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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00224-01

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00224-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2018 por la Sala Transitoria de Tribunal Administrativo, con sede en Bogotá, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Uribe por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las lesiones ocasionadas a Luis Eduardo Vargas. SEGUNDO: CONDENAR al municipio de Uribe a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, a la fecha de ejecutoria de la presente providencia: Luis Eduardo Vargas Víctima 100 SMMLV Sandra Milena Vargas Alvarado Hija 100 SMMLV Luis Eduardo Vargas Fierro Hijo 100 SMMLV Annyi Lizeth Vargas Pulido Hija 100 SMMLV Sebastián Vargas Ortiz Hijo 100 SMMLV 30 Radicación: 50001233100020080022401 (62496) Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros TERCERO: CONDENAR al municipio de Uribe a pagar a Luis Eduardo Vargas, por concepto de daño a la salud, el equivalente a 100 SMMLV, a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: SIN COSTAS. SEGUNDO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2008-00224-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 50001233100020080022401 (62496)
Demandante: LUIS EDUARDO VARGAS Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE LA URIBE

Tema: Accidente de tránsito. Lesiones de pasajero de vehículo oficial.
No se probó el hecho exclusivo de la víctima.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda contra la
sentencia del 21 de mayo de 2018, proferida por la Sala Transitoria de Tribunal
Administrativo, con sede en Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de septiembre de 2006, aproximadamente a las 12:00 horas, en la vía que del
municipio de Granada conduce a San Juan de Arama, el vehículo oficial de placas
OJK-003, conducido por el alcalde del municipio de Uribe -Jorge Diego Ospina
Rodríguez- colisionó con otro automóvil, después de que el burgomaestre invadiera
el carril contrario a alta velocidad. En ese incidente resultó lesionado el agente de
la Policía Nacional Luis Eduardo Vargas, quien se desplazaba en el vehículo oficial
como pasajero y se desempeñaba, para ese momento, como escolta de Ospina
Rodríguez. Luis Eduardo Vargas y sus hijos solicitaron la declaratoria de
responsabilidad del municipio de Uribe porque, a su juicio, fue un vehículo de su
propiedad y a su servicio el que causó el resultado lesivo, en el ejercicio de una
actividad peligrosa.

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Radicación: 50001233100020080022401 (62496)
Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 3 de junio de 20081, Luis Eduardo Vargas, Sandra Milena Vargas Alvarado, Luis
Eduardo Vargas Fierro, Annyi Lizeth Vargas Pulido y Sebastián Vargas Ortiz,
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda contra el municipio de Uribe, ubicado en el departamento del
Meta, para que fuera declarado patrimonialmente responsable por las lesiones que
sufrió Luis Eduardo Vargas.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte
demandada a pagar: por perjuicios morales, 1000 SMLMV en favor de la víctima
directa, así como 400 SMLMV en favor de cada uno de sus hijos; por “perjuicios
fisiológicos”, 800 SMLMV en favor de Luis Eduardo Vargas; por daño emergente, la
suma de $58’259.4822 y por lucro cesante, el equivalente a $353’433.8523.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 5 de septiembre
de 2006, aproximadamente a las 12:00 horas, en la vía que del municipio de
Granada conduce a San Juan de Arama, el vehículo oficial de placas OJK-003,
conducido por Jorge Diego Ospina Rodríguez, entonces alcalde del municipio de
Uribe (Meta) colisionó con otro automóvil, después de que el entonces
burgomaestre invadiera el carril contrario a alta velocidad.

Sostiene que en el vehículo oficial se desplazaba como pasajero Luis Eduardo
Vargas, miembro de la Policía Nacional que, para el momento en que ocurrió el
accidente, hacía parte del esquema de seguridad personal de alcalde.

1 El escrito inicial obra a folios 2 a 17 del cuaderno principal. Acta individual de reparto visible a folio

158 del cuaderno principal.
2 Suma que solicitó por “la merma de la capacidad laboral otorgada por la Junta Medico Laboral de

policía No. 2122 de fecha 13 de noviembre de 2007, o la que se pruebe en el proceso”.
3 Concepto que pidió por la pérdida de capacidad laboral de la víctima “hasta [su] edad probable de

vida de 75 años”.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

Como consecuencia de este accidente, Luis Eduardo Vargas perdió el 52.43% de
su capacidad laboral, según lo determinó la Junta Medico Laboral número 2122 de
la Policía Nacional.

Los demandantes consideran que el municipio de Uribe es patrimonialmente
responsable por las lesiones que sufrió Luis Eduardo Vargas, toda vez que el daño
provino del ejercicio de una actividad peligrosa, la conducción de un vehículo de
propiedad y al servicio del Estado. Asimismo advierten que el entonces alcalde
municipal efectuó una maniobra peligrosa de adelantamiento con la que transgredió
disposiciones del Código Nacional de Tránsito, en tanto que invadió el carril en
sentido contrario a alta velocidad.

2. Contestación

El 11 de junio de 20084 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y
ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1. El municipio de Uribe5 indicó que en el sub lite se encontraba configurado el
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues Luis Eduardo
Vargas pudo percatarse de que el entonces alcalde de Uribe conducía el vehículo
oficial con exceso de velocidad, por lo que “debió exigirle como escolta y persona
que velaba por la seguridad, vida e integridad (…) y de su propia vida, que
disminuyera la velocidad del vehículo”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de febrero de 20176 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Folios 159 y 160 del cuaderno principal.
5 Folios 181 a 190 del cuaderno principal.
6 Folio 322 del cuaderno principal.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

4.1. La parte actora7 y la entidad territorial demandada8 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de mayo de 2018, la Sala Transitoria de Tribunal
Administrativo, con sede en Bogotá9, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

En relación con el primer elemento de la responsabilidad, el a quo expuso que las
lesiones de Luis Eduardo Vargas se encontraban plenamente acreditadas, pues, de
acuerdo con el dictamen pericial realizado por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Meta, perdió un 83,73% de su capacidad laboral.

