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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00033-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00033-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia impugnada de 20 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 47001-23-33-000-2026-00033-01 Demandante: Marlon Castañeda Montenegro 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2026-00033-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 47001-23-33-000-2026-00033-01
Demandante MARLON CASTAÑEDA MONTENEGRO
Demandada JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA Y
OTROS
Temas Acción de tutela. Legitimación en la causa por activa. Apoderado
judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Marlon Castañeda
Montenegro contra el fallo de tutela de 20 de febrero de 2026, proferido por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que dispuso lo siguiente:
«DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor MARLON CASTAÑEDA
MONTENEGRO, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este proveído».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de enero de 2026, el señor Marlon Castañeda Montenegro interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa
Marta, el Banco BBVA, el Banco Popular y el Banco Davivienda, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, libre ejercicio
de la profesión, acceso a la administración de justicia y mínimo vital.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso, libre ejercicio de la profesión,
Acceso a la administración de justicia y mínimo vital.
2. Que en este proceso de tutela se ordene al juzgado 7 administrativo de santa marta
tomar las medidas legales contra los bancos renuentes a aplicar las medidas
ordenadas desde 2022 y a los gerentes de bancos BBVA, POLULAR Y DAVIVIENDA
obedecer las ordenes dadas por al jurisdicción ya que estos son simples depositarios
de dinero y no partes procesales para presentar argumentos o recursos contra las
providencias ejecutoriadas.
3. Se advierta a los accionados que deben notificar, al accionante las respuestas emitidas
de forma virtual al correo mcm2609@hotmail.com.» (transcripción literal).

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. La señora Noralva Luna Paz interpuso demanda en el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio
de Educación, Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se
negó la solicitud de suspensión y devolución de los descuentos de salud

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Demandante: Marlon Castañeda Montenegro

hechos sobre las mesadas adicionales de la pensión por ella devengada,
percibidas en los meses de junio y diciembre.

2.2. Mediante sentencia de 3 de diciembre de 2018 (radicado 47001-33-33-007-2017-
00095-00), el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta declaró la
nulidad del acto administrativo demandado. En consecuencia, le ordenó a la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional Prestaciones Sociales del
Magisterio, a través de la Fiduprevisora, «suspender los descuentos que realiza por
concepto de seguridad social en salud sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre de
cada año, y a reintegrar a la parte demandante las sumas de dinero respectivas que por ese
concepto se le hayan realizado desde el momento se vienen aplicando esa deducción».

2.3. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, pero este fue declarado desierto.

2.4. La señora Noralva Luna Paz presentó demanda ejecutiva contra la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional Prestaciones Sociales del
Magisterio, a fin de obtener el pago de los dineros dispuestos en la sentencia
de 3 de diciembre de 2018 (radicado 47001-33-33-007-2020-00077-00). La
demandante le confirió poder especial al señor Marlon Castañeda Montenegro
para que fungiera como su apoderado judicial en ese proceso.

2.5. En auto de 20 de septiembre de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta libró mandamiento ejecutivo contra la Fiduprevisora, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, a favor de la
señora Noralva Luna Paz.

Asimismo, en providencia también de 20 de septiembre de 2022 el Juzgado
Séptimo Administrativo de Santa Marta ordenó «el embargo de las sumas de dinero
que tenga o llegare a tener en su favor de la Fiduprevisora S.A. - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en las cuentas cuentas (sic) de ahorro y
corriente de las sucursales de los bancos: Banco BBVA, (…) y Banco Popular (…)».

2.6. El señor Marlon Castañeda Montenegro aseguró que en el curso del proceso
ejecutivo, en su condición de apoderado, presentó «una petición que en su proceso
lleva 9 meses sin respuesta».

