RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2025-00355-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00355-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2025-00355-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Modifícase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, dispónese: 1°) Declárase la falta de legitimación por activa del señor Marlon Castañeda Montenegro, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2025-00355-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: MARLON CASTAÑEDA MONTENEGRO
Demandado: JUZGADOÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE SANTA MARTA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ÓRDENES DE EMBARGO. PROCESO EJECUTIVO.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales, puesto que no se han acatado las órdenes de
embargo decretadas en un proceso ejecutivo. La Sala modificará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa y,
en su lugar, declarará únicamente la falta de legitimación por activa, por cuanto el aquí actor no
participó en ese proceso ni tiene un interés legítimo para cuestionarlo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 13 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
mediante la cual se dispuso:

“Primero: Declarar improcedente la presente acción constitucional, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 12, primera
instancia- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 9 de diciembre de 20251, el señor Marlon Castañeda Montenegro promovió proceso
de acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta y los Bancos BBVA, Popular y Davivienda SA, con el fin de que se

1 Índice 1, Samai, primera instancia.

2
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, petición,
mínimo vital acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las
siguientes súplicas:

“1. Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso, libre ejercicio de la
profesión, Acceso a la administración de justicia y mínimo vital.

2. Que en este proceso de tutela se ordene al juzgado 7 administrativo de santa
marta (sic) tomar las medidas legales contra los bancos renuentes a aplicar las
medidas ordenadas desde 2024 y a los gerentes de bancos BBVA, POLULAR
Y DAVIVIENDA obedecer las ordenes (sic) dadas por al (sic) jurisdicción ya que
estos son simples depositarios de dinero y no partes procesales para presentar
argumentos o recursos contra las providencias ejecutoridadas (sic).

3. Se advierta a los accionados que deben notificar, al accionante las
respuestas emitidas de forma virtual al correo mcm2609@hotmail.com.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2,
primera instancia).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Marlon Castañeda Montenegro actuó como apoderado judicial de la señora
Rosa Varela en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena2 ordenó la reliquidación de su pensión, con
inclusión del reajuste de la mesada, el retroactivo pensional, los intereses y la indexación.

2) Debido al incumplimiento del fallo por parte del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), la señora Rosa Varela promovió proceso ejecutivo, el
cual correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta3, quien libró mandamiento de pago el 11 de abril de 2024, decisión en la que
también decretó medidas cautelares de embargo dirigidas a los Bancos BBVA, Popular y
Davivienda, con el fin de obtener el pago de la obligación reconocida en una sentencia
judicial en firme.

2 Proceso con radicación no. 47001333300720180021700.

3 Al cual se le asignó el mismo número de radicación del proceso ordinario.

3
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

3) El 13 de febrero de 2025, el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución y, el 15
de mayo del mismo año, corrió traslado de la liquidación del crédito.

4) Por auto del 23 de octubre del 2025, el juzgado insistió en la medida cautelar y ofició
nuevamente a las entidades bancarias.

3) El fundamento de la vulneración

El demandante señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso, petición, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, puesto
que no se han acatado las órdenes de embargo decretadas en el proceso ejecutivo.

Es indispensable que el juzgado ordene a las entidades bancarias que apliquen las
medidas cautelares decretadas desde el año 2024 y adopte las sanciones efectivas para
garantizar el cumplimiento de sus órdenes.

4) Actuación de primer grado

Mediante auto de 10 de diciembre de 20254, el Tribunal Administrativo del Magdalena
admitió el proceso de acción de tutela y notificó al titular del Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta y a los gerentes de los Bancos BBVA, Popular y
Davivienda, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

5) Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 13 de enero de 20265,
declaró “improcedente” el amparo invocado, por cuanto el señor Marlon Castañeda
Montenegro no acreditó su legitimación para interponer la acción de tutela en
representación de la demandante de los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho y ejecutivo.

4 Índice 3, samai, primera instancia.

5 Índice 12 Samai, primera instancia.

4
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

El mandato le fue otorgado de manera específica para adelantar las actuaciones propias
del proceso ejecutivo encaminado a la ejecución del fallo judicial que reconoció la
reliquidación pensional, pero no para la interposición de acciones constitucionales
autónomas.

6) Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 5 de febrero de 20266.

Insistió en que las entidades financieras accionadas son particulares y no son parte
procesal y que no tienen autoridad ni jurisdicción para oponerse a la aplicación de una
medida cautelar.

Los gerentes de los Bancos BBVA, Popular y Davivienda deben obedecer las órdenes
dadas por el juzgado, debido a que estos estos son simples depositarios de dinero y no
partes procesales dotadas de facultades para presentar argumentos o recursos contra
las providencias ejecutoriadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

6 Índice 17 Samai, primera instancia.

5
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y los Bancos BBVA,
Popular y Davivienda SA, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, petición, mínimo vital y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados porque no se han acatado las órdenes de embargo
decretadas en el proceso ejecutivo.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la
improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa.

En el escrito de impugnación la parte demandada insistió en que los gerentes de los
bancos accionados deben obedecer las órdenes dadas por el juzgado.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente el amparo y, en su lugar, declarará la falta
de legitimación del señor Marlon Castañeda Montenegro, por las razones que procederán
a exponerse:

1) En primer lugar, la Sala advierte que en su impugnación el actor se limitó a reiterar los
argumentos de la acción de tutela sin cuestionar la decisión de primera instancia que
declaró “improcedente” el amparo ante su falta de legitimación para agenciar derechos
que en realidad le pertenecen a las partes del proceso ejecutivo, lo cual bastaría para
ratificar la decisión ante la falta de cuestionamiento en su contra.

