Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00076-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00076-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2025-00076-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de octubre de 2025
Radicación: 47001 23 33 000 2025 00076 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 47001 23 33 000 2025 00076 01
Solicitante: WILLIAM AUGUSTO JÁCOME URREA
Acusado: RENZO RIGOBERTO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Tesis: Incurre en causal de pérdida de
investidura el concejal que estando en el
ejercicio del cargo tomó posesión como
docente en una institución educativa
pública.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el acusado en
contra de la sentencia proferida el 6 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
El señor William Augusto Jácome Urrea solicitó se decrete la pérdida de
investidura del señor Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez, en calidad de
concejal del municipio de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), elegido
para el período 2024-2027, por considerar que incurrió en la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en
1
Visto en los índices 2 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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concordancia con los numerales 1 y 6 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
La parte actora informó que en las elecciones de autoridades territoriales
llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023, el señor Renzo Rigoberto Jiménez
Jiménez fue elegido concejal del municipio de Santa Bárbara de Pinto
(Magdalena), para el período 2024 – 2027, quien tomó posesión del cargo
el 3 de enero de 2024.
Aseguró que el señor Jiménez Jiménez fue nombrado docente en
provisionalidad de la Institución Educativa Rural Puerto Claver del municipio
de El Bagre, cargo en el que tomó posesión el 27 de junio de 2024 e inició
labores el 2 de julio de 2024, período en el que era concejal del municipio
de Santa Bárbara de Pinto.
Alegó que, por consiguiente, desde el 27 de junio de 2024 hasta la fecha
de interposición de la solicitud de desinvestidura el señor Jiménez
desempeñaba de manera simultánea dos cargos públicos.
Indicó que el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo
4 de la Ley 2003 de 2019, establece que la pérdida de investidura es un
proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un juicio de
responsabilidad subjetivo.
Agregó que, el análisis del elemento objetivo «no resulta suficiente para
despojar de la investidura a los elegidos a corporaciones públicas en la
medida en que, adicionalmente y en caso de que se encuentre que su
conducta se adecúa a la causal de pérdida de investidura que se le atribuye,
2
Ibidem.
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se requiere evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa
(…)».
1.3.- Contestación del concejal Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez3
El acusado, actuando en nombre propio se opuso a las pretensiones.
Manifestó que no incurrió en la causal invocada por la parte actora y que
«(…) si un concejal es nombrado docente encargo (sic) a una vacancia por
encontrarse en la lista de elegibles del concurso de mérito para docentes
de la entidad territorial certificada diferente a donde funge como cabildante,
y luego se termina el contrato, cesa la incompatibilidad indicada en el
artículo 55 numeral 1 de la Ley 136 de 1994. Dado que el numeral 1 de
dicho artículo establece que los concejales no pueden ser vinculados como
empleados públicos en el respectivo ente territorial durante su período
constitucional. Una ves (sic) terminado el contrato docente, esta
incompatibilidad ya no aplica».
Aseguró que, el artículo 55 de Ley 136 de 1994, en el numeral 1, prohíbe
que un concejal en ejercicio sea vinculado como empleado público en el
respectivo ente territorial, es decir, en el municipio o distrito al que
pertenece el concejo.
Agregó que, una vez que el contrato de docente termina, la relación laboral
con la entidad estatal se extingue. Por lo tanto, ya no existe la
incompatibilidad prevista en el artículo 55 numeral 1 de la Ley 136 y dado
que la demanda fue presentada el 6 de abril de 2025, a esa fecha no fungía
como docente encargado, por lo tanto, no incurrió en la causal 1 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994 de manera dolosa o gravemente culposa.
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Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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2. La sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia proferida el 6 de
junio de 2025, decretó la desinvestidura del señor Renzo Rigoberto
Jiménez Jiménez como concejal del municipio de Santa Bárbara de Pinto
(Magdalena), período constitucional 2024-2027.
(i) En cuanto al elemento objetivo
En primer lugar, afirmó que en el caso estaba acreditada la calidad de
concejal del acusado.
Frente al presupuesto relacionado con que el acusado funja como docente
de tiempo completo, analizó que la Secretaria de Educación del
departamento de Antioquia mediante oficio del 3 de junio de 2025,
informó que el señor Jiménez Jiménez estaba vinculado a la planta de
cargos como «docente de aula en provisionalidad vacante temporal, en la
Institución Educativa Rural Puerto Claver, sede principal Liceo Puerto
Claver, ubicada en el municipio de El Bagre, desde el día 2 de julio de
2024 hasta la fecha».
