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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00026-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00026-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, RECHAZAR la acción de cumplimiento promovida por Canel Hmnos Ltda., contra de la Agencia Nacional de Tierras SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2025-00026-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Canel Hmnos Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00026-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 47001-23-33-000-2025-00026-01
Demandante: CANEL HMNOS LTDA.
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Tema: Revoca sentencia de primera instancia que negó la pretensión de
cumplimiento. No se agotó el requisito de constitución en
renuencia, pues lo solicitado fue información sin que tuviese
como objeto conminar a la entidad a cumplir un mandato.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por Canel Hmnos Ltda., contra la sentencia
del 28 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

Mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2025, la sociedad Canel Hmnos Ltda.,
por conducto de apoderada judicial1, instauró acción de cumplimiento de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley
393 de 1997, en contra de la Agencia Nacional de Tierras en la que solicitó el
acatamiento de lo establecido en el Capítulo 3 del Título VI del Decreto Ley 902 de
20172, en concordancia con el numeral 2 del artículo 60, artículos 75 y 80 del mismo

1 Según poder conferido a la abogada Sofía Vargas Estupiñán, por parte de María Fernanda Zúñiga

Chaux en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad actora, conforme el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena.
2 Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral

contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso
y formalización y el Fondo de Tierras”
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Demandante: Canel Hmnos Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
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cuerpo normativo, y los artículos 5 y 6 de la Resolución 20223100317806 del 28 de
diciembre de 20223 proferida por la Agencia Nacional de Tierras.

1.2. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

En el corregimiento de Bonda, municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena
se encuentra ubicado el predio rural denominado Gairaca, Neguanje, Cinto y
Guachaquita, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 080-13792 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta.

El extinto INCODER estableció que el citado inmueble no se encuentra dentro del
patrimonio del Estado colombiano, por lo que conserva su naturaleza de propiedad
privada.

Con base en lo anterior, se estimó necesario adelantar el procedimiento agrario de
deslinde de los predios ubicados al interior del Parque Nacional Natural Tayrona, con
el objetivo de establecer los terrenos baldíos, el cual se inició a través de la Resolución
280 del 6 de marzo de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Tierras, aclarada
posteriormente mediante Resolución 1192 del 1 de septiembre del mismo año.

Que una vez adelantadas las actuaciones correspondientes, la Agencia Nacional de
Tierras expidió la Resolución 20223100317806 del 28 de diciembre de 2022 en la que
en sus consideraciones se concluyó, entro otros aspectos, lo siguiente:

Que, resulta pertinente establecer el límite perimetral del PNNT con distancia total de
51693,4 m con el inmueble GAIRACA, NEGUANJE, CINTO Y GUACHAQUITA, el cual,
reporta un área de 2217 ha + 9002 m2, según análisis espacial por método combinado
efectuado por esta Agencia.

Con base en lo anterior, la actora refirió que presentó múltiples requerimientos a la
Agencia Nacional de Tierras. En principio, enfocados en la consecución de la totalidad
del expediente administrativo, con las correspondientes constancias de ejecutoria de
los actos administrativos. Posteriormente, solicitando información sobre la fase judicial
que debía ser adelantada por la autoridad.

3 Por la cual se CIERRA LA FASE ADMINISTRATIVA dentro del Procedimiento Único de que trata el

Decreto Ley 902 de 2017, tendiente a deslindar las tierras de la Nación, adelantado sobre el predio
“GAIRACA, NEGUANJE, CINTO Y GUACHAQUITA”, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria
080-13792, ubicado en el corregimiento de Bonda, jurisdicción del municipio de Santa Marta,
departamento de Magdalena
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Manifestó que el 26 de diciembre de 2024 la Agencia Nacional de Tierras emitió
respuesta en la que informó que la Resolución 20223100317806 del 28 de diciembre
de 2022 quedó debidamente ejecutoriada el 9 de marzo de 2023. Por lo anterior, es
claro que la demandada debe acatar el mandato y, en consecuencia, instaurar la acción
judicial correspondiente.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

En sentir de la accionante, las normas sobre las cuales versa la presente acción
cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para ordenar su cumplimiento, por
cuanto contienen un mandato imperativo e inobjetable, el cual ha sido desatendido por
la accionada de manera injustificada.

