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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00239-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00239-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Miguel Ángel Ruiz García como concejal del municipio de Zona Bananera, Magdalena, para el período constitucional 2024-2027, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00239-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Magistrado Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandado: Miguel Ángel Ruiz García
Tesis: Procede confirmar la pérdida de investidura por violación al régimen de
inhabilidades en contra de un concejal llamado a ocupar una curul vacante, cuando
celebró un contrato con la entidad territorial dentro del año anterior a la elección
municipal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Magdalena el 5 de noviembre de 2025.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

1. Ernesto José Castro Montenegro1, en adelante el accionante, en ejercicio de
la acción pública de pérdida de investidura consagrada en la Constitución y la ley,
solicitó que se declarara la pérdida de investidura de Miguel Ángel Ruiz García,
concejal del municipio de Zona Bananera, Magdalena, llamado a ocupar la curul por
lo que resta del período 2024-2027, en adelante el accionado, por presuntamente
haber incurrido en la causal de violación al régimen de inhabilidades previstas en el
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 19942, en concordancia con el numeral 3

1 Por intermedio de apoderado.
2 “ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura

por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

del artículo 43 de la misma Ley3. En este medio de control se presentaron las
siguientes pretensiones4:

«II.- PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS

Honorables Magistrados, solicito formalmente que mediante sentencia
debidamente ejecutoriada se hagan las siguientes o similares declaraciones:

1. Que se declare la PÉRDIDA DE INVESTIDURA, del señor MIGUEL ANGEL
RUIZ GARCIA, identificado con C.C 19.593.970, en su calidad de Concejal del
Municipio de Zona Bananera del Departamento del Magdalena, llamado a
ocupar la curul, por lo que resta del periodo 2024- 2027, en el Concejo Municipal
de Zona Bananera Departamento del Magdalena, perteneciente al partido
CENTRO DEMOCRATICO, Por haber violado el régimen de inhabilidades con
su conducta dolosa y/o gravemente culposa cuando a pesar de estar
inhabilitado y a sabiendas de ello, se posesiono como concejal el 28 de marzo
de 2025, según consta en el acta de posesión No 002, firmada por el
demandado, en atención de la vacancia absoluta, declarada mediante la
resolución No 003 del 15 de Marzo de 2025, expedida por el Concejo Municipal
de Zona Bananera “POR LA CUAL SE DECLARA LA VACANCIA ABSOLUTA
DE LA CURUL OCUPADA POR LA SEÑORA YURLEIDIS MERCEDES
CARDENAS MARQUEZ PERTENECIENTE AL PARTIDO CENTRO
DEMOCRATICO Y SE DISPONE EL PROCEDIMIENTO PARA SU
REEMPLAZO” en cumplimiento de la sentencia de Nulidad electoral con
Radicado No# 47001-23-33-000- 2023- 00286 – 00, de fecha 25 de abril de
2024, emanada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ratificada por la
sección Quinta del Consejo de Estado, según fallo de segunda instancia de
fecha 28 de noviembre de 2024, donde se declaró la Nulidad del acto
declaratorio de la elección la señora YURLEIDIS MERCEDES CARDENAS
MARQUEZ, Como concejal del municipio de Zona Bananera, Para el periodo
2023-2027, perteneciente al partido Centro Democrático, por estar él
demandado, incurso en la causal de perdida de investidura contemplada en el
numeral 2° del artículo 55 de la ley 136 de 1994, Por violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades al encontrarse inhabilitado para participar en
la elecciones del 29 de 0ctubre de 2023, en cuanto en fecha 04 de noviembre
del 2022 suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales CPS No.
202- de 2022, con la Alcaldía Municipal Zona Bananera.

Contraviniendo la inhabilidad contemplada en el numeral 3º del artículo 43 de la
ley 136 de 1994, modifico por el artículo 40 de la ley 617 de 2000, por haber
celebrado un de contrato con el municipio de Zona Bananera, que se ejecutó o
cumplió en dicho municipio en la época inhabilitante.

2. Que, como consecuencia de la PÉRDIDA DE INVESTIDURA del Concejal
del Municipio de la Zona Bananera del Departamento del Magdalena, Señor
MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA, identificado con C.C 19.593.970, de lo que

3 “ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: […] 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones,
o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.
4 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

2

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

resta del periodo 2024-2027, se ordenen cumplir los efectos derivadas de la
sentencia y los registros correspondientes»5.