Agregó que se anexó copia del Decreto 2024070002881 del 18 de junio
de 2024, mediante el cual el señor Jiménez Jiménez fue nombrado y el
acta 27066 del 27 de junio de 2024 en la que tomó posesión del cargo
como docente en provisionalidad.
De lo anterior, concluyó que el señor Jiménez Jiménez, a pesar de ser
miembro de una corporación pública, venía desempeñando
simultáneamente otro cargo público con abierta violación de lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
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(ii) En cuanto al elemento subjetivo
Advirtió que mediante oficio del 30 de mayo de 2025 el director de la
Escuela Superior de Administración Pública ESAP, informó que esa entidad
tuvo a su cargo en el mes de diciembre de 2023, la realización del curso
de inducción para concejales municipales y distritales del período 2024-
2027, con una intensidad de 12 horas y comprendía temas relacionados
con las inhabilidades para ser concejal, incompatibilidades, derechos de
los concejales, faltas absolutas y temporales de los mismos, y pérdida de
investidura y que el señor Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez no participó
en dicho curso.
De ello desprendió que, el acusado pese a haber tenido la posibilidad de
actualizar sus conocimientos sobre el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, para tener claro lo que le era o no permitido realizar
en su condición de concejal no adoptó ninguna clase de medida necesaria
para capacitarse, máxime, cuando ni siquiera tomó el curso de inducción
ofertado por la ESAP en el mes de diciembre del año 2023, ni procuró
asesorarse de un profesional del derecho sobre su situación, de manera
que, calificó su conducta como gravemente culposa.
3.- El recurso de apelación presentado por el acusado5
El concejal acusado interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, solicitando fuera revocada, por las
siguientes razones:
(i) «Argumentos legales y fácticos por los cuales considero que la decisión
es errónea»
5
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Explicó que la vinculación laboral fue producto de un concurso de mérito
para docentes, proceso que se adelantó desde el año 2022, y no por
utilizar la investidura de concejal para hacerse nombrar docente, que es
lo que la norma busca evitar y sancionar.
Consideró que a los docentes de aula no se les configura la
incompatibilidad por ejercer como concejal y que asunto muy diferente es
que se desempeñe como docente directivo o empleado público en una
entidad perteneciente al mismo ente territorial en donde funge como
concejal, que es lo que la ley prohíbe.
Expuso «de igual forma también he analizado la normatividad que regula
la materia en el caso que nos atañe, y he evidenciado que no es clara,
que no es consistente y que existen vacíos jurídicos entre una norma y al
otra, y que los honorables magistrados del Consejo de Estado las han
interpretado para darle coherencia y claridad al tema de debate, en sus
diferentes sentencias, algunas favorecen otras no, evidenciando que hay
unas enfocadas a los criterios municipal y otras más relacionas (sic) con
los congresistas como miembros de corporaciones, como algunas
señaladas por el honorable Tribunal Administrativo del Magdalena en el
fallo del 6 de junio de 2025 (…)».
(ii) «Pruebas que desvirtúan los argumentos de la parte demandante y el
Ministerio Público»
a. La figura de la persecución política: «(…) uso abusivo del poder estatal
representado en alcaldía y el concejo municipal de Santa Bárbara de Pinto
Magdalena, al brindarles sus servicios como profesional del derecho para
hostigarme, al querer eliminarme mi representación como juventud en el
concejo por mis ideas, opiniones y no compartir afiliaciones políticas, por
lo cual no existe evidencia que haya cumplido con la legalidad y el
conducto regular para obtener los documentos que uso como pruebas que
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reposaban en los archivos del concejo municipal, como lo establece el
artículo 23 de la Constitución Política y al (sic) Ley 1755 de 2015».
b. La vulneración de su derecho a elegir y ser elegido.
Aludió a la sentencia del 11 de marzo de 2021, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sin citar número de radicación, respecto de la cual
consideró que «en analogías podíamos decir que la pérdida de investidura
del concejal por incompatibilidad también vulnera el derecho de ser
elegido, cuando no se garantiza el principio democrático de
representación que exige que la confianza depositada por el elector, y no
la vea frustrada por la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena,
en decretar la pérdida de investidura del elegido».