Concretamente, estima que la Agencia Nacional de Tierras ha incumplido el acto
administrativo que ordenó a la entidad adelantar el proceso judicial correspondiente,
en los términos que quedó consignado en el numeral quinto de la Resolución
20223100317806 del 28 de diciembre de 2022 que indica lo siguiente:

ARTÍCULO QUINTO: PRESENTAR la demanda en ejercicio del derecho de acción para
dar inicio a la Fase Judicial del Procedimiento Único de conformidad con el Capítulo 3 del
Título VI del Decreto Ley 902 de 2017, en concordancia con el numeral 2 del artículo 60,
artículo 75 y artículo 80 Ibídem, conforme a la competencia asignada por el numeral 2
del artículo 13 del Decreto Ley 2363 de 2015.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

En principio el asunto fue radicado ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta, autoridad que declaró su falta de competencia para conocer
del asunto mediante proveído del 11 de febrero de 2025. En consecuencia, ordenó
remitir las diligencias al Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual, posteriormente
por auto del 20 de febrero de 2025 inadmitió la acción constitucional.

Subsanado el escrito introductorio, el a quo admitió la acción constitucional en
providencia del 27 de febrero de 2025. Corregida en decisión del 21 de marzo del
mismo año.

Notificada la Agencia Nacional de Tierras dentro de la oportunidad procesal
correspondiente presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda.

Al respecto, indicó que, con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo Ley 2294 de 2023,
se suprimió la fase judicial establecida para estos asuntos. No obstante, la Corte
Constitucional declaró inexequibles las disposiciones legales correspondientes. Lo
anterior, en criterio de la autoridad, generó una situación de incertidumbre y suspendió
transitoriamente el trámite.
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Como prueba aportó el memorando remitido al jefe de la Oficina Jurídica de la entidad,
en el que expresamente se consignó lo siguiente:

A efectos de iniciar la Fase Judicial del Procedimiento Único de conformidad con el
Capítulo 3 del Título VI del Decreto Ley 902 de 2017, en concordancia con el numeral 2
del artículo 60, artículo 75 y artículo 80 Ibidem, conforme a la competencia asignada por
el numeral 2 del artículo 13 del Decreto Ley 2363 de 2015, la Subdirección de Seguridad
jurídica se encuentra interviniendo el expediente para ser trasladado físicamente a la
Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT con el objeto de presentar la
respectiva demanda ante el juez competente.

1.5. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena clausuró la primera instancia mediante
sentencia del 28 de marzo de 2025 en la que negó las pretensiones de la demanda,
por cuanto no existía un plazo para el acatamiento de las disposiciones invocadas por
la actora. En ese sentido, indicó lo siguiente:

En tal sentido, al realizar el estudio tanto de las normas como del acto administrativo
objeto de la acción, los cuales afirma la parte demandante están siendo incumplidos, se
observa que aunque éstos aluden al trámite de la fase judicial y los parámetros que deben
tenerse para la presentación de la correspondiente demanda de delimitación de linderos;
los mismos no establecen el lapso perentorio en el cual debe incoarse el libelo; lo que
apareja que el mismo no pueda ser exigible, y en consecuencia, no pueda ordenarse el
cumplimiento requerido por esta razón, como en efecto se pronunciará la Sala.

De acuerdo con lo expuesto, y ante la imposibilidad de ordenar el cumplimiento de las
normas y del acto administrativo objeto del presente proceso, no puede ser otra la
decisión de la Sala sino la de denegar las pretensiones del presente medio de control.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 2 de abril de 2025 a través
de correo electrónico.

1.6. Impugnación

La parte actora formuló oportunamente impugnación contra la anterior decisión, para
lo cual indicó que la inexistencia de plazo en la norma no es óbice para iniciar la acción
judicial. Lo anterior, conllevaría que las entidades administrativas desconozcan
principios constitucionales tales como la buena fe, la eficacia, la moralidad y la
responsabilidad.

