Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00050-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00050-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2026-00050-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 47001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: GISELLYS PAOLA QUIÑONEZ GRANADOS
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SANTA MARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Auto acumulación de procesos
(duplicidad procesal). Defecto procedimental absoluto, exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del principio de lealtad procesal.
Improcedencia por proceso en curso
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra la sentencia de 5 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia e igualdad procesal, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1 AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA e IGUALDAD PROCESAL, a la señora
GISELLYS PAOLA QUIÑONEZ GRANADOS.
2. DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 16 de febrero de 2026 proferido por
el JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (sic) DE DE SANTA
MARTA (Rad. 2025-00211).
3. ORDENAR al juzgado accionado que proceda a resolver sobre la
improcedencia por LITISPENDENCIA, respetando la preclusión y seguridad
jurídica del proceso original.
4. MEDIDA CAUTELAR: Suspender la remisión física y digital del expediente
2025-00211 hasta que se falle esta acción, para evitar un perjuicio irremediable
en la celeridad del proceso original”.
1
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Accionante: Gisellys Paola Quiñonez Granados
2. Hechos
La accionante relató que el 8 de marzo de 2023 radicó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que correspondió por
reparto administrativo al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa
Marta2, la cual fue admitida el 21 de septiembre de ese año, decisión en la cual
también se ordenó vincular como parte interesada a la señora Luz Marina Castillo
Sánchez3 y Enny Ropain Miranda4.
Indicó que, posteriormente, por redistribución de la carga laboral entre los Juzgados
Administrativos del Distrito Judicial del Magdalena, con motivo de la apertura de un
nuevo despacho judicial, el expediente fue remitido al Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Santa Marta que por auto del 16 de junio de 2024, avocó
conocimiento del asunto.
Explicó que la señora Luz Marina Castillo Sánchez, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta, acceso
al expediente digital como a la notificación de la demanda, despacho que mediante
providencia de 6 de febrero de 2025 la declaró notificada por conducta concluyente
con reconocimiento de personería a su mandatario. Sin embargo, la citada señora
no ejerció su derecho de defensa.
Manifestó que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta por auto
de 9 de julio de 2025, al no haber excepciones previas por resolver, fijó fecha para
la celebración de la audiencia inicial el 16 de septiembre de 2025, diligencia que
reprogramó por motivos administrativos para el 16 de octubre de 2025, día en que
nuevamente no pudo instalarse la diligencia por un inconveniente técnico.
Narró que, por otro lado, la señora Luz Marina Castillo Sánchez, con su apoderado
Andrés Alberto Sánchez Lara, presentaron demanda el 15 de septiembre de 2025
con identidad de hechos, partes y pretensiones (mismo objeto y causa), que
correspondió por reparto administrativo al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Santa Marta bajo el radicado 47001-33-33-001-2025-00211-00.
Expresó que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta por auto
de 5 de noviembre de 2025, ordenó verificar si se configuraba la duplicidad
procesal.
Afirmó que por auto de 12 de febrero de 2026, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Santa Marta ordenó “la acumulación del expediente de la referencia5
con el proceso radicado con el número 47001333300120230009200, que cursa en
el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta” por lo que dispuso que
1
Con la pretensión de declarar la nulidad de la Resolución núm. PS-0881 de 23 de agosto de 2022, en la que
se negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional causada por el fallecimiento del señor Jaime Rafael
Granados Gómez (q.e.p.d).
2
Con número de radicado 47001-33-33-001-2023-00092-00
3
quien afirmó ser compañera permanente.
4
quien afirmó ser la cónyuge supérstite
5
El radicado no. 47001-33-33-001-2025-00211-00.
2
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Secretaría remitiera el expediente del proceso al citado Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Santa Marta.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de tutela contra providencia judicial. Sobre el cumplimiento de los requisitos
especiales, explicó que la decisión objeto de tutela incurrió en defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del principio
de lealtad procesal.
En lo concerniente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto consideró
que se configuró porque el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa
Marta ordenó la acumulación de procesos pese a que el proceso receptor ya había
superado el límite temporal previsto en el artículo 148 numeral 3 del Código General
del Proceso, toda vez que desde el 9 de julio de 2025 se había fijado fecha para la
audiencia inicial. Sostuvo que dicha decisión desconoció una etapa preclusiva de
carácter obligatorio y revivió una oportunidad procesal ya clausurada, lo que implicó
que el despacho accionado actuara al margen del procedimiento legalmente
establecido y desbordara su competencia funcional al modificar la estructura de un
proceso que ya había consolidado su fase de oralidad.
