º de la Ley 974 del 2005.
b) Señalaron que sin pretender cuestionar la licitud de la decisión del partido Demócrata
Colombiano, sobre aquel no pesaba ninguna sanción en sentido estricto derivada del
incumplimiento demostrado del régimen de bancadas, por lo que la asamblea departamental
no podía aplicarla en este caso (numeral 17, del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022), en
tanto lo que se remitió fue la decisión de una «medida cautelar» y no una decisión de
definitiva.
c) Si bien la pérdida del derecho a voz y voto en una corporación pública, es una medida
posible desde el punto de vista normativo, ello no viabiliza la posibilidad de restringir
derechos a través de la adopción de medidas cautelares, por lo que su implementación
contraría las disposiciones jurídicas de orden superior.
d) En relación con la posible irregularidad en la actuación del diputado Zawady Pupo, de
llegarse a encontrar demostrado el conflicto de interés alegado, lo cierto es que ello afectaría
su actividad como secretario ad hoc, pero no el ejercicio de sus derechos como diputado.
1.3. Sentencia de primera instancia
32. El Tribunal Administrativo del Magdalena, con decisión del 28 de julio de 202511, concedió
las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado que al momento de la elección de la
mesa directiva se vulneró el cuórum al permitir la participación del señor Alberto Mario
Gutiérrez Uribe12.
33. Para sustentar la nulidad, la autoridad judicial de instancia señaló que el reglamento de la
corporación pública, en su artículo 39, estableció que:
«QUÓRUM DELIBERATORIO
La Plenaria y sus Comisiones no podrán iniciar sesión hasta contar con quórum deliberatorio
conformado con no menos de la cuarta parte de sus miembros.
11
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 00. Índice 00160.
12
Respecto de los demás cargos de la demanda concluyó el tribunal que: (i) el incumplimiento de la medida provisional en sede de tutela, si
bien conlleva a la sanción respecto del funcionario que la desacata, no tiene como efecto la nulidad de los actos derivados de ello; (ii) respecto
de la indebida designación del secretario ad hoc, indicó que en el marco de un proceso de pérdida de investidura seguida en contra del
diputado Amed José Zawady Pupo por los mismo hechos, se determinó que con la finalidad de dar cumplimiento al orden del día optó por
designar como secretario ah-hoc al diputado AMED JOSÉ ZAWADY PUPO, sin que se evidencie, que se le hubiesen atribuido al funcionario
ad-hoc, funciones más allá que las de continuar con el llamado a lista de la totalidad de los diputados presentes, darle fluidez a las actividades
prestablecidas en el orden día dispuesto para la sesión del 26 de noviembre de 2024 y levantar el acta correspondiente. Dicho ello, se señaló
que «En este sentido, concluye el Tribunal que, contrario a lo afirmado por la demandante, señor AMED JOSÉ ZAWADY PUPO si podía
participar de la deliberación o elección de la mesa directiva llevada a cabo en sesión del 26 de noviembre de 2024, pues, se insiste, las
funciones del secretario ad-hoc obedecieron al cumplimiento de una misión específica que no implicó la invasión de la órbita funcional del
cargo público de secretario general».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
2. QUÓRUM DECISORIO
Las decisiones solo podrán adoptarse con el quórum decisorio, que se conforma con la
asistencia presencial o remota de la mayoría simple de los miembros, salvo que la Constitución
o la Ley exijan un quórum especial.
3. MAYORÍAS
En sesión de la Plenaria o Comisión, se podrá decidir por mayoría simple, la cual se constituye por la
mitad más uno de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución, la Ley o este reglamento exija
expresamente una mayoría especial. (…)»
34. Encontró acreditado que, en sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2024, contenida en
el Acta 061, se eligió la mesa directiva para el periodo 2025 con los votos favorables de: Ángela
María Cedeño Ruíz, Marta Liliana García Rivera, Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Rosa Idalia
Jiménez Rodríguez, Mallath Paola Martínez Cantillo, Candy Julieth Sánchez Vásquez y Amed
José Zawady Pupo, esto es, con siete (7) integrantes de la corporación, porque los demás
diputados13 abandonaron el recinto.
