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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00061-01

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00061-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Arauca de 30 de junio de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación responsable por los perjuicios causados a los demandantes con la privación injusta de la libertad de Divar Izquierdo Martínez. SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia: Demandante Monto Masa sucesoral de Divar Izquierdo 16,33 SMLMV Martínez Sandra Liliana Leal Herrera 8,165 SMLMV Valentina Izquierdo Leal 8,165 SMLMV CUARTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la masa sucesoral de Divar Izquierdo Martínez la suma de $2.716.467,78, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: DECLARAR que no hay condena en costas”. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en artículo 114 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las previsiones del artículo 329 de la misma norma. CUARTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2008-00061-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta
de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio – Ilegalidad de la medida de aseguramiento

Síntesis del caso: el demandante fue capturado en aparente flagrancia mientras transportaba
una sustancia química que supuestamente era utilizada en la producción de estupefacientes.
Después de practicarse la diligencia de indagatoria, la fiscalía le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva que, posteriormente, fue revocada. El proceso finalizó
con preclusión de la investigación a su favor.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación en contra de la Sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5 Trámite relevante

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de marzo de 2008, Divar Izquierdo Martínez, con su grupo familiar2,
presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en
contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de obtener
la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de su libertad,

1 La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una
sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la
demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo expuesto por la Sala Plena de esta
Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). Asimismo, debido a
que la resolución de este asunto atañe al estudio pretensiones formulados con motivo de una privación injusta de la
libertad, tema sobre el cual existe jurisprudencia consolidada y reiterada, esta Subsección se encuentra facultada para
fallar sin sujeción al orden cronológico de turno, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 y el acta de 10 del 25
de abril de 2013 de la Sección Tercera de esta Corporación.

2 Sandra Liliana Leal Herrera en calidad de cónyuge y Paula Valentina Izquierdo Leal como su hija.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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dentro del proceso penal adelantado en su contra por el delito de tráfico de
sustancias para el procesamiento de narcóticos3.

2. En la demanda se planteó la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Primera. - DECLARAR que LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FUERZAS
MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL – PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y
morales causados al señor DIVAR IZQUIERDO MARTÍNEZ en calidad de directo
afectado y de los perjuicios morales ocasionados a su señora esposa SANDRA
LILIANA LEAL HERRERA y a su menor hija PAULA VALENTINA IZQUIERDO LEAL por falla
en la administración de justicia / ERROR JUDICIAL por haber estado el señor DIIVAR
IZQUIERDO MARTÍNEZ privado de la libertad, mediante captura realizada por las
Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional, posteriormente por orden de la
Fiscalía General de la Nación, sin que la Procuraduría General de la Nación hubiera
cumplido con sus funciones constitucionales respecto a intervenir en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa
del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos o garantías
fundamentales”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Monto
Perjuicios morales Para la víctima directa 400 SMLMV
Para la cónyuge de la víctima directa 200 SMLMV
Para la hija de la víctima directa 100 SMLMV
Lucro Cesante Para la víctima directa $1.200.000
Daño emergente Para la víctima directa $6.000.0004

4. Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se
actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la
providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 29 de abril de 2003, Divar Izquierdo Martínez fue capturado en
aparente situación de flagrancia cuando transportaba en su vehículo una
sustancia química que requería autorización para circular por la región. Luego,
2) se dispuso la práctica de su diligencia de indagatoria y 3) el 7 de mayo de
2003, la Fiscalía 15 delegada ante los Juzgados Especializados de San José del
Guaviare le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el
delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. 4) El 23 de
julio de 2003, la Fiscalía revocó dicha medida y, finalmente, 5) el 28 de abril de
2006, dictó resolución de preclusión de la investigación a su favor. En contra de
esta decisión no se interpusieron recursos.

1.2. Posición de la parte demandada

3 Folios 3 a 24 cuaderno 2.
4 Por los gastos en que incurrió el demandante “para el pago de honorarios profesionales por su defensa técnica”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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7. El Ejército Nacional al presentar su contestación a la demanda5, expuso su
falta de legitimación pasiva en la causa porque su intervención se limitó a llevar
ante la autoridad competente a los sujetos que, en apariencia, ejecutaban
conductas ilícitas. Descartó la configuración de falla alguna en la prestación del
servicio y explicó que “las medidas de aseguramiento no originan
responsabilidad patrimonial del Estado porque éste hace uso de su soberanía
para investigar”. En todo caso, precisó que los indicios de la participación de
Divar Izquierdo Martínez en actividades ilícitas motivaron su detención, por lo
que estaba en la obligación de soportarla. Adujo la caducidad de la acción
puesto que “el hecho se presentó el día 29 de abril de 2003 y con fecha 12 de
marzo de 2008, se presentó la demanda”.

