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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00044-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00044-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2026-00044-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: MARÍA INÉS VILLAFAÑA JULIO
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-CONSEJO
COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS FERNANDO
RIOS HIDALGO ELEGUA Y PARTIDO ECOLOGISTA
COLOMBIANO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra Consejo Nacional Electoral por omisiones en la protección
de los derechos de la participación política. Se confirma la improcedencia por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. La actora fue candidata a la cámara de representantes por la circunscripción
especial afrodescendiente en la elección de 2022. Ocupó el segundo lugar en su
lista dentro de los candidatos del consejo comunitario “Fernando Ríos Hidalgo
Elegua”. Puesto que uno de los candidatos resultó electo, el consejo comunitario,
en aquel periodo constitucional inició el proceso administrativo para constituirse en
partido político.

2. El Consejo Comunitario se transformó en el Partido Ecologista Colombiano.
Reprochó que el Consejo Nacional Electoral y la organización política no la citaron
para ser parte de la asamblea del partido y de los órganos directivos, a pesar de la
votación que obtuvo en el evento electoral de 2022 y de haber ocupado el segundo
lugar en la lista.

3. Afirmó que, el 15 de diciembre de 2025, la tutelante elevó petición formal de
reconocimiento, solicitando su inclusión en la asamblea constitutiva del partido y en
los órganos de dirección, y denunció la supuesta doble militancia de uno de los
congresistas del consejo comunitario (Miguel Abraham Polo Polo). Agregó que el
Consejo Nacional Electoral expidió la resolución de 4 de febrero de 2026, mediante
la cual abrió actuación administrativa relacionada con presuntas irregularidades en
la democracia interna del partido político y posibles infracciones al régimen de doble
militancia.

4. Solicitó la protección de sus derechos a la participación política y al debido
proceso y espera que el juez constitucional ordene al Consejo Nacional Electoral

Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: María Inés Villafaña Julio
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

garantizar su intervención efectiva dentro del expediente administrativo iniciado el 4
de febrero de 2026.

Trámite del amparo

5. En sede de primera instancia, el fallo correspondió al Tribunal Administrativo del
Magdalena, autoridad judicial que, el 19 de febrero de 20261, admitió el amparo y
vinculó al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Comunitario de comunidades
Negras “Fernando Rios Hidalgo Elegua” y al Partido Ecologista Colombiano.

6. A pesar de la notificación del auto admisorio2, ninguna de las autoridades remitió
informe de contestación.

Sentencia de primera instancia

7. En Sentencia del 4 de marzo de 2026, una Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Magdalena declaró improcedente el amparo, al estimar que no se
satisfacía el requisito de subsidiariedad. La autoridad judicial indicó que la actora
cuestionó decisiones del Consejo Nacional Electoral proferidas dentro del trámite
administrativo de garantía de la democracia interna del Partido Ecologista
Colombiano. No obstante, advirtió que tales decisiones pueden ser controvertidas
mediante los medios de control de legalidad, en particular la nulidad electoral.
Además, señaló que no se advertía ninguna circunstancia que justificara, siquiera
de manera transitoria, la intervención del juez constitucional en lugar del juez natural
de la causa. En consecuencia, concluyó que la tutelante debía acudir a la
jurisdicción ordinaria para cuestionar las resoluciones del Consejo Nacional
Electoral que, en su criterio, impedían su participación en esa organización política.

8. Concluyó que, de acuerdo con el material probatorio del expediente de tutela, en
efecto, la tutelante presentó denuncia administrativa ante el Consejo Nacional
Electoral, radicada bajo el número CNE-E-DG-2025-030015, mediante la cual puso
en conocimiento dos tipos de situaciones: (i) presuntas irregularidades en la
democracia interna del Partido Ecologista Colombiano, derivadas de su exclusión
de la asamblea constitutiva; y (ii) la eventual configuración de doble militancia del
ciudadano Miguel Abraham Polo Polo, solicitando la revocatoria de su inscripción
como candidato. Además, en auto de 22 de diciembre de 2025, el Consejo Nacional
Electoral avocó conocimiento e inició indagación preliminar dentro del referido
expediente administrativo, decretando la práctica de pruebas. Posteriormente, la
Sala Plena profirió la Resolución No. 0795 de 202614, mediante la cual resolvió las
solicitudes de revocatoria de inscripción presentadas contra el referido candidato,
desarrollando un análisis probatorio orientado a determinar la configuración o no de
la causal de doble militancia. Determinó:

“(…) la controversia planteada en sede de tutela se encuentra vinculada a una
actuación administrativa electoral que fue tramitada y decidida por la autoridad
competente. Las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral
constituyen actos administrativos susceptibles de control ante la jurisdicción

1
Índice samar 4 de la primera instancia.
2
Índice samai 6 de la primera instancia.

Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: María Inés Villafaña Julio
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

contencioso administrativa, conforme a lo previsto en los artículos 237 de la
Constitución Política y 138 de la Ley 1437 de 2011.” (…)

“En lo que respecta a la alegada exclusión de la asamblea constitutiva del
Partido Ecologista Colombiano, la Sala observa que se trata de una controversia
directamente vinculada con la democracia interna de una organización política.
El ordenamiento constitucional y legal ha previsto un esquema institucional
específico para el control de esta materia, en virtud del cual corresponde al
Consejo Nacional Electoral ejercer funciones de inspección, vigilancia y control
sobre el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento interno de
los partidos políticos.

En ese marco, las controversias relativas a la convocatoria de asambleas, la
integración de órganos directivos y la eventual afectación de derechos de
participación dentro de una colectividad política deben ser conocidas, en
primera instancia, por la autoridad electoral competente, cuyas decisiones son
susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso administrativa”

9. La autoridad judicial indicó que la accionante promovió denuncia ante el Consejo
Nacional Electoral; dicha autoridad avocó conocimiento, adelantó indagación
preliminar y profirió decisión dentro del ámbito de sus competencias. Si estima que
las decisiones del organismo electoral las puede cuestionar a través de los medios
de control previstos en la ley.

Recurso de impugnación3

10. La tutelante solicitó que se declare una medida cautelar de urgencia, pues entre
que se promovió la acción de tutela y la segunda instancia, se celebraron las
elecciones del pasado 8 de marzo de 2026, en las que el partido ecologista
Colombiano no logró el umbral mínimo para conservar su personería jurídica, motivo
por el cual, si por orden del juez de tutela no se suspende la decisión del CNE de
liquidar la agrupación política se producirá un daño consumado, y el fallo de
segunda instancia sería inocuo.

11. Indicó que, por un hecho sobreviniente, los supuestos mecanismos judiciales
idóneos que mencionó el juez de primera instancia, ya no lo son, ante el resultado
electoral del 8 de marzo y la posible pérdida de personería jurídica del partido
político. Agregó: “Los medios ordinarios contenciosos, que tardan años, no son
idóneos para proteger derechos políticos frente a una organización que está
desapareciendo hoy. La tutela es el único medio residual capaz de actuar antes de
la extinción total de la personería”4. Señaló que no existe otro medio de defensa
judicial idóneo en el caso concreto y que, se debe aplicar un enfoque étnico flexible
para examinar la situación del partido político ecologista colombiano. Por lo anterior
solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y se amparen los derechos
invocados.

3
Índice samai 2 de la segunda instancia Certificado F71965B6F12B2FBB 331E5D2AA0CC36F3
AA0E6219A2F83E89 9D1A81FF039DC683
4
Folio 2 del escrito de impugnación.

Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: María Inés Villafaña Julio
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

CONSIDERACIONES
Competencia

12. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Cuestión previa

13. Antes de resolver la impugnación, la Sala considera indispensable pronunciarse
sobre la medida provisional solicitada por parte de la actora. El artículo 7 del Decreto
2591 de 1991 faculta al juez de tutela para decretar, de oficio o a solicitud de parte,
medidas provisionales de conservación o seguridad desde la presentación de la
acción y hasta antes del fallo definitivo, con el propósito de evitar que la eventual
protección resulte ineficaz5, salvaguardar los derechos fundamentales en riesgo y
prevenir daños adicionales derivados de los hechos discutidos6; sin embargo,
aunque el juez puede ordenar lo que considere procedente para esos fines, esa
potestad no es arbitraria, pues tales medidas deben adoptarse de manera motivada,
ponderada y proporcional a la situación concreta7. Al respecto, se advierte que, de
acuerdo con la actora, existe una premura para resolver la causa objeto de estudio,
empero esta supuesta urgencia debe ser resuelta a través de una decisión que
finalice el proceso. De ahí que, en el presente caso, la Subsección considera
adecuado emitir una determinación definitiva en el asunto de la referencia y no
resolverlo de manera provisional8.

