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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00835-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00835-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de abril de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispone: SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. TERCERO: DELARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes con las 60 Radicación: 50001233100020060083501 (49492) Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros lesiones sufridas por Luis Jaime Bermúdez Manzanares el 6 de febrero de 2006 en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena. CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 40 SMLMV para Luis Jaime Bermúdez Manzanares, 30 SMLMV para Dellanira Franco Sánchez y 20 para cada uno de los demandantes Yesli Marisol Bermúdez Franco, Jaime Leandro Bermúdez Franco, Paula Caterine Bermúdez Franco y Edwar Stiven Bermúdez Franco. QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de $115’637.848,64, en favor de Luis Jaime Bermúdez Manzanares. SEXTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de daño a la salud, la suma de 40 SMLMV en favor de Luis Jaime Bermúdez Manzanares. SÉPTIMO. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. OCTAVO: SIN COSTAS. NOVENO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2006-00835-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
Demandante: LUIS JAIME BERMÚDEZ MANZANARES Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL Y OTROS

Tema: Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de
protección a personas que se dedican a la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos. Lesiones a erradicador de
cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural Serranía de la
Macarena por ataque de las FARC - Responsabilidad de
terceros en la causación del daño antijurídico. Obligaciones
resarcitorias frente a las víctimas en el marco del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto Armado y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Concausa en el hecho generador del daño /Reconocimiento
de perjuicios de acuerdo con el porcentaje de pérdida de la
capacidad laboral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia del 23 de abril de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Aproximadamente a las 10:00am del 6 de febrero de 2006, Luis Jaime Bermúdez
Manzanares se encontraba desarrollando su labor de erradicación manual de
cultivos ilícitos junto a un grupo de otros erradicadores y de agentes de la Policía
Nacional en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, en el municipio
del mismo nombre del departamento del Meta, cuando fueron víctimas de un
ataque armado por parte de las FARC, que dejó como resultado varios policías

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Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

muertos y lesionado a Luis Jaime Bermúdez Manzanares, quien sufrió heridas por
arma de fuego en el periné y fracturas en región perianal y perirectal, entre otras.

La parte demandante considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República son patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por Luis
Jaime Bermúdez Manzanares, debido a la falla en el servicio de protección, pues
las accionadas no previeron el ataque ni constataron que la zona de trabajo de los
erradicadores estuviera libre de la presencia de miembros de grupos armados
ilegales, antes del inicio de sus labores.

II. ANTECEDENTES
1. Demanda

El 7 de julio de 20061, Luis Jaime Bermúdez Manzanares y Dellanira Franco
Sánchez, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores
de edad Yesli Marisol Bermúdez Franco, Jaime Leandro Bermúdez Franco, Paula
Caterine Bermúdez Franco y Edwar Stiven Bermúdez Franco 2; mediante
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de
la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para
que fueran declarados patrimonialmente responsables por la falla en el servicio de
protección, que dio lugar a las lesiones sufridas por Luis Jaime Bermúdez
Manzanares el 6 de febrero de 2006, durante su labor de erradicación manual de
cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a los
demandados a pagar, por perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV para
cada uno de los accionantes; por “perjuicio fisiológico”, la cantidad de 1.000
SMLMV o, en su defecto, la suma de $400’000.000 para el lesionado; y, por lucro
cesante, la suma de $232’430.000 en favor de Luis Jaime Bermúdez Manzanares.
1 Fl. 3 a 22, C.1.
2Se anotan los nombres de los demandantes como aparecen en sus registros civiles de
matrimonio y nacimiento, Fl. 23 a 27, C1.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha
indeterminada, Luis Jaime Bermúdez Manzanares ingresó al Programa de
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos de Acción Social y a inicios de 2006 fue
destinado a trabajar en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, en el
municipio de la Macarena, Meta.

Señala que el 5 de febrero de 2006, un grupo de aproximadamente 170
erradicadores manuales de cultivos ilícitos, entre quienes se encontraba Luis
Jaime Bermúdez Manzanares y 90 agentes de la Policía Nacional, fueron
atacados en dos oportunidades por miembros de grupos armados ilegales en el
Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena “sin ninguna consecuencia
grave para el grupo”.

Asegura que, el 6 de febrero de 2006, Luis Jaime Bermúdez Manzanares y los
demás erradicadores manuales de cultivos ilícitos iniciaron sus labores por
directriz del ingeniero coordinador del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, sin que los agentes de la Policía Nacional hubieran
descartado la presencia de miembros de grupos armados ilegales o previeran un
ataque como el sucedido el día anterior.

Indica que aproximadamente a las 10:00am de ese mismo día, cuando Luis Jaime
Bermúdez Manzanares se encontraba desarrollando su labor de erradicación
manual de cultivos ilícitos junto al grupo de erradicadores y de agentes de la
Policía Nacional, en el sitio antes referido, fueron víctimas de un ataque armado
por parte de las FARC que dejó como resultado la muerte de varios policías y una
lesión a Luis Jaime Bermúdez Manzanares, quien sufrió heridas por arma de
fuego en el periné y fracturas en región perianal y perirectal, entre otras.

La parte demandante considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República son patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por Luis
Jaime Bermúdez Manzanares, debido a la falla en el servicio de protección, pues
las accionadas no previeron el ataque ni constataron que la zona de trabajo de los

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

erradicadores estuviera libre de la presencia de miembros de grupos armados
ilegales, antes del inicio de sus labores.

2. Contestaciones

El 18 de julio de 20063 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y
ordenó su notificación a las demandadas y al ministerio público.

2.1. La Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República4
se opuso a las pretensiones de la demanda, pues consideró que el Programa de
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos no era su responsabilidad y que los
erradicadores manuales contaron con la protección de la fuerza pública. Formuló
las excepciones de “ineptitud sustantiva de la demanda” e “incapacidad e indebida
representación de la Nación”, ambas con fundamento en que la entidad no tiene
responsabilidad en los hechos alegados en la demanda.

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional5 también se opuso a las
pretensiones de la demanda, dado que el daño fue causado por terceros, quienes
atacaron de manera sorpresiva y desproporcionada a quienes realizaban la
erradicación de cultivos ilícitos. Agregó que el demandante no fue expuesto a un
riesgo superior al de las demás personas que desempeñaban la misma labor, en
el mismo lugar y día del ataque. Propuso la excepción de “falta de legitimación en
la causa por pasiva”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 6 de octubre de 20096 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3 Fl. 46 y 47, C.1.
4 Fl. 60 a 64, C.1.
5 Fl. 76 a 80, C.1.
6 Fl. 299, C.1.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

3.1. La parte demandante7, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional8
y la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República9
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y los escritos de contestación
a esta, respectivamente.

3.2. El ministerio público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de abril de 201310, el Tribunal Administrativo del Meta
accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en el título de riesgo
excepcional, al constatar que Luis Jaime Bermúdez Manzanares sufrió lesiones
en desarrollo de una actividad riesgosa como la erradicación manual de cultivos
ilícitos, en desarrollo del programa coordinado por el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y bajo la protección de la Policía Nacional.

En efecto, el a quo sostuvo que: “[…] se tiene en cuenta como título de imputación
el régimen excepcional, debido a la generación de un riesgo anormal que se
materializó con la lesión del particular Luis Jaime Bermúdez Manzanares […] El
nexo de causalidad se estructura porque existe relación lógica entre la causa y el
efecto, apreciándose indisoluble ese enlace material de un hecho antecedente y
un resultado, que en el caso fue el cumplimiento de las labores coordinadas por la
Presidencia de la República en desarrollo de un programa presidencial en el cual
la Policía Nacional garantizaba la seguridad de los erradicadores (fl. 134 a 140
informe de la Policía Nacional), cuando el 6 de febrero de 2006 sobrevino un
ataque premeditado por parte de un grupo al margen de la ley con morteros,
fusiles y armas no convencionales dirigido a una patrulla de la Policía sin importar
que se encontraran civiles (fl. 317). Se insiste, esa relación de causa nace en
razón de la actividad de erradicación manual de cultivos ilícitos (plantas de coca)

7 Fl. 300 a 321, C.1.
8 Fl. 376 a 378, C.1.
9 Fl. 385 a 388, C.1.
10 Fl. 391 a 400, Cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

dirigida por las demandadas y cumplida materialmente por el personal contratado
para esa tarea; siendo la causa directa del ataque armado del grupo insurgente
en el cual fue lesionado el erradicador Luis Jaime Bermúdez Manzanares, en
cumplimiento de la labor de erradicación de cultivos ilícitos dentro del programa
presidencial en el cual la Policía Nacional tenía a su cargo la seguridad del
personal civil, hechos que se encuentran demostrados con las pruebas
documentales y testimoniales arrimadas al expediente. De ahí que por esa notoria
relación de causa no pueda considerarse como un acto ajeno al servicio o un
hecho de un tercero la lesión del erradicador […]”.

Finalmente, en la parte resolutiva, el Tribunal Administrativo del Meta condenó a
las demandadas a pagar, por perjuicios morales, 40 SMLMV para el Luis Jaime
Bermúdez Manzanares, 30 SMLMV para Dellanira Franco Sánchez y 20 SMLMV
para cada uno de los demás demandantes; por lucro cesante la suma de
$60’495.620 para Luis Jaime Bermúdez Manzanares y; por daño a la salud, 40
SMLMV también para el lesionado.

5. Recursos de Apelación

El 7 de mayo11 y el 16 de agosto de 201312, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, interpusieron recursos de apelación y apelación adhesiva,
respectivamente, los cuales fueron concedidos el 25 de octubre de 201313 y
admitidos el 8 de abril de 201414.

5.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional15 señaló que el daño
fue causado por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, quien no solo
atacó a la fuerza pública sino a la ciudadanía en general.

11 Fl. 402 a 404, Cuaderno del Consejo de Estado.
12 Fl. 436 a 439, Cuaderno del Consejo de Estado.
13 Fl. 473, Cuaderno del Consejo de Estado.
14 Fl. 484 y 485, Cuaderno del Consejo de Estado.
15 Fl. 402 a 404, Cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

5.2. La Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República16
sostuvo que el Programa de Erradicación Manual de Cultivos no dependía de esa
entidad y que no estaba dentro de sus funciones garantizar la seguridad y
protección de los trabajadores de dicho programa.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 14 de mayo de 201417 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante18, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional19 y la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República20 reiteraron los argumentos expuestos en la primera instancia y en los
recursos de apelación.

6.2. El ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos
por las demandadas en contra de la sentencia del 23 de abril de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que la cuantía supera la exigida21 para
que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga
vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, antes de la modificación
efectuada por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.

16 Fl. 436 a 439, Cuaderno del Consejo de Estado.
17 Fl. 487, Cuaderno del Consejo de Estado.
18 Fl. 488 a 505, Cuaderno del Consejo de Estado.
19 Fl. 506 a 512, Cuaderno del Consejo de Estado.
20 Fl. 520 a 529, Cuaderno del Consejo de Estado.
21 La pretensión mayor se estimó en 1.140 SMLMV.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo
dispone el artículo 8622 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de un daño por omisiones imputables a las demandadas, que
habrían causado las lesiones sufridas por uno de los demandantes.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal23.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

22 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten
condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o
dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando
resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”
23 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la
facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.