8. La Procuraduría General de la Nación presentó contestación a la
demanda6. Indicó que, en el marco del proceso penal, la intervención del
Ministerio Público es facultativa y sólo se justifica por razones de importancia
social, frente a graves violaciones de los derechos humanos o cuando el sujeto
pasivo de la acción es un menor de edad, circunstancias que no se presentaron
en este caso. Advirtió que, en cualquier caso, dicha intervención no resultaba
vinculante pues le atañe al funcionario judicial resolver lo relativo a la libertad
del procesado. Propuso las excepciones de caducidad de la acción, en
consideración a que el daño sucedió del 29 de abril al 23 de julio de 2003 y,
desde esta última hasta la fecha de presentación de la demanda, transcurrieron
más de dos años. Igualmente, alegó la ineptitud sustantiva de la demanda
puesto que de su contenido no podía inferirse una “actuación dolosa o
gravemente culposa”, por lo que tampoco se constató la falla en la prestación
del servicio.

9. La Fiscalía General de la Nación no presentó contestación a la demanda7.
En la oportunidad para alegar de conclusión, indicó que el ejercicio de la
persecución penal no fue “ilegal, arbitrario, por error jurisdiccional o por
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” y, en cambio,
actuó en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, por lo que
advirtió la inexistencia de una falla en la prestación del servicio. En este sentido,
resaltó que se abstuvo de imponer una medida privativa de la libertad luego de
indagar al sindicado. Alegó la “ineptitud sustantiva de la demanda con ocasión
de la ausencia de nexo causal” y el hecho de un tercero debido al señalamiento
directo que se hiciera al hoy demandante como autor material del delito8.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 30 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió
Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones9. Sostuvo que la privación de la libertad de Divar Izquierdo Martínez
fue ilegal puesto que no cumplió con los fines exigidos por la norma penal.

5 Folios 143 a 148 del cuaderno 1.
6 Folios 164 a 170 del cuaderno 2.
7 Auto de 31 de octubre de 2012. Folios 172 a 176 del cuaderno 2.
8 Folios 243 a 252 del cuaderno 4
9 Folios 12 a 41 del cuaderno 2.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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Aunque advirtió la posibilidad de construir “más de dos indicios graves de
responsabilidad”, la Fiscalía se dedicó a desvirtuar la existencia de casuales de
ausencia de responsabilidad, pero omitió indicar la razón que justificaba la
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad la medida de aseguramiento para
garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena
privativa de la libertad o impedir su fuga.

11. Condenó únicamente a la Fiscalía General de la Nación pues fue la
entidad que ordenó y mantuvo la detención preventiva. En relación con el
Ejército, encontró que su actuación se limitó a ejecutar la captura en flagrancia
del ahora demandante y de, inmediato, ponerlo a disposición de la Fiscalía.
Sobre la Procuraduría concluyó que no tenía competencia para revocar la
medida de aseguramiento como tampoco la “obligación perentoria de
cuestionarla”.

12. En consecuencia, en la parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación responsable por
los perjuicios causados a los demandantes con la privación injusta de la libertad
de Divar Izquierdo Martínez.

SEGUNDO: CONDENAR en consecuencia a la Nación-Fiscalía General de la
Nación a pagarle a los demandantes las siguientes sumas de dinero:
2.1. Perjuicios morales: en SMLMV equivalentes en pesos a la fecha de ejecutoria
de la sentencia a Divar Izquierdo Martínez, Sandra Liliana Leal Herrera y Paula
Valentina Izquierdo Leal: 50 SMLMV a cada uno de ellos.
2.2. Perjuicios materiales-Lucro cesante: para Divar Izquierdo Martínez $2.808.969.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR que no hay condena en costas”.

