RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2026-00079-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00079-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00079-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2026-00079-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

21 de mayo de 2026

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta
Tema: Derecho de petición

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 13 de abril de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional promovida por
el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de marzo de 2026, Jorge Francisco Nieto Rodríguez interpuso acción de tutela
contra el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Que se verifique y se informe de manera inmediata si Julio Bonilla Rodelo remitió
el registro fotográfico del poste ubicado en la Diagonal 5B Nº 23-16 del Barrio la
Esperanza.

2. Que se verifique y se informe de manera inmediata si el Secretario de Planeación e
Infraestructura del Municipio de Fundación realizó la visita técnica a los postes ubicados
en la Carrera 21 Nº 17-36 y la Diagonal 5B Nº 23-16, y elaboró el registro fotográfico
correspondiente.

3. Que, en caso de que no se haya cumplido alguna de estas órdenes, se adopten las
medidas necesarias para garantizar su cumplimiento efectivo, protegiendo la
seguridad de la comunidad y la administración de justicia.

4. Que se informe por escrito al suscrito sobre el estado de cumplimiento de la providencia,
con copia al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, para su
seguimiento oficial.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores Ruben Luis Cera Martínez y Daimer Elías Dangond de La Cruz
promovieron medio de control de derechos e intereses colectivos contra el municipio
de Fundación y Electricaribe S.A. E.S.P., con el fin de que se les amparara los

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa
de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad pública, el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles, los derechos de los consumidores y los usuarios.

En consecuencia, pidieron que se ordenara a las accionadas reemplazar los postes
de alumbrado público ubicados en la diagonal 5B frente a la casa con dirección No.
23-16 en el barrio La Esperanza y en la carrera 21 frente a la casa con nomenclatura
No. 17-36 del barrio Francisco de Paula Santander, en el municipio de Fundación.

El Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta conoció del medio de control
identificado con los radicados 47-001-3333-006-2010-00858-00 y 47-001-3333-006-
2010-00859-00, acumulados, y mediante sentencia de 18 de noviembre de 2019,
accedió a las pretensiones de la demanda1.

El señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, quien manifestó que es ciudadano del
municipio de Fundación, pero no fue parte dentro del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos, presentó petición, el 4 de marzo de 2026, ante el
Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, en el que solicitó información
relacionada con el estado de cumplimiento de la providencia proferida dentro del
medio de control antes referido.

En la petición indicó que, mediante auto de 1° de junio de 2017, el Juzgado Sexto
Administrativo de Santa Marta dispuso:

«1. Que Julio Bonilla Rodelo, Gerente de Electricaribe, remitiera un registro fotográfico
actualizado del poste ubicado en la Diagonal 5B Nº 23-16 del Barrio la Esperanza,
Municipio de Fundación.

2. Que el Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Fundación de
ese entonces, realizara la visita técnica a los postes ubicados en la Carrera 21 Nº 17-36 y
la Diagonal 5B Nº 23-16, en compañía de un técnico especializado, y dejara un registro
fotográfico actualizado del estado de los postes.»

Indicó que, hasta la fecha, el actor desconoce si las referidas órdenes se cumplieron,
lo cual le genera «(…) incertidumbre sobre el estado actual de los postes y, además,
evidencia un posible incumplimiento de las decisiones judiciales que afectan a la
comunidad».

1
En la parte resolutiva de la providencia se dispuso:
«PRIMERO.- CONCEDER el amparo al derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente deprecado en la demanda en contra del MUNICIPIO DE FUNDACIÓN y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.,
según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE FUNDACIÓN y a ELECTRICARIBE S.A E.S.P. que dentro de un (1) mes
siguiente a la ejecutoria de este fallo, procedan a realizar el remplazo del poste ubicado sobre la Diagonal 5B frente al
inmueble con nomenclatura No. 23-16 del barrio La Esperanza del municipio de Fundación, según lo expuesto en la
parte motiva.