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jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general24, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de
orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción25, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y

24 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso

a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala
el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar
el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos

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mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure26 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia27, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 6
de febrero de 2006, Luis Jaime Bermúdez Manzanares sufrió lesiones por el
ataque armado de las FARC y que son objeto de la presente demanda (hecho

26 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho,
es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.

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probado 7.1.2.) y; ii) la demanda se presentó el 7 de julio de 200628, esto es de
forma oportuna29.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis30.

4.1. Guillermo Herrera Tovar (lesionado), Dellanira Franco Sánchez (cónyuge),
Yesli Marisol Bermúdez Franco (hija), Jaime Leandro Bermúdez Franco (hijo),
Paula Caterine Bermúdez Franco (hija) y Edwar Stiven Bermúdez Franco (hijo)
están legitimados en la causa por activa, el primero por ser la víctima directa de
las lesiones (hechos probados 7.1.2. a 7.1.6.) y, los demás, porque conforman su
núcleo familiar, según dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes
registros civiles de matrimonio y nacimiento31.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con
los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, toda vez que según
lo dispuesto en los artículos 232 y 21833 de la Constitución Política, es la entidad a

28 Fl. 3 a 22, C.1.
29 Se advierte que la parte demandante no se encontraba obligada a intentar la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues aún no se encontraba vigente la Ley 1285 de
2009 que así lo exigía.

30 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
31Fl. 23 a 27, C1.
32 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

la que corresponde controlar el orden público, así como brindar protección a los
ciudadanos. Además, por ser una de las entidades a la que se le atribuye la
causación del daño antijurídico alegado en la demanda.

4.3. La Nación no está legitimada en la causa por pasiva a través del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dado que en la
demanda se le atribuye la causa del daño por haber sido la coordinadora del
Programa de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos del que era parte el
demandante cuando sufrió las lesiones. Sin embargo, está probado que para la
época de los hechos era la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, la que estaba a cargo del programa de Erradicación
Manual de Cultivos Ilícitos para el cual trabajó el actor, tal como se desprende del
oficio expedido por la coordinadora nacional (hecho probado 7.1.1.), entidad que
hoy se denomina Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC,
órgano descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio que, si bien
está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
está representada legalmente por su director general, quien tiene la
representación judicial y extrajudicial de la entidad, como lo disponen los artículos
234 y 12, numeral 1835 del Decreto 4152 de 2011. Además, tal como se relata en
la demanda, los erradicadores habrían iniciado su labor sin que los agentes de la
Policía Nacional hubieran descartado la presencia de miembros de grupos
armados ilegales o previeran un ataque, de modo que a la Nación - Departamento

33 Artículo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo

de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.
34 “Artículo 2°. Creación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia,

APC– Colombia. Para cumplir las funciones escindidas, créase una Unidad Administrativa
Especial que se denominará Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, –
APC–Colombia, como una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
35 “Artículo 12. Despacho del Director General. Adicionado y Modificado por el Decreto 2324 de

2013. Son funciones del Despacho del Director General, las siguientes: […] 18. Representar,
judicial y extrajudicialmente, a la entidad en los procesos y demás acciones legales que se
instauren en su contra o que deba promover la Agencia, para lo cual podrá conferir poder o
mandato. […]”.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Administrativo de la Presidencia de la República no se le atribuye una omisión
específica, de acuerdo con los hechos de la demanda.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones padecidas por Luis
Jaime Bermúdez Manzanares, por la falla en el servicio de protección, debido a
los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2006 en el Parque Nacional Natural
Serranía de la Macarena.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; ii) la responsabilidad del Estado
por omisión en el deber de seguridad y protección; iii) la responsabilidad del
Estado por daños causados por la acción de grupos armados insurgentes y; iv)
obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del
“Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera”.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199136 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario

36 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto
de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Se debe sumar a este elemento
estructural para hallar la responsabilidad del Estado otro componente necesario e
indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con
su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por
aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución
fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a
repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio
de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los
criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el riesgo
excepcional y con el daño especial.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al
Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el
principio neminem laedere.

6.2. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por
omisión en el deber de seguridad y protección

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado37.

37 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida
de todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de
donde surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación
expresa del derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una
obligación de medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las
diferentes autoridades públicas a establecer los mecanismos de amparo que
dentro de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a
fin de evitar la lesión o amenaza de sus derechos”38.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de
“seguridad” desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado
en el preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii)
como un derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la
Constitución, proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el
Preámbulo y en la carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2,
11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 34, 44 y 7339 superiores, así como del bloque de
constitucionalidad40, frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 194841, como la Convención Americana42

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
38 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-

184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.
39 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será

sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia,
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente
su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho
a la honra (…), Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia (…), Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son
derechos fundamentales de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de
protección para garantizar su libertad e independencia profesional”
40 Ibidem.
41 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre

internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

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y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos43 contemplan el derecho a
la seguridad personal.

Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como
“aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de
las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que
no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”44. De manera que los individuos pueden
exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el
objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e
inaceptables contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades
pueden conjurar o mitigar.

Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades, en cuyos fundamentos y limites ha
evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991,
puesto que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades
de proteger a las personas45.

42 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al
ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
43 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968,

dispone en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales…”.
44 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el

Ministerio del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
vida y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada,
puesto que su esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación
tuteló el derecho a la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas
y pusiera a su disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que
dichos mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente,
pidió al accionante que presentare solicitud de protección ante el Programa de Protección de
Derechos Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.
45 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el
respeto recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por
el artículo 9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus
vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares (…)”.

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Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a
las autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del
servicio se exigió acreditar que la víctima había solicitado protección46; ante lo
cual también se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado47.
Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el
Estado se encuentre en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque ésta
expresamente no lo hubiera solicitado, pues ante un ambiente de zozobra,
confusión, inestabilidad, peligro o de la especial condición intuito personae de la
víctima, las autoridades debían estar en alerta continua y permanente y no actuar
como sujetos pasivos que demandan la petición de protección del miembro de la
comunidad que la necesita48.

En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
con ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de
las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha
autoridad”49; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos
de violencia” de grupos armados insurgentes50, pues lo que interesa es el
elemento cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado51.

Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero
como una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el
segundo, como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso
pacífico del derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la

46 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
48 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.
49 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.

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persona corre peligro52, Así, ante un nivel de amenaza extrema53 nace la
obligación del Estado de adoptar medidas específicas para salvaguardar el
derecho fundamental a la seguridad personal del individuo54, quien podrá exigir
que las autoridades le brinden protección especial.

En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre
fundamental correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger
dicho derecho, no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de
“utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y

52 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
53 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de

riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad
personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo
ordinario… En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son
inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este
nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a
la seguridad personal no está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una
lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos
reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que
hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la
amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos
fundamentales, debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción
definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza.
Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…).
/ b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una
amenaza que cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho
que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo
pueda exigir la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en
consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir
protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el
derecho a la seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se presenta la
amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos
fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este
nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”
54 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía

General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien
en su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de
medida de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de
naturaleza ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las
entidades accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación
de la accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por
intermedio de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en
su condición de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera
inmediata e ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de
acuerdo con su situación.

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demás derechos de las personas sea una realidad, de manera que no puede
conformarse con una simple defensa formal de los mismos”55.

Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia56.

No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el
ordenamiento jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que
es necesario cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas
pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, versus el grado de
cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el
caso concreto57, por supuesto, cuando las personas: (i) han solicitado protección
especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
56 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se
observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no
privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a
cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como
jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa
ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de
justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva
constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato
constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones
fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos
por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de
presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como
se explicó previamente en esta providencia.”.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434;

Sentencia del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375;
Sentencia del 30 de enero de 2013, Rad.: 27040.

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encuentra la persona58; (ii) no han solicitado dicha protección pero es evidente
que la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos
que permitían asegurar que se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves
riesgos contra su vida o sus bienes59; o (iii) cuando las autoridades dejan a la
población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna
protección, teniendo conocimiento de que los derechos de esa población vienen
siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley60.

6.3. Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de
grupos armados insurgentes

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del
Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de
tres criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño
especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que
proceda.

Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados
insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia
de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción –deberes
positivos- a cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad
con fundamento en ello es menester acreditar, entre otros i) el incumplimiento o
deficiente cumplimiento de deberes normativos y/o ii) la omisión o inactividad de
la administración pública. Como en los daños causados por la acción de grupos
insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano
causal, deberá demostrarse la cognoscibilidad real del peligro que corre el bien
jurídico que debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en
defensa de este, o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las
acciones de defensa ejecutadas por la fuerza pública.

58 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección

Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
60 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Al respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que
para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o
por omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si
para la Administración y para las autoridades era previsible que se
desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más
importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la
generalidad de los hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de
aquellas situaciones que no dejan margen para la duda, es decir, las que
sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida.

Por otro lado, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista del riesgo excepcional, cuando el daño ocurre como consecuencia de la
materialización de un riesgo producto de la actividad legítima de la administración.
En efecto, en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo moderno la
sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles y, dentro de tal
contexto, la administración pública puede crear estas situaciones excepcionales
de peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna protección
existe para el particular, lo cual impone al Estado la obligación de reparar los
daños que cause. Sobre este tema en ciertas ocasiones la Corporación ha
aplicado este criterio de imputación, guiado por un argumento causal, como es
que el ataque del grupo armado se haya dirigido en contra de un establecimiento
del Estado.

Finalmente, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista del daño especial, cuando se evidencia un desequilibrio de las cargas
públicas, la equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una
ruptura de la igualdad, fruto del perjuicio especial y anormal que se le impone al
administrado.

6.4. Obligaciones de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo
para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera

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En el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de
una paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno
de la República de Colombia y las FARC, las partes reconocieron la reparación de
las víctimas como unos de sus principios angulares de la siguiente forma: “[…] El
reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir
del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No
vamos a intercambiar impunidades” 61.

Así, en armonía con los compromisos internacionales en materia de Derechos
Humanos, el Acuerdo de Paz trascendió a los simples efectos políticos y tiene una
decidida repercusión jurídica relevante62 de cara al restablecimiento de los
derechos de las víctimas como ciudadanos titulares de derechos, efecto jurídico
internacional e interno del que goza el Acuerdo Final como lo ha entendido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

61 Acuerdo de Paz. Punto 5. “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, pág. 124. Páginas adelante

las partes reiteran ese compromiso al referirse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, así:
“El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con
derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del
principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de
manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en
graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades,
teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los
que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.
(Resaltado propio). Acuerdo Final, Acápite 5.1 “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición”, pág. 127. Y en desarrollo de tal idea rectora el párrafo segundo del artículo 1° del
Acto Legislativo 01 de 2017 prescribe: “El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento
de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad
plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos
quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de
alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición” (…).
62 Cfr., Sobre el efecto político y jurídico del componente de “víctimas” del Acuerdo Final,

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de convencionalidad. Bogotá, Universidad
Externado de Colombia. 2017, págs. 166-193.

