Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00086-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00086-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2006-00086-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Demandante: CONSUELO ALICIA VALBUENA BARRERA Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL META Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEPRECIACIÓN DE UN
INMUEBLE POR OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE
UN PUENTE VEHÍCULAR
Síntesis del caso: los demandantes pretenden que el municipio de Villavicencio (Meta) y el
departamento del Meta sean condenados a reparar el daño antijurídico irrogado sobre un
inmueble donde funciona el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio
“La Vorágine” ubicado en Villavicencio (Meta), daño que habría sido generado por la
construcción de un puente vehicular en la intersección de la avenida 40 con la calle 31 y la
carrera 33 de dicha ciudad, conocida como “El Maizaro”, el cual se edificó frente al referido
predio y que, aparentemente, les ha causado perjuicios de carácter material e inmaterial.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante (fl. 807 a 812
cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo, Sala Transitoria1 (fls. 738 a 744 cdno. apelación) por medio
de la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y del
DEPARTAMENTO DEL META, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas ni agencias en derecho en esta
instancia (…) (fl. 744 cdno. apelación).
1
El proceso en primera instancia fue tramitado por el Tribunal Administrativo del Meta, no obstante, a través del
Acuerdo no. PCSJA18 del 22 de marzo de 2018 el Consejo Superior de la Judicatura creó una Sala Transitoria
con sede en la ciudad de Bogotá DC, a la cual fue remitido el presente asunto para su decisión.
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Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 26 de enero de 2006 (fl. 25 cdno. 1), los señores
María Alicia Barrera de Valbuena, Yojana Fabiola Esperanza Valbuena Barrera,
Consuelo Alicia Valbuena Barrera y Víctor Eduardo Valbuena Barrera2, en condición
de herederos de Luis Eduardo Valbuena Díaz3, presentaron demanda de reparación
directa (fls. 3 a 25 cdno. 1) en contra del departamento del Meta y el municipio de
Villavicencio (Meta) con las siguientes pretensiones:
“A.- DECLARACIONES. -
Se declare administrativamente responsable AL DEPARTAMENTO DEL
META -MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, solidariamente, de la totalidad
de los perjuicios morales y materiales causados a los cuatro (4) actores
citados, por los perjuicios ocasionados, así: A.- A la depreciación, del
inmueble, terreno y construcción de la Estación de Servicio y mejoras
ubicado en la carrera 33 No. 33-21, manzana N. Barrio Maizaro, perímetro
urbano de Villavicencio, Meta, con número catastral 01-3-070-001 y
matrícula inmobiliaria No. 230-0000216. B.- A la devaluación del
establecimiento de Comercio, Denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA
VORÁGINE, ubicado en la Carrera 33 # 32-21, con matrícula No. 000757
de la Cámara de Comercio de Villavicencio. C.- A la disminución de las
ventas, ingresos y utilidades del referido establecimiento comercial.
Perjuicios causados producto de la construcción de las obras civiles,
puentes y sub-niveles, ubicados en la confluencia de la avenida 40 con la
calle 31, carrera 33 o avenida de los fundadores y la vía Puerto López,
denominada intercepción del Maizaro, en el Municipio de Villavicencio,
Departamento del Meta, que conllevó a la disminución del valor comercial
del inmueble, como del establecimiento de comercio, ya relacionados y
rebaja o menoscabo en las ventas y utilidades de dicha estación de
servicio. Obras que se iniciaron el 28 de enero de 2003 y concluyeron el 30
de enero de 2004.
B.- CONDENAS. -
Como consecuencia de la declaratoria antes relacionada, se declare
responsable AL DEPARTAMENTO DEL META-MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, solidariamente, de los perjuicios causados a los bienes
relacionados, y se CONDENE AL DEPARTAMENTO DEL META-
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, solidariamente, a pagar a los actores o
quien sus derechos representen, los perjuicios materiales y morales que
paso a solicitar, así:
2
Mediante memorial del 6 de julio de 2006 se adicionó la demanda, en el sentido de incluir como demandante al
señor Luis Fernando Valbuena Barrera (fl. 44 a 50 cdno. 1), no obstante, mediante auto del 24 de octubre de
2006 no se admitió la adición de la demanda sobre dicha persona por cuanto respecto de él había operado la
caducidad de la acción (fl. 62 a 65 cdno. 1).
3
Sobre este punto, en la demanda específicamente se manifestó: “Parte actora: Único Núcleo Familiar.- 1º De
María Alicia Barrera de Valbuena, 2º De Yojana Fabiola Esperanza Valbuena Barrera, 3º De Consuelo Alicia
Valbuena Barrera, 4º Víctor Eduardo Valbuena Barrera, mayores de edad (…) quienes otorgan poder, la primera
en calidad de cónyuge supérstite y los demás en calidad de hijos y herederos de LUIS EDUARDO VALBUENA
DÍAZ; por lo anterior les asisten derechos litigiosos, bien en calidad de gananciales o herencia (…).” (fls. 3 y 4
cdno. 1).
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Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
B.-1º. DAÑO SUBJETIVO O PERJUICIO MORAL
PERJUICIOS MORALES PRINCIPALES. -
ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR. - Para cada uno de los actores, se condene a
pagar, solidariamente, a los entes demandados, la suma de doscientos
(200) salarios mínimos legales vigentes para la fecha de ejecutoria de la
providencia, por alteración moral, económica y dolor por la pérdida del
valor comercial del inmueble y establecimiento comercial, como
disminución en las ventas de la Estación de Servicio La Vorágine. Que
representaba el principal soporte de los actores, Total 800 salarios
mínimos legales mensuales para los actores.
PERJUICIOS MORALES SUBSIDIARIOS. -
Siempre y cuando supere el valor del perjuicio moral, y por orden legal o
de jurisprudencia, solicito, en subsidio para todos los actores, que el pago
del perjuicio moral, se conceda en la suma de dinero o equivalente más
alto que a la fecha de la providencia esté condenando el Consejo de
Estado.
B.2º.- DAÑO OBJETIVO O PERJUICIO MATERIAL
DAÑO EMERGENTE
A.- Por la pérdida del valor comercial del inmueble, terreno y construcción
de la estación de servicio y mejoras ubicado en la carrera 33 No. 32.21,
manzana N, bario Maizaro (…) número catastral 01-03-070-001 y Matrícula
Inmobiliaria No. 230-0000216, la suma de $800.000.000,oo de pesos;
teniendo en cuenta el área de terreno, ubicación e instalaciones.
B.- Por la pérdida o disminución del valor comercial del Establecimiento de
comercio, denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA VORÁGINE, ubicado
en la Carrera 33 # 32-21, con matrícula No. 000757 de la Cámara de
Comercio de Villavicencio, la suma de $400.000.000,oo de pesos, teniendo
en cuenta su actividad comercial y ubicación.
Total DAÑO EMERGENTE $1.200.000.000,oo de pesos, a la fecha de la
presentación de la demanda, sin actualizar.
LUCRO CESANTE. -
A.- Por la pérdida o disminución de las ventas, ingresos y utilidades de
todos los productos y servicios del Establecimiento de Comercio
denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA VORÁGINE, ubicado en la
Carrera 33 # 32-21, con matrícula No. 000757 de la Cámara de Comercio
de Villavicencio, la suma de $1.400.000.000,oo de pesos, desde la fecha
de inicio de las obras, hasta la fecha de la posible sentencia, 8 años
aproximadamente. Valor relacionado, teniendo en cuenta la actividad
comercial, ubicación y volumen de ventas, antes de inicio de las obras.
Total lucro cesante $1.400.000.000,oo de pesos (…).
C.- PAGO DE INTERESES (…)
C.-1º.- PAGO DE INTERESES TÉCNICOS SOBRE EL VALOR
HISTÓRICO.- Del total de la cuantía que determine la sentencia o
conciliación por concepto de perjuicios materiales, daño emergente y lucro
cesante de bienes, mejoras, explotación de inmuebles, etc., devengarán
intereses técnicos del seis (6%) por ciento anual, desde el día de los
hechos hasta el día de la ejecutoria de la providencia y deben ser
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Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
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cancelados a los actores o su apoderado, por la entidad demandada o la
que determine la providencia (…)” (fls. 5 a 9 cdno. 1 – subrayado, negrillas
y mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 27 de septiembre del año 1966, a través de la escritura pública no. 1.313 de la
Notaría Primera de Villavicencio los señores Luis Eduardo Valbuena Díaz y María
Alicia Barrera de Valbuena adquirieron un lote de terreno ubicado en la carrera 33
no. 32-21 en el barrio El Maizaro del municipio de Villavicencio (Meta), identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria no. 230-216, sobre el cual edificaron la estación
de servicio “La Vorágine”.
2) El 23 de diciembre de 1996 falleció el señor Luis Eduardo Valbuena Díaz, respecto
de quien son herederos su cónyuge supérstite María Alicia Barrera de Valbuena y
sus hijos Yojana Fabiola Esperanza Valbuena Barrera, Consuelo Alicia Valbuena
Barrera y Víctor Eduardo Valbuena Barrera.
3) El 28 de enero de 2003, el departamento del Meta inició una serie de obras civiles
consistentes en la construcción de puentes y subniveles en la intersección de la
avenida 40 con calle 31 de la ciudad de Villavicencio (Meta) denominada “El Maizaro”
que finalizaron el 30 de enero de 2004.
4) Como consecuencia de lo anterior, tanto el inmueble como el establecimiento de
comercio sufrieron una pérdida de valor, durante la ejecución de la obra las ventas y
los ingresos de la estación de servicio se redujeron en un 50%, posteriormente, una
vez restablecido el tráfico en la zona las ventas presentaron una disminución del 30%
en comparación con las condiciones preexistentes.
5) La responsabilidad de los entes demandados se fundamenta en el título de
imputación de responsabilidad de daño especial por cuanto con las obras civiles se
provocó un desmedro patrimonial anormal como consecuencia del rompimiento del
principio de igualdad frente a las cargas públicas, en el caso del departamento del
Meta por el hecho de ejecutar la referida construcción y en relación con el municipio
de Villavicencio porque otorgó los permisos necesarios para su realización.
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Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
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3. Contestación de las entidades demandadas
El 27 de febrero de 2006, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y
ordenó la notificación personal del departamento del Meta y del municipio de
Villavicencio (Meta) (fl. 39 cdno. 1).
3.1 Departamento del Meta
Mediante memorial del 6 de marzo de 2007, el departamento del Meta contestó la
demanda (fls. 72 a 75 cdno. 1) y se opuso a las pretensiones con sustento en las
siguientes excepciones: (i) “prevalencia del interés general sobre el particular”,
porque la obra a la que se refieren los hechos de la demanda se desarrolló en
procura del beneficio de la comunidad; (ii) “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, debido a que la construcción del puente vehicular fue contratada por la
Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio autónomo, capaz de responder jurídicamente por los daños que se
imputan; (iii) “inexistencia de la obligación”, por cuanto “los actos demandados están
expedidos dentro del marco de legalidad”; (iv) “presunción de buena fe”, aplicable
plenamente para los hechos de la administración, además, el demandante debe
probar la veracidad de los hechos que alega y, (v) “petición injustificada del actor e
inexistencia de la causa”, toda vez que no está probada la desvalorización del predio
donde se ubica la estación de servicio “La Vorágine”, por el contrario, la renovación
urbana permite la valorización de los inmuebles aledaños, además, las obras no
impidieron el ingreso de vehículos al establecimiento de comercio porque este
contaba con dos entradas por cada costado.
