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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2005-10334-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2005-10334-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en virtud de las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2005-10334-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.
Demandado: Departamento del Meta
Proceso: Acción de controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. Corresponde a quien es parte material de la relación jurídica
sustancial controvertida. EFECTOS DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS-Por regla general son
ex tunc pero no se pueden afectar situaciones consolidadas ni a terceros de buena fe. INTERPRETACIÓN
CONTRACTUAL. La parte legitimada es aquella que tiene la titularidad de la facultad de contratación.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La decisión
fue la siguiente:

PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA propuesta por el apoderado del DEPARTAMENTO DEL
META.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de agosto de 2002, la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública del Departamento del Meta y el Consorcio ICEIN S.A. - Puentes
y Torones Ltda. celebraron el contrato de obra pública No. 161 de 2002, cuyo objeto
era realizar los estudios, diseños y construcción de la intersección vehicular El Maizaro
en Villavicencio. El demandante argumentó que durante la ejecución del contrato se

Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

realizaron modificaciones que generaron mayores cantidades de obra no previstas en
la licitación y solicitó la nulidad de la Resolución 203 del 19 de mayo de 2004, mediante
la cual, la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública de la
Gobernación del Meta, no accedió a tales reconocimientos.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 29 de junio de 2005, el Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda. por medio
de apoderado judicial, formuló acción de controversias contractuales 1 contra el
Departamento del Meta, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:

“PRIMERO. Que se decrete la nulidad de la resolución 203 de fecha 19 de mayo de
2004, por medio de la cual la unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública de la Gobernación del Meta no accedió “a las pretensiones
presentadas por el CONSORCIO ICEIN S.A. – PUENTES Y TORONES LTDA
relacionadas con el reconocimiento de los sobre costos por mayores cantidades de obras
en la construcción de la intersección vial El Maizaro”.

SEGUNDO. Que se hagan las siguientes declaraciones y condenas.

1. Que se declare que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA
PROYECTOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, en representación de la Gobernación del
Meta, rompió en contra de los intereses del contratista CONSORCIO ICEIN S.A. –
PUENTES Y TORONES LTDA. el equilibrio económico contractual del convenio de obra
pública No. 161 de fecha 30 de agosto de 2002 y sus adicionales por razón de los
sobrecostos que a continuación se relacionan en que incurrió el contratista en la
ejecución del citado contrato y por el incremento de los precios del acero de refuerzo
para la construcción de las estructuras en concreto reforzado de los puentes vehiculares
y obras complementarias de redes y espacio público.

Los sobrecostos fueron los siguientes.

a. Por el diseño y construcción de las estructuras en concreto correspondientes a
los pasos vehiculares conformados por los box coulvert, ejes 1-2-3-4- que conducen el
tráfico vehicular proveniente de la ciudad de Puerto López hacia el centro de la ciudad
de Villavicencio y del centro de Villavicencio hacia Puerto López, los cuales fueron
diseñados y construidos con una mayor área como consecuencia de la exigencia de la
Entidad Contratante, a través de la interventoría, para proveer el área necesaria para
adosar a las estructuras vehiculares, los pasos peatonales no previstos dentro de la
licitación, en atención a que el ancho del tablero para los ejes 1 y 2 era de 7.38 metros
y 7.00 metros, respectivamente, en el plano de licitación, en tanto que en el diseño vial
definitivo los anchos fueron de 10.38 metros y 7.76 metros, respectivamente, para
ajustarse a los requerimientos de la Interventoría de incluir un anden peatonal de 3.00
metros en el eje 1, por lo cual el área que era de 316 metros cuadrados pasó a ser de
327 metros cuadrados.

1 Folios 1 a 42 del cuaderno 1.

2

Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

b. Por el diseño y construcción de las estructuras en concreto correspondiente al
paso vehicular conformado por el box coulvert, ejes 6- 7- que conduce el tráfico vehicular
proveniente del centro de Villavicencio hacia Bogotá y Acacias, el cual fue diseñado y
construido con una mayor área como consecuencia de la exigencia de la Entidad
Contratante, a través de la interventoría, para proveer el área necesaria para adosar a
la estructura vehicular, los pasos peatonales no previstos dentro de la licitación, en
atención a que la luz libre medida en el sentido normal al eje 7 era de 6.0 metros en el
plano de licitación, en tanto que en los planos de diseño vial se aumentó a 7.60 metros.
El ancho de vía del eje 6 cambió de 7.00 metros en el plano de licitación a 9.38 metros
en el diseño vial definitiva, dada la inclusión de un anden peatonal, por lo cual cambió el
área construida de 61 metros cuadrados a 113 metros cuadrados.

c. Por el diseño y construcción de las estructuras en concreto correspondiente al
paso vehicular elevado, que conduce el tráfico proveniente de la ciudad de Bogotá y
Acacias hacia el centro de la ciudad de Villavicencio, conformado por un viaducto de dos
carriles el cual se encontraba previsto en los documentos de la licitación con un ancho
de 7.00 metros y durante la ejecución del contrato fue exigido por parte de la entidad
contratante, por conducto de la Interventoría, con un ancho de 8.40 metros. Asimismo,
la longitud prevista en los documentos entregados en la licitación corresponden a un
paso elevado con una longitud ‹le 86.00 (sic) y el diseño final del paso elevado resultó
en 130.55 metros. Como resultado de estas mayores cantidades de obra el
CONSORCIO lCEIN S.A. PUENTES Y TORONES LTDA debió construir 1.096.64 M2 de
puente Contra la cantidad prevista en la licitación de 603.08 M2, lo cual representa una
mayor cantidad de obra de 81.84%. Lo anterior quiere decir que el valor previsto en la
licitación y que corresponde a un 22.38% del valor total de contrato se incrementa a un
40.71 % del valor total del contrato. Es decir el sobre costo corresponde al 18.31% del
valor del contrato inicial

d. Por el reemplazo de los postes de alumbrado público previstos en concreto y
exigidos posteriormente en metálicos por la entidad contratante, por conducto de la
interventoría.

e. Por la construcción de las cajas de las válvulas de acueducto en concreto
reforzado aunque estaban diseñadas en mampostería por orden de la entidad
contratante a través de la interventoría.

f. Por el incremento desmesurado del precio del acero de refuerzo para construcción de
las estructuras en concreto reforzado de los puentes vehiculares y obras
complementarias de redes y espacio público.

1. Que, como consecuencia de las declaraciones inmediatamente precedentes,
se condene a la Gobernación del Meta a pagar al CONSORCIO ICEIN S.A. - PUENTES
Y TORONES LTDA, en pesos actualizados como lo ordena el articulo 178 del Código
Contencioso Administrativo y con los correspondientes intereses moratorios, el daño y
la disminución patrimonial, consistente en restablecerle sus ventajas económicas, así.

a) Por el diseño y construcción de las estructuras en concreto correspondientes a
los pasos vehiculares conformados por los box coulvert - ejes 1-2 y 3-4 que conducen el
tráfico vehicular proveniente la ciudad de Puerto López hacia el centro de la ciudad de
Villavicencio y del centro de Villavicencio hacia Puerto López, la suma de $20.846.749.

b) Por el diseño y construcción de las estructuras en concreto
correspondiente al paso vehicular conformado por el box coulvert, ejes 6-7- que conduce
el trafico proveniente del centro de Villavicencio hacia Bogotá y Acacias, la suma de
$204.993.035.

c) Por el diseño y construcción de las estructuras en concreto correspondiente al
paso vehicular elevado, que conduce el tráfico proveniente de la ciudad de Bogotá y
Acacias hacia el centro de la ciudad de Villavicencio, la suma de $1.590.433.252.