1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud

2. Como punto de partida, indicó que el accionado participó como candidato al
Concejo Municipal de Zona Bananera en las elecciones territoriales del 29 de
octubre de 2023, con el aval del partido Centro Democrático, pero no resultó elegido
en el cargo y que le siguió en votos dentro de la misma lista 11ª a la concejal electa
Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez.

3. Señaló que, mediante sentencia del 25 de abril de 2024, el Tribunal
Administrativo del Magdalena declaró la nulidad de la elección de la concejal
Cárdenas Márquez, dentro del proceso de nulidad electoral radicado 47001-23-33-
000-2023-00286-00, decisión que fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024.

4. Indicó que, en atención a esa decisión, el Concejo Municipal de Zona
Bananera, mediante Resolución 003 del 15 de marzo de 2025, declaró la vacancia
absoluta de la curul ocupada por la concejal Cárdenas Márquez y dispuso el
procedimiento para su reemplazo, resolución que fue notificada al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Registraduría Municipal
de Zona Bananera y al partido Centro Democrático.

5. Adujo que las referidas entidades coincidieron en señalar que la persona
llamada a suplir la vacancia era el accionado, a quien la presidencia del Concejo
notificó tal circunstancia el 21 de marzo de 2025. Además, señaló que en esa
oportunidad se le habría indagado sobre su intención de aceptar la curul y sobre si
tenía alguna inhabilidad para ocuparla.

6. Manifestó que, mediante escrito del 21 de marzo de 2025, el accionado
comunicó al presidente del Concejo Municipal su aceptación formal para ocupar la
vacante, y que el 28 de marzo de 2025 tomó posesión del cargo, dejando constancia
en el acta de posesión 002 de no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad.

5 Los errores ortográficos, gramaticales o de digitación que se identifiquen en la cita textual transcrita

corresponden al texto original.

3

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

7. Sostuvo que, previo a la posesión del accionado, el 21 de marzo de 2025 envió
un oficio al Concejo Municipal y al accionado en el que informaba sobre la posible
inhabilidad de este último para ocupar la curul, por haber suscrito el 4 de noviembre
de 2022 el contrato de prestación de servicios profesionales CPS 202 de 2022 con
la Alcaldía Municipal de Zona Bananera.

8. Afirmó que el accionado suscribió dicho contrato dentro del año anterior a las
elecciones del 29 de octubre de 2023. Además, informó que el mencionado contrato
preveía que su objeto se ejecutaría en el municipio de Zona Bananera, circunstancia
que, a su juicio, configuraría la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

9. Precisó que el accionado es administrador de empresas, con conocimientos
profesionales suficientes para advertir su propia inhabilidad, y que conocía que la
vacante a la que fue llamado se originó precisamente en la nulidad electoral de una
integrante de su misma lista por hechos idénticos a los que se le imputan en este
medio de control.

10. Concluyó que la conducta del accionado configuraría los elementos objetivo y
subjetivo -dolo o culpa grave- exigidos para decretar la pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades, causal prevista en el numeral 2 del artículo
55 de la Ley 136 de 1994.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

11. El 14 de octubre de 2025 el accionado presentó contestación de la demanda
y se opuso a todas las pretensiones en los siguientes términos6.

12. Como punto de partida, advirtió en este caso el elemento subjetivo de dolo
exige la intención de causar daño a otra persona, circunstancia que, a su juicio, no
fue demostrada, y que correspondía al accionante acreditar la existencia de la
inhabilidad alegada.

13. Adicionalmente, calificó como infundada la comunicación que el accionante le
dirigió a él y al Concejo Municipal antes de su posesión argumentando que carecía

6 Cfr. Índice núm. 17 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

4

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

de la calidad de autoridad judicial o administrativa para advertir o determinar la
existencia de una inhabilidad.

14. Ahora bien, como excepción de mérito, propuso la inexistencia de la causal de
pérdida de investidura invocada, al considerar que el accionante confunde el
régimen de inhabilidades para ser inscrito y elegido concejal, previsto en el artículo
43 de la Ley 136 de 1994, con el régimen de causales de pérdida de investidura del
concejal ya electo, previsto en el artículo 55 de la misma ley.

15. Al respecto, sostuvo que la conducta atribuida o, esto es, la celebración de un
contrato antes de su elección, de ser cierta solo encuadraría en una causal de
inhabilidad para ser elegido, susceptible de control mediante el medio de control de
nulidad electoral, y no en una causal de pérdida de investidura aplicable a un
concejal en ejercicio.

16. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la vía procesal escogida por el
accionante era equivocada, y solicitó que se tuvieran como pruebas los documentos
aportados con la demanda.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

17. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 5 de
noviembre de 20257, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:

«[…] Primero: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Miguel Ángel
Ruiz García identificado con CC. 19.593.970, quien fue elegido concejal del
Municipio de Zona Bananera (Magdalena) para el periodo 2024-2027, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]».

18. Como fundamento de esta decisión, señaló que la causal de inhabilidad por
celebración de contratos exige la concurrencia de cinco elementos: i) que el
censurado ostente la calidad de concejal; ii) que haya intervenido en la celebración
de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel, iii) que ello hubiera
ocurrido dentro del año anterior a la elección; iv) que el contrato se hubiera
celebrado en interés propio o de terceros; y v) que debiera ejecutarse o cumplirse
en el respectivo municipio.

7 Cfr. Índice núm. 27 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

19. En cuanto al elemento de la calidad de concejal, señaló que fue acreditada
con el formulario E-26 CON, la sentencia del 28 de noviembre de 2024 del Consejo
de Estado, la Resolución 003 del 15 de marzo de 2025 y el acta de posesión 002
del 28 de marzo de 2025, documentos de los que se desprendía que el accionado
había sido llamado a ocupar la curul vacante y tomó posesión en 28 de marzo de
2025.

20. Precisó que el contrato de prestación de servicios profesionales CPS 202 de
2022, suscrito el 4 de noviembre de 2022 entre el accionado y la Alcaldía Municipal
de Zona Bananera, fue acreditado con el documento contractual obrante en el
expediente, el cual no fue tachado de falso ni desconocido por el demandado, por
lo que operaba la presunción de autenticidad prevista en el artículo 244 del Código
General del Proceso.

21. Sobre el elemento temporal, indicó que las elecciones territoriales se
realizaron el 29 de octubre de 2023, de manera que el contrato suscrito el 4 de
noviembre de 2022 se encontraba dentro del año anterior a la elección, sin que fuera
relevante para la configuración de la causal si el contrato se había ejecutado o
liquidado con posterioridad, pues lo determinante era el acto mismo de su
celebración.

22. Respecto del interés propio y del elemento territorial, señaló que el contrato
fue suscrito por el accionado y que su objeto debía ejecutarse en el propio municipio
de Zona Bananera, donde prestaría apoyo a la Oficina de Talento Humano de la
Alcaldía Municipal.

23. En cuanto al elemento subjetivo, concluyó que el accionado incurrió en culpa
grave, al no haber realizado gestión, consulta o averiguación alguna para verificar
el cumplimiento del régimen de inhabilidades antes de aceptar la curul, pese a
contar con la formación y experiencia profesional suficientes para advertir esa
circunstancia.

24. Con fundamento en lo anterior, concluyó que se encontraban acreditados los
elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de inhabilidades prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

de 1994, en concordancia con el numeral 3 del artículo 43 de la misma ley,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y decretó la pérdida de
investidura del accionado.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

25. Inconforme con lo decidido, el accionado interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia8, con el fin de que se revoque en su totalidad y,
en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

26. Como primer cargo, sostuvo que el Tribunal fundó su decisión única y
exclusivamente en la existencia del contrato allegado en copia por la parte
demandante, sin corroborar su existencia o legalidad, pues no se realizó una
búsqueda del documento en la plataforma SECOP ni se ofició a la Alcaldía Municipal
de Zona Bananera para que certificara su existencia, tal como, a su juicio, sí lo ha
ordenado ese mismo Tribunal en procesos anteriores de nulidad electoral. Con
fundamento en ello, alegó que no existía la suficiente certeza probatoria para
sustentar la decisión de pérdida de investidura.

27. Como segundo cargo, sostuvo que la causal aplicada no era oponible a su
representado, en la medida en que las inhabilidades previstas en el artículo 43 de
la Ley 136 de 1994 son prohibiciones para ser elegido concejal, mientras que las
previstas en el artículo 55 de la misma ley son exclusivas de quien ya ostenta la
investidura de concejal electo.

28. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar en su totalidad la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

29. Mediante auto de 14 de abril de 20269 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte accionada, y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201810.