Citó la sentencia SU-501 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González, y
aseguró que con este caso queda claro que la diferencia entre un docente
directivo que tiene autoridad administrativa y un docente de aula que su
función es la enseñanza- aprendizaje.
De otro lado, en cuanto al elemento subjetivo, manifestó que no existía
evidencia que la ESAP haya enviado una invitación para participar en sus
cursos virtuales y que sí ha tomado medidas al estudiar cuidadosamente
la legislación y muchas sentencias de casos similares al suyo, que la
legislación para estos casos no era clara y tiende a confundir, que la
mayoría son sentencias proferidas por el Consejo de Estado «pero bajo
análisis muy subjetivos tratando de interpretar la poca concordancia de
las diferentes leyes».
4.- El recurso de apelación fue concedido por auto del 24 de julio de
20256.
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radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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5. - Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado por reparto del 6 de agosto de 2025 a la
Sección Primera de la Corporación y, por auto del 1 de septiembre de
2025, el Consejero ponente admitió el recurso de apelación interpuesto
por el acusado y negó las pruebas pedidas en esta instancia7.
5.2. Por memorial radicado el 16 de septiembre de 20258, el agente del
Ministerio Público rindió concepto en el que indicó que estaba acreditada
la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura atribuida
al accionado, por estar probado que se desempeñó simultáneamente
como concejal del municipio de Santa Bárbara de Pinto y como docente
de aula en la Institución Educativa Rural Puerto Claver, en el municipio
de El Bagre.
Sin embargo, anotó que, como lo ha señalado el Consejo de Estado, la
parte demandante debe cumplir con la carga de probar la configuración
de los elementos objetivo y subjetivo9, y que, en este caso, ante la
ausencia de los elementos demostrativos sobre el elemento subjetivo, la
acción de pérdida de investidura no estaba llamada a prosperar.
Insistió en que el accionante no refirió ni acreditó el grado de culpabilidad
del acusado requisito indispensable para la prosperidad del medio de
control y, en ese sentido, como no fue probado ni alegado el elemento
subjetivo debían negarse las pretensiones y revocarse la sentencia
apelada.
7
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 01.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 01.
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Citó la sentencia del 16 de abril de 2020 proferida en el expediente con radicación
54001 23 33 000 2019 00091 01 (PI), entre otras.
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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 22 de septiembre de
202510.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales, acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 200011 y con base en lo establecido por el
numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019 12,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, que regula la distribución de negocios
entre las secciones13.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se aportó el formulario E-26 CON de las elecciones territoriales del 29 de
octubre de 2023 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que
consta que el señor Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez fue elegido concejal
del municipio de Santa Bárbara de Pinto por el Partido Político Fuerza
10
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 01.
11
«Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional». El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
12
«Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de
Estado», publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913; modificado
por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, «Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90», proferido por la Sala Plena de la Corporación.
13
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00076 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
Ciudadana para el período constitucional 2024-2027. Así mismo se aportó
el acta de posesión en el cargo del 2 de enero de 202414.
3.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente:
3.1. Mediante el Decreto con radicado D 2024070002881 del 18 de junio
de 2024 expedido por el secretario de educación del departamento de
Antioquia, «por la cual se nombra en provisionalidad temporal unos (a)
docentes pagados con recursos del Sistema de Participaciones», se
dispuso15:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar en provisionalidad vacante
temporal, en la planta de cargos del Departamento de Antioquia,
pagado con Recursos del Sistema General de Participaciones a los
docentes descritos a continuación, mientras duren las novedades de
los titulares de la plaza:
CÉDULA NOMBRE TITULO MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE NIVEL (..)
(…) RENZO RIGOBERTO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Ingeniero civil -
especialista en gerencia de proyectos de ingeniería El Bagre I.E.R.
