Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00890-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2006-00890-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2006-00890-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2.022)
Radicación: 50001-23-31-000-2006-00890-01 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
Dilación durante el trámite de la fase inicial del proceso de extinción de dominio –
No se configuró – FALLA EN EL SERVICIO – Indebida administración de bienes –
No se demostró la causación de un daño.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la pasiva incurrió en una supuesta falla en el servicio en el
proceso de extinción de dominio adelantado sobre los bienes de los demandantes,
por cuanto inició el proceso sin contar con pruebas de la procedencia ilícita de los
bienes; prolongando injustificadamente su trámite. Asimismo, la Dirección Nacional
de Estupefacientes administró indebidamente los bienes embargados, al
incrementar los gastos operativos de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.
y sindicar a los demandantes de ser colaboradores de la guerrilla.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 25 de junio de 2014, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Meta, negó las pretensiones de la demanda.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 18 de julio de 2006 1, por:
i) la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.; ii) la familia Rodríguez Ríos, en su
condición de socios de la referida empresa2, conformada por: los señores Hernando
Rodríguez, Rosalba Ríos de Rodríguez y Luis Alonso, Juan Carlos, María Teresa,
Ángel Hernando, Rogelio y Julio Cesar Rodríguez Ríos; iii) Nubia Stella Mejía Toro
1 Folios 23 a 54 del cuaderno 1.
2
Según certificado de existencia y representación legal de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.,
obrante a folios 67 a 69 del cuaderno 1.
1
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
(compañera permanente de Luis Alonso Rodríguez Ríos), Clara Helena Acevedo
Obando (compañera permanente de Juan Carlos Rodríguez Ríos), Socorro Mantilla
Serrano (compañera permanente de Ángel Hernando Rodríguez Ríos), quien actúa
en nombre propio y en representación de su hijo Julián Camilo Rodríguez Mantilla,
Aura Lucía Torres Osorno (cónyuge de Rogelio Rodríguez Ríos), y Martha Lucía
Herrera (compañera permanente de Julio Rodríguez Ríos); y, iv) los nietos e hijos
de la familia Rodríguez Ríos, quienes a su vez son socios de la referida empresa:
José Reinaldo Martínez Rodríguez, Luis Hernando, John Jairo y Diana Carolina
Rodríguez Mejía, Lina Marcela Rodríguez Mantilla, Carlos Gustavo, Jairo Alonso,
Mayra Alejandra y Adrián Hernando Rodríguez Munera y Angela Viviana Martínez
Rodríguez3, en contra de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía
General de la Nación, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas
y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le
fueron ocasionados con el proceso de extinción de dominio con número de
radicación 1834 E.D., entre febrero de 2003 y noviembre de 2004.
4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) doscientos treinta y
ocho millones setecientos noventa y dos mil seiscientos once pesos ($
238.792.611), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente para la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.; ii) ciento veintiséis
millones de pesos ($126.000.000), por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante para la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.; iii)
ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de
perjuicios morales para Hernando Rodríguez y Rosalba Ríos de Rodríguez; iv)
setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de
perjuicios morales para Luis Alonso, Juan Carlos, María Teresa, Ángel Hernando,
Rogelio, Julio César y Margarita Rodríguez Ríos; y, v) cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales para los
demás demandantes4.
Hechos
5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, los demandantes señalaron que, el
20 de febrero de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada Delegada ante la Unidad
3 Si bien en el escrito de demanda se identificó como parte demandante a los señores Margarita Rodríguez Ríos
y Antonio Brossa Palet, lo cierto es que, mediante auto de 28 de noviembre de 2007, el Tribunal Administrativo
del Meta precisó que no se tendrían como parte en el proceso, dado que no aportaron poder para actuar. (folio
937 del cuaderno 3)
4 Folios 26 y 27 del cuaderno 1.
2
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
de Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio, dispuso la apertura de la
fase inicial del proceso de extinción de dominio y decretó medidas cautelares sobre
los bienes inmuebles y cuentas bancarias de la sociedad Hernando Rodríguez Cía.
S. en C. y de algunos de los integrantes de la familia, con base en un informe
realizado por el DAS.
6. En el transcurso de las diligencias, el 6 de marzo de 2003, la sociedad Hernando
Rodríguez Cía. S. en C. allegó documentación sobre la procedencia de los bienes,
solicitó el levantamiento de las medidas cautelares y la práctica de pruebas que
permitieran esclarecer los hechos, petición que fue reiterada el 9 de marzo
siguiente; el 11 de abril de mismo año, aportó información adicional sobre la
procedencia lícita de los bienes.
7. Con auto de 14 de mayo de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada decretó la
práctica de pruebas consistente en recibir la declaración juramentada de todos los
miembros de la familia Rodríguez Ríos y realizar un estudio contable y financiero de
la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. dentro del término de 20 días, el cual,
fue practicado por el DAS el 31 de octubre siguiente, por cuanto no contaba con
personal disponible para su práctica.
8. Concluida la etapa probatoria y tras los requerimientos realizados por la
Procuraduría 110 Judicial Penal, la Defensoría del Pueblo y los interesados para
que la Fiscalía adoptara una decisión de fondo, el 27 de septiembre de 2004, la
Fiscalía Segunda Especializada se abstuvo de iniciar la acción de extinción de
dominio y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, al no encontrar
demostrada la procedencia ilícita de los bienes.
9. Concretaron el reproche al DAS en haber presentado un informe que contenía
información inexacta sobre sus bienes, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y movimientos financieros. Frente a la Fiscalía General de la Nación, señalaron que
inició la actuación judicial, prolongando la fase inicial y las medidas cautelares
decretadas por un período de 18 meses, sin que existieran pruebas que las
justificaran y a pesar de la información aportada que demostraba la licitud de su
actividad.
10. En cuanto a la Dirección Nacional de Estupefacientes indicaron que administró
indebidamente los bienes embargados, puesto que incrementó los gastos
operativos de la sociedad, por cuanto: i) designó a un depositario provisional que
nombró a un administrador e incurrió en gastos innecesarios; ii) celebró un contrato
de encargo fiduciario con Fiducolombia para administrar el dinero producido por los
establecimientos de comercio, generando gastos de transferencias bancarias,
demora en el pago de administradores y costos de administración; iii) designó a una
inmobiliaria para que todos los inmuebles habitados por los miembros de la familia
cancelaran un canon de arrendamiento; y, iv) omitió pagar oportunamente las
3
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
obligaciones tributarias, generando intereses moratorios, pese a que contaba con
recursos para realizar el pago.
11. Asimismo, señalaron que la suma de trescientos veintiocho millones de pesos
($328.000.000) permaneció embargada sin generar ningún tipo de rendimiento, en
desconocimiento de lo dispuesto en la Ley 793 de 2002. Además, el 14 de mayo de
2003, el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes realizó declaraciones
falaces en el noticiero Caracol Televisión, pues, sindicó a la sociedad Hernando
Rodríguez Cía. S. en C. y a sus integrantes de ser colaboradores de la guerrilla. Al
lado de estas acusaciones, cuestionó a su director de haber ofrecido, en medios de
comunicación, información falsa, vincularlos a la guerrilla y, con ello, propiciar una
afectación a su buen nombre y seguridad personal, por residir en una región del
país con amplia presencia de grupos al margen de la ley.
12. De otro lado, le imputaron responsabilidad al Ministerio del Interior y de Justicia
por no haber provisto a la Fiscalía con la estructura necesaria y personal calificado
que le permitiera practicar oportunamente la prueba pericial y analizar de manera
eficiente y oportuna la información financiera reportada.
13. Concluyeron que los anteriores hechos, les ocasionaron perjuicios materiales e
inmateriales que deben indemnizarse por parte de las demandadas.
La defensa
14. El 23 de agosto de 2006, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
demanda5. Notificado en debida forma el auto admisorio, las demandadas
presentaron los siguientes planteamientos de defensa.
15. La Nación – Ministerio del Interior y de Justicia se opuso a las pretensiones, por
considerar que no participó en los hechos objeto de demanda. En consecuencia,
propuso la excepción de “indebida representación y falta de legitimación en la causa
por pasiva”6.
16. La Dirección Nacional de Estupefacientes sostuvo que ejerció la administración
de los bienes en cumplimiento del Decreto 1461 de 2000 y las Leyes 785 y 793 de
2002, adoptando sistemas de administración individuales o concurrentes para
garantizar la productividad de los bienes, lo cual implica gastos de administración.
17. Adicionalmente, explicó que según el artículo 9 de la Ley 785 de 2002, no se
causan intereses moratorios derivados de obligaciones tributarias durante el
proceso de extinción de dominio, y que tampoco podía efectuarse su pago con las
5 Folios 613 a 615 del cuaderno 2.
6 Folios 630 a 639 del cuaderno 3.
4
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
sumas de dinero depositadas en las cuentas bancarias embargadas, debido a que,
en virtud de la medida cautelar no podía disponerse de ellas7.
18. La Nación – Fiscalía General de la Nación señaló que no incurrió en falla en el
servicio, pues, ante el informe del DAS le correspondía dar apertura a la fase inicial
con miras a definir si existían fundamentos para proseguir con la extinción del
dominio, sin que pudiera exigírsele una actuación distinta, dado que el sometimiento
a una investigación es una carga que todos los ciudadanos están en la obligación
de soportar 8.
19. El Departamento Administrativo de Seguridad manifestó que actúo en
cumplimiento de sus funciones de policía judicial y que carece de funciones
jurisdiccionales para adelantar la investigación. En consecuencia, propuso como
excepciones: i) “ausencia de elementos necesarios para reclamar la
responsabilidad”; ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”; y, iii) “ausencia
de imputabilidad”9.
20. Mediante proveído de 13 de marzo de 2007, el Tribunal Administrativo del Meta
admitió el llamamiento en garantía formulado por la Dirección Nacional de
Estupefacientes en contra del señor Luis Alberto Aristizábal Fernández, en su
calidad de depositario provisional de los bienes embargados10.