3.2 Municipio de Villavicencio (Meta)
Contestó el 5 de marzo de 2007, se opuso a todas y cada una de las súplicas de la
demanda por el hecho de considerar que es contradictorio que en la demanda se
afirme, al mismo tiempo, la existencia de un daño antijurídico y de un daño especial,
también formuló las excepciones que a continuación se relacionan: (i) ¨falta de
legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto la entidad que proyectó y ejecutó la
obra civil fue el departamento del Meta y, (ii) “exageradas e injustificadas
pretensiones de la demanda”, habida cuenta que lo solicitado por daño emergente y
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lucro cesante excede en más del 50% el activo declarado en el correspondiente
certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio (fls. 79 a 83 cdno. 1).
4. La sentencia de primera instancia
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo, Sala Transitoria declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Villavicencio (Meta) y del departamento del Meta (fls. 738 a 744 cdno. 4) con
fundamento en las siguientes consideraciones:
1) El daño reclamado tiene por causa la construcción de un puente vehicular en la
intercepción “El Maizaro” cuya obra se ejecutó con ocasión de un contrato de obra
pública suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Para Proyectos y
Contratación Pública del Departamento del Meta y el Consorcio Iseins SA - Puentes
y Torones Ltda el 30 de agosto de 2002, entidad pública que no fue demandada en
este proceso.
2) La Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta fue creada mediante el Decreto no. 327 de 2002 emitido por
el gobernador del Meta en uso de las atribuciones otorgadas por la Asamblea
Departamental del Meta mediante la Ordenanza no. 473 de 2001, se trata de un
órgano eminentemente técnico con autonomía administrativa, financiera y personería
jurídica con capacidad para acudir directamente a los procesos contenciosos
administrativos que se adelanten en su contra.
3) Debido a lo anterior, la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública del Departamento del Meta es la entidad respecto de quien
debió reclamarse la indemnización que persigue la parte actora, máxime cuando
para el momento de la presentación de la demanda aún existía y no fue liquidada
sino hasta del 30 de mayo de 2008 mediante el Decreto no.136 de 2008 proferido por
el gobernador del Meta.
4) Por consiguiente, el departamento del Meta no es el llamado a representar ni legal
ni judicialmente a dicha unidad administrativa especial y, por lo tanto, carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no adjudicó ni celebró el contrato de obra
pública de cuyas supuestas consecuencias negativas se reclama indemnización en
este caso.
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Reparación directa
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5. Recurso de apelación
El 6 de febrero de 2019, los demandantes presentaron recurso de apelación (fls. 747
a 755 cdno apelación) en el cual solicitaron que se revoque la sentencia de primera
instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, en subsidio, que se declare
la nulidad de lo actuado según el numeral 9 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil y se ordene notificar a la entidad que reemplazó o asumió las
obligaciones de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación
Pública del Departamento del Meta, por las siguientes razones de inconformidad:
1) La excepción de ausencia de legitimación en la causa por pasiva no se evaluó
desde la perspectiva constitucional, especialmente el artículo 1º de la Constitución
Política conforme al cual se debe entender que pese a que algunos entes cuentan
con autonomía estos hacen parte de la misma estructura política, administrativa y
territorial, en este caso la Asamblea Departamental del Meta fue quien autorizó al
gobernador la creación de dicha unidad administrativa especial de conformidad con
las competencias consagradas en los artículos 287 y 288 del ordenamiento superior,
aspecto que también genera obligaciones para ese ente territorial.
2) Debió aplicarse la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre figura de la
representación de la Nación, más aún cuando le asiste responsabilidad al
departamento del Meta por la competencia que tiene para crear y liquidar entidades,
tal como ocurrió en el caso de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública del Departamento del Meta.
3) El Consejo de Estado, Sección Primera, ha sostenido que las unidades
administrativas especiales son establecimientos públicos que según el artículo 38 de
la Ley 489 de 1998 forman parte del sector central si no cuentan con personería
jurídica y del sector descentralizado cuando sí la poseen; no obstante, en ambos
casos integran la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, criterio que
también se aplica a las entidades territoriales; en el presente caso, la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos de Contratación Pública del Departamento
del Meta fue creada por el gobernador del departamento del Meta en ejercicio de su
autonomía y facultades constitucionales, por ello es necesario analizar jurídicamente
el grado de responsabilidad que recae sobre dicha entidad por su creación y
posterior liquidación.
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4) De conformidad con el artículo 149 del CCA que regula la representación judicial
de las personas de derecho público, no existe falta de legitimación en la causa por
pasiva porque la referida unidad administrativa especial fue representada por la
mayor autoridad administrativa a nivel territorial, es decir, el departamento del Meta.
5) Se configura una “nulidad saneable” en los términos de los artículos 140 numeral
9 y 144 del CPC, porque tanto el departamento del Meta como el municipio de
Villavicencio son responsables de los perjuicios ocasionados, cuestión diferente es
que el respectivo contrato de obra pública fuera suscrito por la Unidad Administrativa
Especial para Proyectos de Contratación Pública del Departamento del Meta a quien
no se le notificó el auto admisorio de la demanda y a la fecha se encuentra liquidada,
la irregularidad quedó saneada por el hecho de haberse notificado al departamento
del Meta, entidad que, justamente, creó y liquidó dicha entidad.
6) La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no fue analizada en la
sentencia respecto del municipio de Villavicencio, pero, sí está legitimado porque fue
la entidad que otorgó los permisos y viabilizó la ejecución de la obra, autorizó la
alteración de las vías y la modificación de la circulación vehicular, lo cual incidió en
los perjuicios económicos reclamados.
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 8 de julio de 2019 fue admitido el recurso de apelación (fl. 804 cdno. apelación) y,
posteriormente, el 12 de agosto de 2010 (fl. 806 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y,
por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto; en el término
concedido, la parte demandante presentó escrito a través del cual reiteró lo expuesto
en la impugnación (fl. 807 a 812 cdno, apelación), las entidades demandadas y el
Ministerio Público guardaron silencio.
El 2 de agosto de 2024, la Sala profirió un auto para mejor proveer en el sentido de
oficiar a la Secretarías General, de Gobierno y de Obras Públicas del Departamento
del Meta para que remitieran copias de los siguientes actos administrativos: (i) la
Ordenanza no. 473 del 1º de noviembre de 2001 expedida por la Asamblea
Departamental del Meta, (ii) el Decreto Departamental no. 327 del 4 de junio de
2002, (iii) el Decreto Departamental no. 328 del 4 de junio de 2002 y, (iv) el Decreto
Departamental no. 136 de mayo de 2008, referentes a la creación, manual de
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funciones y posterior supresión y liquidación de la Unidad Administrativa Especial
para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta (índice 61 Samai).
Estas pruebas fueron allegadas por el departamento del Meta el 11 de septiembre de
2024 (índice 66 Samai), de las cuales se corrió traslado por el término de tres (3)
días (índices 67 y 68 Samai) dentro del cual las partes e intervinientes guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa – solicitud de nulidad
contenida en el recurso de apelación, 2) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 3) legitimación en la causa, 4) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 5) reconocimiento de perjuicios, 6) conclusión y, 7)
condena en costas.
1. Cuestión previa – solicitud de nulidad contenida en el recurso de apelación
1) En el recurso de apelación el apoderado de la parte demandante planteó la
existencia de una “nulidad saneable” en los términos del numeral 9 del artículo 140
del Código de Procedimiento Civil4, por cuanto considera que el auto admisorio de la
demanda no fue notificado a la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública, entidad que actualmente se encuentra liquidada.
2) Al respecto, la Sala advierte que dicha nulidad no se configuró por el hecho de que
las pretensiones de la demanda nunca estuvieron dirigidas en contra de esa unidad
administrativa especial sino, específica y puntualmente contra del departamento del
Meta y el municipio de Villavicencio (Meta). Por esta razón, la notificación a esa
entidad no fue ordenada en el auto admisorio de la demanda proferido el 27 de
febrero de 2006 por el Tribunal Administrativo del Meta (fls. 39 y 40).
4
Norma aplicable al presente asunto por cuanto la nulidad aparentemente habría surgido por la falta de
notificación a la UAE Para Proyectos y Contratación Pública del auto admisorio de la demanda que fue proferido
el 27 de febrero de 2006, fecha para la cual aún estaba vigente el Código de Procedimiento Civil y aún no se
había expedido la Ley 1564 de 2012.
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3) Adicionalmente, aún en el supuesto de que hubiera existido una nulidad, esta se
habría saneado para quien la alega, conforme al numeral 1 del artículo 144 del CPC,
dado que los demandantes tenían la posibilidad de formular la supuesta irregularidad
mediante la interposición de los recursos correspondientes en contra del auto
admisorio, y no lo hicieron. En consecuencia, no se advierte ninguna irregularidad
procesal que impida adoptar una decisión de fondo en el presente asunto.
2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna5, corresponde a la Sala determinar si el
departamento del Meta y el municipio de Villavicencio (Meta) son patrimonial y
extracontractualmente responsables por los daños alegados por los demandantes en
relación con el inmueble ubicado en la carrera 33 no. 32-21 de la ciudad de
Villavicencio (Meta), en la cual funciona el establecimiento de comercio denominado
Estación de Servicio “La Vorágine”, debido a la construcción de un puente y
subniveles de tránsito vehicular en la intersección de la avenida 40, calle 31 y carrera
33 de dicha ciudad.
La primera instancia declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la
causa por pasiva” respecto del departamento del Meta porque esta entidad no firmó
el contrato para la ejecución de la obra en cuestión, pues, fue suscrito por la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos de Contratación Pública del Departamento
del Meta que contaba con personería jurídica, autonomía presupuestal y
administrativa, entidad que no fue demandada en este proceso; también declaró esta
excepción frente al municipio de Villavicencio (Meta), pero, no especificó las razones
pertinentes para este último caso; en la apelación, la parte demandante insiste en la
responsabilidad de los entes públicos por considerar que sí son los llamados a
responder por el daño alegado en la demanda.
La sentencia de primera instancia será parcialmente revocada por las siguientes
razones: (i) en relación con el departamento del Meta, según las pruebas
presentadas en el proceso, se puede afirmar la existencia de legitimación en la causa
por pasiva, (ii) se declarará la responsabilidad patrimonial extracontractual de dicha
entidad, a título de daño especial, debido a la depreciación del valor comercial de la
5
La obra a partir de la cual se considera que tuvo ocurrencia del daño finalizó el 1 de febrero de 2004 (fl. 13 y 14
cdno. carpeta 13, libro IX), razón por la cual la demanda debía radicarse a más tardar el 1 de febrero de 2006 y
como se presentó el 26 de enero de 2006 (fl. 1 cdno. 1), lo fue en el término fijado en el numeral 8 del artículo 136
del CCA.
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Estación de Servicio “La Vorágine”, sin embargo, (iii) se mantendrá la declaración de
“falta de legitimación en la causa por pasiva” respecto al municipio de Villavicencio,
dado que este no firmó ni formó parte del contrato de obra pública relacionado con el
daño reclamado y la solicitud de indemnización de perjuicios.
3. Legitimación en la causa
3.1 Legitimación en la causa por activa
1) Está demostrado que el 27 de septiembre de 1966, a través de la escritura pública
no. 1313 de la Notaría Primera de Villavicencio, los señores Luis Eduardo Valbuena
Díaz y María Alicia Barrera de Valbuena adquirieron por compraventa un lote de
terreno denominado “Manzana N” ubicado en la urbanización “El Maizaro” en la
ciudad de Villavicencio (fls. 27 y 29 cdno. 1), acto jurídico que consta en el
correspondiente certificado de tradición y libertad de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Villavicencio y que corresponde a la matrícula inmobiliaria
no. 230-216 (fls. 29 a 30 cdno. 1).