35. En punto a la participación con voz y voto del señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe, afirmó
que el 20 de noviembre de 2024 el Consejo de Control Ético del partido político Demócrata
Colombiano, al cual pertenece el diputado en mención, dispuso la apertura de una
investigación disciplinaria, bajo los cargos de transgresión a los artículos 76 y 80 de los
estatutos por desconocimiento del régimen de bancadas y decretó su suspensión del derecho
a voz y voto por el término de 30 días.
36. A partir de ello, el a quo trajo a colación lo dispuesto en la Ley 97414 de 2005, que en su
artículo 4 establece que los partidos en sus estatutos deberán establecer las reglas de
funcionamiento de sus bancadas y, además:
«(…), determinarán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Podrán establecer sanciones por
la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán
incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva corporación pública, observando
el debido proceso.
En todo caso la sanción deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación,
para que a través de ella se le dé cumplimiento, siempre que ello implique limitación de derechos
congresuales.
37. Señaló que dentro del proceso se allegaron los estatutos del partido Demócrata
Colombiano, los cuales, en su artículo 93 regulan lo concerniente a las sanciones para los
afiliados por la inobservancia de las directrices de bancada, en los siguientes términos:
Artículo 93.- Las sanciones que se aplicarán son: (…) 2.2.- La pérdida del derecho a votar por el
número de sesiones que determine la bancada, cuando el miembro de la bancada reincida en
votar en forma contraria a la decisión de la bancada sin justificación, o cuando vote
contrariamente a la bancada o se abstenga de hacerlo y sostenga durante el debate posiciones
diferentes a la de la bancada.
2.3.- Suspensión del derecho al voto en la corporación pública hasta noventa días calendario.
38. Ante la habilitación estatutaria, encontró que la decisión del Consejo de Control Ético del
partido político Demócrata Colombiano fue notificada a la corporación el 25 de noviembre de
13
Édgar Gerónimo Arias Ortiz, Linda Luz Cabarcas Suárez, María Del Socorro Charris Pizarro, María Margarita Guerra Zuñiga, Rafael Emilio
Noya García Y Yohan Alfonso Pinedo Panetta.
14
Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso
al Régimen de Bancadas.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
2024; no obstante, le permitieron votar en la sesión celebrada el 26 del mismo mes y año en
la que se eligió la mesa directiva para el período 2025.
39. Puso de presente que la Asamblea Departamental del Magdalena adoptó la decisión de
acoger la medida cautelar decretada 5 días después de habérsele comunicado a la duma la
suspensión impuesta al señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe por parte del partido Demócrata
Colombiano, tal como consta en la Resolución 064 del 30 de noviembre de 2024.
40. Resaltó que de aceptarse la tesis de que la medida cautelar decretada por el partido
Demócrata Colombiano en contra de su militante - Alberto Mario Gutiérrez Uribe-, no se
encontraba en firme, las medidas preventivas y/o cautelares que eventualmente impongan
dichas agrupaciones políticas perderían su finalidad, vale decir, la de garantizar que la
conducta reprochada y que es contraria en este caso, al reglamento interno del partido político
y la propia ley de bancadas, no se continúe realizando mientras se adopte una decisión de
fondo.
41. Citó la sentencia T-009 de 2017, resaltando que «abordó el estudio de un caso con similares
supuestos al estudiado en el presente asunto y en la cual se concluyó que no existía vulneración alguna
a los derechos fundamentales del accionante en razón de la imposición de una medida por parte del
partido político al cual hacía parte, consiste en la suspensión del derecho a tener voz y voto en las
decisiones de una Corporación Pública».
42. Además precisó que: «el presente medio de control de nulidad electoral no se está debatiendo
sobre la legalidad de la decisión de decretar la medida cautelar de suspensión al derecho a voz y voto
en contra del diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE, puesto que, i) dicha decisión no es un
acto administrativo proferido dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio, si no que se trata
de una decisión adoptada por un particular (partido político), en contra de otro particular (militante), el
cual si bien debe respetar las garantías procesales, lo cierto es que no puede perderse de vista que
éste debe sujetarse a las reglas pre-establecidas por la agrupación política y que sus miembros al
momento de su incorporación deciden someterse y ii) se trata de un procedimiento interno en
cumplimiento a la Ley de bancadas y el propio estatuto del partido político».