Por otro lado, aportó comunicado remitido por la Agencia Nacional de Tierras en el que
la entidad informó que la fecha de interposición de la demanda sería el 10 de mayo de
2025. Lo anterior, por cuanto: «[…] actualmente el expediente se encuentra en proceso
de intervención documental para la preparación del traslado a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras, misional que mediante Resolución No. 202410006634596 del 27
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de diciembre de 2024 fue facultada para la presentación de la demanda ante el juez
competente en los términos del capítulo 3 del título VI del decreto ley 902 de 2017, en
concordancia con el numeral 2 del artículo 60, el inciso 2 del artículo 61, articulo 75 y
articulo 80 ibidem».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte actora,
de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150
y 152 de la Ley 1437 de 20114, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del del
28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó
las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento de lo
establecido en el numeral 2 del artículo 60, artículos 75 y 80 del Decreto 902 de
2017, y los artículos 5 y 6 de la Resolución 20223100317806 del 28 de diciembre
de 2022 proferida por la Agencia Nacional de Tierras?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) constitución en renuencia; y, (iii) análisis del
caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la

4 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido». En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que «Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo
el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio
permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus
funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de
las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente
incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle
a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber
que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el
particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos,
lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho,
que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico
justo»5(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art.
1.º)6.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u

5 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y

Hernando Herrera Vergara.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.

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omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de
tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia
de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir
y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un
análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones
expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por
aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio
frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la Agencia Nacional de Tierras antes de instaurar la
demanda.
Con base en los anteriores considerandos, se tiene que la parte actora aportó con la
demanda los siguientes medios de prueba:

a) Comunicado radicado el 27 de abril de 2023, en el que se solicitó la integridad
del expediente administrativo.
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b) Comunicado radicado el 31 de agosto de 2023, en el que se solicitó información
sobre el estado del proceso administrativo.
c) Comunicado radicado el 15 de enero de 2024, en el que se solicitó información
sobre el estado actual del proceso.
d) Comunicado radicado el 8 de abril de 2024, en el que se solicitó la certificación
de ejecutoria de la Resolución 20223100317806 del 28 de diciembre de 2022
proferida por la Agencia Nacional de Tierras.
e) Comunicado radicado el 7 de mayo de 2024, reiterando la solicitud del literal
anterior.
f) Comunicado radicado el 16 de julio de 2024, reiterando las anteriores solicitudes,
esto es, se reitera, constancia de ejecutoria del acto administrativo.
g) Comunicado radicado el 20 de noviembre de 2024, en el que se reiteró solicitud
del 7 de mayo de 2024.

De la lectura detallada de cada uno de los anteriores documentos, la Sala advierte que
ninguno de ellos tiene como objetivo conminar a la Agencia Nacional de Tierras para
el cumplimiento de las normas deprecadas con el escrito de demanda. En torno al
punto, el a quo superó este requisito de la siguiente manera:

En el asunto bajo estudio, la parte actora, con la demanda dio cuenta que remitió a la
demandada el día 20 de noviembre de 2024, solicitud en la cual, entre otros pedimentos,
deprecó el cumplimiento del artículo 75 del Decreto Ley 902 de 2017 y de los artículos
quinto y sexto de la Resolución No. 20223100317806 del 28 de diciembre de 2022, "Por
la cual se CIERRA LA FASE ADMINISTRATIVA dentro del Procedimiento Único de que
trata el Decreto Ley 902 de 2017, tendiente a deslindar las tierras de la Nación,
adelantado sobre el predio “GAIRACA, NEGUANJE, CINTO Y GUACHAQUITA”,
requiriendo se le indicara cuándo sería instaurada la demanda para activar el control
judicial automático dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017, haciendo mención de la
inexequibilidad del numeral 6° y del parágrafo 3° del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023,
los cuales referían a la supresión del control judicial automático sobre las decisiones de
la ANT de los procedimientos agrarios referidos a los numerales 4°, 5° y 7° del artículo
58 del citado Decreto Ley 902 de 2017.

Sin embargo, al revisar dicho escrito, prontamente se tiene que la finalidad de la parte
fue solicitar información, al punto que planteó los siguientes interrogantes:

1.1. Si ya cobró ejecutoria la Resolución 20223100317806 del 28 de diciembre de 2022
Por la cual se CIERRA LA FASE ADMINISTRATIVA dentro del Procedimiento Único de
que trata el Decreto Ley 902 de 2017, tendiente a deslindar las tierras de la Nación,
adelantado sobre el predio “GAIRACA, NEGUANJE, CINTO Y GUACHAQUITA”;

1.2. Si fuere el caso, agradezco se me indique cuando será instaurada la demanda para
activar el control judicial automático dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017, toda vez
que la Corte Constitucional declaró, mediante sentencia C-294 de 2024, inexequible el
numeral 6° y el parágrafo 3° del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de
Desarrollo), los cuales refieren a la supresión del control judicial automático sobre las
decisiones de la ANT de los procedimientos agrarios referidos a los numerales 4º, 5º y 7º
del artículo 58 del Decreto-Ley 902 del 2017.