Puerto Claver sede principal Matemáticas […]». (mayúsculas y
negrillas originales)
3.2. El rector de la I.E.R. Puerto Claver del municipio de El Bagre
Antioquia, certificó el 2 de julio de 202416:
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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Visto en los índices 2 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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Visto en los índices 2 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
3.3. Mediante el Decreto con radicado D 202507000717 del 25 de febrero
de 2025 expedido por el secretario de educación del departamento de
Antioquia, «por la cual se terminan unas vacancias temporales, se
declaran unos cargos en vacante definitiva y se terminan unas
provisionalidades en la planta de cargos del departamento de Antioquia,
pagado con recursos del Sistema General de Participaciones», se
resolvió17:
«[…] ARTÍCULO TERCERO. Terminar en la planta de cargos del
departamento de Antioquia, pagado con Recursos del Sistema General
de Participaciones a las provisionalidades de las personas que se
detallan a continuación, según lo expuesto en la parte motiva:
CÉDULA NOMBRE MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SEDE
(…)
(…) RENZO RIGOBERTO JIMÉNEZ JIMÉNEZ EL BAGRE I.E.R. PUERTO
CLAVER. LICEO PUERTO CLAVER- SEDE PRINCIPAL Matemáticas (…)
[…]». (mayúsculas y negrillas originales)
3.4. Por solicitud del Ministerio Público, el despacho de conocimiento de
primera instancia ordenó oficiar al concejo municipal de Santa Bárbara de
Pinto y en respuesta dada el 30 de mayo de 2025 el presidente del concejo
17
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00. Anexos contestación demanda.
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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00076 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
informó18:
«[…] Por medio del presente me permito darle respuesta a su solicitud
impetrada el 29 de mayo de 2025, donde solicita el informe acerca de
si el señor Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez (…) ha presentado
renuncia como concejal y si la misma ha sido aceptada; en caso
afirmativo, con relación a la solicitud realizada me permito informar
que el señor Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez, identificado con (…)
hasta hoy 30 de mayo de 2025 no ha presentado renuncia al cargo de
concejal municipal para el cual fue elegido para período del 1 de enero
de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027 y además se encuentra
activo como concejal asistiendo a las sesiones del concejo municipal
de Santa Bárbara de Pinto […]».
4.- Análisis de la Sala
El solicitante alegó que el accionado incurrió en la causal de
desinvestidura prevista en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994 que establece que los concejales perderán su investidura por la
aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con lo
establecido por el artículo 291 de la Constitución Política.
El hecho en el que fundamentó la configuración de la causal radica en que
el señor Jiménez Jiménez fue elegido concejal para el período 2024-2027
del municipio de Santa Bárbara de Pinto y que desde el 2 de julio de 2024
se desempeñó como docente de la Institución Educativa Rural Puerto
Claver del municipio de El Bagre.
El tribunal accedió a las pretensiones y señaló que estaba probado que el
acusado fue vinculado como docente en provisionalidad en la citada
institución educativa, pese a que tenía la condición de concejal y que
incurrió en la causal con culpa grave.
El acusado apeló la decisión y alegó frente al elemento objetivo que: (i)
la vinculación laboral fue producto de un concurso de méritos para
docentes y no consecuencia de utilizar la investidura como concejal para
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 47001 23 33 000 2025 00076 00.
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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00076 01
Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
ser nombrado; (ii) para los docentes de aula no se configura la causal, ya
que es distinto tener la calidad de directivo docente o empleado público
en una entidad que pertenece al mismo ente territorial en el que se ejerció
como concejal, circunstancias que la ley prohíbe; (iii) la normatividad que
regula el caso no es clara, ni consistente y existen vacíos jurídicos «entre
una norma y la otra»; (iv) las pruebas aportadas por la parte actora fueron
producto de «la figura de la persecución política», sin que se evidencie que
las haya solicitado a través del derecho de petición; y, por último, (v) «la
pérdida de investidura del concejal por incompatibilidad también vulnera el
derecho de ser elegido».
En ese contexto, en la apelación, el accionado no controvierte que tiene
la calidad de concejal y que de manera concomitante desempeñó el cargo
de docente en provisionalidad en un establecimiento educativo de
carácter público, que constituyen precisamente los presupuestos fácticos
para la configuración de la causal, los cuales son: i) ser concejal y ii)
haber ejercido de manera concurrente al de concejal otro cargo en la
administración pública19. Por el contrario, ninguno de los reproches
manifestados por el accionado desvirtúa el elemento objetivo, tal y como
pasa a explicarse.
