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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00145-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00145-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 20 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, y en su lugar Segundo. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del Juzgado Once Administrativo de Santa Marta, del Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa Marta, de la Registraduría Especial de Santa Marta y del Consejo Nacional Electoral Tercero. NEGAR la tutela en relación con la Procuraduría General de la Nación, el alcalde Distrital de Santa Marta, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Oficina de Reparto Judicial de Santa Marta, pues contra estas entidades no se manifestó cual fue la acción u omisión en la que incurrieron y que viola los derechos fundamentales del actor. Cuarto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2026-00145-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 47001-23-33-000-2026-00145-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionados: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros

Tema: Derechos al debido proceso, dignidad humana, libre expresión y
participación política. Tutela contra fallo de la misma naturaleza.
Revocatoria de mandato alcalde del Distrito de Santa Marta.
MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Miguel Ignacio Martínez
Olano, en nombre propio y en calidad de promotor del Comité de Revocatoria del
mandato del alcalde Distrital de Santa Marta, en contra de la sentencia del 20 de
mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho
005, mediante la cual se declaró improcedente la tutela, por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana, a la libre expresión y a la participación política, los
cuales considera vulnerados por la Registraduría Especial de Santa Marta, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la
Procuraduría General de la Nación, el Juzgado Once Administrativo de Santa Marta,
el Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa Marta, el alcalde Distrital de Santa
Marta y la Oficina de Reparto Judicial de Santa Marta.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

1

Rad icad o: 47001-23-33-000-2026-00145-01

Que a través de la Resolución núm. 012 de 20 de febrero de 2026 la Registraduría
Especial del Estado Civil de Santa Marta inscribió solicitud de revocatoria del
mandato del alcalde Distrital de Santa Marta, el señor Carlos Pinedo Cuello.

Que mediante la Resolución núm. 029 del 20 de abril de 2026 la Registraduría
modificó la denominación inicial de la iniciativa ciudadana, pasando de «NO CABÉ
UN MOJÓN MÁS» a «PINEDO NO PUDO», en cumplimiento de la orden del fallo
de tutela que emitió el Juzgado Once Administrativo de Santa Marta.

Que el 4 de mayo de 2026, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa Marta
decretó la suspensión de «los efectos de actuaciones administrativas relacionadas
con el proceso de revocatoria, la restricción temporal del uso de la denominación de
la iniciativa y la interferencia en etapas operativas del procedimiento de recolección
de apoyos ciudadanos».

Considera que las actuaciones mencionadas han generado un «efecto acumulativo
de intervención sobre el desarrollo del mecanismo de participación ciudadana,
impactando de manera directa la continuidad del proceso de revocatoria del
mandato y condicionando su ejecución en etapas legalmente previstas dentro del
calendario electoral».

Sostiene que el proceso de revocatoria se encuentra actualmente en una etapa
crítica, preclusiva e inminente, dado que se aproxima la realización de actuaciones
públicas propias del trámite (incluida audiencia pública previa al inicio de recolección
de apoyos), lo que implica que cualquier suspensión o interferencia tiene un impacto
inmediato y potencialmente irreversible sobre la eficacia del mecanismo de
participación.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados; se declare que las actuaciones
administrativas y judiciales «interfieren con etapas estructurales del proceso de
democracia directa, incluyendo la entrega de formularios, la recolección de apoyos
ciudadanos y el desarrollo de la audiencia pública»; y, en consecuencia, se ordene:

i) a la Registraduría Especial del Estado Civil de Santa Marta abstenerse de
suspender, interrumpir o condicionar nuevamente el trámite de la iniciativa de
revocatoria del mandato; e impartir instrucciones claras, vinculantes y de obligatorio
cumplimiento a la Registraduría Especial de Santa Marta, en el sentido de
abstenerse de realizar nuevas suspensiones, restricciones o modificaciones no
estrictamente necesarias al trámite de revocatoria; ii) al Consejo Nacional Electoral
continuar de manera ininterrumpida el trámite de revocatoria del mandato,
garantizando la realización de la audiencia pública programada para el 7 de mayo
de 2026 a las 9:00 a.m.; iii) al Juzgado Once Administrativo de Santa Marta revisar,
depurar o dejar sin efectos las decisiones adoptadas dentro de los procesos de
tutela acumulados relacionados con la revocatoria del mandato; iv) al Juzgado
Décimo Penal Municipal de Santa Marta declarar la nulidad de las actuaciones
dentro del proceso núm. 47001-40-09-010-2026-00221-00, por falta de competencia
material y funcional, y remitir el expediente a la oficina de reparto judicial para su

2

Rad icad o: 47001-23-33-000-2026-00145-01

asignación al tribunal competente; v) a la Oficina de Reparto Judicial de Santa Marta
ejercer control reforzado de asignación de acciones de tutela relacionadas con el
proceso de revocatoria del mandato; vi) al alcalde Distrital de Santa Marta
abstenerse de realizar actuaciones, solicitudes o intervenciones que directa o
indirectamente impliquen dilación, obstrucción o instrumentalización del trámite de
revocatoria; y, vii) a la Procuraduría General de la Nación ejercer sus funciones
constitucionales de vigilancia preventiva y disciplinaria frente a las posibles
irregularidades, omisiones o dilaciones injustificadas dentro del trámite de
revocatoria del mandato.

Además, pidió «[e]stablecer que toda restricción futura al trámite de revocatoria del
mandato deberá superar un test estricto de proporcionalidad reforzado, en atención
a que se trata de un mecanismo de democracia participativa directa, sometido al
más alto nivel de protección constitucional, y no podrá implicar suspensión,
vaciamiento o afectación del núcleo esencial del derecho político».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 6 de mayo de 2026, se admitió la acción; se negó la medida provisional solicitada 1
y se ordenó notificar a las partes.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Consejo Nacional Electoral pidió su desvinculación de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no fue la autoridad que originó
las decisiones cuestionadas, en particular la modificación de la denominación de la
iniciativa de revocatoria ni las medidas judiciales que han afectado el trámite, las
cuales obedecen a órdenes impartidas por jueces de tutela dentro de procesos
constitucionales.

El Juzgado Once Administrativo de Santa Marta relató las actuaciones que
efectuó dentro de la acción de tutela con radicado 47001-3333-011-2026-00087 y
dijo que el actor interpuso incidente de desacato el cual se resolvió el 5 de mayo de
2026. Además, manifestó que la decisión cuestionada fue proferida con base en el
análisis probatorio y normativo correspondiente, sin que ello implique afectación a
derechos fundamentales.

El Distrito de Santa Marta alegó que la tutela es improcedente por controvertir
decisiones adoptadas en otros procesos de tutela, y por existir mecanismos
judiciales ordinarios para cuestionar dichas actuaciones.

La Procuraduría Provincial de Santa Marta señaló que el actor ha presentado
solicitudes relacionadas con el trámite de revocatoria, las cuales están en curso bajo
radicados IUS E-2026-253158 e IUC-P-2026- 4338809.

1 El accionante solicita como medida provisional la suspensión de los efectos de decisiones judiciales y
administrativas que inciden en el trámite del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde Distrital de
Santa Marta, así como la orden de garantizar la continuidad inmediata e ininterrumpida del proceso de
participación ciudadana, incluyendo la realización de actuaciones propias del calendario electoral

3

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La Registraduría Nacional del Estado Civil adujo que no ha incurrido en
vulneración de derechos fundamentales y que su actuación se ha limitado al
cumplimiento del marco legal que regula el mecanismo de revocatoria del mandato.
Precisó que las autoridades judiciales han suspendido la audiencia pública, etapa
previa para la entrega de formularios de recolección de apoyos, lo cual impide
avanzar en el trámite mientras dichas órdenes se encuentren vigentes.