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

d) Por el reemplazo de los postes de alumbrado público previstos en concreto y
exigidos posteriormente en metálicos por la entidad contratante, por conducto de la
interventoría, la suma de $36.036.000.

e) Por la construcción de las cajas de las válvulas de acueducto en concreto
reforzado aunque estaban diseñadas en mampostería por orden de la entidad
contratante, a través de la interventoría, la suma de $32.192.752.

f) Por el incremento inesperado del precio del acero, la suma de $115.706.992.

LA SUMA TOTAL CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $2.000.208.780., sin
incluir intereses y actualizaciones.

2. Que se condene en las costas del juicio a la Gobernación del Meta.

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que suscribió el contrato de obra
pública No. 161 del 30 de agosto de 2002 con la Unidad Administrativa Especial para
Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta, por valor de
$8.686.145.559, cuyo objeto fue realizar los estudios, diseños y construcción de la
intersección vehicular El Maizaro en Villavicencio. Expuso que durante la ejecución del
contrato se le exigieron modificaciones que generaron mayores cantidades de obra no
previstas, que no fueron pagadas.

Sostuvo que las mayores cantidades de obra se generaron por exigencias de la
interventoría para proveer los pasos peatonales no previstos dentro de la licitación,
causas absolutamente ajenas a la responsabilidad del contratista. Argumentó que el
box coulvert ejes 1-2 y 3-4 pasaron de 316 m² a 327 m2; el box coulvert ejes 6-7
aumentó de 61 m2 a 113 m2; el paso vehicular elevado se incrementó de 603.08 m2
a 1,096.64 m², lo cual representó una mayor cantidad de obra de 81.84%; los postes
de alumbrado público previstos en concreto fueron exigidos en metálicos; las cajas de
válvulas fueron construidas en concreto reforzado, aunque estaban diseñadas en
mampostería y el precio del acero sufrió aumentos inesperados del 33.1% entre julio
de 2002 y diciembre de 2003. Lo que generó un sobrecosto del 28.14%.

Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 203 del 19 de mayo de 2004, por
medio de la cual la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación
Pública de la Gobernación del Meta no accedió a las pretensiones presentadas
relacionadas con el reconocimiento de los sobrecostos por mayores cantidades de
obra. Pidió que se declare que se rompió el equilibrio económico del contrato No. 161

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

de 2002 y sus adicionales por razón de los sobrecostos en que incurrió el contratista
en la ejecución del citado contrato por el incremento de los precios del acero de
refuerzo, y que se ordene restablecer el equilibrio económico reconociendo el mayor
valor de $2.000.208.780 sin incluir intereses y actualizaciones.

Contestación de la demanda2

El 6 de febrero de 2006, el Departamento del Meta contestó la demanda oponiéndose
a las pretensiones. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva; inepta demanda por no demandarse el acta de liquidación del contrato;
cumplimiento del contrato por parte de la administración; reconocimiento de obras
adicionales; alea normal del negocio y ausencia de elementos constitutivos de ruptura
del equilibrio económico contractual. La entidad demandada argumentó que el
demandante vinculó a un ente diferente de quien es parte en el contrato, pues se
demandó al Departamento del Meta cuando quien suscribió el contrato fue la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública de ese Departamento,
creada mediante Decreto 327 de 2002 como organismo descentralizado con
personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera. Subrayó que no
existe delegación sino descentralización administrativa, tratándose de dos entes con
personería jurídica que adquieren derechos y contraen obligaciones en forma
autónoma e independiente.

La demandada también señaló que el acta de liquidación No. 34 del 25 de junio de
2004 finiquitó la relación contractual y en ella el contratista consignó su inconformidad,
pero que este acto no fue objeto de cuestionamiento en la demanda. Indicó que en el
evento en que prosperara la nulidad de la Resolución 203 del 19 de mayo de 2004, la
misma no afectaría la liquidación pues el acta no fue demandada. Destacó que cumplió
a cabalidad con sus obligaciones y que reconoció todas las actividades que de acuerdo
con la interventoría se causaron. Argumentó que cumplió con todas las obligaciones
contractuales, las actividades no previstas y complementarias al objeto contractual, lo
que se reflejó en la celebración de dos contratos adicionales. Señaló que durante la
ejecución del contrato no se presentaron situaciones anormales, imprevisibles e
irresistibles que cambiaran en forma substancial las condiciones económicas que
regularon el contrato. Afirmó que no se presentaron factores de tal magnitud que
rompieran el equilibrio económico contractual afectando al contratista, o que al menos

2 Folios 221 a 229 del cuaderno 1.

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

no le fueran imputables.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia recurrida3

El 10 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta, dictó sentencia de primera
instancia. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
al establecer que el contrato No. 161 de 2002 no fue celebrado con el Departamento
del Meta, sino con la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación
Pública del Departamento del Meta, entidad con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera. En consecuencia, concluyó que la demanda debió dirigirse
contra dicha Unidad, como sujeto contractual, y no contra el Departamento, por lo que
negó las pretensiones sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Recurso de apelación4

El 24 de marzo de 2015, el Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda. apeló la
sentencia. El recurrente argumentó que el Tribunal realizó una indebida interpretación
del contrato No. 161 de 2002, puesto que quien lo suscribió fue el Departamento del
Meta y no la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta.

El apelante enfatizó que no solo en el encabezado del contrato sino en virtud de
algunas cláusulas, se desprende que fue suscrito con el Departamento y no con la
Unidad Administrativa Especial. Precisó que allí se indicó expresamente que la
directora de la Unidad actuó en nombre y representación del Departamento del Meta,
y que todas las obligaciones de pago, garantías, riesgos, apropiaciones
presupuestales y demás obligaciones económicas recaían en el Departamento.
Sostuvo que el Tribunal solo consideró las actas de entrega de obras y liquidación del
contrato suscritas por la Unidad, pero que estas correspondían a facultades que el
propio Departamento le delegó según lo pactado contractualmente. Agregó que la
disponibilidad presupuestal la tenía el Departamento y no la Unidad, precisamente
porque el contratante fue el primero.

Trámite de segunda instancia

3 Folios 620 a 627 del cuaderno principal.
4 Folios 629 a 637 del cuaderno principal.

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

En providencia del 20 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta concedió
el recurso de apelación5, el cual fue admitido por este Despacho el 16 de junio de
20156. El 21 de julio de 2015 se corrió traslado7 a las partes por un término común de
10 días para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que,
si lo consideraba, emitiera concepto. La demandante presentó sus alegaciones, la
demandada y el Ministerio Público guardaron silencio8.

Alegatos de Segunda Instancia – Consorcio ICEIN S.A. Puentes y Torones Ltda.9

El Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda. solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda. Reiteró los argumentos
del recurso de apelación, enfatizando que el contrato No. 161 de 2002 fue suscrito con
el Departamento del Meta. Adicionalmente, invocó la sentencia del 22 de mayo de
2008 (Rad. 50001-23-31-000-2006-01110-01) del Consejo de Estado y el concepto de
la Procuraduría General del 18 de enero de 2013, mediante los cuales se declaró la
suspensión de los artículos 1° y 2° del Decreto 327 de 2002, que autorizaron la
creación de dicha unidad.

III. CONSIDERACIONES

A. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 29 de julio de 2005, el régimen aplicable es el
Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA). Conforme al artículo 266 del
CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese Código, los recursos
interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se
regían por la Ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo
308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012, prevé que las actuaciones
administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código
seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el
CCA.