21. Notificado en debida forma, el señor Luis Alberto Aristizábal Fernández señaló
que tomó las medidas necesarias para el desarrollo y conservación de los
inmuebles, administrando adecuadamente los bienes como se evidencia en los
balances generales de su gestión. Indicó que no incurrió en gastos innecesarios,
pues las erogaciones estuvieron orientadas a mejorar el clima organizacional,
efectuar el control de la empresa y desarrollar el negocio11.
7 Folios 645 a 668 del cuaderno 3.
8 Folios 699 a 706 del cuaderno 3.
9
Folios 717 a 729 del cuaderno 3.
10 Folios 735 a 738 del cuaderno 3.
11 Folios 745 a 760 del cuaderno 3.
5
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
22. Surtido el período probatorio12, mediante auto del 26 de julio de 2013 el a quo
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera concepto13.
23. El Departamento Administrativo de Seguridad reiteró que no se encuentra
legitimado en la causa por pasiva, debido a que carece de funciones
jurisdiccionales14.
24. La Nación – Fiscalía General de la Nación señaló que el daño deprecado en la
demanda fue ocasionado por terceros de manera exclusiva y determinante15.
25. La Dirección Nacional de Estupefacientes indicó que carece de funciones
jurisdiccionales y que efectuó la administración de los bienes embargados dentro
del marco legal previsto para tal efecto16.
26. La parte actora insistió en la responsabilidad patrimonial de las demandadas, y
en los perjuicios patrimoniales y morales ocasionados a raíz de la investigación, a
la vez que, recalcó que durante la administración de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, la empresa incumplió obligaciones financieras, comerciales y
tributarias17.
27. En esa oportunidad procesal, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio
Público guardaron silencio.
12 Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la
demanda, que comprenden: registros civiles de nacimiento de los demandantes, certificado de existencia y
representación legal de la Hernando Rodríguez Cía. S. en C., escrituras públicas Nos. 3438 y 3439 de 27 de
noviembre de 1998, informe de 7 de febrero de 2003 elaborado por el DAS dirigido a la Fiscalía Especializada
de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, piezas
procesales de la investigación 1834 E.D., piezas procesales de la actuación desarrollada por la Dirección
Nacional de Estupefacientes con ocasión de la administración de los bienes embargados, CD que contiene
programa de instalación de Office, escritos de 21 de mayo de 2003, a través de los cuales se le solicitó a Caracol
Televisión y la Dirección Nacional de Estupefacientes que rectificara la información emitida, copia de recibos de
pago por concepto de honorarios de abogado, viajes para asistir a la diligencia de recepción de declaraciones
decretada por la Fiscalía y gastos menores ordenados por el depositario provisional; ii) los documentos
aportados con la contestación de la demanda, que comprenden: la resolución No. 0580 de 10 de mayo de 2004,
mediante la cual se nombra un depositario provisional, las actas de entrega de los bienes, las actas de
conciliación de arqueo de caja general, el estado general de clientes del almacén Veracruz, el estado de
resultados, el estado de ganancias y pérdidas, la relación de empleados, el estado general por edades de
clientes, la ficha técnica y notas a los estados financieros a 31 de octubre de 2004, el informe de gestión del
depositario, el resumen de inventarios físicos, y el balance general a 31 de mayo de 2004; iii) declaraciones
rendidas el 24 de octubre de 2007 por los señores Jaime Enrique Rodríguez Flautero, Manuel Jara Buitrago y
Wilson Abel Jara Jiménez; iv) declaraciones rendidas el 27 de marzo de 2008 por los señores Norberto Silva
González, Gladys María Castañeda de Torres y Rosse Maire Mesa Cepeda; y, v) declaraciones rendidas el 20
de junio de 2008 por los señores Simón Molina Morales, Julio Gabriel Alvarado Lemus y Adolfo Hernández
Castro.
13 Folio 1035 del cuaderno 4.
14 Folios 1036 a 1042 del cuaderno 4.
15
Folios 1043 a 1046 del cuaderno 4.
16 Folios 1052 a 1054 del cuaderno 4.
17 Folios 1072 a 1079 del cuaderno 4.
6
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
La decisión
28. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de
la demanda. En primer lugar, sostuvo que la Nación – Ministerio del Interior y de
Justicia carecía de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no se advertía
dentro del proceso acción u omisión que le fuera reprochable.
29. En lo atinente al error jurisdiccional imputado a la Fiscalía General de la Nación
por iniciar la fase inicial del proceso de extinción de dominio en contra de la sociedad
Hernando Rodríguez Cía. S. en C., señaló que no se arrimó al expediente copia
completa de la investigación que permitiera concluir que, en efecto, las razones
expuestas por el DAS carecían de sustento y, por ende, la Fiscalía erró al haber
abierto la investigación.
30. De otro lado, manifestó que no se demostró que el ente instructor hubiera
incurrido en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la
dilación presentada durante el trámite de la fase inicial de la investigación, por
cuanto no obra en el expediente el auto de 27 de septiembre de 2004 con el cual se
dio por terminada dicha etapa, y además, no se acreditó que la dilación hubiera sido
injustificada, dado que la parte actora no allegó copia de la investigación con
radicado No. 1834, incumpliendo con la carga probatoria establecida en el artículo
177 del Código de Procedimiento Civil.
31. En relación con la posible responsabilidad del Departamento Administrativo de
Seguridad y la Dirección Nacional de Estupefacientes sostuvo que solo estaban
llamados a responder en caso de que se hubiera demostrado la responsabilidad de
la Fiscalía General de la Nación, dado que las pretensiones de la demanda se
limitan a reclamar la declaratoria de responsabilidad y los perjuicios “ocasionados
con la investigación adelantada por la Fiscalía”18.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
32. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación, por considerar que, contrario a lo afirmado por el a quo, no pretende
demostrar la configuración de un error jurisdiccional, puesto que no cuestiona las
decisiones judiciales de apertura de la investigación y decreto de medidas
cautelares, sino que pretende la declaración de responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación por la prolongación injustificada de la fase inicial.
18 Folios 1084 a 1093 del cuaderno principal.
7
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
33. Sobre el particular, reiteró que la Fiscalía incurrió en defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, al prolongar la fase inicial del proceso de extinción
de dominio durante 18 meses, el cual, a su juicio, no debió exceder el término de 6
meses, circunstancia que obedeció a la mora en la realización de un estudio
contable y financiero y a la recepción de las declaraciones rendidas por los
demandantes.
34. En relación con la prueba del período durante el cual se prolongó la
investigación, señaló que en el expediente obraba el auto de 20 de febrero de 2003,
mediante el cual se dio inicio a la fase inicial, así como, las Resoluciones No. 1662
de 19 de noviembre de 2004 y No. 0062 de 25 de enero de 2005 proferidas por la
Dirección Nacional de Estupefacientes, en las cuales se hizo manifestación expresa
de la fecha de la providencia mediante la cual la Fiscalía Segunda Especializada se
abstuvo de dar inicio a la acción de extinción de dominio y de su ejecutoria.
35. Insistió en el escrito de apelación, que la actuación de la Dirección Nacional de
Estupefacientes desbordó su competencia, por cuanto, so pretexto de administrar
adecuadamente los bienes, ordenó gastos con cargo al patrimonio de los
demandantes, consistentes en pagos mensuales a la Fiducia y al depositario
provisional, entre otros relacionados en la demanda. Además, precisa que, el
director de dicha institución imputó a los demandantes nexos con la guerrilla y el
narcotráfico durante una transmisión del noticiero Caracol Televisión, a pesar de
que la investigación se encontraba en fase inicial, desconociendo la naturaleza de
la acción de extinción de dominio19.
36. En proveído del 19 de noviembre de 201420, esta Corporación admitió el recurso
de apelación interpuesto; el 30 de septiembre de 2015, declaró a la Fiscalía General
de la Nación como sucesor procesal del Departamento Administrativo de
Seguridad21. El 2 de marzo de 2016 corrió traslado a las partes para presentar
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto22.
37. La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación y
manifestó que se encontraba demostrada la dilación en que incurrió la Fiscalía
General de la Nación, pues además de la demora de 9 meses en la presentación
del informe contable y sus aclaraciones, la Fiscalía tardó 5 más en adoptar una
decisión de fondo, no obstante la reiterada insistencia del abogado defensor y los
requerimientos formulados por la Procuraduría Judicial para que decidiera de
fondo23.
19 Folios 1096 a 1100 del cuaderno principal.
20 Folio 1132 del cuaderno principal.
21
Folio 1161 del cuaderno principal.
22 Folio 1163 del cuaderno principal.
23 Folios 1181 a 1186 del cuaderno principal.
8
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
38. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), sucesora procesal de la
Dirección Nacional de Estupefacientes24, sostuvo que no generó el daño reclamado
por la parte actora, debido a que no se probó un inadecuado manejo de los bienes
de la sociedad demandante25.
39. La Nación - Fiscalía General de la Nación señaló que actuó conforme a la
Constitución y la Ley, advirtiendo que la indebida administración de los bienes
incautados es competencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes26.
40. El Ministerio Público adujo que la pasiva no incurrió en defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por dilación injustificada, en tanto la
mora obedeció al agotamiento de la práctica probatoria27.
41. En esa oportunidad procesal, el Ministerio del Interior y de Justicia guardó
silencio.
42. En proveído de 12 de diciembre de 2016, esta Corporación desvinculó a la
Fiscalía General de la Nación como sucesora procesal del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad, y en su lugar, declaró como sucesora procesal a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado28.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
Ejercicio oportuno de la acción
43. Si bien el tema de la presentación oportuna de la demanda no se propuso en
el recurso de apelación, previo a emprender el análisis de responsabilidad de la
pasiva, corresponde examinar el presupuesto procesal de la caducidad de la
acción, a efectos de establecer si en relación con cada una de las imputaciones
que incumbe conocer en esta instancia, se presentó la demanda dentro de la
oportunidad legal establecida para tal efecto.
