Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2007-00100-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2007-00100-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2007-00100-02
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: RICARDO FRANCISCO SOLANO QUIMBAYA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO
Tema: Comercialización de cosecha de arroz. Paro de camioneros en
el departamento del Casanare. Hecho notorio. No se acreditó el
daño antijurídico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Del 14 de septiembre al 4 de octubre de 2004, tuvo lugar un paro de trasportadores
en los departamentos de Casanare y Meta. El demandante, cuya actividad
productiva era el cultivo de arroz en el municipio de aguazul (Casanare), considera
que la Nación – Ministerio de Transporte – Ministerio de Defensa le ocasionó un
daño antijurídico, consistente en la imposibilidad de comercializar la cosecha del
cereal, puesto que dichas entidades incumplieron sus funciones al no mantener el
orden público y garantizar la movilidad de los agricultores durante el referido paro.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 29 de septiembre de 20061, Ricardo Francisco Solano Quimbaya en nombre
propio, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ministerio de
Transporte, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por los
1
Fl. 1 a 33, C. 1.
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Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
perjuicios ocasionados con ocasión del paro de transportadores que tuvo lugar del
14 de septiembre al 4 de octubre de 2004, en los departamentos de Casanare y
Meta
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ministerio de Transporte a pagar, por perjuicios morales,
la suma de $408.000.0000; y, por lucro cesante, la suma de $1.953.846.304.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 18 de febrero de
2004, la Cooperativa de Trabajo Asociado Desarrollo Industrial del Arroz –
CODINAR, en calidad de arrendador, suscribió contrato de arrendamiento con
Ricardo Francisco Solano Quimbaya, Constanza Rocío Silva Polanía y Robinson
Perdomo Trilleros, en calidad de arrendatarios, sobre 1300 hectáreas del predio
denominado “Hato Tamarindo”, ubicado en la vereda río chiquito, municipio de
Aguazul (Casanare), para que fueran destinadas a la siembra de arroz, por el
término de 1 año y por un valor de $338.000.000.
Señala que, en virtud del anterior proyecto productivo, Ricardo Francisco Solano
Quimbaya suscribió una serie de contratos para la compra de insumos agrícolas,
fletes, transporte, financiación, fumigación, recolección del producto, alquiler de
tractores y retroexcavadoras con el fin de comercializar la cosecha de arroz y
transportarla.
Manifiesta que durante los meses de septiembre y octubre de 2004, se presentó un
paro de camioneros en el departamento de Casanare que impidió el transporte de
los productos agrícolas de la región, “lo cual generó la quiebra y ruina” de Ricardo
Francisco Solano Quimbaya, al no poder comercializar su cosecha de arroz, pues
vio frustrada su visión de negocio e incurrió en sobrecostos que no tenía
planificados.
Destaca que ante la evidente crisis económica que generó el paro de camioneros y
como parte del programa de reactivación agropecuaria, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural expidió el Decreto 2841 de 20062, mediante el cual aceptó que el
sector arrocero de los departamentos del Casanare y Meta afrontaba dificultades
por la sobreoferta presentada en el año 2004, lo cual llevó a una disminución en los
precios del grano de arroz.
2
“Por el cual se fijan los términos y condiciones para la operación del Programa Nacional de
Reactivación Agropecuaria - Sector arrocero”.
3
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Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
Destaca que los constantes asedios de grupos al margen de la ley también
provocaron perdidas materiales por el hurto de maquinaria, productos y elementos
propios del cultivo de arroz, situación que produjo pérdidas materiales para los
agricultores de los departamentos del Casanare y del Meta.
El demandante, considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Ministerio de
Transporte le ocasionó un daño que no tenía la obligación de soportar, puesto que
dichas entidades incumplieron sus funciones de mantener el orden público y
garantizar la movilidad de los agricultores durante el paro de camioneros.
Textualmente señala en la demanda que: “El daño injustificado que se causó a los
demandantes (sic) se produjo como resultado de la falta de acción por parte del
Estado, en especial por el incumplimiento de las funciones y atribuciones en cuanto
al mantenimiento y conservación del orden público y social en la zona, la ausencia
de garantía de movilidad de los agricultores de arroz para poder sacar sus productos
y la falta de acciones tendientes al restablecimiento de las condiciones de transporte
de la zona. En ese caso, tal y como se informó en medios de prensa y constituyó un
hecho notorio, se paralizó por más de dos meses un departamento, sin acciones
efectivas por parte del Estado ni esfuerzos que garantizaran el transporte de las
mercancías”.
2. Contestación
El 12 de abril de 20073 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y
ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Ministerio de Transporte4 se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que no estaba legitimado en la causa por pasiva, pues no
se encontraba dentro de sus funciones la de vigilar y controlar el servicio público de
transporte terrestre automotor en los departamentos del Casanare y del Meta, pues
dicha función, según lo previsto en el Decreto 170 de 20015, le correspondía a las
autoridades de tránsito departamentales y municipales en colaboración con la
policía de carreteras. Adicionalmente, sostuvo que no existía relación de causalidad
entre “el supuesto daño y las funciones que desempeña el Ministerio de Transporte”.
3
Fl. 863, C. 2.
4
Fl. 883 a 891, C.2.
5
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros”
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Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
Por ello, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
la genérica.
