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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00205-01

Fecha
20 de febrero de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00205-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 28 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Meta, así: <<PRIMERO: CONDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia. SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia: DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA 13,33 Jorge Luis Cañón Murcia Víctima directa SMLMV 10 Ana Briceida Murcia Madre de la víctima SMLMV Hermana de la víctima 3,33 Margeli Katherine Pérez Murcia directa SMLMV Hermana de la víctima 3,33 Helen Viviana Pérez Murcia directa SMLMV TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de la suma de tres mil millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos con sesenta y tres centavos ($ 3.746.869,63) a favor del demandante Luis Cañón Murcia, por concepto de lucro cesante. CUARTO: ORDÉNASE al Director Ejecutivo de Administración Judicial y al Director de la Policía Nacional emitir un comunicado en el cual ofrezcan disculpas al demandante Jorge Luis Cañón Murcia por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia. QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. 19 Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829) Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros SEXTO: SIN CONDENA en costas. SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA.>> SEGUNDO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2009-00205-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

20 de febrero de 2023

Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros
Demandados: Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial

Tema: Privación de la libertad. Si bien el daño no es imputable a la Fiscalía,
se confirma la decisión de condenarla porque esta decisión no fue
apelada por esa entidad. Se confirma la decisión de primera
instancia de condenar a la Policía Nacional y a la Rama Judicial
porque se demostró la ilegalidad de la captura y de la medida de
aseguramiento. Se modifica el monto de los perjuicios reconocidos
en primera instancia según las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Rama Judicial y la Policía
Nacional contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 20131 por el Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y dispuso:

<< (…) PRIMERO: NEGAR la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA propuesta por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
y LA EXCEPCIÓN DE INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN EN
CASO CONCRETO POR PARTE DE LA RAMA JUDICIAL, propuesta por LA
RAMA JUDICIAL, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte considerativa
de la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR A LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL administrativa y patrimonialmente responsable por los
PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES ocasionados a los demandantes, por
la privación injusta de la libertad del señor JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA a la
NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL a pagar, en

1 Fl. 323 – 331, c - 2

1

Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

partes iguales, al señor JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, o a quien sus derechos
legalmente representen, por concepto de daño material en la modalidad de lucro
cesante, la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($6.941.363.00).

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL a pagar, por concepto de perjuicios morales, a los siguientes
demandantes, las sumas de dinero que a continuación se discriminarán:

• A JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, o a quienes sus derechos legalmente
representen, la suma de CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (40 SMLMV).

• A ANA BRICEIDA MURCIA, o a quien sus derechos legalmente
representen, la suma de TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (30 SMLMV).

• A MARGELI KATHERINE PÉREZ MURCIA, o a quienes sus derechos
legalmente representen, la suma de DIEZ SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV).

• A HELEN VIVIANA PÉREZ MURCIA, o a quien sus derechos legalmente
representen, la suma de DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV).

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEXTO: Dese cumplimiento a la sentencia los términos de los artículos 176, 177
y 178 del C.C.A.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de
apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 15 de octubre de
20132; el 6 de noviembre de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión3.
La Policía Nacional y la parte demandante presentaron sus alegatos; la Rama
Judicial y la Fiscalía guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar la
decisión de primera instancia porque están demostrados los elementos de
responsabilidad objetiva del Estado.

2 Fl. 385, c - 2
3 Fl. 387, c - 2

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 3 de junio de 20094,
por Jorge Luis Cañón Murcia (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra
la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Policía Nacional para
obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad a la
que fue sometido el citado demandante entre el 1° de febrero de 2007 y el 21
de febrero de 20075, es decir, por un término de veintiún (21) días. En el proceso
penal se le imputó el delito de homicidio agravado.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<< (…) A. DECLARACIONES.

Se declare administrativamente responsable a la Nación - Rama Judicial -
Fiscalía General de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
de la totalidad de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del
señor Jorge Luis Cañón Murcia, en los hechos ocurridos el 1º de febrero de 2007,
cuando se le dio captura por los miembros de la Policía Nacional en el barrio
Vizcaya de esta ciudad como consecuencia de la muerte de una persona en el
barrio de la Desmontadora.