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Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
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En efecto, la sentencia C-630 de 201763 proferida por la Corte Constitucional, que
examinó la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2017 64, precisó que i)
debe existir una conexidad entre las normas y las leyes de implementación con el
Acuerdo Final y concordancia con los fines que éste persigue; ii) existe la
obligación de implementar e incorporar al derecho interno el Acuerdo de Paz,
siendo esa una “obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores
esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como
política de Estado (…)”, iii) el deber de guardar coherencia implica que el Estado
dé cumplimiento de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final,
para lo cual “goza de un margen de apreciación para elegir los medios más
apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de
progresividad” y iv) la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento jurídico
“exige su implementación normativa por los órganos competentes y de
conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para ello”.

En similar sentido, el Consejo de Estado en la providencia de 2 de agosto de
2017, se pronunció sobre la legitimidad del Acuerdo de Paz a la luz del derecho
internacional y determinó que le correspondía al juez de lo contencioso
administrativo, como juez de convencionalidad, asumir tres ejercicios
hermenéuticos en relación con dicho Acuerdo, a saber: i) interpretación conforme;

63 Corte Constitucional. Sentencia C-630 de 2017. A la fecha de esta decisión la Corte no ha
publicado oficialmente el texto íntegro de la Sentencia, por lo que las glosas anotadas se
elaboraron con base en el Comunicado de Prensa No. 51 de 11 de octubre de 2017 de esta
Corporación. Información disponible en el siguiente enlace web:
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2051%20comunicado%2011%20de%20o
ctubre%20de%202017.pdf
64 Acto Legislativo 02 de 11 de mayo de 2017. Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo

artículo transitorio así: Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional
humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos con los
anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez
de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de
cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de
todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su
interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado,
preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

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ii) integración normativa; y, iii) prevalencia de los principios, estándares y
mandatos convencionales65.

Así, es que dada la naturaleza de las obligaciones estatales de prevención,
protección y garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, visto el efecto
jurídico del Acuerdo Final, el reconocimiento genérico de responsabilidad que en
él han realizado los actores del conflicto armado, el Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo afirmó que en casos por transgresiones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario el
pronunciamiento que haga el operador judicial sobre la responsabilidad del

65 “4.3.- De lo expuesto, deviene inexorable considerar los aspectos regulados en el Acuerdo Final

a la luz de la estructura de derecho internacional que se invoca como fuente de justificación y
legitimidad de cuanto se ha pactado allí; esa referencia copiosa, además, opera como parámetro
de validez normativa que vincula y se extiende a las autoridades estatales que en el marco de los
procedimientos de implementación, interpretación o aplicación del Acuerdo Final tengan
interacción con alguno de tales tópicos.
4.4.- Expresión concreta, más allá de lo retórico, encuentra en los siguientes criterios: (i)
Interpretación conforme. Deber de otorgar a las disposiciones del Acuerdo Final aquella
interpretación que de mejor manera se ajuste a los principios, estándares y mandatos
convencionales, lo que, correlativamente, impone ajustar los sentidos interpretativos que pugnan
con aquellos, pues la protección jurídica de los derechos y libertades a la luz del Acuerdo no
puede ser inferior a aquellos; de ser así ese déficit de protección debe ser superado por vía de la
interpretación conforme a cargo del operador jurídico65, permitiendo que el efecto útil de los
principios, estándares y mandatos convencionales opere, como se sigue de las reglas de
interpretación dispuestas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
(ii) integración normativa. Asumir como solución a las lagunas que se adviertan en el Acuerdo
Final la aplicación de los principio, estándares, y mandatos convencionales con el fin de lograr la
plena eficacia de los derechos tutelables, la coherencia y solución armónica de las cuestiones
abordadas en el mencionado Acuerdo; (iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos
convencionales Privilegiar, en situaciones de antinomia entre el texto del Acuerdo Final y los
principios, estándares y mandatos convencionales, las prescripciones que emanan de este último,
en tanto que es precisamente el sistema de referencia sobre el que se ha estructurado el Acuerdo,
siendo verdad que su pretensión de legitimidad emana más que de las formalidades a las que fue
sometido a su capacidad para responder, a la luz de las exigencias convencionales, como
herramienta jurídica al servicio de la consolidación de los deberes generales de respeto y garantía
de los derechos y libertades, como base razonable para la adopción de disposiciones de derecho
interno que hagan efectivo el goce de aquellos 65 y como acuerdo político capaz de establecer
cimientos sólidos para la adopción de mecanismos de justicia transicional en el marco de una
sociedad que ha sufrido el conflicto y graves violaciones de derechos humanos e infracciones al
derecho humanitario65” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Decisión de
Ponente de 2 de agosto de 2017, Expediente 25000-23-26-000-2017-00025-01 (Habeas Corpus).

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Estado debe comprender, al tiempo, la que le corresponda al Grupo Armado
Insurgente FARC por la comisión de dichas infracciones66.

Se trata de concretar, entonces, en cada caso, el alcance de ese reconocimiento
jurídico de responsabilidad por las acciones adelantadas en el marco del conflicto
armado interno, toda vez que las FARC se reconoció como organización o sujeto
colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos
violatorios de las normas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.

Precisamente, el Acuerdo Final reconoció a las FARC como un colectivo u
organización que, trascendiendo a la individualidad de sus integrantes, con
intereses intersubjetivos compartidos por esa agrupación, respondía a una
organización jerárquicamente dispuesta, con cierta permanencia en el tiempo y un
considerable tamaño en cuanto hace el número de sus integrantes y presencia
territorial; colectivo al que se le han reconocido, por virtud de ese Acuerdo Final,
ciertos derechos o beneficios dirigidos al cese definitivo del conflicto armado en
Colombia.

No obstante, el Acuerdo Final tiene un marcado enfoque de protección de los
derechos de las víctimas y esa consideración no puede ser ajena a ninguna de las
partes del conflicto. En ese orden de ideas, consecuencia de lo estipulado en el
Acuerdo Final, se puede pregonar que las FARC, como organización y parte
firmante del Acuerdo de Paz, es sujeto pasible de imputación de responsabilidad,
no solo en términos individuales –cuestión de la que se ocupará la Jurisdicción
Especial para la Paz como componente de justicia del SIVJRNR creado en el

66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948 (A). Sobre este punto resaltó: “[…] entonces, dada
la naturaleza de las obligaciones estatales de prevención y garantía de las víctimas de graves
violaciones, visto el efecto jurídico del Acuerdo Final el reconocimiento genérico de
responsabilidad que en él han realizado los actores del conflicto armado y considerando la
realidad probatoria del caso, es criterio de esta judicatura que en casos como el sub judice el
pronunciamiento que haga el juez sobre la responsabilidad del Estado debe comprender, al
tiempo, la que corresponda al Grupo Armado Insurgente FARC por la comisión de violaciones
graves a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

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Acuerdo-, sino también como sujeto colectivo que, por la vía de acciones
intencionales en el conflicto armado interno, actuó como un aparato organizado
de poder irregular e ilegal, puesto que las acciones violentas desplegadas por
quienes pertenecían a esa organización no obedecían a un querer motu proprio
de cada miembro, sino a diversos planes dispuestos y/o fijados por los mandos o
dirigentes medios y altos de ésta para el logro de sus cometidos comunes por la
vía del alzamiento en armas bajo la instrumentalización de ejecutores materiales.

Esta postura halló sustento en el margen de apreciación del que gozan las
autoridades67 respecto de la implementación, interpretación y aplicación del
Acuerdo Final y se ajusta al derecho a la verdad que le asiste a todas las víctimas
toda vez que éstas cuentan con el derecho inalienable a conocer, con fuerza de
verdad judicial, en la mayor medida de las posibilidades, quiénes fueron los
partícipes, cuáles fueron los móviles y los pormenores que rodearon la violación a
sus derechos; también se corresponde con el derecho a la justicia, en tanto que
por esa vía la autoridad judicial no solo identifica la totalidad de los actores que,
por acción u omisión, intervinieron en la violación de derechos humanos sino que,
aún más importante, declara que los mismos son jurídicamente responsables por
tales conductas o, lo que es lo mismo, se impone un reproche jurídico a la
conducta de los responsables por ser violatorio del orden jurídico convencional,
constitucional o legal, integralmente considerado; por contera, lo dicho también se
aviene al derecho a obtener justas reparaciones, de cuenta de los responsables.

Una declaración en tal sentido no implica trasgresión alguna de las competencias
que corresponden a otras autoridades, por cuanto la misma no pretende tener el
efecto ni el alcance propio de un juicio de reproche penal ni de orden transicional,
pues i) no se trata de un pronunciamiento de responsabilidad personal, sino
colectivo; ii) no se están empleando, al efecto, las categorías dogmáticas propias
del derecho penal, sino que su fundamento normativo se ubica en el derecho
internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario;
y, iii) naturalmente a la declaración de responsabilidad que se hace no se sigue la
imposición de una pena o sanción, pues el deber de indemnizar que surge con la
67 Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017.

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declaratoria de responsabilidad civil o administrativa no se asemeja a un castigo
sino a la justa expectativa que se desprende de habérsele comprobado a un
sujeto ser partícipe o causante de los daños inferidos a una persona que fue
víctima de graves violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al derecho
internacional humanitario.

Y si bien la persecución contra la impunidad debe hacerse por “todos los medios
legales disponibles”, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad
de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extinga con la muerte de
quien (o quienes) se dicen son los presuntos penalmente responsables de tales
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario. Es así que resulta pertinente destacar que, si bien la muerte del
presunto transgresor pone fin a la persecución de la acción penal, lo cierto es que
dicha situación no impide que se imparta justicia a la organización y/o colectivo
que consintió, planeó y materializó el ilícito, ello, como clara manifestación de
lograr justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos y/o infracciones
al derecho internacional humanitario.

Ello es así, adicionalmente, por cuanto la implementación de programas
administrativos de reparación de víctimas a cargo del Estado, o la declaratoria
judicial de responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política, tampoco eliminan la obligación jurídica
de responder y resarcir a quienes se vieron agraviados con la ejecución de tan
viles crímenes, máxime si se considera, como ya se dijo, que esas violaciones
han ocurrido dentro de un contexto de conflicto armado interno no siendo, pues,
actos anecdóticos o accidentales.

Debido a su importancia, conviene subrayar que si bien el Estado adquiere
obligaciones especiales para con las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, a las que
bajo ninguna consideración puede renunciar, dichos deberes de modo alguno
pueden sustituir aquellos que pesan sobre el agente violador y/o infractor de
derechos humanos respecto de su víctima, pues, como conforme se previó en el

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Acuerdo Final: “En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto
deben contribuirlo a repararlos”68, de ahí que compete a cada responsable asumir
las consecuencias por sus actos violatorios, bien sea a nivel colectivo o
personal69.