Determinación del problema jurídico

14. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela concretamente, el
requisito de subsidiariedad, en relación con la queja primigenia del escrito de
amparo de la tutelante, conforme a la cual, no se le ha garantizado el derecho a la
participación política dentro del partido ecologista colombiano, a pesar de haber
obtenido la segunda votación en el año 2022, y respecto de supuestas omisiones
del Consejo Nacional Electoral en la adopción de decisiones para garantizar el
derecho a la participación e impedir la doble militancia.

15. Para resolver el primer problema, se reiterará el precedente sobre procedencia
de la acción de tutela contra determinaciones del Consejo Nacional Electoral.

5
Corte Constitucional, Sentencia T-440 de 2003 y Autos 049 de 1995.
6
Corte Constitucional, Autos 419 de 2017, 380 de 2010, 350 de 2010.
7
Corte Constitucional, Auto 916 de 2024.
8
En la Sentencia T-103 de 2018

Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: María Inés Villafaña Julio
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones del Consejo
Nacional Electoral

16. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el medio de amparo es residual
y subsidiario ante otros medios de defensa judicial, razón por la cual, el artículo 6
del decreto 2591 de 1991 señala que, los tutelantes, antes de acudir al medio
constitucional deberán agotar todos los medios de defensa judiciales a su
disposición incluyendo los ordinarios y los extraordinarios.

17. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 6 del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es procedente (i)
de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos
y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y, (ii) de
manera transitoria cuando se interpone para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en contra de un derecho fundamental. En este último caso, la
protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte
del juez ordinario.

18. Respecto a las decisiones administrativas del Consejo Nacional Electoral, la
jurisprudencia constitucional9 ha indicado que estas son pasibles de los medios de
control de nulidad electoral o de nulidad con restablecimiento del derecho. Ha
indicado la Corte en la Sentencia T-392 de 2025, acción de tutela dirigida contra
una actuación del CNE:

“(…) la acción de tutela en contra de actos administrativos es, por regla general,
improcedente. Esto es así porque el medio de control de nulidad cuenta con un
régimen de medidas cautelares robusto y garantista. Sin embargo, en caso de
que se evidencie que (i) el medio no es idóneo o efectivo o que (ii) puede
configurarse un perjuicio irremediable, será procedente el amparo.

19. En aquella tutela T-392 de 2025, se resolvió una acción de tutela contra una
resolución proferida por el Consejo Nacional Electoral. En la decisión se indicó que,
el medio judicial procedente para cuestionar la resolución era el ordinario, en el caso
concreto el de nulidad simple, por el tipo de acto que se cuestionaba. La Corte
explicó que ese mecanismo es idóneo y eficaz, porque permite discutir vicios como
la expedición irregular del acto, la falta de competencia, el desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa o la desviación de poder, y además autoriza solicitar
medidas cautelares, incluso la suspensión provisional del acto acusado. En el caso
estudiado, la accionante pretendía cuestionar la Resolución 949 de 2025 del
Consejo Nacional Electoral, pero la Corte concluyó que la tutela no cumplía el
requisito de subsidiariedad, porque la misma actora ya había promovido el medio
de control de nulidad ante el Consejo de Estado y allí había solicitado medidas
cautelares, sin que se acreditara, además, la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención transitoria del juez constitucional. Por
ello, la Corte sostuvo que la tutela no puede emplearse como un mecanismo
alternativo o paralelo para desplazar al juez natural de la legalidad de los actos del

9
Corte Constitucional Sentencia T-270 de 2024 y T-392 de 2025

Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: María Inés Villafaña Julio
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Análisis del caso concreto

20. En el caso sub-lite se verifica que, el 15 de diciembre de 2025, la actora dirigió
escrito al Consejo Nacional Electoral, en el que denunció la vulneración de su
“derecho a la participación política y la infracción de la democracia interna del
partido político ecologista colombiano y la posible doble militancia de congresista”.
Indicó que fue excluida de la integración de la Asamblea del partido político y que el
congresista Miguel Abraham Polo Polo estaba incurso en la doble militancia. Ello
produjo que el 4 de febrero de 2026, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral
profiriera la Resolución 0795 de 2026 en la que estudió el escrito de la tutelante.