B. CONDENAS.

Que como consecuencia de haberse declarado administrativamente responsable
a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, de la totalidad de los perjuicios ocasionados
a los actores por la privación injusta de la libertad de su hijo y padre (sic), se
condene como reparación del daño a pagar a los demandantes o a quien sus
derechos representen los perjuicios materiales y morales que solicito de la
siguiente manera:

B. 10. (sic) DAÑO SUBJETIVO O PERJUICIO MORAL.

Entre el señor Jorge Luis Cañón Murcia, su esposa e hijas siempre ha existido
relaciones de solidaridad, afectividad, convivencia, cercanía, ayuda mutua,
hermandad, circunstancias estas unidas al grado de parentesco, permiten inferir
el dolor o el daño moral que reclama:

Para JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA (Perjudicado), el equivalente a mil (1.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para ANA BRICEIDA MURCIA (Madre), el equivalente a mil (1.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

Para MAGERL[i] CATHERINE PÉREZ MURCIA (Hija) (sic), el equivalente a mil
(1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4 Fl. 1 - 88, c - 2
5 Periodo de privación de la libertad según las afirmaciones de la demanda.

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

Para HELEN VIVIANA PÉREZ MURCIA (Hija) (sic), el equivalente a mil (1.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

B. DAÑO OBJETIVADO O PERJUICIOS MATERIALES.

Los calculo en la suma superior a DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) que
deberá ser pagado a los demandantes, o a quien sus derechos representen en
el proceso, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de JORGE
LUIS CAÑÓN MURCIA, toda vez que al momento de los hechos devengaba un
promedio mensual de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) de acuerdo a la
certificación expedida por TAXITEKA, la cual se aporta a la presente solicitud.

DAÑO EMERGENTE:

Estimó la cuantía en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000. 000.oo)
millones de pesos, los cuales se discriminan de la siguiente manera: En gastos
representados en la constitución de abogado defensor dentro del proceso penal
iniciado en su contra.

LUCRO CESANTE:

Como lucro cesante se estima de la siguiente manera:

Lo dejado de percibir por el occiso (sic) desde el día de su fallecimiento hasta el
promedio de la vida que resulte de la legislación colombiana hasta la de 65 años
que calculó sobre la base de un salario de SETECIENTOS MIL PESOS
($700.000) que devengaba al momento de los hechos, el cual se multiplica por el
número de meses que tiene el año; teniendo en cuenta el promedio de salarios
para obtener el índice de inflación, correspondiente al SEIS PUNTO CINCUENTA
Y CINCO (6,55%) promedio de alza de los salarios por parte del gobierno
nacional.

PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN:

Para cada uno el equivalente en pesos a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes así:

JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, (perjudicado) el equivalente a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A ANA BRICEIDA MURCIA, (madre) el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

A MARGELI KATHERINE PEREZ MURCIA, (hija) (sic) el equivalente a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A HELEN VIVIANA PEREZ MURCIA, (hija) (sic) el equivalente a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

C.- PERJUICIOS FISIOLÓGICOS:

Se calcula sobre la suma de mil (2.000) (sic) salarios mínimos legales mensuales
para cada uno de los demandantes, por los padecimientos que tuvieron que
pasar y sufrir los signos de la depresión, aflicción y bajo autoestima, angustias
económicas, y no poder cumplir con sus obligaciones de subsistencia,

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

alimentación, compromisos comerciales etc., como consecuencia de la privación
injusta de la libertad de Jorge Luis Cañón Murcia.

D. PAGO DE INTERESES.

La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, o a la entidad
obligada al pago, cancelará intereses por la totalidad del capital o suma ordenada
como pago de los perjuicios ocasionados, según conciliación o sentencia, a cada
uno de los actores o quien represente sus derechos y a partir de su ejecutoria.
(…)>>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La señora María Isabel García Rey murió en la ciudad de Villavicencio el 1°
de febrero de 2007, como consecuencia de un disparo hecho por un individuo
que abandonó el lugar del crimen en una motocicleta. Una vez informado el
suceso, agentes de la Policía lograron interceptar a dos sujetos que se
movilizaban en una moto y que coincidían con las características dadas por la
central. Al momento de ser abordados por los agentes, los sospechosos
emprendieron la huida y, unas cuadras más adelante, el demandante Jorge Luis
Cañón Murcia (parrillero) se lanzó de la motocicleta. El demandante fue
capturado en ese momento, mientras el conductor de la moto continuó la fuga.

3.2.- En audiencia del 2 de febrero de 2007 el Juzgado 6º Penal Municipal con
funciones de control de garantías de Villavicencio declaró la legalidad de la
captura y dictó medida de aseguramiento contra el demandante Jorge Luis Cañón
Murcia, a quien le imputó el delito de homicidio.