En virtud de lo anterior, la reparación a las víctimas resulta trascendental, no solo
por las ya resaltadas finalidades que pretende el Acuerdo Final, sino también por
la suerte de reconocimiento, por parte del Estado, respecto de los actos
desplegados por las FARC, al haber acordado por la vía de la negociación, la
trasformación de esa organización de una agrupación insurgente a una
organización política ubicada en el marco de legalidad.

Lo dicho anteriormente no supone, entonces, que con ese acto el Estado deba
asumir la responsabilidad que le puede corresponder a esa organización por la
comisión de sus actos transgresores, pero sí que ello le involucra jurídicamente
en lo que atañe a asegurar a las víctimas su plena reparación, en el marco de ese
régimen jurídico de transición, mediante instrumentos legales conducentes a
exigir de las FARC su responsabilidad y la consiguiente reparación de los
reprochables daños causados por ella, como organización.

Dicho de otro modo, el paso a la luz de la legalidad de las FARC no la desvincula
jurídicamente, en manera alguna, de sus actos pasados ni del conjunto de
violaciones a las víctimas, pues bajo ninguna consideración el Acuerdo Final
puede ser considerado como un “reparto de impunidades”, como bien lo
consignaron las partes en el punto quinto del Acuerdo70.

68 Acuerdo Final. Punto 5.1.3.2. “Acciones concretas de contribución a la reparación”, pág. 178.
69 “la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto
generales –del Estado- como individuales – penales y de otra índole de sus agentes o de
particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos,
de facto y de jure, que mantengan la impunidad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Anzualdo Castro Vs Perú, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 125. En el mismo
sentido Caso Radilla Pacheco Vs México, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 212.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Justamente, debe recordarse que el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera carece de valor
normativo en sí mismo, en los estrictos términos que fijó la Corte Constitucional
en la sentencia C-332 de 2017, pero su carácter vinculante y sus efectos jurídicos
no dependen exclusivamente de su implementación normativa frente a las partes
que lo suscribieron.

No en vano el Acuerdo Final para la Paz se suscribió “[…] por el Gobierno
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del
Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.

Además, el mismo Acuerdo señala que las partes que lo suscribieron “se han
ceñido al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los
principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo
mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos
proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los
conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas
universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos”.

En otras palabras, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
Construcción de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta
vinculante para las partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo
exigible frente a ellas, en los mismos términos en los que se firmó.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de abril de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones
de la demanda, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional señaló que
el daño fue causado por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, quien
no solo atacó a la fuerza pública sino a la ciudadanía en general.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

En cuanto a la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, como antes se advirtió, se declarará su falta de legitimación en la
causa por pasiva.

En este sentido, comoquiera que solo la parte demandada presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35771 del
Código de Procedimiento Civil, exclusivamente habrá lugar a resolverse los
cargos formulados contra la decisión recurrida. Por ello, a continuación, se
analizará si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es
patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Luis Jaime Bermúdez
Manzanares el 6 de febrero de 2006, cuando se encontraba desarrollando labores
de erradicación manual de cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural Serranía
de la Macarena.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se probó que, desde junio de 2005 hasta el 6 de febrero de 2006, Luis
Jaime Bermúdez Manzanares “operó como erradicador” en el Programa de
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos de Acción Social. De ello da cuenta el

71 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte
que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas
partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior,
éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.”

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Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

oficio del 15 de febrero de 2008, suscrito por la coordinadora nacional del
Programa de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos de Acción Social72 y los
comprobantes de pago de su salario73.

7.1.2. Se comprobó que el 6 de febrero de 2006, mientras una patrulla de la
Policía Nacional inspeccionaba un cultivo ilícito para su erradicación en el Parque
Nacional Natural Serranía de la Macarena, fue objeto de un ataque armado en el
cual resultaron muertos varios miembros de esa institución y lesionado Luis Jaime
Bermúdez Manzanares que estaba dedicado a labores de erradicación manual.
De ello da cuenta el informe del 9 de febrero de 2006 suscrito por el comandante
de la operación “Colombia Verde” de la Policía Antinarcóticos, en el cual formuló
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los ataques de los que había
sido víctima la fuerza pública en esa zona entre enero y febrero de 2006 por parte
de las FARC, del cual se destaca lo siguiente:74

“[…] Respetuosamente me dirijo a usted con el ánimo de denunciar los diferentes
ataques alevosos y premeditados de los cuales ha sido objeto la fuerza pública, en
especial, la Policía Nacional, en el cumplimiento de su misión como defensores de
los derechos de la sociedad, lo que demuestra una clara violación a los derechos
humanos. Lo anterior se ha presentado en desarrollo de la operación Colombia
Verde que se adelanta en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena,
cuyo objetivo es erradicar en su totalidad los cultivos ilícitos de coca, para recuperar
tan importante ecosistema de manos del narcotráfico y el grupo narcoterrorista de
las FARC. Dentro del Programa Presidencial de Erradicación Manual de Cultivos
Ilícitos, el gobierno Nacional encomienda a la Policía Nacional, Dirección
Antinarcóticos, la tarea de liberar al Parque Nacional Natural Serranía de la
Macarena de cultivos de arbustos de coca. Es así que con fecha 14 de enero la
Dirección Antinarcóticos inicia la ‘operación Colombia Verde’, desplegando un gran
dispositivo que garantice la seguridad de los erradicadores y de la población civil en
la zona que conforma el parque en aras de cumplir tan importante misión. Es así
que durante el desarrollo de la mencionada actividad se han presentado diferentes
tipos de ataques a las unidades que se encuentran en el sector dirigidos por el
cabecilla alias ‘Gentil Duarte’ del frente 7 de las Farc y alias ‘Jairo Araña’ cabecilla
de una compañía del mismo frente, demostrando una clara violación a los derechos
humanos como ya se refirió con anterioridad y los cuales se relacionan a
continuación: el día 26-01-06 mientras se adelantaban las labores de erradicación
fue atacada premeditadamente con morteros, fusiles y armas no convencionales
como granadas artesanales y cilindros una patrulla de la Policía sin importar que
hubiese personas civiles cerca, resultando herido el patrullero […]. El día 29-01-06
mientras se adelantaban patrullajes con el fin de adelantar labores de erradicación

72 Fl. 145, C1.
73 Fl. 146 a 185, C1.
74 Fl. 133 a 140, C.1.

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Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

fue atacada premeditadamente con morteros, fusiles y armas no convencionales
como granadas artesanales y cilindros una patrulla de la Policía sin importar que
hubiese personas civiles cerca, resultando herido el intendente […]. El día 01-02-06
mientras el personal policial se desplazaba en el sector buscando proteger al
personal de erradicadores y así adelantar las labores de erradicación fue atacada
premeditadamente con morteros, fusiles y armas no convencionales como
granadas artesanales y cilindros una patrulla de la Policía sin importar que hubiese
personas civiles cerca, resultando herido el patrullero […]. El día 05-02-06 mientras
se adelantaban las labores de erradicación fue atacada premeditadamente con
morteros, fusiles y armas no convencionales como granadas artesanales y cilindros
una patrulla de la Policía sin importar que hubiese personas civiles cerca,
resultando herido el patrullero […] de igual forma fueron impactados 3 helicópteros
que acudían al rescate del herido y al apoyo del personal que se encontraba bajo
ataque en ese momento […] El día 06-02-06 mientras se adelantaban labores de
inspección y aseguramiento de un cultivo ilícito de hoja de coca para su
erradicación, fue atacada premeditadamente con morteros, fusiles y armas no
convencionales como granadas artesanales y cilindros una patrulla de la Policía sin
importar que hubiese personas civiles cerca, resultando fallecidos el capitán [...]
quienes entregaron sus vidas por proteger las de los erradicadores y resultaron
heridos el subintendente [….] y el señor erradicador Luis Jaime Bermúdez
Manzanares, CC […]”

7.1.3. Se demostró que, el 8 de febrero de 2006, Luis Jaime Bermúdez
Manzanares ingresó al hospital Policarpa Salavarrieta de Bogotá remitido por el
hospital San José del municipio de la Macarena, donde fue atendido por
diagnóstico de “herida por arma de fuego en periné, fractura isquiopúbica, fractura
cabeza femoral izquierda”. De ello da cuenta la copia de epicrisis de la misma
fecha.75

7.1.4. Se acreditó que, mediante Resolución No. 8935 del 1 de marzo de 2006, la
entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, le reconoció a Luis Jaime Bermúdez Manzanares una ayuda
humanitaria por valor de 2 SMLMV, por las lesiones que sufrió debido a un ataque
armado realizado por las FARC en jurisdicción del Parque Nacional Natural
Serranía de la Macarena, cuando realizaba labores de erradicación manual de
cultivos ilícitos. De ello da cuenta el oficio del 28 de abril de 2008 suscrito por la
subdirectora de Atención a Víctimas de la Violencia de Acción Social, según el
cual la ayuda fue entregada el 15 de marzo de 2006 al hoy demandante.76

75 Fl. 29, C1.
76 Fl. 201, C1.

33

Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
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7.1.5. Se comprobó que, el 24 de septiembre de 2008, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente, Seccional Caldas, hizo
reconocimiento médico legal a Luis Jaime Bermúdez Manzanares por las heridas
que sufrió el 6 de febrero de 2006 y concluyó que este padece secuelas por
perturbación funcional permanente de los órganos de la digestión y
osteomuscular. De ello da cuenta el informe técnico médico legal de la misma
fecha, del cual se destaca lo siguiente:77

“[…] Presenta: 1) cicatriz deprimida y pigmentada de 6cms, con huellas de sutura
ubicada en forma horizontal en mesogastrio izquierdo que afecta la estética
corporal. 2) cicatriz hipopigmentada de 7,5 cms con huellas de sutura ubicada en
forma vertical en la región inguinal izquierda, que afecta la estética corporal. 3)
refiere dolor en toda la región perineal cuando monta en bicicleta o a caballo, al
examen clínico hay limitación antálgica moderada para la flexión completa y para la
apertura de la articulación de la cadera izquierda, desencadenándose dolor para
dichos movimientos tanto activos como pasivos. […] Conclusión. Mecanismo
causal: proyectil arma de fuego. Incapacidad médico legal: definitiva ciento veinte
(120) días. Secuelas medicolegales: perturbación funcional de órgano
osteomuscular de carácter permanente, perturbación funcional de órgano de la
digestión de carácter transitoria, deformidad física que afecta el cuerpo de carácter
permanente”

7.1.6. Se probó que, mediante dictamen del 2 de junio de 2009, la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Caldas determinó que Luis Jaime Bermúdez
Manzanares sufrió herida por arma de fuego que afectó el movimiento de su
cadera izquierda y le causó estrés postraumático, lo que le generó una pérdida de
la capacidad laboral del 29.40%. De ello da cuenta el dictamen de la misma
fecha.78

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,

77 Fl. 242 a 245, C1.
78 Fl. 271 y 272, C1.

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se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración79-80, en tanto la prueba de todos los elementos de
la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca
la obligación resarcitoria.