44. Así las cosas, atendiendo al marco irrestricto del recurso de apelación, se
advierte que las inconformidades expuestas contra la decisión de primera instancia,
se decantan en los siguientes aspectos: i) la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación derivada del supuesto defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia ocasionado con la dilación del trámite de la fase inicial del proceso de
extinción de dominio; ii) la supuesta falla en el servicio en que incurrió la Dirección
Nacional de Estupefacientes por indebida administración de los bienes que fueron
dejados bajo su custodia; y, iii) la responsabilidad de la Dirección Nacional de
24 Declarado mediante proveído de 12 de diciembre de 2016 (folios 1187 a 120 del cuaderno principal)
25 Folios 1205 a 1209 del cuaderno principal.
26
Folios 1217 a 1219 del cuaderno principal.
27 Folios 1230 a 1235 del cuaderno principal.
28 Folios 1256 a 1259 del cuaderno principal.
9
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Estupefacientes por las supuestas declaraciones realizadas por el director de dicha
entidad en contra de los demandantes.
45. Hechas las anteriores precisiones, se tiene que al tenor de lo previsto por el
artículo 136 ibídem, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los
dos (2) años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la
omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra
causa, período que, una vez vencido, tal como se ha advertido, impide solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el
fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
46. A su vez, esta Sección ha indicado que es posible que en específicas ocasiones
el daño se prolongue con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos
que sirven de fundamento para las pretensiones, sin que esto signifique que el
término de caducidad se postergue de manera indefinida, pues el inicio del cómputo
de dicho término deberá contarse a partir del día siguiente a su configuración, esto
es, la fecha en que fenece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así
se confundiría a aquél con sus secuelas o efectos.
47. En el presente asunto, el término de caducidad frente a la acusación por
dilación de la fase inicial del proceso de extinción de dominio, transcurrió a partir
del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que cerró dicha etapa procesal, esto
es, con la resolución de 27 de septiembre de 2004, mediante la cual la Fiscalía
Segunda Especializada se abstuvo de dar inicio al trámite de extinción de dominio,
decisión que cobró ejecutoria el 6 de octubre siguiente29.
48. De esta manera, se advierte que, el plazo para demandar a través de la acción
de reparación directa feneció el 7 de octubre de 2006 y, por tanto, es claro que la
acción se ejercitó dentro de la oportunidad legal establecida para tal efecto, toda
vez que la demanda se presentó el 18 de julio anterior.
49. Asimismo, en relación con el cómputo de la caducidad de la imputación relativa
a la indebida administración de los bienes embargados, se observa que la parte
actora conoció el estado económico y financiero en que le fue reintegrada la
sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C., así como, los establecimientos de
comercio “Distribuidora Servillanos”, “Almacén Veracruz” y los demás bienes
inmuebles de propiedad de la sociedad, el 2 de diciembre de 2004, cuando se
realizó su entrega formal, junto con los libros de contabilidad, estados financieros,
activos físicos, chequeras, efectivo en caja, relación de cuentas por cobrar e
inventario físico de mercancías30.
29
Si bien dicho proveído no obra en el expediente, la información se extrae de los antecedentes de la resolución
No. 1662 de 19 de noviembre de 2004 (folios 451 a 454 del cuaderno 2)
30 Folios 774 a 811 del cuaderno 3.
10
Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
50. Así pues, resulta evidente que no se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción de reparación directa, por cuanto, el plazo para demandar
por la mencionada imputación venció el 4 de diciembre de 200631 y la demanda fue
presentada con anterioridad a tal fecha.
51. Ahora, en cuanto a la supuesta falla en el servicio derivada de las declaraciones
realizadas por el Director Nacional de Estupefacientes sobre el supuesto vínculo de
los demandantes con la guerrilla y el narcotráfico, se advierte que si bien la parte
actora afirma haber allegado un CD en el que obra la emisión de noticias Caracol
de 14 de mayo de 2003 durante la cual se transmitieron dichas declaraciones, lo
cierto es que en el expediente obran los memoriales de 21 de mayo de 2003,
mediante los cuales la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. solicitó al
director de noticias de Caracol Televisión y al Director Nacional de Estupefacientes
aclaración sobre los referidos pronunciamientos32, de manera que, deberá tomarse
dicha fecha como punto de partida para efectuar el cómputo del término de
caducidad de la acción, habida cuenta de que a partir de ese momento se tiene
certeza de que los demandantes conocían el supuesto daño.
52. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la acción de reparación directa
respecto de dicha imputación se encuentra caducada, toda vez que el término para
incoar la acción feneció el 23 de mayo de 200533, lo que ocurrió antes de la
presentación de la demanda -18 de julio de 2006-.
53. Es de precisar que este hecho que el actor califica como generador de
responsabilidad no se vincula a las demás acusaciones que se formulan en la
demanda y el perjuicio reclamado, de manera que en el contexto de una
acumulación de pretensiones, tanto subjetiva como material, la Sala está obligada
a efectuar el análisis antes referido, evidenciando la ocurrencia de la caducidad
frente al hecho referido.
54. En este orden de ideas, se declarará la caducidad de la acción en relación con
la imputación que se le hace a la Dirección Nacional de Estupefacientes a título de
falla en el servicio por la supuesta sindicación del nexo de los demandantes con la
guerrilla; y se dará paso a realizar el análisis de responsabilidad de la pasiva frente
al daño derivado de la dilación durante el trámite de la fase inicial del proceso de
extinción de dominio y la indebida administración de los bienes sujetos al proceso.
Problema jurídico
55. Precisado lo anterior, se advierte, que la Sala no efectuará pronunciamiento
alguno en torno a la responsabilidad de la Nación – Ministerio del Interior y de
31 Puesto que el 3 de diciembre de 2006 fue domingo y, de conformidad con el artículo 62 de la ley 4 de 1913,
el término de caducidad debe extenderse al siguiente día hábil.
32 Folios 399 y 400 del cuaderno 2.
33 Por cuanto el 22 de mayo de 2005 fue domingo.
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Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Justicia ni del Departamento Administrativo de Seguridad, como tampoco respecto
de la imputación realizada a la Fiscalía General de la Nación por error jurisdiccional,
por cuanto dichos aspectos fueron resueltos por el a quo y no fueron objeto del
recurso de apelación que se analiza.
Lo probado
56. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se
indican:
• En informe de 7 de febrero de 2003, el Departamento Administrativo de
Seguridad comunicó a la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, sobre diferentes
irregularidades evidenciadas en la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.,
relativas a: i) el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, por cuanto no se
encontraba registrada en el sistema de personas jurídicas de la división de
fiscalización tributaria; ii) el inusual crecimiento de la sociedad, pese a estar ubicada
en zonas afectadas por la subversión, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión -
Guaviare, Meta y Cundinamarca -, del cual, además, no habían sido víctimas sus
propietarios; iii) los viajes al exterior de sus socios y, iv) las discrepancias
presentadas en la información tributaria de los socios registrada en la DIAN con los
datos reportados a Confecámaras. Todo lo anterior, a efectos de que se estudiara
la viabilidad de aplicar la Ley 793 de 200234.
• Con base en el informe anterior, el 20 de febrero de 2003, la Fiscalía Segunda
Especializada Delegada ante la Unidad de Lavado de Activos y Extinción del
Derecho de Dominio dispuso la apertura de la fase inicial del proceso con radicación
No. 1834 E.D., de conformidad con el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, con el fin
de establecer si se encontraba configurada alguna de las causales contempladas
en el artículo 2 de dicha norma e identificar los bienes sobre los cuales podría recaer
la extinción del derecho de dominio.
En el mismo proveído, decretó medidas cautelares sobre: i) 29 bienes inmuebles
de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y algunos de sus socios, ii) el
100% de las cuotas partes de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C., iii) el
establecimiento de comercio “Distribuidora Servillano” de propiedad de la referida
sociedad, y iv) 4 cuentas corrientes de la misma sociedad, con el fin de asegurarlos
bienes y recursos, puesto que se investigaba la posible configuración de la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, esto es, un
incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el
origen lícito del mismo35.
34 Folios 87 a 101 del cuaderno 1.
35 Folios 104 a 117 del cuaderno 1.
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• Mediante oficio No. 1386 de la misma fecha, se comunicó al representante legal
de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. sobre el decreto de la medida
consistente en el embargo y suspensión del poder dispositivo del 100% de las
cuotas de interés y del establecimiento de comercio “Distribuidora Servillano”36; y
al día siguiente, se practicó la diligencia de secuestro de algunos de los inmuebles
y del mencionado establecimiento de comercio37.
• El 6 de marzo de 2003, la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. formuló
oposición a las medidas cautelares y solicitó que se declarara improcedente la
extinción de dominio de los bienes objeto de la acción, realizando precisiones sobre
la constitución de la sociedad, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y su
actividad lícita orientada a la venta y distribución de víveres, abarrotes y transporte
de carga; asimismo, indicó que los socios han sido víctimas de extorsiones, hurto
de camiones y estafas. Según se afirmó en dicho memorial, en esa oportunidad se
aportaron diferentes medios de prueba orientados a probar la licitud de su actividad,
los cuales no obran en el expediente38.
• En la misma fecha, los señores Luis Alonso y María Teresa Rodríguez Ríos
solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares, aduciendo que el informe
del DAS presentaba inconsistencias, como no haber analizado la escritura pública
No. 3438 de 1998 mediante la cual el señor Hernando Rodríguez donó a sus hijos
los bienes que constituyeron el aporte de aquellos a la sociedad. Con dicho
memorial se allegaron al expediente documentos relacionados con el arraigo de la
señora Margarita Rodríguez Ríos en España, entre las que se encuentran
diferentes certificaciones, su informe de vida laboral y la constancia del matrimonio
contraído por la mencionada señora en Barcelona; asimismo, se aportaron
denuncias por el hurto de mercancías, extorsión y secuestro simple39.