3.3.- El 21 de febrero de 2007, de conformidad con la solicitud de la Fiscalía, el
Juzgado 6º Penal Municipal revocó la medida de aseguramiento y ordenó la
libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia.

3.4.- El 20 de marzo de 2007 el Juez 2º Penal del Circuito de Villavicencio con
función de conocimiento precluyó la investigación en favor del demandante
Cañón Murcia porque no se probó que hubiese participado en los hechos objeto
de investigación.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se
surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante fue capturado
el 1° de febrero de 2007; (ii) el 2 de febrero de 2007 el juez de control de
garantías dictó medida de aseguramiento en su contra; (iii) el 21 de febrero de
2007 el Juzgado 6º Penal Municipal revocó la medida de aseguramiento y ordenó
su libertad; y (iv) el 20 de marzo de 2007 el juez de conocimiento precluyó la
investigación.

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

5.- Según la parte actora, el demandante Cañón Murcia fue privado injustamente
de la libertad porque las pruebas del expediente no permitían inferir su
participación en la comisión del delito.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

6.1.- El demandante Jorge Luis Cañón Murcia no pudo obtener ingresos como
consecuencia de su detención.

6.2.- A título de daño emergente, solicitó el pago de los honorarios del abogado
que llevó la defensa en el proceso penal.

6.3.- La víctima directa sufrió un daño a la vida de relación. Sin embargo, los
demandantes no expusieron la justificación para reclamar este perjuicio.

6.4.- La víctima directa y sus familiares reclamaron perjuicios fisiológicos porque
<<(…) tuvieron que sufrir los signos de depresión, aflicción y baja autoestima,
angustias económicas y no poder cumplir con sus obligaciones de subsistencia,
alimentación, compromisos comerciales etc. (…)>>.

6.5.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque <<(…)
entre el señor Jorge Luis Cañón Murcia, su esposa (sic) e hija siempre han
existido relaciones de solidaridad, afectividad, convivencia, cercanía, ayuda
mutua, hermandad, circunstancias estas que, unidos al grado de parentesco,
permiten inferir el dolor o daño moral (…)>>.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como argumentos de defensa expuso que: (i) la actuación de la Fiscalía se surtió
de conformidad con la Constitución y las disposiciones sustanciales y
procedimentales vigentes; (ii) el daño no es antijurídico porque el demandante
Jorge Luis Cañón Murcia tenía el deber de soportar la detención preventiva; (iii)
existían suficientes indicios graves de responsabilidad en su contra; (iv) la
absolución del ahora demandante se debe a una nueva valoración probatoria,
que no le resta valor a la argumentación de la Fiscalía; (v) en la demanda no se
allegaron ni se solicitaron pruebas para acreditar los daños materiales e
inmateriales; y (vi) alegó la excepción de falta de legitimación por pasiva.

8.- La Rama Judicial también se opuso a las pretensiones de la demanda. En su
contestación, señaló que: (i) las actuaciones de la Rama Judicial se ajustaron a
derecho y se respetaron las garantías procesales; (ii) la orden de detención fue
decretada por el juez de garantías de acuerdo a la solicitud de la Fiscalía; (ii) la
Fiscalía, en audiencia, solicitó la revocatoria de la medida, por lo que el juez de

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

garantías la revocó y ordenó la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia;
y (iii) alegó la excepción de indebida representación.

9.- La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda;
argumentó que es su deber constitucional capturar a las personas que sean
requeridas por las autoridades judiciales para que estas realicen el estudio legal
y fáctico para definir su situación jurídica.

C. Sentencia recurrida

10.- En la sentencia del 28 de mayo de 20136, el Tribunal Administrativo del Meta
decidió lo siguiente:

10.1.- Declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación porque dicha entidad
tuvo injerencia directa en la causación del daño sufrido por el demandante Jorge
Luis Cañón Murcia, y la de indebida representación propuesta por la Rama
Judicial porque el poder se otorgó en debida forma y no había sido revocado.

10.2.- En aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, condenó a la Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a reparar el
daño causado por la privación injusta de la libertad del demandante Jorge Luis
Cañón Murcia.

10.3.- En relación con los perjuicios reclamados por la parte actora, el tribunal
decidió:

a.- Reparar los perjuicios morales ocasionados a la víctima directa y a sus
familiares en las sumas transcritas en la presente providencia.

b.- Reparar el lucro cesante. Para su liquidación aplicó la presunción del salario
mínimo legal mensual vigente porque la parte actora no acreditó los ingresos del
demandante Jorge Luis Cañón Murcia y concedió el 25% adicional por concepto
de prestaciones sociales.

c.- Negar la reparación del daño emergente porque no se probó.

d.- Negar la reparación del perjuicio fisiológico porque no se probó.

e.- Negar la reparación del daño a la vida en relación porque no se acreditó.