7.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho81, que contraría el orden legal82 o
que está desprovista de una causa que la justifique83, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al

79 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
80 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta
resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa
sobre este particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de
resarcir daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un
quebranto, independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o
consolidación de él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia
de daño no hay obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter
estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa,
Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado
de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
82 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
83 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

lesionar una situación reconocida o protegida84, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en las lesiones
causadas por arma de fuego en el periné, fracturas en región perianal y perirectal,
entre otras, sufridas por Luis Jaime Bermúdez Manzanares el 6 de febrero de
2006, las cuales se encuentran probadas con algunas piezas de su historia
clínica, el reconocimiento médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, Regional Occidente, Seccional Caldas y el dictamen de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas (hechos probados 7.1.2.,

7.1.3., 7.1.5. y 7.1.6.). Este daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de
la afectación de un interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico, cuya
lesión no encuentra justificación legal.

En efecto, la integridad física y la salud de las personas son derechos inherentes
e inalienables y se constituyen en presupuesto esencial para la realización de los
demás derechos, de donde la vulneración de tales postulados y los daños que
con ello se generen resultan antijurídicos.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, es menester establecer si éste le es
atribuible fáctica y jurídicamente.

84 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Así, en aras de resolver el problema jurídico, aunado a los elementos de prueba
que vienen de describirse, en el presente proceso de reparación directa, se
escuchó el testimonio de Jesús Albeiro Ramos Salazar85, ex compañero de
trabajo del demandante quien manifestó que a este lo apodaban “Copa”. Sobre
los hechos de la demanda declaró que el 6 de febrero de 2006 “estábamos en la
Macarena erradicando, llevábamos unos días allá cuando tuvieron un
enfrentamiento con la guerrilla y de ahí el señor alias Copa recibió una herida de
bala de la cual quedó bastante afectado el hombre, aquí en Manzanares hay
muchos testigos que lo vieron vendiendo boletas”. Aclaró que ese día “yo me
encontraba en un campamento cercano a ellos y por radio escuchábamos lo que
estaba sucediendo en el otro campamento, decían por radio que habían matado a
unos policías, que había muchos heridos y al otro día nos trasladaron al
campamento donde fueron muertos los agentes”. A la pregunta sobre la seguridad
brindada a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos durante su labor para la
época de los hechos, el testigo señaló: “para mí en ese tiempo la seguridad era
más bien poca, entrábamos a los cultivos y pues los señores agentes con los que
viajábamos no eran patrullas grandes, debido a eso yo pienso que era poca la
seguridad que se prestaba, después de que hirieron a alias Copa ya llegó el
Ejército, nos mandaron al Ejército y se reforzó bastante la seguridad en la
Macarena”. Indicó que Luis Jaime Bermúdez Manzanares sufrió una herida
cercana al recto y que le prestaron los primeros auxilios en San José del
Guaviare, que después de eso el demandante ha recibido varios tratamientos,
pero no han sido suficientes “porque él siempre ha andado bastante enfermo,
incluso no puede trabajar, hace trabajos suavecitos, no puede hacer trabajos
pesados”.

Por su parte, José Jairo Arenas Sepúlveda86 ex compañero de trabajo del
demandante declaró que el 6 de febrero de 2006: “nosotros salimos a las seis de
la mañana a erradicar, llegamos a un sitio a las diez y veinte de la mañana
cuando nos emboscaron, al rato nos dimos cuenta de que el señor Jaime estaba

85 Fl. 219 y 220, C1.
86 Fl. 221 y 222, C1.

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herido, siempre hubo mucho rato el tiroteo […] nosotros cuando nos dimos cuenta
era que él estaba herido en el suelo, estábamos trabajando cuando sentimos tres
tiros, un rato después nos dimos cuenta que el señor Jaime estaba herido, según
nos comentaron hubo como seis policías muertos”. A la pregunta sobre la
seguridad brindada a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos en su labor
para la época de los hechos, el testigo señaló: “la seguridad era más bien poca,
cuando nosotros entrábamos a un cultivo nos decían que podíamos trabajar
tranquilos sin haberlo inspeccionado, la seguridad estaba a cargo de la Policía,
pero cuando entrábamos a trabajar unos se abrían para el monte tal vez a
cuidarnos, pero otros se quedaban amontonados charlando, sin ningún tipo de
seguridad”. Señaló que Luis Jaime Bermúdez Manzanares no puede hacer
labores pesadas.

A su turno, Gerardo Cardona Ardila87 ex compañero de trabajo del demandante
declaró que el 6 de febrero de 2006: “lo que sucedió allá fue falta de seguridad,
íbamos entrando al cultivo cuando se formó el abaleo (sic) que fue donde
murieron los policías y en esas le dieron al hombre Luis Jaime […] la seguridad
nos la daba la Policía, no fue correcta porque fue más bien poca y también se
demoró mucho en llegar el refuerzo para sacar a los mismos muertos y heridos
[…] Nosotros íbamos entrando al cultivo cuando se formó el abaleo (sic) y ahí fue
cuando resultaron los policías heridos y Luis Jaime”.

También Reinel Álvarez Yepes88, ex compañero de trabajo del demandante,
declaró sobre los hechos que: “en el año 2006 ocurrió en el sitio denominado la
Macarena donde fue herido Luis Jaime, cuando eso él trabajaba con nosotros en
un grupo de 30 hombres cuando el motín de la balacera, el grupo en el que
trabajaba yo estaba en otro sector, puesto que nosotros cuando llegamos a San
José del Guaviare nos separaron para diferentes partes, en la sección donde yo
trabajaba habíamos 14 grupos de 30 cada grupo, cuando los hechos nosotros nos
encontrábamos laborando en otro sector y fue cuando nos avisaron lo de los
heridos, entre esos estaba Jaime, compañero de Manzanares”. A la pregunta

87 Fl. 222 y 223, C1.
88 Fl. 223 a 225, C1.

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sobre la seguridad brindada a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos en su
labor para la época de los hechos, el testigo señaló: “la seguridad en la Macarena
había dos anillos de seguridad, uno de Policía y uno del Ejército, patrullaban
helicópteros por ahí cada hora por las partes donde trabajábamos y antes de
nosotros entrar al cultivo entraba un grupo antiminas”.

Igualmente, Omar Alberto Arango Uribe89 ex compañero de trabajo del
demandante declaró que el 6 de febrero de 2006: “llegamos al lote, apenas se
estaba revisando, ahí empezó el ataque, cinco o diez minutos después, están en
plena balacera y miro a un lado y veo a Jaime ensangrentado y le pregunté ‘qué
pasó?’ y respondió ‘me dieron’, me coge de la mano y no me vuelve a soltar y me
dice ‘no me deje ayúdeme a arrastrarme siquiera hasta el tronco donde estaré
más seguro’, ahí en ese sitio estuvimos alrededor de una hora mientras la Policía
se encargaba de él, por ahí a la hora vinieron a prestarle los primeros auxilios y
luego de terminada la balacera se procede a sacarlo”. Además, el testigo agregó:
“respecto a la salida de los cercos que hacen la seguridad en el sitio donde se
erradicaba, sobrepasamos todos los cercos de seguridad, quedamos solos con
unos pocos policías que nos acompañaban, ya estábamos a la deriva solos con
los que nos acompañaban”.

Finalmente, José Alexis Ospina Quintero90 ex compañero de trabajo del
demandante declaró sobre los sucesos del 6 de febrero de 2006 en los que
resultó herido Luis Jaime Bermúdez Manzanares así: “eso fue como a las 10:30
de la mañana, habíamos salido de lo que se llama campamento, o sea, para la
parte o zona donde íbamos a erradicar y a varios kilómetros de ahí íbamos a
erradicar, pues nosotros íbamos bastante adelante, delante de nosotros iba una
escuadra de 15 policías y las otras patrullas iban detrás de nosotros, luego de la
emboscada yo iba delante de él, cuando me devolví lo encontré tirado como
muerto, pero no se pudo recoger porque la Policía dijo que no podíamos recogerlo
porque nos mataba la otra gente, entonces seguimos para luego bajar por él y así
fue todo”.

89 Fl. 233, C1.
90 Fl. 233 y 234, C1.

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Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21791 del Código de
Procedimiento Civil, se observa que los anteriores testimonios no presentan
sospechas de parcialidad. Aunque conocían a la víctima y trabajaron con ella, no
hay indicios de una relación especial que pueda interpretarse como un posible
conflicto de intereses, dado que se limitaron a testificar sobre su conocimiento de
los hechos en los que resultó herido Luis Jaime Bermúdez Manzanares.

Bajo el anterior contexto, se advierte que quedó probado que el 6 de febrero de
2006, Luis Jaime Bermúdez Manzanares resultó herido por proyectiles de arma
de fuego durante un ataque perpetrado por las FARC contra miembros de la
Policía Nacional en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, durante
su labor de erradicación manual de cultivos ilícitos, consecuencia de lo cual sufrió
fracturas en región perianal y perirectal, entre otras. (hechos probados 7.1.2.,
7.1.3., 7.1.5. y 7.1.6.). Así también lo corroboraron los testigos Jesús Albeiro
Ramos Salazar, Omar Alberto Arango Uribe y José Alexis Ospina Quintero,
quienes lo vieron herido el día de los hechos.

Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares y, según el artículo 218 ibídem, tiene “el deber de
garantizar el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz”.

91 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que, en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”

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Misma obligación que desarrolla el artículo 1º 92 de la Ley 62 de 199393 según el
cual una de las finalidades de la Policía Nacional es la de proteger la vida e
integridad de todas las personas en Colombia así como garantizar el ejercicio de
sus demás derechos fundamentales, más aún, de los civiles que arriesgan sus
vidas para contribuir al establecimiento de la paz en Colombia haciendo una labor
que formaba parte del esfuerzo por eliminar los cultivos ilícitos en el país, como
fue el casi del actor lesionado. A su turno, el artículo 2 ibidem establece que la
Policía Nacional debe prestar el servicio de seguridad y protección con
fundamento en los principios de igualdad e imparcialidad, entre otros. Por tanto, el
interés por mantener la armonía social y la convivencia ciudadanía, da a la
actividad policial un carácter eminentemente preventivo, comunitario, educativo,
ecológico, entre otros, es decir, es su deber prevenir cualquier atentado contra los
derechos de las personas. Igualmente, el artículo 4 ejusdem señala que toda
persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier
manifestación delictiva u contravencional, como en este caso, respecto de los
erradicadores manuales de cultivos ilícitos.