1.4. Recurso de apelación

13. La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra
de la Sentencia de primera instancia10. Solicitó la aplicación de un régimen
subjetivo de responsabilidad en el cual debía demostrarse que la privación de
la libertad fue “abiertamente desproporcionada y violatoria de los
procedimientos legales”. Aseguró que la medida de aseguramiento dictada en
contra de Divar Izquierdo se ajustaba a las exigencias sustanciales y formales de
la ley, así como al principio de investigación integral que le imponía el deber de
investigar lo favorable y desfavorable respecto del comportamiento del
sindicado. Señaló que la carga para establecer la verdad procesal
correspondía tanto al fiscal como al juez. Finalmente, cuestionó el
reconocimiento de los perjuicios ya que no estaban acreditados y, mucho
menos, se comprobó la actividad económica del demandante principal.

1.5. Trámite relevante

10 Índice 56 de SAMAI del Tribunal.

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Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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14. Mediante Auto de 1 de julio de 2021, el Tribunal declaró la interrupción del
proceso con fundamento en la segunda causal del artículo 168 del CPC, debido
al fallecimiento de la apoderada de la parte demandante11. Luego, el 21 de
febrero de 2024, constató que Divar Izquierdo Martínez falleció el 21 de
diciembre de 201212, por lo que ordenó seguir adelante con el trámite de
notificación de la Sentencia a través de la fijación de edicto. Asimismo, ordenó
enviar la providencia a los correos electrónicos de notificación informados por
la demandante Sandra Liliana Leal Herrera13, comunicación que fue enviada el
22 de febrero de 202414.

15. El 3 de octubre de 2025, el magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su
impedimento para conocer del asunto de la referencia15, que fue aceptado
mediante auto de 29 de octubre del mismo año16. Al momento de discutir en
Sala el proyecto de decisión, se realizó el sorteó de conjuez y se designó al
magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. El daño; 2.3. Análisis
de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5.
Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

16. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la
demanda17. En esta providencia, la Sala modificará la Sentencia de primera
instancia. Por una parte, mantendrá la declaratoria de responsabilidad del
Estado por la privación injusta de la libertad de Divar Izquierdo Martínez, porque
la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para
su imposición. Por otra, ajustará el monto de los perjuicios morales y materiales
reconocidos a los demandantes, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
corporación y negará las demás pretensiones.

17. No habrá pronunciamiento sobre la responsabilidad de las entidades
demandadas que fueron exoneradas en primera instancia, ni la negativa al
reconocimiento de los demás perjuicios solicitados en la demanda, porque estos
aspectos no fueron objeto de apelación.
18. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero,
identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho a
la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá

11 Índice 17 de SAMAI del Tribunal.
12 Registro civil de defunción. Índice 52 de SAMAI del Tribunal.
13 Los cuales fueron informados mediante comunicación telefónica.
14 Índice 55 de SAMAI del Tribunal.
15 Índice 18 de SAMAL
16 Índice 23 de SAMAI
17 La providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 30 de junio de 2006 y la demanda fue presentada

el 12 de marzo de 2008, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136,
numeral 8, del C.C.A. Esto, si se tienen en cuenta los artículos 179 y 187 de la Ley 600 de 2000, dicha resolución se notificó
por estado el 22 de junio de 2006, por lo que debió quedar ejecutoriada, el 30 de junio siguiente. Página 334 del
documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal
penal vigente para ese momento. Posteriormente, dado que en este caso no se
evidenció el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en
casos de privación injusta de la libertad, imputará el daño, únicamente, a la
Fiscalía General de la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los
perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. El daño

19. Está probado que Divar Izquierdo Martínez fue privado de su libertad,
desde el 29 de abril de 200318 hasta el 5 de agosto del mismo año19, es decir, por
un periodo de 3 meses y 8 días. También está probado que, el 28 de abril de
2006, la Fiscalía 15 Especializada de San José del Guaviare dictó la preclusión de
la investigación a su favor20.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

20. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación
penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo
con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se definía solo en
aquellos casos en que era procedente la detención preventiva. Asimismo, de
conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se
imponía: 1) cuando se tratase de un delito que tuviera prevista pena de prisión
cuyo mínimo fuera o excediera de 4 años, si se encontraba dentro del listado
indicado por la ley o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria
ejecutoriada proferida por ciertos delitos; 2) si aparecieran, por lo menos, dos
indicios graves de responsabilidad y 3) si resultaba necesaria para el
cumplimiento de alguno de sus fines21.