Además, advirtió la existencia de otras acciones de tutela promovidas por el actor
relacionadas con los mismos hechos, lo cual debe ser valorado por el despacho en
relación con una eventual reiteración del mecanismo constitucional.

La Oficina Judicial de Santa Marta explicó que el reparto de las acciones de tutela
es un procedimiento reglado, automático y aleatorio, sin intervención discrecional
de los servidores judiciales, y que la entidad carece de competencia para incidir en
decisiones judiciales o actuaciones administrativas, motivo por el cual pidió su
desvinculación, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santa
Marta indicó que el 4 de mayo de 2026 concedió la medida provisional solicitada, la
cual esta orientada a suspender y aplazar la audiencia pública programada para el
7 de mayo de 2026, así como cualquier actuación administrativa que utilizara la
denominación «PINEDO NO PUDO».

Precisó que la medida provisional adoptada tiene carácter temporal, no constituye
una decisión de fondo ni implica la terminación o paralización definitiva del proceso
de revocatoria, sino que busca prevenir daños mientras se adopta la decisión
definitiva.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005, mediante sentencia del
20 de mayo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, bajo el argumento que lo pretendido por el actor es
controvertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Juzgado Once
Administrativo de Santa Marta y el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Santa Marta, en relación con el proceso de revocatoria del
mandato al alcalde del Distrito de Santa Marta.

Por lo anterior, estimó que las inconformidades planteadas por el accionante debían
ser discutidas al interior de los respectivos procesos constitucionales en los cuales
fueron proferidas las decisiones que cuestiona, mediante los mecanismos propios
de tales actuaciones, como solicitudes de aclaración, adición, nulidad, impugnación,
intervención como tercero con interés.

Frente a las actuaciones desplegadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil
y el Consejo Nacional Electoral, adujo que esas entidades indicaron haber actuado
en cumplimiento de órdenes judiciales impartidas dentro de trámites de tutela, sin
que se evidencie una actuación autónoma, arbitraria o caprichosa que permita
atribuirles una vulneración directa de los derechos fundamentales invocados. En

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consecuencia, la controversia principal no recae sobre una decisión administrativa
independiente, sino sobre los efectos derivados de providencias judiciales que
debían ser controvertidas dentro de los respectivos expedientes constitucionales.

Indicó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención transitoria del juez constitucional.

Frente a la afirmación de que las decisiones cuestionadas afectan el calendario del
mecanismo de revocatoria, el Tribunal estimó que tal alegación no basta para
desplazar los medios de defensa existentes dentro de los procesos de tutela
respectivos, máxime cuando las medidas adoptadas provienen de autoridades
judiciales competentes y se encuentran sometidas a los controles propios del trámite
constitucional.

IMPUGNACIÓN

El actor alegó que el juez constitucional de primera instancia incurrió en un defecto
sustantivo por desconocer que el derecho a la participación política consagrado en
el artículo 40 de la Constitución Política posee una protección reforzada,
especialmente cuando se ejerce mediante mecanismos de democracia directa
como la revocatoria del mandato. Citó sentencias 2 en las cuales se ha señalado que
la restricción a los mecanismos de participación ciudadana debe someterse a juicio
estricto de proporcionalidad.

Expuso que la decisión cuestionada «redujo el conflicto constitucional a una simple
tensión entre libertad de expresión y buen nombre», y omitió valorar que el presente
asunto involucra un mecanismo de democracia participativa ya inscrito, un proceso
electoral en curso, actuaciones sujetas a términos preclusivos; y un derecho político
cuyo ejercicio depende estructuralmente del tiempo.

Reiteró el argumento planteado en la tutela, relacionado con que las suspensiones
sucesivas, medidas provisionales e interferencias institucionales han generado:
alteración del cronograma electoral, incertidumbre operativa, interrupción de etapas
esenciales; y riesgo de agotamiento del tiempo útil de participación ciudadana.