• Mediante resolución No. 0256 de 19 de marzo de 2003, la Dirección Nacional
de Estupefacientes nombró al señor Gabriel Raúl Granados Echeverri como
depositario provisional de los bienes embargados en el proceso 1835 E.D., así
como, de 13 inmuebles objeto de medidas cautelares en el proceso 1834 E.D.,
ubicados en San José del Guaviare, fijando como honorarios un porcentaje de
hasta el 8% del valor de los cánones de arrendamiento que efectivamente recibiera
por cada inmueble40.
• En memorial de 25 de marzo de 2003, la sociedad solicitó a la Dirección
Nacional de Estupefacientes el empleo del dinero embargado, para atender las
obligaciones tributarias y del giro ordinario de la sociedad41.
36 Folio 360 del cuaderno 2.
37 Folios 304 a 336 del cuaderno 2.
38 Folios 118 a 121 del cuaderno 1.
39
Folios 123 a 181 del cuaderno 1.
40 Folios 361 a 367 del cuaderno 2.
41 Folios 382 y 383 del cuaderno 2.
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• El 842 y 11 de abril de 200343, la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. le
comunicó a la Fiscalía Segunda Especializada que la administración de los bienes
por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes era deficiente, por cuanto no
había designado un depositario provisional, impidiendo la operación normal del
negocio y el uso del dinero embargado para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, las que afirmó se encontraban en mora.
• El 25 de abril44 y 15 de mayo de 2003, la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S.
en C. solicitó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que se nombrara a un solo
depositario provisional para la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y para
los bienes de la familia Rodríguez Ríos, indicando que, si bien las investigaciones
con radicación Nos. 1834 y 1835 se iniciaron simultáneamente, no tenían nada en
común. Igualmente, manifestó que no era procedente el cobro de cánones de
arrendamiento sobre los bienes habitados por los socios, por cuanto aquellos no
producían renta45.
• El 9 de mayo de 2003, se allegó a la Fiscalía Segunda Especializada
certificaciones comerciales y personales sobre la honorabilidad y la licitud de la
actividad comercial desarrollada por la sociedad y el señor Hernando Rodríguez 46.
• En proveído del 14 de mayo de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada dio
impulso a la investigación, ordenando la práctica de las siguientes pruebas: i) un
estudio contable y financiero de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y
de cada uno de sus socios desde 1985, para lo cual, asignó al DAS 20 días
contados desde la asignación de la misión de trabajo; y ii) las declaraciones
juramentadas de Hernando Rodríguez, Rosalba Ríos de Rodríguez, Luis Alfonso,
Ángel Hernando, Heriberto, Germán, Juan Carlos, María Teresa, Margarita, Julio
César y Rogelio Rodríguez Ríos47.
• Mediante resolución No. 0460 de 15 de mayo de 2003, la Dirección Nacional
de Estupefacientes nombró al señor Carlos José Obando Arboleda como
depositario provisional de la sociedad Hernández Rodríguez Cía. S. en C., el
establecimiento de comercio “Distribuidora Servillano” y sus inmuebles, así como
de otros bienes del núcleo familiar, asignándole por concepto de honorarios la suma
de dos millones de pesos ($2.000.000), así como, el 8% del canon de
arrendamiento que fuera efectivamente percibido por cada uno de los bienes
inmuebles que no pertenecían a la sociedad48.
42 Folio 392 del cuaderno 2.
43 Folio 393 del cuaderno 2.
44 Folios 394 a 396 del cuaderno 2.
45 Folio 398 del cuaderno 2.
46
Folios 182 a 198 del cuaderno 1.
47 Folios 199 a 201 del cuaderno 1.
48 Folios 401 a 406 del cuaderno 2
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• Mediante oficio No. 400/DAS.DGO.AEIF.UNCLA de 26 de mayo de 2003, el
coordinador del grupo de investigaciones financieras del DAS comunicó a la
Fiscalía Segunda Especializada que no contaba con peritos contables disponibles
para realizar el peritaje solicitado, dado que tenía en fila varias misiones por
resolver49.
• El 3 y 4 de junio de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada recibió las
declaraciones de los señores Julio César50, Ángel Hernando51, Rogelio52, Juan
Carlos53, María Teresa54, Luis Alonso55, Rosalba de Ríos de Rodríguez56 y
Hernando Rodríguez57, quienes, explicaron que la sociedad se constituyó con
aportes familiares y no se produjo un incremento patrimonial exagerado ya que el
estado financiero de la sociedad obedece al buen manejo del negocio y los
moderados gastos de los socios.
• El 4 de junio de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada solicitó al jefe del área
especializada de investigaciones financieras del DAS que designara a los peritos
que estimara necesarios para realizar el estudio contable y financiero solicitado,
toda vez que, el coordinador de dicho grupo había manifestado que no contaba en
ese momento con el personal para asignar la misión58. En respuesta a dicha
solicitud, el 9 del mismo mes y año, la referida jefatura informó que se había
reforzado el área con peritos contables, por lo que era posible designar a un auxiliar
para que resolviera el requerimiento59.
• Mediante memorial de 7 de julio de 2003, la sociedad Hernando Rodríguez Cía.
S. en C. solicitó a la Fiscalía Segunda Especializada que dentro de la
administración encomendada al depositario provisional nombrado por la Dirección
Nacional de Estupefacientes el 15 de mayo anterior, se incluyera el dinero
depositado en sus cuentas bancarias, pues no se había podido hacer uso de los
recursos, pese a ser requeridos para atender gastos de operación y obligaciones
fiscales60.
• En esa misma fecha, la sociedad solicitó a la Fiscalía Segunda Especializada
que adoptara medidas para que se rindiera el dictamen pericial decretado, por
cuanto la omisión en su práctica dilataba la investigación61.
49 Folio 216 del cuaderno 1.
50 Folios 224 a 230 del cuaderno 1.
51 Folios 254 a 259 del cuaderno 1.
52 Folios 261 a 267 del cuaderno 1.
53 Folios 268 a 273 del cuaderno 1.
54 Folios 217 a 223 del cuaderno 1.
55 Folios 231 a 242 del cuaderno 1.
56 Folios 243 a 248 del cuaderno 1.
57 Folios 249 a 253 del cuaderno 1.
58 Folio 215 del cuaderno 1.
59
Folio 276 del cuaderno 2.
60 Folio 274 del cuaderno 2.
61 Folio 275 del cuaderno 2.
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• El 10 de septiembre de 2003, la sociedad solicitó a la Subdirección de Bienes
de la Dirección Nacional de Estupefacientes que adoptara medidas para garantizar
la productividad del dinero depositado en las cuentas bancarias embargadas, así
como que explicara las razones por las cuales no incluyó dichos recursos en los
bienes entregados al depositario Carlos José Obando62.
• Mediante resolución de 22 de septiembre de 2003, la Fiscalía Segunda
Especializada requirió al DAS para que rindiera el dictamen pericial decretado, por
cuanto habían transcurrido más de 3 meses desde la designación del perito, so
pena de proceder a su reemplazo o sanción, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 253 del C.P.P.63.
• El 25 de septiembre de 2003, la jefatura del grupo de análisis financiero y
contable del DAS informó que el 20 de agosto anterior le fue reasignada la misión
de trabajo No. 272 relativa al estudio contable y financiero de la sociedad Hernando
Rodríguez Cía. S. en C. y sus socios, por un término de 30 días hábiles, con
vencimiento al 1º de octubre de 200364. Ese mismo día, el perito Hernando Rincón
solicitó a la Fiscalía que se le otorgaran 45 días más para presentar el mencionado
estudio, dado el gran número de personas y documentación por analizar 65.
• En resolución de 30 de septiembre de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada
amplió en 20 días el término otorgado para la presentación del dictamen,
advirtiendo que si bien se encontraba vencido el plazo otorgado para la práctica
probatoria durante la fase inicial; lo cierto era que se requería de dicha prueba para
determinar si era viable la iniciación formal del trámite de extinción66.
• En memoriales del 31 de octubre de 2003, la sociedad solicitó a la Fiscalía
Segunda Especializada: i) requerir al DAS la presentación del dictamen, dado que
el nuevo término otorgado para tal efecto se encontraba vencido67; y, ii) oficiar a la
Dirección Nacional de Estupefacientes para que allegara copia del informe de
contabilidad de la sociedad sobre la reducción de sus utilidades por falta de liquidez
y del memorando No. 045 de 15 de diciembre de 2005 sobre la conveniencia de
descongelar los dineros depositados en las cuentas bancarias68.
• El 21 de noviembre de 2003, la Fiscalía Segunda Especializada comunicó a la
sociedad que carecía de competencia para decidir sobre la utilización de los
recursos depositados en las cuentas bancarias embargadas, dado que su
administración radica exclusivamente en la Dirección Nacional de Estupefacientes,
de conformidad con el artículo 12 de la Ley 793 de 2002. Asimismo, señaló que con
62 Folio 407 del cuaderno 2.
63 Folio 278 del cuaderno 2.
64 Folio 280 del cuaderno 2.
65 Folio 281 del cuaderno 2.
66
Folios 282 y 283 del cuaderno 2.
67 Folio 284 del cuaderno 2.
68 Folio 285 del cuaderno 2.
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el oficio No. SBI(SOC)-11092 se le había informado que el depositario estaba
habilitado para disponer de los mencionados recursos69.
• El 10 de diciembre de 2003, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la
sociedad fiduciaria Fiducolombia S.A. celebraron el contrato de encargo fiduciario
No. 35 de 2008, con el objeto de recaudar, administrar, pagar e invertir los recursos
provenientes de la explotación económica de la sociedad Hernando Rodríguez Cía.
S. en C., y del establecimiento de comercio “Distribuidora Servillano”, de propiedad
de la misma sociedad. En la cláusula sexta del contrato se pactó como comisión la
suma de 23 S.M.M.L.V. más IVA70.