5 Folio 639 del cuaderno principal.
6 Folio 644 del cuaderno principal.
7 Folio 648 del cuaderno principal.
8 Folio 660 del cuaderno principal.
9 Folios 649 a 659 del cuaderno principal.

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se
seguiría el Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la
actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Así mismo, esta Corporación también es competente en razón a la cuantía, pues ésta
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es $190.750.00010),
teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en $2.000.208.780. de pesos (fl. 36
c.1).

Legitimación en la causa

3. Debido a que este presupuesto procesal es controvertido por el apelante frente
a la decisión que tomó el a quo, esta Sala se ve obligada a introducirse en el
planteamiento del problema jurídico y hará un análisis pormenorizado de este
presupuesto.

B. Problema jurídico

4. Corresponde a la Sala determinar si el Departamento del Meta está legitimado
en la causa por pasiva o si debió vincularse a la Unidad Administrativa Especial para
Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta.

C. Análisis de la Sala

10 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2005 ($381.500) por 500.

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el
asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC. De igual manera, las copias
simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de
unificación, consideró que tenían mérito probatorio11.

Legitimación en la causa

6. La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— hace referencia a la
vinculación material que existe entre las partes del proceso y la relación jurídica
sustancial que da origen al litigio, en cuanto permite determinar si quien demanda o es
demandado ocupa, conforme al derecho sustantivo, la posición de titular del derecho
o de la obligación que se debate. En ese sentido, la legitimación en la causa supone
que el sujeto que interviene en el proceso es, según la ley, quien puede válidamente
formular o resistir las pretensiones, por ser parte activa o pasiva de la relación jurídica
cuya definición corresponde al juez. Se trata, por tanto, de un aspecto que incide en el
mérito de la controversia, en la medida en que condiciona la procedencia de las
pretensiones, y no de un presupuesto de carácter procesal12.

En materia de relaciones contractuales, esta legitimación se relaciona con los efectos
vinculantes del negocio jurídico. En efecto, todo contrato legalmente celebrado es ley
para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 CC. De ahí que el contrato,
en principio, como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él
–efecto relativo de los contratos– y, por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido
entre los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (p.
ej. art. 1506 y 1507 CC).

Por su parte, la legitimación en el proceso —legitimatio ad processum— se relaciona
con la capacidad para actuar dentro del proceso, esto es, con la aptitud jurídica de las
personas para comparecer en juicio y ejercer válidamente los actos procesales, bien

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.: 25.022.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de abril de 2008, Rad.: 16.271. En igual sentido la doctrina

Ante todo ha de tenerse presente que la legitimación en la causa determina quiénes están autorizados para obtener
una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso concreto, y, por tanto, si es
posible resolver la controversia que respecto a esas pretensiones existe, en el juicio, entre quienes figuran en él
como partes (demandante, demandado e intervinientes), en una palabra: si actúan en el juicio quienes han debido
hacerlo, por ser las personas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis. Se trata de las condiciones o
cualidades subjetivas, que otorgan la facultad jurídica de pretender determinadas declaraciones judiciales con fines
concretos, mediante una sentencia de fondo o mérito, o para controvertirlas Devis Echandía, Hernando. Nociones
generales de derecho procesal civil. Bogotá, Temis, 2009, p. 353.

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sea directamente o a través de su representante. Esta forma de legitimación atañe,
entonces, a la correcta conformación del proceso desde el punto de vista formal, por
lo cual constituye un presupuesto procesal, cuya ausencia da lugar a la configuración
de un vicio que puede afectar la validez del trámite y de la decisión que se adopte.

7. La Sala procede a analizar las razones por las cuales la apelación considera
que el Departamento del Meta está legitimado en la causa por pasiva.

Sobre la delegación de funciones para la firma del contrato

8. La actora indicó que la parte contractual es el departamento del Meta porque el
texto mismo del contrato indica que la directora de la Unidad Administrativa Especial
para Proyectos y Contratación Pública actuó facultada por el Gobernador de ese
departamento, con lo cual, afirma la existencia de una delegación.

8.1. El contrato de obra pública No. 161 de 2002 fue suscrito por la directora de la
Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta. En el texto del contrato se indicó, expresamente, como lo
afirma el actor, que la mencionada funcionaria actuaba facultada para contratar en
nombre y representación del departamento del Meta, conforme al “Decreto 0328 de 4
de junio de 2002” (folios 72 a 112 del cuaderno 1).

La Sala observa que, al verificar la fecha señalada y el contenido normativo aplicable,
se advierte un error en la numeración del acto citado. En efecto, la norma que
corresponde a esa fecha y que regula la materia es el Decreto 327 de 2002 en el que,
efectivamente, a la mencionada unidad se le otorgaron facultades de naturaleza
contractual. De esta manera, la referencia al Decreto 0328 no tiene correspondencia
normativa real, y debe entenderse que se trató de un yerro formal.

8.2. En segundo lugar, corresponde a la Sala analizar el contenido del mencionado
decreto a efectos de establecer si, como lo afirma la parte actora, contenía una
delegación para contratar en virtud de la cual el Gobernador del Meta transfirió esa
función a la directora de la mencionada unidad.

El Decreto 327 de 2002 (folios 259 a 265 del cuaderno 1) se expidió en el marco de
las facultades otorgadas al gobernador para reorganizar la administración

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Radicación: 50001233100020051033400 (54.116)
Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

departamental, en desarrollo de la descentralización administrativa prevista en la
Constitución y en la Ley 489 de 1998. Adicionalmente, el decreto se apoyó en la
Ordenanza 473 de 2001, que facultó al ejecutivo departamental para reestructurar la
administración y reorganizar las funciones de las distintas dependencias, lo cual incluía
la posibilidad de crear nuevas entidades y reasignar competencias.

En particular, se indicó que la medida respondía a la necesidad de redistribuir
competencias y desconcentrar funciones, con el fin de hacer más eficiente el ejercicio
de la función administrativa. Asimismo, el acto se justificó en la conveniencia de
superar la dispersión de funciones en materia contractual, la cual generaba dilución de
responsabilidades y riesgos de prácticas inadecuadas. En esa línea, se buscó dotar la
actividad contractual de un manejo técnico, profesional y centralizado, orientado a
fortalecer la transparencia y el control en la contratación pública departamental.

El artículo primero del decreto dispuso la creación de la Unidad Administrativa Especial
para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta, como un organismo
descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, adscrito al despacho del gobernador. A su turno, el artículo
segundo le asignó las funciones, entre las cuales se destacan: adelantar integralmente
los procesos contractuales, dirigir los procedimientos de selección, celebrar contratos
y convenios, y ejecutar todos los actos propios de la actividad contractual, tanto previos
como posteriores a su celebración.

De igual forma, el decreto reguló aspectos estructurales de la entidad, tales como su
jurisdicción y domicilio (art. 3), su dirección y órgano directivo (arts. 4 y 5), su
organización administrativa y planta de personal (arts. 6 a 8), así como su régimen
presupuestal y patrimonial (arts. 9 y 10). Finalmente, en los artículos 11 a 14 se
establecieron disposiciones sobre su entrada en funcionamiento, ajustes
administrativos y régimen aplicable, incluyendo la previsión de que los procesos
contractuales en trámite, los contratos en ejecución y las actuaciones pendientes
continuarían su curso bajo la gestión de la Unidad, lo que consolidó la transferencia
efectiva de la función contractual a dicha entidad.