4.1. Elemento objetivo
(i) El primer reproche formulado en la apelación tiene que ver con que la
vinculación como docente del accionado fue producto de un concurso de
méritos y que no utilizó su investidura para acceder al cargo. No obstante,
dicho argumento es irrelevante para la tipificación de la causal, dado que,
el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con
el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, establece que los
concejales pierden su investidura cuando aceptan o desempeñan un cargo
público, sin diferenciar si ingresó o no por concurso de méritos.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 10 de septiembre de 2009. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación:
23001 2331 000 2008 00308 01.
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Solicitante: William Augusto Jácome Urrea
En igual sentido, el artículo 291 de la Constitución Política establece que
los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales
no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública y de hacerlo
perderán su investidura, sin distinguir el tipo de vinculación, sino que la
conducta que se sanciona es desempeñar un cargo público de manera
concomitante con el de concejal para este caso.
Está probado que el accionado fue nombrado el 18 de junio de 2024 por
el secretario de educación departamental como docente en
provisionalidad vacante temporal en la planta de cargos del departamento
de Antioquia, específicamente, en la Institución Educativa Rural Puerto
Claver del municipio de El Bagre, nombramiento que terminó el 25 de
febrero de 2025 y que tenía la calidad de concejal desde el 2 de enero de
2024, fecha en la que tomó posesión del cargo.
Siendo así, la manera en la que se ocupa un cargo en la administración
pública es irrelevante para la configuración del elemento objetivo de la
causal, puesto que, como se explicó el presupuesto fáctico que debe
reunirse es haber ejercido de manera concurrente al de concejal otro
cargo en la administración pública, por lo que este primer reproche no
tiene vocación de prosperidad.
(ii) El segundo argumento del recurrente es que para los docentes de aula
no se configura la incompatibilidad y lo que la ley prohíbe es ser empleado
público en una entidad perteneciente al mismo ente territorial en el que
funge como concejal.
En este caso, el accionado es concejal del municipio de Santa Bárbara de
Pinto (Magdalena) y fue nombrado docente en provisionalidad en la
Institución Educativa Rural Puerto Claver del municipio de El Bagre
(Antioquia); sin embargo, conforme con los presupuestos previstos en el
numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136, en concordancia con el artículo
291 de la Constitución Política, el desempeño del cargo público no tiene
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que ejercerse en el mismo ente territorial en el que se funge como
concejal, sino que de las precitadas disposiciones se desprende que lo que
se sanciona es el desempeño simultáneo de un cargo público, sin hacer
otro tipo de distinción.
En efecto, la jurisprudencia de la Sección Primera ha señalado que20 «(…)
solo basta que se tenga la condición de miembro de una corporación
administrativa territorial y simultáneamente aceptar o desempeñar un
cargo en la administración pública para que se configure la causal que se le
atribuye al demandado; y que el hecho de que renuncie a los honorarios
«[…] de cualquiera de ellos no evita o elimina la simultaneidad de ambas
condiciones o calidades oficiales, empleado público o concejal […]» y que
«[…] tampoco elimina esa dualidad e incompatibilidad la circunstancia de
que hubiera aceptado o desempeñado tales cargos en municipios distintos,
ya que la norma no distingue en ese sentido»(…)». (Subrayas fuera del
texto)
Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento relacionado con que
no se verifica la causal porque se trata de un docente de aula, y no de un
docente directivo, dado que, como se ha explicado, lo que está prohibido
es el desempeño de un cargo público de manera concomitante al de
concejal, y comoquiera que el accionado no alegó ni desvirtuó que el cargo
de docente en provisionalidad en la Institución Educativa Rural Puerto
Claver tenía el carácter de público, es evidente que están reunidos los
presupuestos señalados por el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136.
(iii) El accionado reprocha que la normatividad que regula el caso no es
clara, ni consistente y que existen vacíos jurídicos «entre una norma y la
otra»; sin embargo, omitió indicar cuál es la normatividad que considera no
es clara y cuál es el vacío jurídico al que alude, argumentación que
permitiría estudiar de fondo la inconformidad formulada.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 30 de junio de 2017. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicación:
05001 23 33 000 2016 01060 01.