2) Por otra parte, según certificado expedido por la Cámara de Comercio de
Villavicencio, el señor Luis Eduardo Valbuena Díaz aparece como propietario del
establecimiento de comercio Estación de Servicio “La Vorágine”, situado en la
carrera 33 no. 32-21 de la referida ciudad (fls. 130 a 133 cdno. 1).
3) Sobre la condición en la que comparecen los demandantes, en el escrito inicial, en
la identificación de las partes que comparecen al proceso, se afirmó de manera
puntual y específica que actuaban en condición de herederos y cónyuge supérstite
del señor Luis Eduardo Valbuena Díaz, de la siguiente forma:
“PARTE ACTORA: ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR.- 1º De MARÍA ALICIA
BARRERA DE VALBUENA, 2º De YOJANA FABIOLA ESPERANZA
VALBUENA BARRERA, 3º De CONSUELO ALICIA VALBUENA
BARRERA, 4º VÍCTOR EDUARDO VALBUENA BARRERA, mayores de
edad, vecinos de Villavicencio, Meta, quienes otorgan poder, la primera en
calidad de cónyuge supérstite y los demás en calidad de hijos y
herederos de LUIS EDUARDO VALBUENA DÍAZ; por lo anterior les
asisten derechos litigiosos, bien en calidad de gananciales o herencia
sobre los siguiente bienes: A.- Inmueble, terreno y construcción estación
de servicio y mejoras ubicado en la carrera 33 No. 32-21, manzana N,
Barrio Maizaro, perímetro urbano del municipio de Villavicencio, Meta, con
número catastral 01-3-070-0001 y matrícula inmobiliaria No. 230-
00002016, y B.- Establecimiento de Comercio denominado ESTACIÓN DE
SERVICIO LA VORÁGINE, ubicado en la carrera 33 # 32-21, con matrícula
No. 00000757 de la Cámara de Comercio de Villavicencio; por lo anterior,
12
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Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
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cada uno de los actores, en su propio nombre, otorga poder sobre los
derechos que les asisten sobre los citados bienes, de propiedad del hoy
fallecido LUIS EDUARDO VALBUENA DÍAZ (…).” (fls. 3 y 4 cdno. 1 –
negrillas adicionales).
4) Sobre lo anterior, es posible constatar que el señor Luis Eduardo Valbuena Díaz
falleció el 23 de diciembre de 19966, razón por la cual la señora María Alicia Barrera
Valbuena actúa como cónyuge supérstite, mientras que los señores Yojana Fabiola
Esperanza Valbuena Barrera, Consuelo Alicia Valbuena Barrera y Víctor Eduardo
Valbuena Barrera lo hacen en calidad de hijos y herederos de él, condición que está
debidamente acreditada en el proceso con los correspondientes registros civiles de
matrimonio7 y nacimiento8.
5) En este contexto, es claro que dichas personas actúan en representación de la
sucesión del señor Luis Eduardo Valbuena Díaz, razón por la cual están legitimadas
en la causa por activa con respaldo en el criterio jurisprudencial vigente sobre la
materia; al respecto, esta Subsección en sentencia del 19 de octubre de 20239
consideró:
“En ese contexto, los demandantes están legitimados en la causa por
activa para demandar en este preciso proceso por detentar la posesión de
la herencia yacente de la señora Damaris Romero López, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 665, 757, 1045 y 2342 del Código Civil,
como se explica a continuación:
a) La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, una vez
acaece el hecho de la muerte, las relaciones jurídico patrimoniales en
cabeza del causante tienen la vocación de transmitirse a sus
causahabientes, quienes son los continuadores del patrimonio de aquel, de
modo que, esta transmisión de derechos comprende una universalidad
jurídica de bienes, derechos y obligaciones, la cual se conoce como
herencia, que de conformidad con el artículo 665 del Código Civil tiene el
carácter de derecho real10, es decir, aquel que se tiene “sobre a una cosa
sin respecto a determinada persona”.
b) En ese contexto, el artículo 757 ibidem dispone que “en el momento de
deferirse la herencia la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley
al heredero”, a la vez que el artículo 1045 sobre los órdenes hereditarios
preceptúa que los hijos ocupan el primer orden hereditario y excluyen a
todos los otros herederos.
6
Según registro civil de defunción que obra a folio 31 del cuaderno 1, emitido por la Registraduría de San Juanito
(Meta) (fls. 31 cdno. 1 y 245 cdno. 2).
7
Acorde con la copia del registro civil de matrimonio visible a folio 32 del cuaderno 1.
8
De conformidad con los registros civiles de nacimiento que aparecen en los folios 33, 34 y 35 del cuaderno 1.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de octubre de 2023, radicación no. 08001-
23-31-000-2004-02606-02 (58.519), CP Fredy Ibarra Martínez, con salvamento de voto del consejero Martín
Bermúdez Muñoz quien consideró que la vía procesal idónea no era el medio de control de reparación directa
sino el proceso de imposición, variación o extinción de servidumbre previsto en el artículo 415 del Código de
Procedimiento Civil.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de octubre de 2021, radicación no.
76001-23-31-000-2004-03467-01(49758), CP José Roberto Sáchica Méndez.
13
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c) A su turno, el artículo 783 de esa misma legislación dispone que “la
posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida,
aunque el heredero lo ignore”.
d) En consonancia con lo anterior, el artículo 2342 establece en relación
con la legitimación en la causa para reclamar la responsabilidad
patrimonial extracontractual que “puede pedir esta indemnización no solo
el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o
su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño
irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso”.
c) En relación con la legitimación en la causa por activa de los herederos
o causahabientes, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia ha indicado que son estos “(…) quienes como
administradores de la masa indivisa, deben asumir el debate judicial en
defensa de los intereses de la comunidad” 11, pues, la universalidad de
bienes que se conforma tras el fallecimiento del causante carece de
personalidad jurídica y, por ende, no tiene capacidad para ser parte en un
proceso judicial”.
6) En consecuencia, si los integrantes de la parte demandante señalaron en el
escrito inicial que actuaban en condición de herederos por el hecho de ser la
cónyuge supérstite e hijos del propietario del bien inmueble y del establecimiento de
comercio en cuestión, es evidente que las pretensiones no se limitan a su beneficio
individualmente considerado; por el contrario, la demanda debe interpretarse en el
sentido de que los daños reclamados se solicitan en favor de la masa sucesoral
correspondiente sobre la cual ostentan los correspondientes derechos, razón por la
cual en el caso de una condena, esta se declarará en favor de la sucesión ilíquida del
fallecido Luis Eduardo Valbuena Díaz.
3.2 Legitimación en la causa por pasiva
1) El aspecto central de la apelación consiste en determinar si le asistió razón a la
primera instancia por considerar que el departamento del Meta no tiene relación
sustancial alguna frente al daño que se reclama, por cuanto este se originó por la
construcción de una obra pública que fue contratada por la Unidad Administrativa
Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta, entidad
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera que no fue
demandada, sobre lo cual es relevante destacar los siguientes hechos:
a) Mediante la Resolución no. 580 del 15 de marzo de 2002, la Secretaría de
Infraestructura del Departamento del Meta ordenó la apertura de la licitación pública
11
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de julio de 2001, expediente no. 6809, MP
Silvio Fernando Trejos Bueno.
14
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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no. 001-2002 con el objeto de contratar “el estudio, diseño y construcción de la
intersección Maizaro, municipio de Villavicencio”12 (fls. 1145 t 1146, libro XIX),
procedimiento de selección que fue adelantado por dicho órgano hasta el día 4 de
junio de 200213.
b) Esto último se debió a que el gobernador del Meta expidió el Decreto no. 327 del 4
de junio de 2002 que dispuso la creación de la Unidad Administrativa Especial para
Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta14, organismo de
carácter técnico y especializado con autonomía administrativa, financiera y
personería jurídica al cual se le asignaron las funciones de adelantar todas y cada
una de las competencias en materia de contratación estatal que antes correspondían
al sector central del departamento del Meta15.
En el artículo 9 de dicho decreto también se determinó que “las funciones de
tesorería, pagaduría, presupuesto, disponibilidades, reservas y almacén serán
realizadas y ejecutadas por las dependencias de la administración central”16, acto
administrativo cuya legalidad no se discute en el proceso y goza de presunción de
legalidad.
c) El gobernador del Meta también profirió el Decreto no. 0328 del 4 de junio de 2002
a través del cual adoptó el manual de funciones de la mencionada unidad
administrativa especial, del cual se destacan las funciones asignadas al director de
esta entidad, quien, según el numeral 8 del artículo 1, tenía la competencia para
“proferir los actos administrativos y contractuales requeridos para el cumplimiento del
objetivo de la entidad y suscribir en nombre del Departamento y como
representante de esa entidad descentralizada los contratos que requiera a nivel
central.”17 (negrillas adicionales), acto administrativo cuya legalidad no se cuestiona
12
Dependencia que también elaboró y emitió el correspondiente pliego de condiciones (fls. 1 a 152, libro I).
13
Según información contenida en el oficio del 4 de junio de 2002 emitido por la Secretaría de Infraestructura del
Departamento del Meta (fl 18, carpeta libro XIX).
14
Esto con fundamento en el parágrafo 1 del artículo 45 de la Ordenanza no. 473 del 1 de noviembre de 2001
proferida por la Asamblea Departamental del Meta que facultó al gobernador del departamento del Meta, entre
otros aspectos, para crear unidades administrativas especiales con el propósito de lograr los objetivos fijados en
el correspondiente Plan de Desarrollo.
15
En el Decreto no. 327 del 4 de junio de 2002, se dispuso: “Artículo Primero: Creación y Naturaleza Jurídica.
Créase la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DEL META, organismo de carácter eminentemente técnico y especializado, descentralizado,
de orden Departamental con la autonomía administrativa y financiera que adelante se señala, con personería
jurídica, adscrito al despacho de Gobernador, con el objetivo general de atender todas y cada una de las
competencias en materia de contratación estatal, que corresponda al nivel central del Departamento del Meta.” (fl.
26, archivo “55-MemorialWeb-Otro-PRUEBADOCUMENTAL.pdf”, índice 66 Samai).
16
Fl. 29, archivo “55-MemorialWeb-Otro-PRUEBADOCUMENTAL.pdf”, índice 66 Samai.
17
Fl. 36, archivo “55-MemorialWeb-Otro-PRUEBADOCUMENTAL.pdf”, índice 66 Samai.
15
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con la demanda y, por el contrario, se encuentra amparado con la presunción de
legalidad, y no ha sido anulado ni suspendido provisionalmente.
d) En consecuencia, mediante la Resolución no. 022 del 21 de agosto de 2002, la
Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta fue quien adjudicó la licitación pública no. 001-2002 en favor
del Consorcio Icein SA – Puentes y Torones Ltda con el objeto de adelantar el
“estudio, diseño y construcción de la intersección vehicular El Maizaro en el
municipio de Villavicencio” (fls. 1131 a 1134 libro XIX).
e) El 30 de agosto de 2002, entre la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y
Contratación Pública del Departamento del Meta y el Consorcio Icein SA – Puentes y
Torones Ltda se firmó el Contrato no. 161 con el objeto de realizar el “estudio, diseño
y construcción de la intersección vehicular El Maizaro en el municipio de
Villavicencio” en cuya parte primera se lee que la directora del referido ente público
actuó “facultada para contratar en nombre y representación del DEPARTAMENTO
DEL META.” (fl. 360 anexo 1).