8.3. El contenido y alcance del decreto impone precisar que no contenía una
delegación de funciones, sino que la decisión allí adoptada implicó una verdadera
descentralización administrativa.

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8.3.1. El artículo 209 de la Constitución Política estableció expresamente que la
delegación es un instrumento para facilitar los principios que orientan la función
administrativa. A su turno, el 211 de la Carta Política dispuso que correspondería al
legislador definir las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los
ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de
entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del
Estado que la misma ley determine. Igualmente, lo habilita para fijar las condiciones
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades.

En desarrollo de esa norma, el legislador expidió el artículo 9 de la Ley 489 de 1998,
en el que señaló que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la
Constitución Política y lo regulado en esa misma ley podrán, mediante acto de
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras
autoridades, con funciones afines o complementarias.

La referida norma no conceptualizó la delegación. Por ello la jurisprudencia se ha
encargado de señalar que se trata de una herramienta diseñada por el legislador, con
el propósito de facilitar la organización de la estructura institucional para el ejercicio de
la función administrativa. Por virtud de la delegación, se produce el traslado de
competencias de un funcionario a otro -colaborador de inferior jerarquía u otra
autoridad con la que se tiene funciones afines-, para que sean ejercidas por éste, bajo
su responsabilidad (inciso segundo del artículo 211 de la CP), dentro de los términos
y condiciones que fije la ley13.

La jurisprudencia de esta Corporación, con base en este entendimiento, ha definido
que los elementos constitutivos de la delegación son los siguientes: (i) la transferencia
de competencias administrativas de un funcionario a otro mediante acto administrativo;
(ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii)
que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) que el órgano
que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la
competencia; y (v) su ámbito de aplicación corresponde, única y exclusivamente,
dentro de las diversas funciones del Estado, a esta función pública.

13 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 31 de octubre

de 2007; Rad. (13503); del 31 de julio de 2008. Rad. 25000-23-26-000-2005-00240-01(AP), Sección Primera,
sentencia de 28 de enero de 2016, Rad. 11001-03-24-000-2012-00348-00.

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De manera que la delegación, por los fines instrumentales que esta expresa, exige dos
cosas: la norma que la habilite y el acto del delegante basado en términos de
oportunidad y conveniencia para el desempeño mismo de la función, a quien le es
transferida, como lo señala la doctrina:

“La norma de delegación crea, para el delegante, más que la posibilidad de renunciar al
ejercicio de su propia competencia, el poder de satisfacer mediante un acto que no
importe un ejercicio directo, los deberes funcionales ínsitos en sus propias atribuciones.
Respecto al delegado la norma de delegación obra como una verdadera norma de
competencia. Por el acto de delegación el delegado podrá ejercer la competencia que le
fuera acordada por la norma de delegación. El acto de delegación realiza la situación
jurídica en la que adquiere eficacia y aplicación efectiva la norma de competencia que
constituye la premisa principal del instituto de la delegación”14

8.3.2. La regulación de la delegación en materia de contratación estatal ha tenido una
evolución normativa que explica su alcance actual. En efecto, el artículo 12 de la Ley
80 de 1993 estableció que los jefes o representantes legales de las entidades podían
delegar la competencia para celebrar contratos, al tiempo que autorizó la
desconcentración de los procedimientos de selección, lo que introdujo una
diferenciación funcional entre ambas figuras15.

En desarrollo de dicha disposición, la reglamentación inicial —particularmente el
artículo 7 del Decreto 679 de 1994— estableció que los jefes o representantes legales
de las entidades estatales podrían desconcentrar la realización de todos los actos y
trámites inherentes a la realización de licitaciones o concursos para la celebración de
contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de estos, en los funcionarios de
los niveles directivo, ejecutivo o sus equivalentes.

Con ocasión de la regulación de las normas referidas, se expidió el artículo 37 del
Decreto Ley 2150 de 1995, vigente para la época del contrato. En dicha norma se
dispuso que los representantes legales de las entidades estatales podían delegar total
o parcialmente la competencia tanto para la realización de licitaciones o concursos
como para la celebración de contratos, sin consideración a su naturaleza o cuantía,
con lo cual se amplió el ámbito de la delegación y se permitió su ejercicio respecto de
las diferentes fases del proceso contractual.

14 DIEZ, Manuel María. “El acto administrativo”. 2ª ed. Tipográfica Editora Argentina (T.E.A.) Buenos Aires, 1961,

p. 183.
15 Esta norma está vigente y actualmente tiene una modificación introducida por el artículo 21 de la Ley 1150 de

2007, que agregó un inciso y un parágrafo a dicha norma.

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De esta manera, la normativa evolucionó desde un esquema que distinguía entre
delegación y desconcentración, según la etapa contractual, hacia un modelo en el que
la delegación puede comprender integralmente el proceso de contratación y que
impone una diferencia conceptual entre ambas figuras. La delegación consiste en la
transferencia del ejercicio de funciones que realiza el representante legal —en
entidades con personería jurídica— o el jefe de la entidad —en aquellas que carecen
de ella— en un funcionario determinado, usualmente de nivel directivo, ejecutivo o
asesor, quien actúa en nombre de la autoridad delegante y asume la titularidad
funcional para efectos decisorios.

Por su parte, la desconcentración implica la asignación de competencias a una
dependencia de la misma entidad, la cual puede encontrarse en la sede principal o
fuera de ella, sin que se produzca un desplazamiento de la titularidad jurídica de la
función, sino únicamente su ejercicio operativo dentro de la estructura administrativa.
De esta manera la desconcentración constituye una forma de gestión administrativa
mediante la cual se asigna el ejercicio de determinadas competencias a órganos
internos -dependencias- de una misma entidad, ubicados en niveles jerárquicamente
subordinados, sin que ello suponga la creación de una nueva persona jurídica ni la
autonomía presupuestal o reglamentaria del órgano receptor.

Su finalidad radica en racionalizar la distribución de cargas al interior de la
administración, evitando la concentración excesiva de funciones en los niveles
superiores y favoreciendo una gestión más ágil, eficiente y oportuna de los asuntos
públicos. Desde el punto de vista estructural, la desconcentración se caracteriza por:
(i) tener origen legal o reglamentario, en cuanto es el propio ordenamiento el que
redistribuye la competencia; (ii) recaer sobre dependencias, de nivel medio o inferior,
dentro de la estructura administrativa en la misma sede o fuera de ella; (iii) conferir una
competencia funcional que se ejerce de manera directa por la dependencia designada,
sin perjuicio de la sujeción jerárquica; (iv) mantener incólume la titularidad de la función
en cabeza del ente al que pertenece el órgano; y (v) limitar la intervención del superior
jerárquico a los poderes ordinarios de dirección, vigilancia y control, sin que pueda
reasumir la competencia salvo habilitación normativa expresa.

La dificultad práctica surge cuando, pese a que determinados procedimientos o etapas
de la actuación administrativa han sido desconcentrados en una dependencia, la

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decisión final —como ocurre, por ejemplo, con el acto de adjudicación— es suscrita
por un funcionario en virtud de delegación. En estos eventos, se presenta una
superposición funcional en la que la instrucción o trámite del procedimiento
corresponde a la dependencia desconcentrada, mientras que la decisión jurídica se
radica en el delegatario.

8.3.3. El Decreto 327 de 2002 (fl. 259 a 265 c. 1), según se explicó, dispuso la creación
de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta como un organismo descentralizado del orden departamental,
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, a la cual se le asignó el
ejercicio integral de la actividad contractual del nivel central. Esta configuración
normativa excluye la posibilidad de entender que se trató de un acto de delegación,
puesto que no hubo un traslado de competencias entre funcionarios, sino la radicación
directa de la titularidad de competencias en una entidad distinta, con capacidad para
actuar jurídicamente por sí misma.