6 Fl. 323, 331, c - 2

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

D. Recursos de apelación

11.- La Rama Judicial solicita que se revoque integralmente la decisión de
primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda
porque la entidad no contribuyó en la producción del hecho dañino. Sostuvo que
la entidad actuó en estricta sujeción a las formalidades procedimentales y legales,
y se limitó a acceder a las solicitudes realizadas por la Fiscalía, sin que por ello
se pueda configurar responsabilidad patrimonial en su contra.

12.- La Policía Nacional también solicita que se revoque integralmente la decisión
de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda
porque: (i) la descripción y las prendas de vestir del presunto homicida coincidían
plenamente con las características físicas de la víctima directa; lo anterior, en
adición al intento de huida, el estar cerca al lugar de los hechos y las
explicaciones dadas por el demandante Jorge Luis Cañón Murcia una vez fue
abordado por los uniformados, fueron circunstancias que llevaron a la detención
preventiva; (ii) la actuación de la Policía se ajustó a los procedimientos y a la
Constitución, toda vez que a ella le corresponde capturar a los presuntos
infractores de la ley y dejarlos a disposición de la autoridad competente; (iii) la
Fiscalía, como ente acusador, tiene a su cargo la obligación de probar la
existencia del delito; (iv) la Policía cumplió los parámetros legales y
constitucionales y solo se limitó a dejar al demandante a disposición de la
autoridad competente

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

13.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) la providencia que confirmó la
preclusión del procedimiento quedó ejecutoriada el 20 de marzo de 20077; (ii) la
solicitud de conciliación se presentó el 19 de marzo de 20098 y los términos se
suspendieron hasta el 3 de junio de 2009, fecha en la que la conciliación se
declaró fallida; y (iii) la demanda fue interpuesta el 3 de junio de 20099.

14.- La Sala confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación
porque no fue apelada por esa entidad, quien era la que tenía interés procesal
para hacerlo. En consecuencia, a esta entidad le corresponderá pagar una
tercera parte de las condenas decretadas en primera instancia, así:

7 Fl. 28, c – 1. Constancia de ejecutoria emitida por el secretario del Centro de Servicios Judiciales del

Sistema Acusatorio Penal de Villavicencio – Meta.
8 Fl. 23, c – 1.
9 Fl. 1 – 88, c – 1.

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

14.1.- Perjuicios morales:

DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA

13,33
Jorge Luis Cañón Murcia Víctima Directa
SMLMV
10
Ana Briceida Murcia Madre de la víctima
SMLMV
Hermana de la víctima 3,33
Margeli Katherine Pérez Murcia
directa SMLMV
Hermana de la víctima 3,33
Helen Viviana Pérez Murcia
directa SMLMV

14.2.- Lucro cesante: para calcular el monto de este perjuicio, se calculará el 33%
de la condena impuesta en primera instancia, la cual será actualizada a la fecha
presente, así:

RH = $6.941.363,00 / 3

RH = $2.313.787,66

RA = RH Índice Final
Índice Inicial

Donde:

RH: es la suma a actualizar
El índice final: es el previsto en el índice de precios al consumidor certificado por
el DANE, vigente a la fecha de esta providencia
El índice inicial: Es el previsto en el índice de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (28 de mayo
de 2013).

RA = $2.313.787,66 X 128,27
79,21

RA = $3.746.869,63

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a
adoptar

15.- A partir del acta de derechos del capturado10 y la boleta de libertad11, está
probado que el demandante Jorge Luis Cañón Murcia estuvo privado de la

10 Fl. 82, c - 1
11 Fl. 52, c - 1

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

libertad entre el 1° de febrero de 2007 y el 21 de febrero de 2007, es decir, por
un periodo total de veintiún (21) días.

16.- Está demostrado que mediante providencia del 20 de marzo de 2007 el Juez
Segundo Penal del Circuito de Villavicencio con función de conocimiento precluyó
la investigación en favor del demandante Jorge Luis Cañón Murcia porque no se
probó que intervino en el hecho investigado.

17.- En esta providencia, la Sala:

17.1.- Confirmará la decisión de condenar a la Policía Nacional y a la Rama
Judicial porque se demostró la ilegalidad de la captura y de la medida de
aseguramiento dictada contra el demandante Cañón Murcia.

