Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00168-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00168-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 47001-23-33-000-2026-00168-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de julio de 2026
Radicado: 47001-23-33-000-2026-00168-01
Demandante: Delfa Rosa Angulo Martínez y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 30 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 47001-23-33-000-2026-00168-01
Demandante: DELFA ROSA ANGULO MARTÍNEZ Y OTRO
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA
Temas: Mora judicial en proceso ejecutivo. Entrega de títulos judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 4
de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que denegó la
solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 21 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
Delfa Rosa Angulo Martínez y Ramiro Sebastián Martínez Cárdenas pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva
y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la tardanza del
Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta en la entrega y endoso de los títulos
judiciales constituidos en su favor en el proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-005-
2013-00391-00/03.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la
Administración de Justicia de mis representados RAMIRO SEBASTIAN y DELFA ANGULO a través de
apoderado.
2. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA que, en
el término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a materializar la entrega
y endoso de los títulos judiciales constituidos dentro del proceso ejecutivo con Radicado No.
470013333005201300391-00 por concepto de la cuantía reliquidada hasta la fecha.
3. ADVERTIR al despacho accionado que la renuncia expresa de los términos de ejecutoria realizada
por esta parte actora es plenamente válida, por lo cual no viabiliza dilación adicional alguna.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Los tutelantes promovieron demanda ejecutiva contra el municipio del Banco,
departamento del Magdalena, para que se ordenara el cumplimiento de la sentencia del
15 de diciembre de 2008, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
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derecho con radicado 47001-33-31-001-2005-01513-00, en la que se condenó a la
entidad a pagarles sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos
dejados de percibir inherentes a sus respectivos cargos, desde que fueron desvinculados
hasta cuando se efectuara su reintegro al servicio.
La demanda se adelanta bajo el radicado 47001-33-33-005-2013-00391-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta que, por providencia del
9 de noviembre de 2018, entre otras cosas, ordenó seguir adelante con la ejecución y
que se practicara la liquidación del crédito.
Esa decisión fue apelada por la entidad demandada; sin embargo, el 19 de junio de 2019,
el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la providencia apelada.
Luego, el 11 de diciembre de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta
aprobó la liquidación del crédito en favor de los demandantes. Por un lado, tuvo como
actualización del crédito a favor de la señora Angulo Martínez la suma de
$530.500.716,95, más $117.927.681,50 que la entidad debía pagar al fondo de
pensiones con corte a 31 de octubre de 2025 y, por otro lado, tuvo como actualización
del crédito en favor del señor Martínez Cadena la suma de $1.023.119.582,13, más
$126.124.301,69 que el municipio debía pagar al fondo de pensiones con corte a 31 de
octubre de 2025.
El 6 de abril de 2026, el municipio del Banco solicitó la suspensión del proceso, debido a
que, mediante la Resolución 0667 del 1 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público aceptó la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos entre
la entidad territorial y sus acreedores, conforme a la Ley 550 de 1999. Además, pidió el
levantamiento de las medidas de embargo decretadas en su contra.
El 11 y el 20 de mayo de 2026, la parte ejecutante solicitó la entrega de los dineros
embargados a través de títulos judiciales.
El 25 de mayo de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta suspendió el
proceso ejecutivo y denegó las solicitudes de levantamiento de embargos y de entrega
de dineros a los ejecutantes, al considerar que las negociaciones del acuerdo de
reestructuración de pasivos, en los términos de la Ley 550 de 1999, se debían entender
iniciadas a partir de la fecha de fijación del escrito en el que se informara sobre la
promoción del acuerdo y desde ese momento no se podría iniciar procesos de ejecución
contra la entidad y se suspenderían los que se encontraban en curso.
Que, a partir del 1 de abril de 2026, fecha en que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público expidió la Resolución 067 de 2026 y publicó en su página web el aviso de
iniciación de la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos entre el
municipio de El Banco y sus acreedores, se entendía iniciada la negociación del acuerdo
y a partir de ese momento procedía, por disposición legal, la suspensión de los procesos
ejecutivos que se encontraban en curso contra el ente territorial.
Que no era procedente el levantamiento de embargos, porque ese no era un efecto
determinado expresamente en la Ley 550 de 1999.
Que el proceso no había terminado, porque el municipio de El Banco no había realizado
el pago total de la obligación y tampoco había acaecido ninguna circunstancia de las
previstas en la ley como causales de terminación del proceso ejecutivo.
Inconformes, los demandantes presentaron recurso de apelación, al considerar que sí se
debió ordenar la entrega de dinero y títulos judiciales constituidos en su favor. Luego, el
24 de junio de 2026, el recurso fue concedido y se encuentra pendiente de ser decidido
por el superior.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora argumentó que, al encontrarse el litigio definido y ante la inexistencia de
recursos judiciales pendientes, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta incurría
en una omisión injustificada y en dilación arbitraria al abstenerse de ordenar la entrega
material e inmediata de los depósitos judiciales.
Que lo anterior les generaba un perjuicio irremediable, porque esos dineros <<tienen
carácter coercitivo y definitivo>>. Que se vulneraban sus derechos fundamentales
reclamados al no ordenarse la entrega de los títulos judiciales.