8 Cfr. Índice núm. 30 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.
9 Cfr. Índice núm. 5 del expediente digital, Samai.
10 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

30. Posteriormente, dentro de ese término, el accionante se opuso al recurso de
apelación con fundamente en lo siguiente11:

31. En primer lugar, argumentó que el reparo probatorio del apelante, relativo a la
falta de certeza sobre la existencia del contrato de prestación de servicios por no
haberse oficiado a la Alcaldía Municipal de Zona Bananera ni verificado en la
plataforma SECOP, desconocía las reglas procesales sobre autenticidad y valor
probatorio de los documentos aportados en copia.

32. Sobre este punto, señaló que los artículos 244, 245 y 246 del Código General
del Proceso establecen que los documentos aportados en copia tienen el mismo
valor probatorio que el original y se presumen auténticos mientras no sean tachados
de falsos o desconocidos por la parte contra quien se aducen. Así, precisó que el
demandado no tachó de falso ni desconoció el contrato, ni solicitó su cotejo con el
original en ninguna etapa procesal, por lo que debe ser tenido en cuenta.

33. En segundo lugar, frente al reparo según el cual la causal aplicada no le
resultaba las causales de inhabilidad previstas en el artículo 43 de la Ley 136 de
1994 sino las de pérdida de investidura del artículo 55 de la misma Ley, sostuvo que
ambas disposiciones no son excluyentes sino complementarias dentro de un mismo
sistema de control de acceso y permanencia en la corporación pública, en tanto el
artículo 43 define las inhabilidades y el artículo 55 establece la consecuencia
sancionatoria cuando se viola ese régimen.

34. Adicionalmente, argumentó que el régimen de inhabilidades se aplica por igual
a quienes resultan elegidos en la jornada electoral y a quienes, sin haber obtenido
inicialmente la curul, conservan vocación para ocuparla por integrar la misma lista
en orden sucesivo y descendente. Lo anterior toda vez que, a su juicio, el
llamamiento tiene su fuente en la elección y no en un hecho autónomo posterior,
razón por la cual el cómputo de la inhabilidad debía hacerse con referencia a la
elección territorial del 29 de octubre de 2023 y no a la posesión del 28 de marzo de
2025.

11 Cfr. Índice núm. 09 del expediente digital, Samai.

8

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

35. Sostuvo que la sentencia de primera instancia había acreditado
suficientemente todos los elementos objetivos de la causal, esto es, la calidad de
concejal del demandado, la celebración del contrato con la Alcaldía Municipal de
Zona Bananera, el elemento temporal, el interés propio derivado del reconocimiento
de esos honorarios y el elemento territorial de ejecución en el mismo municipio.

36. En cuanto al elemento subjetivo, argumentó que el Tribunal había descartado
el dolo por falta de prueba suficiente, pero concluido motivadamente que el
demandado obró con culpa grave, al haber omitido el deber mínimo de diligencia
exigible a quien aspira a un cargo de elección popular, pese a contar con formación
profesional como administrador de empresas y experiencia vinculada a la
administración municipal.

37. Concluyó que en el recurso de apelación no se demostró error alguno en la
selección de la norma, en la interpretación jurídica, en la valoración probatoria ni en
el análisis subjetivo, y que a través del mismo el accionado solo se limitó a expresar
su inconformidad con el sentido del fallo, por lo que solicitó confirmar integralmente
la sentencia de primera instancia y desestimar en su totalidad los argumentos del
recurso de apelación.

38. Posteriormente, mediante memorial del 24 de abril de 2026 12, el Procurador
Delegado de Intervención 10, presentó su concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia con base en los argumentos que se exponen a continuación.

39. Frente al primer reparo del recurso de apelación, sostuvo que el contrato fue
aportado por el propio accionante junto con la demanda y que, en los términos del
artículo 244 del Código General del Proceso, los documentos privados aportados
en copia se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o
desconocidos por la parte contra quien se aducen. Añadió que, de conformidad con
la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado13, las
copias simples aportadas por las partes deben ser valoradas cuando se ha surtido
el principio de contradicción, sin que el apelante hubiera ejercido esa carga en
ningún momento del proceso.

12 Cfr. Índice núm. 10 del expediente digital, Samai.
13 Citó la Sentencia del 28 de agosto de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Exp.:

05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

40. Frente al segundo reparo, sostuvo que de la lectura del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 se desprende que los concejales pierden su investidura por violación
del régimen de inhabilidades, y que el numeral 3 del artículo 43 de la misma ley,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, dispone precisamente el
catálogo de esas inhabilidades, por lo que ambas disposiciones no son excluyentes
sino complementarias.