Del contenido del contrato igualmente se destaca que las cláusulas 9, 11, 19 y 20
estipularon obligaciones tales como que la garantía única de cumplimiento debía
elaborarse en favor del departamento del Meta, igualmente que el ente territorial
sería el encargado de asumir algunos riesgos, efectuar las correspondientes
apropiaciones presupuestales y los pagos al contratista18; también se observa que el
correspondiente certificado disponibilidad presupuestal no. 983 del 20 de febrero de
18
Las referidas cláusulas son las siguientes:
“CLÁUSULA 9: EL CONTRATISTA se compromete a constituir las siguientes garantías (…) GARANTÍA ÚNICA
DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (…) figurando como asegurado EL
DEPARTAMENTO y como afianzado el contratista (…).
CLÁUSULA 11: RIESGOS QUE ASUME EL DEPARTAMENTO. A partir de la fecha de suscripción del contrato,
el DEPARTAMENTO asume los efectos derivados del riesgo que se lista a continuación, además de aquellos
que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del contrato (…).
CLÁUSULA 19: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Para atender los pagos derivados de este Contrato el
DEPARTAMENTO cuenta con la disponibilidad presupuestal en la vigencia del año 2002, por la suma de CINCO
MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) y autorización de compromiso de vigencias futuras para las
vigencias del año 2003, por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000), por lo cual el
presupuesto total asignado a este contrato, en pesos corrientes, asciende a la suma de QUINCE MIL MILLONES
DE PESOS, de los cuales OCHO MIL SEISICIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($8.686.145.559,oo), corresponde al valor del
contrato conforme a los precios globales, condiciones, plazos y demás requisitos establecidos en la oferta
presentada y adjudicada (….)
CLÁUSULA 20. FORMA DE PAGO: (…) En cualquier caso que el contrato mencione de pagar alguna suma de
dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos señalados en el contrato, se entenderá que el
DEPARTAMENTO será en encargado de hacer efectivo dicho pago (…).” (fls 4 a11, libro 1, carpeta 21.)
16
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2002 fue expedido por la Dirección Financiera y Administrativa del Departamento del
Meta19 (fl- 355, libro I, carpeta 20).
f) La etapa de construcción pactada en ese contrato inició el 2 de enero de 2003 y
culminó el 1 de febrero de 2004, según el informe final de interventoría realizado en
marzo de 2004 (fl. 13 y 14, libro IX, carpeta 13).
g) Mediante el Decreto no. 0136 del 30 de mayo de 2008 expedido por gobernador
de Meta se dispuso la supresión y liquidación de la Unidad Administrativa Especial
de Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta en un término
máximo de tres (3) meses, debido a que las competencias de esta entidad habían
sido reasumidas por el gobernador del Meta y delegadas en las Secretarías de
Educación, Salud, Financiera y de Información y Prensa20, acto administrativo en el
cual no se dispuso específicamente qué entidad asumiría las obligaciones y
representación en los respectivos procesos judiciales en trámite; no obstante, en su
parte considerativa refiere que “el decreto 097 de 2008, instituyó en el artículo tercero
que los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones que posea la Unidad
Administrativa Especial para Proyectos y Contratación de Obras Públicas del Meta,
pasaran en cabeza del Instituto de Desarrollo del Meta” (pg. 46 pdf, índice 66 Samai).
2) A partir del anterior recuento probatorio se constata que es cierto que el contrato
con ocasión del cual se ejecutó la obra pública que según la parte demandante
generó el el daño fue adjudicado y suscrito por la Unidad Administrativa Especial de
Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta, entidad que acorde
con las normas que dispusieron su creación contaba con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera.
19
En este certificado aparece la siguiente información: “Imputación presupuestal: 011-5-574-1-1-6-23 Regalía,
nombre: solución vial en la intersección del Maizaro, diseño y construcción de la intersección Maizaro, municipio
de Villavicencio, valor: $5.000.000.000.” (fl. 365 carpeta 20, libro I). También se observa una serie de registros
presupuestales emitidos por el Director Financiero del departamento del Meta respeto del contrato no. 161 del 30
de agosto de 2002, a saber: (i) el no. 6485 del 11 de septiembre de 2002 por valor de $2.806.836.456.70 (fl. 2
carpeta 5, libro II), (ii) el no. 98 del 2 de enero de 2003 por valor de $2.655.773.055,70 (fl. 286, carpeta 4,
cuaderno II) y, (iii) el no. 699 del 26 de febrero de 2003 por el monto de $5.879.309.102,30 (fl. 30, carpeta 5,
cuaderno II), entre otros.
20
En el aparte pertinente de las consideraciones de ese decreto se expresó: “Que los objetivos y funciones de la
Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta (…) fueron
reasumidos por el señor Gobernador del Departamento del Meta, y los delegó mediante decretos números 074,
0060, 0099, 0120 de 2008 de la Secretaría de Educación, Salud, Financiera y de Prensa en concordancia con la
Ley 80 de 1003; Decreto ley 2150 de 1995; Ley 489 de 1998; la Ley 1150 de 2007, Ordenanza No. 467 de 2011 y
los decretos reglamentarios.
Que los objetivos y funciones señalados a la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación Pública
del Departamento del Meta, en el acto de creación han perdido su razón de ser en virtud de lo expuesto en el
inciso anterior.” (fls. 45 y 46, cdno. 1).
17
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3) Sin embargo, también es claro que en el acto administrativo que adoptó el manual
de funciones de dicha entidad, específicamente en el numeral 8 del artículo 1 del
Decreto 0328 de 2002 se previó que la competencia del director de esa unidad
administrativa especial para suscribir contratos lo era “en nombre del Departamento”,
mandato normativo que explica por qué el contrato no. 161 del 30 de agosto de 2002
se firmó por parte de la directora de esta entidad en nombre y representación del
departamento del Meta, lo cual lleva a inferir que el ente territorial, por propia
disposición reglamentaria, no fue ajeno a la contratación y ejecución de las obras
realizadas en la intersección “El Maizaro” y, por ende, a la responsabilidad que
eventualmente pudiera atribuirse por los daños causados con estas.
4) También es importante destacar que, a pesar de que en el decreto de creación de
la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del
Departamento del Meta se indicó que contaba con autonomía presupuestal, en el
artículo 9 de dicho cuerpo normativo también se estableció que las funciones de
tesorería, pagaduría y presupuesto estarían a cargo del departamento del Meta,
aspecto que se ve reflejado en el presente caso ya que, en el contrato de obra
pública se expresó que los pagos que debían realizarse al contratista y la
correspondiente disponibilidad presupuestal dependía de la Dirección Financiera y
Administrativa del Departamento del Meta.
5) En este orden de ideas, aunque la Unidad Administrativa Especial para Proyectos
y Contratación Pública del Departamento del Meta se encontraba aún en operación
en el momento en que se presentó la demanda, lo cierto es que, a pesar de que
formalmente se dijera que la unidad operaba de manera independiente, sus
actividades contractuales sí comprometían la responsabilidad del departamento del
Meta por el hecho de que actuaba en nombre y representación de este ente
territorial.
Adicionalmente, no cabe duda de que el departamento del Meta fue quien diseñó,
planeó, financió en su totalidad y es el propietario de la obra pública, la cual se llevó
a cabo en respuesta a una necesidad identificada y requerida directamente por dicho
ente territorial, además, la liquidación de la referida unidad administrativa especial
fue ordenada por el gobernador del Meta mediante el Decreto No. 0136 del 30 de
mayo de 2008, sobre la base de considerar que este reasumiría todas las
competencias previamente delegadas, incluidas las de la mencionada unidad
administrativa; por lo tanto, la Sala concluye que el departamento del Meta sí cuenta
18
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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con legitimación en la causa por pasiva en este caso, motivo por el cual se revocará
la decisión de primera instancia.
6) No obstante, se mantendrá la decisión de declarar la excepción de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” del municipio de Villavicencio (Meta), porque, si
bien es cierto que dicha entidad autorizó a la Gobernación del Meta para llevar a
cabo las obras en la intersección vehicular “El Maizaro”21, el aspecto relevante a
considerar es qué entidad fue la que dispuso su construcción y es asumida como la
dueña de la obra22, es decir, el departamento del Meta, más aún si se tiene en
cuenta que el daño generado y cuya reparación se reclama con la demanda no se
imputa a defectos o irregularidades de diseño o ejecución, que debiesen ser
advertidos por la autoridad que otorgó la autorización para su ejecución, pues, no
hay ningún reparo sobre ese preciso aspecto, se trata de un daño especial
constituido por la realización de una obra vial sobre la cual no hay reproche alguno
de ilegalidad o imperfección acerca de su planificación, diseño o ejecución, pero que
según la parte actora le produjo un rompimiento del equilibrio frente ante las cargas
públicas y de naturaleza anormal.
4. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, esta Corporación ha
sostenido en forma pacífica que se puede deducir responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado por la ejecución de actividades licitas que resultan
beneficiosas para la comunidad, como por ejemplo la construcción de una obra
pública, siempre que se demuestre que esa intervención ocasionó un daño especial,
anormal y excepcional que comporta el rompimiento del principio superior de
igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas, por lo cual ese daño no debe
ser soportado por el particular afectado por revestir especial gravedad.
En esa dirección, esta Sección ha sostenido que para la configuración del daño
especial deben concurrir los siguientes presupuestos:
21
A través del oficio del 22 de enero de 2022 firmado por los directores del Departamento Administrativo de
Planeación y de Desarrollo Urbano del municipio de Villavicencio, respectivamente (fls. 289 a 292 cdno. 2).
22
En sentido similar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2024,
radicación no. 13001-23-33-000-2013-00652-03 (68.833), CP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración de voto del
consejero Alberto Montaña Plata y salvamento del consejero Martín Bermúdez Muñoz quien consideró que la
desvalorización del bien no se encontraba probada.
19
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“a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;
b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho
de una persona;
c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del
principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;
d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial,
en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados;
e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la
administración y el daño causado; y
f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de
otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración”.23
De igual manera, la jurisprudencia de la Sección ha reiterado que el daño especial
“ha sido elaborado a partir de la concepción de igualdad de las cargas públicas que
pesan sobre los administrados; esto implica considerar i) que las cargas ordinarias o
normales que se aplican sobre todos los ciudadanos o sectores específicos de ellos
deben ser asumidas como un sacrificio o carga ordinaria frente al Estado, pero ii) los
sacrificios particulares a que se vea avocado un ciudadano a consecuencia de una
acción lícita del Estado corresponde a una situación anormal que amerita ser
compensada (…)”24.
2) En el presente caso, está probado que frente al inmueble donde funciona la
Estación de Servicio “La Vorágine” ubicado en la carrera 33 no. 32-21 de la ciudad
Villavicencio (Meta) identificado con la matrícula inmobiliaria no. 230-216, en la
intersección denominada “El Maizaro”, antes controlada por semáforos, se construyó
un puente vehicular elevado con pasos a nivel y subnivel25.
3) Desde esa perspectiva probatoria, no cabe duda para la Sala que la construcción
de la señalada obra pública corresponde a una actuación legítima del departamento
del Meta, contratada en representación suya por parte de la Unidad Administrativa
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de
1991, expediente 6.453 MP Daniel Suárez Hernández.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 33113 de 26
de agosto de 2015.