43. Además, que el artículo 30 del reglamento de la asamblea departamental establece que
será presidente quien obtenga la mayoría de los votos, entendida por la mitad más uno de los
diputados asistentes siempre y cuando haya cuórum deliberatorio, esto es, la mayoría simple
de los miembros.
44. Concluyó que al sólo encontrarse seis (6) miembros de la Asamblea Departamental del
Magdalena con derecho a voz y voto, no existía cuórum deliberatorio suficiente para adoptar
la decisión de declarar la elección cuestionada.
1.4. Recursos de apelación
45. Inconformes con la sentencia de primera instancia, las señoras Candy Julieth Sánchez
Vásquez, Ángela María Cedeño Ruiz y Marta Liliana García Rivera recurrieron la decisión con
sustento en las siguientes razones:
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
1.4.1. Candy Julieth Sánchez Vásquez15
46. A través de apoderado judicial, cuestionó el fallo de primera instancia y solicitó su
revocatoria.
47. Reiteró el argumento relativo a que, de conformidad con el artículo 108 Constitucional, en
concordancia con el artículo 4º de la Ley 974 del 2005, corresponde a los partidos y
movimientos políticos determinar las sanciones frente al incumplimiento del régimen de
bancadas, las cuales, pueden ir hasta la pérdida del derecho al voto.
48. Insistió que la competencia de la asamblea departamental en este caso se activa ante la
existencia de una medida sancionatoria lo cual, reiteró, no ocurrió en el asunto.
Adicionalmente, manifestó que revisados los estatutos del partido Demócrata Colombiano,
aportados como prueba al proceso, se puede concluir que (i) se incluye la suspensión de los
derechos a voz y voto como una sanción y (ii) no refieren a la posibilidad de imponer medidas
cautelares.
49. Por lo que: «Suspender el derecho al voto de un miembro de una Corporación Pública constituye
una restricción de derechos fundamentales pues limita el ejercicio y control del poder político, y el
acceso al ejercicio de las funciones públicas consagrado en el artículo 40 de la Constitución. En ese
orden de ideas, su restricción solo resulta válida cuanto está expresamente justificada en la misma
constitución o en la ley; y en ningún caso puede tener como fuente disposiciones internas de una
organización de carácter privado, menos en el presente caso en que éstas últimas ni siquiera existen
en sus estatutos».
50. La limitación a los derechos de una persona elegida popularmente, como es el caso del
diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, debe estar fundamentada en la ley o en los estatutos,
por lo que la decisión discrecional de un partido político mediante una «medida cautelar», no
tiene dicho efecto.
51. Aceptó que en el presente asunto no se estudia la legalidad o licitud de la suspensión
impuesta al referido integrante de la Asamblea Departamental del Magdalena, pero lo que sí
resulta forzoso «es que la Mesa Directiva de la Asamblea verifique los presupuestos fácticos de la
norma que le obliga a aplicar esa decisión, uno de los cuales es verificar si se trata de una sanción,
pues solo esta decisión los obligar a dar cumplimiento».
52. Que el numeral 17 del artículo 19 de la Ley 2200 del 2022, así como los artículos 15 y 64
del reglamento interno de la duma, imponen la obligación de dar cumplimiento a las sanciones
siempre respetando el debido proceso, razón por la cual no puede concluirse que son de
aplicación inmediata, dado que se requiere hacer efectiva esa garantía constitucional, lo cual
no ocurrió en el presente asunto.
53. Resaltó que tanto el artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 como los artículos 15 numeral 17
y el 64 del Reglamento de la Asamblea del Magdalena disponen que la implementación de la
sanción está supeditada a el despliegue de una actividad por parte de la Mesa Directiva de la
corporación, lo implica la certeza del inicio y fin de la misma.