41. Además, con apoyo en algunos pronunciamientos del Consejo de Estado 14,
sostuvo que el régimen de inhabilidades se aplica por igual a quienes resultan
elegidos en la jornada electoral y a quienes, sin haber sido elegidos, conservan
vocación para ocupar el cargo por integrar la misma lista, puesto que es la elección
y no el llamamiento posterior lo que genera esa vocación.

42. Con fundamento en lo anterior, concluyó que se encontraban reunidos los
presupuestos fácticos y jurídicos para considerar que el demandado incurrió en la
causal de pérdida de investidura alegada, por lo que solicitó confirmar la decisión
de primera instancia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

43. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15015 del CPACA, el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre 200016 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 201917, sobre distribución de los procesos entre las secciones del
Consejo de Estado.

14 Citó las sentencias del 29 de julio de 2021, exp.: 44001-23-40-000-2020-00232-01, la sentencia

del 16 de mayo de 2019, exp.: 81001-23-39-000-2016-00056-01(PI) y la sentencia del 21 de junio
de 2012, exp.: 05001-23-31-000-2011-00890-01
15 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
16 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los
Tribunales Administrativos.
17 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

6.2. Del análisis de la causal de pérdida de investidura endilgada

44. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar la decisión de pérdida
de investidura por violación del régimen de inhabilidades en contra de un concejal
llamado a ocupar la curul de un municipio, cuando se alega que este celebró un
contrato con la entidad territorial dentro del año anterior a la elección territorial.

45. Con miras a resolver este cargo de impugnación, la Sala pasará a revisar si
en el presente asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo
de la causal y, en esa medida, si hay lugar a confirmar la pérdida de investidura del
accionado.

6.2.1. Del elemento objetivo

46. El accionante fundamentó su solicitud de pérdida de investidura en la causal
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, según el cual los
concejales perderán su investidura por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses. En particular, dicha disposición
establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por: [...]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses [...]». (Negrillas de la Sala).

47. Para sustentar la configuración de esa causal, el accionante invocó
puntualmente la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que dispone lo
siguiente:

«ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:

[...]

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse
o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro
del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. [...]» (Negrillas de la Sala).

48. Sobre este punto, contrario a lo señalado por el accionado, se debe precisar
que el artículo 55 y el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 no constituyen regímenes
excluyentes entre sí, sino complementarios, pues el primero establece la
consecuencia jurídica, esto es, la pérdida de investidura, mientras que el segundo
aporta el catálogo de conductas que conforman el régimen de inhabilidades y que
le dan contenido a esa causal.

49. Así las cosas, lo primero que hay que señalar es que las inhabilidades, por
constituir limitaciones al derecho fundamental a ser elegido y a acceder a cargos
públicos consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, son de carácter
taxativo y de interpretación restrictiva, sin que sea admisible aplicarlas por analogía
o en forma extensiva a supuestos no previstos expresamente en la ley18

50. Sobre la inhabilidad propuesta en el presente asunto, la Sección Primera de
esta Corporación ha precisado que puede darse en tres eventos o supuestos
fácticos:

«[…] Es importante resaltar que la norma indicada supra establece tres
supuestos fácticos para la configuración de la inhabilidad establecida en el
numeral 3.° del artículo 43 ejusdem, a saber: el primero, relativo a que no podrá
ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a
la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas
del nivel municipal o distrital, en interés propio o de terceros. El segundo,
relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien
dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito; y, el tercero, según el cual no podrá ser inscrito
como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito […]»19.

18 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de febrero

de 2011. Exp. 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI), M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Cfr. además
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de septiembre de 2017. Exp. 73001-23-33-
006-2016-00587-01, M.P. Oswaldo Giraldo López.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de

julio de 2020. Exp. Núm. 250002315000201900142-01 M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

51. En el presente asunto, la causal endilgada se enmarca en el segundo de los
referidos supuestos, esto es, la inhabilidad por la celebración de contratos con
entidades públicas dentro del año anterior a la elección.

52. Sobre esta hipótesis concreta, la jurisprudencia de la Sección Primera ha
identificado como factores configurativos los siguientes20: (i) la condición de concejal
del accionado; (ii) que haya intervenido en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel; (iii) que la celebración del o de los contratos se haga en
interés propio y de terceros; (iv) que la celebración del contrato se haga dentro del
año anterior a la elección; y (v) que los contratos celebrados deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio. La concurrencia de cada uno de estos factores
es indispensable para la configuración de la inhabilidad.