2.2. La Nación – Ministerio de Defensa6 adujo que no le asistía ningún tipo de
responsabilidad administrativa, en tanto los hechos expuestos en la demanda
fueron ocasionados por un tercero ajeno a la institución castrense, por lo que el
daño alegado por la parte actora no le era imputable. Finalmente, propuso la
excepción de hecho de un tercero.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 5 de agosto de 20097 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte accionante8 y el Ministerio de Defensa9 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en su contestación.
3.2. El Ministerio de Transporte y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de septiembre de 201410, el Tribunal Administrativo del
Meta declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Defensa y del Ministerio de Transportes y, posteriormente, negó las pretensiones
de la demanda, al constatar que aquellas no eran las entidades llamadas a
responder administrativamente por los hechos que desencadenaron el daño al
actor.
Al respecto, indicó: “En el presente caso, no se logra establecer la responsabilidad
administrativa de las entidades demandadas, ya que existe una falta de legitimación
por pasiva, al no ser las entidades llamadas a responder administrativamente por
los hechos que presuntamente desencadenaron el daño patrimonial al actor, así
mismo, no existe el nexo causal que la parte demandante argumenta en su escrito
de demanda, ya que los hechos acontecidos son producto de la acción de un
tercero, causa que exonera de responsabilidad a la administración”.
6
Fl. 892 a 905, C. 2.
7
Fl. 943, C. 2.
8
Fl. 944 a 960, C. 2.
9
Fl. 961 a 965, C. 2.
10
Fl. 1084 a 1096, C. Ppal.
5
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
5. Recurso de apelación
El 29 de enero de 201511, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 28 de enero de 201512 y admitido el 21 de julio de 201513.
5.1. El accionante14 señaló que el a quo no realizó una debida valoración probatoria,
pues los medios de convicción daban cuenta que las entidades demandadas
incumplieron sus deberes constitucionales y legales de garantizar la seguridad y el
transito de los agricultores entre los departamentos del Casanare y del Meta durante
un paro de camioneros.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 18 de agosto de 201515 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte actora16 reiteró los argumentos de la demanda y el recurso de
apelación.
6.2. La Nación - Ministerio de Defensa - Ministerio de Transporte y el Ministerio
Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, puesto que la cuantía17 supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de
reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de
11
Fl. 1099 a 2020, C. Ppal.
12
Fl. 2022 a 2023, C. Ppal.
13
Fl. 2027, C. Ppal.
14
Fl. 1099 a 2020, C. Ppal.
15
Fl. 2048 C. Ppal.
16
Fl. 2049 a 2072, C. Ppal.
17
La cuantía excede de los 500 SMLMV (204.000.000) que se exige para que un proceso tenga
vocación de doble instancia, pues aquella se estimó en $1.953.846.304. por perjuicios materiales.
6
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño por omisiones imputables al Ministerio de Defensa y al
Ministerio de Transporte.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal19.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer
18
“Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
19
Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
20
Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
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Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
21
Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
22
Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
8
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del C.C.A., señala que la acción de reparación directa caducará al
vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta lo siguiente: i) que es un hecho notorio24-25 que entre el 14 de
septiembre y el 4 de octubre de 2004 se llevó a cabo un paro de camioneros entre
los departamentos de Casanare y Meta; ii) que la parte demanda aduce que con
ocasión de dicho paro camionero no pudo comercializar su cosecha de arroz; y iii)
que la demanda se presentó el 29 de septiembre de 200626, es decir, antes del
vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
24
Corte Constitucional, auto 035 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz: “El hecho notorio es aquel cuya
existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por
cualquiera que se halle en capacidad de observarlo debido a su amplia difusión.”
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2016, Rad.: 34349: “En cuanto tiene que ver con el concepto de
‘hecho notorio’, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que ‘el hecho notorio además
de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media.
Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se
conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas
por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”.
26
Fl. 1 a 33, C. 1.
27
Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
9
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
4.1. Ricardo Francisco Solano Quimbaya está legitimado en la causa por activa,
pues se acreditó que era el arrendatario de un lote de terreno en el municipio de
Aguazul (Casanare) destinado a la siembra de arroz, según da cuenta copia del
contrato de arrendamiento28.
4.2. La Nación se encuentra debidamente representada por el Ministerio de
Defensa, en tanto el demandante asegura que dicha entidad incumplió los deberes
normativos a su cargo (art. 270 C.P.), consistentes en conservar y controlar el orden
público en el departamento de Casanare, lo cual influyó en la causación del daño
que se alega en la demanda29.
4.3. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio de Transporte
puesto que dentro de sus funciones no está la de vigilar y controlar el servicio público
terrestre automotor en las entidades territoriales.
En efecto, el artículo 1° del Decreto 2053 de 200330 (vigente para la fecha de los
hechos), establece que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la
formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación
económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de
transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en
materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 170 de 200131, dispone que son autoridades
de transporte competentes las siguientes: “En la jurisdicción nacional. El Ministerio
de Transporte. En la jurisdicción distrital y municipal. Los alcaldes municipales y/o
distritales o en los que estos deleguen tal atribución. En la jurisdicción del área
metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de
transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y
concertada. (…) Las autoridades de transporte metropolitanas, municipales y/o
distritales, no podrán autorizar servicios de transporte por fuera del territorio de su
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
28
Fl. 38 a 36, C. 1.