3. Fundamentos de la acción

El tutelante indicó que, si bien el Juzgado accionado ha insistido en la medida
cautelar y le ha explicado a los bancos sobre la posibilidad de embargar, estos
últimos continúan negándose a obedecer la orden judicial. Sostuvo que dichas
entidades financieras son particulares que no son parte procesal y no tienen
autoridad ni jurisdicción para oponerse a la ejecución de una medida cautelar. No
es justo ni legal esperar varios años más para que los gerentes de los bancos
entiendan que no son parte procesal para oponerse a la aplicación de una medida
cautelar de tipo monetario.

De otro lado, afirmó que el Juzgado debe hacer cumplir sus órdenes, pero este se
ha negado a hacerlo. No es lícito que el juez permita que los bancos impidan la
ejecución de un proceso culminado, que «en Samai aparece ya con 3 sentencias
ejecutoriadas de primera, mandamiento de pago y ejecutiva».

En suma, reprochó que «los bancos se niega (sic) a obedecer y el juzgado quien tampoco los
sanciona». A su juicio, tales comportamientos en cabeza del Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta y de los Bancos BBVA, Popular y Davivienda
vulneran sus derechos fundamentales, puesto que «al igual que la demandante necesito
del ingreso que para mí son los honorarios como medio de subsistencia en cuanto al ejercicio de mi
profesión».

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Demandante: Marlon Castañeda Montenegro

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 23 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B remitió el asunto al Tribunal
Administrativo de Magdalena, en virtud de las reglas de reparto contenidas en
el Decreto 333 de 2021.

4.2. En auto de 9 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Marlon Castañeda Montenegro contra el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta, Banco BBVA, Banco Popular y Banco
Davivienda. Asimismo, se vinculó como terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio
y Fiduprevisora; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

4.3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta consideró que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, puesto que ha
tramitado el proceso ejecutivo bajo la estricta observancia del rito procesal y
las etapas legales correspondientes. Indicó que libró oportunamente el
mandamiento de pago y decretó las medidas cautelares de embargo
solicitadas con destino a las entidades bancarias.

Aseguró que no ha actuado con dilación alguna. Por el contrario, mediante
auto del 29 de enero de 2026 insistió nuevamente en las medidas cautelares
de embargo ante los Bancos BBVA y Popular. En dicha providencia se les
requirió para que cumplieran de forma inmediata con el embargo decretado
hasta el límite de $10.925.532 y se les advirtió que el incumplimiento de la
medida acarrearía las sanciones dispuestas en el parágrafo 2 del artículo 593
del Código General del Proceso.

Aseguró que la presente tutela se deriva del comportamiento de las entidades
financieras, al no dar cumplimiento a la orden de embargo decretada. Por lo
tanto, deberán ser aquellas quienes deban acreditar las razones por las
cuales, presuntamente, han vulnerado los derechos de la parte actora.

Así las cosas, sostuvo que la tutela es a todas luces improcedente frente al
Juzgado, pues se han surtido las distintas etapas procesales establecidas en
la ley. Por consiguiente, solicitó se declare improcedente la acción de tutela en
lo que le concierne.

4.4. El Banco BBVA informó que el 3 de octubre de 2022 fue notificado de la
medida cautelar, pero no fue posible aplicarla. Por lo tanto, emitió oficio
JTCE10995835 dirigido al ente embargante informando lo siguiente:
«Realizadas las respectivas validaciones, se evidencia que la identificación tributaria
899999001, registra como de titularidad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y bajo
ese Nit, se encuentra vinculado con el Banco a través de cuenta corriente y/o ahorro, por otro
lado la identificación 900668621, no posee vínculos con la entidad bancaria.
En virtud de lo anterior, y no siendo la intención del Banco desatender las instrucciones
impartidas por su Despacho y tampoco causar una afectación a nuestro cliente, le solicitamos
aclarar el destinatario de la medida de embargo, de conformidad con lo aquí indicado y
teniendo en cuenta que: i) en caso de proceder la medida sobre las cuentas en titularidad del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con 899.999.001 solicitamos a ese Despacho
judicial indicarlo de manera clara y completa , o ii) si el embargo procede sobre las cuentas de
la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A., como administrador de los recursos del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, de ser así indicar las cuentas que se deben
afectar con la respectiva identificación tributaria».