Ahora bien, para precisar el alcance de esta conclusión, resulta necesario diferenciar
los conceptos de competencia externa e interna en materia contractual. La primera
hace referencia a la aptitud jurídica para actuar en el tráfico jurídico como sujeto
contratante, esto es, a la titularidad para celebrar contratos en nombre propio y
obligarse frente a terceros; la segunda, por su parte, alude a la distribución de
funciones al interior de una misma entidad, ya sea mediante figuras como la delegación
o la desconcentración.

Desde esta perspectiva, la descentralización comporta la asignación de competencia
externa, en la medida en que crea un sujeto jurídico autónomo que actúa directamente
como entidad contratante16. En cambio, la delegación y la desconcentración operan

16 En relación con el artículo 2 de la ley 80 de 1993 señala la doctrina: “En efecto, si se ve con detenimiento el

numeral 1º literal a) del artículo 2º, en mención se aprecia que éste contempla con carácter exhaustivo, los distintos
órganos, órdenes y niveles del Estado que gozan de personería jurídica. Se mencionan la Nación y las llamadas
entidades territoriales, tanto las básicas, como las alternativas, es decir, las regiones, los departamentos, las
provincias, el Distrito Capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios,
inclusive, los territorios indígenas, y finalmente los municipios, es decir, los distintos niveles territoriales los cuales,
por si mismos, todos gozan de personería jurídica. En segundo lugar, dentro de dicho literal, se alude a la llamada
administración descentralizada que puede concurrir, tanto en el nivel nacional como en los niveles seccionales y
locales mencionados, particularmente, al interior de la Nación, del departamento y al interior del municipio; y en tal
sentido se mencionan los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta, en las que el Estado tenga una participación superior al 50%. En tercer lugar, se
catalogan como entidades estatales a las llamadas entidades descentralizadas indirectas; y, como si lo anterior no
cerrara el círculo del carácter exhaustivo que pretende la norma extiende dicha catalogación a todas las demás
personas jurídicas en las que exista participación pública mayoritaria, cualquiera sea su denominación en todos los
órdenes y niveles…” MOLANO, Mario Roberto. Los sujetos de la contratación estatal y su régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés. Editorial Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá. 2010. Páginas 34 y 35

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exclusivamente en el ámbito de la competencia interna, pues se limitan a redistribuir
el ejercicio de funciones dentro de la estructura de una misma entidad, sin alterar la
titularidad del sujeto parte en la relación contractual.

En estas condiciones, resulta evidente que el demandante incurre en una confusión
conceptual al pretender explicar la actuación de la Unidad Administrativa Especial a
partir de categorías propias de la competencia interna —delegación—, cuando en
realidad se está ante un supuesto de descentralización que determina, de manera
directa, la titularidad de la función contractual y, por ende, la imputación jurídica de los
actos y contratos celebrados a esa unidad.

En consecuencia, los actos y contratos celebrados en desarrollo de dichas
competencias no pueden entenderse imputables al Departamento del Meta, porque el
gobernador hubiera delegado la función en la directora de la Unidad Administrativa
Especial para Proyectos y Contratación Pública, sino, directamente a dicha entidad en
su condición de entidad descentralizada funcionalmente, titular de la competencia
contractual.

8.3.4. Conviene ahora, precisar los efectos que produjo la sentencia dictada el 26 de
agosto de 2019 por la Subsección B de esta corporación (Rad. 44183), mediante la
cual se confirmó la decisión de primera instancia, consistente en anular los artículos 2,
3 y 9 del Decreto 0327 de 2002, mediante el cual se creó y se asignó la titularidad de
la función contractual a la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública. Resulta pertinente aclarar que las normas demandadas se
encontraban suspendidas provisionalmente por decisión de esta Corporación,
proferida en el trámite del proceso, el 22 de mayo de 200817.

8.3.4.1 El fallo estudió una acción de nulidad promovida contra los artículos 1, 2 y 9
del Decreto 327 de 2002 de la Gobernación del Meta, por medio del cual se creó la
Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta. El motivo central de la demanda fue que, al crear esa Unidad

17 En esa oportunidad La Sala concluyó: “Encuentra la sala que la contradicción de los artículos 1° y 2° del decreto

327 de 2002 con el artículo 12 de la ley 80 de 1993 es evidente, toda vez que mientras esta disposición legal
autoriza a los jefes y los representantes legales de las entidades estatales la simple delegación -total o parcial- de
la competencia para celebrar contratos, así como la “desconcentración” para la realización de licitaciones o
concursos a funcionarios que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes, los artículos
1 y 2 acusados -en contraste- prevén la descentralización de la facultad de contratación del departamento del Meta
creando la Unidad Administrativa Especial para proyectos y contratación pública del departamento accionado “con
el objetivo general de atender todas y cada una de las competencias en materia de contratación estatal, que
corresponda al nivel Central del Departamento del Meta”.

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como organismo descentralizado con personería jurídica, el gobernador descentralizó
una competencia que, según el actor, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 solo permitía
ejercer mediante delegación o desconcentración.

Esa Sala explicó que la delegación no crea una nueva persona jurídica y solo traslada
el ejercicio de la función, mientras que la descentralización sí implica un
desplazamiento de la titularidad de esta a una nueva entidad, con un nuevo centro de
imputación de competencias y responsabilidad. A partir de esa distinción, sostuvo que
el artículo 12 de la Ley 80 facultaba a los representantes legales para delegar la
celebración de contratos y desconcentrar la realización de licitaciones, pero no para
descentralizar esa competencia. Por ello, confirmó la nulidad de las disposiciones
demandadas del Decreto 327 de 2002.

La decisión no reguló expresamente los efectos que la nulidad podría generar sobre
los contratos suscritos con anterioridad a la nulidad o a la suspensión provisional.

8.3.4.2. La Sala precisa que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, en
ejercicio de la acción de nulidad, produce efectos retroactivos, en cuanto implica que
el acto desaparece del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su
expedición. En efecto, el Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que “los
efectos de la nulidad son ‘ex tunc’, es decir, que producen efectos desde el momento
en que se profirió el acto anulado, conforme lo inferido por la diferencia entre la
inexequibilidad y la invalidez18.

No obstante, dicha retroactividad no opera de manera absoluta, pues la misma
jurisprudencia ha precisado que la nulidad afecta las situaciones que no se encuentren
consolidadas, lo cual implica que aquellas situaciones jurídicas que han alcanzado
firmeza o estabilidad no resultan automáticamente desconocidas por la decisión
anulatoria. En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha indicado
que los efectos ex tunc solo pueden proyectarse respecto de situaciones no
consolidadas, mientras que las situaciones jurídicas consolidadas permanecen
incólumes frente a la nulidad del acto:

18 Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 10 de mayo de 1974, en el que se explicó que la nulidad de los

actos administrativos «parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo
debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia» y, la inexequibilidad, «no desconoce la realidad de la vigencia
anterior de la norma inexequible».