54. Alegó que la sentencia de primera instancia se fundó erradamente en la decisión T-009
del 2017 de la Corte Constitucional, de la cual no se deriva que se hubiere validado la
15
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 00. Índice 00174 y 00191.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
posibilidad de imponer medidas cautelares de suspensión del derecho al voto respecto de
integrantes de corporaciones públicas.
55. Concluyó que:
«[…] el diputado ALBERTO MARIO GUTÍERREZ URIBE asistía válidamente a la sesión del 26 de
noviembre de 2025 por lo que su presencia contribuía válidamente a la conformación del quorum
decisorio, pues para ello no es necesario asistir con derecho a voto.
Adicionalmente, aún en el evento de considerar que el voto del diputado ALBERTO MARIO
GUTÍERREZ URIBE no era válido, la elección de la mesa directiva se realizó con 6 votos positivos,
lo que representa, como lo exigen las normas sobre la validez de las decisiones, mucho más de la
mayoría de los miembros asistentes.
Sin embargo, debemos resaltar que la argumentación del Tribunal se limita a sostener que no existió
quorum decisorio y no a cuestionar la validez de la votación por alguna razón diferente. Es decir, lo
único que resulta legítimo debatir en esta segunda instancia es si el quorum decisorio estaba
legítimamente constituido, no si se obtuvo la mayoría simple de los votos de los asistentes».
1.4.2. Angela María Cedeño Ruiz16
56. Aseguró que el Tribunal no precisó cuál de todas las causales de nulidad invocadas por la
demandante se configuró en relación con el acto de elección de la mesa directiva de la
Asamblea del Magdalena del 26 de noviembre de 2024.
57. Tampoco explicó por qué razón, aunque en el artículo 4 de la Ley 974 de 2005 dice que
los partidos pueden establecer sanciones por la inobservancia del régimen de bancadas,
correspondía a la asamblea aplicar una medida cautelar en forma inmediata.
58. Indicó que, si bien en este proceso no se debe juzgar la decisión del partido, la asamblea
debía analizar si podía cumplir o no en forma inmediata una medida cautelar y por ello, era
legal, válida y legítima la participación del diputado Gutiérrez en la elección de la mesa directiva
del 26 de noviembre de 2024.
59. Refirió que existe una contradicción en la sentencia, porque si no se puede cuestionar en
este proceso la medida cautelar impuesta por el partido, tampoco podría juzgarse la legalidad
de la expedición de la Resolución 064 del 30 de noviembre de 202417.
60. Precisó que para la fecha en que se eligió a los miembros de la mesa directiva, (26 de
noviembre de 2024), el diputado si tenía derecho a participar y votar, en consecuencia, solicita
se revoque el fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.
1.4.3. Marta Liliana García Rivera18
61. Cuestionó que, aunque se calificó la decisión del partido como medida cautelar, el análisis
se hizo con base en reglas de sanciones definitivas, sin aclarar dicha diferencia ni verificar si
el diputado podía interponer recurso de apelación en efecto suspensivo.
1.5. Actuaciones procesales en segunda instancia
16
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 00. Índice 00197.
17
«POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA UNA SOLICITUD DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EL PARTIDO
DEMOCRATA COLOMBIANO SIGUE A UN DIPUTADO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA»
18
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 00. Índice 00222.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
62. El 20 de enero de 202619, se admitieron las alzadas interpuestas por Ángela María Cedeño
Ruiz y Candy Julieth Sánchez Vásquez y la apelación adhesiva interpuesta por Marta Liliana
García Rivera.
63. El 11 de febrero de 202620 se rechazó por extemporánea la apelación adhesiva presentada
por María Margarita Guerra Zúñiga y el tercero Yohan Alfonso Pineda, así mismo se negó el
decreto y práctica de pruebas solicitadas por el apoderado de la demandada Candy Julieth
Sánchez Vásquez; la decisión se confirmó en providencia de Sala del 5 de marzo de 202621.
64. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se presentó la intervención de Candy
Julieth Sánchez Vásquez, quien reiteró los argumentos que expuso en el recurso de
apelación y pidió que se revocara la sentencia del 28 de julio de 2025 para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.