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En todo caso, la jurisprudencia de la Sección Primera al referirse a la causal
señalada en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 ha explicado que es
una disposición que tiene sustento en la Constitución Política,
específicamente, en el artículo 128, que establece que nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, salvo los casos
expresamente determinados en la ley; el artículo 291, que prohíbe a los
miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales
aceptar cargos en la administración pública, y el artículo 312 que prevé que
la aceptación por parte de un concejal de un empleo público constituye falta
absoluta21. Igualmente, esta Sección ha dicho que22:
«[…] la vinculación laboral de los docentes, mediante relación legal y
reglamentaria, que implica el desempeño de la labor de medio
tiempo o de tiempo completo, comporta el ejercicio de un cargo o
empleo en una institución educativa. Que, por ello, cuando un concejal
desempeña simultáneamente ese cargo público con el de docente en
una institución educativa de medio tiempo o tiempo completo, bien sea
del mismo ente territorial u otro distinto, lo hace incurso en la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades, sin que, por lo demás, la desvirtúe la circunstancia
de no devengar honorarios.
Que la excepción se predica de la hora cátedra, pues, como ya se indicó,
la vinculación laboral de medio tiempo o de tiempo completo comporta
el ejercicio de un cargo o empleo en una institución educativa.
Asimismo, que lo que buscaron el constituyente y el legislador al
establecer la causal en comento fue garantizar la exclusividad de la
labor, en este caso, de concejal, al igual que su independencia e
imparcialidad que obviamente resultan afectadas con una dedicación de
medio tiempo o tiempo completo a la docencia en la medida en que ello
entraña el desempeño de un cargo o empleo público […]».
Se destaca que el acusado no alegó que su vinculación haya sido por hora
cátedra, ni tampoco está acreditado que ese fuera el tipo de vínculo laboral,
sino que, su defensa se circunscribió a que fue nombrado docente por un
concurso de méritos, que era un docente de aula y no directivo y que el
cargo que desempeñó no fue en el mismo ente territorial en el que fue
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 30 de junio de 2017. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicación
05001 23 33 000 2016 01060 01.
22
Ibidem.
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elegido concejal, circunstancias que, como ya se indicó, no desvirtúan los
presupuestos objetivos de la causal.
(iv) Otro de los reproches del accionado es el que denominó «la figura de
la persecución política», y alegó que hubo un abuso de poder de la alcaldía
y el concejo municipal de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), por cuanto
no existe evidencia «de que se haya cumplido con la legalidad y el conducto
regular para obtener los documentos que usó como pruebas que reposan
en los archivos del concejo municipal, como lo establece el artículo 23 de la
Constitución Política y la Ley 1755 de 2015».
El acusado pretende debatir los medios de prueba que reposan en el
expediente aportados por la parte actora, pese a que, por auto del 27 de
mayo de 2025, el tribunal tuvo como pruebas los documentos allegados con
la demanda y la contestación, sin que frente a dicha decisión el accionado
interpusiera algún recurso o manifestara alguna inconformidad, más aún
cuando en esa etapa procesal se analizaron los requisitos para su admisión,
tales como la pertinencia, la conducencia y la utilidad, así como la licitud;
esto último, si se tiene en cuenta que, el artículo 168 del Código General
del Proceso establece que se rechazarán de plano, entre otras, las pruebas
ilícitas.
Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las pruebas
ilícitas son aquellas que se obtienen con vulneración de los derechos
fundamentales, y, las ha diferenciado de las pruebas ilegales que implican
que, en su producción, práctica, o aducción se incumplan los requisitos
legales esenciales23; sin embargo, el accionado no alega que las pruebas
allegadas por el actor se hayan obtenido con vulneración de sus derechos
fundamentales (verbigracia el derecho a la intimidad), ni tampoco señala
cuál es el requisito legal que se incumplió al decretarse e incorporarlas al
proceso, circunstancias que habilitarían la regla de exclusión probatoria24.
23
Corte Constitucional. Sentencia C- 030 de 2024.
24
La regla de exclusión probatoria es un “remedio constitucional para evitar que los
derechos de quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas, sean
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Por el contrario, lo que reprocha es que no se evidencia que las pruebas
aportadas por la parte actora se obtuvieran a través del derecho de petición,
lo que no implica la afectación a un derecho fundamental, ni a un requisito
legal para su valoración.
(v) Por último, el accionado afirmó que «la pérdida de investidura del
concejal por incompatibilidad también vulnera el derecho de ser elegido,
cuando no se garantiza el principio democrático de representación que
exige que la confianza depositada por el elector, no la vea frustrada por (…)
decretar la pérdida de investidura del elegido».
