Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2025-00185-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
31 de octubre de 2025
Radicado: 47001-23-33-000-2025-00185-01
Demandante: Beatriz Murcia Fajardo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 31 de octubre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 47001-23-33-000-2025-00185-01
Demandante: BEATRIZ MURCIA FAJARDO
Demandados: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA Y
OTROS
Tema: Acción de tutela por omisión de atender solicitudes de cumplimiento
de orden de embargo. Se modifica la sentencia impugnada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 8
de agosto de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena decidió:
PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado respecto a las
pretensiones elevadas en contra del banco BBVA y el banco Davivienda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Desvincular al Banco Popular S.A. por falta de legitimación en la causa por pasiva, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 28 de julio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Beatriz Murcia Fajardo pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de petición y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la omisión (i) del Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta de requerir a
los bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda para que den cumplimiento a la orden de
embargo emitida el 13 de julio de 2022 dentro del proceso ejecutivo 47001-33-31-005-
2013-00088-00, y (ii) de esas entidades bancarias de contestar las solicitudes que les
presentó el 7 de septiembre de 2022, en la que les pidió atender dicha medida cautelar.
2. Pretensiones
La tutelante formuló de las siguientes pretensiones:
Se tutelen mis derecho[s] de petición, debido proceso, derechos de las personas de la tercera
edad y acceso a la administración de justicia ordenando al banco BBVA, POPULAR Y DAVIVIENDA
responder la aplicación de orden de embargo radicada el 7 de septiembre de 2022 y al juzgado 5
administrativo de santa marta atender la aplicación de medida correccional contra los gerentes de
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 47001-23-33-000-2025-00185-00.
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banco solicitada desde abril 2 de 2025.
2. Se advierta a los accionados que debe enviar su respuesta y por ende su decisión al correo
mcm2609@hotmail.com
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente y en el aplicativo de gestión
judicial Samai, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La demandante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) [a la que se le asignó el número de radicación 47001-33-31-005-2013-00088-
00/01], con el fin de que se anularan (i) la Resolución RDP 008804 del 4 de septiembre
de 2012, con la que se le negó el reajuste de su pensión gracia, (ii) la Resolución RDP
015041 del 9 de noviembre de 2012, que confirmó la decisión inicial al desatar el recurso
de reposición interpuesto en su contra, y (iii) la Resolución RDP 015385 del 14 de
noviembre de 2012, que confirmó el primer acto administrativo al decidir la respectiva
apelación. Además, pidió que se ordenara reliquidar su mesada pensional.
Del asunto conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, que el 6 de
noviembre de 2013 denegó las pretensiones de la demanda, decisión apelada por la
demandante y revocada el 29 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos cuestionados
y ordenar el reajuste pensional «teniendo en cuenta para tal efecto el promedio de todos los
factores salariales percibidos el año anterior a su retiro definitivo».
3.2 Proceso ejecutivo
En razón a que la UGPP no atendió la sentencia de segunda instancia del 29 de abril de
2015, la tutelante promovió acción ejecutiva en su contra, trámite dentro del cual el 23 de
julio de 2020 el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta libró mandamiento de
pago por $43.979.710 y el 13 de julio de 2022 decretó el embargo de los dineros de la
ejecutada consignados en sus cuentas de los bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda,
al estimar que la medida era procedente porque se reclamaba el pago de derechos
prestacionales, evento catalogado por la jurisprudencia constitucional como una
excepción a la regla de inembargabilidad de los recursos públicos.
Contra la última de las mencionadas decisiones la parte ejecutada interpuso recursos de
reposición y en subsidio de apelación, al estimar que adelantaba la acción de lesividad
47001-23-33-000-2016-00354-00 contra la ejecutante porque devengaba una pensión
gracia a la que no tenía derecho, por lo que era procedente suspender el proceso
ejecutivo por prejudicialidad. Con auto del 1º de febrero de 2023, el Juzgado de
conocimiento rechazó por extemporáneo el recurso de reposición y efectuó un control de
legalidad para indicar que se suspendían las diligencias hasta que se decidiera la
demanda de lesividad, pero la medida cautelar seguía vigente.
Por otra parte, el 3 de octubre de 2022 y el 2 de abril de 2025, la demandante le pidió al
Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta que adelantara medidas coercitivas contra
los bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda, en aras de obtener el cumplimiento de la
orden de embargo.