65. Dentro del término establecido, el Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
66. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuesto por las señoras Candy Julieth Sánchez Vásquez, Ángela María Cedeño
Ruiz y Marta Liliana García Rivera contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Magdalena el 28 de julio de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 22 y el
literal c) del numeral 7 del artículo 15223 de la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434
de 2024.
2.2. Problema jurídico
67. Se debe determinar si se revoca, modifica o confirma la providencia recurrida. Para dar
respuesta a lo anterior, la Sala deberá determinar si les asiste razón a los apelantes, en cuanto:
(i) La sentencia apelada no determinó con precisión la causal de nulidad que se configuró
respecto del acto demandado.
(ii) El tribunal de instancia erró al considerar que el diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe no
estaba habilitado para participar en la sesión electoral. En consecuencia, es equivocada la
conclusión a la que arribó la providencia al señalar que se afectó el cuórum requerido por el
reglamento interno.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Frente el reproche que la sentencia de primera instancia no precisó la causal de
nulidad configurada para el acto de elección de la mesa directiva
19
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 02. Índice 00011.
20
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 02. Índice 00018.
21
SAMAI. Expediente 47001 23 33 000 2025 00015 02. Índice 00026.
22
«Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
23
«Artículo 152. (…) Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) c) (…) Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas
de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado».
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
68. La apelante Ángela María Cedeño Ruíz aseguró que la sentencia de primera instancia no
estableció la causal de nulidad que se configuró frente a la elección de la mesa directiva de la
duma departamental.
69. La Sala anticipa que no le asiste razón a la recurrente, porque si bien la decisión de primera
instancia no refiere a una causal de nulidad específica como lo pretende la apelante, de una
lectura acuciosa de la misma se entiende que la decisión estuvo fundamentada en una
infracción de las normas en que debía fundarse la elección cuestionada, específicamente,
aquella del reglamento interno en las cuales se determina el cuórum necesario para deliberar
y decidir en punto de la designación de los integrantes de la mesa directiva de la Asamblea
Departamental de Magdalena.
70. Lo anterior permite concluir que, en este caso, fue claro el aspecto que estudió el juez
electoral y frente al cual los sujetos procesales han podido presentar sus argumentos de
impugnación y defensa, razón suficiente para negar la prosperidad de esta petición.
2.2.2. Respecto de la posibilidad de participación del diputado Alberto Mario Gutiérrez
Uribe en la sesión electoral.
71. La Sala resolverá los argumentos expuestos en los recursos de apelación que se dirigen
a cuestionar la conclusión del Tribunal Administrativo del Magdalena sobre la participación del
diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, en la sesión plenaria en la cual se adoptó el acto de
elección aquí cuestionado.
72. Es de recordar que los recurrentes, en síntesis, señalan (i) que no era procedente limitar
el derecho de participación y voto del mencionado asambleísta, en consideración a que se
impuso una «medida cautelar» no consagrada en los estatutos del partido Demócrata
Colombiano, indicando que, de todas maneras, no se trató de una sanción propiamente dicha
y (ii) que no puede predicarse la aplicación inmediata de la misma, dado que la norma del
reglamento interno que regula el cumplimiento de las decisiones de los partidos y movimientos
políticos, hace referencia a la garantía del debido proceso.
73. Delimitada la controversia de la forma antes expuesta, esta judicatura pone de presente,
como lo hizo el tribunal a quo en la providencia recurrida, que en el presente asunto no se
juzga la legalidad de la «medida cautelar» que fue impuesta al señor Alberto Mario Gutiérrez
Uribe por la organización política que representa en la Asamblea Departamental del
Magdalena.
74. En esa medida, aunque se considera que los recurrentes tienen razón al poner de presente
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 Constitucional, en concordancia con el
artículo 4º de la leyes 974 del 2005 y 1475 del 2011, son los estatutos de las organizaciones
políticas los encargados de fijar el régimen disciplinario y sancionatorio derivado del
incumplimiento del régimen de bancadas, también lo es que el medio de control de nulidad
electoral no tiene el alcance de estudiar la legalidad de las decisiones que se adopten en
ejercicio de esa facultad.