Tampoco le asiste razón al accionado, dado que, el artículo 40 de la
Constitución Política enuncia los derechos políticos de los ciudadanos, entre
los cuales se encuentra, el derecho a interponer acciones públicas en
defensa de la Constitución y de la ley. La acción de pérdida de investidura
es de naturaleza pública, por lo que, cualquier ciudadano puede promoverla
con el fin de ejercer control al poder político.
Adicionalmente, la sanción de pérdida de investidura, por los hechos aquí
alegados, está prevista específicamente en el artículo 291 de la Constitución
Política, y en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por lo que
no puede invocarse la afectación del derecho a ser elegido, cuando la
sanción de pérdida de investidura está consagrada en la Constitución y la
ley y se trata de un instrumento que a su vez es un derecho fundamental
que tienen los ciudadanos.
afectados por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido
proceso.”//(…) De otra parte, ha dispuesto una distinción entre la prueba ilegal,
entendida como aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal
formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio), y la prueba
inconstitucional, que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero
desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos
fundamentales”. Corte Constitucional. Sentencia T- 916 de 2008.
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En consecuencia, como el accionado no desvirtuó la configuración del
elemento objetivo de la causal, la Sala pasa a verificar si se cumple con el
elemento subjetivo.
4.2. Elemento subjetivo
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-424 de 2016, explicó que,
«debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura
«está sujeta, de manera general a los principios que gobiernan el debido
proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que son
necesarias para la realización de sus fines constitucionales». En ese orden,
las garantías básicas del debido proceso son aplicables en estos trámites,
siempre bajo una interpretación adecuada a los fines propios que lo
caracterizan»25.
En la referida sentencia, la Corte Constitucional precisó que «los principios
del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad,
aplicación de la ley más favorable, non bis in idem, y la presunción de
inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha
derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace referencia
a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en la comisión
de un delito»26.
En ese sentido, el elemento subjetivo de la pérdida de investidura deriva de
la presunción de inocencia que tiene su fundamento en el artículo 29 de la
Constitución; entonces, la culpabilidad implica que deba estar acreditada la
responsabilidad subjetiva del acusado para la estructuración de la causal,
por ello, la culpabilidad consiste en efectuar un juicio de reproche sobre la
conducta del implicado27.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
26
Ibidem.
27
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 13 de abril de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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Con la entrada en vigor de la Ley 1881 del 15 de enero de 201828 y la
modificación introducida por la Ley 2003 de 201929, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o culpa grave. El primer
concepto atañe a la intención positiva de realizar la conducta que lesiona el
interés jurídico; entretanto, el segundo está ligado a la diligencia debida
para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto, el artículo 63 del Código Civil señala que la culpa grave consiste
en «no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios»,
y el dolo lo define como «la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro».
En este caso, la solicitud de pérdida de investidura se radicó el 9 de abril de
202530, por ende, ya había entrado en vigor la Ley 2003 del 19 de
noviembre de 2019, que modificó el artículo 1 de la Ley 1881 de 201831, la
cual dispuso que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un
juicio de responsabilidad subjetivo, y que la acción se ejercerá contra los
congresistas [léase para el caso concejal] que con su conducta dolosa o
gravemente culposa hubieran incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura previstas en la Constitución. A su vez, el artículo 22 de la
Ley 1881 de 2018 estableció que las disposiciones contenidas en esta ley
se aplicarán en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados.
Entonces, el asunto debe estudiarse a la luz de dicha regla, toda vez que
este proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de
28
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
29
“Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
30
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47001 2333 000 2025 00076 00.
31
“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones”.
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responsabilidad subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado32.
En este caso, el tribunal consideró que el accionado incurrió en la causal de
pérdida de investidura con culpa grave porque no tomó el curso de
inducción ofertado por la ESAP en diciembre de 2023, ni se asesoró de un
profesional del derecho respecto de su situación personal. En el recurso de
apelación, el accionado cuestionó que no estaba probado que la ESAP haya
enviado una invitación para participar en los cursos virtuales y que sí adoptó
medidas al estudiar la legislación y muchas sentencias de casos similares y
que evidenció que las leyes no eran claras y tienden a confundir.