TERCERO: CONFORMAR un comité de verificación para el cumplimiento de ésta sentencia integrado por la parte
actora, el Defensor del Pueblo o su delegado, el Gerente de ELECTRICARIBE S.A. o su delegado, el ALCALDE
MUNICIPAL DE FUNDACIÓN o su delegado y el Personero Municipal de Fundación, quienes verificarán el cabal
cumplimiento de lo que en esta providencia se ordena. Dicho Comité debe constituirse dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del presente proveído y deberá presentar informes mensuales de lo acontecido hasta el
cumplimiento total de lo ordenado. Líbrense las comunicaciones pertinentes por Secretaría.

CUARTO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de DOLMEN SA ESP, según lo expuesto en la
parte motiva.

QUINTO: DENEGAR las restantes pretensiones de la demanda, por los motivos
expuestos en la parte motiva.»

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor señaló que, como ciudadano del municipio de Fundación, le interesa conocer
el estado del cumplimiento de la providencia porque «afecta la seguridad de la
comunidad y la correcta ejecución de la justicia», conforme con lo previsto en los
artículos 7 y 14 de la Ley 1755 de 2015, en los que se reconoce el derecho de
cualquier ciudadano a acceder a información pública y exigir respuesta de las
autoridades cuando existan actos que afecten derechos colectivos o el interés general.

Precisó que, aunque han transcurrido varios años desde la emisión de la providencia,
el derecho al cumplimiento de una orden judicial no está sujeto a caducidad. En tal
sentido, precisó que la Constitución y la ley lo habilitan, como ciudadano, para
intervenir a fin de verificar «(…) si la justicia se está cumpliendo, y solicitar que se
adopten las medidas necesarias para su cumplimiento».

4. Trámite previo

El 24 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la acción
de tutela y ordenó notificar al accionado, esto es, al Juez Sexto Administrativo del
Circuito de Santa Marta.
5. Oposición

El Juez Sexto Administrativo de Santa Marta solicitó que se declarara la carencia
actual de objeto por hecho superado, porque la presunta vulneración del derecho de
petición fue subsanada con la respuesta dada a la solicitud.

Precisó que, a través de la secretaría del despacho, revisó los archivos físicos y
digitalizados que tenía a cargo y encontró que el expediente sobre el cual versa la
solicitud del accionante se encontraba archivado y fue remitido en físico al Archivo
Central de la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial de Santa Marta.

Indicó que, con el propósito de atender la solicitud y determinar la actuación
procedente, el 26 de marzo de 2026, realizó la solicitud de copia de los expedientes
con radicación 47-001-3333-006-2010-00858-00 y 47-001-3333-006-2010-00859-00
(acumulados), a la Oficina Judicial de Santa Marta y al Archivo Central, sin que a la
fecha este despacho judicial haya recibido los expedientes solicitados. Señaló que,
una vez reciba los citados expedientes, le informará al accionante sobre lo consultado
en relación con el cumplimiento del fallo de la acción popular en referencia.

Señaló que el 8 de abril de 2026 dio respuesta a la petición presentada por el señor
Jorge Francisco Nieto Rodríguez, relacionada con el estado de los expedientes
identificados con los radicados 47-001-3333-006-2010-00858-00 y 47-001-3333-006-
2010-00859-00 (acumulados), en la cual expuso la situación previamente descrita.
Dicha respuesta fue remitida al correo electrónico de notificaciones
tachinieto@hotmail.com.

6. Sentencia de primera instancia

El 13 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de
tutela de primera instancia, en la cual la declaró improcedente por considerar que se
trata de una solicitud anticipada.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

Afirmó que no se vulneró el derecho fundamental de petición ni el de acceso a la
administración de justicia, pues la tutela fue presentada de manera anticipada, cuando
aún no había vencido el término legal para responder la solicitud elevada el 4 de marzo
de 2026.