Indicó que a la fecha no ha recibido comunicaciones adicionales por parte del
Juzgado. Por lo tanto, no es que se niegue a aplicar la medida como lo afirmó
el accionante, lo que ocurre es que no se ha emitido una orden clara de la cual
se pueda determinar cuál es el demandado, para así aplicar la medida

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Demandante: Marlon Castañeda Montenegro

cautelar. Subrayó que no le es posible interpretar una providencia para su
cumplimiento o levantar la medida sin la orden inequívoca correspondiente,
pues de hacerlo podría comprometer su responsabilidad disciplinaria y civil por
los eventuales perjuicios causados.

Por lo expuesto, solicitó negar cualquier pretensión dirigida en contra suya.

4.5. El Banco Popular informó que tras revisar sus buzones no encontró registro
de recepción de los oficios referidos por el tutelante. No obstante, con base en
la documentación aportada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa
Marta del proceso ejecutivo en la presente acción de tutela, procedió a emitir
las respuestas correspondientes, con el fin de cumplir integralmente lo
ordenado por ese Despacho.

En oficio de 12 de febrero de 2026, le informó al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Santa Marta las inconsistencias en la
identificación de la entidad accionada, en tanto que hay dos NIT distintos. Allí
se le indicó lo siguiente:
«la personas jurídica: NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FOMAG NIT.
900668621, relacionada en su comunicado, no posee cuentas de ahorros, corrientes ni Cdts
con esta entidad bancaria, de acuerdo con consulta efectuada en nuestras bases de datos a
la fecha, razón por la cual carecemos de productos sobre los cuales se pueda realizar el
registro de medidas cautelares o la investigación y entrega de la información solicitada.
En cuanto al Nit. 899999001, indicamos que este pertenece a la entidad MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL y no a la entidad FIDUPREVIOSAR SA.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se sirva informar de ser el caso, si nuestra entidad
aun así debe tramitar la orden de embargo, proferida por ese despacho, y de ser positiva su
respuesta agradecemos se nos informen los datos actualizados de la medida cautelar como
lo son valor limite, cuenta de depósitos judiciales, datos de las partes, y demás información
que se considere relevante para el registro» (transcripción literal).

Informó que el 11 de febrero de 2026 el Juzgado accionado remitió el oficio
J7ASM 012, solicitando el registro de medidas cautelares sobre la persona
jurídica identificada con el NIT 830.053.105-3 identificado como Fiduciaria La
Previsora. Consecuentemente, se procedió a aplicar las medidas cautelares
correspondientes, tal como se informó en oficio de 16 de febrero de 2026
dirigido al Juzgado.

Así las cosas, aseguró que la ausencia de respuesta inicial obedeció
exclusivamente a la falta de recepción efectiva de los oficios. No obstante,
dicha circunstancia no constituyó la causa para que no se registraran las
medidas cautelares, pues desde el primer oficio se presentaron
inconsistencias en la identificación de las personas jurídicas, lo cual impedía
la plena determinación del sujeto sobre el cual debían practicarse dichas
medidas. En definitiva, consideró que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno, ni que ha incurrido en renuencia u omisión que le sea atribuible.

Por consiguiente, solicitó negar el amparo instaurado en su contra.

4.6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta informó que en se han
presentado nuevas actuaciones en el proceso ejecutivo, como lo es que el 2
de febrero de 2026 se fijó fecha para celebrar audiencia especial, para el 18
de marzo de 2026.

4.7. La Fiduprevisora manifestó que no funge como el ente nominador, sino que
se encarga de administrar los recursos dispuestos por el plan nacional de
desarrollo para las prestaciones sociales de los docentes adscritos al
magisterio.

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Demandante: Marlon Castañeda Montenegro

Añadió que no tiene la facultad para hacer lo solicitado por el accionante. Por
ende, afirmó que no ha incurrido en conductas que afecten los derechos
fundamentales invocados.

