Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00138-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00138-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2026-00138-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 47001-23-33-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
Demandado: Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta
Temas: Tutela por mora judicial en incidente sancionatorio promovido en
proceso ejecutivo
Decisión: Revoca para declarar la improcedencia del amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Nehemías García Sánchez, en contra
de la sentencia proferida el 19 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia y se
accedió al amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Nehemías García Sánchez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana, con ocasión de
la presunta demora en la que incurrió el Juzgado Octavo Administrativo de Santa
Marta en el trámite del incidente sancionatorio promovido en el proceso ejecutivo
con radicado 47001333300720140037200.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta en auto del 25 de julio de
2024 decretó el embargo y retención de la tercera parte de las sumas de dinero que
recaudara el ejecutado municipio de Ciénaga provenientes de los impuestos:
predial, industria y comercio, estampillas, por lo que ofició al secretario de hacienda
del municipio de ciénaga y al tesorero, ordenándoles que debían constituir
1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
certificado de depósito y ponerlos a disposición del juez dentro de los 3 días
siguientes al recibo de la comunicación para lo cual advirtió al ejecutado que la
inobservancia de la orden impartida por el juez haría incurrir en multas sucesivas de
2 a 5 salarios mínimos mensuales.
2.2. En virtud del incumplimiento, el 25 de octubre el referido despacho judicial
decretó dar apertura de incidente de imposición de sanción correccional al inicio del
trámite sancionatorio, en contra del secretario de hacienda y el tesorero del
municipio de Ciénaga por la inobservancia injustificada a las órdenes impartidas por
el despacho, de tal manera le concedió el termino de 3 días para que expusieran
las razones, por las cuales no acataron la orden judicial impartida mediante auto del
25 de julio de 2024.
2.3. El 12 de marzo de 2025 solicitó al despacho que se procediera a aplicar las
sanciones establecidas en la Ley, teniendo en cuenta que transcurrieron más de 5
meses desde que les fue notificado el auto y la inobservancia injustificada a las
ordenes impartidas superó el término concedido.
2.4. A pesar del incumplimiento comprobado, reiterativo e injustificado por más
de 20 meses, el juzgado demandado decretó una inspección judicial en los libros
contables de la entidad demandada, para determinar los motivos del
incumplimiento, decisión con la que no estaba de acuerdo, por lo que solicitó
declarar la improcedencia de esa prueba, teniendo en cuenta que esta no podía
reemplazar la obligación de cumplir la orden de embargo y mucho menos, excusar
el incumplimiento prolongado.
2.5. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el Juzgado Octavo
Administrativo de Santa Marta, en la medida en que en el proceso ejecutivo se
encuentran surtidas todas sus etapas al quedar ejecutoriada la liquidación del
crédito, el cual ya fue reliquidado y a pesar de las solicitudes de embargo hasta el
día de hoy no se ha podido lograr el cumplimiento total de la obligación, además de
que transcurrieron 18 meses desde la apertura del incidente de imposición de
sanción correccional sin que a la fecha de presentación de la solicitud de tutela se
adoptaran las medidas coercitivas pertinentes.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Que se tutele de manera inmediata los derechos fundamentales tales el debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva , principio
de eficacia de las decisiones judiciales, asi como derechos fundamentales de rango de
tratado internacional ( convenció sobre los derechos de las personas de no
discriminación a las mujeres (enfoque de género), celebrado entre el estado colombiano
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas y la Constitución
Nacional, como son de los derechos humanos de la mujer aplicable a mis mandantes
arriba referenciadas, así como a la vida, a la Salud, al Mínimo Vital, en conexidad con la
seguridad social, a la Familia, a la niñez, a la justicia, la dignidad humana, la igualdad y
la reparación integral, vulnerados por el incumplimiento del fallo judicial proferido por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, el cual fue confirmado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, sentencia esta que en la actualidad se continuo con el
2
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
trámite ejecutivo que cursa en el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, proceso
este que se encuentran surtidas todas sus etapas al quedar ejecutoriada la liquidación
del crédito, el cual ya fue reliquidado y a pesar de las solicitudes de embargo hasta el
día de hoy no se ha podido lograr el cumplimiento total de la obligación, el cual viene
siendo vulnerado por el ESTADO COLOMBIANO – JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA- MUNICIIO DE CIENAGA.
2. Ordenar al juzgado accionado que le de aplicación enfoque de género al presente
proceso ejecutivo, realizando o desplegando todas las actuaciones judiciales que le
confieran la ley, la constitución y las convenciones internacionales, profiera las
decisiones de fondo tendientes al cumplimiento de la orden judicial (aplicación sanciones
incidente de desacato) y de la sentencia.
3. Que se ordene al Juzgado accionado implementar medidas con enfoque de género, a
favor de mis mandantes señoras LUZ DARY GARRIDO OROZCO, RUTH MARINA
OROZCO CARRILLO, y YULEIDIS LOPEZ GARRIDO y YARIZEL GARRIDO, fin de
lograr el cumplimiento de la sentencia por parte del Municipio de Ciénaga.
4. Prevenir al despacho accionado para que se abstenga de incurrir en conductas
dilatorias que desnaturalicen los mecanismos de cumplimiento […]» [sic].
1.2. Informe rendido en el proceso
4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta2
informó que en el expediente se realizaron en su totalidad todas las actuaciones
procesales solicitadas, conforme a la normatividad vigente y dentro de los términos
legales correspondientes, contrario a lo manifestado por el demandante, el
despacho no incurrió en inactividad procesal, por cuanto, la última actuación
procesal fue surtida el 8 de mayo de 2026 y la actuación inmediatamente anterior
data del 5 de febrero de 2026. En consecuencia, entre esas fechas el proceso
mantuvo la secuencia procedimental que le es aplicable por lo que no existieron
actuaciones pendientes por surtir a la fecha dentro del expediente bajo conocimiento
del Juzgado.