Ahora, a efectos de los hechos formulados en el sub judice, es menester poner de
presente que, desde el 2005 se implementaron los programas de erradicación
manual y mecánica forzosa de cultivos ilícitos, a través de los Grupos Móviles de
Erradicación GME, cuyo esquema operativo consistía en la conformación de
grupos de 31 personas: 28 erradicadores, 2 rancheros y un capataz que se
desplazan hasta las plantaciones de cultivos ilícitos, para realizar la erradicación

92 “Artículo 1°. Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la
República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está
instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes,
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz.
La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está
contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de
Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la
Constitución Política, la ley y los derechos Humanos.”
93 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de

seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

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manual forzosa de la totalidad de las plantas de coca, marihuana y amapola que
identificaran, por períodos promedio de 60 días (fase). Estas personas se
encontraban debidamente custodiadas por la fuerza pública. El origen del GME se
fundó en 2 proyectos piloto realizados en el 2004 en los municipios de
Pensilvania, Caldas y Otanche, Boyacá. De esta manera, y con el impulso del
Consejo Directivo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional Acción Social, se implementaron estos grupos GME en
la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se trabajó la erradicación con el
apoyo de la Fuerza Pública.94

Según el Manual Operativo de GME, las actividades de erradicación manual
forzosa cumplían los protocolos de seguridad señalados por las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional, de modo que en el campo se implementaban las acciones
de seguridad para el personal de erradicadores, y para los coordinadores o jefes
zonales que acompañan las labores, conforme a lo que se estableciera de
acuerdo a las particularidades de cada zona de trabajo, lo que incluía
desplazamientos en vías principales, vías alternas o caminos de herradura, al
igual que los medios de transporte para realizarlos por medio terrestre, aéreo,
fluvial o marítimo. Así, con el Con el propósito de brindar la seguridad al personal
durante la labor de erradicación y sus desplazamientos, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional realizaban la identificación de la zona con el objeto de verificar la
presencia o no de grupos armados al margen de la ley, al igual que la existencia
de artefactos explosivos improvisados (AEI), minas antipersona (MAP) y
municiones sin explotar (MUSE), minimizando los riesgos en las actividades de
erradicación, pues velar por la seguridad de quienes participaban en las
actividades de erradicación era la prioridad de los miembros de la fuerza
pública.95

94 Ver:

file:///C:/Users/atena/Downloads/MANUAL_OPERATIVO_GRUPOS_MOVILES_ERRADICACION.
pdf
95 Ver:

file:///C:/Users/atena/Downloads/MANUAL_OPERATIVO_GRUPOS_MOVILES_ERRADICACION.
pdf

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De modo que el esquema de seguridad brindado a los erradicadores comprendía
lo siguientes aspectos: i) la seguridad para los desplazamientos de los grupos
GME, que implicaba que, previo a los viajes para la erradicación, el coordinador
zonal debía asegurarse de contar con la información de los enlaces de la fuerza
pública destinados a las actividades de erradicación en la zona de destino y; de
igual manera, los erradicadores debían revisar y acatar las recomendaciones
realizadas por la Fuerza Pública referentes al manejo de situaciones altamente
peligrosas como ataques directos por parte de grupos armados ilegales,
educación en el riesgo de minas antipersona, artefactos y municiones, sin que
ningún integrante del GME pudiera empezar a realizar labores de erradicación sin
recibir estas capacitaciones; ii) la seguridad en el sitio de destino, que comprendía
el acompañamiento de los miembros de la fuerza pública destinados a la
operación; iii) la seguridad en los campamentos de erradicación, que incluía
instalar un área de manera estratégica en donde se pudieran salvaguardar o
proteger la integridad de todo el personal involucrado en las actividades de
erradicación; construir las trincheras necesarias para evadir los artefactos
explosivos improvisados (morteros hechizos, sombreros chinos, granadas de
fragmentación), socializar el santo y seña para los movimientos nocturnos dentro
del campamento y dar a conocer al personal la cartilla Educación en el riesgo de
Minas Antipersona (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones
Sin Explotar (MUSE) para erradicadores manuales y; iv) la seguridad en los lotes
a erradicar que preveía que los grupos GME no podían ingresar a zona alguna,
sin la debida capacitación y entrenamiento en esta materia y previa autorización
de la fuerza pública.96

Es así como en el año 2006, la entonces Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional hoy Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional APC, implementó el programa de erradicación manual

96 Ibídem.

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en todo el territorio nacional, con apoyo de la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional y las Fuerzas Militares97-98.

En enero de 2006, la Policía Nacional inició el desarrollo de la operación
“Colombia Verde”, la cual tenía como objetivo lograr la erradicación manual de
4.598 hectáreas de cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural Serranía de la
Macarena.99

Siendo así, como lo ha señalado esta Corporación100, el imperativo general de
seguridad y protección a cargo de la Policía Nacional lleva intrínseca la obligación
de ejecutar todas aquellas actividades tendientes a salvaguardar la integridad de
las personas y de adoptar medidas para aquellas que contribuyen al combate de
la ilegalidad, como, por ejemplo, aquellos que adelantaban la erradicación de
cultivos ilícitos.

En el sub examine se puede evidenciar que la Policía Nacional desatendió los
deberes de seguridad y protección frente a los erradicadores manuales de cultivos
ilícitos durante su labor en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena,
pues conforme se acreditó con los medios de convicción decretados y practicados
en el proceso, dicha entidad conoció con antelación a los hechos que aquí se
debaten, del inminente riesgo en que se encontraban de ser atacados el 6 de
febrero de 2006, como en efecto ocurrió, pues como el mismo comandante de la
operación “Colombia Verde” de la Policía Antinarcóticos lo denunció ante la
Fiscalía General de la Nación, los uniformados ya habían sido atacados en la
zona el 26 y 29 de enero y el 1 y 5 de febrero de 2006, es decir, ya habían sido
agredidos por miembros de las FARC en cuatro oportunidades en las últimas dos
semanas, bajo la misma modalidad -uso de morteros, fusiles y armas no

97Ver:https://www.minjusticia.gov.co/programasco/ODC/Publicaciones/Publicaciones/OF02012009-

censo-cultivos-coca-2009-.pdf
98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B,

sentencias del 21 de noviembre de 2018, exp.47628 y del 10 de febrero de 2021, exp. 54381.
99Ver:https://www.policia.gov.co/sites/default/files/labor_1.html#:~:text=Durante%20enero%20de%

202006%2C%20la,la%20Sierra%20de%20la%20Macarena.
100 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 54381 y Subsección A, sentencia del 18 de febrero de
2022, exp. 47136.

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convencionales como granadas artesanales y cilindros y en presencia de civiles-,
incluyendo el día antes del ataque en el que resultó herido el erradicador Luis
Jaime Bermúdez Manzanares (hecho probado 7.1.2.).

A esto se suma que el testigo Jesús Albeiro Ramos Salazar, a la pregunta sobre
la seguridad brindada a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos durante su
labor para la época de los hechos, señaló que la seguridad era poca, pues los
acompañaban pocos agentes de la Policía Nacional y que cuando entraban a los
cultivos algunos uniformados ingresaban con ellos, pero solo después de que Luis
Jaime Bermúdez Manzanares resultó herido “ya llegó el Ejército, nos mandaron al
Ejército y se reforzó bastante la seguridad en la Macarena”, es decir, que a pesar
de los ataques previos no hubo refuerzos u otra medida de incremento de la
seguridad para los civiles, sino después de los hechos del 6 de febrero de 2006.

A la misma pregunta, el testigo José Jairo Arenas Sepúlveda respondió que “la
seguridad era más bien poca”, pues ingresaban a los cultivos sin que antes
hubieran sido inspeccionados, que algunos policías ingresaban al “monte”, al
parecer para cuidarlos, pero otros se quedaban en los alrededores “charlando”,
“sin ningún tipo de seguridad”, lo que refleja un grado de descuido y un bajo nivel
de alerta por parte de los uniformados antes y durante el ingreso a los cultivos.

También Gerardo Cardona Ardila coincidió en que la seguridad que recibían de
parte de la Policía Nacional era poca y que fueron atacados en cuanto entraron al
cultivo, sin referir que los uniformados hubieran ingresado antes para asegurar el
perímetro y dar paso a los erradicadores, de ahí que fueran atacados civiles y
policías al mismo tiempo.

Por su parte, el testigo Omar Alberto Arango Uribe primero señaló que en cuanto
llegaron al cultivo apenas “se estaba revisando” cuando empezó el ataque, de lo
cual se infiere que la Policía Nacional estaba haciendo una revisión previa a la
zona de erradicación; no obstante, el mismo testigo también manifestó que
existían unos cercos de seguridad en el sitio donde se erradicaba, pero que él y
sus compañeros habían sobrepasado esos cercos de seguridad, que se

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encontraban solos “con unos pocos policías que nos acompañaban, ya
estábamos a la deriva solos con los que nos acompañaban”.

No obstante, no es claro si el testigo se refiere a que traspasaron los límites del
cerco de seguridad antes o después del ataque, pero si ello ocurrió antes, se
trataría de una negligencia de la Policía Nacional de traspasar los límites de
seguridad con los civiles, incrementando el riesgo de ser atacados.

Además, si bien el testigo Reinel Álvarez Yepes declaró que, en cuanto a la
seguridad en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena había dos
anillos de seguridad, uno de la Policía Nacional y otro del Ejército Nacional, y que
cada hora patrullaban helicópteros en las zonas donde trabajaban los
erradicadores manuales de cultivos ilícitos, lo cierto es que este testigo se
encontraba en otro grupo el día de los hechos, no fue víctima del ataque que
sufrió Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros compañeros el 6 de febrero de
2006 y no puede dar cuenta de la seguridad del demandante y su grupo cuando
entraron a la zona que a estos les correspondió, pues como el testigo lo advirtió,
estaba con otro grupo en otro sector del parque.

Finalmente, el testigo José Alexis Ospina Quintero señaló que el día de los
hechos iba “bastante adelante” de Luis Jaime Bermúdez Manzanares, que delante
de su grupo iban 15 agentes de la Policía Nacional “y las otras patrullas iban
detrás”, es decir, tampoco estaba en el mismo grupo de erradicadores que el
demandante y no precisó a qué distancia se encontraba del lugar donde ocurrió el
ataque ni si las patrullas que iban detrás estaban acompañando al grupo del actor
que resultó herido.

No obstante, lo anterior, al margen de la presencia de un número indeterminado
de uniformados que acompañaba a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos
en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena el 6 de febrero de 2006,
incluido el demandante Luis Jaime Bermúdez Manzanares, lo cierto es que, a
pesar de los ataques previos en los que miembros de la misma institución habían
resultado heridos, la Policía Nacional no demostró que realizó las labores de
inteligencia para prevenir o contrarrestar esa serie de ataques, ni que modificó su

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estrategia de protección o que incrementó las medidas de seguridad o el personal
o algún esfuerzo técnico y de acuerdo con su capacidad, para garantizar la
seguridad de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos y evitar que resultaran
afectados, luego de los hostigamientos de los que ya habían sido víctimas.

De acuerdo con las pruebas sobre las circunstancias previas y en que ocurrieron
los hechos, la Policía Nacional no realizó las respectivas recomendaciones sobre
el manejo de situaciones altamente peligrosas como ataques directos por parte de
grupos armados ilegales ni instaló un área de manera estratégica en donde se
pudieran salvaguardar o proteger la integridad de todo el personal involucrado en
las actividades dentro del campamento de erradicación, como lo indicaba el
manual operativo de los GME.