Dijo que el fallo de tutela no examinó si existían medidas menos restrictivas para
proteger los derechos invocados por terceros y tampoco evaluó si había alternativas
constitucionalmente menos lesivas, tales como: «rectificación; réplica;
responsabilidad ulterior; contradicción en audiencia pública; acciones judiciales
posteriores; sin necesidad de interferir directamente en el desarrollo del mecanismo
de revocatoria».

Por lo anterior, pidió que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar,
se acceda al amparo invocado.

Se decidirá previas las siguientes,

2 C-011 de 1994, C-224 de 2004, C-150 de 2015, T-066 de 2015, SU-077 de 2018

5

Rad icad o: 47001-23-33-000-2026-00145-01

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/05 4.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).

3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño

6

Rad icad o: 47001-23-33-000-2026-00145-01

Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela 5, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales 6.

Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:

«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando
(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación».

Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el actor alega que las autoridades accionadas le violan los derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libre expresión y a la
participación política, con ocasión de la Resolución núm. 029 del 20 de abril de 2026
expedida por la Registraduría Especial del Estado Civil de Santa Marta y las
providencias que profirieron el Juzgado Once Administrativo de Santa Marta y el
Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa Marta, dentro de unas acciones de
tutela.

Para un mejor entendimiento del asunto, es necesario traer a colación las siguientes
actuaciones:

• El 7 de abril de 2026, el Juzgado Once Administrativo de Santa Marta, dentro de
la tutela 47001-3333-011-2026-00087-00, como medida preventiva le ordenó a la
«Registraduria (sic) Especial del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral
suspender de manera provisional el trámite administrativo atinente a la iniciativa de
revocatoria de mandato denominada: “NO CABÉ UN MOJÓN MÁS” inscrita

5 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y

T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
6 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de

1999.

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mediante la Resolución No. 012 del 20 de febrero de 2026, hasta tanto se adopte
decisión de fondo en el presente asunto».

• El Consejo Nacional Electoral mediante Auto núm. 091 del 8 de abril de 2026
suspendió la realización de la audiencia pública convocada mediante Auto núm. 083
del 7 de abril de 2026, en cumplimiento de la medida provisional decretada por el
Juzgado Once Administrativo de Santa Marta.

• El 17 de abril de 2026, el Juzgado Once Administrativo de Santa Marta concedió
el amparo invocado y ordenó al señor Miguel Ignacio Martínez Olano, en su calidad
de promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato, adelantar las actuaciones
necesarias para modificar la denominación de la iniciativa de participación
ciudadana, excluyendo de la misma aquellas expresiones que resulten ofensivas o
vulgares.

• La Registraduría Especial del Estado Civil de Santa Marta expidió la Resolución
núm. 029 del 20 de abril de 2026, donde modificó la Resolución núm. 012 del 20 de
febrero de 2026, en el sentido de establecer que la iniciativa de revocatoria del
mandato del alcalde Distrital de Santa Marta, previamente denominada «NO CABÉ
UN MOJÓN MÁS», en adelante se identificará como «PINEDO NO PUDO», en
cumplimiento de la orden anterior.

• El 4 de mayo de 2026, el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Santa Marta, dentro de la tutela 47001-40-09-010-2026-00221-00,
como medida provisional ordenó:

«(…) a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y/O al
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que, de manera inmediata y mientras se
decide de fondo la presente acción, suspenda los efectos del Auto 095 del 29
de abril de 2026 y de la Resolución 029 de 2026, en lo relacionado con el uso
de la denominación “PINEDO NO PUDO” dentro de la iniciativa de participación
ciudadana identificada con el radicado RM-2026-09-001-21-1, con el fin de
evitar la configuración de un perjuicio irremediable».