6
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

2) Sin perjuicio de ello, lo cierto es que en los términos del artículo 86 de la Constitución,
la legitimidad en la causa por activa de la acción de tutela se halla, por regla general, en
cabeza del titular de los derechos afectados o amenazados.

3) Lo anterior, ha sido concebido por la Corte Constitucional como una garantía de la
dignidad humana, “en el sentido de que, no obstante, las buenas intenciones de terceros,
quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios
intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo7”.

4) En todo caso, la regulación sobre la materia consagra algunos escenarios específicos
en los cuales terceras personas están facultadas para solicitar el amparo de los derechos
de otras, como es el caso de la agencia oficiosa, como lo dispone el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos:

“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.

5) Pues bien, en el caso concreto, es necesario precisar que la demandante del proceso
ejecutivo en el cual se decretaron las medidas cautelares con destino a las entidades
bancarias fue la señora Rosa Emilia Varela Ruíz.

6) En ese orden, en principio, los únicos legitimados en la causa para promover la
presente acción constitucional son las partes de ese proceso, es decir, quienes actuaron
en calidad de demandantes y demandados.

7) En esa medida, si bien el señor Marlon Castañeda Montenegro actuó como apoderado
judicial de la señora Varela Ruíz en el proceso ejecutivo, ese mandato fue otorgado de
manera específica para adelantar las actuaciones propias de este, orientado a la
ejecución del fallo que reconoció la reliquidación pensional, de las pruebas allegadas al
expediente, no se evidencia autorización expresa para promover mecanismos
constitucionales autónomos, como lo es la acción de tutela.

8) En efecto, la Sala no encuentra demostrado dicho requisito procesal, ya que según ha
establecido previamente esta Corporación, en tales casos la legitimación en la causa se

7 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-899/01 de 23 de agosto de 2001, exp. T-

477.157, MP Alfredo Beltrán Sierra.

7
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

encuentra únicamente en las partes del proceso ordinario en el que se emitió la decisión
objeto de tutela. Al respecto, resulta pertinente traer a colación una cita jurisprudencial
que precisa este tema:

“Se infiere que la solicitud de amparo está encaminada a que se restablezcan
los derechos del mencionado mandatario, quien ya hizo uso del presente
mecanismo constitucional, de conformidad con lo consignado en el software de
gestión de esta Corporación

(…).

En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito exigido en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la facultad de
la actora para actuar en representación del señor J.C.G.C., por cuanto no
manifestó ni probó la calidad de agente oficiosa y tampoco allegó el poder que
la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los
derechos fundamentales de aquél. Máxime, si como ya se dijo, el señor [G.C.]
ya ejerció en nombre propio la defensa de sus derechos fundamentales

(…).

[L]a participación en el censo electoral no legitima al elector para promover la
acción de tutela contra la providencia judicial que anule la elección, si no se hizo
parte en el respectivo proceso electoral.

(…).

Así las cosas, encuentra la Sala que de haberse hecho parte la [actora] dentro
del proceso electoral radicado bajo el núm. 2015-00806-01, para coadyuvar o
impugnar la demanda en contra de la elección del señor [J.C.C.] como Diputado
del Departamento del Tolima, estaría legitimada para perseguir el amparo de
sus derechos presuntamente vulnerados en dicho proceso, pero como ello no
fue así, lo procedente es declarar que carece de legitimación en la causa por
activa para censurar por vía de tutela el mencionado proceso electoral8”.

9) Por consiguiente, la Sala precisa que la acción de tutela constituye un mecanismo
judicial de naturaleza excepcional, con finalidad, trámite y presupuestos propios, razón
por la cual no puede entenderse comprendida dentro del ámbito material del poder
conferido para un proceso ejecutivo, por lo cual el apoderado no se encuentra habilitado
para instaurar el presente amparo constitucional en nombre de su representada.

10) De otra parte, se verifica que en el expediente no obra manifestación alguna de
agencia oficiosa ni se acreditan los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de marzo

de 2017, exp no. 11001-03-15-000-2017-00219-00, MP María Elizabeth García González.

8
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

su configuración, circunstancia que impide suplir la ausencia de poder especial y expreso
para la interposición de la acción de tutela.

11) En conclusión, como no se invocó y acreditó la calidad de agente oficioso ni la de
apoderado de la señora Rosa Emilia Varela Ruíz, a tal punto que pese a la decisión de
primera instancia el ahora actor no aportó el respectivo poder especial que lo habilitara
para representar judicialmente a la señora Varela Ruiz, se debe declarar la falta de
legitimación en la causa por activa como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia, tal como lo ha puesto de presente la Sala en casos similares9.

12) En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró
“improcedente” el amparo, pues, la técnica judicial indica que la acción de tutela es
improcedente ante el cumplimiento de los presupuestos generales de procedibilidad de
la acción (v. gr. subsidiariedad, inmediatez, relevancia constitucional, etc.), lo cual no
ocurrió en este caso, de modo que lo que corresponde, en su lugar, es declarar
simplemente la falta de legitimación por activa, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Modifícase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar, dispónese:

1°) Declárase la falta de legitimación por activa del señor Marlon Castañeda Montenegro,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

9 Sentencia del 13 de mayo de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-02323-00 (AC).

9
Expediente: 47001-23-33-000-2025-00355-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro
Acción de tutela – Impugnación fallo

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.