75. Expuesto lo anterior, la Sala entiende que, en el presente asunto, debe determinarse si,
para efectos de integrar el cuórum deliberatorio y decisorio exigido para la elección de la mesa
directiva de la corporación pública, era procedente contabilizar el voto del señor Alberto Mario
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
Gutiérrez Uribe, sin que ello conlleve a establecer la procedencia o no de la suspensión del
derecho a voz y voto respecto del mencionado diputado.
76. Bajo ese entendido, esta Sección encuentra que al interior del proceso se acreditaron las
siguientes circunstancias:
77. En primer lugar, el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Magdalena 24,
aportado como prueba con la demanda, consagra que es función de la corporación pública, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 2200 del 2022, lo siguiente:
ARTÍCULO 19. Son funciones de la asamblea departamental:
[…] 17. Dar cumplimiento a las sanciones aplicadas y comunicadas por los partidos o movimientos
políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, por la inobservancia de sus
miembros a directrices internas, siempre y cuando ello implique limitación de los derechos como
Diputado, las cuales pueden ir desde la pérdida del derecho al voto hasta la expulsión, siempre
observando el debido proceso. (Se resalta)
78. Esa disposición reglamentaria debe ser integrada con el artículo 64 del reglamento interno
de la Asamblea Departamental del Magdalena, que establece frente a las funciones de la mesa
directiva de la Asamblea departamental de Magdalena, lo siguiente:
ARTÍCULO 64. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. Como órgano de dirección permanente
tiene las siguientes funciones:
[…] 4. Dar cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas por los respectivos partidos
políticos a los miembros de las bancadas.
79. En consideración a lo expuesto, es posible llegar a una primera conclusión: a nivel interno,
a la mesa directiva le compete adelantar las actuaciones y expedir las decisiones
correspondientes para dar cumplimiento a las sanciones que impongan los partidos y
movimientos políticos, siempre que ello implique la limitación de los derechos como diputado
y con respeto a la garantía constitucional del debido proceso.
80. Es de resaltar que esa competencia encuentra un soporte legal, en tanto el artículo 4º de
la Ley 974 del 2005 señala que, en punto del régimen disciplinario por el incumplimiento del
régimen de bancadas, «la sanción deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la respectiva
Corporación, para que a través de ella se le dé cumplimiento».
81. Sobre el funcionamiento interno de la Asamblea departamental de Magdalena, el artículo
65 del reglamento dispone:
ARTÍCULO 65. REUNIONES Y QUÓRUM La Mesa Directiva de la Asamblea se reúne por
convocatoria de su Presidente, o de la mayoría a través de la Secretaría General, se requiere del
voto favorable de por lo menos dos de sus miembros para que las decisiones de la Mesa Directiva
de la Corporación sean válidas.
De las reuniones de la Mesa Directiva de la Asamblea se levantará el acta correspondiente.
82. De ello, se concluye que para tratar los asuntos que son de su competencia, como lo sería
el cumplimiento de las decisiones disciplinarias impuestas por las organizaciones políticas a
sus militantes integrantes de la duma, la mesa directiva debe adelantar el proceso de
24
Ordenanza 162 del 25 de diciembre del 2023.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
convocatoria para la reunión correspondiente y adoptar una determinación frente a ese asunto
con el cuórum requerido para el efecto.
83. De lo anterior, se puede concluir que la ejecución de esta clase de sanciones (i) tiene una
instancia competente -mesa directiva-; (ii) en el marco de una reunión formalmente citada y
(iii) se requiere de una decisión por parte de esa dependencia adoptada con el cuórum
requerido para el efecto.
84. Precisados estos aspectos, desde el punto de vista fáctico, la Sala resalta que al interior
del proceso, se acreditó que el 20 de noviembre de 202425 el Consejo de Control Ético del
partido Demócrata Colombiano dispuso la «[…] APERTURA DE INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA, FORMULACIÓN DE CARGOS E IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
CAUTELARES» contra el diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe por la trasgresión de los
artículos 7626 y 8027 de los estatutos de la colectividad y dispuso:
[…] TERCERO: DECRETAR como MEDIDA CAUTELAR la suspensión de voz y voto en la duma
departamental al militante del partido político y Diputado de la Asamblea Departamental del
Magdalena señor ALBERTO MARÍO GUTIÉRREZ URIBE (…), por el termino de 30 días, de
conformidad con consideraciones del presente proveído.