En sentencia del 19 de mayo de 2026, el Juzgado le ordenó a la Registraduría i)
modificar la denominación «PINEDO NO PUDO» y ii) «abstenerse de distribuir,
difundir o autorizar formularios, planillas, publicaciones digitales o cualquier otro
material oficial relacionado con el mecanismo de participación ciudadana
identificado con radicado RM-2026-09-001-21-1 que contenga la denominación
“PINEDO NO PUDO”, hasta tanto se dé cumplimiento integral a lo ordenado».

Precisado lo anterior, para la Sala es claro que la disconformidad del actor radica
en las ordenes que el Juzgado Once Administrativo de Santa Marta y el Juzgado
Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Santa Marta
impartieron en las tutelas 47001-3333-011-2026-00087-00 y 47001-40-09-010-
2026-00221-00, respectivamente, pues a su juicio, estas decisiones afectan la
continuidad de la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde del Distrito de
Santa Marta.

Al revisar los requisitos de procedencia de la tutela contra fallo de la misma
naturaleza, la Sala encuentra que el primer requisito se cumple, pues la presente

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acción no comparte identidad con las decisiones cuestionadas, en la medida que
las tutelas discutidas fueron interpuestas por los señores Jesús Alfonso Pinedo
Oviedo, Lourdes María Pinedo Campo, Verónica Pinedo Campo, Lorena María
Pinedo Campo, José Gabriel Henríquez Pinedo y Aurelio Rosales Durán, en contra
de la Registraduría Especial de Santa Marta y del señor Miguel Ignacio Martínez
Olano.

La causa petendi tampoco es igual, porque el argumento para solicitar el amparo en
las acciones anteriores consistió en suspender la entrega de formulario de
recolección de firmas y realizar audiencia pública y el fundamento en esta
oportunidad, es que las órdenes que emitieron las autoridades judiciales accionadas
dentro de las tutelas ya referenciadas afectan el desarrollo y la continuidad de la
iniciativa de la revocatoria del mandato.

El segundo requisito, esto es, que la decisión adoptada sea producto de fraude, no
se encuentra superado ya que, se reitera, el accionante no planteó argumento
alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta, pues los reparos
que expuso se limitan a cuestionar las órdenes que emitieron en las providencias
controvertidas, como si se tratara de una nueva etapa de la acción de tutela, sin que
en ningún momento exponga sobre la existencia de dicho fenómeno.

Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que las decisiones se adoptaran con fines ilegales ligados a una
actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.

En cuanto a las actuaciones desplegadas por la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral, se advierte que estas se efectuaron en
cumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias de tutela con radicados
47001-3333-011-2026-00087-00 y 47001-40-09-010-2026-00221-00, las cuales
ahora se discuten, esto significa que la controversia no recae sobre una decisión
administrativa independiente, sino sobre los efectos del cumplimiento de las
providencias judiciales, las cuales cabe recordar, no satisfacen los requisitos de
procedencia de la tutela contra fallo de la misma naturaleza, por lo que la acción
contra estas autoridades administrativas también resulta improcedente.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 20 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 005 y se declarará improcedente
la acción de tutela en contra del Juzgado Once Administrativo de Santa Marta, del
Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa Marta, de la Registraduría Especial de
Santa Marta y del Consejo Nacional Electoral y, se negará la tutela en relación con
la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
alcalde Distrital de Santa Marta y la Oficina de Reparto Judicial de Santa Marta,
pues contra estas entidades no se manifestó cual fue la acción u omisión en la que
incurrieron y que viola los derechos fundamentales del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Rad icad o: 47001-23-33-000-2026-00145-01

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 20 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 005, y en su lugar

Segundo. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del Juzgado
Once Administrativo de Santa Marta, del Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa
Marta, de la Registraduría Especial de Santa Marta y del Consejo Nacional Electoral

Tercero. NEGAR la tutela en relación con la Procuraduría General de la Nación, el
alcalde Distrital de Santa Marta, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Oficina de Reparto Judicial de Santa Marta, pues contra estas entidades no se
manifestó cual fue la acción u omisión en la que incurrieron y que viola los derechos
fundamentales del actor.

Cuarto. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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