21. En dicha resolución se estudió si el mencionado congresista estaba impedido
para inscribir su candidatura para la elección del 8 de marzo de 2026. Se negó la
petición realizada por la actora relacionada con la eventual doble militancia de la
candidatura, y se ordenó notificar la decisión. Si la peticionaria estimaba que dicha
decisión no se pronunció sobre su denuncia sobre su no inclusión en la asamblea
del partido político y la vulneración de la democracia interna tiene a su disposición
los medios judiciales ordinarios de defensa como es el de nulidad electoral previsto
en el artículo 275 de la ley 1437 de 2011, el cual para la fecha de la aprobación de
esta sentencia resulta procedente su ejercicio. Además, como lo indicó la sentencia
T-392 de 2025, dentro del mismo proceso contencioso resulta procedente solicitar
las medidas cautelares de urgencia previstas en los artículos 234 y subsiguientes.

22. En esa medida, respecto de la solicitud de amparo formulada en relación con el
Consejo Nacional Electoral, se confirmará la sentencia de primera instancia, en
cuanto declaró improcedente la tutela por existir actualmente un mecanismo judicial
pendiente de agotarse. Además, se insiste en que no se advierte la existencia de
un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional para desplazar al juez
electoral. La tutelante sostiene que el evento electoral del 8 de marzo de 2026, en
el que, según afirma, el Partido Ecologista Colombiano no alcanzó el umbral mínimo
de votos, configura un perjuicio irremediable. Sin embargo, tal circunstancia no tiene
esa entidad, toda vez que la eventual cancelación de la personería jurídica derivada
del resultado electoral constituye, en todo caso, un trámite de competencia del
Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 264, numeral 9, y 108
de la Constitución Política, el cual, además, se encuentra sometido al control judicial
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

23. Adicionalmente, para esta Sala no escapa que, en el escrito de amparo la actora
cuestiona decisiones del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Fernando
Ríos Hidalgo Elguera y del Consejo Nacional Electoral respecto de su exclusión de
los órganos directivos de la organización política. En el escrito de impugnación
presenta situaciones diferentes relacionadas con las consecuencias del evento
electoral del pasado 8 de marzo de 2026 conforme al cual, según la afirmación de
la impugnante el partido ecologista colombiano no alcanzó el umbral motivo por el
cual, perderá la personería jurídica. Por ello solicita al juez de tutela de segunda
instancia que, profiera medida cautelar de urgencia para impedir dicha
determinación de extinción.

Radicación número: 47001-23-33-000-2026-00044-01
Accionante: María Inés Villafaña Julio
Accionado: Consejo Nacional Electoral y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

24. A criterio de este juez de amparo en sede de segunda instancia, los motivos
expresados sobre las consecuencias del evento electoral del pasado 8 de marzo de
2026 no constituyen un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez
de tutela, toda vez que no aportó prueba sumaria de que se haya iniciado el trámite
administrativo de cancelación de la personería jurídica y no se aportó medio de
prueba que evidencia la supuesta inminencia de la determinación. La actora se
limitó a anticipar esa consecuencia si aportar medio de prueba alguno sobre que se
haya iniciado el referido procedimiento. Esa supuesta situación escapa a la petición
de amparo relacionado con la garantía del derecho a la participación de la tutelante
dentro de la estructura política que se convirtió en el partido político ecologista
colombiano.

25. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, en tanto, el
cuestionamiento principal y central del escrito de amparo es la omisión de acciones
del Consejo Nacional Electoral respecto a la petición de protección que elevó el 15
de diciembre de 2025 y que llevó a la resolución de 4 de febrero de 2026 proferida
por la sala plena de esa autoridad. Si dicha resolución incurrió en omisiones
respecto de los hechos denunciados, es facultad de la actora acudir a los jueces
administrativos a través de los medios judiciales previstos en la ley 1437 de 2011.
Por lo anterior se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de marzo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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VF

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