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1.3. En caso no encontrarse ejecutoriada, solicito respetuosamente se me indique el
estado en el que se encuentra este proceso.

En suma, nótese que ninguna de las anteriores solicitudes tiene como finalidad exhortar
o requerir a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento de un mandato derivado de
la ley o acto administrativo, sino que, como bien indica el cuerpo del documento,
corresponde más a una solicitud de información.

Adicionalmente, resulta pertinente indicar que cada uno de los comunicados antes
referenciados, se hicieron al interior de la actuación administrativa que adelanta la
Agencia Nacional de Tierras, los cuales, más allá del cumplimiento de un mandato,
tienen como objeto un pronunciamiento de la administración frente al procedimiento
único establecido en el Decreto 902 de 2017.

Con base en lo anterior, se remembra que el agotamiento de la renuencia es un
requisito de procedibilidad de la acción, entendido como una limitación al ejercicio de
la acción judicial que impone la ley. Es, entonces, una carga que debe asumir el
demandante so pena del rechazo de plano la demanda conforme lo dispone el artículo
8 de la Ley 393 de 1997.

De la lectura del artículo en cita, se debe tener en cuenta que el legislador, en ejercicio
de su función de configuración legislativa, cuenta con la posibilidad de establecer
requisitos habilitantes para acudir al órgano jurisdiccional, los cuales, de no ser
acatados por las partes, conllevan ineludiblemente que deba rechazarse la demanda.
Al respecto, merece la pena traer a colación las siguientes consideraciones de la Corte
Constitucional sobre la materia:

Como la acción de cumplimiento no es para garantizar la ejecución general de las leyes,
sino el cumplimiento de deberes omitidos, la constitución en renuencia es un paso
conducente dentro del proceso encaminado a exigir a una autoridad el cumplimiento de
una de sus obligaciones (legales o administrativas), pues ésta es la manera, no sólo de
constatar el incumplimiento de la administración, sino de delimitar el ámbito del deber
omitido, es decir, de identificar los elementos específicos y determinados, así como sus
modalidades respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que pudo haber
empleado la norma incumplida, para precisar sus alcances, como se anotó en el apartado
3.2. Por eso, la constitución en renuencia es compatible con la naturaleza y funciones de
la acción de cumplimiento. Cabe subrayar que el propio texto del artículo 87 C.P. introdujo
el concepto de la renuencia de manera expresa al señalar que “la sentencia ordenará a
la autoridad renuente el incumplimiento de un deber omitido” (subraya fuera del texto).

En segundo lugar, la configuración de la renuencia asegura el efectivo acceso de los
particulares a la justicia, sobre la base de un hecho cierto - el incumplimiento de una
solicitud concreta - que el juez debe valorar para tomar la decisión que efectivamente
conduzca a que la administración haga lo necesario para cumplir el mandato específico
y determinado que se ha negado a realizar. La eficacia y pertinencia de la orden judicial
será mayor cuando se haya predeterminado qué es lo que la administración se niega a
hacer para cumplir el deber omitido.
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Finalmente, este requisito de procedibilidad otorga una oportunidad a la administración
para que acate el deber hasta ese momento omitido, o para que exponga al solicitante
las razones que justifican su inactividad. Aunque no se trata del agotamiento previo de
una vía administrativa, ya esta Corte ya ha declarado exequible este requisito de
procedibilidad de algunas acciones contenciosas, sin duda, más gravoso que la
constitución en renuencia.7

Sean las anteriores consideraciones más que suficientes para revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, rechazar la acción de cumplimiento de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y, en su lugar, RECHAZAR la acción de cumplimiento
promovida por Canel Hmnos Ltda., contra de la Agencia Nacional de Tierras

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

7 C – 1194 de 2001.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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