53. En cuanto al alcance temporal o el momento en que se entiende perfeccionada
la conducta inhabilitante, la jurisprudencia de la Sección Primera ha precisado lo
siguiente:

«[…] las etapas subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no son
relevantes a la configuración de la inhabilidad por intervención en gestión de
negocios, precisamente porque el fin de la negociación que era el contrato ya
se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato estatal la inhabilidad
únicamente se tipifica por la celebración de contratos en interés propio o
de terceros»21 (Negrillas de la Sala).

54. De lo anterior se desprende que la conducta que materializa la inhabilidad por
celebración de contratos es la suscripción efectiva del respectivo contrato estatal
dentro del lapso temporal contemplado por la norma, sin que las etapas posteriores,
como su ejecución y liquidación, resulten relevantes para su configuración.

55. Con apoyo en las anteriores consideraciones, la Sala procederá a verificar si
en el presente asunto se hallan acreditados los elementos configurativos de la
inhabilidad por celebración de contratos endilgada al accionado Miguel Ángel Ruiz
García. En esa medida, a continuación, se examinará si se cumple con i) la
condición de concejal del accionado; ii) la celebración de un contrato con entidad
pública en interés propio o de terceros; iii) que dicha celebración se haya dado

20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de julio de 2021. Exp. 44001-23-40-000-

2020-00232-01, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de noviembre de 2025. Exp. 47001-2333-

000-2025-00040-01, M.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

dentro del año anterior a la elección; y iv) que el contrato debiera ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio.

56. En relación con la condición de concejal, está demostrado que el señor Miguel
Ángel Ruiz García fue llamado a ocupar la curul vacante en el concejo municipio de
Zona Bananera desde el 28 de marzo de 2025 por el término restante del período
constitucional 2024-2027, conforme consta en la siguiente acta de posesión22:

57. Por su parte, frente a la celebración del contrato con entidad pública en interés
propio, está demostrado que el señor Miguel Ángel Ruiz García suscribió con la
Alcaldía Municipal de Zona Bananera el contrato de prestación de servicios
profesionales CPS 202 de 2022, cuyo objeto fue el apoyo profesional a la Oficina
de Talento Humano de esa entidad23:

22 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.
23 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

58. Sobre este documento el accionado sostuvo en el recurso de apelación que el
a quo fundó su decisión únicamente en la existencia del contrato allegado en copia
por la parte demandante, sin que se hubiera verificado su existencia en la plataforma
SECOP ni oficiado a la Alcaldía Municipal de Zona Bananera para corroborarla, por
lo que, en su criterio, no existía la certeza probatoria suficiente para sustentar la
decisión de primera instancia.

59. Para la Sala este argumento no está llamado a prosperar. Se debe destacar
que, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena
precisó que el referido documento no fue tachado de falso ni fue desconocido en
ninguna oportunidad procesal por parte del demandado. Al respecto indicó:

«Conforme a los preceptos normativos transcritos previamente, sin mayores
ambages el ordenamiento jurídico colombiano autoriza que los documentos
sean aportados a los procesos judiciales para ser valorados como pruebas en
original o en copia, presumiéndose su autenticidad mientras no hayan sido

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Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

tachados de falsos o desconocidos dentro de la oportunidad procesal para ellos,
teniendo las copias el mismo valor del original.

En el presente asunto, el demandado no trató de apócrifo el contrato, tampoco
lo tachó de falso o lo desconoció, motivo por el cual, opera la presunción de
autenticidad prevista en el mencionado artículo 244 de CGP.

Con fundamento a lo anterior, los elementos aportados al plenario constituyen
plena prueba para acreditar que el señor Miguel Ángel Ruiz García suscribió un
contrato de prestación con el municipio de Zona Bananera, con el objeto de
prestar apoyo en la Oficina de Talento Humano del municipio., pactándose unos
honorarios de $5.000.000 de pesos, documentos donde reposa la firma del hoy
demandado, sin que fueran tachados de falsos. De igual manera, conforme a la
presunción del artículo 245 del CGP., se presume que el contrato fue suscrito
por el representante legal de la entidad, pues como se dijo la demandada no los
tachó de falsos ni siquiera solicitó su cotejo con el original [...]»24

60. Así pues, la Sala comparte lo señalado por el a quo en la medida en que, al
no haber sido tachado de falso ni desconocido por el accionado, operaba la
presunción de autenticidad prevista en el artículo 244 del Código General del
Proceso:

«ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento
cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito,
firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros,
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan
la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que
formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los
que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de
sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los
requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce
con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo
alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se
presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones» (Subrayas de la Sala).