21. Inicialmente, se advierte que la medida de aseguramiento dictada en
contra de Divar Izquierdo Martínez por el delito de tráfico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos fue adoptada por una conducta respecto de la
cual procedía la detención preventiva, al encontrarse incluida dentro de la
hipótesis establecida por el artículo 357, numeral 1, del C.P.P22. No obstante, la
Sala precisa que, la Fiscalía no tenía un fundamento probatorio sólido para inferir
la responsabilidad penal del entonces sindicado y, además, no justificó la
necesidad de su imposición conforme a los fines constitucionales y legales, por
lo que la medida de aseguramiento fue ilegal.

18 Acta de derechos del capturado e informe de captura rendido por el Ejército Nacional, así como la orden de
encarcelamiento librada por la Fiscalía 15 especializada del Meta. Páginas 2 a 3, 12 y 16 del documento:
Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno principal.
19 Acta de compromiso. Página 240 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio

290 del cuaderno principal.
20 Páginas 325 a 333 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno

principal.
21 Artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Fines. “La imposición de la medida de aseguramiento procederá para

garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga
o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos
probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.
22 La pena mínima de prisión contemplada para el delito investigado supera los 4 años.

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Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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22. Mediante la Resolución de 7 de mayo de 2003, la Fiscalía 15 delegada
ante los Juzgados Especializados de San José del Guaviare definió la situación
jurídica de Divar Izquierdo Martínez y dos sujetos más, quienes fueron capturados
en aparente flagrancia mientras transportaban “80 bultos de urea” distribuidos
en tres vehículos, en una “carretera paralela que del municipio de El Retorno
conduce a San José del Guaviare”, sin que portaran la autorización que
permitiera la circulación de dicha sustancia en la región23. El hallazgo fue
reportado por la Cuarta División de la Brigada Móvil No. 7 del Ejército Nacional,
durante las labores de control y patrullaje adelantadas en el lugar. Los
uniformados relataron que, aproximadamente a las 6:45 de la mañana del 29 de
abril de 2003, los vehículos fueron encontrados en la vía, inspeccionados en el
lugar y, luego, trasladados al puesto de observación militar para determinar el
contenido de la carga. Cerca de las 9 de la mañana, Fredy Ríos Álvarez se
presentó al puesto de observación y se identificó como el propietario de la
sustancia transportada24.

23. Luego de su captura, al rendir indagatoria25, Divar Izquierdo Martínez
aceptó que transportaba la sustancia incautada, pero que desconocía la ilicitud
de la conducta porque la urea era un insumo utilizado como abono para cultivos
agrícolas. Que no habían sufrido inconvenientes en el trayecto, pues, al
atravesar los retenes militares anteriores, avanzaron sin dificultad y que, el dueño
de la carga era quien indicaba la ruta.

24. Para establecer los indicios de participación criminal de los entonces
procesados, la Fiscalía explicó que “aunque los relatos son coherentes en este
punto [sobre la normalidad del transporte de estos insumos], también debe
considerarse que la urea es una sustancia controlada no sólo en el
departamento del Guaviare sino también en el departamento del Meta y hacia
los departamentos de la Orinoquía”. El hecho de que los transportadores
debieran “cumplir engorrosos procedimientos” para autorizar el desplazamiento
de ciertas sustancias por las vías del departamento, así como “la subterfugia
manera en que el cargamento es llevado por una trocha en el municipio de El
Retorno”, resultaban relevantes para evidenciar la ilicitud de la operación que
realizaban. Tampoco le resultó creíble el argumento exculpatorio acerca del
desconocimiento del destino de la carga pues “la seguridad de haber acordado
un precio justo o aproximado en el flete tiene precisamente el soporte de tener
una idea de la región a donde se dirigían”. Además, sostuvo, que “el hecho de
que hay un gran número de retenes militares entre el municipio de Granada y
Puente del Nowen significa o que se utilizaron también vías alternas para esquivar
dichos controles o que se empleó alguna forma de corrupción para poder pasar
la notoria carga sin los requisitos legales”. Así, la Fiscalía concluyó que no existía
una causal de exclusión de responsabilidad.