Con base en lo señalado, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela.

4.8. El Ministerio de Educación1 manifestó que no se evidencia violación alguna
a los derechos del accionante. Por lo tanto, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción constitucional.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 20 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró la falta de legitimación en la causa por activa, debido a que
quienes ejercen la representación jurídica de las partes dentro de un proceso judicial
no ostentan la calidad de sujetos procesales. Su función está limitada a adelantar
las actuaciones que le correspondería a la parte que representa, sin que esto
signifique que actúa como usuario de la administración de justicia.

Reconoció que el accionante ejerce la representación jurídica de la señora Noralva
Luna Paz dentro del proceso ejecutivo, pero subrayó que aquel no posee la calidad
de sujeto procesal. Por ende, el juez de tutela indicó que aquel carece de
legitimación en la causa por activa para promover, en nombre propio, la presente
solicitud de amparo.

6. Impugnación

El señor Marlon Castañeda Montenegro impugnó la sentencia de primera
instancia. Reiteró los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de primera instancia al declarar la falta de legitimación en la
causa por activa.

En el caso de encontrar superado este requisito, corresponderá a la Sala establecer
si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por
el tutelante, con ocasión de trámite surtido en el proceso ejecutivo de radicado
47001-3333-007-2020-00077-00.

1 Se precisa que el informe presentado por el Ministerio de Educación Nacional no obra en la documentación contenida en
el aplicativo Samai. Sin embargo, este reposa en la carpeta OneDrive remitida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, contentiva del expediente de tutela de primera instancia.

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3. Legitimación en la causa por activa en materia de acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19912 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso (cuando el titular del
derecho no está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha
norma señala (v) que tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales
estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho
fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.

Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales.

Así, en sentencia T-403 de 1995 la Corte Constitucional precisó que «como quien pidió
la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales reclamados, la
jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable a
sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la resolución de la supuesta violación
de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona
distinta que no intervino en el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió
en un error insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como
si fueran suyos».

En la sentencia T-240 de 2004 la Corte Constitucional aclaró que, cuando se
demuestra que el juez natural de la causa incurrió en una vía de hecho se «vulnera el
derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes intervienen en el respectivo proceso
judicial. Por el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él, carecen de
legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una actuación judicial. En tales circunstancias mal
puede una persona alegar que se conculcaron sus derechos al debido proceso, por cuanto la
violación de éstos necesariamente presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí
donde ha ocurrido la vulneración, por causa o con motivo de la actuación judicial, arbitraria e
irregular».

Asimismo, en la sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el
de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona».

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».

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Finalmente, en la sentencia T-878 de 2007 la Corte Constitucional fue enfática en
señalar que, pese a la informalidad de la acción de tutela, «la legitimación para presentar
la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente
acreditada».

En suma, la informalidad propia de este mecanismo de protección constitucional no
supone la inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación
en la causa por activa3.

Como lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia T-461 de 2021, la legitimación
en la causa por activa es un presupuesto esencial de procedencia de la acción de
tutela. Por esto corresponde al juez constitucional verificar quién es el titular del
derecho fundamental que se invoca desconocido y en qué calidad acude a la acción
de amparo. Dicho análisis es relevante porque «no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es sólo la persona capaz para hacerlo».

Por lo tanto, so pretexto de ejercer la acción de tutela no puede asumirse de forma
indeterminada o ilimitada la representación de otra persona.
4. Análisis del caso

Con base en lo expuesto previamente, se advierte que, por regla general, quien
debe interponer la acción de tutela es la persona cuyos derechos han sido
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular.

Como se mencionó previamente, es posible ejercer tal acción a través de apoderado
judicial. Pero para ello es imprescindible que al abogado se le haya conferido poder
especial para que funja como apoderado en el proceso de tutela. En la sentencia T-
024 de 2019, la Corte Constitucional especificó las condiciones que debe cumplir
tal poder:
«en lo que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporación
ha precisado que i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se
concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii) debe ser un poder
especial; iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario
del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional».