De hecho, se desconoce qué consistía el esquema de seguridad que estaba
prestando la Policía Nacional o cómo se hacía normalmente, con cuantos
hombres, qué tipo de logística o con qué tipo de apoyo aéreo o terrestre contaba
para vigilar o monitorear la zona a erradicar, es decir, no acreditó que brindaba
una seguridad adecuada y proporcional al riesgo que implicaba la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos para los civiles. Igualmente, tampoco se probó que
la víctima hubiera obrado temerariamente o tenido un comportamiento que
incrementara el riesgo de su actividad, contradiciendo las instrucciones de
seguridad que le hubiera dado la Policía Nacional.

De esta manera, no puede juzgarse si los esfuerzos de la Policía Nacional por
proteger a los civiles (erradicadores) fueron suficientes o proporcionales para
evitar o repeler un ataque previsible, dadas las agresiones presentadas tan solo
días anteriores en la zona, pues la demandada no probó qué precauciones tomó o
si tan siquiera intentó suspender las actividades de erradicación en el Parque
Nacional Natural Serranía de la Macarena mientras cesaban los ataques de las
FARC o si realizó operativos solo de la fuerza pública para hacer retroceder a los
actores armados ilegales de las zonas de cultivos ilícitos que se debían erradicar
o qué medidas tomó para poder llevar a los civiles a esos cultivos garantizando su
seguridad.

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Por el contrario, se echa de menos prueba alguna al respecto, que permita
considerar los esfuerzos agotados por la Policía Nacional para proteger a los
erradicadores manuales de cultivos ilícitos como el actor en el Parque Nacional
Natural Serranía de la Macarena para la época de los hechos, como para llegar a
determinar que, a pesar de tales esfuerzos, el ataque del 6 de febrero de 2006 fue
irresistible para la demandada.

Se advierte que los anteriores razonamientos no implican una inversión de la
carga de la prueba en contra de la entidad demandada, sino que lo que se obtiene
de las evidencias allegadas al plenario es la inacción de la Policía Nacional ante
la previsibilidad del ataque de que fueron víctimas tanto agentes de esa institución
como los erradicadores, incluido el demandante, debido a las 4 agresiones
similares ocurridas tan solo unos días antes en la misma zona, que obligaban a la
Policía Nacional a revisar el esquema de seguridad que se estaba prestando en el
Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, lo que revela la omisión y/o el
indebido cumplimiento del deber constitucional de protección de la vida e
integridad personal del personal de erradicadores manuales de cultivos ilícitos,
pues no se cumplieron las medidas de seguridad del manual operativo para
brindar seguridad a estos civiles.

En este orden de ideas, se encuentra que en el presente caso hubo una omisión
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al deber de seguridad y
protección que le asistía frente a Luis Jaime Bermúdez Manzanares en su
condición de erradicador manual de cultivos ilícitos del Parque Nacional Natural
Serranía de la Macarena el 6 de febrero de 2006, dada la previsibilidad del ataque
en el que este resultó lesionado, debido a las agresiones similares en la misma
zona y a que la demandada no demostró haber empleado otros medios o
estrategias para contrarrestarlo, lo que claramente constituye una falla del
servicio.

Siendo así, la Sala se relevará de considerar un título de imputación por el
régimen objetivo de responsabilidad, dado que, como antes se advirtió, el Estado
tiene el deber constitucional (artículo 2 superior) de proteger el derecho

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

fundamental a la vida de todas las personas, su integridad psicofísica y sus
bienes patrimoniales y, en el sub judice se probó la omisión de la Policía Nacional
en el cumplimiento de esta función que el ordenamiento jurídico le impone, por
tanto, dicha omisión es determinante para la atribución jurídica por falla en la
prestación del servicio.

Ahora bien, la valoración en conjunto de los medios decretados y practicados en
el proceso también permite concluir que, junto a la falla del servicio, que permite
discernir alguna culpa en el cumplimiento de los deberes funcionales, confluyó
otra, aún más gravosa, que incidió en los daños sufridos por los accionantes,
pues el ataque de las FARC contra la población civil, como ilícito internacional y,
grave afrenta a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, fue
un factor decisivo para que el resultado gravoso se pudiera concretar, de donde,
esta concausa se estima inescindible del daño sufrido por el demandante.

Al respecto, debe señalarse que el Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra establece, entre otras, que “no serán objeto de ataque la población civil
como tal, ni las personas civiles”. Asimismo, prevé que están proscritos “los actos
o amenazadas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población
civil”.

Por otra parte, el artículo 7º del Estatuto de Roma dispone que se entenderá por
crimen de lesa humanidad, cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa
por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque: “(…) a) asesinato (…) k) otros actos inhumanos de
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Dicho
instrumento internacional prevé, además, que “por ‘ataque contra una población
civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los
actos mencionados en el párrafo No. 1 contra una población civil, de conformidad
con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para
promover esa política”.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Asimismo, el artículo 8º del citado Estatuto establece que, por crímenes de
guerra, se entenderá como aquellas infracciones a los Convenios de Ginebra
contra personas o bienes en marco de un conflicto armado – homicidio
intencional, causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar contra la
integridad física o la salud – y, particularmente, en aquellos que no son de índole
internacional, “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura”
y, “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra
civiles que no participen directamente en las hostilidades”.

Dicho lo anterior, debe reiterarse, entonces, que, de conformidad con lo señalado
en el informe del 9 de febrero de 2006, suscrito por el comandante de la
operación “Colombia Verde” de la Policía Antinarcóticos, prueba documental que
no fue desvirtuada ni tachada de falsa en el proceso, el 6 de febrero de 2006, el
“grupo narcoterrorista de las FARC” atacó con morteros, fusiles y armas no
convencionales como granadas artesanales y cilindros a una patrulla de la Policía
Nacional y a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos que también se
encontraban en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, entre ellos,
Luis Jaime Bermúdez Manzanares (hecho probado 7.1.2.).

La misma prueba documental antes referida da cuenta de otros ataques de ese
mismo grupo armado, usando el mismo tipo de armas, contra los uniformados y
erradicadores manuales de cultivos ilícitos en el mismo lugar los días 26 y 29 de
enero y 1 y 5 de febrero de 2006, lo que hacía el ataque del 6 de febrero de 2006
anunciado y previsible, sin que la demandada demostrara haber tomado medidas
al respecto para contrarrestarlo. A lo que se suma la actuación desproporcionada
de las FARC quienes atacaron con armas de largo alcance (morteros y fusiles) y
armas no convencionales (granadas artesanales y cilindros), artefactos cuyo uso
está prohibido en los conflictos de carácter no internacional101, a un grupo

101 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales

que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

indeterminado de policías y civiles, entre ellos el actor, quien solo dependía de la
defensa que pudiera proporcionarle la fuerza pública. De modo que tanto las
omisiones de la demandada como la acción del grupo armado de las FARC
llevaron a la concreción del daño alegado.

Entonces, lo anterior permite colegir que los daños sufridos por los accionantes se
produjeron por dos causas, a saber: i) el ataque de las FARC contra policías y
erradicadores manuales de cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural Serranía
de la Macarena; y, ii) las omisiones de la demandada en tomar medidas para
contrarrestarlo, dada la previsibilidad de este por los hostigamientos previos y en
la misma modalidad, que habían sufrido en la misma zona por parte de ese
mismo grupo armado ilegal.

En definitiva, se estima que las lesiones padecidas por Luis Jaime Bermúdez
Manzanares son atribuibles a la conducta irregular e inconvencional de las FARC
y a la omisión de la entidad demandada. Precisamente, debe señalarse que junto
a la omisión en que incurrió la fuerza pública confluyó otra, aún más intensa y
gravosa, que incidió en la causación del daño pues, debe reiterarse, que el
resultado dañoso derivado del ataque perpetrado por las FARC, en tanto incurrió
en un crimen de guerra y en infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se
erigen como un ilícito internacional que constituyen una grave violación de los
instrumentos internacionales que regulan estos conflictos.

enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996).
“Artículo 2. Definiciones. A los efectos del presente Protocolo: […] 5. Por «otros artefactos» se
entiende las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos
improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados
manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado.
“Artículo 3. Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. […]. 3.
Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas, armas trampa y otros artefactos,
concebidos de tal forma o que sean de tal naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios”.
Es de aclarar que esta Convención fue aprobada por el Estado colombiano mediante la Ley 469
de 1998.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

En este orden de ideas, debe recordarse que, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 1571102 y 2344103 del Código Civil, existe solidaridad entre quienes
concurren en la producción del daño y el acreedor puede dirigirse contra todos los
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin
que por este puede oponérsele el beneficio de la división.

Valga aclarar que en reciente jurisprudencia104 esta Subsección indicó que, por
efecto de la solidaridad, el resarcimiento de un hecho lesivo “se puede perseguir
frente a cualquiera de las personas que concurren a la causación del daño y por
la totalidad del monto” y “no impide la declaratoria de responsabilidad solidaria el
hecho de que todas las personas que infieren el daño estén o no demandadas en
el proceso, ya que por efectos de la misma institución jurídica de la solidaridad
basta con que se encuentre uno de los causantes del daño como litisconsorte de
la parte pasiva, lo que no obsta para que este se subrogue en los derechos de la
víctima y solicite el reembolso de lo pagado en el monto correspondiente a su
deudor solidario”. Es así como, bajo las reglas de la solidaridad, basta que uno de
los causantes del daño se encuentre vinculado como litisconsorte de la parte
pasiva para que proceda la condena, sin que ello obste para que, una vez
realizado el pago, este se subrogue y solicite el reembolso de lo pagado - en el
monto correspondiente - a su codeudor solidario.

Ahora bien, la condena que se impondrá a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional será por la totalidad de los perjuicios ocasionados a los
demandantes, pues en el presente proceso no se demandó a las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH y debe recordarse que,

102 Artículo 1571 del Código Civil “Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los

deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este
puede oponérsele el beneficio de la división”.
103 “Artículo 2344. Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o

más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del
mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo
cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
104 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 23 de agosto 2024, Rad. 64260.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

según lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, “Si de un delito o culpa ha
sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente
responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa”. Es decir,
debido a la existencia de solidaridad entre los sujetos, la sentencia afecta a todos
aquellos involucrados en la causación del daño de modo que, como ocurre en el
presente caso, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional tiene la
potestad de repetir en contra de estos – las FARC – a efectos de solicitar las
sumas de dinero desembolsadas por concepto de la condena aquí impuesta 105.

En todo caso, es importante recalcar que, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 1579106 y 1668107 del Código Civil, una vez el deudor solidario pague la
condena quedará subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada a la parte o cuota que tenga este codeudor en la
deuda.

Es así que, una vez la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pague
la condena que aquí se imponga, deberá repetir contra las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra el fondo
constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1579 y 1668 del Código Civil, las obligaciones

105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 24 de abril de 2024, Rad. 55722.
106 Artículo 1579: “El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los
medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios
y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga
este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria
concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables
entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán
considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los
otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado
de la solidaridad”.
107 Artículo 1668: “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad
del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio: 1) Del
acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón a un privilegio o hipoteca; 2) Del
que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble
esta hipotecado; 3) Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente;
4) Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia; 5) Del que
paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente por el deudor; 6) Del que ha prestado
dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando
además en escritura pública del pago al haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero”.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

adquiridas por las FARC para la reparación de víctimas en el punto No. 5 del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, y lo establecido en los artículos 3108, 4109 y 5110 del Decreto
903 de 2017111.

