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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2005-00319-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2005-00319-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispone: 35 Radicado: 50001233100020053031901 (49700) Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Juan Fernando Góngora Arciniegas para reclamar perjuicios frente a los daños alegados por la imposibilidad de explotar el predio para la “estación de servicio Petrollanos” y la desvalorización de dicho establecimiento de comercio. TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Villavicencio. CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda. QUINTO: SIN COSTAS. SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo. FIRMADO ELECTRONICAMENTE NICOLÁS YEPES CORRALES Presidente de la Sala FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO Magistrado Magistrada Aclaración de voto VF/EX8

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2005-00319-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 50001233100020050031901 (49700)
Demandante: JUAN FERNANDO GÓNGORA ARCINIEGAS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL META Y OTRO

Tema: Afectación de predio y de establecimiento de comercio por
obras de intersección vehicular. No se probaron los daños
alegados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia del 21 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 1° de octubre de 1997, Juan Fernando Góngora Arciniegas arrendó un
inmueble - ubicado en el municipio de Villavicencio - a Terpel de la Sabana S.A.,
para que operara el establecimiento de comercio denominado “estación de
servicio Petrollanos”. Según se afirma en la demanda, desde enero de 2003 hasta
octubre de 2004, dicho predio fue aislado, debido a la ejecución de obras de la
intersección vehicular Maizaro, que adelantó el departamento del Meta.

El demandante, propietario del inmueble referido, considera que el departamento
del Meta y el municipio de Villavicencio son patrimonialmente responsables por los
daños consistentes en i) la imposibilidad de explotar la “estación de servicio
Petrollanos”, ii) la desvalorización de dicho establecimiento de comercio, iii) la
desvalorización del inmueble de propiedad del actor donde dicho establecimiento
funcionaba; iv) la limitación en el uso y goce del predio de propiedad del actor,
debido a la posible constitución de una servidumbre de paso sobre el mismo y; v)

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

la merma patrimonial que habría sufrido el actor, debido a que Terpel de la
Sabana S.A. no renovó el contrato de arrendamiento sobre el inmueble.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 1° de julio de 20051, Juan Fernando Góngora Arciniegas, mediante apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en
contra del municipio de Villavicencio y el departamento del Meta, para que se les
declarara patrimonialmente responsables por los daños causados a un predio de
su propiedad, con la ejecución de las obras de la intersección vehicular Maizaro,
realizadas en el municipio referido.

Como pretensiones de su demanda, Juan Fernando Góngora Arciniegas solicita
condenar a las entidades accionadas a pagarle, por daño emergente, la suma de
$650’420.000; y por lucro cesante, la suma que se pruebe en el proceso.

En apoyo de las pretensiones, el demandante afirma que, mediante la escritura
pública No. 12135 del 10 de diciembre de 1996, adquirió un predio ubicado en la
carrera 33 No. 31-20/24 del municipio de Villavicencio, conformado por cinco lotes
(A, B. C, D y E), englobados en uno solo, e identificados con las matrículas
inmobiliarias 230-15533, 230-15534, 230-15535, 230-15543 y 230-15553.

Señala que el 1° de octubre de 1997, arrendó el predio referido a Terpel de la
Sabana S.A., para que operara el establecimiento de comercio denominado
“estación de servicio Petrollanos”.

Sostiene que, en diciembre de 2002, el departamento del Meta informó a los
habitantes del sector donde se encontraba ubicado el inmueble, que en enero del
año siguiente se iniciarían las obras de la intersección vehicular Maizaro.

1 Fl. 2 a 27, 97 a 100 y 112 a 148, C.1.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Afirma que, cuando iniciaron las obras se realizó un cercamiento total del predio
donde funcionaba la “estación de servicio Petrollanos”, que lo dejó aislado por un
tiempo aproximado de 6 meses. Además, indica que, una vez culminadas las
obras, se disminuyeron las posibilidades de acceso al predio, pues quedó
impedido el ingreso de todo tipo de vehículos que se podía realizar por un solo
costado del inmueble, lo cual causó la desvalorización del inmueble y afectó
gravemente los intereses comerciales de Terpel de la Sabana S.A., en su calidad
de arrendataria del bien, pues era la operadora de la estación de servicio de
combustible.

Manifiesta que el 28 de julio de 2003, solicitó al departamento del Meta pagarle los
perjuicios causados “por el daño especial ocasionado a la estación de servicio
Petrollanos” pues, debido a las obras de la intersección vehicular Maizaro, se
desocuparon las instalaciones y se suspendió la venta de combustible, esto es, se
dejó de explotar económicamente dicho establecimiento de comercio. Sin
embargo, el 19 de agosto de 2003, la entidad le negó dicha solicitud.

Indica que, el 25 de agosto de 2004, Terpel de la Sabana S.A. le comunicó que no
renovaría el contrato de arrendamiento del inmueble donde operaba la “estación
de servicio Petrollanos”.

Señala que, desde el 1° de octubre de 2004, cuando se terminó el contrato de
arrendamiento referido, el predio estuvo desocupado y generando gastos a su
propietario hasta el 1° de abril de 2005, cuando nuevamente se arrendó, pero por
un canon mucho menor al que le pagaba Terpel de la Sabana S.A.

Afirma que, además, existe un daño potencial por la posible constitución de una
servidumbre de paso sobre su predio, la cual es pretendida por personas
particulares que tienen limitaciones de acceso a los predios de su propiedad,
debido a las mismas obras ejecutadas por el departamento del Meta.

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Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

El demandante considera que el municipio de Villavicencio y el departamento del
Meta son patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales causados
durante la ejecución de las obras y aquellos sufridos después de terminadas
estas, pues le causaron una merma patrimonial debido a que Terpel de la Sabana
S.A. no renovó el contrato de arrendamiento sobre el referido inmueble e
igualmente le impidió explotar económicamente el predio para el funcionamiento
de la “estación de servicio Petrollanos” y causó se desvalorizaran tanto el
inmueble como el establecimiento de comercio que allí operaba. Asimismo, el
demandante considera que el uso y goce del predio de su propiedad fue limitado
debido a la posible constitución de una servidumbre de hecho, la cual era
pretendida por personas particulares que tenían limitaciones de acceso a sus
propios predios, debido a las obras ejecutadas por el departamento del Meta.

2. Contestación

El 23 de agosto de 20052, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El municipio de Villavicencio3 manifestó que no existían imputaciones en su
contra, pues las obras que se alegaban como fuente de daño las había realizado
el departamento del Meta. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la
causa por pasiva y “caducidad”.

2.2. El departamento del Meta4 señaló que no debía responder patrimonialmente
por la expectativa económica del demandante, fundada en el aprovechamiento o
explotación de vías públicas, pues debía primar el interés general que perseguía la
obra pública que se ejecutó. Propuso las excepciones de “caducidad de la acción”,
“ausencia de ocupación temporal o permanente de inmuebles”, “ausencia de daño
antijurídico”, “libertad de empresa”, “daño eventual” y “falta de legitimación en la
causa por activa”.