En el estudio de la imputación, el Tribunal Administrativo advirtió que el vehículo
involucrado en el siniestro era de propiedad del municipio de Uribe y que era
conducido por el entonces alcalde de ese ente territorial, quien, para el momento de
los hechos, estaba en ejercicio de funciones propias de su cargo. Agregó que se
configuró una falla en el servicio, teniendo en cuenta que el entonces alcalde
municipal invadió el carril contrario cuando intentó adelantar a otro automóvil,
conducta irregular que ocasionó el accidente de tránsito en cuestión.

Descartó la configuración de una culpa exclusiva de la víctima, después de razonar
que Luis Eduardo Vargas “no era quien tenía a cargo la conducción del vehículo
automotor involucrado en el accidente sino el alcalde municipal de Uribe, lo que le
impedía tener el control sobre la actividad riesgosa”.

7 Folios 323 a 326 del cuaderno principal.
8 Folios 328 a 330 del cuaderno principal.
9 El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-10920 de 2018, creó una Sala

Transitoria de Tribunal Administrativo, con sede en la ciudad de Bogotá, ente judicial que asumió el
conocimiento de este proceso.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

En la parte resolutiva de la providencia dispuso: “PRIMERO. DECLARAR
patrimonialmente responsable al MUNICIPIO DE URIBE, META de los perjuicios
ocasionados a los demandantes derivados de las lesiones que padeció el señor Luis
Eduardo Vargas, a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 5 de septiembre de 2006
en la vía que conduce del Municipio de Granada a San Juan de Arama, mientras se
transportaba en el vehículo oficial de placas OJK-003. SEGUNDO. En
consecuencia, CONDENAR al MUNICIPIO DE URIBE, META a pagar a los
demandantes las siguientes sumas de dinero: Por daño a la salud: A favor del señor
Luis Eduardo Vargas el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 s.m.l.m.v.) al momento de esta sentencia. Por perjuicios morales: A
favor de Luis Eduardo Vargas, Sandra Milena Vargas Alvarado, Luis Eduardo
Vargas Fierro, Annyi Lizeth Vargas Pulido y Sebastián Vargas Ortiz la suma
equivalente a cien salaros mininos legales mensuales vigentes (100 s.m.m.v.) al
momento de esta sentencia, para cada uno. TERCERO. CONDENAR en abstracto
al MUNICIPIO DE URIBE, META a pagar al señor Luis Eduardo Vargas, por
concepto de lucro cesante, el valor que se establezca en incidente de regulación de
perjuicios, para lo cual se deberá atender los lineamientos fijados en la parte motiva
de esta providencia. CUARTO. Sin condena en costas”.

5. El recurso de apelación

El 16 de julio de 2018, el municipio de Uribe interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 1° de agosto de 201810 y admitido por esta Subsección el 30 de
abril de 201911.

5.1. El municipio de Uribe12 indicó que la condena “deb[ía] reducirse en un 50%
teniendo en cuenta que la víctima directa, el señor Luis Eduardo Vargas, concurrió
con culpa en la causación del daño que sufrió”. En ese punto, expuso que la víctima
consintió la imprudencia con la que, el 5 de septiembre de 2006, Jorge Diego Ospina
Rodríguez conducía y omitió desplegar cualquier acción tendiente a evitar su
“exposición al daño”. En respaldo de este argumento, mencionó el informe del

10 Folio 368 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folio 373 del cuaderno del Consejo de Estado.
12 Folios 352 y 353 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

accidente de tránsito y la declaración que rindió Wilson Ospina Rodríguez, que
hicieron referencia al exceso de velocidad con el que se desplazaba el vehículo
oficial.

Además, insistió en que aunque el aquí demandante perdió un 83.75% de su
capacidad laboral, se acreditó, a la par, que sus ingresos laborales no se vieron
disminuidos, porque siguió laborando hasta que, aproximadamente un año después,
le fue reconocida su asignación de retiro. Bajo esa línea argumentativa, concluyó
que no obraba medio de convicción en el expediente que diera cuenta de que el actor
sufrió un lucro cesante con ocasión del accidente de tránsito objeto de estudio.

6. Alegados de conclusión en segunda instancia

6.1. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 21 de mayo de 2018, proferida por la Sala Transitoria de Tribunal
Administrativo, con sede en Bogotá, puesto que la cuantía, dada por la pretensión
mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso
adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998
y el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo13.

13 Los Tribunales Administrativos conocían en primera instancia, entre otras, de las acciones de

reparación directa cuando la cuantía excediera la suma equivalente a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Como en la demanda, presentada el 3 de junio de 2008, la
pretensión mayor correspondió a $353’433.852, por concepto de lucro cesante en favor de Luis
Eduardo Vargas, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos. Vale la pena precisar que 500 SMLMV en 2008 eran
equivalentes a $230’750.000.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8614 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, pues se pretende la
reparación de daños que, según los demandantes, son imputables al municipio de
Uribe (Meta), por los hechos acaecidos el 5 de septiembre de 2006.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto
se trata de un presupuesto procesal15.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando

14 Artículo 86. “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando

la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o
permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las
entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren
conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o
exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
15 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

a la protección del interés general16, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción17, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia19, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en
cuenta que Luis Eduardo Vargas sufrió varias lesiones el 5 de septiembre de 2006,
como consecuencia de un accidente de tránsito (hecho probado 7.1.3.) y que la
demanda se presentó el 3 de junio de 200820, esto es, antes del vencimiento de los
dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma
oportuna.

18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
20 Folio 158 del cuaderno principal.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

4. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis21:

4.1. Luis Eduardo Vargas (víctima) está legitimados en la causa por activa, pues se
acreditó su calidad de afectado directo dentro del accidente de tránsito. Por su parte,
Sandra Milena Vargas Alvarado (hija), Luis Eduardo Vargas Fierro (hijo), Annyi
Lizeth Vargas Pulido (hija) y Sebastián Vargas Ortiz (hijo) alegaron, asimismo, haber
sufrido un daño personal y cierto con ocasión del accidente del que fue víctima
directa su padre, lo que les confería aptitud para demandar a través de la acción de
reparación directa. Su relación de parentesco con la víctima directa se acreditó con
las copias de sus correspondientes registros civiles de nacimiento22.