61. En esa medida, se advierte que, contrario a lo señalado por el accionado, la
valoración probatoria de la copia del contrato de prestación de servicios

24 Cfr. Índice núm. 27 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

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Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

profesionales no requiere el cumplimiento de una tarifa probatoria especial, como la
verificación en la plataforma SECOP o la certificación expedida por la entidad
contratante, pues el ordenamiento procesal no exige tales formalidades para tener
por demostrado el contenido de un documento aportado en copia y que no fue
tachado de falso. Igualmente, en el ordenamiento jurídico la existencia de un
contrato no requiere de su publicación en la plataforma SECOP ni de una
certificación alguna emitida por cualquier autoridad.

62. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el accionado no aportó al proceso
prueba alguna que le restara valor al contrato dentro del análisis probatorio,
respecto del hecho que a través de este se pretende acreditar, esto es, la
celebración de la relación jurídica contractual con la Alcaldía Municipal de Zona
Bananera.

63. En consecuencia, la Sala considera acreditado el presupuesto relativo a que
el accionado celebró un contrato con una entidad pública en interés propio.

64. Ahora bien, en cuanto al elemento temporal, la Sala observa, en primer lugar,
que las elecciones territoriales en las que el accionado participó como candidato al
Concejo Municipal de Zona Bananera se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023,
tal como consta en el formulario E-26 CON del escrutinio municipal
correspondiente25:

25 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

17

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

65. Así las cosas, aunque el accionado no resultó elegido en la jornada electoral
del 29 de octubre de 2023, si quedó de segundo en la lista de elegibles del partido
Centro Democrático, posición que, con ocasión de la posterior nulidad de la elección
de la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez, le permitió acceder a la curul
mediante llamamiento, de conformidad con la Resolución 003 del 15 de marzo de
2025, expedida por el Concejo Municipal de Zona Bananera26:

26 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

18

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

[…]

66. Conforme a lo señalado, a juicio de la Sala a efectos del cómputo del término
establecido dentro de la causal de inhabilidad (12 meses), la fecha a tener en cuenta
es la de la correspondiente a la jornada electoral general (29 de octubre de 2023) y
no la del momento en que fue llamado a ocupar curul (15 de marzo de 2025).

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

67. De otra parte, se encuentra demostrado que el contrato de prestación de
servicios profesionales CPS 202 de 2022 fue suscrito el 4 de noviembre de 2022,
según se observa en el documento contractual allegado al proceso27:

68. Por lo tanto, contrastadas ambas fechas la Sala advierte que la suscripción del
contrato tuvo lugar dentro de los doce meses inmediatamente anteriores a la
elección territorial en la que participó el accionado y en la que quedó de segundo en
la lista de elegibles, posición que posteriormente le dio acceso a la curul.

69. En consecuencia, para la Sala también se encuentra acreditado el
presupuesto relativo a que la celebración del contrato se produjo dentro del año
anterior a la elección del concejal accionado.

27 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

20

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

70. Finalmente, en cuanto al lugar de ejecución del contrato, se encuentra
demostrado que este debía cumplirse o realizarse en el municipio de Zona
Bananera, conforme al objeto contractual que al respecto disponía la prestación de
"servicios profesionales en apoyo a la Oficina de Talento Humano para la
recopilación de información en la plataforma de pasivo Col Cetily Sigep en el
municipio Zona Bananera Magdalena"28.

71. De esta forma, es claro que el municipio en el que debía ejecutarse el contrato
coincide con aquel respecto del cual el accionado accedió a la curul, con lo cual se
encuentra también acreditado el presupuesto relativo a que el contrato debía
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

72. Con fundamento en lo expuesto, al verificarse los cuatro presupuestos
exigidos para la configuración de esta inhabilidad invocada, la Sala encuentra
acreditado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de inhabilidades endilgada al accionado.

6.2.1. Del elemento subjetivo

73. Acreditado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
endilgada al accionado, procede la Sala a realizar el análisis del elemento subjetivo.