2 Fl. 101 y 102, C.1.
3 Fl. 107 y 108, C.1. y Fl. 366 y 367, C.7.
4 Fl. 348 a 253 y 368 a 372, C.7.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 2 de septiembre de 20115 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El demandante6, el municipio de Villavicencio7 y el departamento del Meta8,
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones a
esta, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de mayo de 20139 el Tribunal Administrativo del Meta
declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Villavicencio y accedió a las pretensiones de la demanda frente al departamento
del Meta, al considerar que el ente territorial era responsable a título de daño
especial por la desvalorización del inmueble de propiedad del actor y la afectación
del establecimiento comercial al cual estaba destinado, con ocasión de la obra
pública denominada intersección vehicular Maizaro.

Al efecto, en la sentencia el a quo indicó: “[…] las pruebas obrantes en el proceso
dan lugar a declarar la responsabilidad del Estado por el daño anormal causado
con el ejercicio de una actividad lícita, que dio lugar a la desvalorización del
inmueble de propiedad del demandante y a la afectación del fin comercial al cual
estaba destinado, perjuicios sufridos por la ubicación aledaña a la obra pública
construida. […] se demostró que el departamento del Meta celebró el 30 de agosto
de 2002 el contrato No. 161, cuyo objeto fue el diseño y construcción de la

5 Fl. 681, C.9.
6 Fl. 682 a 719, C.9.
7 Fl. 720 a 722, C.9.
8 Fl. 723 a 731, C.9.
9 Fl. 742 a 754 y 779 y 780, Cuaderno Consejo de Estado.

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Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

intersección vehicular Maizaro, el cual contempla, entre otras obras, la
construcción y adecuación de la conexión de un paso vehicular deprimido entre la
avenida del Llano y la vía de salida al municipio de Acacías, en ambos sentidos
viales, este deprimido quedó ubicado en frente del inmueble del demandante. Lo
anterior dio lugar a que con la obra pública se cambiara el nivel de la vía respecto
del inmueble de propiedad del demandante, ocasionando una restricción del
acceso vehicular en un 75%, ya que al predio esquinero se le impidió totalmente el
acceso vehicular por uno de sus costados y el único acceso que le quedó por el
otro costado, se convirtió, por la misma obra, de difícil movilidad, razones por las
cuales la actividad comercial de la estación de servicio para la cual se había
destinado el inmueble fue gravemente afectada y el valor comercial del bien
inmueble sufrió una notoria depreciación. Como consecuencia de los anteriores
supuestos, para esta Corporación se configuran los elementos de responsabilidad
del daño especial, al estarse frente a una lesión originada en una actividad lícita
de la administración, como es la construcción de una obra pública denominada
intersección vehicular Maizaro, desarrollada en beneficio de la comunidad, que
causó unos perjuicios al particular demandante, a quien se le impuso una carga
excesiva, concretada en la desvalorización de su inmueble y la afectación del fin
comercial del mismo, con lo cual se rompió la igualdad de los ciudadanos frente a
las cargas públicas”.

El tribunal a quo no se refirió a los daños relacionados con la imposibilidad de
explotar la “estación de servicio Petrollanos”; la limitación en el uso y goce del
predio de propiedad del actor, debido a la posible constitución de una servidumbre
de paso sobre el mismo ni a la merma patrimonial que habría sufrido el actor,
debido a que Terpel de la Sabana S.A. no renovó el contrato de arrendamiento
sobre el inmueble.

En la parte resolutiva, el a quo condenó al departamento del Meta, a pagar, a título
de daño emergente, la suma de $805’933.475, por concepto de depreciación del
inmueble de propiedad del actor y del establecimiento de comercio; y la suma de
$142’835.256, por concepto del Good Will de la “estación de servicio Petrollanos”.

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Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Asimismo, condenó al ente territorial a pagar, a título de lucro cesante, la suma de
$3.016’553.557.

5. Recursos de apelación

Los días 17 de junio de 201310, 16 de agosto de 201311 y el 2 de octubre de 201312,
las partes y el Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación contra la
sentencia del 21 de mayo de 2013, respectivamente, los cuales fueron concedidos el
19 de noviembre de 201313 y admitidos el 3 de marzo de 201414.

5.1. El departamento del Meta15 manifestó como argumentos de su apelación los
siguientes: i) que carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que el daño
alegado habría sido causado por las obras de la intersección vehicular Maizaro, las
cuales habían sido ejecutadas en virtud del contrato No. 161 de 2002, suscrito por el
jefe de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación, entidad
descentralizada con personería jurídica y autonomía administrativa; ii) que el
demandante carecía de legitimación en la causa por activa, dado que no acreditó la
titularidad del inmueble ni del establecimiento de comercio denominado “estación de
servicio Petrollanos” y; iii) que se reconoció doble lucro cesante con base en el
contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante y Terpel de la Sabana
S.A.

5.2. La parte actora16 señaló que el a quo: i) no se pronunció sobre el daño
consistente en la depreciación del establecimiento de comercio denominado
“estación de servicio Petrollanos”; ii) no reconoció la corrección monetaria e intereses
a que había lugar por concepto de la depreciación del inmueble y; iii) no reconoció la
corrección monetaria e intereses a que había lugar por concepto del Good Will.

10 Fl. 762 a 770, Cuaderno Consejo de Estado.
11 Fl. 786 a 793, Cuaderno Consejo de Estado.
12 Fl. 805 a 811, Cuaderno Consejo de Estado.
13 Fl. 885 y 886, Cuaderno Consejo de Estado.
14Fl. 892, Cuaderno Consejo de Estado.
15 Fl. 762 a 770, Cuaderno Consejo de Estado.
16 Fl. 786 a 793, Cuaderno Consejo de Estado.

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Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

5.3. El Ministerio Público17 solicitó revocar la providencia de primera instancia,
aduciendo las siguientes razones: i) que la acción se encontraba caducada, pues la
afectación que habría sufrido el demandante por las obras de la intersección
vehicular Maizaro empezaron el 1° de octubre de 2002 y la demanda fue presentada
el 1° de julio de 2005; ii) que no se probó la legitimación en la causa por activa,
porque no se corrió traslado a las demandadas de los certificados de tradición
allegados como prueba trasladada y, porque la “estación de servicio Petrollanos” no
era de propiedad del actor; iii) que el daño consistente en la merma patrimonial que
sufrió el actor porque Terpel de la Sabana S.A. no renovó el contrato de
arrendamiento del inmueble se basaba en una mera expectativa; iv) que el daño
alegado por la limitación en el uso y goce del predio del demandante, debido a la
posible constitución de una servidumbre, era un daño eventual y; v) que el daño por
la desvalorización del inmueble no se probó.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de abril de 201418 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte actora19, el departamento del Meta20 y el municipio de Villavicencio21,
reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de apelación y en la
contestación de la demanda, respectivamente.