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Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de carácter
general, tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, a partir
de las diferencias que existen entre declaración de nulidad y de inexequibilidad.
Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, como
lo señala el artículo 1746 del Código Civil: […] Esta consecuencia resarcitoria implica,
en materia contenciosa administrativa, que los efectos de los fallos que declaran la
nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea
retirado del ordenamiento jurídico a partir de la decisión judicial, sino que es necesario
que las situaciones particulares que surgieron en su vigencia queden como estaban ab
initio, ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior. Sin
embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas
particulares que no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron en virtud del
acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se encuentran
cuestionadas en sede administrativa o judicial. No ocurre lo mismo respecto de las
situaciones consolidadas que ya no son susceptibles de ser discutidas en vía
administrativa y/o judicial, por cuanto los fallos de nulidad no las pueden afectar, porque
sus efectos son ex nunc19.

En igual sentido la doctrina especializada, ha considerado lo siguiente:

Este punto de vista que hemos venido sosteniendo desde tiempo atrás, se basa en que
no resulta contradictorio, al menos en nuestro derecho, acudir a una técnica proveniente
del Derecho Civil francés, máxime cuando no existe norma legal expresa que regule la
cuestión. Por esa causa —aunque no sea una opinión pacífica en la Argentina—
consideramos que la declaración de invalidez de un acto o contrato administrativo tiene,
en principio, efectos retroactivos, generando los derechos consiguientes para la parte
perjudicada por los efectos que el acto produjo hasta ese momento (v. gr., restituciones
patrimoniales). Pero esa retroactividad no puede afectar a los terceros de buena fe que
adquirieron derechos respecto del acto declarado inválido a posteriori, para lo cual
resulta esencial determinar si el acto adolece de una nulidad absoluta y manifiesta ya
que, en tales casos, quedaría excluida la buena fe del tercero20.

En consecuencia, la nulidad de un acto administrativo produce, de una parte, su
expulsión del ordenamiento jurídico y la eliminación de sus efectos, y de otra, la
posibilidad de incidir sobre aquellas situaciones jurídicas que aún se encontraban en
discusión o eran susceptibles de ser controvertidas. Sin embargo, no conlleva la
invalidación automática de todas las relaciones jurídicas originadas durante su
vigencia, en la medida en que el ordenamiento protege la estabilidad de las situaciones
consolidadas y la confianza legítima de quienes actuaron bajo la presunción de
legalidad del acto.

8.3.4.3. En línea con lo expuesto, la Sala precisa que la nulidad del Decreto 327 de
2002 —mediante el cual se creó la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena de decisión Rad. 66001-33-33-

001-2012-00141-01. En esta providencia se reiteró el criterio unificado sentado por esta misma Sala sobre los
efectos de la nulidad de los actos administrativos, contenido en las sentencias de 1º de octubre de 2019, expediente
66001-2333-003-2012-00007-01 y de 3 de diciembre de 2019, expediente 66001-33-33-004-2012-00105-01.

20 CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Temis, Bogotá, 2013, págs. 230 y 231.

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Contratación Pública del Departamento del Meta— no produce, de manera automática,
la desaparición de los efectos jurídicos derivados de las actuaciones adelantadas
durante su vigencia.

El contrato de obra pública No. 161 de 2002 fue celebrado y ejecutado en un contexto
temporal y normativo en el cual la Unidad Administrativa Especial se encontraba
formalmente creada, dotada de personería jurídica y habilitada para ejercer la actividad
contractual, circunstancia que le permitió actuar como sujeto jurídico autónomo bajo la
presunción de legalidad de los actos que le dieron origen.

En tal sentido, los efectos derivados de dicha relación contractual no pueden verse
automáticamente alterados por la declaratoria de nulidad del acto que dio origen a la
entidad, pues ello implicaría desconocer el límite que la jurisprudencia ha fijado a la
retroactividad de la nulidad, así como los principios de seguridad jurídica y buena fe.
De manera que, frente a la habilitación para contratar, se trató de una situación jurídica
consolidada.

Además, debe tenerse en cuenta que el contratista actuó bajo la confianza legítima
frente a la validez del marco jurídico existente, sin haber intervenido en la expedición
del acto posteriormente anulado, decisión de nulidad que correspondió a una
circunstancia de carácter estrictamente legal y ajena a su esfera de actuación.

Entender lo contrario conduciría, además, a un resultado incompatible con la lógica del
contrato –que supone la autonomía de la voluntad con el fin de que las partes regulen
su situación económica mediante un acuerdo de voluntades- en la medida en que se
dejaría sin centro de imputación jurídica la relación contractual, desconociendo que
esta fue válidamente constituida frente a un sujeto que, para ese momento, tenía
capacidad jurídica para actuar.

Por consiguiente, los efectos de la nulidad del Decreto 327 de 2002 no tienen la
virtualidad de desarticular las relaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia,
las cuales deben ser analizadas conforme a la situación jurídica existente al momento
de su configuración.

8.3.5. En este orden de ideas, la Sala concluye que la legitimación en la causa por
pasiva debe determinarse conforme al marco jurídico vigente al momento de

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celebración del contrato. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327 de 2002,
que como se explicó no responde a la figura de la delegación sino a la
descentralización, la actividad contractual del Departamento fue atribuida a la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública, entidad dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y habilitada para celebrar
contratos en desarrollo de sus funciones. En consecuencia, fue dicha Unidad —y no
el Departamento del Meta, como lo sugiere la apelación— la que intervino como parte
en la relación contractual y asumió las obligaciones derivadas de la misma, razón por
la cual es el sujeto llamado a responder, al constituir el centro de imputación jurídica
de la relación contractual controvertida.

Las cláusulas particulares del contrato

9. El recurrente indicó que el encabezado del contrato se refiere al departamento
del Meta y que determinadas cláusulas sobre las obligaciones de pago, garantías,
riesgos, apropiaciones presupuestales y demás obligaciones económicas recayeron
en dicho ente territorial, por lo que está legitimado por pasiva.

10. En tal sentido corresponde a la Sala hacer una interpretación integral del
contrato (fl. 72 a 112 c. 1) para desentrañar su contenido y alcance, en cuanto a
quienes integran la parte estatal de la relación contractual. El juez del contrato debe
seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 CC, según el cual, conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de
las palabras.

Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la intención
de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que,
aun siendo «claro» en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe
precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del
negocio jurídico21. La labor del juez no se orienta, por supuesto, a «enervar,
reemplazar o suplantar a las partes»22, ni a adulterar sus estipulaciones, sino más bien
a la «consecución reflexiva del sentido de una estipulación»23. En tal sentido, no solo

21 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, Rad. 11001-31-

03-019-2011-00361-01 [fundamento jurídico C.1].
22 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, Rad. 2001-06915-01

[fundamento jurídico 1].
23 Cfr.Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2000, Rad. 5577
[fundamento jurídico 1].

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al interpretar el contrato, sino sus acuerdos modificatorios, debe precisar la finalidad
común de las partes, con el fin de determinar el resultado específico perseguido por
ellas, de acuerdo con su contenido, alcance, utilidad y función24.

11. Con el propósito de verificar los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, la Sala procedió a contrastar las cláusulas contractuales invocadas por la
parte actora con el texto íntegro del contrato No. 161 de 2002. El siguiente cuadro
recoge, de manera sistemática, las afirmaciones del apelante y la correspondiente
verificación literal del contenido contractual, a efectos de establecer si, en efecto, las
estipulaciones permiten concluir que el Departamento del Meta actuó como parte
contractual directa en los términos alegados.