Teniendo en cuenta tal regla, en varias oportunidades la Corte Constitucional ha
declarado la improcedencia de la acción de tutela cuando el abogado de una causa
presenta acción de tutela en nombre propio y sin poder especial que lo faculte para
ello, a fin de que se protejan los derechos de su representado.

Dicho tribunal ha considerado que en esos eventos no se cumple con el requisito
de legitimación en la causa por activa, debido a que el apoderado no gestiona la
defensa de sus propios derechos, sino que se limita a fungir como vocero de quien
le confirió el poder, el verdadero titular de los derechos en juego. Veamos lo
explicado por la Corte Constitucional sobre la materia en sentencia T-526 de 1998:
«Ya la Corporación ha puesto de manifiesto que el apoderado no gestiona ante los jueces sus
propios derechos sino que es vocero de los que puedan corresponderle a su patrocinado,
siendo ello así “por cuanto en virtud de un contrato de mandato los abogados actúan en
representación de otros” y en los términos del poder que se les haya discernido.
Nótese que la titularidad de los derechos en juego se predica de la parte, que es permanente,
mientras que el apoderado no lo es, ya que su mandato es revocable y susceptible de
sustitución e incluso de renuncia; por tanto, los derechos invocados como fundamento de la
acción de tutela no son de quien actuó en condición de representante, sino que se radican en
3
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.

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cabeza de la parte procesal que, por lo mismo, es la llamada a solicitar el amparo en caso de
considerarlos vulnerados o amenazados.
Repárese, además, en que el propio demandante alude al “debido proceso y a la igualdad de
las partes ante la ley”, presentando como propia una vulneración que de existir afectaría
directamente a sujetos distintos, cuya vocería se arroga sin tomar en consideración “la
específica situación en que se encuentran y la singular valoración que cada uno de ellos tenga
acerca de la eventual amenaza de sus derechos”.[2]
La Sala estima que el actor invocó derechos de los que no es titular y que, en esas
condiciones, carece de la legitimación en la causa y del interés para instaurar la acción de
tutela en nombre propio, sin que pueda pensarse que en las circunstancias concretas narradas
en el libelo demandatorio aparezca configurado un pretendido derecho fundamental a “la
gestión profesional”, desconocido por un resultado contrario a las pretensiones esgrimidas, ya
que es bien sabido que la obligación del abogado es de medios y no de resultado.(…)
De otro lado, debe desecharse la hipótesis de que el poder conferido para adelantar un
proceso judicial sirve al propósito de intentar la acción de tutela a que pudiere dar lugar ese
proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un
carácter informal, también lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un
poder que no se presentó y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acción de tutela
a nombre de otro y a título profesional».

En consecuencia, la Sala considera que el señor Marlon Castañeda Montenegro no
cuenta con legitimación en causa por activa para ejercer la acción de tutela, puesto
que no es el titular de los derechos fundamentales invocados, ni ostentó la calidad
de parte en el proceso ejecutivo.

Tampoco es dable concluir que el poder especial concedido para el proceso
ejecutivo sea extensible para ejercer la representación en el marco de la acción de
tutela, pues como lo ha reiterado la Corte Constitucional «el poder conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido
para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en
el proceso inicial».

La presente tutela es un proceso independiente al ejecutivo y se surte en un
expediente autónomo. Luego, el poder especial conferido para adelantar el ejecutivo
no abarca la posibilidad de representación en el marco de la acción de tutela.

Finalmente, sobre la mención del accionante relacionada con la presunta
vulneración de sus derechos con ocasión de los honorarios profesionales que aún
no ha podido percibir, la Sala advierte que tal circunstancia no involucra la amenaza
o vulneración de derechos fundamentales pues se limita a una inconformidad
netamente de índole económico.

5. Conclusión

Con base en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia impugnada de 20 de febrero de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, dadas las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2026-00033-01
Demandante: Marlon Castañeda Montenegro

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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