6.2. El Ministerio Público22 insistió en que el demandante no acreditó la propiedad
del establecimiento de comercio denominado “estación de servicio Petrollanos”.

17 Fl. 805 a 811, Cuaderno Consejo de Estado.
18 Fl. 901, Cuaderno Consejo de Estado.
19 Fl. 902 a 918, Cuaderno Consejo de Estado.
20 Fl. 920 a 930, Cuaderno Consejo de Estado.
21 Fl. 931 a 933, Cuaderno Consejo de Estado.
22 Fl. 938 a 955, Cuaderno Consejo de Estado.

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado en
contra de la sentencia del 21 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y
132, numeral 6, del Código Contencioso Administrativo, puesto que la cuantía de
la demanda supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en
ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante
esta Corporación23.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por
cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya
obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, según lo dispone el
artículo 8624 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso, la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de unos daños provenientes de la ejecución de una obra pública.

23 La pretensión mayor se estimó en la suma de $650’420.000 y 500 SMLMV para la fecha de
presentación de la demanda (1 de julio de 2005) equivalían a $ 190’750.000.
24 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten
condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo
de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando
resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.

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3. Vigencia de la acción

Aunque el Tribunal a quo estimó que no se produjo la caducidad alegada por las
entidades demandadas, dado que se trata de un presupuesto procesal25 y que es
uno de los argumentos de la apelación del Ministerio Público, resulta necesario
verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

25 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho
reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y
la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en
tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la
caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para

27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.
28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el
accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el presente caso se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente
a los daños consistentes en: i) la imposibilidad de explotar la “estación de servicio
Petrollanos”, ii) la desvalorización de dicho establecimiento de comercio, iii) la
desvalorización del inmueble donde este funcionaba y; iv) la limitación en el uso y
goce del predio de propiedad del actor, debido a la posible constitución de una
servidumbre de paso sobre el mismo.

Lo anterior, teniendo en cuenta: i) que, según el demandante, el hecho causante de
dichos daños consistió en las obras de la intersección vehicular Maizaro, las cuales
culminaron el 30 de enero de 2004 (hecho probado 7.1.8.); y ii) que la demanda se
presentó el 1 de julio de 200530 31, esto es, dentro de los dos (2) años que otorga la

29 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
30 Fl. 2 a 27, 97 a 100 y 112 a 148, C.1.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna.

Lo mismo se predica del daño consistente en la merma patrimonial que habría
sufrido el actor, debido a que Terpel de la Sabana S.A. no renovó el contrato de
arrendamiento sobre el inmueble de propiedad del demandante, pues: i) el 30 de
septiembre de 2004, se terminó el contrato de arrendamiento suscrito con esa
sociedad (hecho probado 7.1.10) -incluso, podría considerarse la fecha del 25 de
agosto de 2004, momento en el cual, al parecer, la parte actora tuvo conocimiento de
que el contrato no sería renovado- y; ii) la demanda se presentó el 1° de julio de
200532, esto es, dentro de los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el
derecho de accionar de forma oportuna.

De ahí que se advierte que la acción de reparación directa no se encuentra
caducada y, por tanto, no le asiste razón al Ministerio Público ni a las demandadas
al afirmar que el fenómeno preclusivo había ocurrido y por tanto la demanda
resultaba extemporánea.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde a la Sala
verificar la legitimación en la causa de las partes que integran la litis33.

4.1. Juan Fernando Góngora Arciniegas es la persona sobre la que recae el
interés jurídico que se debate en este proceso porque está acreditado que es el
propietario del predio que aduce resultó afectado con la ejecución de las obras de
la intersección vehicular Maizaro, ubicado en la carrera 33 No. 31-20/24 del
municipio de Villavicencio e identificado con las matrículas inmobiliarias 230-

31 Cabe precisar que la parte demandante no se encontraba obligada a intentar la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues aún no se encontraba vigente la Ley 1285 de
2009 que así lo exigía.
32 Fl. 2 a 27, 97 a 100 y 112 a 148, C.1.
33 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

15533, 230-15534, 230-15535, 230-15543 y 230-15553, según da cuenta copia
de la escritura pública No. 12135 del 10 de diciembre de 199634 y los certificados
de tradición de dicho inmueble35. De modo que el demandante está legitimado en
la causa por activa, frente a los daños alegados respecto de su propiedad, estos
son: i) la merma patrimonial que habría sufrido porque Terpel de la Sabana S.A.
no renovó el contrato de arrendamiento que tenía sobre su inmueble; ii) la
desvalorización del referido predio y; iii) la limitación en el uso y goce del predio
por parte del demandante, debido a la posible constitución de una servidumbre de
hecho.

En cuanto a los certificados de tradición del inmueble de propiedad del actor, se
observa que estos fueron aportados con la copia del proceso ordinario de
servidumbre adelantado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio,
la cual fue solicitada como prueba trasladada por el demandante y decretada por
el a quo. Se advierte que dichos documentos tienen validez probatoria, dado que
la prueba trasladada de la que forman parte fue debidamente solicitada y
decretada en el expediente y, una vez arrimada a este proceso quedó a
disposición de las partes quienes tuvieron la posibilidad de conocer su contenido
para que se surtiera el principio de contradicción y defensa36 sin que estas
manifestaran objeción alguna al respecto37. De ahí que no le asiste razón al
Ministerio Público cuando sostuvo que no se surtió traslado de dichos
documentos.

No obstante, el demandante no se encuentra legitimado en la causa por activa
para reclamar perjuicios frente a los daños alegados por la imposibilidad de
explotar la “estación de servicio Petrollanos” y la desvalorización de dicho

34 Fl. 28 a 40, C.1.
35Fl. 4 a 18, Cuaderno anexo 11 de pruebas.
36 Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento
administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo,
las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y
son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado
a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, CP: Danilo Rojas Betancourth.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

establecimiento de comercio, pues no existe prueba que permita acreditar que
fuera su propietario o poseedor.

De hecho, aunque allegó prueba de ser el propietario del predio en el que dicho
establecimiento de comercio funcionaba, (hecho probado 7.1.1.), no obra en el
plenario ningún medio de convicción que dé cuenta que aquel también era el
propietario de dicho establecimiento, solo que, como se verá más adelante, lo
tuvo arrendado a Terpel de la Sabana SA que era la que lo usaba con ese
propósito.

Por tanto, fuerza entonces, en la parte resolutiva, declarar la falta de legitimación
en la causa por activa de Juan Fernando Góngora Arciniegas para demandar una
indemnización de perjuicios por la imposibilidad de explotar la “estación de
servicio Petrollanos” y por la desvalorización de dicho establecimiento de
comercio.