• Mediante memorial de 4 de febrero de 2004, la sociedad advirtió a la Dirección
Nacional de Estupefacientes que el contrato de encargo fiduciario generaba costos
onerosos por concepto de administración, que ponían en riesgo la liquidez de la
empresa. Asimismo, señaló que debía establecerse la forma de pago a
proveedores, puesto que, anteriormente se realizaba en efectivo 71.
• En respuesta a la comunicación anterior, el 13 de febrero de 2004, la
Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, aclaró que la
sociedad tenía suspendido el poder dispositivo sobre sus bienes, lo cual impedía
que el representante legal y sus socios pudieran acceder a su administración72.
• Sin que obre en el expediente el dictamen pericial sobre el estudio financiero
de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C., el 17 de febrero de 2004, la
Fiscalía Segunda Especializada dejó constancia de haberlo recibido y de las
aclaraciones presentadas por la apoderada de la sociedad respecto de los
incrementos patrimoniales por justificar que se revelaban en el mencionado
dictamen. En esa oportunidad, el ente instructor, previo a ordenar su traslado a las
partes, otorgó 15 días al perito para que realizara las precisiones a que hubiera
lugar, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la apoderada73.
• Mediante resolución No. 0229 de 25 de febrero de 2004, la Dirección Nacional
de Estupefacientes nombró a la empresa Promotora Inmobiliaria Ltda. como
depositario provisional de 16 bienes inmuebles de la sociedad Hernando Rodríguez
Cía. S. en C., con el fin de que los promocionara y arrendara. En el acto
administrativo se fijó como honorarios provisionales mensuales un porcentaje
equivalente al 8% de los cánones de arrendamiento74.
• En memorial de 15 de marzo de 2004, la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S.
en C. solicitó a la Fiscalía Segunda Especializada que se adoptara una decisión de
69 Folios 286 y 287 del cuaderno 2.
70 Folios 408 a 415 del cuaderno 2.
71 Folios 416 y 417 del cuaderno 2.
72
Folio 423 del cuaderno 2.
73 Folio 277 del cuaderno 2.
74 Folios 418 a 422 del cuaderno 2.
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fondo en el menor tiempo posible, por cuanto estaba demostrada la licitud de sus
actividades, y además la prolongación de la fase inicial había implicado el pago de
costos de fiducia y cánones de arrendamiento75.
• El 7 de abril de 2004, la sociedad y sus socios María Teresa, Luis Alonso, Juan
Carlos y Julio Rodríguez Ríos, solicitaron que se declarara la improcedencia de la
acción de extinción de dominio sobre sus bienes, insistiendo en que se encontraba
demostrado su origen lícito y tampoco existían indicios sobre su relación con
actividades ilícitas76.
• El 16 de abril de 2004, la Procuraduría 110 Judicial Penal, en virtud de una
queja presentada por el señor Julio César Rodríguez Ríos, solicitó a la Fiscalía
Segunda Especializada que adoptara con prontitud una decisión de fondo, por
cuanto la fase inicial se había prolongado por aproximadamente 15 meses,
superando el término de 6 meses establecido para la investigación previa en el
artículo 325 del C.P.P., el cual, a su juicio, resultaba aplicable al caso por analogía.
Igualmente, precisó que, si bien se evidenciaba el impulso procesal realizado por
aquel despacho, la mora era imputable al organismo comisionado para la práctica
del dictamen contable77.
• Mediante resolución No. 0580 de 10 de mayo de 2004, la Dirección Nacional
de Estupefacientes revocó a los depositarios provisionales Gabriel Raúl Granados
Echeverry y Carlos José Obando Arboleda, y en su lugar, nombró al señor Luis
Alberto Aristizábal Fernández como depositario provisional de la totalidad de los
bienes embargados a la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y al núcleo
familiar 78.
• El 8 de junio de 2004, la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. solicitó la
intervención de la Defensoría del Pueblo a efectos de que se profiriera decisión de
fondo en la investigación No. 183479.
• Mediante oficios de 22 de junio de 2004, el coordinador de Grupos Urbanos de
la Dirección Nacional de Estupefacientes comunicó a las señoras Nubia Mejía Toro
y Clara Acevedo Obando, residentes de los inmuebles ubicados en Villavicencio,
que debían celebrar un contrato de arrendamiento, so pena de que el depositario
provisional procediera a realizar acciones policivas y legales80.
• Mediante comunicaciones CI-29-2004 y CI-30-2004 de 1º de julio de 2004, el
depositario provisional Luis Alberto Aristizábal solicitó a los residentes de los
apartamentos ubicados en Bogotá: el pago de los 16 cánones de arrendamiento
75 Folio 288 del cuaderno 2.
76 Folios 289 a 292 del cuaderno 2.
77 Folios 293 a 295 del cuaderno 2.
78
Folios 424 a 433 del cuaderno 2.
79 Folios 296 y 297 del cuaderno 2.
80 Folios 443 y 444 del cuaderno 2.
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causados desde el inicio de la medida cautelar, el envío de las facturas canceladas
por concepto de administración y servicios públicos, y la celebración del contrato
de arrendamiento81.
• En memoriales de 8 de julio de 2004 dirigidos a la Subdirección de Bienes de
la Dirección Nacional de Estupefacientes, los señores Luis Alonso, María Teresa y
Juan Carlos Rodríguez Ríos, en su calidad de propietarios de algunos de los
inmuebles afectados con la medida cautelar, solicitaron ser nombrados como
depositarios provisionales de los mismos, aduciendo que estaban destinados a la
vivienda de sus familias82.
• En oficio de 30 de julio de 2004, la Dirección Nacional de Estupefacientes indicó
a los propietarios de los bienes embargados que en desarrollo de los actos de
administración, se observaba de manera preferente la celebración de contratos de
arrendamiento, administración o fiducia, siendo el depósito el último de ellos, según
lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1461 de 2000. Asimismo, recordó que la
suspensión del poder dispositivo que pesaba sobre los bienes, impedía a sus
propietarios tener acceso a su administración83.
• En comunicación CI-46-2004 de la misma fecha, el depositario provisional le
informó a la defensa que los bienes se encontraban embargados con reserva de
dominio, por lo que debían producir renta84.
• El 27 de agosto de 2004, la Procuraduría 110 Judicial Penal reiteró la petición
del 16 de abril anterior, relativa a requerir a la Fiscalía que profiriera una decisión
de fondo85.
• En memorial de 31 de agosto de 2004, la defensa solicitó nuevamente a la
Fiscalía Segunda Especializada que profiriera decisión de fondo, advirtiendo sobre
los perjuicios ocasionados con las medidas cautelares decretadas y la
administración asumida por la Dirección Nacional de Estupefacientes, consistentes
en la disminución de los ingresos, pérdida de liquidez por costos de administración,
e incumplimiento de obligaciones tributarias. Sobre este último aspecto, aportó al
despacho el oficio No. 03916 de 23 de agosto de 2004 de la División de Cobranzas
de la DIAN dirigido al señor Luis Alberto Aristizábal, en el que se informaba que la
sociedad Hernando Rodríguez Cía S. en C. debía doscientos cincuenta millones
doscientos setenta y nueve mil pesos ($250.279.000) por concepto de impuesto de
renta de 2003, y doce millones doscientos cincuenta y ocho mil pesos
($12.258.000) por concepto de intereses86.
81 Folios 445 a 448 del cuaderno 2.
82 Folios 434 a 439 del cuaderno 2.
83 Folios 440 a 442 del cuaderno 2.
84
Folios 449 y 450 del cuaderno 2.
85 Folios 298 y 299 del cuaderno 2.
86 Folios 300 y 301 del cuaderno 2.
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• En oficio No. 1136 de 15 de septiembre de 2004, la Coordinación de
Procuradurías Judiciales Penales Especializadas reiteró las peticiones radicadas
por el agente del Ministerio Público, solicitando a la Fiscalía Segunda Especializada
priorizar la emisión de una decisión de fondo en la radicación 1834 E.D.87.
• En proveído del 27 de septiembre de 2004, la Fiscalía Segunda Especializada
se abstuvo de dar inicio al trámite de extinción de dominio y en consecuencia
dispuso el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas, decisión que cobró
ejecutoria el 6 de octubre siguiente - actuación no obrante en el expediente-88.
• Mediante resolución No. 1662 de 19 de noviembre de 2004, la Dirección
Nacional de Estupefacientes dio cumplimiento a lo resuelto por la Fiscalía Segunda
Especializada en proveído de 27 de septiembre anterior, ordenando la entrega real
y material de los bienes, y la revocatoria del depositario provisional89.
• En actas Nos. 190, 291 y 392 de 2 de diciembre de 2004, el señor Luis Alberto
Aristizábal Fernández realizó la entrega de la sociedad Hernández Rodríguez Cía.
S. en C., el establecimiento de comercio “Distribuidora Servillanos”, el “Almacén
Veracruz”, 25 inmuebles, libros de contabilidad, estados financieros, activos físicos,
chequeras, efectivo en caja, la relación de cuentas por cobrar y el inventario físico
de las mercancías a Luis Alonso Rodríguez Ríos, en su calidad de representante
legal de la sociedad Hernández Rodríguez Cía. S. en C.
• Mediante resolución No. 0062 de 25 de enero de 2005, la Dirección Nacional
de Estupefacientes adicionó las resoluciones Nos. 1662 de 19 de noviembre de
2004 y 1792 de 2 diciembre de 2004, mediante las cuales se ordenó la devolución
de varios bienes, en el sentido de ordenar la entrega material y real de cuarenta y
un millones setenta mil pesos ($41.070.000) por concepto del pago de los cánones
de arrendamiento realizados por el señor Edilberto Morales Vásquez93.
Determinación de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
por dilación en la toma de decisiones judiciales
57. La Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia
como una garantía propia del acceso a la administración de justicia y el debido
proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido,
el artículo 228 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán
con diligencia” y que “su incumplimiento será sancionado”, con lo cual eleva a rango
87 Folio 302 del cuaderno 2.
88 Si bien dicho proveído no obra en el expediente, la información se extrae de los antecedentes de la resolución
No. 1662 de 19 de noviembre de 2004 (folios 451 a 454 del cuaderno 2)
89 Folios 451 a 454 del cuaderno 2.
90 Folios 774 a 777 del cuaderno 3.
91
Folios 781 a 786 del cuaderno 3.