29
Constitución Política de Colombia. “Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas
Militares permanentes constituidas por el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares
tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional”.
30
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se dictan otras disposiciones".
31
“Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros”.
10
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta”.
De hecho, el artículo 11 ibídem, consagra que “La inspección, vigilancia y control de
la prestación del servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales
y/o municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya
encomendado la función”.
Conforme a lo anterior, está acreditado que pese a que en el escrito de demanda la
parte actora aduce que el Ministerio de Transporte es responsable “por (…) la
ausencia de garantía de movilidad de los agricultores de arroz para poder sacar sus
productos y la falta de acciones tendientes al restablecimiento de las condiciones
de transporte”, lo cierto es que según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del
Decreto 170 de 2001, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 2053 de 2003,
en dicha entidad no recaía la obligación de garantizar la movilidad de los agricultores
de arroz, pues esa facultad estaba radicada en las autoridades territoriales del
departamento del Casanare y Meta.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se acreditó un daño antijurídico susceptible de
ser reparado e indemnizado.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199132 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
32
“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho33, que contraría el orden legal34 o que está desprovista de una
causa que la justifique35, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida36, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros37.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Meta, que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de las demandadas y negó las pretensiones de
la demanda, el extremo activo señaló que el a quo no realizó una debida valoración
probatoria, pues los medios de convicción daban cuenta que el Ministerio de
33
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
34
Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
35
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
36
Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
12
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
Defensa incumplió sus deberes constitucionales y legales de garantizar la seguridad
de los agricultores entre los departamentos del Casanare y del Meta durante un
paro de camioneros.
En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo del 30 de septiembre de 2014, proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil38, exclusivamente habrá lugar a resolver los cargos
formulados contra la decisión recurrida. Por ello, a continuación, se analizará si el
Ministerio de Defensa ocasionó un daño al demandante, consistente en no
garantizar y mantener el orden público durante un paro de camioneros, que a la
postre impidió que comercializara su cosecha de arroz.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados39
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que los recortes de prensa serán
valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como
indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza
de los hechos40.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
38
“Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
39
La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,
conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
40
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
13
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
7.1.1. Está demostrado que desde el 6 de septiembre de 2003, Ricardo Francisco
Solano Quimbaya sostiene “transacciones comerciales” con la Compañía Agrícola
del Llano Ltda., con el fin de obtener “créditos” para la compra de insumos para el
cultivo de arroz, según da cuenta copia de la certificación expedida por Pedro
Gonfrier Franco, en calidad de subgerente de la Compañía Agrícola del Llano Ltda41.
7.1.2. Está probado que el 18 de febrero de 2004, la Cooperativa de Trabajo
Asociado Desarrollo Industrial del Arroz – CODINAR, en calidad de arrendador,
suscribió contrato de arrendamiento con Ricardo Francisco Solano Quimbaya,
Constanza Rocío Silva Polanía y Robinson Perdomo Trilleros, en calidad de
arrendatarios, sobre 1.300 hectáreas del predio denominado “Hato Tamarindo”
ubicado en la vereda río chiquito, municipio de Aguazul (Casanare), para que fueran
destinadas a la siembra de arroz, por el término de 1 año y por un valor de
$338.000.000, según da cuenta copia del referido contrato de arrendamiento42, de
cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“En el municipio de Villavicencio – Meta, el día 18 de febrero de 2004, por una parte,
Ramiro Álvarez Escobar (…) en su condición de representante legal de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Desarrollo Industrial del Arroz – CODINAR (…)
quien para efectos de este acto se denominará EL ARRENDADOR, y por otra, los
señores Ricardo Francisco Solano Quimbaya, Constanza Rocío Silva Polanía y
Robinson Perdomo Trilleros (…) quienes para efectos del presente contrato se
denominarán LOS ARRENDATARIOS; de común acuerdo convienen las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Mediante el presente contrato el arrendador
entrega en calidad de arrendamiento a los arrendatarios, 1.300 hectáreas del predio
Hato Tamarindo ubicado en la vereda Rio Chiquito, municipio de Aguazul –
Casanare. CLAUSULA SEGUNDA: Los arrendatarios se comprometen a destinar el
predio para cultivo de arroz. (…) CLAUSULA CUARTA: El contrato tiene una
duración de un año a partir del 18 de febrero de 2004 y se vencerá el 18 de febrero
de 2005 (…)”.
7.1.3. Esta acreditado que el 17 de marzo de 2004, Ricardo Francisco Solano
Quimbaya, en calidad de contratante, celebró contrato de prestación de servicios
profesionales con Cavsa S.A., en calidad de contratista, para que esta última
sociedad realizara “trabajos de reparación de tierras para cultivo de arroz”
consistentes en “preparación de 750 hectáreas aproximadamente: 2 pazones de
rastra desepadora $70.000 C/U, 1 pazón de pulidor $50.000, 1 encalada $30.000 y
1 caballoneo y sanjada $25.000”. El valor de dicho contrato se fijó en $245.000 por
“héctarea preparada” por el término de 30 días, según da cuenta copia del referido
contrato43.
41
Fl. 42, C. 1.
42
Fl. 35 a 36, C. 1.
43
Fl. 56 a 59, C. 1.