Señaló que, el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta actuó con la debida
diligencia al informar el estado de archivo del expediente, adelantar gestiones para su
localización y comunicar oportunamente al peticionario dichas actuaciones, lo que
constituye una respuesta material y de fondo. Asimismo, no se evidencia afectación
del derecho de acceso a la justicia, dado que el actor no era parte en el proceso sobre
el cual solicitó información y su inconformidad se circunscribe al ámbito del derecho
de petición.

7. Impugnación

El actor impugnó el fallo de primera instancia, reiterando los argumentos del escrito
de tutela.

Además, refirió que, los hechos que dieron origen al recurso de amparo tienen
sustento en el ejercicio del control ciudadano sobre el cumplimiento de una sentencia
de acción popular proferida en el año 2017 (sic) por el Juzgado Sexto Administrativo
de Santa Marta, dentro de procesos acumulados contra el Municipio de Fundación y
Electricaribe S.A. E.S.P., relativos a la verificación del estado de infraestructura
pública.

Aseguró que, la sentencia impuso órdenes concretas, como la realización de visitas
técnicas y la remisión de registros fotográficos, a cargo de autoridades y entidades
específicas. Que, con el fin de verificar su cumplimiento, el 4 de marzo de 2026
presentó el derecho de petición solicitando información precisa sobre dichas
actuaciones; sin embargo, el juzgado se limitó a informar el estado de archivo del
expediente y las gestiones para obtener copias, sin pronunciarse de fondo sobre el
cumplimiento de las órdenes judiciales, omisión que se reiteró el 8 de abril de 2026.

Adujo que, ante la falta de respuesta sustancial a su solicitud, promovió la acción de
tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y de
acceso a la administración de justicia.

Alegó que el fallo de primera instancia desnaturalizó el objeto real de la petición al
tratarla como una simple solicitud administrativa, cuando en realidad se orientaba al
ejercicio de control ciudadano sobre el cumplimiento de una sentencia de acción
popular. Precisó que la solicitud era concreta y referida a obligaciones judiciales
específicas a cargo de varias autoridades y entidades, lo que exigía un estándar
reforzado de respuesta.

Además, señaló que el a quo incurrió en un error al limitar el análisis del derecho de
petición a un criterio meramente temporal, sin verificar si la respuesta fue clara,
congruente y de fondo, pese a que el juzgado se limitó a informar el archivo del
expediente sin pronunciarse sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Insistió en la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, al
desconocer el derecho ciudadano a vigilar la ejecución de sentencias en acciones
populares, aun sin ser parte procesal. Finalmente, aseguró que existió una motivación
insuficiente y una contradicción interna de la sentencia, pues reconoce la existencia

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

de la petición y la respuesta, pero concluye que no hubo vulneración de derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por
considerar que se radicó de manera anticipada.

La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Al efecto, la Sala se referirá al derecho de petición y al análisis del caso concreto.

(ii) Del derecho fundamental de petición

De conformidad con lo anterior, en el marco del artículo 23 de la Constitución Política,
toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y
también ante organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular, así
como a obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata,
según el artículo 85 de la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos, tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social y el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario2.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa

2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”3. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”4.

Para que la respuesta sea efectiva, debe expedirse oportunamente, resolver de fondo
la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y notificarse al peticionario.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.

Caso concreto

El señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez promovió la presente acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pese a que se trata de una petición
de información elevada por un ciudadano que, según lo reconoce el propio
demandante, no fue parte dentro de la acción popular cuyo cumplimiento pretende
verificar.

En tal condición, y en calidad de ciudadano del municipio de Fundación (Magdalena),
el 4 de marzo de 2026 elevó un derecho de petición ante el Juzgado Sexto
Administrativo de Santa Marta, mediante el cual solicitó información sobre el
cumplimiento de las órdenes impartidas dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos radicado bajo los números 47-001-3333-006-2010-
00858-00 y 47-001-3333-006-2010-00859-00. Aunque precisó que no era parte dentro
de dicho proceso, manifestó que, a la fecha de interposición del recurso de amparo,
no había recibido una respuesta de fondo por parte del despacho judicial.