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Además, el 7 de septiembre de 2022 la accionante les pidió a las precitadas entidades
bancarias, mediante correos electrónicos, que atendieran la medida cautelar decretada
en el proceso ejecutivo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La tutelante sostiene que los bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda no habían dado
cumplimiento a la orden de embargo del 13 de julio de 2022, emitida por el Juzgado
Quinto Administrativo de Santa Marta, pese a que se los pidió el 7 de septiembre de 2022,
y el juzgado tampoco había requerido a esas entidades financieras para que acataran la
medida cautelar, lo que comportaba desconocimiento de sus derechos fundamentales
invocados en la solicitud de amparo.
Que había trascurrido un lapso considerable desde que se emitió la sentencia que ordenó
la reliquidación de su pensión de jubilación y se decretó el mencionado embargo y no se
había materializado por omisión del Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, lo
que contrariaba el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional2, según el cual los
dineros públicos son embargables en procesos ejecutivos cuando la obligación exigida
concernía a derechos prestaciones.
5. Intervenciones
El Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta adujo que, a través de auto del 31
de julio de 2025, ordenó requerir a los bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda para que
atendieran la medida cautelar decretada en el auto del 13 de julio de 2022, que era lo
pretendido por la demandante en la acción de tutela de la referencia, motivo por el cual
acaeció una carencia actual de objeto por hecho superado sobre el particular.
El Banco Popular, por conducto de apoderada, indicó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no le concernía la medida cautelar impuesta en el proceso
ejecutivo 47001-33-31-005-2013-00088-00, pues fue decretada sobre las cuentas de la
UGPP de los bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda, por tanto, no debía realizar
actividad alguna en el marco de esas diligencias.
Los bancos BBVA y Davivienda guardaron silencio, a pesar de que se les notificó el
auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de sentencia del 8 de agosto de 2025,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a los bancos BBVA y
Davivienda comoquiera que el 31 de julio de 2025 el Juzgado Quinto Administrativo de
Barranquilla requirió a esas entidades bancarias para que cumplieran la orden de embargo
decretada el 13 de julio de 2022 en el proceso ejecutivo 47001-33-31-005-2013-00088-00.
Que el Banco Popular carecía de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que el
embargo decretado en el expediente 47001-33-31-005-2013-00088-00 no le concernía,
pues esa medida cautelar fue decretada sobre los dineros de la UGPP depositados en
los bancos BBVA, Bancolombia y Banco Davivienda, de ahí que debiera desvincularse de
este trámite constitucional.
2 Sentencias C-546 de 1992, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-1154 de 2008, C-543 de 2013, C-313 de 2014.
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7. Impugnación
La tutelante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que los bancos BBVA,
Bancolombia y Davivienda no habían respondido las peticiones que les formuló
encaminadas a que cumplieran la medida cautelar decretada el 13 de julio de 2022 en el
proceso ejecutivo 47001-33-31-005-2013-00088-00. Además, señaló que el Juzgado
Quinto Administrativo de Santa Marta no requirió a esas entidades para que atendieran
el embargo de los dineros de la UGPP, motivo por el cual se debía accederse al amparo
pretendido, máxime cuando es una persona de la tercera edad con afecciones de salud.
8. Actuaciones en segunda instancia
Por medio de auto del 4 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador (i) advirtió una
causal de nulidad derivada de la omisión de vincular a este trámite constitucional a
Bancolombia SA, pese a que la actora pidió en la solicitud de amparo que se le ordenara
contestar una petición que le formuló, y (ii) ordenó poner en conocimiento de esa entidad
bancaria las diligencias para que, dentro de los dos días siguientes a la notificación de
esa decisión, alegara la nulidad o, si a bien lo tenía, interviniera en esta instancia, so pena
de que dicha irregularidad quedara saneada en virtud de los artículos 1323 y 1374 del
Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión del artículo 4°5 del Decreto
306 de 1992.
En atención al anterior requerimiento, con memorial de 15 de septiembre de 2025 el
apoderado de Bancolombia indicó que era el Juzgado Quinto Administrativo de Santa
Marta el llamado a exigir el cumplimiento del embargo decretado en el proceso ejecutivo
47001-33-31-005-2013-00088-00, en virtud de las medidas correctivas previstas en los
artículos 42 y 44 del Código General del Proceso (CGP), por tanto, no era dable emplear
la tutela para tal propósito por no colmarse la exigencia de procedibilidad de
subsidiariedad.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Saneamiento de la nulidad
Como se anotó en precedencia, mediante auto del 4 de septiembre de 2025 el Despacho
sustanciador advirtió una causal de nulidad porque Bancolombia SA no había sido
convocado al trámite constitucional de la referencia, por lo que se ordenó notificarle las
diligencias en aras de que se pronunciara sobre esa irregularidad.