4.2. El departamento del Meta se encuentra legitimado en la causa por pasiva,
dado que fue la entidad que construyó la obra pública consistente en la
intersección vehicular Maizaro en el municipio de Villavicencio (hecho probado
7.1.3.), que habría afectado el predio de propiedad del actor. En cuanto al
argumento de su apelación de que la obra fue contratada por la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación, entidad descentralizada
con personería jurídica y autonomía administrativa, se observa que, si bien la
directora de dicha Unidad fue quien suscribió el contrato No. 161 del 1° de octubre
de 2002, lo hizo en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto
departamental No. 0328 del 4 de junio de 2002 para actuar en nombre y
representación del departamento del Meta, como puede leerse en el mismo
contrato (hecho probado 7.1.3.), por tanto, la entidad territorial era la responsable
de dicha obra.

4.3. El municipio de Villavicencio no se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, dado que no ejecutó las obras de la intersección vehicular Maizaro que,
según el actor, causaron afectaciones al predio de su propiedad.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los daños alegados en la demanda, que
habrían sido causados con la ejecución de las obras de la intersección vehicular
Maizaro en el municipio de Villavicencio, se encuentran probados.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del
Estado por ocupación temporal o permanente de bienes inmuebles.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199138 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable
para establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración
con su acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder
por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la
atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo

38 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en
ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo
con los títulos de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por
la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre
con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial39.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7. Caso concreto

En los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida el 21 de
mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las
pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó reconocer el daño consistente
en la depreciación del establecimiento de comercio denominado “estación de
servicio Petrollanos” y la corrección monetaria e intereses a que había lugar por
concepto de la desvalorización del inmueble y del Good Will. Sin embargo, cabe
precisar que, dado que se declarará la falta de legitimación del actor por el daño
consistente en la desvalorización de dicho establecimiento de comercio, estos
argumentos no serán materia de análisis de la Sala, salvo el daño consistente en
la desvalorización del inmueble de propiedad del actor.

Por su parte, el departamento del Meta reprochó que se reconoció doble lucro
cesante con base en el contrato de arrendamiento celebrado entre el demandante
y Terpel de la Sabana S.A. A su turno, el ministerio público sostuvo que el daño
consistente en la merma patrimonial que sufrió el actor porque Terpel de la
Sabana S.A. no renovó el contrato de arrendamiento del inmueble se basaba en
una mera expectativa. Igualmente, consideró que no se probó la desvalorización
del bien y que el daño alegado por la limitación en el uso y goce del predio del

39Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

demandante, debido a la posible constitución de una servidumbre, era un daño
eventual.

En ese sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo
del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite sin limitación alguna40. Por ello,
a continuación, se analizará si se probaron los daños consistentes en i) la merma
patrimonial sufrida por el actor debido a que Terpel de la Sabana S.A. no renovó el
contrato de arrendamiento, ii) la desvalorización del inmueble de propiedad del
accionante y iii) la limitación en el uso y goce por parte del actor del predio de su
propiedad, debido a la posible constitución de una servidumbre, la cual podría
constituir una ocupación del bien inmueble, en los términos señalados por la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación41.

Con tal propósito, la Sala enunciará cuáles son los hechos probados relevantes, y
a partir de allí analizará si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, se reitera, que la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas
documentales trasladadas del proceso ordinario de servidumbre adelantado por el

40 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte
que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas
partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior,
éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del

9 de febrero de 2011, exp. 38271: “[…] cualquier ocupación del predio que tenga la virtud suficiente
para limitar las atribuciones del titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, y que
además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se busque la realización de
una obra por parte de la administración, debe considerarse como ocupación permanente en los
términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, y merece ser reparada en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, pero con las limitaciones que para el ejercicio
de la acción indemnizatoria establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, allegadas al plenario42, dado
que fueron debidamente solicitadas por el demandante y decretadas en el
expediente y quedaron a disposición de las entidades demandadas, de manera
que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la
oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.

De acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso, se encuentra
acreditado lo siguiente:

7.1.1. Consta que el 10 de diciembre de 1996, Juan Fernando Góngora Arciniegas
adquirió el predio ubicado en la carrera 33 No. 31-20/24 del municipio de
Villavicencio, conformado por cinco lotes (A, B. C, D y E), englobados en uno solo.
De ello da cuenta copia de la escritura pública No. 12135 de la misma fecha43 y
copia de los certificados de tradición de dicho inmueble44.

7.1.2. Se comprobó que el 1° de octubre de 1997, Juan Fernando Góngora
Arciniegas arrendó el inmueble a Terpel de la Sabana S.A., para que la
arrendataria le diera uso como estación de servicio de combustible, la cual fue
denominada en el contrato como “estación de servicio Petrollanos”. En dicho
contrato también se pactó un canon de $7’000.000 mensuales, que su vigencia
sería de 7 años y que se renovaría automáticamente por períodos iguales,
siempre que ninguna de las partes manifestara por escrito su intención de darlo
por terminado. Así consta en la copia del referido contrato suscrito en la fecha ya
mencionada45.

7.1.3. Se probó que el 30 de agosto de 2002, el departamento del Meta, a través
de la directora de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y

42 Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento
administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo,
las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y
son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado
a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
43 Fl. 28 a 40, C.1.
44Fl. 53 y 54, Cuaderno anexo 3 de la prueba trasladada.
45 Fl. 41 y 42, C.1.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Contratación, celebró el contrato No. 161 con el Consorcio ICEIN S.A. – Puentes y
Torones Ltda., cuyo objeto era realizar los “estudios, diseño y construcción de la
intersección vehicular Maizaro en el municipio de Villavicencio”. De ello da cuenta
copia del contrato de la misma fecha46.

7.1.4. Se demostró que el 1° de octubre de 2002 iniciaron las obras de la
intersección vehicular Maizaro en el municipio de Villavicencio. Así consta en la
copia del acta de inicio de obra de la misma fecha47.