17.2.- Si bien el daño no es imputable a la Fiscalía General de la Nación, se
confirmará la decisión de condenarla porque no fue apelada.

G. Plan de exposición

18.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección
del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad12. En
consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la captura; (ii) la ilegalidad de la
privación de la libertad de la víctima directa; (iii) las entidades imputadas; (iv) el
análisis de la culpa de la víctima y iv) la determinación de los perjuicios y la
reparación.

H. Ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa

i. La ilegalidad de la captura

19.- En vigencia de la Ley 906 de 2004, norma bajo la cual se adelantó el proceso
penal y se dispuso detener a la víctima directa, la captura debía cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 29713, es decir, contar con una orden escrita
del juez de control de garantías, salvo en caso de flagrancia o de la captura
excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación.

12 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
13 ARTÍCULO 297. REQUISITOS GENERALES. <<Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de

2007. El nuevo texto es el siguiente:>> Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de
control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con
el artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se
investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal.
Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de
treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la
orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.
PARÁGRAFO. Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura excepcional dispuesta por la
Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o acusado
no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de
garantías.

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

20.- La Juez Penal Municipal de Villavicencio en audiencia de legalización de
captura afirmó que la captura del demandante Cañón Murcia se trató de una
captura administrativa, y al respecto mencionó: << (…) considera este despacho
que la figura de la detención administrativa, no es una figura que haya perdido
vigencia, pues a través de desarrollo jurisprudencial en la sentencia C - 024 de
1994, se señala los motivos a través de la cual ella se puede desarrollar y le
otorga facultades a la Policía judicial para que bajo ciertos requisitos se pueda
proceder a la misma>>14.

21.- La Sala advierte que la captura del demandante Jorge Luis Cañón Murcia
fue ilegal, toda vez que la figura de la captura administrativa fue declarada
inconstitucional a partir de la sentencia de la Corte Constitucional C-237 de 2005,
dado que <<(…) [s]ólo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para
privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen
la facultad, motu proprio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al
menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente (…)>>15

ii. La ilegalidad de la medida de aseguramiento

22.- La ley antes mencionada establecía en sus artículos 308 a 313 los siguientes
requisitos para adoptar la medida de aseguramiento:

22.1.- La existencia de evidencia física, elementos materiales probatorios o
información obtenida legalmente que permitieran <<inferir razonablemente que
el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga>> (art. 308).

22.2.- La procedencia de la medida según el tipo de delito o la pena del delito
imputado (art. 313).

22.3.- Que la medida sea necesaria porque: (i) se requiere evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia; (ii) el imputado constituye un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) resulta probable que el
imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

23.- Con la grabación de la audiencia preliminar del 2 de febrero de 200716, está
probado que el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de
garantías de Villavicencio dictó medida de aseguramiento contra el demandante
Jorge Luis Cañón Murcia porque consideró que, a partir de los elementos
materiales probatorios allegados al proceso, se podía inferir razonablemente su
participación en el homicidio de la señora María Isabel García Pérez.

14 Índice Samai 48. Min 41.20
15 Corte Constitucional, Sentencia C – 237 de 2005. M.P.: Dr. Jaime Araújo Rentería. Exp. D-5401.
16 Índice Samai 48.

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

24.- Para fundamentar esta inferencia, el juzgado valoró los siguientes elementos
de convicción:

24.1.- La declaración del menor Juan Esteban Pava García, hijo de la occisa y
testigo presencial de los hechos; fue él quien otorgó información a la Policía
acerca de las características morfológicas y vestimenta de quien aseguró le había
disparado a su madre; manifestó que llevaba un camibuzo rojo con rayas blancas,
jean azul, sandalias y un collar de madera artesanal.

24.2.- El reconocimiento en fila realizado por la Policía Nacional, en el cual el
menor Juan Esteban Pava García reconoció al demandante Jorge Luis Cañón
Murcia como autor del asesinato de su madre.

24.3.- La declaración del demandante Jorge Luis Cañón Murcia en la que
manifestó que él venía de su casa en una moto conducida por un tercero como a
las 8.00 de la noche porque su tía le había pedido el favor de recoger unos
plátanos; que una moto de la Policía comenzó a seguirlos y que el conductor de
la moto en la que se estaba transportando el demandante decidió huir debido a
que la motocicleta tenía vencido el SOAT, no tenía puesto el tanque de la
gasolina, y que tanto el conductor, como el demandante iban sin casco y sin
chaleco; indicó que él se tiró de la moto y el conductor arrancó.