Por último, es importante destacar que el criterio que aquí se acoge, ha sido
adoptado en recientes sentencias de la Sala de Subsección en casos similares en
los que las FARC ha concurrido a la causa del daño antijurídico112.

8. Liquidación de perjuicios

8.1. La demanda peticionó, a título de perjuicios morales, la suma de 100
SMLMV para cada uno de los accionantes.

El Tribunal Administrativo del Meta condenó a las demandadas a pagar por
concepto de perjuicios morales, por las lesiones causadas a Luis Jaime Bermúdez
Manzanares, la suma de 40 SMLMV para el lesionado, 30 SMLMV para Dellanira
Franco Sánchez y 20 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.

108 Artículo 3: “FONDO DE VÍCTIMAS. Créese un patrimonio autónomo del Departamento
Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos
patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los
términos de la administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio de su
cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba.
El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y
constituida por el Gobierno Nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso
y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). La administración del fondo fiduciario
lo hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al
Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de
los bienes al patrimonio autónomo”.
109 Artículo 4: “Finalidad del Fondo. Con los bienes y activos incluidos en el inventario se procederá

a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación y la
implementación de los programas contemplados […] en el Acuerdo Final”.
110 Artículo 5: “Derecho de las víctimas. La puesta en marcha de las medidas contempladas en

esta norma no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente
adquiridos de las víctimas”.
111 Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos

a disposición de las FARC – EP.
112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencias del 18 de junio de 2025, exps. 37980 y 57972.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014113 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, se abordó la reparación del perjuicio moral en
casos de lesiones, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta
el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos
que acuden a la justicia en calidad de perjudicados y la gravedad de la lesión, así:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Gravedad Víctima
de la lesión directa y
Relación afectiva Relación afectiva Relación afectiva Relación
relaciones
del 2° de del 3er de del 4° de afectiva no
afectivas
consanguinidad o consanguinidad o consanguinidad o familiar (terceros
conyugales y
civil civil civil. damnificados)
paterno –
filiales

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.

Igual o
100
superior al 50 35 25 15
50%
Igual o
superior al
40% e 80 40 28 20 12
inferior al
50%
Igual o
superior al
30% e 60 30 21 15 9
inferior al
40%
Igual o
superior al
20% e 40 20 14 10 6
inferior al
30%
Igual o
superior al
10% e 20 10 7 5 3
inferior al
20%
Igual o
superior al
10 5 3,5 2,5 1,5
1% e inferior
al 10%

Ahora, por cuanto la jurisprudencia fijó como referente para la liquidación del
perjuicio moral en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad

113 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 31172.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

de la lesión reportada por la víctima, dividiendo su porcentaje en 6 rangos,
corresponde al juez determinar dicho porcentaje de conformidad con lo probado
en el proceso.

Pues bien, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra
acreditado que el 8 de febrero de 2006, Luis Jaime Bermúdez Manzanares
ingresó al hospital Policarpa Salavarrieta de Bogotá remitido por el hospital San
José del municipio de la Macarena, donde fue atendido por diagnóstico de “herida
por arma de fuego en periné, fractura isquiopúbica, fractura cabeza femoral
izquierda” (hecho probado 7.1.3.).

Igualmente, se demostró que el 24 de septiembre de 2008, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente, Seccional Caldas, hizo
reconocimiento médico legal a Luis Jaime Bermúdez Manzanares por las heridas
que sufrió el 6 de febrero de 2006 y concluyó que este padece secuelas por
perturbación funcional permanente de los órganos de la digestión y osteomuscular
(hecho probado 7.1.5.).

Finalmente, el 2 de junio de 2009, la Junta regional de Calificación de Invalidez de
Caldas determinó que Luis Jaime Bermúdez Manzanares sufrió herida por arma
de fuego que afectó el movimiento de su cadera izquierda y le causó estrés
postraumático, lo que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 29.40%.
(hecho probado 7.1.6.).

Como antes se anotó, se encuentra acreditado que Dellanira Franco Sánchez es
la cónyuge de Luis Jaime Bermúdez Manzanares y que Yesli Marisol Bermúdez
Franco, Jaime Leandro Bermúdez Franco, Paula Caterine Bermúdez Franco y
Edwar Stiven Bermúdez Franco son sus hijos. Por tanto, estos demandantes se
ubican en el nivel 1 de cercanía afectiva respecto de la víctima y, en tal sentido,
se presume la causación de los perjuicios morales.

Visto lo anterior, dado que el porcentaje de gravedad de las lesiones sufridas por
Luis Jaime Bermúdez Manzanares fue determinado en un 29.40% por la Junta
regional de Calificación de Invalidez de Caldas, la Sala fija el rango “igual o

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superior al 20% e inferior al 30%”, en virtud de lo cual correspondería por
perjuicios morales 40 SMLMV para cada uno de los demandantes. Sin embargo,
el a quo reconoció 40 SMLMV para el lesionado, 30 SMLMV para Dellanira
Franco Sánchez y 20 para cada uno de los demás demandantes, pero, dado que
solo apeló la parte demandada, en virtud de la no reformatio in pejus, se
confirmarán los valores reconocidos en primera instancia.

8.2. En la demanda se solicitó condenar a la parte demandada a pagar, por lucro
cesante, la suma de $232’430.000 en favor de Luis Jaime Bermúdez
Manzanares. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Meta le reconoció la
suma de $60’495.620.

En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el
daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
debe ser cierto y existente73, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales y que a consecuencia
del daño dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y
la de su familia.

Igualmente, debe advertirse que, para efecto del reconocimiento del lucro cesante
derivado de una lesión física, debe demostrarse el efecto de dicha lesión respecto
de la capacidad laboral de lesionado, entendida como el conjunto de habilidades,
destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le
permiten a la víctima desempeñarse en su trabajo habitual.

En el caso de Luis Jaime Bermúdez Manzanares, está probado que para el
momento en que sufrió las lesiones se encontraba trabajando como erradicador
manual de cultivos ilícitos y que para febrero de 2006 se le pagó un salario de

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$810.000, según el oficio del 15 de febrero de 2008 suscrito por la coordinadora
nacional del Programa de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos de Acción
Social (hecho probado 7.1.1.) y el respectivo desprendible de pago114.

Se observa que el Tribunal a quo consideró que dicho trabajo era temporal y que
debía tenerse en cuenta que el actor al menos devengaba el salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha de la sentencia de primera instancia, esto es,
$589.500, al cual sumó un 25% por concepto de prestaciones sociales que arrojó
una suma de $736.875. Sobre dicha cantidad calculó el 29.40% por concepto de
disminución de la capacidad laboral, para un ingreso base de liquidación de
$216.642. Luego estableció el período indemnizable consolidado entre la fecha en
que la víctima sufrió las lesiones y la fecha de la sentencia de la primera instancia
y, el período futuro, desde la fecha de dicha providencia hasta la vida probable del
lesionado.

Para la Sala, la liquidación se ajusta a los criterios señalados por la jurisprudencia
de esta Corporación115; además, si bien se demostró que para 2006, cuando
resultó lesionado, Luis Jaime Bermúdez Manzanares devengaba un ingreso
mayor al considerado por el a quo, lo cierto es que la parte actora no recurrió la
providencia objeto de estudio lo que demuestra su conformidad con la sentencia.
Igualmente, la liquidación no podría incrementarse, dado que no se puede
empeorar la situación de la entidad demandada como apelante única. Por tanto, la
Sala confirmará el reconocimiento de la suma liquidada por el a quo la cual se
actualizará desde la fecha de esa providencia hasta la de esta sentencia, con
aplicación de la fórmula dispuesta por la jurisprudencia para este efecto:

RA = rh x ipc final (agosto 2025)
ipc inicial (abril 2013)

RA = $60’495.620 X 150,99
78,99
114 Fl. 158, C1.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19

de julio de 2000, exp. 11.842.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

RA = $115’637.848,64

De manera que, corresponde a Luis Jaime Bermúdez Manzanares por concepto
de lucro cesante actualizado la suma de $115’637.848,64.

8.3. En la demanda se solicitó condenar a la parte demandada a pagar, por
“perjuicio fisiológico”, la cantidad de 1.000 SMLMV o, en su defecto, la suma
de $400’000.000 para el lesionado. El Tribunal Administrativo del Meta condenó a
la demandada a pagar la suma de 40 SMLMV a Luis Jaime Bermúdez
Manzanares por daño a la salud.

Con relación a este rubro indemnizatorio, la Sala debe advertir que las
denominaciones “perjuicio fisiológico”, “daño psicológico”, “daño al proyecto de
vida” o “daño a la vida de relación”, dada la nueva categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia, fundamentada en el daño psicofísico, se ajustan
al concepto de daño a la salud y debe ser reconocida conforme a los
lineamientos jurisprudenciales116, según los cuales, la indemnización está sujeta a
lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en
cuantía que no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la
lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD
REGLA GENERAL
Gravedad de la lesión SMLMV
Igual o superior al 50% 100
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10

116 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Sala Plena, sentencias del 28 de agosto de 2014, exps. 31.170 y 28.832.

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Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

Así, dado que el Tribunal a quo atendió al rango “igual o superior al 20% e inferior
al 30%”, puesto que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del
demandante es de 29.40%, en virtud de lo cual le corresponde por perjuicios
morales 40 SMLMV, la Sala confirmará esta indemnización, la cual no fue
objetada por la parte actora y no se puede empeorar la situación de la entidad
demandada como apelante única.

Por todo lo antes expuesto, se modificará la sentencia del 23 de abril de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de: i) declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República; ii) actualizar el monto de la
indemnización por concepto de lucro cesante liquidada por el a quo y; iii)
confirmar en lo demás la providencia apelada.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una
actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan
probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 23 de abril de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda y
en su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

TERCERO: DELARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes con las

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Radicación: 50001233100020060083501 (49492)
Demandante: Luis Jaime Bermúdez Manzanares y otros

lesiones sufridas por Luis Jaime Bermúdez Manzanares el 6 de febrero de 2006
en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 40 SMLMV para Luis
Jaime Bermúdez Manzanares, 30 SMLMV para Dellanira Franco Sánchez y 20
para cada uno de los demandantes Yesli Marisol Bermúdez Franco, Jaime
Leandro Bermúdez Franco, Paula Caterine Bermúdez Franco y Edwar Stiven
Bermúdez Franco.

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de $115’637.848,64, en favor de
Luis Jaime Bermúdez Manzanares.

SEXTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por concepto de daño a la salud, la suma de 40 SMLMV en favor de Luis
Jaime Bermúdez Manzanares.

SÉPTIMO. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.

OCTAVO: SIN COSTAS.

NOVENO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF/EX8

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