4.2. El municipio de Uribe está legitimado en la causa por pasiva, pues es la entidad
territorial a la cual se le atribuyó responsabilidad por las lesiones de Luis Eduardo
Vargas, las que ocurrieron como consecuencia de un accidente de tránsito que
ocurrió el 5 de septiembre de 2006, en el que estuvo involucrado un vehículo de su
propiedad y el entonces alcalde municipal.

5. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, la Sala debe determinar la incidencia
causal que tuvo la actuación de la víctima directa en la producción del daño. De
confirmarse la responsabilidad de la entidad territorial demandada, se estudiarán
los reparos del recurrente sobre la indemnización por lucro cesante reconocida en
primera instancia.

21 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
22 Los hijos de la víctima aportaron sus respectivos registros civiles de nacimiento a folios 18, 19, 20

y 21 del cuaderno principal.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico que se ha planteado es conveniente hacer
consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado; específicamente,
cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una
actividad peligrosa.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199123 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho24, que contraría el orden legal25 o que está desprovista de una
causa que la justifique26, resultando que se produce, sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida27, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta violatorio del ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que el daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, sin embargo,
ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

23 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
25 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867
27 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Radicación: 50001233100020080022401 (62496)
Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros28.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por el ejercicio de actividades peligrosas

Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no
privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez establecer
cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el
proceso29.

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que cuando se debate la
ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa 30, la
jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que tales casos deben
analizarse bajo el título objetivo de imputación de riesgo excepcional31, toda vez que
el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad desborda la capacidad de
resistencia de las personas y las pone en peligro de sufrir daños en su integridad

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, rad.: 36.386.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de abril de 2012. Rad.: 21515.
30 Se entiende por actividad riesgosa, aquella que por su naturaleza es proclive a generar daños,

pero cuya ejecución es permitida por el ordenamiento jurídico en tanto se considera como esencial
para el desenvolvimiento social o económico, como, por ejemplo, la conducción de energía eléctrica,
la conducción de vehículos automotores o la manipulación de armas de fuego, entre otras.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 27 de

enero de 2000, exp. 12420, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sentencia de 5 de diciembre de 2016, exp. 39628, entre otros.

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física o en sus bienes. Lo anterior, dejando a salvo que la entidad demandada puede
exonerarse de responsabilidad con la acreditación de una causa extraña.

Así, no puede perderse de vista que la actividad de conducción de vehículos
automotores es una actividad riesgosa, de ahí que a sus ejecutores se les exija el
mayor cuidado y diligencia en su despliegue y, tratándose de transporte terrestre,
que se les demande el cumplimiento de las normas de tránsito, con miras a impedir
la concreción de los riesgos creados por esta actividad y, por ende, la configuración
de daños como en el que esta oportunidad apareja el juicio.

En cualquier caso, cuando el juez advierta que los daños por los cuales se demanda
derivan de una actividad peligrosa respecto de la cual se acreditó que su ejecución
o inejecución fue irregular y anómala por parte de la entidad del Estado, será bajo el
título subjetivo de imputación de falla del servicio que deberá resolverse el respectivo
caso, pues la falla surge de la comprobación de haberse producido el hecho como
consecuencia de una violación -conducta activa u omisiva- del contenido obligacional
a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la ley. Lo anterior
supone una labor de diagnóstico por parte del juez de las falencias en las que incurrió
la Administración.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 21 de mayo de 2018,
proferida por la Sala Transitoria de Tribunal Administrativo, con sede en Bogotá,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el municipio de Uribe
solicitó reducir el valor de la condena en un “50%”, aduciendo que la víctima
también contribuyó en la producción del daño. Además, solicitó revocar la
indemnización que concedió el a quo por concepto de lucro cesante.

En este sentido, y comoquiera que sólo el extremo pasivo presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 21 de mayo de 2018, proferida por la Sala
Transitoria de Tribunal Administrativo, con sede en Bogotá, de conformidad con lo

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dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, exclusivamente
habrá lugar a resolverse el cargo formulado contra la decisión recurrida.

Al efecto, es pertinente recordar que la Sala Plena de esta Sección, mediante
sentencia del 9 de febrero de 201232, unificó su jurisprudencia refiriendo que el
mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados
por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a
quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda
instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. Así lo refirió esta
Sección en aquella oportunidad:

"(...) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro -
y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia- que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen
en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en
principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están
llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el
recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como
el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que
las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
'tantum devolutum quantum appellatum'.

Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es
absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones
que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a
través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho
Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales
que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no
obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento
de su inconformidad para con la decisión censurada".

En vista de lo expuesto, la Sala analizará exclusivamente los 2 cargos formulados
contra la decisión recurrida, a saber: i) si la conducta de Luis Eduardo Vargas incidió,

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de

febrero de 2012, expediente No. 21.060.

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o no, en un 50% en la causación del daño antijurídico y ii) si resulta procedente el
reconocimiento del lucro cesante a favor de la víctima directa.

Bajo esta óptica, a continuación se establecerá cuáles son los hechos probados,
para posteriormente analizar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia apelada.

7.1. Hechos probados

Se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos relevantes33:

7.1.1. Se probó que el 1° de septiembre de 2006, el Jefe del Grupo de Protección a
Dignatarios le informó a Jorge Diego Ospina Rodríguez, entonces alcalde del
municipio de Uribe (Meta)34, la designación de Luis Eduardo Vargas, un “agente” de
la Policía Nacional, como su escolta y parte de su esquema de protección personal.
Así se consignó en el Oficio número 8761 de 200635 y en la certificación expedida
el 25 de noviembre de 200736.

7.1.2. Se acreditó que el 4 de septiembre de 2006 y a través del Oficio
DAMUV/0085, el entonces alcalde municipal de Uribe -Jorge Diego Ospina
Rodríguez- le solicitó autorización al Comandante de Policía del Meta para efectuar
un “desplazamiento” con su escolta Luis Eduardo Vargas al municipio de Castillo
los días 5, 6 y 7 de septiembre de esa anualidad, “con el fin de cumplir funciones
propias de [su] cargo”37 y que esa solicitud fue autorizada por la Policía Nacional,
según consta en el memorando número 936638.