25
La descripción realizada por perito arquitecto Germán Sabogal Mantilla, en el escrito de complementación de
su dictamen, respecto de dicha estructura fue la siguiente: “la intersección que otrora era controlada por
semáforos, pasó a convertirse en un complejo con pasos a subnivel y nivel y a niveles altos para posibilitar el
cruce de varias vías en forma si simultánea. En efecto, sobre la fachada de la Carrera 33 de la Estación de
Servicio “La Vorágine” se construyó un paso elevado central y se rediseñaron dos carriles a nivel del piso.
Justamente, sobre el frente del inmueble se encuentran tres carriles paralelos a distinto nivel. El carril que
conduce hacia el Sur y hacia el Oriente mantiene su nivel, al igual que el carril que proviene del Oriente. El carril
dirección Norte, es de descenso (…) lo ejecutado frente a la Estación, fue canalizar por separado los dos carriles
Norte Sur y elevar una calzada central en forma simétrica” (fl. 433 cdno. 3).
20
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta con
ocasión del contrato no. 162 del 30 de agosto de 2002 (fls. 11, libro I, carpeta 21), sin
que se haya formulado ningún reproche de legalidad respecto de dicho contrato ni
sobre la ejecución del respectivo proyecto.
4) Sin embargo, aunque dicha estructura se realizó con el fin de beneficiar a la
comunidad, está demostrado que produjo una afectación especial y particular en el
predio donde funciona la Estación de Servicio “La Vorágine”, lo cual se sustenta en
los siguientes medios de prueba:
a) El dictamen pericial elaborado el 28 de enero de 2010 por el perito Germán
Sabogal Mantilla26, arquitecto registrado ante Asolonjas, con el fin de estimar los
perjuicios solicitados en la demanda quien expresó lo siguiente:
“Al construir el puente y el complejo vial, el contorno de la Estación se hizo
parte del desenvolvimiento del tráfico; tal circunstancia hace más activo y
traumático el tráfico sobre el perímetro, lo cual constituye incidencia frente al
acceso y a la evaluación de la Estación.
La reducción del carril de la Avenida Fundadores condujo a un tráfico intenso
que dificulta a quienes salen de la Estación de Servicio y quieren incorporarse
al tráfico, ese guerreo por la vía genera alta accidentalidad.
Clientes de la Estación que pretenden acceder encuentran en la
actualidad mayor nivel de dificultad que antes de la intersección vial.
La provisión de combustibles a partir de tractocamiones o vehículos de
más de tres ejes presenta dificultad.
Debido al mayor grado de concentración que deben observar los
conductores que transitan por la intersección vial, la percepción de la
estación es menor en las actuales condiciones.
La promoción en términos visuales disminuyó, tanto para conductores
como para peatones.” (fl. 402 cdno. 2, se destaca).
b) En sentido similar, el avalúo comercial realizado el 19 de enero de 2006 por el
arquitecto Fernando Beltrán Bolaños, inscrito en el Registro Nacional de
26
Prueba decretada en el auto del 17 de junio de 2007, el perito fue designado por auto del 28 de enero de 2010
(fl. 368 cdno. 2) y tomó posesión el 8 de marzo de 2010 (fl. 370 cdno. 2).
Es necesario aclarar que el dictamen del perito Germán Sabogal Mantilla será considerado únicamente para la
demostración del daño, debido a que frente a este elemento específico el auxiliar de la justicia sí otorgó una
respuesta clara y debidamente fundamentada sobre la afectación del bien inmueble, es decir, reúne los requisitos
para su apreciación exigidos en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, como se explicará
más adelante, no será tenido en cuenta para la tasación del perjuicio por daño emergente por la desvalorización
del predio porque sobre este último aspecto no se emitió respuesta alguna.
21
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
Avaluadores, sobre la afectación del predio con ocasión de la obra pública
manifestó:
“La estación de servicio La Vorágine, previamente a la ejecución de la
obra, contaba con una ubicación privilegiada dentro del ámbito urbano
de la ciudad pues se ubica en el cruce de las más importantes avenidas
y sobre los ejes viales que permitían la salida a los municipios de Puerto
López y Puerto Gaitán por una parte y a los municipios de Acacías, San
Martín y Granada por la otra y que no obstante su ubicación en un punto
neurálgico de la ciudad se podía ingresar y salir con facilidad por
cualquiera de las vías que lo circundaban y además una percepción
visual de la estación desde cualquier punto del cruce el Maizaro, es decir
que el predio en su condición original antes de la obra, ofrecía una gran
vitrina comercial con una amplia calzada y una gran proyección visual
que luego de ejecutada la obra y en razón al muro que soporta el puente
el cual se desarrolla a todo lo largo de la carrera 33, redujo en un 50% la
calzada vehicular frente a la estación, disminuyó significativamente la
relación visual del predio con su entorno lo cual se puede constatar
fácilmente visitando el sector, donde además se puede verificar como los
locales comerciales en frente y al otro costado de la vía en su gran mayoría
han cambiado de uso, cerrado o disminuido su actividad comercial toda vez
que el muro allí construido afectó no solo el acceso a los inmuebles sino
también perjudicó la vitrina comercial incidiendo negativamente en el uso
actual y futuro de las propiedades lo que ocasionó la disminución en sus
ventas, bajó la rentabilidad de los negocios y por consiguiente propició la
diminución en el valor comercial de las propiedades (…).” (fl. 10, anexo 3 –
negrillas de la Sala) 27.
7) A partir de lo expuesto por los expertos, cuya valoración técnica es coincidente,
no cabe duda de que las obras civiles ejecutadas frente al inmueble mencionado
generaron consecuencias adversas; este elemento fáctico permite atribuir
responsabilidad patrimonial extracontractual al departamento del Meta, con
fundamento en el título de imputación de daño especial por la vulneración del
principio de igualdad ante las cargas públicas, daño que reviste las siguientes
características:
a) Es anormal, porque excede los límites habituales de las cargas que los
ciudadanos deben asumir en el marco de la vida en sociedad, particularmente
porque no es jurídicamente posible exigirle a la parte actora que soporte las
consecuencias patrimoniales negativas derivadas de una obra pública, pues, en este
caso, la afectación supera las molestias o sacrificios ordinarios que lleva consigo la
ejecución de obras estatales.
27
Elemento probatorio que en el auto del 12 de junio de 2007 fue decretado e incorporado por el tribunal como
prueba documental (fl. 97 cdno. 1).
22
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
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Apelación de sentencia
b) El daño es especial, debido a que no se trata de una afectación generalizada sino
que recae de manera particular sobre el bien en cuestión, la construcción del puente
vehicular frente al inmueble y a uno de los costados impactó directamente la
vocación comercial del predio donde opera la Estación de Servicio “La Vorágine”
destinado a la venta de combustibles; la obra redujo su visibilidad para los
conductores y dificultó el acceso de los vehículos automotores, circunstancias que
mermaron las ventajas que anteriormente le brindaba su ubicación estratégica, a
diferencia de otros predios o de miembros de la comunidad, para quienes la obra
pudo haber representado, por ejemplo, una mejoría en las condiciones de movilidad
de la ciudad de Villavicencio, sin embargo, en este caso generó un daño específico y
diferenciado.
c) El daño también es grave, en la medida que, como se verá más adelante, la
actuación legítima de la administración implicó en este caso particular y concreto una
depreciación importante en el valor comercial del bien inmueble donde opera la
Estación de Servicio “La Vorágine”.
Por lo tanto, se concluye que sí se configuró un daño anormal, especial y grave que
la parte actora no estaba obligada a soportar, lo cual da lugar a la indemnización de
los perjuicios que serán estudiados en el siguiente acápite.
8) En ese sentido, sobre la entidad a quien debe imputarse el daño mencionado, se
reitera lo expuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva del departamento del
Meta; aunque el contrato para la ejecución de la obra pública fue suscrito por la
directora de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública
del Departamento del Meta, lo hizo en representación del ente territorial, razón por la
cual este departamento es a quien le asiste responsabilidad patrimonial
extracontractual a título de daño especial, debido al menoscabo anormal, grave y
especial sufrido por la parte activa de la litis que representa la sucesión intestada del
señor Luis Eduardo Valbuena Díaz a quienes deberá indemnizarse los perjuicios que
se encentran demostrados.
5. Reconocimiento de perjuicios
En las pretensiones de la demanda se solicitó indemnización en las modalidades de
perjuicio moral, daño emergente y lucro cesante.
23
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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5.1 Perjuicios morales
Fue solicitada indemnización por causa de la afectación moral supuestamente
padecida por los demandantes con ocasión de la disminución del precio comercial
del inmueble, del establecimiento del comercio denominado Estación de Servicio “La
Vorágine” y por la consecuente caída de las ventas y las ganancias percibidas, no
obstante, no existe medio de prueba alguno que acredite dicho perjuicio sin que al
respecto la jurisprudencia haya establecido presunción sobre su padecimiento, razón
por la cual la indemnización de este perjuicio será denegado.
5.2 Daño emergente
En relación con el daño emergente la parte demandante solicitó la reparación
patrimonial por (i) la disminución del valor comercial del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria no. 230-216 y (ii) la depreciación del establecimiento de
comercio denominado Estación de Servicio “La Vorágine”.
5.2.1 Desvalorización del inmueble identificado la matrícula inmobiliaria no.
230-216
1) Con el propósito de verificar si el inmueble ubicado en la carrera 33 no. 32 -21
ubicado en la ciudad de Villavicencio se desvalorizó se decretó un primer dictamen
pericial que fue rendido por el arquitecto Germán Sabogal Mantilla y presentado el 28
de enero de 2010 (fls. 374 a 417 cdno. 2), el perito dijo haber elaborado el
correspondiente avalúo comercial28 del inmueble conforme a las disposiciones de la
Resolución no. 0762 de 1998 del IGAC, el método de reposición para las
construcciones allí existentes y sobre un terreno de una cabida superficiaria de
3.658,88 m2.
A pesar de que el arquitecto mencionó cuál era precio comercial del bien antes del
inicio de las obras, cuando estas culminaron y para el momento del peritaje29,
sugiriendo un incremento en su valor aún después de la construcción del puente, los
28
Según el perito, el método de reposición consiste en “calcular el costo de construir hoy una edificación similar
(con los mismos materiales o similares) y descontar la depreciación lineal que corresponde a la edad conforme a
las tablas de Fitto Corvinni asociando, vida técnica y edad. Comoquiera que existen construcciones antiguas y
construcciones remodeladas, se asumen como edad 35 años para componentes de lo antiguo y 5 años para
componentes de lo remodelado.” (fl. 403 cdno. 2).
29
Sobre el punto, el dictamen concluyó: “Valor antes de las obras: Dic 31 año 2002: $2.491.992.747; valor
después de las obras: Dic 31 año 2003: $2.698.422.033,35 y; valor hoy fecha del peritaje, Junio de 2010:
$4.167.628.902,66.” (fl. 384 cdno. 2).
24
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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valores reportados ($2.491.992.747 al 31 de diciembre de 2002 “antes de la obra” y
$2.698.422.033,35 al 31 de diciembre de 2003 “después de la obra”) presentan
inconsistencias, en particular, el peritaje no especifica los criterios o estudios
empleados para calcular el valor del inmueble para el año 2002, además, el monto
estimado al 31 de diciembre de 2003 resulta de una simple actualización basada en
el IPC y no de un análisis comparativo del mercado; adicionalmente, las fechas
consideradas como anteriores y posteriores a la obra son imprecisas ya que la etapa
constructiva realmente inició el 2 de enero de 2003 y concluyó el 1 de febrero de
2004 (fls. 13 y 14, libro IX, carpeta 13).