7.1.5. Se acreditó que, el 20 de febrero de 2003, la directora de la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación del departamento del Meta,
informó a Juan Fernando Góngora Arciniegas el tiempo de duración de las obras
de la intersección vehicular Maizaro en el municipio de Villavicencio y cómo sería
la accesibilidad a los predios colindantes al proyecto vial. En cuanto al predio de
propiedad del demandante, indicó que los representantes de Terpel de la Sabana
S.A. ya habían sido informados sobre la accesibilidad que tendría el bien y que
estos mostraron su conformidad al respecto. Así consta en el oficio de la misma
fecha48, del cual se destaca lo siguiente:

“[…] Específicamente, el predio de la esquina de calle 31 con carrera 33
comúnmente identificado como Petrollanos o Estación de Servicio Terpel, tendrá
acceso por la carrera 33 circulando en el sentido sur – norte ruta ingreso Puerto
López – Centro. Como parte de las actividades de acompañamiento de la gestión
social que se viene adelantando en desarrollo del proyecto, la interventoría el
pasado 16 de enero de 2003 atendió en su oficina de la obra a los señores Helman
Sosa R y Martín Taylor, arquitecto y administrador de Terpel – Villavicencio, quienes
en representación del mencionado establecimiento solicitaron información sobre el
proyecto. Sobre el particular cabe anotar que la interventoría ilustró en forma
detallada y adecuada sobre la conceptualidad [sic] del proyecto y accesibilidad en
general a los predios colindantes con la calzada de la intersección. Entendemos, de
acuerdo con lo manifestado por los mencionados señores que las explicaciones e
ilustraciones dadas fueron satisfactorias, obtuvieron mayor conocimiento en detalle
del proyecto del que ya tenían información, mostraron complacencia por el hecho de
comprobar que en ningún caso el proyecto de la intersección estaba negando el
acceso al predio y, al mismo tiempo, pusieron en conocimiento de la interventoría
sobre la intención de desarrollar en el predio, aprovechando el período de ejecución
de las obras viales, un proyecto de modernización de las instalaciones y de la

46 Fl. 14 a 61, Cuaderno 12 de pruebas.
47 Fl. 10 a 13, Cuaderno 12 de pruebas.
48 Fl. 44 a 46, C.1.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

edificación para una mejor prestación del servicio, para lo cual en su oportunidad
solicitarían la colaboración de la obra para contactar al arquitecto diseñador del
espacio público de la intersección, con el fin de coordinar que todos los aspectos
inherentes a sus instalaciones estuvieran de acuerdo con el concepto adoptado para
los accesos y circulación peatonal y vehicular. […]”

7.1.6. Se demostró que el 28 de julio de 2003, en ejercicio del derecho de petición,
Juan Fernando Góngora Arciniegas le solicitó a la directora de la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación del departamento del Meta
el pago de una indemnización de $1.000.000.000, “por el daño especial
ocasionado a la estación de servicio Petrollanos” pues, desde enero de 2003,
debido a las obras de la intersección vehicular Maizaro, dicho establecimiento de
comercio había tenido que desocupar las instalaciones y suspender la venta de
combustible y demás servicios que prestaba. De ello da cuenta el escrito de la
misma fecha49.

7.1.7. Se probó que el 19 de agosto de 2003, la directora de la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación del departamento del Meta
negó la petición de indemnización elevada por Juan Fernando Góngora
Arciniegas, por considerar que este reclamaba un daño hipotético. De ello da
cuenta el oficio de la misma fecha50.

7.1.8. Se comprobó que el 30 de enero de 2004, el interventor al contrato No. 161
de 2002 para las obras de la intersección vehicular Maizaro en el municipio de
Villavicencio las recibió a satisfacción. Así consta en la copia del acta de recibo
final de las obras de la misma fecha51.

7.1.9. Se demostró que el 25 de junio de 2004 el contrato No. 161 de 2002 para
las obras de la intersección vehicular Maizaro, fue liquidado por las partes de
mutuo acuerdo. De ello da cuenta copia del acta de la misma fecha 52.

49 Fl. 49 a 51, C.1
50 Fl. 52, C.1
51 Fl. 230 a 234, C.1
52 Fl. 235 a 241, C.1

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

7.1.10. Se constató que el 25 de agosto de 2004, Terpel de la Sabana S.A.
informó a Juan Fernando Góngora Arciniegas que no renovaría el contrato de
arrendamiento celebrado entre ambos sobre el inmueble ubicado en la carrera 33
No. 31-20/24 del municipio de Villavicencio y, por tanto, este se terminaría al
vencimiento del plazo pactado, esto es, el 30 de septiembre de 2004. Lo anterior,
indicó que tenía fundamento en que, debido a las obras de la intersección
vehicular Maizaro, se habían disminuido notablemente las ventas de la “estación
de servicio Petrollanos”. De ello da cuenta la comunicación de la misma fecha53.

7.1.11. Consta que el 29 de marzo de 2005, Juan Fernando Góngora Arciniegas
arrendó el referido inmueble a Julio Cesar Jiménez Linares y Yur Viviana Galindo
Bedoya por un valor de $2’500.000 mensuales. En dicho contrato se pactó una
vigencia del 1° de abril de 2005 al 31 de marzo de 2008. De ello da cuenta copia
del referido contrato54.

7.1.12. Se constató que el 24 de febrero de 2006, el Juzgado Primero Civil del
Circuito negó la demanda de imposición de servidumbre promovida por Martha
Janeth Hernández Arias y otros contra Juan Fernando Góngora Arciniegas, con la
cual los demandantes pretendían que se impusiera una servidumbre de tránsito
vehicular sobre el predio de propiedad de Góngora Arciniegas, ubicado en la
carrera 33 No. 31-20/24 del municipio de Villavicencio. De ello da cuenta copia de
la providencia de la misma fecha55.

7.1.13. Se acreditó que, el 10 de agosto de 2006, el contrato de arrendamiento
celebrado el 29 de marzo de 2005 entre Juan Fernando Góngora Arciniegas
(arrendador), Julio Cesar Jiménez Linares y Yur Viviana Galindo Bedoya
(arrendatarios), fue terminado por las partes de mutuo acuerdo. Así consta en la
copia del acuerdo suscrito por las partes en la primera fecha mencionada56.

53 Fl. 47, C.1.
54 Fl. 53 a 58, C.1
55 Fl. 242 a 253, C.1
56 Fl. 402, C.7.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

7.1.14. Se comprobó que el 4 de agosto de 2009, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia-Laboral confirmó la sentencia del 24 de
febrero de 2006, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito, dentro del
proceso de imposición de servidumbre promovido por Martha Janeth Hernández
Arias y otros contra Juan Fernando Góngora Arciniegas. De ello da cuenta la
providencia de la misma fecha57.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración58-59, en tanto la prueba de todos los elementos de

57 Fl. 640 a 656, C.9.
58 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
59 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.

7.2.1. Los daños antijurídicos

Para iniciar, debe precisarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a un
interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho60, que contraría el orden legal61 o que
está desprovista de una causa que la justifique62, resultado que se produce sin
derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida63, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En el sub examine se tiene que los daños alegados en la demanda consisten: i) en
la merma patrimonial que habría sufrido el actor, porque Terpel de la Sabana S.A.
no renovó el contrato de arrendamiento que tenía sobre su inmueble; ii) en la
desvalorización del inmueble referido, ubicado en la carrera 33 No. 31-20/24 del
municipio de Villavicencio; y, iii) en la limitación en el uso y goce del predio por
parte del demandante, debido a la posible constitución de una servidumbre de
hecho.