Asimismo, la actora estimó configurado un defecto por exceso ritual manifiesto y
vulneración al principio de lealtad procesal, porque el juzgado accionado utilizó la
figura de la acumulación para convalidar una actuación que, en su criterio,
constituyó una maniobra de duplicidad procesal.
Indicó que la señora Luz Marina Castillo Sánchez dejó vencer el término para
contestar la demanda en el proceso original y, posteriormente, promovió una nueva
demanda con identidad de hechos para recuperar una oportunidad de defensa ya
fenecida. Afirmó que, pese a las advertencias sobre la litispendencia y la presunta
mala fe procesal, el despacho permitió la acumulación y omitió rechazar la nueva
demanda, lo que, según expuso, premió una conducta desleal, afectó la igualdad
de armas y desconoció la seguridad jurídica y la confianza legítima de la
demandante en las decisiones previamente adoptadas dentro del proceso.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa
Marta
A través del secretario, sostuvo que la acumulación de procesos resultó procedente
porque ambos trámites tenían pretensiones conexas y partes recíprocamente
enfrentadas en torno al reconocimiento de la sustitución pensional causada por la
muerte de Rafael Granados Gómez.
Explicó que el proceso promovido por la señora Luz Marina Castillo Sánchez aún
no había sido admitido ni contaba con fecha para audiencia inicial, razón por la cual
consideró aplicable el artículo 148 del Código General del Proceso y estimó viable
ordenar la acumulación al proceso más antiguo que cursaba ante el Juzgado Doce
Administrativo de Santa Marta. En ese sentido, afirmó que la limitación temporal
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prevista en dicha norma debía analizarse respecto del proceso que se encontraba
bajo su conocimiento y no frente al expediente receptor, por lo que concluyó que la
decisión cuestionada se ajustó a derecho.
4.2. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta
El titular del despacho indicó que el trámite del proceso se desarrolló conforme a
las etapas legales y explicó que, tras la redistribución ordenada por el Consejo
Seccional de la Judicatura, asumió el conocimiento del asunto, reconoció la
notificación por conducta concluyente de la señora Luz Marina Castillo Sánchez y
fijó fecha para audiencia inicial, la cual posteriormente se reprogramó por
circunstancias administrativas y no pudo realizarse debido a inconvenientes
técnicos ajenos al despacho. Asimismo, indicó que, ante la advertencia de la
existencia de otro proceso con identidad de partes, hechos y pretensiones, solicitó
la remisión del expediente correspondiente para verificar la situación procesal y,
posteriormente, recibió el proceso acumulado remitido por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Santa Marta.
Con fundamento en ello, afirmó que no incurrió en mora judicial injustificada ni
vulneró el debido proceso, pues adelantó las actuaciones necesarias dentro de los
parámetros legales y solicitó declarar improcedente la acción de tutela o negar sus
pretensiones.
4.3. Respuesta de la señora Luz Marina Castillo Sánchez y el señor Andrés
Alberto Sánchez Lara (vinculados)
Quien afirmó ser el apoderado de la señora Luz Marina Castillo Sánchez en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y actuar en nombre propio,
solicitó declarar improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplió los
requisitos generales y específicos de procedibilidad exigidos para cuestionar
providencias judiciales, especialmente los de subsidiariedad, incidencia de la
irregularidad procesal e identificación previa del defecto alegado.
Sostuvo que la accionante contaba con mecanismos ordinarios de defensa dentro
del proceso en el que se decretó la acumulación y que, por tanto, podía controvertir
dicha decisión ante el juez natural. Asimismo, afirmó que la nueva demanda
promovida por su representada no pretendió revivir términos de contestación ya
vencidos, sino reclamar mediante acción independiente la porción pensional que
estimó corresponderle como compañera permanente del causante, razón por la
cual consideró ajustada y razonable la decisión de acumular ambos procesos para
que fueran resueltos conjuntamente por el mismo despacho judicial.
4.4. La señora Enny Raquel Ropaín Miranda y su apoderado judicial, aun
cuando fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia de 5 de marzo de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que, aunque el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta ordenó la remisión del
expediente para efectos de una eventual acumulación, el Juzgado Doce
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Administrativo del Circuito de Santa Marta -autoridad competente para decidir sobre
dicha acumulación-, todavía no había adoptado una determinación definitiva al
respecto, razón por la cual no existía una afectación real de los derechos
fundamentales invocados.
Precisó que la tutela contra providencias judiciales únicamente procedía cuando la
irregularidad procesal tuviera incidencia decisiva y produjera una afectación
efectiva de derechos fundamentales, conforme a los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005.