14
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
7.1.4. Está demostrado que entre los meses de mayo y agosto de 2004, Ricardo
Francisco Solano Quimbayo contrató con Fumigación Aérea del Casanare SFA
Ltda., la aspersión de glifosol, mixel, stampir, riffi, entre otros herbicidas, sobre la
Hacienda Tamarindo, según da cuenta copia de los comprobantes de las ordenes
de vuelo44 y las cuentas de cobro que expidió dicha sociedad para el señor Solano
Quimbayo45.
7.1.5. Consta que el 12 de agosto de 2004, Ricardo Francisco Solano Quimbaya,
en calidad de contratante, celebró contrato de prestación de servicios profesionales
con la Comercializadora Llanoriente E.U y Henry Oswaldo Duque Duque, en calidad
de contratistas, para que estos últimos realizaran el “corte y cosecha para saque de
arroz paddy y otros productos agrícolas, según estén las condiciones del cultivo y
las vías de acceso a los lotes” en la hacienda Tamarindo, ubicada en el municipio
de Aguazul, según da cuenta copia del referido contrato de prestación de servicios46.
7.1.6. Probado está que Luis Hernán Pérez Baquero, propietario de la estación de
servicio “El Paso”, ubicada en el corregimiento Paso Cusiana, desde inicios del mes
de junio al 30 de septiembre de 2004 suministró a Ricardo Francisco Solano
Quimbaya “combustible para la siembra de arroz en el Hato Tamarindo, por valor
de $60.917.141”, según da cuenta copia de la certificación expedida por Luis Hernán
Pérez Baquero47 y los vales expedidos por dicha estación de servicios al señor
Solano Quimbaya48.
7.1.7. Está acreditado que “desde el 1 de enero a diciembre 31 de 2004”, Ricardo
Francisco Solano Quimbaya “realizó operaciones comerciales con la Compañía
Agrícola del Llano Ltda.” consistente en la “compra de soya, arroz paddy e insumos”,
así como en la venta de “semillas, abonos, arroz y empaque”, según da cuenta la
certificación expedida por Alexander Pineda Apolinar, en calidad de contador de la
Compañía Agrícola del Llano Ltda49.
7.1.8. Consta que el “17 de abril de 2005”, el diario El Tiempo, publicó la noticia
titulada “Minagricultura (sic) no autorizará mas importaciones de arroz”, según da
44
Fl. 401 a 406, 415 a 421, 423, 427 a 429, C. 1.
45
Fl. 413, 421, 428, 430, C. 1.
46
Fl. 518 a 520, C. 1.
47
Fl. 60, C. 1.
48
Fl. 135 a 302, C. 1.
49
Fl. 400, C. 1.
15
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
cuenta copia impresa de la referida noticia50, de cuyo contenido se destaca lo
siguiente:
“Ayer, productores de arroz de Huila, Tolima y Casanare, realizaron marchas de
protesta en cada una de esas regiones por los bajos precios que la industria
reconoce al productor.
Los manifestantes insisten que además del contrabando, las importaciones
autorizadas por el Gobierno a comienzos de año son una causa de la caída de los
precios.
Según dijeron productores de Casanare, el precio de la carga hace tres meses se
situaba en 84.000 pesos y hoy se está en 56.000 pesos.
La inconformidad de los cultivadores también obedece a los altos costos de los
insumos de producción y al desarrollo de las negociaciones de un tratado de libre
comercio con Estados Unidos.
Al respecto, el viceministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, explicó que el
Gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance para estabilizar los precios y
aseguró que tal como está el mercado el próximo año no se autorizarán
importaciones del cereal.
Este año se importaron apenas 80.000 de las 100.000 autorizadas. En cambio,
aceptó que el contrabando de Venezuela le ha hecho daño al mercado.
Explicó que hasta el momento unas 300.000 toneladas se han beneficiado del
incentivo al almacenamiento.
Recientemente, el Gobierno otorgó a los molineros el beneficio del incentivo al
almacenamiento de arroz para la cosecha excedentaria del Meta y Casanare, con
el fin de presionar al alza los precios del producto.
El incentivo aumentó al 100 por ciento, siempre y cuando los industriales compren
al productor la carga en 70.000 pesos.
En caso de que paguen 68.000 pesos por la carga, ese beneficio solo será para
el 80 por ciento.”
7.1.9. Está demostrado que el “18 de abril de 2005”, el diario El Tiempo, publicó la
noticia titulada “Casanare se ahoga en arroz”, según da cuenta copia impresa de la
referida noticia51, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“De las 169 mil hectáreas sembradas en los dos departamentos los arroceros
perdieron unos 84.500 millones de pesos si se tiene en cuenta que, según ellos, en
promedio cada hectárea arrojó pérdidas por 500 mil pesos.
A la falta de acuerdo entre la industria molinera y los cultivadores de arroz, se sumó
el paro camionero que se dio cuando en el Casanare estaba el taco de la cosecha
y tenía listas para evacuar en los meses de septiembre y octubre cerca de 300 mil
toneladas.
Para los arroceros de Meta y Casanare el paro de camioneros terminó por afectar
aún más la cosecha porque al no haber transporte terrestre algunos cultivadores no
50
Fl. 841, C. 2.
51
Fl. 842, C. 2.
16
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
cortaron a tiempo o llegaron tarde y en el molino se vieron obligados a realizar un
descuento por trilla, ya que si no cortan a tiempo el arroz comienza a perder peso,
a quemarse y a partirse.