En primer lugar, en cuanto al daño consistente en la merma patrimonial que habría
sufrido el actor porque Terpel de la Sabana S.A. no renovó el contrato de

derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
61 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
63 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la carrera 33 No. 31-20/24 del
municipio de Villavicencio, se acreditó que, en dicho contrato, celebrado el 1° de
octubre de 1997, se pactó que su vigencia sería de 7 años y que se renovaría
automáticamente por períodos iguales, siempre que ninguna de las partes
manifestara por escrito su intención de darlo por terminado (hecho probado 7.1.2.).
Igualmente, se probó que el 25 de agosto de 2004, Terpel de la Sabana S.A. le
manifestó al actor su intención de no renovar el contrato, el cual se terminó el 30
de septiembre de ese año (hecho probado 7.1.10).

Al respecto, es importante diferenciar cuándo existen meras expectativas y cuándo
hay expectativas legítimas. Así, las primeras no hacen exigible ningún derecho,
pues “consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no
haberse consolidado, pueden ser reguladas por el legislador, con sujeción a
parámetros de justicia y de equidad”64. Por su parte, la expectativa legítima surge
del mismo principio, según el cual el Estado, a través de sus acciones u
omisiones, genera una confianza en el particular de que una situación jurídica no
será cambiada bruscamente. Tratándose de relaciones entre particulares “este
vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son
suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento
en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, producen
determinados efectos jurídicos”65.

En el sub judice se tiene que, una vez cumplida su vigencia, el contrato de
arrendamiento terminó por la voluntad de la arrendataria, quien lo manifestó por
escrito al arrendador, tal como se previó en el contrato, de ahí que la renovación
automática no estaba garantizada, por el contrario, solo fue prevista por las partes,
a menos que una de estas diera previo aviso de su terminación. En ese sentido, la
renovación del contrato de arrendamiento constituía una mera expectativa de que
la relación contractual podría mantenerse en el tiempo, no se trataba de una
expectativa legítima creada por Terpel de la Sabana S.A., dado que se trataba de
64 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-242 del 1 de abril de 2009, MP: Mauricio González

Cuervo.
65 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004, MP: Clara Inés

Vargas Hernández.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

un contrato consensual, en el que primaba la voluntad de las partes y en los
términos previamente pactados.

Igualmente, cabe precisar que el actor no contaba con un derecho adquirido de
renovación de dicho contrato, pues los derechos adquiridos han sido definidos
como aquellas situaciones jurídicas individuales definidas y consolidadas bajo la
vigencia de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y
definitivamente al patrimonio de una persona66. Para que el derecho sea
considerado como «adquirido», es necesario que se hayan cumplido los
supuestos que la norma prevé para obtenerlo; es decir, todas las condiciones y
requisitos fijados en esta respecto de un determinado sujeto67, de modo que la
posibilidad de que se renovara el contrato de arrendamiento por parte de Terpel
no cumple los referidos supuestos para considerarse un derecho adquirido, menos
cuando en un contrato prevalece la autonomía de las partes.

Igualmente, vale advertir que el respeto y la garantía del derecho adquirido
depende, además de lo anterior, de que se hubiese obtenido con acatamiento del
ordenamiento jurídico, pues el artículo 58 de la Constitución Política es claro en
indicar que los derechos adquiridos deben serlo “con arreglo a las leyes civiles”, lo
cual quiere decir que debe existir un justo título68.

En este caso, el daño alegado por el demandante se funda en una mera
expectativa que tenía de continuar un contrato de arrendamiento, el cual se
caracteriza por ser bilateral, consensual y, por tanto, dependía de la voluntad de
ambas partes para prorrogarlo.

66 Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004: “[…] De conformidad con la jurisprudencia
constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el
patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley
se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se
configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es
decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado,
no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas […]”.
67 Corte Constitucional, sentencia C-242 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo.
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de junio de

2002, exp. 11001-03-15-000-1999-0439-01(S-439), CP: María Inés Ortiz Barbosa. Ver también
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2020, exp. 25000-23-25-000-2011-
00849-01(3592-16), CP: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

De lo alegado en la demanda se observa que el actor lamenta que luego de la
terminación del contrato de arrendamiento con Terpel de la Sabana S.A., el predio
de su propiedad estuvo desocupado y generándole gastos hasta el 1° de abril de
2005, cuando nuevamente lo arrendó, pero por un canon mucho menor al que le
pagaba su anterior arrendataria.

En efecto, se observa que, en el contrato de arrendamiento celebrado entre el
actor y Terpel de la Sabana S.A., las partes habían pactado un canon mensual de
$7’000.000, mientras que, en el celebrado el 29 de marzo de 2005, entre el
demandante, Julio Cesar Jiménez Linares y Yur Viviana Galindo Bedoya, se pactó
el valor de $2’500.000 mensuales (hechos probados (7.1.2. y 7.1.11.).

A ello se suma que, si bien el actor pudo ver mermados los ingresos que obtenía
por el contrato celebrado con Terpel de la Sabana S.A. en comparación con los
que le reportaba el que suscribió después de este, esta afectación no configura un
daño antijurídico que deba ser indemnizado, pues está amparado por el acuerdo
celebrado entre las partes, quienes, por tratarse de un contrato consensual,
podían terminarlo de la forma como se pactó en el mismo acuerdo y así sucedió,
cuando Terpel de la Sabana S.A. dio previo aviso al actor para cesar el contrato al
vencimiento del plazo acordado.

Para la Sala, no hace diferencia que las razones manifestadas por Terpel de la
Sabana S.A. para terminar el contrato de arrendamiento se debieran a la
disminución de las ventas de la estación de servicio Petrollanos, con motivo de las
obras de la intersección vehicular Maizaro, toda vez que el daño alegado por la no
renovación del referido contrato no es antijurídico, al margen de la causa que haya
invocado la arrendadora para terminarlo, dado que indistintamente de por qué
terminó la relación contractual, Terpel de la Sabana S.A. no estaba obligada a
renovar el negocio jurídico, siempre que cumpliera con el preaviso dentro del
término previsto en el bilateral, tal como lo hizo. Igualmente, esto implicaría
afirmar, anticipadamente, que se causó el daño debido a las obras públicas
porque así lo manifestó Terpel de la Sabana S.A., esto es, se entraría a razonar

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

sobre una posible imputación, cuando primero debe verificarse el daño alegado, el
cual, se itera, no constituye una lesión jurídicamente indemnizable.

Adicionalmente, los gastos en que pudo incurrir el actor por la tenencia de su
propiedad durante el tiempo en que no tuvo arrendado el inmueble, aunque no
especificó cuáles gastos, de ser estos ciertos, tampoco constituyen un daño
antijurídico indemnizable, pues las erogaciones que implica ser propietario tales
como, por ejemplo, el pago de servicios públicos e impuestos, corresponden a una
carga real que le impone la ley como consecuencia de la condición de propietario
(obligaciones propter rem).

Como consecuencia, la Sala considera que el daño alegado por la merma
patrimonial que sufrió el actor debido a que Terpel de la Sabana S.A. no renovó el
contrato de arrendamiento, no es indemnizable.