El a quo declaró improcedente la acción de tutela al considerar que fue promovida de
manera anticipada, en la medida en que la solicitud fue presentada el 4 de marzo de
2026, cuando aún no se había vencido el término legal con el que contaba la autoridad
judicial para dar respuesta al derecho de petición elevado por el accionante. Según el
juez de primera instancia, al encontrarse vigente dicho plazo, no podía predicarse la
configuración de una vulneración al derecho fundamental de petición, razón por la cual
resultaba improcedente el amparo constitucional solicitado.

El actor impugnó la anterior decisión con fundamento en que: (i) no podía entenderse
que su solicitud fuera un mero derecho de petición, pues estaba orientada a obtener
el cumplimiento de la orden dada dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos; y, (ii) la respuesta dada por el Juzgado no fue de
fondo respecto de su solicitud, pues el juzgado se limitó a informar el archivo del
expediente sin pronunciarse sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Para resolver el asunto, la Sala destaca las siguientes pruebas al expediente:

En primer lugar, se advierte que, mediante correo electrónico del 4 de marzo de 2026,
el accionante le solicitó al Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta lo siguiente:

«Solicitud de verificación de cumplimiento de sentencia – Acción Popular

Francisco Nieto, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.588.680, actuando en mi
condición de ciudadano, respetuosamente me permito manifestar:

3 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

Mediante sentencia proferida dentro de la acción popular de la referencia, ese despacho
resolvió, entre otras decisiones, ORDENAR al MUNICIPIO DE FUNDACIÓN y a
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. que dentro de un (1) mes siguiente a la ejecutoria del fallo
procedieran al reemplazo del poste ubicado sobre la Diagonal 5B frente al inmueble con
nomenclatura No. 23-16 del barrio La Esperanza del municipio de Fundación, así como la
conformación de un comité de verificación con presentación de informes mensuales hasta
el cumplimiento total de lo ordenado.

En la actualidad desconozco si dicha orden fue cumplida dentro del término señalado y si
el comité de verificación fue conformado y rindió los informes correspondientes.

Por lo anterior, respetuosamente solicito:

1. Se informe si la sentencia fue declarada cumplida en su totalidad.
2. Se indique si el comité de verificación fue conformado y si reposan en el expediente
los informes mensuales ordenados.
3. Se certifique el estado actual del proceso y si el mismo se encuentra archivado por
cumplimiento o en etapa de seguimiento.
4. En caso de no haberse acreditado el cumplimiento, se adopten las medidas de
verificación correspondientes conforme a la Ley 472 de 1998.

Lo anterior en ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia y atendiendo
la naturaleza pública de las acciones populares, que protegen derechos e intereses
colectivos.»

El 26 de marzo de 2026, el secretario del Juzgado solicitó a la Oficina Judicial de Santa
Marta y al Archivo Central el préstamo o copia del expediente acumulado, así:

«Muy respetuosamente se solicita remisión de COPIA del expediente acumulado
identificado con el RADICADO 2010-00589 Y 2010-00858 Demandante RUBEN LUIS
CERA MARTÍNES Y DAIMER ELÍAS DANGOND DE LA CRUZ. El cual se encuentra en
el archivo central, en la caja 246, planilla 246 del JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO
ORAL DE SANTA MARTA. del 11 de agosto de 2022.

SE ANEXA: formato de solicitud diligenciado – copia de la planilla de archivo 246, aportada
por el juzgado sexto administrativo de santa marta y constancia de recibido del 11 de
agosto de 2022.»

Posteriormente, el secretario del Juzgado, mediante oficio nro. 239 de 8 de abril de
2026, dio respuesta al tutelante, en los siguientes términos:

«En atención a la petición radicada mediante correo electrónico el 4 de marzo de 2026,
mediante la cual se solicita se informe sobre el estado actual y las actuaciones realizadas
en el proceso de la referencia, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Revisados los archivos físicos y digitalizados de esta Agencia Judicial, se encontró que el
expediente sobre el cual versa su solicitud se encuentra en estado de ARCHIVADO, el
cual fue remitido en físico al Archivo Central de la Dirección Seccional Ejecutiva de
Administración Judicial de Santa Marta.