También es importante destacar que frente a la pregunta encaminada a determinar el
valor específico de la depreciación manifestó que no podía proporcionar una
respuesta porque no contaba con parámetros de referencia30, contestación que fue
reiterada en el escrito aportado del 16 de noviembre de 201031 con ocasión de la
solicitud de aclaración y complementación presentada por la parte demandante32.
2) Debido a que el perito Germán Sabogal Mantilla no dio respuesta completa al
cuestionario planteado en la demanda consistente en la depreciación del inmueble,
mediante auto del 20 de agosto de 2010 se dispuso el nombramiento de otro perito
para el efecto (fl. 425 cdno. 3), razón por la cual se designó a la contadora Flor
Imelda Parra Torres quien rindió el correspondiente dictamen el 20 de septiembre de
2011 (fls. 453 a 517 cdno. 3), sin embargo, ante la pregunta específica sobre el
monto de la depreciación del bien se limitó a reiterar lo expresado en el avalúo
rendido por el arquitecto Fernando Beltrán Bolaños, sin que dicha profesional haya
30
Al respecto, el perito Germán Sabogal Mantilla expresó: “La determinación de alguna depreciación del valor
comercial del inmueble depende del referente contra el cual se contraste. El ejercicio de regresión ilustrado en la
respuesta a la Pregunta 5 muestra diferencia de valor conforme al IPC para diversas fechas. Se requiere de un
estudio de mercado inmobiliario de la zona, que permita comparativos de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y
2005. De otra manera sin pretender soslayar las responsabilidades que me correspondan, es aventurado
afirmarlo sin parámetros de referencia.” (fl. 417 cdno. 2).
31
En el escrito de complementación al dictamen, el arquitecto Germán Sabogal Mantilla indicó: “el valor calculado
en el avalúo corresponde a los inmuebles (valor de reposición) pero, el mayor o menor valor del bien después de
la construcción de la intersección vial El Maizaro está determinado por la adición de activos intangibles basados
en la generación de utilidades, o el buen nombre, o la confianza ganada, o en la rentabilidad de los demás
activos, visibles solo en estudios contables. Sustentar que la obra civil ejecutada (intersección vial Maizaro)
generó pérdida del valor al inmueble solo sería posible a través de estudios comparativos de ventas en otras
Estaciones de Servicio o comercialización reciente de inmuebles dentro del área de influencia del complejo vial en
comento.” (fl. 438 cdno. 2).
32
Del dictamen del perito Germán Sabogal Mantilla se corrió traslado a las partes mediante auto del 27 de julio
de 2010 (fl. 421 cdno. 3) para que solicitaran aclaración o complementación, término dentro del cual el abogado
de los demandantes solicitó que el dictamen se adicionara y que se nombrara a otro auxiliar de la justicia para
que se diera contestación a las preguntas no resueltas (fl. 422 a 424 cdno. 3), la complementación fue rendida el
16 de noviembre de 2010 sobre las características específicas del puente vehicular construido en la intersección
“El Maizaro” (fls. 432 a 438 cdno. 3).
25
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acreditado experiencia sobre avalúo de bienes inmuebles, que perteneciera a una
lonja de propiedad raíz o estuviera inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores33.
3) Así las cosas, la única prueba que existe en el plenario sobre la depreciación del
inmueble donde funciona la estación de servicio “La Vorágine” es el avalúo comercial
elaborado por fuera del proceso por el arquitecto Fernando Beltrán Bolaños con
fecha del 19 de enero de 2006 (fls. 1 a 113 anexo 3), el cual fue solicitado en la
demanda para que fuera incorporado como prueba documental34, solicitud a la cual
accedió el tribunal de primera instancia mediante el auto del 12 de junio de 2007 (fl.
97 cdno. 1), elemento probatorio que fue allegado el 30 de octubre de 2007 (fl. 254
cdno. 2).
Frente a lo anterior debe aclararse que dicha prueba, a pesar de referirse a una
materia que requiere de conocimientos técnicos específicos, no se trata
estrictamente de un dictamen pericial en los términos de los artículos 233 a 242 del
Código de Procedimiento Civil35 porque estas normas se refieren al que se practica
dentro de un proceso judicial, el cual debe ser decretado por el juez y cumplir todos y
cada uno de los requisitos contenidos en la norma procesal para darle a la parte
contraria la posibilidad de contradecirlo en orden de garantizar el derecho de
defensa.
De este modo el mencionado avalúo no corresponde a lo que el Código
Procedimiento Civil prevé como un dictamen pericial contenido en las normas antes
mencionadas por no haber sido emitido por un auxiliar de la justicia designado por un
juez, sin embargo, su incorporación puede fundamentarse en el numeral 1 del
artículo 10 de la Ley 446 de 1998 aplicable a este proceso:
“Artículo. 10. Solicitud, Aportación y Práctica de Pruebas. Para la
solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones
generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás
disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas:
33
En el siguiente sentido: “Se deja expresa constancia que se ha dado lectura y realizado análisis técnico y
financiero a las conclusiones del “AVALÚO DE AFECTACIÓN POR OBRA PÚBLICA” realizado por el Arq.
Fernando Beltrán Bolaños a 19 de enero de 2006, el cual obra en el proceso, quien concluye: “Pérdida del valor
comercial del inmueble (terreno y edificación): Mil ochocientos ochenta y cinco millones trescientos trece mil
cuatrocientos pesos m/cte, ($1.885.313.400) estimado para el día 30 de enero de 2004.” (fl. 457 cdno. 3).
34
En el siguiente sentido: “2º.- Solicitud de documentos, certificados y aportes de copias (…). 8.- SE OFICIE. Al
arquitecto FERNANDO BELTRÁN BOLAÑOS, para que remite el avalúo comercial del inmueble ubicado en la
carrera 33 No. 32-21 de Villavicencio, matrícula inmobiliaria No. 230-0000216. Perteneciente a LUIS EDUARDO
VALBUENA DÍAZ”. (fl. 18, cdno. 1).
35
Como norma procesal aplicable al presente proceso, debido a que para cuando la prueba fue decretada, el 12
de junio de 2007, aún no se había expedido el Código General del Proceso.
26
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para
solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por
instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción
entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo
correspondiente. (…)” (se destaca).
Esa norma se complementa con el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil
modificado por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003 que reprodujo la norma antes
trascrita así:
“Artículo 183: Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados para ello en este código.
Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar
pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o
profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de
ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente.” (negrillas
de la Sala).
En este orden de ideas, la normatividad procesal diferencia el dictamen pericial de lo
que denomina “experticio” como concepto, informe u opinión que emite una
institución o profesional especializado en determinada materia y que le da la
posibilidad a las partes de valerse de estos para sustentar los hechos y afirmaciones
de la demanda el cual debe ser valorado por el juez al momento de dictar sentencia,
junto con las demás pruebas en aras de la libertad probatoria que les asiste.
El tema ha sido abordado por el Consejo de Estado de la siguiente manera:
“Se concluye entonces que el dictamen pericial es aquella prueba
decretada por el juez y rendido por un perito como auxiliar de la justicia y
que del mismo debe darse traslado a las partes. Esta prueba se rige por lo
dispuesto en los artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, los experticios de que tratan los artículos 10 de la Ley 446 de
1998 y 183 del Código de Procedimiento Civil, si bien también son
conceptos o informes, éstos son presentados por fuera del proceso por
profesionales escogidos por las partes y no por el juez y posteriormente se
allegan al juicio dentro de las oportunidades procesales para que sean
tenidos como prueba”.36
Sobre la misma temática también se ha pronunciado la Corte Constitucional quien
considera que el legislador diseñó un concepto de prueba técnica distinta a la prueba
pericial regulada en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil:
36
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 11 de marzo de 2010, CP Martha Teresa Briceño de Valencia,
radicación no. 25000-23-27-000-2008-00183-01(17.986).
27
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“Nótese que las experticias técnicas que hacen referencia éstas no
son los mismos dictámenes periciales regulados en los artículos 233
a 242 del Código de Procedimiento Civil, ni los informes técnicos de
entidades y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 del
mismo estatuto procesal, por cuanto no se practican por mandato
judicial, ni en el curso de una actuación judicial que impliquen
intervención del juez, ni están sometidos a las ritualidades de
posesión, recusaciones e impedimentos que sí se exigen para los
peritos. Por el contrario, este tipo de pruebas se origina en un encargo de
la parte que lo escoge y sin la intervención judicial que delimite su práctica
y su contenido, pues ello corresponde a una solicitud previa al proceso.
La incorporación de los conceptos técnicos se efectúa válidamente
de la misma manera que se aportan al proceso las demás pruebas
documentales, puesto que el Código de Procedimiento Civil
expresamente señala que podrán ser aportados en las oportunidades
procesales correspondientes para solicitar pruebas (demanda,
complementación de la demanda, solicitud de excepciones, contestación
de la demanda y escrito que contesta las excepciones).”37 (negrillas
adicionales).
En esos términos, las experticias que sean aportadas o solicitadas con la demanda sí
pueden observarse a pesar de que sean incorporadas como prueba documental sin
que ello impida su valoración dentro de la sana crítica judicial, criterio que igualmente
ha sido adoptado por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 18 de
noviembre de 202138; en este sentido, es posible tener en cuenta el avalúo realizado
por el arquitecto Fernando Beltrán Bolaños solicitado oportunamente en la demanda,
decretado en auto de pruebas y debidamente allegado al presente proceso, a pesar
de que fue elaborado por fuera del presente trámite judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que la normatividad procesal posterior y
actualmente vigente contenida en el Código General del Proceso sí consagra el
dictamen pericial de parte, el cual no se practica en el trámite judicial, sino que,
directamente se aporta por la parte interesada (actora o demandada) y que por su
puesto se somete a contradicción y valoración (arts. 227 y 228 del CGP).
4) En ese contexto, también debe decirse que las conclusiones expresadas en dicho
trabajo fueron reiteradas por el mencionado arquitecto en la audiencia del 13 de
febrero de 2008 con la asistencia de la parte demandada (fls. 294 a 296 cdno. 2),
hecho que se entiende como una forma de exposición, ratificación, aclaración y
complementación de la “experticia”, con lo cual también se garantizó en debida forma
el debido proceso de la contraparte quien no se opuso a su decreto ni formuló
37
Corte Constitucional sentencia T – 417 de 2008, CP Marco Gerardo Monroy Cabra.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación no.
76001-23-31-000-2006-00126-01 (48.203), MP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración de voto del consejero Martín
Bermúdez Muñoz en relación con la antijuridicidad del daño.