CLÁUSULA INVOCADA POR LA TEXTO VERIFICADO DEL CONTRATO
APELACIÓN
Título del contrato CONTRATO No. 161 DE 2002 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y
EL CONSORCIO ICEIN S.A. – PUENTES Y
TORONES LTDA
Encabezamiento (representación) Directora de la Unidad Administrativa
Especial… facultada para contratar en
nombre y representación del
DEPARTAMENTO DEL META
Cláusula 5.1.2 – Pago anticipado (diseños) Relativa al objeto del contrato en la que se
indicó que EL DEPARTAMENTO procederá
a cancelar al contratista el valor del pago
anticipado SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Cláusula 5.2.2 – Pago anticipado (obra) EL DEPARTAMENTO procederá a cancelar
al contratista el valor del pago anticipado…
Cláusula 7 – Obligaciones del contratista Mantener una valla …según modelo
acordado con EL DEPARTAMENTO…
Cláusula 8 – Obligaciones del Departamento Serán obligaciones del DEPARTAMENTO:
efectuar los pagos…
Cláusula 9 – Garantías La garantía única deberá constituirse
figurando como asegurado el
DEPARTAMENTO…
Cláusula 9.1.1 – Manejo del anticipo Este amparo deberá constituirse a favor del
DEPARTAMENTO…
Cláusula 9.1.2 – Cumplimiento Este amparo deberá constituirse a favor del
DEPARTAMENTO…
Cláusula 9.1.3 – Salarios y prestaciones Este amparo deberá constituirse a favor del
DEPARTAMENTO…
Cláusula 9.1.4 – Calidad de obra Este amparo deberá constituirse a favor del
DEPARTAMENTO…
Cláusula 9.2 – Responsabilidad civil Garantía para mantener indemne al
DEPARTAMENTO por daños causados a
terceros.

24 Cfr.Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de agosto de 2002, Rad. 6907
[fundamento jurídico 3].

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Cláusula 10 – Riesgos del contratista EL DEPARTAMENTO no hará
reconocimiento alguno, frente a los riesgos
asumidos por el contratista
Cláusula 11 – Riesgos del Departamento Riesgos que asume EL DEPARTAMENTO.
Asume los efectos derivados del riesgo por
los costos ociosos.
Cláusula 19 – Apropiación presupuestal El DEPARTAMENTO cuenta con la
disponibilidad presupuestal…
Cláusula 20 – Forma de pago EL DEPARTAMENTO será el encargado de
hacer efectivo dicho pago…
Cláusula 20.4 – Actas de obra Valores debidos por el DEPARTAMENTO…
Cláusula 21.5 – Efectos de actas La firma de las actas por el interventor o la
unidad no se interpretará como renuncia por
parte del DEPARTAMENTO…
Cláusula 27 – Recibo de obra La cláusula no se refiere al departamento
Cláusula 29.8 – Multas ambientales El contratista responde por las multas que le
impongan al DEPARTAMENTO por
incumplimiento de obligaciones ambientales.
Se dispone que no habrá lugar a multas si el
incumplimiento del contratista tiene origen en
el incumplimiento de las obligaciones del
DEPARTAMENTO.
Cláusula 34 – Liquidación No dice sobre el DEPARTAMENTO.
Cláusula 36 – Intereses de mora Para los casos de mora entre las
Obligaciones de pago entre el
DEPARTAMENTO y el contratista…
Cláusula 39 – Indemnización La Cláusula señala expresamente que el
contratista será responsable y mantendrá
indemne a la Unidad frente a los perjuicios
causados. El numeral 39.2. Se refiere a la
idoneidad del personal e incluye el deber del
contratista de responder frente a daños
causados a terceros o al DEPARTAMENTO
Cláusula 39.3 – Notificaciones Dice que la unidad avisará al contratista de
cualquier acción iniciada contra el
DEPARTAMENTO…Agrega que responderá
por los costos en que incurra el
DEPARTAMENTO si niega que las
reclamaciones en contra de la unidad no son
de aquellas que conforme al contrato debía
asumir y el juez decide en contrario.
Cláusula 40 – Pena pecuniaria Pena pecuniaria a favor del
DEPARTAMENTO…
Cláusula 42 – Trabajadores No tendrán relación laboral con el
DEPARTAMENTO…

De la revisión integral de las cláusulas contractuales que hacen referencia expresa al
Departamento del Meta, la Sala constató que:

(A). Algunas corresponden a errores de digitación: (i) el encabezado, dado que el
contrato fue firmado por la unidad conforme a lo expuesto con anterioridad, en virtud
de la descentralización que se hiciera en el Decreto 327 de 2002; (ii) la cláusula 8
sobre obligaciones, dado que, aunque en ella se indica que serán obligaciones del

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departamento, lo cierto es que se titula “obligaciones de la unidad”. Ello permite
demostrar que es un error en la redacción de la cláusula, particularmente porque la
cláusula 1, sobre las condiciones generales del contrato, en el numeral 28, establece,
expresamente, que el responsable frente al contratista por las obligaciones es la
unidad.

(B). Algunas otras que nada dicen frente al departamento o que lo ubican como un
tercero afectado por la conducta del contratista, como: (i) la cláusula 27 sobre actas
de recibo de obra que corresponde suscribir a la unidad y no se refiere al
departamento; (ii) la cláusula 34 sobre liquidación del contrato que no indica que sea
el Departamento quien la suscribe; (iii) la cláusula séptima que solo se refiere a las
vallas de señalización cuyo contenido y tamaño debían acordarse con el
departamento; y (iv) la cláusula 29.8 sobre multas ambientales que señala que el
contratista responde por las multas que se le impongan al departamento por
incumplimiento de las obligaciones en esta materia.

(C). El resto de las estipulaciones relativas al departamento giran en torno a aspectos
de carácter presupuestal, financiero y de garantía. En efecto, el departamento es
identificado en el clausulado como el sujeto encargado de efectuar los pagos, titular
de la disponibilidad presupuestal, beneficiario de las garantías, destinatario de
indemnizaciones y sanciones contractuales. En conjunto, estas disposiciones permiten
identificar al Departamento como soporte financiero y titular de las consecuencias
económicas del contrato, sin que en ellas se definan, de manera expresa, actividades
relacionadas con la ejecución, dirección técnica o gestión jurídica y operativa del
negocio jurídico.

12. La Sala procede ahora a hacer referencia a las cláusulas relativas a la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del
Meta. Sobre el particular el cuadro que a continuación se presenta engloba las tareas
específicas de dicha entidad.

Cláusula del contrato Contenido
Cláusula 1 – definiciones (referencia La UNIDAD Administrativa Especial para
funcional a la Unidad) Proyectos y Contratación Pública del
Departamento adelantará la gestión
contractual requerida para la ejecución del
objeto.
Cláusula 1 definiciones – numeral 23. LA UNIDAD: Es la UNIDAD entidad
territorial contratante de la obra. Se

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Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

entenderá que Unidad Administrativa
Especial para Proyectos y Contratación
Pública del Departamento del Meta es el
único responsable del control de la
ejecución del contrato y de las
obligaciones del contratante frente al
contratista.
Cláusula 3 – Ejecución del contrato La UNIDAD ejercerá el control de
ejecución del contrato y adelantará los
procesos necesarios para su desarrollo.
Cláusula 20 – Forma de pago Los pagos se tramitarán con intervención
(intervención funcional) de la UNIDAD en el seguimiento de la
ejecución contractual.
Cláusula 27 – Actas de recibo de obra El acta de recibo será suscrita entre el
interventor, la UNIDAD y el contratista.
Las actas serán suscritas por el
interventor y la UNIDAD.
Cláusula 28 – Seguimiento e interventoría Corresponde a la UNIDAD la coordinación
y seguimiento técnico, administrativo y
financiero del contrato.
Cláusula 29 – Multas La Unidad podrá imponer multas por
incumplimiento
Cláusula 30 – Caducidad La UNIDAD está habilitada para declararla
Cláusula 30 – terminación unilateral La UNIDAD está habilitada para declararla
Cláusula 32 -Modificación unilateral La UNIDAD está habilitada para adoptarla
Cláusula 32 – Liquidación El contrato será liquidado con intervención
de la UNIDAD en los términos legales.
Cláusula 34 – Dirección del contrato La UNIDAD tendrá a su cargo la dirección
y control del desarrollo contractual.