El precio de los fletes también incidió. En época normal de cosecha un flete entre
Yopal y Villavicencio era de 35 mil pesos tonelada, hasta el martes por la escasez
de transporte, estaban cobrando más del doble llagando hasta 90 mil pesos la
tonelada”.
7.1.10. Demostrado quedó que el 13 de junio de 2005, el ingeniero agrónomo
Mauricio Adolfo Pérez Cruz, “certificó” que del “mes de marzo de 2004 al mes de
enero de 2005”, desarrolló la labor de asistente técnico de cultivos de Ricardo
Francisco Solano Quimbaya, ubicados en el predio hacienda Tamarindo del
municipio de Aguazul (Casanare), pero que pese al buen manejo agronómico por
parte del agricultor, el ejercicio total del cultivo generó pérdidas “debido
principalmente a los bajos precios de venta del grano y el paro de camioneros
durante el mes de agosto y septiembre del año 2004, que afectó el transporte de la
producción” así como a problemas de orden público. De ello, da cuenta el referido
documento52, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“Por medio del documento certifico que a partir del mes de marzo del año 2004 y
hasta el mes de enero del año 2005, desempeñe la labor de asistente técnico en
cultivos de arroz al señor Ricardo Francisco Solano Quimbaya, identificado con C.C
7.692.679 de Neiva. La ubicación de dichos cultivos fue en el departamento del
Casanare, municipio de Aguazul, vereda Río Chiquito, en predios de la hacienda
Tamarindo, según relación adjunta.
Como característica general, a pesar del buen manejo agronómico por parte del
agricultor, los relativamente bajos costos de producción y la producción misma; el
ejercicio total del cultivo, arrojó pérdidas debido a principalmente a los bajos precios
de venta del grano y al paro camionero durante el mes de agosto y septiembre del
año 2004, que afectó el transporte de la producción.
Es de conocimiento público que este tipo de problemas se generalizó en todas las
zonas arroceras del departamento del Casanare y afectó a la totalidad de los
agricultores de arroz, que, en el presente año, enfrentan graves problemas
financieros y en la mayoría de los casos se han visto obligados a marginarse de la
actividad.
Además de los inconvenientes expuestos, me permito mencionar algunos aspectos
que particularmente influyeron en los malos resultados obtenidos por el señor
Solano en los cultivos:
1. Problemas de orden público e inseguridad de la zona: Desde el inicio del proyecto,
se vivió el asedio de grupos al margen de la ley, que exigieron el pago de vacunas,
y hurtaron maquinaria agrícola.
2. Inapropiada asesoría por parte del arrendatario de los terrenos, quien garantizó
riego permanente durante el cultivo, debido a la toma de agua del Río Chiquito,
canales de distribución y drenajes, así como otras obras complementarias, que no
cumplieron las condiciones técnicas del contrato. Finalmente, los cultivos de arroz
52
Fl. 833 a 834, C. 2.
17
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
riego, tuvieron que ser manejados con criterios secano, dependiendo
exclusivamente de la benevolencia del clima.
3. Debido al hurto de maquinaria, la programación inicial tuvo que ser modificada y
no se logró preparar la totalidad del terreno pactado en el contrato de arriendo.”
7.1.11. Se acreditó que mediante sentencia del 21 de febrero de 2007, el Consejo
de Estado, resolvió la acción de grupo No. 2006-00654 01, promovida por los
arroceros del Casanare, en la cual los demandantes solicitaron que se declarara
patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Agricultura - Ministerio de
Transporte por las pérdidas en la cosecha de arroz de agosto y septiembre de 2004,
causada por un paro de transporte, la importación y el contrabando masivo del
cereal. No obstante, la Sección Tercera negó las pretensiones de la demanda al
constatar que no se acreditó el daño antijurídico. De ello, da cuenta copia de la
referida providencia53, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“(…) De los medios de prueba citados no es posible deducir el daño cuya
indemnización se reclama en la demanda. Como se anotó, gran parte de las pruebas
que fueron aportadas con la demanda no cumplen con los requisitos exigidos por la
ley. De los demás documentos, lo único que se puede deducir es que se trató de
gastos propios de la siembra y cosecha correspondiente al segundo semestre de
2004, aún de los reportes de deudas, de algunos de los miembros del grupo, se
noticia una obligación y no por ello se puede deducir la imposibilidad del afectado
de cumplirla. En efecto, los contratos de arrendamiento de terrenos para cultivo, la
compra de insumos agrícolas y los pagos por fumigación de terrenos son gastos
propios de la producción de cultivo de arroz, por si mismos no acreditan un
detrimento patrimonial. De la misma manera, los informes de la extensión de los
terrenos y la producción por hectárea no permiten concluir la pérdida alegada en la
demanda.
En las pruebas reseñadas solo se alude a algún tipo de perjuicio, respecto de diez
de los miembros del grupo, y nada más en dos casos, el de Libardo Díaz y Ángel
María Burbano se hizo referencia a algún tipo de pérdida, en más de una de las
pruebas que obran en el expediente. El primero es el único que aportó un cobro
prejudicial, cuando en la demanda se afirma que hubo apertura generalizada de
procesos ejecutivos, y las declaraciones de dos transportadores sobre la dificultad
de comercialización del producto. Al segundo hacen referencia dos de los testigos,
uno de ellos, Próspero Alarcón Ortiz, no es claro en cuanto al carácter de las
pérdidas.