74. El artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 2019, dispone sobre el particular lo siguiente:

«Artículo 1o. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un
juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso
conforme al artículo 29 de la Constitución Política. [...]» (Negrilla de la Sala)

75. Sobre este punto, la Corte Constitucional en sentencia SU-424 de 2016
determinó que en los procesos de pérdida de investidura está proscrita la
responsabilidad objetiva, en tanto se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria
gobernado por los principios que integran el debido proceso:

28 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

21

Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
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«[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de
Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no
pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que
se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una
conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el
juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el
elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es,
atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que
desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se
configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa […]»29. (Subrayas fuera del texto).

76. En esta línea, la Sección Primera, a partir de lo establecido en la sentencia de
25 de mayo de 201730, ha precisado que, para determinar si una conducta es dolosa
o gravemente culposa, se deben analizar los elementos que constituyen el aspecto
subjetivo de esta, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos
como de la ilicitud, esto es, el juicio de si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico31.

77. Precisado lo anterior, la Sala advierte en primer lugar que el recurso de
apelación no presentó ningún argumento dirigido a controvertir la configuración del
elemento subjetivo de la causal, de manera que este punto de la sentencia de
primera instancia no fue objeto de impugnación.

78. En este orden cabe señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia
de primera instancia, se acreditó que el accionado omitió el deber mínimo de
diligencia exigible a quien aspira a un cargo de elección popular. Concretamente, el
accionado no adelantó gestión, consulta o averiguación alguna orientada a verificar
su situación frente al régimen de inhabilidades antes de inscribirse como candidato,

29 Corte Constitucional, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2016. Exp. T-3.331.156 y T-

4.524.335. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de mayo de 2017. Exp. 81001-23-39-

000-2015-00081-01, M.P. María Elizabeth García González.
31 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de abril de 2021. Exp. 44001-23-40-

000-2020-00030-01(PI), M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

pese a contar con formación profesional como administrador de empresas y
experiencia vinculada a la administración municipal:

«En el presente asunto, en el plenario reposa pruebas respecto a estudios y
grado de instrucción del demandado, encontrando que, de conformidad con el
formato único de hoja de vida del demandado32, se registra que ostenta el título
de administrador de empresas, con terminación de material en el mes de abril
de 2015, de igual manera se observa diploma33 que lo acredita como
Administrador de Empresas, y la realización de varios cursos entre ellos de
“cultivo de Palma de aceite”34, “administración de recursos humanos” y
“diplomados de facturación de servicios en salud”, así, como una experiencia
laboral como coordinador en la empresa Fundación Fusba, auxiliar
administrativo y técnico UMATA en la Alcaldía municipal de zona Bananera,
elementos que permiten colegir que se trata de una persona con las calidades
y habilidades cognitivas suficientes, para asesorarse de manera adecuada para
verificar el cumplimiento del régimen de inhabilidades para ejercer y ostentar el
cargo público.

Por su parte, tal como lo aseveró el Ministerio Público, no se observa la
realización de alguna gestión, consulta, averiguación o estudio si cumplía los
requisitos y el régimen de inhabilidades para ostentar el cargo.

Sumado a lo anterior, conforme al contrato CPS No. 202 de 2022, el Municipio
de Zona Bananera contrató al demandado para que prestara sus servicios en
la Oficina de Talento Humano, cuyo objeto permite inferir habilidades de una
persona educada, con cierto grado de estudio y preparación.

Por lo anterior, la Sala encuentra probado que el señor Miguel Ángel Ruiz
García estaba en condiciones de comprender el hecho o circunstancias
configurativas de la causal de pérdida de investidura, debido a que sus
habilidades daban para por lo menos indagar o asesorarse respecto a las
condiciones del régimen de inhabilidades para ser elegido como concejal»35.

79. Con fundamento en lo expuesto, al encontrarse acreditados tanto el elemento
objetivo como el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.

80. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no
se condenará en costas, dado que el medio de control de pérdida de investidura es
una acción pública en la que se ventila un interés general.

32 Cfr. Índice núm. 1 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Cfr. Índice núm. 27 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo de Magdalena,

Samai.

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Radicado: 47001 23 33 000 2025 00239 01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de noviembre de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se decretó
la pérdida de investidura del señor Miguel Ángel Ruiz García como concejal del
municipio de Zona Bananera, Magdalena, para el período constitucional 2024-2027,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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