La Sala advierte, en primer lugar, que, conforme al propio contrato, la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública fue definida como la
responsable del cumplimiento de las obligaciones frente al contratista, de acuerdo con
lo previsto en la cláusula 1.28 de las condiciones generales y en la cláusula 8, lo cual
delimita de manera expresa su posición dentro de la relación contractual, como centro
de imputación frente a las circunstancias que se derivaran de la responsabilidad. A ello
se suma que fue dicha entidad la encargada de suscribir el contrato, en cuanto la
funcionaria que lo celebró actuó en su calidad de directora de la Unidad, lo que
evidencia que a esta le correspondió exteriorizar la voluntad contractual de la
administración.

La verificación de las cláusulas contractuales en las que se hace referencia a la Unidad
permite advertir que las mismas se orientan a la asignación de funciones de gestión y
conducción del contrato, en la medida en que se le encomendó el control de su
ejecución -imposición de multas, caducidad, terminación e interpretación unilaterales-
la coordinación de la interventoría, la suscripción de actas y demás documentos

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derivados de su desarrollo, así como el seguimiento técnico, administrativo y
financiero, y la participación en las actuaciones de cierre y liquidación.

En su conjunto, estas disposiciones permiten identificar a la Unidad como la instancia
encargada de la dirección, ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales
frente al contratista, a lo largo de las distintas fases del negocio jurídico. Por lo demás,
con ocasión de las cláusulas así reguladas, dicha unidad suscribió el acta de recibo
final de la obra (fl. 185 a 190 c. 1) y la liquidación del contrato (f.190 a 196 c. 1).

13. De las conclusiones expuestas se desprende que el contrato fue estructurado
de manera tal que la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación
Pública asumió la condición de parte contractual frente al contratista, en cuanto a esta,
como entidad con personería jurídica, al suscribir el contrato y representar la voluntad
de la administración departamental, le correspondió la dirección, ejecución y, de
manera expresa, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio jurídico.
En efecto, el clausulado no solo le asignó las funciones de gestión, control y desarrollo
del contrato, sino que la definió como la instancia responsable de atender las
prestaciones debidas al contratista, lo cual permite identificarla como el sujeto que
asumió la relación obligacional en su integridad.

Por su parte, la intervención del Departamento del Meta se circunscribió a aspectos de
orden presupuestal y financiero, concretamente al giro de los recursos necesarios para
atender el pago del contrato. Estas tareas respondieron a la estructura jurídica y a la
organización administrativa para entonces vigente, prevista en el Decreto 327 de 2002,
cuyo artículo 9 mantuvo en el nivel central funciones como la contaduría, pagaduría y
manejo contable, patrimonial y de reservas presupuestales. De este modo, la
participación del Departamento en el contrato se explica en su condición de soporte
financiero y girador de los recursos, mientras que la Unidad asumió la responsabilidad
integral, como parte contractual, frente al contratista en lo relativo a la ejecución,
cumplimiento y desarrollo de las obligaciones derivadas del contrato.

En tal sentido, las referencias al Departamento en el clausulado no alteran la
configuración del vínculo contractual, pues dichas funciones de pago no comportan la
asunción de obligaciones contractuales autónomas, las cuales, en todo caso,
continuaron radicadas en cabeza de la Unidad como responsable frente al contratista.

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La Sala encuentra que la apelación construye su argumento a partir de una lectura
fragmentaria de las cláusulas contractuales, al destacar aquellas que aluden al
Departamento en su condición de titular presupuestal o beneficiario económico, pero
omite aquellas que definen las responsabilidades contractuales y la estructura
funcional del contrato y asignan a la Unidad el ejercicio concreto de la actividad
contractual.

Por consiguiente, no es jurídicamente admisible derivar la condición de parte
contractual exclusivamente de la reiteración nominal del Departamento en
determinadas cláusulas, cuando el contrato de obra pública No. 161 de 2002 fue
suscrito por la directora de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública del Departamento del Meta, entidad descentralizada del orden
territorial, titular de la competencia externa en materia de contratación (folios 72 a 112
del cuaderno 1).

Además, del mismo texto contractual se desprende que las funciones esenciales de
ejecución, control y liquidación, así como la responsabilidad frente al contratista fueron
radicadas en una entidad dotada de personería jurídica propia, que además expresó
la voluntad de la administración de obligarse, conforme a la normativa vigente -Decreto
327 de 2002-. En tales condiciones, la Sala concluye que la interpretación propuesta
por la apelación no se compadece con una lectura integral y sistemática del acuerdo
de voluntades, por lo que no puede concluirse que el ente territorial fue parte del
contrato.

14. En la demanda, se indicó expresamente que las pretensiones se dirigían contra
el Departamento del Meta, representado por el Gobernador. Además, en la pretensión
segunda, se pidió que se declarara que la Unidad Administrativa Especial para
Proyectos y Contratación Pública, en representación de la Gobernación del Meta,
rompió el equilibrio económico contractual del convenio de obra pública No. 161 de
fecha 30 de agosto de 2002, en contra de los intereses del contratista CONSORCIO
ICEIN S.A. – PUENTES Y TORONES LTDA. (numeral 2.1.). En esa misma pretensión
se pidió que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la
Gobernación del Meta a pagar al Consorcio los perjuicios causados (numeral 2.2.).

La Sala advierte que, conforme al contenido de la demanda, la parte actora dirigió de
manera expresa sus pretensiones contra el Departamento del Meta, representado por

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el Gobernador, a quien imputó la responsabilidad derivada del presunto rompimiento
del equilibrio económico del contrato de obra pública No. 161 de 2002 y frente a quien
solicitó la correspondiente condena al pago de perjuicios. Si bien en el texto de la
demanda se hace referencia a la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública, ello ocurre en calidad de “delegada” y representante del ente
territorial -como fue el criterio expuesto a lo largo del proceso por la parte actora-, pero
no como sujeto pasivo de las pretensiones.

En ese sentido, aunque el juez contencioso administrativo cuenta con facultades para
interpretar la demanda y determinar su verdadero alcance, dicha potestad no puede
extenderse hasta el punto de alterar la parte demandada o de integrar oficiosamente
al proceso a una entidad distinta que no fue vinculada en debida forma. Por
consiguiente, en el presente caso no resulta jurídicamente viable reconducir la
demanda para entenderla dirigida contra la Unidad Administrativa Especial, cuando las
pretensiones fueron formuladas de manera clara y directa contra el Departamento del
Meta.

Por lo demás, el actor no señaló en su apelación que la demanda sí podía entenderse
dirigida contra la mencionada unidad. Por el contrario, su actuación se limitó a insistir
en que la parte contractual y, por ende, la legitimada por pasiva era el Departamento
del Meta.

15. Con fundamento en lo expuesto, como la demanda se dirigió en contra del
Departamento del Meta, que no fue parte del contrato, no hay legitimación en la causa
por pasiva, lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia.

Costas

16. De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la
parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

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Actor: Consorcio ICEIN S.A. - Puentes y Torones Ltda.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, en virtud de las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE25
NICOLÁS YEPES CORRALES

25 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
GVG

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