Con memorial del 15 de septiembre de 2025 el apoderado de la mencionada entidad
bancaria indicó que la tutela no colmaba la exigencia de subsidiariedad, pero no se
pronunció sobre la nulidad advertida, motivo por el que esta quedó saneada y se
continuará con el trámite de la tutela, en atención al artículo 137 del CGP, que sobre el
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«Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o
sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y
casación».
4 «Advertencia de la nulidad. En cualquier estado del proceso el juez ordenará poner en conocimiento de la parte
afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el auto
se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de
los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso
continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará».
5 «Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991
se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil [derogado por el Código General del Proceso],
en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto […]».
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particular establece: «[…] Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación dicha
parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso
contrario el juez la declarará […]».
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró la
carencia actual de objeto en cuanto a que a los bancos BBVA y Davivienda para que
cumpliera la orden de embargo dictada en el proceso ejecutivo 47001-33-31-005-2013-
00088-00, y desvinculó al Banco Popular.
La Sala modificará el fallo impugnado para declarar la carencia actual de objeto frente al
Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, porque fue el que satisfizo la pretensión
del accionante de ordenar el cumplimiento de la aludida medida cautelar.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá (i) a las generalidades de la acción de
tutela, (ii) a la carencia actual de objeto y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.
4. La carencia actual de objeto
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada,
se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes».
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 6. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
6 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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5. Análisis del caso concreto
En la solicitud de amparo la accionante aseveró (i) que el Juzgado Quinto Administrativo
de Santa Marta había omitido requerir a los Bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda el
cumplimiento de la orden de embargo decretada el 13 de julio de 2022 en el proceso
ejecutivo 47001-33-31-005-2013-00088-00; y (ii) esas entidades bancarias no atendieron
las peticiones que les formuló el 7 de septiembre de 2022 en aras de que acataran la
medida cautelar.
Sea lo primero advertir que los mencionados argumentos de la accionante están
orientados a que se dé cumplimiento a la orden de embargo decretada el 13 de julio de
2022, pues a través de las solicitudes que ella presentó el 7 de septiembre de 2022 a los
bancos BBVA, Bancolombia y Davivienda, pretendió el acatamiento de esa medida
cautelar, aspecto que debe ventilarse dentro del trámite del proceso ejecutivo 47001-33-
31-005-2013-00088-00, pues es al Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta a quien
le corresponde adoptar las medidas para obtener aquello en atención al numeral 37 del
artículo 44 del CGP.
En ese orden de ideas, la Sala analizará el asunto bajo el entendido que lo pretendido
por la accionante es que el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta adopte las
medidas necesarias para que los mencionados Bancos atiendan la orden de embargo,
en consecuencia, no hará referencia al derecho fundamental de petición.
Dicho lo anterior, se advierte que con la contestación de la acción de tutela de la
referencia el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta allegó el auto del 31 de julio
de 20258, en el que dispuso, entre otras cosas, requerir a los bancos BBVA, Bancolombia
y Davivienda el cumplimiento del embargo decretado el 13 de julio de 2022 dentro del
proceso ejecutivo 47001-33-31-005-2013-00088-00, so pena de la medida correccional
previstas en el numeral 3 del artículo 44 del CGP.
Así las cosas, la Sala evidencia que la pretensión de la accionante la satisfizo el Juzgado
Quinto Administrativo de Santa Marta durante el trámite de la acción de tutela de la
referencia, pues a través del aludido auto del 31 de julio de 2025, se insiste, les pidió a
las entidades bancarias dar cumplimiento al embargo y les advirtió las consecuencias de
inobservar esa medida cautelar.
Ahora bien, la parte resolutiva de esa decisión debe modificarse en razón a que allí se
declaró la carencia actual respecto de los bancos BBVA y Davivienda, cuando lo
procedente era declararlo frente al Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, como
lo hará la Sala.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
7 «Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:
[…]
3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a
los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en
ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución».
8 Notificado el 4 de agosto de 2025.
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III. FALLA
1. Modificar el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, por las
razones expuestas en la presente providencia, el cual quedará de la siguiente manera:
2. Declarar la carencia actual de objeto respecto de la pretensión concerniente al
Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, conforme a la motivación.
3. Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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