33 Aunque obran en el expediente otros medios de prueba, los que se relacionan en este acápite son

los que resultas relevantes para la resolución del caso concreto, en los términos anteriormente
expuestos.
34 De acuerdo con su acta de posesión, que obra a folio 84 del cuaderno principal.
35 Folio 155 del cuaderno principal
36 Folio 23 del cuaderno principal.
37 Folio 154 del cuaderno principal.
38 Folio 156 del cuaderno principal

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7.1.3. Consta que el 5 de septiembre de 2006, a las 12:00 horas, en el kilómetro 94
de la vía que de Granada conduce a San Juan de Arama, frente al sector conocido
como "Los Naranjos", se produjo un choque entre la camioneta oficial de placas
OJK-003, que era conducida por Jorge Diego Ospina Rodríguez y el vehículo de
placas ZOB-908, en el que se transportaba José Rafael Rodríguez Agudelo.

En el informe de accidente de tránsito, elaborado por el agente de tránsito Daniel
Andrés Silva, se indicó que en el vehículo oficial de placas OJK-003 se transportaba
Luis Eduardo Vargas como pasajero, junto con otras tres personas -Yormary
Orjuela, Wilson Ospina y Diego Ospina-; además, que el lugar donde ocurrió el
accidente era una vía recta que contaba con bermas, tenía una calzada en doble
sentido, con dos carriles y en buen estado. Igualmente, la vía estaba húmeda -dado
que el estado del tiempo era lluvioso- y contaba con una línea central y en los bordes
como demarcación y estaba ubicada en zona rural. En la casilla de "causas
probables" se consignó que el vehículo oficial de placas OJK-003 transitaba con
exceso de velocidad -código 116- y que adelantó invadiendo el carril de sentido
contrario -código 104-. En el acápite de observaciones se anotó: “[e]l conductor del
vehículo N°2 [de placas ZOB-908] si llevaba el cinturón de seguridad y estaba
lloviznando pero la vía se encontraba húmeda, no se pudo tomar versión del
vehículo N°1 [de placas OJK-003] ya que el hospital no permitió la entrada”39.

7.1.3. Como consecuencia del accidente de tránsito, Luis Eduardo Vargas fue
trasladado inicialmente al Hospital Departamental de Granada y después fue remitido
a la Clínica Martha. El ahora demandante sufrió una fractura de la apófisis coracoide,
una fractura por ablución del troquier humeral y una luxación en su hombro y codo
derechos, según se evidencia en su historia clínica40.

7.1.4. Se acreditó que el 7 de noviembre de 2006, el laboratorio de toxicología del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le practicó un análisis de
alcoholemia a Jorge Diego Ospina Rodríguez, en el que no se detectó alcohol etílico
en su sangre41.

39 Folios 36 a 38 del cuaderno principal
40 Folios 87 a 110 del cuaderno principal.
41 Folio 69 del cuaderno principal.

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7.1.5. Está probado que el 12 de septiembre de 2006, Luis Eduardo Vargas le envió
el informe de novedad al Comandante del Departamento de Policía de Meta, en el
que manifestó lo siguiente (se transcribe literal)42:

"Comedidamente me permito informar a ese comando la novedad ocurrida el día 5 de
Septiembre del año en curso a las 10:00 horas aproximadamente, en desplazamiento
realizado desde la ciudad de Villavicencio al municipio de castillo, prestando el
servicio asignado a la seguridad del señor alcalde de la Uribe Jorge Diego Ospina
Rodríguez, desplazamiento autorizado por ese comando.

En el punto conocido como los naranjos en la vía que comunica a el municipio de
Granada con San Juan de Arama, el vehículo Toyota Hilux doble cabina de placas
OJK 003 color gris plutón conducida por el señor Jorge Diego Ospina (…) colisionó
con la camioneta de servicio público de placas ZOB-908; en la que resultamos heridos
todos los ocupantes sufriendo fracturas y politraumatismos en diferentes partes del
cuerpo siendo trasladados al hospital departamental Granada Meta (…)”

7.1.6. Está acreditado que el vehículo Toyota, modelo 2004, de placas OJK-003 que
estuvo involucrado en el siniestro era de propiedad del municipio de Uribe, que fue
adquirido para el “transporte del alcalde” de ese ente territorial y que el 5 de
septiembre de 2006 figuraba como asignado a Jorge Diego Ospina Rodríguez,
entonces alcalde municipal. Lo anterior, de conformidad con la Licencia de Tránsito
número 03-83043943, la constancia expedida el 26 de noviembre de 2007 por el
administrador del SIETT44 y el Oficio SG-070 del 5 de abril de 2010 expedido por la
Secretaría de Gobierno del municipio de Uribe45.

También se evidenció que, el 8 de febrero de 2007, el aludido vehículo fue
entregado provisionalmente a Jorge Diego Ospina Rodríguez, en calidad de
representante legal del municipio de Uribe46.

7.1.7. Consta que el Comandante del Departamento de Policía del Meta, en el
informe prestacional por lesiones número 134 de 2006, calificó que las lesiones
sufridas por el agente Luis Eduardo Vargas en el accidente de tránsito del 5 de

42 Folio 153 del cuaderno principal.
43 Folio 139 del cuaderno principal.
44 Folio 22 del cuaderno principal.
45 Folio 222 del cuaderno principal.
46 Folio 65 del cuaderno principal.

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septiembre de 2006 se ocasionaron “en servicio por causa y razón del mismo, es
decir enfermedad profesional y/o accidente trabajo”47.

7.1.8. Se probó que, con ocasión del accidente de tránsito del 5 de septiembre de
2006, se adelantó un proceso en contra de Jorge Diego Ospina Rodríguez por el
delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito; proceso que
culminó con decisión de preclusión, por prescripción, proferida el 25 de noviembre
de 2011 por la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de
Granada48.

7.1.9. Se estableció que, en noviembre de 2007, Luis Eduardo Vargas devengó la
suma de $1'812.144, como agente de la Policía Nacional, según el certificado de
nómina suscrito por el tesorero del Departamento de Policía del Meta49.