92 Folios 787 a 811 del cuaderno 3.
93 Folios 455 a 457 del cuaderno 2.
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constitucional los principios de celeridad94 y eficacia en la actuación judicial, los
cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los
precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro
del menor término posible, así como, que logre su finalidad a través del
pronunciamiento de la correspondiente sentencia, respectivamente95.
58. Consecuente con los mandatos antes indicados, el artículo 7 de la Ley 270 de
1996 estableció que la administración de justicia debe ser eficiente, lo cual implica
que los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación
de los asuntos a su cargo, esto es, desarrollando la actividad judicial de forma
cuidadosa en el momento y en la forma requerida, sin perjuicio de la calidad de los
fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley, para
garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial.
59. En relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión o
actuación judicial está en la base de un juicio de responsabilidad del Estado, esta
Corporación ha sostenido que se deben observar diversos factores, entre ellos, la
complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo y los
estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, así como las
especificidades de cada trámite judicial, incluido el análisis de factores exógenos al
proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general,
circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su
duración96.
60. Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las
autoridades judiciales, puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a
los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de
las partes e intervinientes, pues no todo procedimiento que se prolongue en el
tiempo más allá de las previsiones legales puede calificarse automáticamente como
fuente de responsabilidad del Estado. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del
tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas
circunstancias ajenas al operador judicial.
94 L. 270 de 1996. “Artículo 4. Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación
constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
95 Ver. Corte Constitucional, sentencias C-416 de 1994 y C-543 de 2011.
96 Al respecto, esta Corporación ha sostenido:
“Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración
de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado,
conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la
forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los
estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio
de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que
tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas
de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales
disponibles para atenderla”. Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004,
exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán
Andrade Rincón.
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61. Bajo el anterior marco conceptual y con fundamento en las pruebas
recaudadas, el análisis de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación se
despliega a partir de la revisión de las atribuciones que tiene en el desarrollo del
procedimiento reglado en la Ley 793 de 2002, respecto del plazo razonable para
adelantar la fase inicial de la acción de extinción del derecho de dominio, a la luz
de las circunstancias justificantes que pueden acaecer en el trámite procesal, bajo
la propia realidad de la administración de justicia.
62. En ese orden de ideas, conviene precisar que si bien el Legislador no estableció
un término de duración para el agotamiento de la fase inicial, lo cierto es que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 ibídem97, aquella etapa procesal
estaba orientada a identificar los bienes sobre los que podría iniciarse la acción de
extinción de dominio, por estar incursos en alguna de las causales previstas en el
artículo 2 del mismo cuerpo normativo98, oportunidad en la que igualmente podía
decretar las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder
dispositivo de los bienes objeto de investigación.
63. En el sub examine se encuentra probado que el 20 de febrero de 2003, la
Fiscalía Segunda Especializada Delegada ante la Unidad de Lavado de Activos y
Extinción del Derecho de Dominio dispuso la apertura de la fase inicial prevista en
el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, decretando medidas cautelares sobre los
bienes identificados como de propiedad de la sociedad Hernando Rodríguez Cía.
S. en C. y sus socios, y que, 1 año, 7 meses y 7 días después, el 27 de septiembre
de 2004, el despacho se abstuvo de dar inicio al trámite de extinción de dominio y
en consecuencia dispuso el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas.
64. Revisado el plenario, no se observa que durante la fase inicial la Fiscalía
General de la Nación hubiera incurrido en una mora injustificada que le fuera
97 “Artículo 12. El fiscal competente para conocer de la acción de extinción de dominio, iniciará la investigación,
de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad con el artículo 5o. de la presente ley,
con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, de acuerdo con las causales
establecidas en el artículo 2o.
“En el desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o solicitar al Juez competente, la
adopción de las mismas, según corresponda, que comprenderán la suspensión del poder dispositivo, el
embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos valores, y de
los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión
física. En todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes
embargados o intervenidos (…)”.
98 “Artículo 2. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de
los siguientes casos:
“1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito
del mismo.
“2. Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.
“3. Cuando los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de
actividades ilícitas, sean destinadas a estas o correspondan al objeto del delito.
“4. Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permute de otros que tengan
su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o
sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.
“5. Cuando los bienes de que se trate tengan origen licito, pero hayan sido mezclados, integrados o confundidos
con recursos de origen ilícito. Se exceptúan los títulos depositados en los Depósitos Descentralizados de
Valores, siempre y cuando los tenedores de esos títulos cumplan satisfactoriamente las normas en materia de
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que le sean exigibles”.
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imputable, pues, contrario al evidenciarse su ostensible inactividad, con el material
probatorio de que se dispone, lo que se advierte es que dicho período se empleó
principalmente para agotar la práctica de las pruebas decretadas con miras a
dilucidar la configuración de alguna de las causales de extinción del derecho de
dominio.
65. Ahora, si bien las pruebas decretadas el 14 de mayo de 2003 por la Fiscalía
Segunda Especializada fueron practicadas el 3 y 4 de junio siguiente, esto es,
cuando se recibieron las declaraciones juramentadas de los socios y, en febrero de
2004, cuando el despacho dejó constancia de haber recibido el estudio contable y
financiero de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y de cada uno de sus
socios desde 1985 -no obrante en el expediente-, en este último caso, excediendo
el término de 20 días otorgado inicialmente por el despacho para su práctica;
ciertamente se demostró que la prolongación en la realización de esta última prueba
obedeció a: i) la carga laboral e insuficiencia de recursos del área especializada en
investigaciones financieras del DAS, autoridad que en oficio de 26 de mayo de 2003
advirtió que no contaba con peritos contables disponibles para realizar el peritaje
solicitado, ii) la reasignación de la misión de trabajo a un nuevo perito, como se
infiere del comunicado de 25 de septiembre de 2003 dirigido por el DAS a la Fiscalía
de conocimiento, y iii) la necesidad de otorgar un término superior para realizar el
estudio atendiendo a la complejidad del encargo, la pluralidad de personas y
documentos por analizar.
66. Aunado a lo anterior, también se advierte que el ente instructor requirió en
distintas oportunidades a la autoridad de policía judicial para que designara a un
experto y rindiera el peritaje solicitado, so pena de reemplazo o sanción del perito,
según consta en proveídos del 4 de junio y 22 de septiembre de 2003, a la vez que,
el 30 de septiembre siguiente, amplió el término otorgado para su realización en 20
días más por necesidad de la prueba, lo cual, revela la conducta activa de la pasiva
para procurar la oportuna práctica probatoria.
67. Se precisa, además, que si bien obran en el expediente las solicitudes de 15
de marzo, 7 y 16 de abril, 27 y 31 de agosto y 15 de septiembre de 2004, mediante
las cuales las partes y la Procuraduría solicitaron a la Fiscalía Segunda
Especializada que adoptara una decisión de fondo; lo cierto es que no se aportó al
plenario el dictamen pericial, su aclaración, ni los traslados que debieron surtirse
del mismo, como tampoco, las respuestas brindadas por el órgano instructor a los
impulsos procesales u otras actuaciones que pudo realizar durante dicho período,
y menos aún, se arrimó la decisión de 27 de septiembre de 2004, mediante la cual
la Fiscalía de conocimiento se abstuvo de dar inicio al trámite de extinción de
dominio, elementos sin los cuales se torna irrealizable el análisis de responsabilidad
de la pasiva con posterioridad a la presentación del dictamen pericial, bajo las
condiciones exigidas y ya anotadas frente al título de imputación de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
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68. Así, entonces, el escaso material probatorio arrimado al expediente por la parte
actora en relación con el contexto bajo el cual se desarrolló la fase inicial del
proceso de extinción de dominio, obliga a la Sala a reiterar que los procesos
jurisdiccionales se rigen por el principio de “onus probandi”, según el cual, quien
alegue un hecho, debe aportar las pruebas que lo soporten, en concordancia con
lo previsto en el artículo 177 del C.P.C., aplicable por remisión expresa de los
artículos 168 y 267 del C.C.A.
69. Con el anterior designio fáctico, para la Sala resulta claro que la parte actora
no demostró que el término durante el cual se prolongó la fase inicial hubiera sido
injustificado, pues, por el contrario, de las piezas procesales aportadas se advierte
que el agotamiento de la práctica probatoria y la adopción de la decisión de
abstenerse de dar inicio al trámite de extinción de dominio, estuvo determinado por
la complejidad y magnitud del asunto, dado que implicó la investigación del estado
contable y financiero de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y de cada
uno de sus socios desde 1985, así como de la procedencia lícita o ilícita de 29
bienes inmuebles de la referida sociedad y de algunos de sus socios, 2
establecimientos de comercio y del dinero depositado en las 4 cuentas corrientes
de la misma sociedad.
70. Con lo anterior, es claro que para la prosperidad de las pretensiones, no basta
con la simple afirmación de la prolongación de una etapa procesal, pues aquello no
se acompasa con las exigencias para la procedencia de responsabilidad por el título
de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda
vez que, se itera, la prolongación de una etapa procesal no puede calificarse
automáticamente como irrazonable, debiendo demostrarse que la autoridad incurrió
en una dilación arbitraria e injustificable, más aún cuando, el paso del tiempo
obedeció al agotamiento de la práctica probatoria que pretendía confirmar o
desvirtuar un incremento patrimonial injustificado, como ocurrió en el presente caso.
71. A tono con las razones hasta aquí expuestas, se concluye que, la parte actora
no demostró que la pasiva hubiera incurrido en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por retardo injustificado en la adopción de una decisión
judicial, que fuera susceptible de indemnización, por cuanto, no logró demostrar
una dilación injustificada y, por el contrario, se advierte que durante la fase inicial
adelantada por la Fiscalía Segunda Especializada, la prolongación de trámite
obedeció al agotamiento de la práctica probatoria.