El denominador común en estos dos actores y los demás es la indefinición del daño
y en algunos casos, la información aportada resulta contradictoria con lo que se
reclama. Es el caso de Epimenio González que presentó una relación de deudas
con 1.693 días de atraso y a su vez un agrónomo certificó que las 650 hectáreas de
cultivo del demandante se encontraban en excelentes condiciones. En los demás
casos de cultivadores de arroz: Luis Saúl Romero, Iván Vicente Díaz, Miguel
Chaparro Rojas, José María Martín Roa, Jaime Roberto Gámez, Javier y Luis
Fernando Galán Nossa y Avelino Chaparro, la noticia sobre los perjuicios no pasa
de una referencia a la caída de precios por la mala calidad de la cosecha, sin que
se pueda llegarse a algún tipo de certeza sobre su materialización y magnitud.
53
Fl. 1073 a 1081, C. 2.
18
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
Si bien en las declaraciones, de quienes participaron en la cosecha de 2004, se
informó sobre el descenso en el precio, no se cuenta con otros medios de prueba
que permitan confirmar su dicho.
En las estadísticas del DANE del 2004 se revela una (sic) descenso importante en
la productividad por hectárea de arroz sembrado, en el departamento de Casanare,
que bajó a 4,66 toneladas por hectárea, cuando el año anterior fue de 5.75, y en el
lustro se mantuvo por encima de 5,00; sin embargo, no es posible establecer que
impacto tuvo dicha disminución, si de ascenso o descenso en los precios del
producto.
Se concluye, entonces, que la caída de precios alegada en la demanda no se
acreditó y, por lo mismo, los perjuicios que se derivaron de esa situación. Debe
agregarse, como lo manifestó el tribunal, que tampoco es posible determinar el daño
colectivo e individual por el que se reclama.
7.1.12. Consta que mediante oficio No. 1137 del 15 de noviembre de 2017, el
coronel Cipriano Peña Chivata, en calidad de comandante de la décima sexta
brigada del Ejército Nacional con sede en Yopal, hizo constar que Ricardo Francisco
Solano Quimbaya no solicitó protección a dicha unidad operativa y tampoco informó
sobre amenazas en su contra, según da cuenta copia del referido oficio54.
7.1.13. Está probado que mediante oficio No. 17687 del 28 de noviembre de 2017,
el coronel Pedro León Soto Suárez, en calidad de comandante de la séptima brigada
del Ejército Nacional con sede en Villavicencio, hizo constar que Ricardo Francisco
Solano Quimbaya no solicitó protección a dicha unidad operativa “en los meses de
septiembre y octubre de 2004”, según da cuenta copia del referido oficio55.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación
frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar la responsabilidad
54
Fl. 920, C. 2.
55
Fl. 922, C. 2.
19
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
patrimonial de la Administración56-57.
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho58, que contraría el orden legal59 o que está desprovista de una
causa que la justifique60, resultando que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida61, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma
patrimonial que sufrió Ricardo Francisco Solano Quimbaya, al no poder
comercializar su cosecha de arroz como consecuencia del paro de camioneros que
ocurrió en el departamento del Casanare del 14 de septiembre al 5 de octubre de
2004.
56
Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
57
Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
58
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
59
Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
60
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
61
Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
De conformidad con lo anterior y lo expuesto en el numeral 7.2 de esta providencia,
la Sala examinará si el daño deprecado por la parte actora tiene el carácter de cierto
y antijurídico que le permita ser resarcible.
Así las cosas, el primer elemento que se debe observar en el caso concreto, es la
existencia del daño antijurídico, dado que constituye un presupuesto necesario de
la responsabilidad y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de
su imputación al Estado62. Adicionalmente, para que sea indemnizable el daño debe
ser cierto, real, determinado o determinable, so pena, de configurarse como
eventual e hipotético63.
En ese sentido, la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en sostener que no
puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente acreditado el daño64,
comoquiera que de no hallarse acreditado ese primer requisito, no es posible
analizar la actuación de la entidad demandada65.
Así pues, además de los medios probatorios arrimados al proceso, de los cuales ya
se hizo un recuento en los hechos probados, reposa en el expediente testimonio
del 27 de noviembre de 2007 de Mauricio Adolfo Pérez Cruz, quien manifestó ser
el asistente técnico de cultivos de Ricardo Francisco Solano Quimbaya, ubicados
en el predio hacienda Tamarindo del municipio de Aguazul (Casanare), pues en
dicho lugar se iba a desarrollar un proyecto productivo de arroz, el cual se vio
frustrado por problemas de orden público y un paro de camioneros, aunado a que
solamente se pudieron sembrar 800 hectáreas de las 1.300 proyectadas66. De
hecho, en esta diligencia manifestó lo siguiente:
62
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516 y del 6 de
junio de 2012, Rad. 24633.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 20614: “En este orden de ideas, la certeza del perjuicio
hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente
o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquella característica, es decir, es
incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota
realización que pueden suceder o no” y, por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la
responsabilidad patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye,
deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto
indemnizable”. Criterio reiterado en sentencia del 14 de septiembre de 2017, Rad: 44260. Sentencia
del 28 de septiembre de 2017, Rad: 53447. Sentencia del 19 de abril de 2018, Rad: 56171.