Dijeron que la Corte Constitucional en la sentencia SU-256 de 2022 había determinado
que la retención injustificada de títulos judiciales o la dilación en el pago de acreencias
previamente reconocidas en sentencias judiciales configuraban un defecto fáctico y la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
5. Intervenciones
La secretaría del Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta señaló que no
vulneraron los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes y, por el contrario,
en el proceso objeto de tutela adoptaron las decisiones con apego a la ley.
El municipio de El Banco pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o,
subsidiariamente, que se denegara el amparo solicitado. Manifestó que no vulneró los
derechos fundamentales invocados y que no se configuraban vías de hecho atribuibles a
la autoridad judicial demandada.
Que los recursos afectados por las medidas cautelares decretadas en el proceso objeto
de la presente acción de tutela poseían destinación específica, estaban comprometidos
con la ejecución de contratos estatales vigentes y afectaban la ejecución de obras
públicas e inversión social.
Que existían mecanismos judiciales ordinarios vigentes en el proceso ejecutivo a los que
la parte actora podía acudir y que las decisiones judiciales adoptadas en ese proceso
obedecieron al correspondiente análisis jurídico, relacionado con la protección
constitucional de recursos públicos.
Que se encontraba sometido a un procedimiento especial de saneamiento y
reorganización financiera supervisado por el Gobierno Nacional, que exigía prudencia
respecto de la afectación de recursos públicos,
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, por sentencia del 4 de junio de 2026, denegó
la solicitud de amparo, al estimar que la autoridad judicial demandada no había incurrido
en omisión alguna, debido a que el proceso ejecutivo había sido impulsado
constantemente.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentaron que la decisión impugnada desconoció la realidad material del proceso
ejecutivo, con lo que se vulneraron sus derechos fundamentales. Que no se realizó un
análisis sobre la relevancia constitucional del asunto, porque no se tuvo en cuenta que
son adultos mayores, sujetos de especial protección constitucional, y que imponerles una
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carga procesal adicional y someterlos a esperas indefinidas constituía un trato <<cruel e
inconstitucional>> que materializa un perjuicio irremediable.
Que no se tuvo en cuenta que el derecho reclamado no era una obligación naciente, sino
el fruto de un desgaste judicial y de un litigio de más de 25 años. Que las sentencias del
proceso ejecutivo ya se encontraban ejecutoriadas, los dineros ya habían salido de las
arcas del municipio del banco y se encontraban constituidos como títulos de depósito
judicial.
Que privar a adultos mayores de la entrega material de títulos que ya estaban a
disposición del juzgado constituía una vía de hecho y una denegación de la tutela judicial
efectiva. Que la inactividad procesal adelantada con ocasión de la Ley 550 de 1999 era
una farsa y una maniobra dilatoria, porque había transcurrido más de dos meses sin que
se hubieren llamado a los acreedores para establecer el orden de prelación de los
créditos.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada toda vez que la autoridad judicial
demandada no ha incurrido en la mora alegada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. Sobre la mora judicial
La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez1.
1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-
052 de 2018 y T-441 de 2020.
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El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral, o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:
o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite2.
4. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de que no ha ordenado la entrega y endoso de los
títulos judiciales constituidos en su favor en el proceso ejecutivo con radicado 47001-33-
33-005-2013-00391-00/03.
De la revisión del expediente aportado por la autoridad judicial demandada, así como de
la información registrada en el Sistema de Gestión Judicial Samai, la Sala encontró que:
El 24 de abril, el 11 y el 20 de mayo de 2026, la parte actora solicitó la entrega de los
dineros embargados a través de títulos judiciales.
El 25 de mayo de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, entre otras
cosas, denegó la solicitud relacionada en el párrafo anterior, porque el proceso no había
terminado, el municipio de El Banco no había realizado el pago total de la obligación y
2
La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la
que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo razonable por parte
de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c)
la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España,
sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
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tampoco había acaecido ninguna circunstancia de las previstas en la ley como causales
de terminación del proceso.
Inconformes, el 28 de mayo de 2026, los ejecutantes presentaron recurso de apelación,
en el que solicitaron << Entréguese los dineros y títulos judicial por valor total de la Cuantía
reliquidada hasta el día 20 de mayo de 2026(…)>>.
El 24 de junio de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta concedió, en
efecto devolutivo, el recurso de apelación presentado por los demandantes contra la
decisión del 25 de mayo de 2026, que no accedió a la entrega de dineros y títulos
judiciales.
El 8 de julio de 2026, el asunto fue asignado al despacho de la magistrada Maribel
Mendoza Jiménez del Tribunal Administrativo del Magdalena, en donde se encuentra
pendiente de surtir el respectivo trámite para proferir la decisión que en derecho
corresponda.
En ese orden, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada no incurrió en mora
para resolver sobre la entrega de títulos, pues resolvió dentro de un término razonable la
solicitud de la parte ejecutante.
Además, los argumentos expuestos en la presente acción constitucional coinciden con
los desarrollados en el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
el auto del 25 de mayo de 2026 y son los que debe resolver el Tribunal Administrativo del
Magdalena.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho3:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio y como respuesta que armonice con las-particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si el
proceso ejecutivo aún se encuentra en trámite y no se ha proferido una decisión definitiva
respecto a la entrega de los títulos judiciales.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada que denegó la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
3
Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
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III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, que denegó las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4
4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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