En segundo lugar, en cuanto al daño consistente en la desvalorización del
inmueble de propiedad del actor, se observa que, además de los medios de
convicción arrimados al proceso, de los cuales ya se hizo un recuento en el
capítulo de hechos probados, en el plenario se practicó un dictamen pericial
decretado a solicitud del demandante por parte de un perito avaluador, con el fin
de “determinar la desvalorización del predio por causa de las obras públicas
realizadas por el departamento del Meta”69.

No obstante, lo anterior, el perito señaló que su dictamen consistió en “calcular la
desvalorización / minusvalía de lo que fuera la estación de servicio Petrollanos en
su impacto como unidad predial, como establecimiento de comercio y como
empresa”, en el cual concluyó lo siguiente70:

“[…] Dadas las circunstancias de cierre del establecimiento de comercio por las
circunstancias objeto de litigio, que condujeron al cierre de actividades de la
explotación económica, no solo se depreció el valor del predio sino del
establecimiento de comercio, hecho que también fue objeto de cálculo en el

69 Auto de pruebas del 30 de enero de 2007, Fl. 378 a 382, C.7.
70 Fl. 426 a 493, C.7.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

presente dictamen pericial. […] Conclusión. De conformidad con los estudios,
análisis y cálculos realizados y que están sustentados y graficados en los cuadros
anexos a esta presentación, se concluye que las utilidades esperadas y al alcance
en una circunstancia de status quo, es decir, antes de la ejecución de la obra
pública adelantada por el departamento del Meta, asciende a la suma de
$3.978’972.530. Asimismo, se concluye que la desvalorización del predio y del
establecimiento de comercio de acuerdo con el avalúo anexo asciende a la suma de
$944’518.260. […]”

Posteriormente, en aclaración del dictamen sobre cómo obtuvo el valor de la
depreciación del inmueble, el perito avaluador señaló que71:

“[…] se trataba de establecer la afectación que soportaba el bien, esto es, su
depreciación, su minusvalía en el mercado, aquella disminución del valor del bien
en el mercado, el que ostentaba con anterioridad a la ejecución de las obras dadas
las condiciones de su ubicación y a lo que estaba destinado, lo que hacía que antes
de la construcción de las obras públicas que lo inhabilitaron fuera considerado
como un bien de altísima apreciación, valoración y calificación. […] Ese concepto,
esa menor valía se obtiene de dos extremos a saber: el valor del bien antes de la
ejecución de las obras y el valor del bien después de concluidas las obras
ejecutadas. […] Como lo indicara el dictamen, ello se cuantifica en la suma de
$944’518.260. […] El valor obtenido y reflejado en respuesta anterior, el mismo
contenido a manera de conclusión en el dictamen que se aclara resultó de la
diferencia de los montos contenidos entre: (i) el resultado del análisis del avalúo
practicado el 24 de junio de 2002, el cual arrojó la suma de $1.555’800.000 y (ii) el
avalúo practicado el 11 de junio de 2005 el cual, valorado el predio una vez tuvieron
conclusión las obras que lo afectaban, descendió su valor a la suma de
$611’281.740. […]”

A estos efectos, se tiene que el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil
establece que el juez deberá analizar la prueba en relación con el hecho que se
pretende probar; la competencia del perito, esto es, que sea un experto en la
materia técnica analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad;
que esté fundamentado con conclusiones claras y precisas; que se haya permitido
su contradicción y que otras pruebas no lo desvirtúen.

Según lo expuesto y bajo los parámetros referidos anteriormente, se advierte que
el dictamen pericial rendido por el perito avaluador no resulta idóneo, conducente
ni eficaz para demostrar la desvalorización del inmueble de propiedad del
demandante, pues los documentos anexos que soportan el dictamen consisten
en: i) fotografías tomadas a las instalaciones y menaje correspondientes a la

71 Fl. 546 a 572, C.7.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

“estación de servicio Petrollanos”; ii) una descripción del valor de obras civiles
para dicho establecimiento; iii) información general sobre el mismo establecimiento
y la supuesta inversión del actor en este; iv) balance general, activos fijos,
proyección anual de ventas y; v) otra información contable de dicho
establecimiento de comercio. Sin embargo, en ninguno de los anexos del dictamen
se halla información que indique los valores del terreno y de las construcciones en
el inmueble de propiedad del actor antes y después de la ejecución de las obras
de la intersección vehicular Maizaro, que respalden la suma que señaló el perito
como depreciación del bien. Además, el auxiliar de la justicia no cumplió con la
carga de claridad que le asistía para cumplir con el objeto del dictamen, pues
incorporó en el valor del inmueble el del establecimiento de comercio, el cual,
como antes se advirtió, no se probó que perteneciera al actor.

Igualmente, en cuanto a los avalúos en los que se respaldó el perito del 24 de
junio de 2002 y 11 de junio de 2005, se observa que estos documentos son
suscritos por él mismo, como si los hubiera realizado en esas fechas, pese a que
fue designado como auxiliar de la justicia en este proceso el 30 de enero de
200772. Esto podría interpretarse de dos formas: i) que el perito ya había avaluado
el inmueble en dichas fechas a solicitud del demandante -lo cual no se puede
verificar dado que no aparece comunicación o constancia de entrega de estos al
demandante en fecha alguna- o; ii) que el perito reprodujo el contenido del avalúo
063 del 24 de junio 2002 y del avalúo 030 del 11 de junio de 2005 realizados y
entregados en esas fechas por el perito Pierre J. Marciales D. al hoy demandante,
los cuales fueron aportados con la demanda y decretados como prueba en este
proceso73.

En efecto, se observa que los avalúos del 24 de junio de 2002 y del 11 de junio de
2005 suscritos por el perito designado en este proceso, reproducen el texto de los
avalúos 063 del 24 de junio 2002 y 030 del 11 de junio de 2005, salvo que al final
describen cifras distintas.

72 Auto de pruebas del 30 de enero de 2007, Fl. 378 a 382, C.7.
73 Fl. 296 a 344, C.1.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Así, mientras en el avalúo 063 del 24 de junio 2002, se establece el valor del
terreno en $495’.000.000 y el de las construcciones en $314’920.000, en el avalúo
de la misma fecha suscrito por el perito designado en este proceso, este señala
como valor del terreno la suma de $500’000.000 y el de las construcciones
$450’000.000.

Igualmente, mientras que en el avalúo 030 del 11 de junio de 2005, el perito
contratado por el actor indicó que el valor del terreno era de $550’000.000 y el de
las construcciones de $61’795.800, en el avalúo que el perito designado en este
proceso supuestamente realizó en la misma fecha, el valor indicado para el
terreno es de $550’000.000 y el de las construcciones de $61’281.740.