23 Folio s 29 a 33 del cuaderno 1.
24 Mediante providencia de 27 de mayo de 2003, la Fiscalía 15 delegada ante los Juzgados Especializados de San José

del Guaviare decretó la ruptura de la unidad procesal debido a que Fredy Ríos Álvarez se acogió al trámite de sentencia
anticipada. Página 110 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del
cuaderno principal.
25 Páginas 29 a 33 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno

principal.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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25. Sobre este punto, se debe reprochar que la Fiscalía, cuando tuvo la
oportunidad de exponer la construcción para indicar la responsabilidad de los
procesados, omitió acudir a las normas reglamentarias quebrantadas y que
armonizaban la aplicación del Código Penal, pues la formulación del tipo penal
no contemplaba expresamente la sustancia incautada –urea– como una
comúnmente utilizada para “el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de
origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia”. Lo anterior,
hacía indispensable indicar los supuestos que habilitaban la aplicación de las
exigencias dictadas en la Resolución 005 de noviembre de 2002 por la Comisión
Nacional de Estupefacientes, en el sentido de dictaminar como ilegal el
transporte de este elemento químico o de requerir la autorización de las
entidades competentes para su circulación en el departamento del Guaviare.
Por ello, los hallazgos hasta esa instancia evidenciaban la insuficiencia de los
elementos para estructurar la comisión de una conducta punible.

26. Como se sostuvo en la resolución de calificó el mérito de la investigación26,
la Fiscalía no contaba con elementos de juicio suficientes que permitieran
construir los indicios graves de responsabilidad en contra del procesado. En esa
oportunidad, el mismo instructor cuestionó que la sustancia incautada
correspondiera a alguna indicada como prohibida o con restricciones en su
comercialización y transporte en el país, pues para el momento en que se
resolvió la situación jurídica no existía certeza de sus componentes químicos.
Tampoco se logró establecer que la cantidad transportada superara los topes
que hacían exigible la autorización para su circulación en la región, de acuerdo
con la Resolución 005 de noviembre de 2002 dictada por la Comisión Nacional
de Estupefacientes que permitía el transporte de hasta 100 kilos de UREA
AMONIACAL, “pues si bien se habla de una totalidad de 80 bultos, no se
determinó el peso de cada uno de estos”.

27. La Fiscalía señaló que la investigación permitió concluir, a partir de la
experticia técnica practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias, el 11 de julio de 2003, que “las muestras [que fueron] remitidas
corresponden a UREA, sin más especificaciones, sustancia que no resulta
equivalente con la sustancia controlada en la Resolución 005 de noviembre de
2002, esto es UREA AMONIACAL. A la misma conclusión arribó el Cuerpo Técnico
de Investigaciones Fiscalía General de la Nación- División Criminalística,
Laboratorio Área de Química aplicada quien precisa que la sustancia objeto de
experticio es UREA, de lo cual no es dable señalar que esta no es la sustancia a
la que hace referencia la resolución”. Por lo que dispuso la preclusión de la
investigación a favor de los conductores procesados.

28. Ahora, respecto a la necesidad de la medida, la Sala observa que la
entidad se limitó a constatar la presunta responsabilidad del sindicado en la
conducta investigada, pero no explicó por qué en este caso en concreto se
cumplían los fines constitucionales y legales para la imposición de una medida
de aseguramiento. Es decir, no argumentó por qué era necesaria para

26 Página 325 a 333 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno

principal.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
__________________________________________________________________________________

resguardar la actividad probatoria del proceso, garantizar el eventual
cumplimiento de la pena o para la protección de la comunidad.

29. En consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por la
ley procesal vigente para la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva, la Sala declarará la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación a título de falla del servicio y ordenará el pago de los perjuicios
causados a Divar Izquierdo Martínez por la privación injusta de su libertad.

2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño

30. La Sala no advierte la configuración del hecho exclusivo de la víctima,
causal eximente de responsabilidad en materia de privaciones injustas de la
libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual
pueda predicarse su incidencia en la generación del daño, como se advierte
de las resoluciones de definición de situación jurídica y de preclusión de la
investigación.

31. El demandante Divar Izquierdo Martínez estuvo privado de la libertad,
desde su captura hasta el momento en que se dispuso la revocatoria de la
medida de aseguramiento de detención preventiva, período durante el cual
únicamente estuvo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por lo que
el daño alegado le es imputable a esta entidad.