CUARTO: COMUNICAR, a la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental para que adopte
inmediatamente las medidas señaladas en el presente proveído, tal y como lo ordena el artículo 4°
de la Ley 974 de 2005. […]
85. La anterior decisión fue comunicada a la Asamblea Departamental de Magdalena, por
correo electrónico del 25 de noviembre de 2024 a las 4:37 pm, como consta a continuación:
86. El 25 de noviembre de 2025 a las 7:13 pm, la Secretaría General informó a la totalidad de
los diputados que conforman la duma, la decisión de suspensión del derecho a voz y voto del
diputado Gutiérrez Uribe, como se evidencia a continuación:
25
Prueba aportada como anexo de la demanda.
26
Artículo 76.- Las votaciones en la bancada. Cuando así lo disponga la Dirección del Partido del orden nacional, departamental, distrital,
municipal o local, podrán declarar el voto obligatorio por parte de los integrantes de la bancada frente a ciertos asuntos, y si el voto debe
emitirse a favor o en contra en temas que considere importantes y trascendentes para el Partido. Fijada la posición del Partido por parte del
vocero, otros miembros de la bancada podrán intervenir para sustentar o ampliar la posición oficial del Partido.
Los integrantes de la bancada deberán votar de conformidad con lo definido por la mayoría simple de la bancada en todos los casos, salvo
en los asuntos que los presentes Estatutos definen como de conciencia.
27
Artículo 80.- La inobservancia de las directrices establecidas por los niveles decisorios, directivos o ejecutivos, por parte de los miembros
de las bancadas será sancionada por el Consejo de Control Ético de acuerdo con la Constitución Política, la Ley y los Estatutos, respetando
el debido proceso.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
87. A su vez, es un hecho aceptado por las partes, que el 30 de noviembre de 2024, la
asamblea departamental profirió la Resolución 06428, en la que dispuso acatar la suspensión
provisional del derecho a voz y voto impuesta al diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe.
88. De lo señalado, la Sala puede concluir que no le asiste razón a la parte demandante
cuando indica que la «medida cautelar» era de cumplimiento inmediato, por las siguientes
razones:
89. El acatamiento de las medidas disciplinarias impuestas por las colectividades políticas,
cuando limiten los derechos derivados de la condición de diputados, está sometido a la
garantía del debido proceso, tal como lo señala la Ley 2200 de 2022, artículo 19, numeral 17.
90. Por tanto, la ejecución de la medida no deviene automática, pues el cumplimiento de la
sanción correspondía a una instancia colegiada, esto es, la mesa directiva de la corporación
pública con la aprobación del cuórum fijado para las decisiones que se adoptan al interior de
aquella, con la garantía del debido proceso que la ley ordena cuando se limita un derecho
fundamental, como en este caso, el de voz y voto.
91. En efecto mediante Resolución 064 del 30 de noviembre del 2024, la autoridad
competente, esto es la mesa directiva de la Asamblea del Magdalena, dispuso acatar la
suspensión provisional del derecho a voz y voto impuesta al diputado Alberto Mario Gutiérrez
Uribe y sólo a partir de esa fecha podía impedirse su participación en las sesiones plenarias y
demás instancias decisorias de la corporación pública departamental.
92. Por lo tanto, el 26 de noviembre de 2024, cuando se llevó a cabo la sesión plenaria de la
asamblea no se había surtido el trámite correspondiente para el cumplimiento de la medida
impuesta al diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe.
93. Pese a que el secretario general de la Asamblea Departamental del Magdalena informó a
los miembros de la duma sobre la comunicación remitida por el partido Demócrata Colombiano,
se insiste en que la sanción no era de aplicación inmediata, si se tiene en cuenta que su
cumplimiento correspondía a la mesa directiva, previamente convocada para ello y con
garantía del debido proceso.