64
Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo
de 1998, Rad.: 10397; Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, Rad.: 20614 y Subsección
A, sentencia del 30 de marzo de 2020, Rad.: 45530.
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad: 49939.
66
Fl. 930 a 935, C. 2.
21
Radicado: 500012331000200700100 02 (54509)
Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
“(…) Al señor Ricardo Solano lo conozco hace 5 años lo conocí aquí en la ciudad de
Neiva por contacto de unos amigos mutuos y él me manifestó un proyecto de realizar
un cultivo de arroz en el Casanare con lo cual nosotros establecimos una relación
de trabajo donde yo le prestaba la asesoría técnica en el cultivo que él iba a
desarrollar, más o menos en el mes de abril del año 2004 nos reunimos en la ciudad
de Villavicencio y se decidió arrancar con el proyecto, este fue llevado a cabo en el
Municipio de Aguazul Departamento de Casanare en un predio denominado
Tamarindo que queda ubicado en la Vereda Río chiquito con muy buenas
condiciones de acceso de carreteras, infraestructura y canales de riego, el proyecto
fue avalado por una Empresa que se llama Compañía Agrícola quien se encargó de
suministrar los abonos, insumos y semillas. El proyecto arrancó y una vez
adelantado, como en el mes de mayo se comenzaron a sentir problemas de orden
público que entorpecieron el desarrollo del proyecto. El área de siembra proyectada
fue de 1.300 hectáreas, pero solamente se pudieron desarrollar 800 debido a que
hubo robo de maquinaria, hubo en cierta forma hostigamiento de miembros armados
y esto quedó (sic) un clima desfavorable para desarrollar el proyecto. También tengo
entendido que el señor Solano realizó el pago en forma anticipada del arriendo de 2
cosechas y finalmente solamente se pudo desarrollar una y en una parte, no
totalmente. Puedo decir de manera muy especial que el balance general del ejerció
fue negativo y se presentaron unas pérdidas económicas muy altas, debido
inicialmente a los sobrecostos ocasionados por el robo de la maquinaria y el
desembolso anticipado de la segunda cosecha, pero a mi manera de ver las cosas
creo que lo más significativo lo constituyó la imposibilidad de transportar la cosecha
debido a un paro de transportadores de carga que al parecer afectó en forma muy
específica la zona de los llanos, esta parte fue muy crítica debido a que el arroz
paddy verde que se cosecha es considerado un producto perecedero que si no se
almacena en forma adecuado y se proporciona secamiento puede perderse en su
totalidad, esta situación incrementó aún más los costos de producción debido a que
el paro de los transportadores duró más de 40 días durante los meses de agosto y
septiembre del año 2004, lo cual coincidió con una época donde se concentraba
más del 70% de la cosecha. Yo desconozco los detalles de la cuantía de las pérdidas
económicas, pero puedo hacer una estimación de que esta se encuentra alrededor
de $1.200.000.000 en su totalidad, sin incluir los ingresos dejados de percibir que
pueden ser de más de $500.000.000 en las 800 hectáreas sembradas, solo me
queda decir que esta fue una situación muy generalizada en el departamento del
Casanare y que como el señor Solano la mayoría de los agricultores se vieron
afectadas por los mismos factores. (…). PREGUNTADO: Cuál fue la producción
esperada por hectárea. CONTESTO: La producción del arroz esperada era de 85 a
90 bultos arroz paddy, equivale a 5.3-5.5 toneladas por hectárea. PREGUNTADO: Finalmente que pasó con esa producción. CONTESTO: La producción obtenida en
campo yo creo corresponde a las expectativas, pero debido al problema de
transporte el arroz perdió calidad, sufrió mermas, también tengo entendido que hubo
robo físico de arroz en las mulas ya cuando iba a ser transportado y finalmente el
bajo precio y los costos altos elevados en el punto de equilibrio. PREGUNTADO: Conoció usted la situación de orden público en que se hallaba la zona para cuando
se inició la negociación durante la época de su asistencia técnica. CONTESTO:
Yo
considero que la situación de orden público era normal al momento de iniciar el
proyecto sin embargo a medida que este se fue desarrollando se fue incrementando
la presencia de grupos armados paramilitares que crearon una mala atmósfera
(…)porque constantemente hacían retenes, presencia, intimidaban las personas,
quitaban los vehículos en forma abusiva para movilizarse ellos, imponían que se le
diera trabajo a ciertas personas, infiltrados de ellos que eran considerados
informantes. (…) PREGUNTADO: Conoció usted de actuaciones que el ejército
Nacional hubiere efectuado a raíz de esta problemática de orden público. CONTESTO: No realmente no tengo conocimiento. Lo que sí puedo decir es de la
misma forma como los grupos ilegales realizaban operativos y hacían presencia en
la zona, el ejército hacía lo propio (…)”.
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Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
Ahora bien, como el anterior testimonio proviene de una persona persona cercana
al demandante por razones de amistad y vinculación laboral, la Sala debe analizar
si esta declaración, en los términos del artículo 21767 del Código de Procedimiento
Civil, es sospechosa, dado el interés en las resultas del proceso, puesto que ello
puede afectar su credibilidad e imparcialidad. En este sentido, el artículo 21868 del
Código de Procedimiento Civil señala que el juez apreciará los testimonios
sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden
desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad69.