Determinación de la responsabilidad de la Dirección Nacional de
Estupefacientes por indebida administración de bienes
72. Para abordar el análisis de responsabilidad de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, cuya génesis concreta la parte actora en la indebida
administración de los bienes embargados durante la fase inicial del proceso de
extinción de dominio, por haber incurrido en gastos mensuales por concepto de
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honorarios de fiducia, deposito provisional y demás relacionados en la demanda;
considera la Sala partir de la comprobación de la efectiva acreditación de un daño.
73. Así las cosas, como punto de partida, se precisa que la competencia de la
Dirección Nacional de Estupefacientes para la administración provisional de bienes
incautados durante el trámite de procesos de extinción de dominio, en el caso sub
examine, se encuentra regulada principalmente por las Leyes 78599 y 793 de 2002,
así como el Decreto 1461 de 2000.
74. Bajo ese marco normativo, la Dirección Nacional de Estupefacientes actuaba
como secuestre o depositario de los bienes objeto de medidas cautelares en los
procesos de extinción de dominio, correspondiéndole, entre otras, “ejercer los actos
necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los
bienes, de acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener su
productividad y calidad de generadores de empleo”, así como, “realizar las
gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de impuestos
sobre los bienes objeto de administración” (artículo 2, núm. 1 y 3 del Decreto 1461
de 2000).
75. En este contexto, la administración de los bienes se llevaba a cabo aplicando,
en forma individual o concurrente, los distintos sistemas de administración
establecidos en la ley – enajenación, contratación, destinación provisional y
depósito provisional100–, debiendo acoger de manera preferente la constitución de
fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas
por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera); o, en su
defecto, optar por el arrendamiento o celebración de otros contratos que
mantuvieran la productividad y valor de los bienes, o aseguraran su uso; mientras
que, respecto de los recursos monetarios sujetos a medidas cautelares debían
abrirse cuentas especiales, que generaran rendimientos a tasa comercial, cuya
cuantía formaría parte del depósito, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley
793 de 2002101.
99 Cabe advertir que si bien la Ley 785 de 2002, complementa las disposiciones de las leyes 30 de 1986 y 333
de 1996, en materia de manejo de bienes incautados, como de administración de las sociedades, y atendiendo
que la Ley 333 de 1996 fue derogada por la Ley 793 de 2002; no por ello se puede considerar que también se
dejó sin efectos la Ley 785 de 2002, pues en su artículo 1º también se refiere a “las demás normas que las
modifiquen o deroguen”. En consecuencia, esta última se encuentra vigente y debe interpretarse
sistemáticamente con la nueva ley de extinción de dominio (793 de 2002)
100 Ley 785 de 2002. “Artículo 1º. La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o a una acción
de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996,
y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a
cabo aplicando en forma individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación
provisional y depósito provisional. (…)”.
101“Artículo 12.
“(…)
“Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de administración, en cualquiera
de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria; o, en su defecto, a arrendar o celebrar
otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado.
Mientras los recursos monetarios o títulos financieras que valores se encuentren sujetos a medidas cautelares,
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76. En armonía con ese precepto legal, el artículo 5 de la Ley 785 de 2002, imponía
a la Dirección Nacional de Estupefacientes el deber de ejercer los derechos sociales
que correspondieran a las acciones, cuotas o partes de interés social que hubieran
sido objeto de medida cautelar hasta que se produjera decisión judicial definitiva, en
procura de mantener la productividad de la sociedad; norma que, igualmente
impedía a los socios y órganos de dirección y administración de la sociedad ejercer
actos de disposición, administración o gestión, salvo que fueren expresamente
autorizados por escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes102.
77. En atención a las anteriores consideraciones, es claro que las erogaciones
realizadas por concepto de cuotas u honorarios de administración de los bienes
afectos a un proceso de extinción de dominio, proviene de la obligación a cargo de
la Dirección Nacional de Estupefacientes de ejercer “los actos necesarios para la
correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes”, y del deber de
fijar los honorarios por dicho concepto, según lo establecido en el artículo 21 del
Decreto 1461 de 2000103, lo cual, en principio, no genera un daño, pues se deriva
del cumplimiento de un deber legal.
78. Aunado a lo anterior, conviene precisar que, las referidas facultades de
administración benefician no sólo al Estado, en caso de prosperar la acción que este
ejerce, sino también a quien hasta ese momento es titular del derecho de dominio
sobre un bien determinado, en caso de que no haya lugar a la extinción de tal
las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere
rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos
pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a
su dueño, en el evento contrario.
“(…) De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los
rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales
recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.
En todos los casos, la fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus productos, el valor de
sus honorarios y de los costos de administración en que incurra. Cualquier faltante que se presentare para
cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un
concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o se subasten. Esta fiducia no
estará sujeta en su constitución o desarrollo a las reglas de la contratación administrativa, sino a la ley comercial
o financiera ordinaria”.
102 En sentencia C-1025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 5 de
la Ley 785 de 2002, en los siguientes términos: “es claro para la Corte que si la medida cautelar fue dictada por
el Fiscal o por el juez competente en su caso, la Dirección Nacional de Estupefacientes ha de obrar con sujeción
a la autoridad judicial. Por tal razón, debe enterar previamente a la autoridad judicial respectiva sobre la
pretensión de realizar actos de disposición, administración o gestión por quienes aparezcan inscritos como
socios, para que sea el juez o fiscal, con conocimiento de causa, quien autorice a la Dirección Nacional de
Estupefacientes para que ella, a su turno, lo haga. De otra manera, la autoridad judicial quedaría ausente del
control sobre las medidas cautelares y el proceso, en ese aspecto, no se encontraría dirigido por ella, lo que
resulta inadmisible. En consecuencia, el artículo 5 inciso primero de la ley 785 de 2002 se declarará exequible
en forma condicionada, es decir, bajo el entendido que la Dirección Nacional de Estupefacientes puede conferir
la autorización a que él se refiere, pero a su turno requiere para el efecto autorización de la autoridad judicial
competente”.
103 “Artículo 21. Honorarios. Es facultad de la Dirección Nacional de Estupefacientes fijar los honorarios de los
depositarios provisionales diferentes de los señalados en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 30 de 1986,
teniendo en cuenta el uso, destino y productividad del bien y el mercado laboral. Las tarifas serán fijadas por la
Dirección mediante resolución.
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derecho, pues en uno y otro evento se evitan pérdidas derivadas de la falta de
explotación económica de los bienes objeto de las medidas cautelares104.
79. Soportado en las anteriores premisas, solo serán objeto de reproche los gastos
que sean ajenos a la labor de administración autorizada por la ley, siempre y cuando
resulte evidente que la disposición de los recursos fue abiertamente
desproporcionada, arbitraria, caprichosa, o completamente omisiva, esto es, en
detrimento de la finalidad de mantener y conservar los bienes y procurar su
productividad, de ahí que, deba analizarse en el contexto de la prueba si de por
medio obró una omisión o actuación desviada del deber que le asiste a la pasiva
respecto de la administración de los bienes sujetos a medidas cautelares en un
proceso de extinción de dominio.
80. En el sub lite, se encuentra acreditado que la Dirección Nacional de
Estupefacientes ejerció los siguientes actos de administración sobre los bienes de
los demandantes:
i) Nombramiento de depositarios provisionales: mediante resolución de 19 de
marzo de 2003, la Dirección Nacional de Estupefacientes nombró al señor Gabriel
Raúl Granados Echeverry como depositario provisional de los bienes inmuebles
ubicados en San José del Guaviare; el 15 de mayo siguiente, nombró al señor
Carlos José Obando Arboleda como depositario provisional de la sociedad
Hernando Rodríguez Cía. S. en C., el establecimiento de comercio “Distribuidora
Servillano” y sus inmuebles, así como de otros bienes del núcleo familiar; y el 10 de
mayo de 2004, revocó a ambos depositarios, para en su lugar, nombrar como
depositario provisional de la totalidad de los bienes al señor Luis Alberto Aristizábal
Fernández.
ii) Celebración de un contrato de fiducia: el 10 de diciembre de 2003, suscribió un
contrato de encargo fiduciario con Fiducolombia S.A. con el objeto de recaudar,
administrar, pagar e invertir los recursos provenientes de la explotación económica
de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C., y del establecimiento de comercio
“Distribuidora Servillano”.
iii) Otros contratos: el 25 de febrero de 2004, nombró a la empresa Promotora
Inmobiliaria Ltda. como depositaria provisional de 16 bienes inmuebles de la
sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C., con el fin de que los promocionara y
arrendara.
81. De igual manera, se demostró en este proceso que la Dirección Nacional de
Estupefacientes fijó honorarios mensuales por concepto de administración, teniendo
en cuenta el uso, destino y productividad de los bienes en el mercado laboral, de
104 Posición sostenida por la Corte Constitucional en sentencias C-1025 de 2004 y C-030 de 2006.
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conformidad con los deberes establecidos en los artículos 2 y 21105 del Decreto 1461
de 2000.
82. Sobre el particular, se destaca que en las resoluciones de nombramiento se
advirtió que de acuerdo con las condiciones del mercado, los honorarios para los
depositarios provisionales o secuestres judiciales de bienes incautados oscilaban
entre un 7% y 10% de las utilidades netas, después de impuestos; y que comoquiera
que no se contaba con la información financiera de la sociedad, ni del
establecimiento de comercio, se fijaría una suma fija mensual de dos millones de
pesos ($2.000.000), y del 8% del valor de los cánones de arrendamiento que
efectivamente recibiera de los bienes que no pertenecían a la sociedad 106.
Igualmente, en relación con el encargo fiduciario, se fijó por concepto de comisión
mensual el valor de 23 S.M.M.L.V. a favor de Fiducolombia, y respecto de las
labores de promoción y arrendamiento desarrolladas por la inmobiliaria fijó como
honorarios la suma equivalente al 8% del valor del canon de arrendamiento.