La Sala considera que, el accionado, a pesar de que tenía la calidad de
concejal desde el 2 de enero de 2024, aceptó el nombramiento en
provisionalidad en la planta de cargos del departamento de Antioquia,
específicamente, como docente en la Institución Educativa Rural Puerto
Claver, desde el 27 de junio de 2024 al 25 de febrero de 2025, conducta
que resulta gravemente culposa, puesto que, la revisión del marco
normativo que regula el régimen para los concejales es una obligación
general para quienes ejercen la función pública.
Ahora, si bien, al tenor del artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de la ley
no sirve para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los
cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,
porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada y en
presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces han
interpretado la disposición de una manera y luego modifican su criterio, lo
que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii) cuando,
precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un
profesional idóneo y este le aconseja mal; ello siempre y cuando no haya
claridad en relación con el punto que se discute para la configuración de la
32
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de
octubre de 2019. C.P. Alberto Montaña Plata. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 02417 01 (PI).
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causal de pérdida de investidura, dado que, si esta es clara, no suple la falta
de diligencia el hecho de solicitar un concepto.
La buena fe calificada se desprende del principio general «error communis
facit ius» que implica la existencia de un error que, además de ser
invencible, debe ser común a la colectividad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha explicado que «el principio general según el cual el error
común e invencible crea derecho constituye uno de los casos, excepcionales
dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite que de la creencia
errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar
consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de
que nadie ignora la ley no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho
privado. Si en ocasiones se le reconoce relevancia a una situación que en
apariencia armoniza con el derecho, aunque en realidad lo contraviene,
derivada de un error particular (como en el caso del matrimonio putativo),
el error colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues
puede convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al
ordenamiento. Tal es el caso del error comunis, reconocido desde el derecho
romano como fuente generadora de derechos. La jurisprudencia ha
delimitado el alcance de este principio exigiendo, para su aplicabilidad, que
el error sea «invencible», queriendo significar con ello que, además de ser
común a muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido
cometerlo»33.
En ese escenario es que la jurisprudencia de la Sección Primera de la
Corporación ha dicho que una conducta, que desde el punto de vista
objetivo es contraria al ordenamiento jurídico, puede estar justificada en
los casos en los que una persona busca asesoría jurídica idónea y el
profesional del derecho le aconseja mal; pero ha precisado, como se indicó
en líneas precedentes, que dicha circunstancia justifica la conducta siempre
y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es
33
Corte Constitucional. Sentencia T – 090 de 1995. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
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clara, no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto; ello
es así porque, si los elementos para la estructuración de la causal son
claros, no se trataría de un error que es común a la colectividad, principio
del cual se desprende la buena fe calificada.
El acusado no alegó, ni probó que hubiese acudido a la asesoría de un
profesional idóneo para aclarar algún punto dudoso en relación con los
elementos de la causal de pérdida de investidura, ni tampoco que la
jurisprudencia haya variado la interpretación de la causal de pérdida de
investidura. Por lo tanto, su actuar no estuvo justificado en la buena fe
calificada producto de un error invencible.
De otro lado, el agente del Ministerio Público, en el concepto rendido en
esta instancia, indicó que la solicitud de pérdida de investidura no está
llamada a prosperar porque el solicitante no cumplió con la carga de probar
la configuración del elemento subjetivo.
Al respecto, es de precisar que el solicitante en el escrito inicial sí alegó la
configuración del elemento subjetivo cuando puso de presente que para la
prosperidad de la acción de pérdida de investidura no bastaba el análisis
del elemento objetivo. Además, probó los hechos que daban lugar a la
configuración de la causal invocada.
El agente del Ministerio Público también señaló que quien tiene la carga de
probar el grado de culpabilidad del accionado es el solicitante; sin embargo,
dicha argumentación es contraria al desarrollo jurisprudencial de la Sección
Primera frente al elemento subjetivo, puesto que, como quedó visto, su
examen parte de la base que la ignorancia de la ley no sirve para excusar
su transgresión, de donde se deriva el deber de los miembros de las
corporaciones públicas de conocer el régimen aplicable a las conductas que
dan lugar a las causales de pérdida de investidura. Esa es la razón por la
que le corresponde al accionado probar que actuó de buena fe calificada
producto de un error invencible.
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Por lo aquí señalado, la Sala confirmará la sentencia proferida el 6 de
junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que decretó
la pérdida de investidura del señor Renzo Rigoberto Jiménez Jiménez,
como concejal del municipio de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), para
el período constitucional 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones explicadas en
la parte motiva.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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