7.1.10. Se probó que el 13 de noviembre de 2007, un acta de junta medico laboral
de la Policía Nacional estableció que, “de conformidad con el Decreto 1796 de
2000”, Luis Eduardo Vargas presentaba una disminución de la capacidad laboral de
52.43%, después de estudiar los “documentos de sanidad” y “los conceptos emitidos
por los especialistas tratantes”50; documento que le fue notificado personalmente a
Luis Eduardo Vargas el 1° de febrero de 200851.

7.1.11. Consta que para el 1° de diciembre de 2009, Luis Eduardo Vargas recibía el
monto mensual de $1’105.080, por concepto de “asignación mensual de retiro”, de
acuerdo con la constancia de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional52
y el Oficio número 25675 del 23 de noviembre de 200953.

47 Folios 25 a 27 del cuaderno principal.
48 Folios 53 a 56 del cuaderno principal.
49 Folio 24 del cuaderno principal.
50 Folios 28 y 19 del cuaderno principal.
51 Folio 30 del cuaderno principal.
52 Folio 218 del cuaderno principal.
53 Oficio que informa que “verificado el sistema de datos de talento humano SIATH y Sistema de

prestaciones sociales, el citado señor [Luis Eduardo Vargas] se encuentra devengando asignación
de retiro en la Caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional”. Folio 211 del cuaderno principal.

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7.1.12. Se acreditó que el 10 de febrero de 2010, la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Meta determinó que Luis Eduardo Vargas, con motivo del accidente
de tránsito que padeció el 5 de septiembre de 2006, sufrió lesiones en sus brazos
que le generaron una “disminución laboral total [de] 83.75%"54.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará de
forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado: i) el daño antijurídico y ii) su imputación al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración55.

7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

54 Prueba pericial que obra a folios 220 y 221 del cuaderno principal y que se practicó en debida

forma en el presente proceso de reparación directa. No sobra agregar que se ese medio de
convicción se les corrió traslado a las partes, las que guardaron silencio.
55 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.

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En el caso sub examine, el daño alegado son las lesiones de Luis Eduardo Vargas,
las que encontró debidamente acreditadas el Tribunal Administrativo, en la medida
que le generaron una pérdida de capacidad laboral del 83,73% -aspecto en el que
tuvo en cuenta lo dictaminado, el 10 de febrero de 2010, por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Meta, por las razones que se consignan a pie de página
y que no fue objeto de apelación por parte del municipio de Uribe56-. Esta conclusión
la comparte la Sala, pues, en efecto, se probó que, como consecuencia del
accidente de tránsito del 5 de septiembre de 2006, el ahora demandante sufrió una
fractura de la apófisis coracoide, una fractura por ablución del troquier humeral y
una luxación en su hombro y codo derechos; lesiones que le ocasionaron una
“disminución laboral total [de] 83.75%" (hechos probados 7.1.3., 7.1.11. y 7.1.12.).

El daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un derecho
protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal.
En efecto, la vida en condiciones dignas es uno de los derechos inherentes e
inalienables de la persona y se constituye en presupuesto esencial para la
realización de los demás derechos. Se encuentra protegido en el Preámbulo de la
Constitución Política, que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida
de sus integrantes, y en el artículo 11 Superior, que establece que "el derecho a la
vida es inviolable".

7.2.2. La imputación

En atención a lo dispuesto en el recurso de apelación, para determinar si en el daño
antijurídico concurrió, además del municipio de Uribe, una actuación y/u omisión

56 Al respecto, en la sentencia apelada se consignó lo siguiente: “[S]e acreditó en el plenario el daño

irrogado a la parte actora consistente en las lesiones que sufrió el señor Luis Eduardo Vargas con
ocasión del accidente de tránsito que sufrió el 5 de septiembre de 2005 y que le generaron una
pérdida de capacidad laboral del 83,73%, según dictamen pericial de 10 de febrero de 2010
efectuado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Meta, teniendo en cuenta que esta
prueba pericial se practicó en debida forma en el proceso, con audiencia de la parte contraria, y
permite conocer el estado actual de las lesiones padecidas por el actor. Téngase en cuenta que la
Junta Médico Laboral de la Policía Nacional practicada el 13 de noviembre de 2007 fue aportada al
asunto como prueba documental, la cual se aprecia para efectos de conocer la existencia y tipo de
las lesiones sufridas por el señor Luis Eduardo Vargas, mas no para definir su pérdida de capacidad
laboral dado que (…) en el proceso obra prueba pericial practicada con posterioridad que acredita
tal perjuicio”.

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atribuible a la víctima directa, es preciso establecer si su conducta obró como causa
adecuada en la producción del hecho lesivo demandado.

Así pues, en el caso sub examine, además de los medios probatorios allegados al
proceso, de los cuales ya se hizo un recuento en los hechos probados, se cuenta
con la declaración que rindió Wilson Ospina Rodríguez en el marco del presente
procedimiento contencioso administrativo. Ese declarante indicó que era el hermano
del otrora alcalde de Uribe Jorge Diego Ospina Rodríguez -ya fallecido- y que, para
la época de los hechos, se desempeñaba como su conductor 57. De las
circunstancias modales del accidente, aseguró que, previo al impacto, era Jorge
Diego Ospina Rodríguez quien conducía, que iba “demasiadamente rápido” e
intentó adelantar a un vehículo invadiendo al carril contrario, razón por la que
colisionaron, de frente, con otro vehículo. Su versión de los hechos fue la siguiente:

“CONTESTO. El día 5 de septiembre del 2006, íbamos con mi jefe JORGE DIEGO
OSPINA el Alcalde del Municipio de la Uribe, a la vez mi hermano, también íbamos
en el vehículo YORMARY ORJUELA, DIEGO OSPINA hijo del señor Alcalde y el
señor Vargas como escolta, yo iba de pasajero del lado derecho del vehículo en la
parte de adelante íbamos demasiadamente rápido y el Alcalde de la Uribe que iba
manejando al intentar adelantar otro vehículo nos pasamos al carril contrario y nos
estrellamos de frente contra una camioneta de estaca que venía, en ese momento
por milésimas de segundo perdí el sentido y cuando volví en sí, estábamos todos
accidentados. PREGUNTADO. Eso donde fue y cuando. PREGUNTADO. Eso fue por
la vía San Juan de Arama en el K94 más o menos entre 12 y 12:30 de la tarde.
PREGUNTADO. Que más paso. CONTESTO. En ese momento del accidente me
sentí muy preocupado y angustiado por mi hermano teniendo en cuenta que yo era
parte de la seguridad de él, pero en vista de que yo no podía hacer nada, le pedí
tranquilidad a Dios y esperar que Vargas se hiciera cargo de él, pero el señor
VARGAS tampoco podía puesto que tenía problemas en sus dos brazos y también
estaba convaleciente, ya después perdí el sentido, cuando me di cuenta estaban los
paramédicos intentándome sacar del vehículo puesto que los demás ocupantes ya
los habían remitido para el Hospital más cercano que es el de Granada, después volví
a perder el sentido y cuando volví en sí estaba en una camilla en el Hospital de
Granada, de ahí no me acuerdo más porque estaba bajo los efectos de una droga
muy fuerte que me colocaron que se llama Morfina y de un momento a otro resulte en
el Hospital de Villavicencio. PREGUNTADO. Hacía donde se dirigieron y de donde
venían. CONTESTÓ. Íbamos hacia San Juan de Arama y veníamos de la ciudad de
Villavicencio. Se le concede la palabra al señor apoderado de la parte actora.
PREGUNTADO. PREGUNTADO. Manifiesta usted que se desempeñaba como
conductor y escolta del alcalde del Municipio de Uribe- Meta, indique desde hacía
cuanto tiempo desempeñaba tal función y porque no la realizaba el día de ocurrencia
del accidente. El Magistrado procede a dar lectura al artículo 33 de la Constitución
Nacional, solicita al testigo si se encuentra dispuesto a seguir declarando

57 Declaración que obra a folios 213 a 216 del cuaderno principal.

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CONTESTÓ. Sí voy a contestar, mi hermano hace ya 22 meses fue asesinado y si el
estuviera vivo pues también respondería a todas la preguntas que aquí me están
haciendo. Respecto de lo preguntado por el abogado. La labor la venía
desempeñando desde el año 2004 y ese día como todos los días estaba yo al volante
del vehículo, pero en algún momento el me dijo venga yo manejo que usted esta
manejando muy despacio y por ese motivo era que en el momento del accidente él
iba manejando el vehículo. PREGUNTADO. Atendiendo su experiencia como
conductor puede indicar cual fue la causa probable de la ocurrencia del accidente.
CONTESTÓ. La causa del accidente fue por motivos de velocidad.”

Aunque en los términos del artículo 21758 del Código de Procedimiento Civil, las
aseveraciones de Wilson Ospina Rodríguez podrían considerarse sospechosas,
porque era el hermano de Jorge Diego Ospina Rodríguez, el otrora alcalde de Uribe
que se desplazaba en el vehículo involucrado en el accidente de tránsito en el que
resultó lesionada la víctima, su declaración tiene aptitud probatoria porque se realizó
bajo la gravedad de juramento y porque, además, presenció directamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el insuceso, pues,
según indicó, para el momento de los hechos “iba de pasajero del lado derecho del
vehículo en la parte de adelante” del vehículo oficial. Por ello, su testimonio es
importante para tener claridad sobre lo sucedido. Al respecto, esta Corporación ha
manifestado que los testimonios sospechosos no pueden desecharse de plano, sino
que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad y, naturalmente, en
contexto con las demás pruebas que reposen en el expediente y las circunstancias
propias de cada asunto litigioso59.

Así pues, de conformidad con los medios de convicción decretados y practicados
en el proceso se encuentra acreditado que el 5 de septiembre de 2006, en zona
rural, la camioneta Toyota, modelo 2004, de placas OJK-003, de propiedad del
municipio de Uribe, se chocó de frente con el vehículo de placas ZOB-908 (hechos
probados 7.1.3. y 7.1.6.).

En el vehículo oficial se transportaba como pasajero el aquí demandante quien en
ese momento fungía como escolta - “agente” de la Policía Nacional - y era parte del

58 Artículo 217. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas”.
59 Cfr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262

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esquema de protección personal de Jorge Diego Ospina Rodríguez cuyo
“desplazamiento” en el vehículo accidentado tenía como propósito que el entonces
alcalde “cumpli[era] funciones propias de [su] cargo” (hechos probados 7.1.1. y
7.1.2.)

Sobre la forma como sucedieron los hechos, Wilson Ospina Rodríguez explicó que
inicialmente él era quien manejaba el vehículo oficial, pero después, Jorge Diego
Ospina Rodríguez le indicó que seguiría conduciendo, porque estaba “manejando
muy despacio”. Acto seguido, según indicó el deponente, Jorge Diego Ospina
Rodríguez se desplazó “demasiadamente rápido” y “al intentar adelantar otro
vehículo nos pasamos al carril contrario y nos estrellamos de frente contra una
camioneta de estaca que venía”.

Lo hasta aquí expuesto guarda relación con lo consignado en el informe de
accidente de tránsito y con lo que se ilustró en el croquis. De hecho, en el aludido
informe se lee como hipótesis del accidente de tránsito que el vehículo del municipio
de Uribe, conducido por el entonces alcalde del municipio de Uribe (Meta) Jorge
Diego Ospina Rodríguez realizó una maniobra de adelantamiento invadiendo el
carril de sentido contrario; además, de acuerdo con la ilustración, el incidente ocurrió
porque la camioneta oficial de placas OJK-003, que se desplazaba con dirección
Granada – San Juan de Arama invadió el carril de sentido contrario, por el que
transitaba el automóvil de placas ZOB-908 con dirección San Juan de Arama –
Granada (hechos probados 7.1.1. y 7.1.3.).

Así pues, se destaca que, en el presente asunto, además del daño alegado, se
demostró: i) que la entidad territorial demandada era la propietaria del automotor de
placas OJK-003; ii) que quien conducía el vehículo era uno de sus funcionarios; y
iii) que el accidente ocurrió por la imprudencia del conductor del vehículo estatal,
quien realizó una maniobra riesgosa de adelantamiento sin percatarse que por el
carril contrario circulaba otro vehículo con el que, a la postre, se chocó -falla del

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servicio que encontró configurada el Tribunal Administrativo en esos mismos
términos60-.