En ese sentido, concluyó que, al no haberse ejecutado aún la acumulación ni
haberse retrotraído etapas procesales, reabierto términos o alterado el trámite del
proceso principal, la controversia permanecía en el plano de una eventualidad
futura y carecía de relevancia constitucional suficiente para habilitar la intervención
del juez de tutela.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en error al declarar improcedente el amparo
bajo el argumento de que la afectación alegada aún no se había materializado.
Sostuvo que la vulneración sí resultó actual y consumada desde el momento en
que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta ordenó la
remisión del expediente el 20 de febrero de 2026, pues dicha actuación despojó
materialmente al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta de la
competencia sobre el proceso principal y paralizó el trámite que ya se encontraba
avanzado. Indicó que la tutela procedía excepcionalmente contra actos de trámite
cuando estos impedían la continuidad del proceso bajo garantías constitucionales,
conforme a la Sentencia T-211 de 2021.
Asimismo, afirmó que el auto del 16 de febrero de 2026 incurrió en defecto
procedimental absoluto porque interpretó erradamente el artículo 148 del Código
General del Proceso, al considerar suficiente que el proceso nuevo no tuviera
audiencia inicial fijada, pese a que el expediente receptor ya había superado dicha
etapa desde el 9 de julio de 2025.
Señaló que, desde esa fecha, el juez perdió competencia temporal para decretar la
acumulación y que la decisión revivió una etapa procesal precluida desde hacía
varios meses. También alegó vulneración al principio de seguridad jurídica y al
derecho al juez natural, debido a que la acumulación favoreció un proceso posterior
en detrimento de otro ya consolidado.
Finalmente, sostuvo que el tribunal desconoció la presunción de veracidad prevista
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, porque valoró un informe rendido
extemporáneamente por el juzgado accionado, lo que, en su criterio, afectó la
igualdad procesal y condujo a negar indebidamente el amparo solicitado.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si debe revocar la sentencia de 5 de marzo de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional para en su lugar, conceder el amparo en los términos propuestos por
la parte demandante.
3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
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en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
7
corrección de las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
8
jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
9
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Gisellys Paola Quiñonez Granados, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, sostiene que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Santa Marta vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la justicia e igualdad procesal, al ordenar la acumulación del proceso de su
conocimiento (47001333300120250021100) con el proceso radicado bajo el núm.
47001333300120230009200, que cursa en el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Santa Marta.
El Tribunal Administrativo del Magdalena declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que al no haberse ejecutado aún la acumulación ni haberse retrotraído
etapas procesales, reabierto términos o alterado el trámite del proceso principal, la
controversia permanecía en el plano de una eventualidad futura y carecía de
relevancia constitucional suficiente para habilitar la intervención del juez de tutela.
Inconforme con la decisión, la parte actora presentó escrito de impugnación por
cuanto, a su juicio, el Tribunal Administrativo del Magdalena erró al declarar
6
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
7
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
8
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P
Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
9
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
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improcedente la acción de tutela bajo el argumento de que la afectación alegada
aún no se había materializado, pues sostuvo que el perjuicio sí resultó actual desde
la remisión del expediente ordenada el 20 de febrero de 2026, actuación que, en su
criterio, despojó al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta de la
competencia sobre el proceso principal y paralizó el trámite ya avanzado.
Asimismo, afirmó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa
Marta incurrió en defecto procedimental absoluto, al decretar una acumulación
extemporánea pese a que el proceso receptor ya tenía fijada audiencia inicial desde
el 9 de julio de 2025, lo que implicó revivir una etapa precluida y desconocer el
artículo 148 del Código General del Proceso.
Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión que
declaró improcedente la solicitud de amparo, pero porque la acción de tutela no
cumple con el requisito de la subsidiariedad.
En efecto, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de
los supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos
casos en los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un
mecanismo judicial en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de
un perjuicio irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como
mecanismo transitorio.
Así las cosas, la Sala observa que la acción de tutela promovida por la parte
demandante es improcedente, en tanto para el momento que se presentó la solicitud
de tutela -23 de febrero de 2026- los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho se encontraban en trámite, de hecho, tal como fue considerado por el a
quo, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta ni siquiera había
decidido si aceptaba o no la acumulación propuesta por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Santa Marta.
Es decir, la acción de tutela se promovió de manera paralela al proceso ordinario
sin que se evidenciara una decisión que pusiera fin al proceso o siquiera que
resolviera sobre la acumulación, lo que permite concluir que se desatendió el
carácter residual y subsidiario de este mecanismo de protección constitucional de
derechos fundamentales.