2.5. Liquidación de perjuicios

2.5.1. Perjuicios inmateriales27

32. De acuerdo con las reglas de la experiencia, la privación de la libertad
causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia,
zozobra e incertidumbre de la persona que sufre la detención. Con el fin de
unificar las reglas sobre la prueba y cuantificación de los perjuicios morales en
casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la
Sección Tercera de esta corporación, en Sentencia de 29 de noviembre de
202128, mantuvo la presunción de la afectación moral respecto de la víctima

27 En criterio del ponente, toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen

nombre de quien la padeció. El ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la
población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la
detención preventiva de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad y
que dicha persona no podía defenderse de los cargos estando en libertad. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, encuentro que de la vulneración al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre
la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, lo que constituye una clara vulneración a bienes y
derechos protegidos constitucional y convencionalmente. Así, considero que la adopción de una medida de
restablecimiento del derecho al buen nombre del demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa que le
compete a todo funcionario judicial, la cual procede, incluso, de manera oficiosa. Por ello, tal medida debió ordenarse
en este caso, tal como lo ha hecho esta Subsección en pronunciamientos anteriores. Al respecto ver Corte Constitucional.
Sentencia T-977 de 1999, C-452 de 2016 y T-977 de 1999; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, en la que se indicó: “se
reconocerá, aun de oficio, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados. Procederá siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su
concreción y se precise su reparación integral”.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial

de 29 de noviembre de 2021, Exp. 46681. Según esta providencia, si la privación de la libertad tuvo una duración igual o
inferior a un mes, una suma fija equivalente a 5 SMLMV. Si la privación tuvo una duración superior a un mes, por cada

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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directa y estableció los topes máximos para ser observados en la tasación de su
indemnización. Esto último, en función del tiempo de la detención (cuyo
incremento es progresivo) y en consideración a la proporcionalidad respecto de
los topes fijados para otro tipo de daños (v.gr. en caso de muerte).

33. Con el escrito de demanda se solicitó que se llamara como testigos a
Carlos Arturo Cuellar, Tubiel Palacios Lozano y Julio Emilio Gómez Díaz dirigidos a
comprobar los perjuicios morales ocasionados; la prueba fue decretada por el
Tribunal, pero no fue practicada ya que, pese a que el despacho comisorio fue
librado y los declarantes fueron citados, estos no acudieron a la diligencia y la
parte interesada no insistió en su recaudo29.

34. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala aplicará la presunción contenida en la
decisión de unificación y reconocerá la reparación del perjuicio sufrido por
Sandra Liliana Leal Herrera y Valentina Izquierdo Leal, cónyuge e hija del
demandante principal, respectivamente30. Por lo anterior, dado que Divar
Izquierdo Martínez permaneció privado de la libertad por 3 meses y 8 días, le
corresponde a su favor la suma equivalente a 16,33 SMLMV. A Sandra Liliana Leal
Herrera y Valentina Izquierdo Leal se hará un reconocimiento que consistirá en el
50% del monto tasado para la víctima directa31, esto es, 8,165 SMLMV para cada
una de ellas.

35. Ahora, comoquiera que se constató que Divar Izquierdo Martínez falleció
el 21 de diciembre de 201232, la indemnización tasada a su favor será reconocida
a la masa sucesoral.

2.5.2 Perjuicios materiales

36. Contrario a lo señalado por la Fiscalía en su apelación, la Sala encuentra
acreditado el perjuicio por concepto de lucro cesante. Para el momento de su
detención, el demandante trabajaba como conductor33, y esta era su actividad

mes adicional transcurrido, se adicionan 5 SMLMV; y además, por cada día adicional al último mes transcurrido, una
fracción equivalente a 0,166 SMLMV. En todo caso, la indemnización no podrá superar los 100 SMLMV, salvo que se
acrediten circunstancia que evidencien una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio moral padecido; en
dicho evento el tope máximo será de 300 SMLMV.
29 Audiencia de pruebas adelantada el 3 de febrero de 2016. Folios 671 a 169 en archivo 1_ED_01CUADERNO01(.pdf),

expediente digital del Tribunal, índice 33 de SAMAI.
30 Registro civil de nacimiento y partida de matrimonio. Folios 25 y 26 del cuaderno 1.
31 En mi condición de ponente de la decisión, debo precisar que la Sentencia de unificación estableció un tope

indemnizatorio para los demandantes que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad o acudan en
calidad de cónyuge o compañero permanente, consistente en el reconocimiento de hasta el 50% de lo concedido al
demandante principal. Proporción que responde a un límite que deber ser observado por el juez para fijar la
indemnización, más no a una aplicación irrestricta de dicho porcentaje, de donde lo habilita para graduar la intensidad
de ese perjuicio de acuerdo con lo probado en el proceso y los parámetros jurisprudenciales. Por ello, en este caso, ante
la ausencia de elementos que permitieran establecer la intensidad de tal afectación, debió graduarse la proporción
reconocida como lo ha hecho esta subsección en anteriores pronunciamientos.
32 Registro civil de defunción. Índice 52 de SAMAI del Tribunal.
33 Según se dejó constancia en las diligencias que se adelantaron dentro del proceso penal. Se tomaron declaraciones