Además, el perito avaluador designado en este proceso no explicó de dónde
obtuvo el valor del metro cuadrado para establecer el precio del terreno ni anexó
las cotizaciones, facturas o cualquier documento idóneo con los avalúos del 24 de
junio de 2002 y 11 de junio de 2005 que, supuestamente realizó en esas fechas,
para respaldar el valor que otorgó a las construcciones enlistadas tales como:
“Supermarket, oficina almacén, módulo de engrase, lavado cubierto, bodega,
mitter-basurero-islas-orinal-, patios en concreto, aljibe y tanques de agua”.

Como antes se indicó, con la demanda se allegaron el avalúo 063 del 24 de junio
2002 y el avalúo 030 del 11 de junio de 2005, realizados por el perito avaluador
Pierre J. Marciales D.74. Estos avalúos fueron decretados por el a quo
expresamente como prueba pericial75 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
18376 del Código de Procedimiento Civil.

74 Fl. 296 a 344, C.1.
75 Auto de pruebas del 30 de enero de 2007, Fl. 378 a 382, C.7.
76 “Artículo 183. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de tos términos y oportunidades
señalados para ello en este código.
Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar
experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre
varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente.
Si se trata de prueba documental o anticipada, también se apreciarán las que se acompañen a los
escritos de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos en que se
promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá expresamente sobre la admisión de

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Sin embargo, al igual que el dictamen practicado en este proceso, dichos avalúos
carecen de eficacia para probar el daño consistente en la desvalorización del
predio de propiedad del demandante, pues aunque el perito describe los valores
del terreno y de las construcciones en él comprendidas, no explica de dónde
obtuvo las cifras que menciona y solo allega como soportes de dichos avalúos la
copia del contrato de arrendamiento celebrado el 1° de octubre de 1997 entre el
actor y Terpel de la Sabana S.A., así como fotografías tomadas al lugar en la
fecha de cada avalúo, sin explicar cómo estos anexos pueden fundamentar los
valores que determinó en cada documento de avalúo.

En el proceso también se practicó un dictamen con el fin de realizar inspección
judicial al inmueble de propiedad del actor, con el objeto de determinar: “1. la
limitación de acceso vehicular al predio con ocasión de los andenes construidos.
2, Las obras locativas construidas dentro del predio, que conforman la estación de
servicio Petrollanos. 3. El uso actual del predio arrendado”. Se observa que no se
realizó la inspección judicial, pero el perito visitó el lugar y elaboró el dictamen 77;
no obstante, este tampoco resulta eficaz para demostrar la desvalorización del
predio del actor, pues no fue decretado con ese propósito ni hace referencia
alguna a ese aspecto, es decir, no acredita el daño alegado, puesto que no
permite establecer, en modo alguno, cuanto valía el inmueble antes de las obras
ejecutadas y en cuánto se determinó su valor después de estas.

Finalmente, también se practicó en este proceso un dictamen pericial por una
perito contadora con el propósito de: “calcular la cuantificación de los perjuicios
ocasionados por causa de las obras públicas realizadas por el departamento del
Meta”, tales perjuicios son: “a. la diferencia entre, de una parte, las rentas que
hubiera recibido el arrendador de haberse prorrogado el contrato de
arrendamiento con Terpel de la Sabana S.A. desde el 1 de octubre de 2004 hasta
el 1 de octubre de 2012 […] de otra parte, los cánones que ha percibido y percibirá

dichas pruebas, cuando decida la solicitud de las que pidan las partes en el proceso o incidente.
[…]”
77 Fl. 512 a 531, C.7.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

el arrendador por un término de 36 meses desde el 1 de abril de 2005 hasta el 31
de marzo de 2008 […] .b. Los costos que la parte actora sufragó como
consecuencia de la entrega del bien […]. c. Sírvase actualizar las sumas de dinero
que corresponden al daño emergente o al lucro cesante […]. d. Sírvase calcular
los intereses comerciales y civiles sobre la tipología d ellos perjuicios indicada
[…]”78. Sin embargo, esta prueba tampoco fue decretada para demostrar la
desvalorización del inmueble de propiedad del actor ni ilustra en ese sentido, dado
que no refiere valores anteriores ni presentes del inmueble, no aporta los avalúos
respectivos ni permite determinar en modo alguno que el predio se desvalorizó.

Cabe precisar que el a quo no advirtió ninguna de las insuficiencias antes
advertidas sobre los dictámenes periciales, pues se limitó a concluir que la
restricción de acceso vehicular durante la ejecución de la obra pública y el
impedimento de igual tipo de acceso por uno de los costados del predio, afectó
gravemente la actividad comercial de la “estación de servicio Petrollanos” para la
cual se había destinado el inmueble, así como el valor comercial del bien, sin
hacer una explicación detallada de cómo dichos dictámenes le permitieron llegar a
esas conclusiones.

Por tanto, resulta forzoso concluir que no se acreditó el referido daño, en tanto las
pruebas practicadas no determinaron que el predio de propiedad del demandante
se desvalorizó.

En tercer lugar, en cuanto al daño consistente en la limitación en el uso y goce del
predio del demandante, debido a la posible constitución de una servidumbre, se
advierte que se trata de un daño hipotético que nunca se concretó, pues la
imposición de una servidumbre de tránsito vehicular que unos particulares
pretendían sobre el predio del demandante fue negada en el proceso civil
abreviado promovido con ese propósito, tanto en primera como en segunda
instancia (hechos probados 7.1.12. y 7.1.14.), por tanto, el demandante no fue
limitado en el uso y goce de su propiedad.

78 Fl. 622 a 637, C.9.

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

Adicionalmente, cabe precisar que el alegado “daño potencial” como lo calificó el
actor en su demanda, provenía de la acción de particulares que buscaban una
servidumbre de tránsito en el predio del demandante y promovieron demanda en
su contra con ese fin, mas no de una acción u omisión del departamento del Meta,
motivo por el cual, de haberse verificado tal gravamen, sería un asunto que no le
correspondía decidir a esta jurisdicción.

Como consecuencia, se impone, entonces, revocar la sentencia del 21 de mayo
de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las
pretensiones de la demanda para, en su lugar: i) declarar la falta de legitimación
en la causa por activa para pretender perjuicios por los daños alegados por la
imposibilidad de explotar el predio para la “estación de servicio Petrollanos” y la
desvalorización de dicho establecimiento de comercio, ii) declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva del municipio de Villavicencio y iii) negar las
pretensiones de la demanda, al constatar que el actor no demostró los daños
alegados.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una
actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de mayo de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda y
en su lugar se dispone:

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Radicado: 50001233100020053031901 (49700)
Demandante: Juan Fernando Góngora Arciniegas

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Juan
Fernando Góngora Arciniegas para reclamar perjuicios frente a los daños
alegados por la imposibilidad de explotar el predio para la “estación de servicio
Petrollanos” y la desvalorización de dicho establecimiento de comercio.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
municipio de Villavicencio.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

VF/EX8

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