28
«POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA UNA SOLICITUD DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EL PARTIDO
DEMOCRATA COLOMBIANO SIGUE A UN DIPUTADO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA»
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
94. Acorde con lo expuesto, la Sala queda relevada de estudiar el argumento de impugnación
relacionado con la posibilidad de suspender derechos por parte de las colectividades políticas
a través de medida cautelar.
95. En ese orden de ideas, debe ocuparse la Sala de determinar si se acreditó el cuórum para
la elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena, conforme al
artículo 39 del reglamento interno que dice:
ARTÍCULO 39. CUÓRUM Y MAYORIAS
1. CUÓRUM DELIBERATORIO
La Plenaria y sus Comisiones no podrán iniciar sesión hasta contar con cuórum deliberatorio
conformado con no menos de la cuarta parte de sus miembros.
2. CUÓRUM DECISORIO
Las decisiones solo podrán adoptarse con el cuórum decisorio, que se conforma con la asistencia
presencial o remota de la mayoría simple de los miembros, salvo que la Constitución o la Ley exijan
un cuórum especial.
3. MAYORÍAS
En sesión de la Plenaria o Comisión, se podrá decidir por mayoría simple, la cual se constituye
por la mitad más uno de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución, la Ley o este
reglamento exija expresamente una mayoría especial. (resalto fuera de texto)
96. A su vez, la misma normativa, refiere regla especial en punto de la elección del
presidente y vicepresidente de la mesa directiva, así:
ARTÍCULO 66. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
La elección se realizará en sesión Plenaria, será Presidente de la Corporación el Diputado que
obtenga la mayoría simple de los votos de los Diputados asistentes a la Plenaria que conformen
quórum decisorio.
Cuando ninguno de los candidatos hubiere obtenido la mayoría, la votación se concentrará a los dos
(2) candidatos mayoritarios por dos (2) veces más, si continua el empate se procederá a dirimirlo por
sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El Presidente que esté ejerciendo
establecerá el mecanismo de dicho sorteo.
PARÁGRAFO 1. El Primer y Segundo Vicepresidente se elegirá por separado y con el mismo
procedimiento aplicado en la elección del Presidente.
PARÁGRAFO 2. Si el número de votos fuere mayor al número de Diputados asistentes, la Presidencia
declarará la nulidad de tal elección y se procederá a efectuar una nueva.
97. De lo expuesto, la Sala concluye que se cumple con el cuórum establecido en el
reglamento para deliberar, en tanto se tiene asistencia de la mitad más uno de los miembros
de la corporación pública pues aquella se conforma de 13 diputados y 7 sería el número mínimo
requerido para sesionar y elegir. A su vez, la elección tuvo la mayoría requerida, como se
evidencia a continuación29:
DIPUTADO VOTACIÓN
ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUIZ AFIRMATIVA
MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA AFIRMATIVA
ALBERTO MARÍO GUTIÉRREZ URIBE AFIRMATIVA
ROSA IDALIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ AFIRMATIVA
MALLATH PAOLA MARTÍNEZ CANTILLO AFIRMATIVA
CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ AFIRMATIVA
29 El documento puede ser consultado en el índice 3 de Samai en el proceso 47001-23-33-000-2025-00015-01
cuaderno principal, anexos de la demanda, Acta. No. 061 del 26 de noviembre de 2024.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00015-02
Demandante: María Margarita Guerra Zúñiga
Demandadas: Ángela María Cedeño Rivera y otras
AMED ZAWADY PUPO AFIRMATIVA
98. En virtud de lo anterior encuentra la Sala que no era procedente declarar la nulidad del
acto demandado en tanto se acreditó el cumplimiento de las normas que regulan el cuórum,
motivo por el cual se procederá a revocar la decisión de primera instancia apelada.
99. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el
28 de julio de 2025 que declaró la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el acta
No. 061 de 2024, en cuanto el contiene la elección de las señoras Ángela María Cedeño Ruíz,
Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez como presidente, primera
vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente, para el periodo 2025. En su lugar,
se deniegan las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700– Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.