a residentes del sector para reconocer a los conductores que fueron capturados en los hechos expuestos, los declarantes
sostuvieron: “Ellos son conductores [Dívar Izquierdo y los demás capturados] de camperos de la playa, su profesión la
ejercen aquí en Granada hace aproximadamente 10 años”; “al señor DIVAR MARTÍNEZ (…) lo conocí porque es el
conductor y yo tengo un negocio de repuestos para camperos de esta localidad, (…) de las actividades de DIVAR sé
que hacía viajes en el capero en esta jurisdicción”; “A DIVAR, JOSÉ y WALTER son de profesiones conductores, los conozco
desde la fecha entes mencionada [aproximadamente un año], A ellos los conocí en la carrera 15 porque ese es el puesto
de trabajo de ellos ya que ellos desempeñan siempre ese oficio”; “a él [Divar Izquierdo] lo conocí en el parque principal
de esta localidad, nos hicimos amistad porque ambos no la pasábamos esperando en el parque para ver si nos salía
viaje de acarreos a cualquier parte de esta región, él es conductor y no la pasábamos ahí con el vehículo cada uno”

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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económica habitual. No obstante, no se concluirá lo mismo respecto del monto
mensual devengado, como quiera que no se aportaron medios de prueba
dirigidos a ese fin.

37. En consecuencia, la Sala liquidará este perjuicio con base en el salario
mínimo legal vigente34, sin que haya lugar al incremento del 25% por concepto
de prestaciones sociales, al no haber sido solicitado en la demanda y no
comprobarse un vínculo laboral de subordinación. Además, se tomará en
consideración el tiempo que estuvo privado de su libertad (3 meses y 8 días).

38. La operación matemática arroja como resultado la suma de
$4.666.184,235. No obstante, el monto actualizado de la pretensión estimada en
la demanda por este concepto resulta inferior al tasado en esta instancia, de
modo que, atendiendo al principio de congruencia se reconocerá la suma de
$2.716.467,7836 a la masa sucesoral de Divar Izquierdo Martínez.

2.6. Costas

39. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Andrés Palma Ureña, Rubiel Palacios Lozano, Rodrigo Muño Ríos, Norvey Osorio Espinosa, páginas 164 a 166, 168 a 170,
174 a 176, 180 a 182 del documento: Expediente90686IdCuaderno9.pdf, contenido en CD visible a folio 290 del cuaderno
principal.
34 De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual: “[e]l ingreso base de liquidación deber ser

lo que se pruebe fehacientemente que devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de
la actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos (…) pero [cuando] se carezca de la prueba suficiente del
monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una ama
de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como
ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de
reparación directa”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio
de 2019, Exp. 44572.
35 Se aplicó la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $ 1.423.500 x (1+ 0.004867)3.26 - 1
0.004867
S = $ 4.666.184,2

36 Para actualizar dicho monto se aplica la siguiente fórmula:

Vp: Valor presente de la renta.; Vh: capital histórico o suma que se actualiza: $1.200.000 Índice final certificado por el
DANE para octubre de 2025: 151.76; Índice inicial certificado por el DANE para marzo de 2008 – fecha de presentación
de la demanda- 67.04.

Vp= 1.200.000 x 151,76
67.04
Vp= 2.716.467,78

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00061-01 (71.584)
Actor: Divar Izquierdo Martínez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica parcialmente
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RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Arauca de
30 de junio de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación responsable por
los perjuicios causados a los demandantes con la privación injusta de la libertad
de Divar Izquierdo Martínez.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por
concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas
expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia:

Demandante Monto
Masa sucesoral de Divar Izquierdo 16,33 SMLMV
Martínez
Sandra Liliana Leal Herrera 8,165 SMLMV
Valentina Izquierdo Leal 8,165 SMLMV

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la
masa sucesoral de Divar Izquierdo Martínez la suma de $2.716.467,78, a título de
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: DECLARAR que no hay condena en costas”.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la Sentencia
de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en artículo 114 del Código
General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá las
previsiones del artículo 329 de la misma norma.

CUARTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Magistrado Conjuez
Salvamento parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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