No obstante, lo anterior, y con el propósito de atender su solicitud para efectos del acceso
al expediente, y determinar la actuación procedente, el 26 de marzo de 2026 se realizó la
solicitud de copia de los expedientes con radicación No. 47-001-3333-006-2010-00858-00
y 47-001-3333-006-2010-00859-00 (acumulados), a la Oficina Judicial de Santa Marta y al
Archivo Central, sin que a la fecha este despacho judicial haya recibido los expedientes
solicitados.

Una vez se reciban los citados expedientes, esta Agencia Judicial le informará sobre la
consulta por usted efectuada en relación con el cumplimiento del fallo de la acción popular
en referencia.»

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

Además, de la verificación efectuada en el sistema de consulta de procesos SAMAI,
se establece que, mediante auto del 27 de abril de 2026, el Juzgado dispuso el
desarchivo del expediente y, con fundamento en los poderes de dirección y
control del juez, convocó a audiencia de verificación de cumplimiento, en los
siguientes términos:

«En fecha 4 de marzo de 2026 el ciudadano FRANCISCO NIETO, presentó ante este
despacho, petición en la cual solicita:

“1. Se informe si la sentencia fue declarada cumplida en su totalidad.
2. Se indique si el comité de verificación fue conformado y si reposan en
el expediente los informes mensuales ordenados.
3. Se certifique el estado actual del proceso y si el mismo se encuentra
archivado por cumplimiento o en etapa de seguimiento.
4. En caso de no haberse acreditado el cumplimiento, se adopten las
medidas de verificación correspondientes conforme a la Ley 472 de
1998.
…”

En virtud de lo anterior, este despacho, solicitó al archivo central oficina Judicial de Santa
Marta, el 26 de marzo de 2026, emisión de COPIA del expediente acumulado identificado
con el RADICADO 2010-00589 y 2010- 00858 Demandante RUBEN LUIS CERA
MARTINEZ Y DAIMER ELIAS DANGOND DE LA CRUZ.

Mediante respuesta emitida el 8 de abril de 2026, el archivo central de Santa Marta, remitió
a este despacho el expediente solicitado.

II. CONSIDERACIONES

Con fundamento en el referente normativo y jurisprudencial citado, para dar respuesta
a la solicitud del ciudadano, y ejercer los poderes de dirección y control dados al juez,
y a adoptar, de ser necesario, las decisiones correctivas correspondientes, este despacho
citará a audiencia de verificación de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 18
de noviembre de 2019.

Por lo anterior, se requerirá al comité de verificación de cumplimiento, el cual se conformó
en el fallo referido, y que está integrado por la parte actora, el Defensor del Pueblo o su
delegado, el Gerente de ELECTRICARIBE S.A., su delegado o quien haga sus veces, el
ALCALDE MUNICIPAL DE FUNDACIÓN o su delegado y el Personero Municipal de
Fundación para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente
de haber recibido el correspondiente oficio, rindan informe sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el fallo de fecha 18 de noviembre de 2019, so pena de la imposición de las
sanciones sucesivas de rigor.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta:

RESUELVE

1. CONVOCAR al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia del 18 de
noviembre de 2019, para llevar a cabo audiencia de verificación de cumplimiento de la
sentencia, la que se llevará a cabo el día 15 de mayo de 2026 a las 10:30 A.M., a través
de la plataforma virtual Teams, y se podrá acceder a través del siguiente enlace:
(…)

2. REQUERIR a los integrantes del comité de verificación de cumplimiento del fallo y,
especialmente, al MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, para que en el término improrrogable de
tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber recibido el correspondiente
oficio, rinda informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de fecha 18 de
noviembre de 2019, so pena de la imposición de las sanciones sucesivas de rigor.»