Ahora, el municipio de Uribe, en su recurso de apelación, solicitó la reducción de la
condena que le fuere impuesta, porque, a su juicio, la víctima omitió desplegar
acciones tales como bajarse del vehículo oficial y/o solicitar al conductor que
redujera la velocidad. Además, porque el aquí demandante, el día de los hechos,
no evitó su “exposición al daño” y, con ello, consintió la imprudencia con la que
conducía Jorge Diego Ospina Rodríguez.

En este sentido, de entrada, se advierte que el primer argumento de la apelación
parte de la base de que en el sub lite “se probó que el vehículo conducido por el
alcalde de Uribe (…) se desplazaba [con exceso de] velocidad”, premisa que, a
juicio de la Sala, resulta equivocada.

De hecho, no se cuenta con elementos probatorios suficientes para determinar el
“exceso de velocidad” con el que se desplazaba el automotor, pues las pruebas que
hacen referencia a ese aspecto, mencionadas por la entidad territorial recurrente,
contienen falencias. Así pues, es cierto que en el informe del accidente se consignó
como una de las causas probables del accidente el exceso de velocidad con el que
transitaba el vehículo oficial. Empero, el agente de tránsito que diligenció ese
documento dejó en blanco algunas casillas que eventualmente permitirían
determinar la velocidad aproximada a la que transitaba Jorge Diego Ospina
Rodríguez el día de los hechos, tales como sí hubo algún tipo de huella de arrastre
y/o de frenado en la carretera, así como su longitud, trayectoria y/o ancho.

Obra también en el expediente la declaración que rindió en sede judicial Wilson
Ospina Rodríguez, quien afirmó que Jorge Diego Ospina Rodríguez se desplazaba
“demasiadamente rápido”, apreciación personal que resulta vaga y que no permite
determinar a cuántos kilómetros por hora transitaba el entonces agente estatal.

60 De la falla del servicio, en la sentencia de primera instancia se expuso lo siguiente: “se observa

que (…) se presentó una falla del servicio en la actividad de conducción, al encontrarse acreditado
que el vehículo oficial de placas OJK-003 conducido por el alcalde del Municipio de Uribe invadió el
carril contrario cuando intentó adelantar a otro automóvil, embistiendo al automotor de placas ZOB-
908 que venía por la vía correcta”.

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

A la par de lo expuesto, no se existe en el plenario un medio de convicción que
indique cuál era la velocidad autorizada en el sector escenario de los hechos.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente que aunque sí mediaron actuaciones
irregulares del entonces alcalde en la conducción del vehículo oficial, ninguna de
las conductas omisivas atribuibles a la víctima y mencionadas en el recurso de
apelación contribuyeron causalmente a la materialización del daño que aquí se
alega.

El hecho de que el acá demandante no se hubiera bajado previamente del vehículo
que se accidentó, no es una razón que lleve a concluir que su conducta coadyuvó
en la causación del daño alegado. Se recuerda que, en este caso, la presencia de
la víctima directa en el vehículo oficial accidentado no obedecía a un acto
caprichoso del pasajero; pues éste se encontraba en el automotor prestando el
servicio de protección personal al entonces alcalde del municipio de Uribe los días
5, 6 y 7 de septiembre de 2006 (hecho probado 7.1.2.).

Ahora, la parte demandada tampoco puede pretender que se reduzca la condena
porque el acá demandante no requirió al conductor para que ajustara la conducción
del vehículo a las prescripciones legales. De hecho, quien tenía la guarda del
vehículo y, por ende, la de la actividad peligrosa, era su conductor y, por lo mismo,
era este quien debía ajustar el manejo a las prescripciones legales, con
independencia de lo que le indicaran los tripulantes.

Resulta indiscutible, entonces, que la causa única y adecuada del siniestro fue la
conducta descuidada e imprudente de Jorge Diego Ospina Rodríguez, agente
estatal que tenía la guarda de la actividad peligrosa y que realizó un adelantamiento
sin la precaución que requería el despliegue de semejante maniobra; lo anterior, si
se tiene en cuenta que invadió el carril contrario sin percatarse de que, por ese
sentido, venía circulando un vehículo con el que, a la postre, se chocó.

Así, como no existe prueba de que el comportamiento del demandante principal
incidió de manera adecuada en la producción del daño, se impone no acoger el

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

planteamiento del extremo recurrente y reafirmar que, en este caso, le corresponde
al municipio de Uribe el pago pleno de la indemnización a que hubiere lugar. Por
ello, en la parte resolutiva se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la responsabilidad patrimonial exclusiva del municipio de Uribe por las lesiones de
Luis Eduardo Vargas, con fundamento en el régimen de falla en el servicio.

8. Indemnización de perjuicios

La Sala advierte que únicamente revisará la decisión del a quo, en punto al
reconocimiento de lucro cesante en favor de Luis Eduardo Vargas, pues fue el
expreso motivo de disenso frente a la liquidación de los perjuicios. No se
pronunciará respecto de los perjuicios morales y/o daño a la salud reconocidos en
favor de los demandantes, por cuanto no fueron objeto de apelación por la parte
demandada.