Así pues, para la Sala, el testimonio de Mauricio Adolfo Pérez Cruz tiene valor
probatorio porque se solicitó en la demanda como prueba testimonial, fue decretada
como tal y la parte demandada conoció la diligencia y no lo tachó de falso.
Hasta aquí debe tenerse por demostrado, entonces, que el 18 de febrero de 2004,
Ricardo Francisco Solano Quimbayo, Constanza Rocío Silva Polanía y Robinson
Perdomo Trilleros arrendaron a la Cooperativa de Trabajo Asociado Desarrollo
Industrial del Arroz – CODINAR, 1.300 hectáreas del predio “Hato Tamarindo” para
cultivar arroz (hecho probado 7.1.2).
Asimismo, se demostró que en virtud del proyecto productivo de arroz, Ricardo
Francisco Solano Quimbayo: i) celebró un contrato de prestación de servicios con
Cavsa S.A., para que esta sociedad realizara trabajos de reparación de tierras para
el cultivo de arroz (hecho probado 7.1.3); ii) contrató con Fumigación Aérea del
Casanare SFA Ltda., la aspersión de glifosol, mixel, stampir, riffi, entre otros
herbicidas, sobre el cultivo de arroz en Hacienda Tamarindo (hecho probado 7.1.4);
iii) celebró contrato de prestación de servicios con la Comercializadora Llanoriente
E.U y Henry Oswaldo Duque Duque, para que estos últimos realizaran el “corte y
cosecha para saque de arroz paddy y otros productos agrícolas, según estén las
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“Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
68
“Artículo 218. Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez.
La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del
testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados
o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo
acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba. Cuando se trate de testigos sospechosos,
los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente
dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha
en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración. El juez
apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
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Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262.
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Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
condiciones del cultivo y las vías de acceso a los lotes” en la hacienda Tamarindo
(hecho probado 7.1.5); iv) acordó con Luis Hernán Pérez Baquero, propietario de la
estación de servicio “El Paso”, el suministro de combustible para la siembra de arroz
(hecho probado 7.1.6); y, v) realizó operaciones comerciales de compra y venta de
insumos y arroz con la Compañía Agrícola del Llano Ltda. (hechos probados 7.1.1
y 7.1.7).
Aunado a lo anterior, constituye un hecho notorio que, del 14 de septiembre al 5 de
octubre de 2004, se realizó un paro de transportadores en el departamento del
Casanare.
No obstante, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se advierte que no está
acreditado el daño antijurídico deprecado por la parte demandante, consistente en
que por el paro de camioneros y la situación de orden público no pudo comercializar
su cosecha de arroz, pues las pruebas traídas al proceso si bien dan cuenta que el
actor estaba desarrollando un proyecto productivo de cultivo de arroz, para lo cual
incurrió en gastos de arrendamiento, insumos, mano de obra, fumigación, entre
otras, no prueban que el paro de camioneros que duró 21 días le causó el detrimento
patrimonial que aduce en la demanda.
En efecto, no se desconoce que el actor incurrió en gastos para llevar a cabo su
proyecto productivo de sembrar arroz en la hacienda Hatogrande del municipio de
Aguazul. No obstante, lo que echa de menos la Sala, es la prueba o la acreditación
de que el paro de camioneros que se llevó a cabo en el segundo semestre del 2004,
le causó al accionante un daño antijurídico, pues no está establecida la cantidad de
cosecha dejada de transportar ni su valor, así como tampoco que haya tenido que
incurrir en gastos para almacenar el producto que no se pudo transportar.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que el paro de camioneros no fue la
única causa de la crisis arrocera acaecida en el año 2004, pues tal como lo sostuvo
Mauricio Adolfo Pérez Cruz en su informe del 13 de junio de 2005 (hecho probado
7.1.10) y en su testimonio, existieron otros factores que influyeron en el valor del
cereal y su comercialización, tales como el bajo precio del grano, el hurto de
maquinaria y la inapropiada asesoría por parte del arrendatario de las 1.300
hectáreas destinadas a la siembra de arroz, pues solo se cultivaron 800 hectáreas.
En suma, pese a que está demostrado que Ricardo Francisco Solano Quimbaya
incurrió en gastos para desarrollar un proyecto productivo de cultivo de arroz, no
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acreditó que el paro de camioneros ocurrido del 14 de septiembre al 5 de octubre
de 2004 le generó un daño antijurídico, pues no probó que durante ese lapso
hubiere perdido las toneladas de la cosecha que afirma haber perdido e igualmente
tampoco acreditó haber incurrido en gastos adicionales para el almacenamiento del
producto cosechado para evitar que pereciera ni haber incumplido un contrato de
venta del insumo o que fue objeto de hurto con ocasión de desórdenes públicos que
acreditara un detrimento patrimonial.
Así las cosas, para la Sala la respuesta al problema jurídico planteado es que el
daño deprecado por la parte demandante no se acreditó, por lo que, ante su
ausencia, como elemento esencial de la responsabilidad del Estado, el análisis de
la imputación se hace innecesario en el asunto bajo examen.
8. Costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS.
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Demandante: Ricardo Francisco Solano Quimbaya
TERCERO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRÍQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
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