En este punto, es importante precisar que aun cuando verificado el Sistema para la
Gestión Judicial Samai10 se advierte que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito
de Santa Marta por auto de 16 de abril de 2026, decidió negar la acumulación, ello
no obsta para considerar que la verificación del requisito objetivo de subsidiariedad
contra las providencias objetadas se debe realizar con los elementos fácticos
existentes para la presentación de la solicitud de amparo11. De ahí que se concluya
que, para el 23 de febrero de 2026, no se había dictado una decisión que resolviera
sobre la acumulación.
10
Aplicativo Samai índice 00067 auto 16/04/26. Niega acumulación 20:35.17. Fija Estado.
11
Ver entre otras la sentencia de 5 de marzo de 2026, 11001-03-15-000-2026-00212-00 CP Luis Antonio
Rodríguez Montaño.
8
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La Corte Constitucional en la sentencia T-140 de 2023, precisó que la verificación
de los requisitos generales de procedencia cuando se cuestiona una providencia
judicial se debe realizar para el momento en el que se presentó la solicitud de tutela,
pues de lo contrario se suprimiría el requisito previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en virtud del cual “esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, supuesto último que no
se demostró en esta oportunidad, pues la parte actora no advirtió ni probó la
existencia de una situación grave, urgente, impostergable e inminente que requiriera
la intervención inmediata del juez de tutela. En esa ocasión sostuvo:
“Ahora bien, respecto de este requisito, es importante anotar que, por regla general, la
tutela resulta improcedente contra sentencias cuando es utilizada como mecanismo
alterno a los procesos judiciales consagrados por la ley o cuando se pretende reabrir
términos procesales por no haberse interpuesto oportunamente los recursos dispuestos
por el Legislador. Así, la subsidiariedad implica haber recurrido a las instancias,
solicitudes y recursos que las partes tengan a su disposición, para concluir que, aparte
de la acción de tutela, ya el demandante no cuenta con otra forma de defensa”.
Valga recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con sustento en el
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional está
vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
12
interior del trámite ordinario” .
Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no cumplió el requisito
de subsidiariedad para el momento en el que fue interpuesta, en tanto se presentó
paralelamente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que no se
había dictado una decisión definitiva, y tampoco se había decidido la acumulación
propuesta por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, lo que
desconoció su carácter residual y subsidiario, por lo que no podía erigirse de manera
simultánea a los medios previstos en el ordenamiento jurídico. Es decir, por regla
general no se puede acudir a ella cuando el interesado ha acudido a otro medio de
defensa judicial ante el juez natural, salvo que se demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable.
13
De conformidad con la jurisprudencia constitucional , “si bien por regla general la
tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite
procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de
defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los
cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar
12
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
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Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionante: Gisellys Paola Quiñonez Granados
excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez
constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración”.
En el asunto bajo estudio, la Sala observa que la parte actora no invocó la
configuración de un perjuicio irremediable y si bien afirma que con la decisión se
vulneraron sus derechos fundamentales y el juez perdió competencia temporal para
decretar la acumulación dado que la decisión revivió una etapa procesal precluida
desde hacía varios meses, ello constituye valoraciones subjetivas que no tienen
respaldo probatorio ni la connotación de irremediable, más aún cuando, se insiste,
el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta no había resuelto sobre
la procedencia o no de la acumulación.
Finalmente, en lo que atañe al reproche de impugnación por la valoración de un
informe presentado de manera extemporánea, corresponde a la Sala indicar que
esa inconformidad no resulta de recibo, toda vez que la acción de tutela se rige por
los principios de informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia en la
protección de los derechos fundamentales, razón por la cual el juez constitucional
no se encuentra sometido a un rigorismo procesal estricto en materia probatoria.
En ese sentido, el hecho de que el informe rendido por el despacho accionado se
hubiera allegado con posterioridad al término inicialmente concedido no impedía su
valoración, pues corresponde al juez de tutela examinar integralmente todos los
elementos de juicio relevantes para adoptar una decisión de fondo ajustada a la
realidad procesal y orientada a la efectiva garantía de los derechos fundamentales
comprometidos.
Así, la valoración de dicho informe no configuró vulneración del principio de
igualdad procesal ni desconocimiento de la presunción de veracidad prevista en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta de que esta figura no opera
de manera automática o absoluta y no releva al juez constitucional de su deber de
verificar los hechos, recaudar los elementos necesarios y adoptar una decisión
fundada en el análisis integral del expediente y de las manifestaciones efectuadas
por las partes y autoridades vinculadas al trámite tutelar.
En consecuencia, al quedar demostrada la inobservancia del requisito de la
subsidiariedad, resulta del caso confirmar la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en sentencia de 5 de marzo de 2026.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 5 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones aquí expuestas.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 47001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Gisellys Paola Quiñonez Granados
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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