8.1. En la demanda se solicitó la indemnización por concepto de perjuicios
materiales a título de lucro cesante por la suma de $353’433.852, en favor de Luis
Eduardo Vargas, o la que resultara probada en el proceso. A su turno, el Tribunal
Administrativo condenó en abstracto al municipio de Uribe por dicho concepto,
después de realizar las siguientes consideraciones:

“Verificado el material probatorio allegado al proceso, encuentra la Sala que a
diferencia de lo expuesto por el Municipio de Uribe, no se acreditó que el señor Luis
Eduardo Vargas hubiera recibido pensión por invalidez con ocasión de las lesiones
que le produjeron el accidente de tránsito ocurrido 5 de septiembre de 2006 y, en
cambio, se demostró que devengaba asignación mensual por retiro, según informó la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional mediante oficio de 1 de diciembre
de 2009 (f. 218), sin que exista certeza desde cuándo le fue reconocida tal prestación
ni por cuánto tiempo.
En este punto, la Sala aclara que el reconocimiento que se hace a los miembros de
la Fuerza Pública por concepto de ‘asignación de retiro’ ha sido asimilado por la
jurisprudencia administrativa y constitucional a la pensión de vejez, antes de
jubilación, que se concede en el régimen general de seguridad social. Por tal razón,
la existencia de esa prestación no riñe con el reconocimiento por lucro cesante que
se concede a modo de reparación a quien ha sufrido una disminución en su capacidad
laboral, pues sus causas son diferentes. De hecho, el objeto de la asignación
pecuniaria por retiro no es otorgar un valor por la merma en la capacidad laboral de
una persona sino efectuar un reconocimiento con base en criterios como la edad y el
tiempo de servicio, a diferencia de la indemnización que se concede por lucro cesante
en caso de lesiones personales, la cual tiene por finalidad reparar el daño irrogado a

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

la víctima por la disminución psicofísica que padeció y que le generó una discapacidad
total o parcial para laborar.

En ese orden de ideas, procedería liquidar el perjuicio material en la modalidad de
lucro cesante ocasionado al demandante por los dineros que dejó de percibir
derivados del ejercicio de su trabajo, si no advirtiera la Sala la carencia de prueba que
permita conocer el valor del salario que devengaba el demandante requerido para
calcular la liquidación.”

La anterior determinación fue apelada por el ente territorial demandado, bajo el
argumento de que los ingresos laborales del aquí demandante no se vieron
disminuidos, porque siguió laborando hasta que, aproximadamente un año
después, le fue reconocida su asignación de retiro.

Sobre el lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia
frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de
la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el hecho lesivo, habría
ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización a título de lucro cesante, éste debe
ser cierto y existente61, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente
activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda
económica a su familia y que, a consecuencia del daño, los demandantes dejaron
de percibir el salario sustento del núcleo familiar.

Al respecto, está acreditado que, como consecuencia del accidente de tránsito
tantas veces mencionado, el 13 de noviembre de 2007, un acta de junta medico
laboral de la Policía Nacional indicó que Luis Eduardo Vargas presentaba una
disminución de la capacidad laboral de 52.43% (hecho probado 7.1.11.); además,
que tiempo después, el 10 de febrero de 2010, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Meta determinó que sus lesiones le generaron una “disminución laboral
total [de] 83.75%" (hecho probado 7.1.12.).

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 1º de

marzo de 2006, Rad.: 17256 y del 21 de mayo de 2007, Rad.: 15989.

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También está probado que, para noviembre de 2007, aproximadamente un año y
dos meses después del accidente de tránsito, Luis Eduardo Vargas continuaba
trabajando para la Policía Nacional, pues devengaba la suma de $1'812.144, como
agente activo de esa institución (hecho probado 7.1.9.) y que, para el 1° de
diciembre de 2009, el demandante ya recibía el monto mensual de $1’105.080, por
concepto de “asignación mensual de retiro”, conforme lo hizo constar la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el Oficio número 25675 del 23 de
noviembre de 2009 (hecho probado 7.1.10.).

Así pues, aunque no hay duda de que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral
sufrido por el demandante le generó una limitación para el ejercicio de las
actividades laborales, le asiste razón a la entidad territorial apelante cuando razona
que no se acreditó que Luis Eduardo Vargas, con ocasión del accidente de tránsito
acaecido el 5 de septiembre de 2006, estuvo cesante, es decir, que dejó de reportar
alguna ganancia y/o provecho por la lesión que sufrió. Lo anterior teniendo en
cuenta que el aquí demandante continuó trabajando, según da cuenta su certificado
de nómina de noviembre de 2007 y que a la fecha recibe un monto mensual por
concepto de “asignación de retiro”, una prestación de naturaleza económica que
surgió de su relación laboral administrativa con la Policía Nacional, a la que se hizo
acreedor ante el cese definitivo de la prestación de sus servicios y que tiene como
objeto “el reconocimiento y pago en forma mensual y vitalicia de una determinada
suma de dinero”62.

Entonces, de reconocerse alguna suma por concepto de lucro cesante se
configuraría una doble erogación a cargo del Estado y, por tanto, un enriquecimiento
sin justa causa favor del demandante.

No sobra agregar que la parte actora no acreditó que, con ocasión del siniestro
objeto de estudio, a Luis Eduardo Vargas se le frustró alguna otra utilidad económica

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 10 de

junio de 2021, radicado 66001-23-33-000-2016- 00151-01(5478-18).

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Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

que estaba llamada a integrar su patrimonio, suma esta que debía ser objeto de
prueba suficiente que lo acreditara.

Así las cosas, la Sala, en aras de evitar un doble pago por el mismo perjuicio, que
favorezca al aquí demandante y que genere el empobrecimiento correlativo de la
entidad pública demandada, negará las pretensiones indemnizatorias pedidas por
concepto de lucro cesante. La anterior determinación implica modificar la sentencia
apelada.

9. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2018 por la Sala
Transitoria de Tribunal Administrativo, con sede en Bogotá, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al municipio
de Uribe por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las
lesiones ocasionadas a Luis Eduardo Vargas.

SEGUNDO: CONDENAR al municipio de Uribe a pagar a los demandantes, por
concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, a la fecha de ejecutoria de la
presente providencia:

Luis Eduardo Vargas Víctima 100 SMMLV
Sandra Milena Vargas Alvarado Hija 100 SMMLV
Luis Eduardo Vargas Fierro Hijo 100 SMMLV
Annyi Lizeth Vargas Pulido Hija 100 SMMLV
Sebastián Vargas Ortiz Hijo 100 SMMLV

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Radicación: 50001233100020080022401 (62496)
Demandante: Luis Eduardo Vargas y otros

TERCERO: CONDENAR al municipio de Uribe a pagar a Luis Eduardo Vargas, por
concepto de daño a la salud, el equivalente a 100 SMMLV, a la fecha de ejecutoria
de la presente providencia.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS.

SEGUNDO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de
segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRÍQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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