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reparos puntuales frente a dicha prueba y que reúne las condiciones para ser
valorada por la Sala, de la cual se destaca lo siguiente:
a) Fernando Beltrán Bolaños acreditó ser arquitecto39, encontrarse inscrito en el
Registro Nacional de Avaluadores y ser miembro de una lonja de propiedad raíz40.
b) La experticia tuvo por objeto “determinar el valor de la afectación generada (…)
por efectos de la ejecución de una obra pública” para lo cual estudió las
características generales del sector sobre el cual expresó que tenía una connotación
predominantemente comercial41, tuvo en cuenta el acceso a servicios públicos, las
vías de acceso42, la reglamentación urbana, las características generales del
inmueble, las construcciones existentes, su edad y la explotación económica allí
desarrollada concerniente al expendio de combustibles líquidos, gas, lubricantes,
servicios de lavado, cambio de aceite y montallantas para automotores43.
c) Se tomó en cuenta la actividad específica desarrollada en el inmueble y se
destacó que con antelación a la construcción de la mencionada obra el bien contaba
con una ubicación privilegiada que ofrecía una gran visibilidad comercial gracias a su
amplia calzada y proyección visual, la cual se vio afectada por la construcción del
puente vehicular que se tradujo en una disminución de la visibilidad y en dificultades
de acceso para los automóviles (fl. 10, anexo 3) y, por consiguiente, en un impacto
negativo para el desarrollo de la vocación comercial del predio.
d) Adicionalmente, para determinar si el inmueble se había desvalorizado, el perito
tomó en cuenta los siguientes datos:
39
Según certificaciones visibles en los folios 107 a 113 del anexo 3.
40
Sobre los generales de ley, el señor Fernando Beltrán Bolaños manifestó: “soy natural del Bogotá, tengo 45
años de edad, domiciliado en Villavicencio (…) soy arquitecto y en la actualidad soy perito avaluador y
desempeño actividades profesionales en la rama de la arquitectura.” (fl. 294 cdno. 2).
41
Acerca de la actividad predominante en la zona se indicó: “desarrollo comercial pesado especializado en venta
de bienes y servicios para vehículos automotores. En su inmediata vecindad observamos las antiguas
instalaciones de la concesionaria Mazda y Nissan hoy en proceso de remodelación para el funcionamiento de la
empresa Chevrolet. Observamos también en su entorno el Hipermercado Alkosto, el Centro Comercial Unicentro
en construcción, el barrio El Porvenir caracterizado por la presencia de edificaciones de un piso en su mayoría
antiguas y reformadas para uso comercial intensivo de venta de repuestos de vehículos y al respaldo una zona de
talleres de mecánica que lo separan del barrio Barzal sector especializado en servicios de salud (…).” (fl. 3 anexo
3).
42
Sobre las vías de acceso se señaló: “condiciones de acceso aceptables, sin embargo, se consideran a la
estación restringidas como consecuencia del nuevo puente en razón a estrechez de la Carrera 33 y a que no se
proyectaron orejas de giro ni desvíos de acceso en todos los sentidos.” (fl. 4, anexo 3).
43
Sobre este aspecto el perito aseveró: “La estación de servicio La Vorágine cuenta con toda la infraestructura
necesaria para funcionar como tal y contempla un diseño funcional y práctico que permite el uso normal interno
de la edificación.” (fl. 6, anexo 3).
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Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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(i) Un avalúo comercial realizado por el mismo arquitecto Fernando Beltrán Bolaños
el 15 de febrero de 2001 al inmueble donde funciona la estación de servicio “La
Vorágine” antes del inicio de las obras, en el cual se determinó que para ese
momento tenía un valor estimado de $2.429.694.00044.
(ii) Una certificación emitida por la Lonja de Propiedad Raíz de los Llanos
Orientales45 sobre un avalúo realizado el 6 de julio de 1999 a un predio contiguo a la
referida estación de servicio, identificado con la matrícula inmobiliaria no. 230-157 y
ubicado en la calle 33 no. 33-34/44/60 donde funcionaba un concesionario automotriz
Mazda cuyo valor se estimó en ese momento en $2.502.487.000, el cual fue
enajenado de manera posterior a las obras civiles mediante la escritura pública no.
4503 del 24 de diciembre de 2005 de la Notaría 38 de Bogotá DC por un valor de
$1.200.000.00046.
(iii) La compraventa realizada mediante la escritura pública no. 2192 del 21 de julio
de 2003 de la Notaría Segunda de Villavicencio a través de la cual el departamento
del Meta adquirió un predio vecino ubicado en la calle 31 no. 33-60 con matrícula
inmobiliaria no. 230-65557 para la construcción de la intersección “El Maizaro” y
avaluado por el IGAC en un valor de $296.705.00047.
(iv) La compraventa efectuada a través de la escritura pública no. 1960 del 14 de
julio de 2014 de la Notaría 35 de Bogotá, posterior a la obra, en la cual el Banco de
Bogotá vendió a un particular un predio vecino de características similares al anterior
por valor de $312.814.00048.
(v) La compraventa de un inmueble vecino mediante la escritura pública no. 2587 del
26 de agosto de 1994 de la Notaría 35 de Bogotá49, enajenado por el Banco de
Bogotá a un particular por valor de $52.000.000.
44
El cual fue anexado a la experticia y se encuentra en los folios 77 a 103 del anexo 3.
45
Certificación que reposa en los folios 105 y 106 del anexo 3.
46
Copia de esta escritura y sus anexos fue aportada por el perito al correspondiente dictamen, visible en los folios
21 a 36 del anexo 3; esta prueba se complementa con el correspondiente certificado de tradición que también fue
allegado al expediente y donde igualmente aparece constancia del registro de dicho negocio jurídico en la
anotación no. 26 por valor de $1.2000.000.000 (fls. 258 a 260 cdno. 2).
47
La escritura pública fue agregada al dictamen pericial (fls. 74 a 76 anexo 3) y el correspondiente certificado de
tradición también fue aportado al proceso (fls. 265 cdno. 2) en el cual consta dicho negocio jurídico.
48
Fue anexada la correspondiente escritura pública al documento del avalúo (fls. 38 a 44 anexo 3) y el certificado
de tradición donde se anotó dicho negocio (fl, 263 cdno. 2).
49
Los soportes documentales de la respectiva escritura pública (fls. 56 a 63 anexo 3) y del certificado de tradición
(fls. 261 y 262 cdno 2) donde figura ese negocio jurídico también fueron aportados al proceso.
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Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
5) Con esa información, el perito realizó un análisis comparativo de los valores de las
ventas de los inmuebles ubicados en el sector, antes y después de la construcción
del referido puente vehicular; a partir de este análisis concluyó que el precio de los
bienes había disminuido en un promedio del 63.32% tras la edificación, con sustento
en lo cual expresó:
“Tomando como base el valor actualizado de la Estación La Vorágine
según el numeral 7.3.1 de este informe estimado en condiciones normales
de mercado a 30 de enero de 2004 en $2.977.437.500 y siendo el
porcentaje de afectación del 63,32% podemos determinar la afectación de
la obra en la edificación y el terreno por una suma de $1.885.313.400
moneda corriente”. (fl. 16, anexo 3).
6) A partir del análisis de esta última prueba la Sala corrobora que, en efecto, el
inmueble donde opera la Estación de Servicio “La Vorágine” sufrió depreciación de
su valor comercial con ocasión de la construcción del puente vehicular “El Maizaro”
en la cantidad expresada por el arquitecto Fernando Beltrán Bolaños, quien en su
experticia sustentó debidamente sus conclusiones a partir de un ejercicio
comparativo de las compraventas realizadas sobre bienes inmuebles ubicados en la
misma zona y que también fueron afectados en su precio por causa de la obra
pública, las cuales apoya debidamente con las correspondientes pruebas
documentales.
7) En ese sentido, no hay duda que para el momento en que se realizó el cálculo de
la depreciación, el 30 de enero de 2004, el inmueble donde funciona la Estación de
Servicio “La Vorágine” había perdido un valor comercial equivalente a
$1.885.313.400, sin embargo, la Sala no puede reconocer dicha suma porque a
partir de lo expresado en las pretensiones de la demanda se observa que la
correspondiente pretensión fue limitada a $800.000.000, por lo que acceder a una
cantidad superior afectaría el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del
Código General del Proceso, según el cual “no podrá condenarse al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta”, razón por la cual la Sala simplemente procederá a
actualizar la cantidad solicitada en la demanda desde el momento de la presentación
de la acción hasta la fecha de esta providencia, de la siguiente manera:
Ra = Rh x índice final / enero de 202550
índice inicial / enero de 200651
50
Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
51
Fecha de la presentación de la demanda.
31
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
Actor: Consuelo Alicia Valbuena Barrera y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia
Ra = $800.000.000 x 146,24
59,02
Ra = $1.982.243.307
De este moro, el departamento del Meta debe pagar la cantidad de mil novecientos
ochenta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos siete pesos
pesos ($1.982.243.307), en favor de la sucesión intestada del causante Luis
Eduardo Valbuena Díaz, representada en este caso por los demandantes.
5.2.2 Desvalorización del establecimiento de comercio Estación de Servicio “La
Vorágine”
1) En las pretensiones de la demanda también se solicitó que se indemnice por la
pérdida del valor comercial del establecimiento de comercio denominado Estación de
Servicio “La Vorágine”, perjuicio que debía demostrarse y calcularse con base en el
dictamen del perito Germán Sabogal Mantilla, empero, este auxiliar de la justicia no
realizó estudio alguno al respecto por cuanto consideró que para ello se requería de
un experto en contaduría52.
2) Debido a lo anterior, fue decretado otro dictamen pericial que fue rendido por la
contadora pública Flor Imelda Flórez Parra quien centró su estudio en calcular la
pérdida de los ingresos por causa de la obra pública en el referido establecimiento de
comercio; no obstante, nada dijo acerca de si este habría perdido valor comercial
como “conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la
empresa” en los términos del artículo 515 del Código de Comercio y, a pesar de que
de dicho dictamen se corrió traslado a las partes y el abogado de la parte actora
solicitó aclaración sobre algunos puntos (fls. 519 y 520 cdno. 3), la experta nada dijo
acerca de si hubo o no depreciación de ese establecimiento de comercio, perjuicio
que por no estar probado será denegado.
5.3 Lucro cesante
1) En relación con este rubro, en la demanda se pidió reparación por la disminución
de las ventas, ingresos y utilidades de los productos y servicios ofrecidos por el
establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio “La Vorágine” situado
52
Específicamente señaló: “En cuanto refiere a consideraciones comerciales y del área contable, no está dentro
de mi competencia responder tales interrogantes. Reafirmo lo expresado respecto de la conveniencia de requerir
el concurso de un profesional de la Contaduría Pública.” (fl. 417 cdno. 2).
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Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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Reparación directa
Apelación de sentencia
en la carrera 33 no. 32-21 de la ciudad de Villavicencio de propiedad del señor Luis
Eduardo Valbuena Díaz de conformidad con el correspondiente certificado expedido
por la Cámara de Comercio de Villavicencio (fls. 130 a 133 cdno. 1).
2) Al respecto, en el dictamen pericial rendido por la contadora pública Flor Imelda
Parra Torres (fls. 453 a 482 cdno. 3) se hizo una comparación de los ingresos
reportados antes, durante y después de realizada la obra pública, a partir de lo cual
dedujo que desde el momento del inicio de la obra hasta el 20 de junio de 2011 se
habían dejado de percibir utilidades por valor de $3.079.493.852 (fl. 466 cdno. 3).