4.1. Por otra parte, el proceso se encuentra a la espera del remanente que debe
ser remitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, actuación que no dependía del despacho demandado, y cuya remisión
resultaba necesaria para continuar con las etapas subsiguientes del trámite
procesal. Finalmente, concluyó que dio cumplimiento oportuno a todas las
actuaciones procesales a su cargo por lo que garantizó el debido proceso, la
celeridad y el acceso efectivo a la administración de justicia; y, no registró
actuaciones pendientes a la fecha de expedición del presente informe.
1.3. Sentencia de primera instancia3
5. El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia del 19 de mayo de
2026 accedió al amparo y ordenó al juzgado demandado adoptar decisión de fondo
dentro del incidente de imposición de sanción correccional iniciado mediante auto
del 25 de octubre de 2024 en el proceso ejecutivo al considerar que la falta de
pronunciamiento al respecto durante 18 meses evidenciaba una dilación que
2
Ver índice 9 de Samai.
3
Ver índice 11 de Samai.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
superaba lo razonable, en especial si tenía en cuenta que el trámite incidental no
revestía complejidad técnica que justificara su prolongación y su finalidad era la
coerción inmediata.
1.4. Escrito de impugnación4
6. La parte demandada presentó escrito de impugnación sin manifestar
argumento adicional alguno.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico; iii)
legitimación en la causa por activa en la solicitud de tutela; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
2.2. Problema jurídico
9. La Sala deberá definir si: ¿en el presente asunto el demandante tiene
legitimación en la causa por activa para promover solicitud de tutela por presunta
mora injustificada y falta de adopción de medidas eficaces para el cumplimiento de
la sentencia emitida dentro del proceso ejecutivo 47001333300720140037200, en
especial frente a la resolución del incidente sancionatorio?
2.3. Legitimación en la causa
10. La legitimación en la solicitud de tutela tiene su fundamento en el artículo 867
de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que considere que
sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, por
la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los particulares podrá
interponer el recurso de amparo constitucional a través de un representante o en
nombre propio.
11.Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la solicitud de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por
4
Ver índice 14 de Samai.
5
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
7
Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
4
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo
cual se debe presentar el respectivo poder8.
12. La Corte Constitucional en la sentencia T-292 de 2021 se pronunció sobre la
posibilidad de acudir al trámite de tutela a través de apoderado, en los siguientes
términos:
[…] el ejercicio de la representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento especial
y concreto o en un poder de carácter general. Al respecto, ha señalado que “la falta de
poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial,
aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer
la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos
casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa”.
Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede tutela tienen el deber de acreditar
tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela, en ejercicio de sus facultades, adopte
medidas tendientes a subsanar irregularidades formales, con el fin de no comprometer
la protección de los derechos fundamentales invocados.
13. Conforme la regla anterior, quien acude a la solicitud de tutela en su condición
de apoderado, debe presentar el escrito respectivo en los términos que exige el
artículo 74 del Código General del Proceso (CGP), es decir, que, si se trata de un
poder especial en él se describirán los asuntos para el que fue conferido de manera
clara y determinada.
14. Conviene mencionar que la jurisprudencia constitucional ha manifestado desde
hace tiempo que en los eventos en que la acción de tutela se ejerza a través de
apoderado judicial, el mandante debe otorgar poder especial, de modo que el
profesional del derecho no puede hacer valer el poder otorgado en un proceso
ordinario u en otro asunto para solicitar el amparo constitucional, pues «es necesario
contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada
personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación
del apoderamiento otorgado para un asunto diferente»9.
2.4. Análisis de la Sala
15. Nehemías García Sánchez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta emitir pronunciamiento de fondo
respecto al incidente sancionatorio promovido en el proceso ejecutivo con radicado
47001333300720140037200.
16.Al respecto, revisado el material probatorio obrante en el expediente, la
subsección encuentra que Nehemías García Sánchez radicó la demanda ejecutiva,
como representante judicial de Jeiner López Garrido y otros, de acuerdo con el
poder otorgado, es decir, no actuó en nombre propio y en defensa de sus intereses.
8
Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
9
Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2002.
5
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
17. En ese orden, los derechos fundamentales que puedan verse afectados por la
actuación del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
con ocasión de la posible demora en emitir pronunciamiento de fondo respecto al
incidente sancionatorio promovido en el proceso ejecutivo con radicado
47001333300720140037200, son de manera exclusiva de titularidad de Jeiner
López Garrido y demás demandantes.
18. Así, resulta evidente que el mencionado profesional del derecho no allegó poder
especial que lo facultara para representar y adelantar todas las gestiones judiciales
en procura de Jeiner López Garrido y demás demandantes, en contra del Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta dentro de este trámite
constitucional ni acreditó sumariamente los presupuestos para actuar como agente
oficioso de los sujetos en los que recaen los derechos reclamados.
19. La Sala concluye que Nehemías García Sánchez no tiene legitimación en la
causa por activa en el presente asunto, en la medida en que no es el titular de los
derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, presuntamente
vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta.
3. Conclusión
20. Por lo expuesto, se considera que la solicitud de amparo resulta
improcedente, por cuanto no quedó acreditada la legitimación en la causa por activa
de Nehemías García Sánchez, en consecuencia, esta Sala de decisión revocará el
pronunciamiento del a quo que accedió al amparo invocado en la solicitud de tutela
presentada contra el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 19 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que accedió al amparo de los derechos
fundamentales de Nehemías García Sánchez para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela presentada contra Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00138-01
Demandante: Nehemías García Sánchez
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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