En ese contexto, tal como lo sostuvo el a quo, el señor Nieto Rodríguez promovió la
acción de tutela cuando aún no había vencido el término legal de 15 días previsto en

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

el artículo 145 de la Ley 1755 de 2015 para que la autoridad requerida diera respuesta
a su solicitud. En efecto, el actor acudió de manera anticipada al juez constitucional,
sin que se hubiera configurado una omisión, renuencia o mora administrativa
susceptible de afectar su derecho fundamental de petición.

En esas condiciones, no es posible afirmar la existencia de una vulneración actual o
inminente de dicho derecho, pues el juzgado todavía se encontraba dentro del plazo
legal para pronunciarse. La tutela, entonces, fue ejercida de forma prematura,
desconociendo su carácter subsidiario y residual, lo cual conduce a su improcedencia,
en la medida en que el presunto agravio alegado no se había materializado al
momento de la interposición del amparo.

En todo caso, la Sala advierte que mediante la respuesta emitida el 8 de abril de 2026,
la autoridad judicial accionada informó de manera clara, suficiente y congruente el
estado de archivo en el que se encontraba el proceso objeto de consulta, así como
las gestiones adelantadas ante las dependencias competentes con el propósito de
obtener copia o lograr la remisión del expediente acumulado. Ello, con el fin de contar
con los insumos necesarios para verificar y comunicar al peticionario lo relativo al
cumplimiento de la orden impartida dentro del respectivo medio de control.

En tal sentido, dicha respuesta satisface los estándares exigidos por el parágrafo del
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, en la medida en que la autoridad explicó de forma
razonada las circunstancias que impedían brindar una respuesta definitiva e
inmediata, indicó las actuaciones efectuadas para superar tal situación y dejó claro
que el pronunciamiento final sobre lo solicitado dependía de la recepción del
expediente requerido, circunstancia que fue debidamente puesta en conocimiento del
interesado.

Ahora, en lo que respecta al alegato del actor, según el cual su pretensión está
encaminada a determinar el cumplimiento de la orden dada dentro del medio de
control de derechos e intereses colectivos, debe precisarse que, en la sentencia de
18 de noviembre de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, accedió a
las pretensiones y en el numeral tercero dispuso:

«TERCERO: CONFORMAR un comité de verificación para el cumplimiento de ésta
sentencia integrado por la parte actora, el Defensor del Pueblo o su delegado, el Gerente
de ELECTRICARIBE S.A. o su delegado, el ALCALDE MUNICIPAL DE FUNDACIÓN o su
delegado y el Personero Municipal de Fundación, quienes verificarán el cabal
cumplimiento de lo que en esta providencia se ordena. Dicho Comité debe constituirse
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente proveído y deberá
presentar informes mensuales de lo acontecido hasta el cumplimiento total de lo ordenado.
Líbrense las comunicaciones pertinentes por Secretaría.»

5
ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. «Salvo norma legal especial y so pena de
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida
a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si
en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe
informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto.»

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47-001-2333-000-2026-00079-01
Demandante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez

Al respecto, la Sala observa que el accionante cuenta con un mecanismo institucional
específico para verificar el cumplimiento de la sentencia proferida dentro del
respectivo medio de control, esto es, la posibilidad de solicitar la vinculación al trámite
judicial de cumplimiento, para hacer seguimiento a la ejecución de las órdenes
impartidas en dicha providencia.

En consecuencia, la pretensión de obtener, a través del derecho de petición, un
pronunciamiento inmediato y definitivo sobre el cumplimiento del fallo, desconoce la
existencia de este escenario procedimental idóneo y especializado, diseñado para
canalizar este tipo de solicitudes.

Por lo anterior, se confirmará el fallo de 13 de abril de 2026, dictado por el Tribunal
Administrativo de Magdalena que declaró improcedente la acción de tutela que
promovió el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez contra el Juzgado Sexto
Administrativo de Santa Marta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.