3) A pesar de lo anterior, la Sala no reconocerá el lucro cesante solicitado por cuanto
no hay claridad sobre si señor Luis Eduardo Valbuena Díaz o la señora María Alicia
Barrera de Valbuena administraron directamente la estación de servicio ya que, por
el contrario, está demostrado que el inmueble donde funciona la estación ha estado
arrendado a terceros para su explotación económica durante más de 35 años a
través de contratos que fueron renovados sucesivamente con vigencia hasta el año
2010, es decir, de manera posterior a la finalización de la obra pública; a
continuación se detallan los mencionados contratos:
a) Escritura pública no. 5404 del 3 de diciembre de 1966 de la Notaría Cuarta de
Bogotá en la cual el señor Luis Eduardo Valbuena y la señora Alicia Barrera de
Valbuena suscribieron un contrato de mutuo y también de arrendamiento con la
empresa Shell de Colombia SA en los siguientes términos:
“En consideración al préstamo de que trata la Cláusula Primera, LOS
DEUDORES dan en arrendamiento a LA SHELL la Estación de Servicio para
Automotores y la Sub-Planta para almacenamiento de combustibles, a la que
se refiere la mencionada Cláusula Primera, durante un plazo de diez (10)
años, contados a partir del día primero (1º) de marzo de mil novecientos
sesenta y siete (1967) y por un precio de NUEVE MIL TRES PESOS
($9.003.00) moneda corriente mensuales (…) PARÁGRAFO: LOS
DEUDORES se obligan a hacer entrega física del inmueble a la
Compañía, en la fecha inicial del arrendamiento (…) QUINTA: LOS
DEUDORES autorizan a LA SHELL para destinar el inmueble arrendado
al almacenamiento, distribución y venta de sus productos y la
explotación del negocio de la Estación de Servicio para Automotores.
Igualmente facultan LOS DEUDORES a LA SHELL para que subarriende,
en todo o en parte el inmueble determinado en la Cláusula Primera” (fl.
302 cdno. 2 – se destaca).
b) Escritura pública no. 7.162 del 22 de diciembre de 1992 de la Notaría Primera del
Círculo de Villavicencio, en la cual se documentó que desde 1985 la empresa Codi
Mobil tomó en arrendamiento el predio de la referencia por un término de 122 meses
33
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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Reparación directa
Apelación de sentencia
“con todas sus construcciones, mejoras y anexidades”, y que, mediante esa escritura
pública se procedía a la modificación del contrato de arrendamiento en cuanto al
término de duración de 96 meses y un canon en la cantidad de $30.000.000 (fls. 123
y 124 cdno. 1)53.
c) Escritura pública no. 2.227 de la Notaría Primera de Villavicencio por medio de la
cual se aclara la escritura anterior, en el sentido de precisar el monto del canon
pactado (fls. 125 y 126 cdno. 1).
d) Escritura pública no. 2.163 del 29 de marzo de 1996 de la Notaría Primera del
Círculo de Villavicencio, por medio de la cual se prorrogó el referido contrato de
arrendamiento por un tiempo de 120 meses y un canon de $40.000.000 (fls. 121 y
122 cdno. 1); específicamente en la cláusula “TERCERA” de ese documento se
pactó lo siguiente:
“TERCERA: Que por medio de esta escritura pública, prorrogan el contrato de
arrendamiento contenido en la escritura pública número 1.601del 31 de mayo
de 1985, modificado y aclarado mediante las escrituras públicas descritas en
la cláusula segunda de esta escritura, por el término de 120 más, o sea hasta
el 31 de diciembre del año 2010, con un canon total de arrendamiento por
todo el término de la prórroga de CUARENTA MILLONES DE PESOS
(40.000.000) MONEDA CORRIENTE el cual pagó MOBIL a LOS
COMPARECIENTES a su plena satisfacción a la firma de la presente
escritura.” (fl. 121 cdno. 1).
4) Para explicar lo anterior, en el presente proceso rindió interrogatorio de parte la
señora María Alicia Barrera de Valbuena el 14 de febrero de 2008 quien, dijo que si
bien el inmueble se había arrendado a la empresa Mobil hasta el año 201054, en
53
Específicamente se estipuló lo siguiente: “PRIMERA: Que por escritura pública No. 1601 del 31 de mayo de
1985 de la Notaría Diecinueve de Santafé de Bogotá, dieron en arrendamiento a COLOMBIANOS
DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES SA quien adelante se llamará CODI MÓBIL, por el término de 122
meses y canon de mil pesos (1.000) moneda corriente mensuales, término contado a partir del 1º de mayo de
1985, el siguiente inmueble: Un globo de terreno que forma la manzana “N” de la Urbanización El Maizaro en la
ciudad de Villavicencio, con todas sus construcciones, mejoras y anexidades (…)SEGUNDA: Que mediante la
presente escritura pública procede a modificar tanto el término de duración del presente contrato de
arrendamiento como el valor del canon a pagar en los siguientes términos: que la vigencia de este contrato será
de 96 meses contados a parite del 1º de enero de 1993, que el valor del contrato de arrendamiento por todo el
término de los 96 meses aquí mencionados es de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)” (fl. 123 cdno.
1).
54
Literalmente dicha demandante expresó: “PREGUNTA CINCO: Cómo explica que estando el inmueble cedido
en arrendamiento a la empresa Mobil durante el tiempo que usted ha referido, usted esté sufriendo algún
detrimento económico con la disminución de ventas si se entiende que la explotación económica la tiene la
entidad que usted manifiesta tiene en arrendamiento el inmueble. CONTESTÓ: Nosotros tenemos un contrato
con Mobil el cual se renueva cada determinado tiempo, el último fue renovado por mi difunto esposo hace más o
menos 12 años y se vence en 2010, ese arrendamiento consta, se les hace un arrendamiento a la Móbil pero
nosotros manejamos la estación, tenemos lo que ellos llaman el nombre de ellos, pero la estación la manejamos
nosotros. Ellos nos fijan determinada venta de galonaje el cual no he podido cumplir, porque se bajaron mucho
las ventas.” (fl. 298 cdno. 2).
34
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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Reparación directa
Apelación de sentencia
realidad eran los demandantes quienes administraban la estación, solo que la
petrolera les fijaba cierta cantidad de venta de gasolina que debían cumplir.
5) En ese sentido, aunque dicha persona explicó que el arrendamiento del inmueble
y de la estación de servicio no implicaba que los demandantes dejaran de manejar la
estación, no está claro si por virtud de esos contratos de arrendamiento la
explotación económica del bien estaba en manos o no del señor Luis Eduardo
Valbuena Díaz, de su cónyuge y, posteriormente a su muerte, a cargo de esta y sus
herederos; cabe destacar que desde la escritura pública no. 5.404 del 3 de diciembre
de 1966 de la Notaría Cuarta de Bogotá suscrita con la empresa Shell de Colombia
se pactó que el arrendamiento implicaba la entrega material del bien al arrendatario y
la explotación económica de la estación de servicio existente.
De igual manera, debe observarse que en los negocios jurídicos subsiguientes
aparece como arrendataria la petrolera Mobil, pero solo se refieren a prórrogas de un
contrato de arrendamiento firmado el en el año 1985 que no fue aportado al proceso,
lo cual impide verificar si dicho arrendamiento implicaba la entrega del inmueble para
su explotación directa por parte del arrendatario, si los arrendadores eran quienes
realizaban dicha explotación y cuáles era las obligaciones contractuales específicas
de estos frente a la empresa55.
6) Adicionalmente, a pesar de que la perito Flor Imelda Parra Torres afirma haber
consultado los libros contables del establecimiento de comercio para verificar el
aumento o disminución de ganancias, no especifica qué tipo de relación existía entre
los demandantes y la empresa Mobil en virtud de los contratos de arrendamiento;
tampoco aclara si la explotación económica de la venta de combustibles se realizaba
directamente por los actores o por dicha empresa, si los demandantes recibían
únicamente los cánones correspondientes del contrato de arrendamiento o también
un porcentaje de las ventas, esta indeterminación genera dudas sobre la causación
del perjuicio, por lo que se procederá a negar esta solicitud de indemnización.
55
Además, sobre a la declaración de parte de la señora María Alicia Valbuena Barrera debe tenerse en cuenta el
artículo 232 del Código de Procedimiento Civil que prevé lo siguiente: “La prueba de testigos no podrá suplir el
escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.
Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta
de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la
inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible
obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.
35
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Apelación de sentencia
7) Finalmente, en la demanda se solicita a título de lucro cesante el pago de
intereses técnicos del 6% sobre el valor histórico de los perjuicios materiales que se
reconozcan en la sentencia, pretensión que será denegada, al respecto esta
Subsección ha manifestado que ese tipo de interés que se sustenta en el artículo
1617 del Código Civil refiere a eventos en los cuales la causa de pagarlos deviene de
un contrato y que no puede aplicarse esa regla de manera generalizada en materia
extracontractual56.
6. Conclusión
El análisis de los elementos fácticos y jurídicos previamente examinados conduce a
la decisión de revocar parcialmente la sentencia del 30 de noviembre de 2018
emitida por el Tribunal Administrativo, Sala Transitoria que declaró probada la
excepción “falta de legitimación en la causa por pasiva” de todos los entes
demandados y negó las pretensiones; en su lugar, esta instancia mantendrá
únicamente la declaración de dicha excepción respecto del municipio de
Villavicencio (Meta).
Adicionalmente, se declarará la responsabilidad patrimonial extracontractual del
departamento del Meta porque se comprobó que la obra que dio lugar a la
construcción de la intersección “El Maizaro” en la ciudad de Villavicencio (Meta) fue
contratada por la Unidad Administrativa Especial para Proyectos de Contratación
Pública del Departamento del Meta en representación de dicha entidad territorial,
obra civil que ocasionó un daño antijurídico que debe ser indemnizado con
fundamento en el título de imputación de responsabilidad de daño especial, por
cuanto generó un desequilibrio frente a las cargas públicas cuyo perjuicio se vio
reflejado en la desvalorización del inmueble donde funciona la Estación de Servicio
“La Vorágine”, situado en la carrera 33 no. 32-21 de dicha ciudad, identificado con la
matrícula inmobiliaria no. 230-216, indemnización que debe ser declarada en favor
de la masa sucesoral ilíquida del causante Luis Eduardo Valbuena Díaz.
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2023, expediente no.
23001-23-31-000-2011-00566-01 (64.506), CP Alberto Montaña Plata, con salvamento de voto del Consejero
Martín Bermúdez Muñoz en relación con que en ese caso no debía emitirse condena en contra de la Rama
Judicial y, aclaración de voto de Fredy Ibarra Martínez por la metodología utilizada para analizar el error judicial.
36
Expediente 50001-23-31-000-2006-00086-01 (63.622)
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7. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria alguna de la parte vencida, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Revócase parcialmente a sentencia del 30 de noviembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo, Sala Transitoria, la cual queda así:
“Primero: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del municipio de Villavicencio (Meta), de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Declárase extracontractual y patrimonialmente responsable al
departamento del Meta por el daño antijurídico causado a la parte
demandante, constituida por los representantes de la sucesión ilíquida del
causante Luis Eduardo Valbuena Díaz, daño producido con ocasión de la
construcción del puente vehicular situado en la intersección vial “El
Maizaro” de la ciudad de Villavicencio (Meta).
Tercero: Condénase al departamento del Meta a pagar en favor de la
sucesión ilíquida del señor Luis Eduardo Valbuena Díaz, la cantidad de mil
novecientos ochenta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil
trescientos siete pesos pesos ($1.982.243.307)por concepto de daño
emergente.
Cuarto: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
Quinto: Sin condena en costas ni agencias en derecho en esta instancia”.
2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia.
3°) Cúmplase lo ordenado en esta providencia conforme a lo dispuesto en los
artículos 176 y 177 del Decreto-ley 01 de 1984.
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Apelación de sentencia
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen con las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) Aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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