83. Así, si bien la parte actora aportó las resoluciones de nombramiento de los
depositarios provisionales, el contrato de fiducia, los recibos de pago realizados por
concepto de honorarios a los depositarios Carlos José Obando Arboleda 107 y Luis
Alberto Aristizábal108, así como documentos que permiten inferir el pago de las
comisiones mensuales a favor de Fiducolombia109; lo cierto es que la Dirección
Nacional de Estupefacientes gozaba de la facultad legal para emplear de manera
concurrente los sistemas de administración. Además, no se demostró que el valor
fijado por dicho concepto hubiera sido desmedido, pues lo que se advierte es que
corresponde a una erogación que responde al deber de la pasiva de fijar honorarios
y a un derecho del depositario, la sociedad fiduciaria y la inmobiliaria de percibirlos,
como contraprestación de las labores de administración desempeñadas, sin que
con el material probatorio allegado al expediente resulte posible determinar si los
honorarios excedían el valor de mercado.
84. Es más, en concordancia con la obligación de procurar mantener la
productividad, el uso y destinación de los bienes, se demostró que la sociedad
Hernando Rodríguez Cía. S. en C., entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2004,
reportó una utilidad neta, después de provisión para el impuesto de renta, de ciento
ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos dos pesos con
cincuenta y ocho centavos ($185.351.602,58)110 y que, además de haberse
105 “Artículo 21. Honorarios. Es facultad de la Dirección Nacional de Estupefacientes fijar los honorarios de los
depositarios provisionales diferentes de los señalados en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 30 de 1986,
teniendo en cuenta el uso, destino y productividad del bien y el mercado laboral. Las tarifas serán fijadas por la
Dirección mediante resolución.
106 Ver antecedentes de la Resolución 460 de 15 de mayo de 2003, obrante a folios 402 a 406 del cuaderno 2.
107 Folios 480 a 503 del cuaderno 2 y 1 a 23 del cuaderno 7.
108 Folios 135 a 163 del cuaderno 8.
109 El pago de la comisión mensual por concepto de encargo fiduciario se encuentra demostrado con el Informe
operativo y económico de octubre de 2004 realizado por Fiducolombia, obrante a folios 460 a 479 del cuaderno
2 y 255 a 273 del cuaderno 9.
110 Según reporte de Estado de Resultados del 1º de enero de 2004 al 31 de mayo de 2004, obrante a folio 896
del cuaderno 3.
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mantenido la actividad comercial de la empresa, se reintegró a los demandantes la
suma de cuarenta y un millones setenta mil pesos ($41.070.000) por concepto del
pago de cánones de arrendamiento realizados por un tercero, señor Edilberto
Morales Vásquez111.
85. Con lo anterior, la decisión de celebrar contratos orientados a procurar el
mantenimiento de la capacidad productiva y del valor de los bienes embargados a
los demandantes, así como fijar el valor de los honorarios por concepto de
administración, corresponde al cumplimiento de las facultades que le asisten a esa
entidad como administradora de los bienes afectados al proceso de extinción de
dominio, por lo que dichas circunstancias no constituyen un daño susceptible de
indemnización.
86. El mismo análisis merece la imputación que se le endilga a la pasiva por haber
incurrido en supuestos “gastos innecesarios” durante el desempeño de las
funciones de depositario, dado que aun cuando se allegaron recibos relativos al
pago de fotocopias112, línea telefónica113, celular114, certificados de tradición y
libertad115, refrigerios116, tiquetes aéreos para desplazarse a San José del Guaviare
– lugar donde se ubica el establecimiento de comercio “Almacén Veracruz” y otros
bienes de los demandantes117 – y gastos de representación118, entre otros;
ciertamente, no se allegaron pruebas indicativas de que dichas expensas fueran
ajenas al giro ordinario de los negocios administrados o constituyeran un gasto
extraño a las funciones de administración que correspondían al depositario, por lo
que, de entrada, no es posible derivar un juicio de reproche, aunado a lo cual,
tampoco se advierten irregularidades en los costos asumidos por concepto de las
transferencias bancarias derivadas de la dinámica de pagos asumida por la
sociedad fiduciaria119, máxime si se considera que la sociedad Hernando Rodríguez
Cía. S. en C. realizaba transacciones con múltiples proveedores, las cuales, a
efectos de la debida administración y control de las transacciones, debían realizarse
por medios bancarios.
87. De otro lado, en relación con el dinero embargado en las cuentas de la sociedad
Hernando Rodríguez Cía. S. en C., que según la parte actora no generó ningún tipo
de rendimiento, la Sala advierte que estaban destinados a atender asuntos del giro
ordinario del negocio, como el pago a proveedores y de obligaciones tributarias, tal
como se desprende de los memoriales de 25 de marzo, 8 y 11 de abril, 7 de julio,
111 Como constan en la resolución No. 0062 de 25 de enero de 2005, mediante la cual la Dirección Nacional de
Estupefacientes ordenó su devolución.
112 Folios del cuaderno 8.
113 Folios 1 a 19 del cuaderno 8.
114 Folios 520 a 537 del cuaderno 2.
115 Folios 82 a 97 del cuaderno 8.
116 Folios 230 a 255 del cuaderno 7 y 98 a 134 del cuaderno 8.
117 Folios 30 a 33 del cuaderno 8.
118
Folios 20 a 28 del cuaderno 8.
119 Recibos de caja por concepto de comisiones por transferencias bancarias obrantes a folios 538 a 598 del
cuaderno 2.
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10 de septiembre de 2003 en los que se solicitó que se les diera esa disposición, de
ahí que, durante la prolongación de las medidas cautelares, en principio, no se
reclame la posibilidad prevista en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002 de abrir una
cuenta especial para que dichas sumas produjeran rendimientos a tasa comercial,
sino la autorización para emplearlos como flujo de caja del negocio.
88. En este sentido, se observa que, si bien el embargo del dinero implicó debates
jurídicos sobre la posibilidad de su empleo para cubrir los gastos operativos del
negocio, es claro que se manejaron como recursos disponibles con ese propósito,
pues, según las notas a los estados financieros de la sociedad a 31 de mayo de
2004, presentadas por el depositario provisional Luis Alberto Aristizábal Fernández,
“las cuentas corrientes que se encontraban embargadas con un saldo de trescientos
once millones trescientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta pesos con
cuarenta y ocho centavos ($311.347.780,48), se estaban solicitando para el pago
del impuesto sobre la renta del año 2003”120. Por tanto, comoquiera que del escaso
material probatorio se advierte que se procuró mantener el uso y destino del dinero
embargado, no es dable concluir que el manejo de dichos recursos ocasionó un
daño a los demandantes, máxime cuando, se itera, la parte actora no cumplió con
la carga probatoria de aportar la totalidad del expediente adelantado ante la
Dirección Nacional de Estupefacientes para evidenciar la integralidad de las
actuaciones constitutivas del supuesto daño.
89. En línea con lo anterior, tampoco observa la Sala que se halla demostrado un
daño por el pago de intereses moratorios causados sobre las obligaciones
tributarias, pues, aunque como prueba de su acreditación la parte actora aportó una
certificación del contador público de la sociedad Hernando Rodríguez Cía. S. en C.
en la que indica que se canceló a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) la suma de treinta y tres millones ciento dieciocho mil pesos ($33.118.000)
por concepto de intereses de mora relacionados con la declaración de renta del año
gravable 2003121, lo cierto es que como soporte se anexó en copia simple una
“consulta de detalle” del impuesto, expedida por la DIAN122 y no el comprobante de
pago por dicho concepto, lo cual, no permite tener por acreditado el daño, más aún
cuando de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 785 de 2002 “los impuestos sobre los
bienes que se encuentran bajo administración de la Dirección Nacional de
Estupefacientes no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el
proceso de extinción de dominio”.
90. Sobre el particular, se itera que la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene
el deber de realizar el pago de los impuestos respectivos, siempre que los ingresos
que produzcan los bienes embargados así lo permitan; sin embargo, atendiendo a
las dificultades que podrían generarse en esa administración, el Legislador
estableció una prohibición temporal, ligada a la administración provisional de esos
120
Folios 904 a 911 del cuaderno 3.
121 Folio 300 del cuaderno 7 y 169 del cuaderno 8.
122 Folios 169 a 171 del cuaderno 8.
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bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que “en ningún caso
obliga al particular a pagar intereses moratorios o remuneratorios, del bien que no
tuvo a su disposición”123.
91. Así, comoquiera que la administración de los bienes sujetos al proceso de
extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por sí
sola, no resulta lesiva, puesto que, corresponde al cumplimiento de un deber legal,
a la vez que, tampoco se acreditó que se hubiera incurrido en gastos que no
estuvieran vinculados con tales facultades o en omisiones que hubieran causado
alguna afectación a los demandantes, la Sala considera que no se demostró un
daño cierto susceptible de indemnización, por lo que, corresponde negar en este
aspecto las pretensiones de la demanda.
92. En razón de todo lo expuesto, se impone modificar la sentencia impugnada que
negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la caducidad de la
acción de reparación directa respecto de la imputación formulada en contra de la
Dirección Nacional de Estupefacientes por las supuestas declaraciones realizadas
en contra de los demandantes, así como, confirmar la sentencia impugnada en
cuanto negó las pretensiones de la demanda en los demás aspectos propuestos por
la parte actora.
Condena en costas
93. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de junio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará se la siguiente manera:
Primero: DECLARAR probada de oficio la caducidad de la acción de
reparación directa, respecto de la imputación formulada en contra de la
Dirección Nacional de Estupefacientes por las supuestas declaraciones
123 Ver. Sentencia C-887 de 14 de septiembre de 2004. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
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Radicación: 50001233100020060089001 (52.606)
Actor: Hernando Rodríguez Cía. S. en C. y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y otros
Referencia: Acción de reparación directa
realizadas en contra de los demandantes, en los términos expuestos en el
presente proveído.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas.
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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