25.- A partir de estos medios de convicción, el juez de control de garantías señaló
que contaba con suficientes indicios para dictar la medida de aseguramiento
privativa de la libertad contra el demandante Jorge Luis Cañón Murcia porque el
testigo presencial de los hechos lo identificó como el autor del homicidio.

26.- En relación con la necesidad de la medida de aseguramiento y el
cumplimiento de sus fines constitucionales, el Juzgado Sexto Penal Municipal
con funciones de control de garantías fundamentó su decisión en: (i) la naturaleza
del delito que se le imputó; (ii) la pena del delito imputado, que superaba los 4
años; y (iii) que el imputado era un peligro para la sociedad porque podría hacer
parte de una banda dedicada al sicariato.

27.- La Sala considera que el juez de control de garantías no contaba con
elementos materiales probatorios suficientes que permitieran inferir la
participación del demandante en los delitos que le fueron imputados porque:

27.1.- La declaración del menor Juan Esteban Pava García no podía ser tenida
como prueba porque fue practicada sin presencia del Defensor de Familia,
violando lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Infancia y Adolescencia17.

17 ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser

citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

Por el contrario, la declaración fue recibida por el patrullero David Beltrán
Buritica18, quien informó posteriormente a la central sobre los rasgos del presunto
autor del homicidio.

27.2.- El reconocimiento en fila no podía ser tenido en cuenta como prueba de
responsabilidad contra el demandante Cañón Murcia porque su práctica no se
hizo en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 253 de la Ley
906 de 200419. Se realizó sin autorización del fiscal, no se contaba con el número
mínimo de imputados para realizarlo y no se dejó registro del mismo. Lo anterior
está acreditado con la declaración de la víctima directa, que informa que fue
llevado a la parte de atrás de <<Bomberos>> y fue alumbrado por un vehículo de
color rojo, procedimiento que concuerda con la ampliación del testimonio del
menor Juan Esteban Pava García. Este último afirma que primero fueron a la
estación de Policía y allí le mostraron una foto del demandante Jorge Luis Cañón
Murcia para que les dijera si esa era la persona que había disparado en contra
de su mamá y dijo que sí. Que lo subieron a un carro rojo y luego fue llevado a
<<Bomberos>>, a donde arribó una patrulla de la cual bajaron al demandante
Jorge Luis Cañón Murcia y posteriormente lo pararon al frente del carro rojo y
prendieron las luces; el menor Pava García afirma que lo vio por
aproximadamente 10 minutos y confirmó que sí era quien había disparado.

solo las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el
juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para
conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa.
Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de
Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas
ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación.
A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio o video, caso
en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.
18 Índice Samai 48. Audiencia de medida de aseguramiento.
19ARTÍCULO 253. RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS. En los casos en que se impute la

comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias o resulte necesaria la
verificación de su identidad, la policía judicial, previa autorización del fiscal que dirija la investigación,
efectuará el reconocimiento en fila de personas, de conformidad con las siguientes reglas:
1. El reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de personas, en número no inferior
a siete (7), incluido el imputado, al que se le advertirá el derecho que tiene de escoger el lugar dentro de la
fila.
2. No podrá estar presente en una fila de personas más que un indiciado.
3. Las personas que formen parte de la fila deberán tener características morfológicas similares; estar
vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades análogas, cuando sea el caso por las circunstancias
en que lo percibió quien hace el reconocimiento.
4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el reconocimiento, no podrá hacer señales o
formular sugerencias para la identificación.
5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás integrantes de la fila de personas, antes
de que se inicie el procedimiento.
6. En caso de ser positiva la identificación, deberá expresarse, por parte del testigo, el número o posición
de la persona que aparece en la fila y, además, manifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad
a los hechos que se investigan, indicando en qué circunstancias.
7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio técnico idóneo y se elaborará un acta
que lo resuma, cualquiera que fuere su resultado.
Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los reconocimientos que tengan lugar
después de formulada la imputación. En este evento se requerirá la presencia del defensor del imputado.
De lo actuado se dejará constancia.

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

28.- El juez de control de garantías tampoco justificó adecuadamente la
necesidad de la medida. No expuso las razones particulares que permitían
determinar la necesidad de la medida de aseguramiento respecto del
demandante Jorge Luis Cañón Murcia, ni los motivos concretos por los cuales se
cumplían los propósitos legales de la detención preventiva. No se trata de saber
simplemente si existían indicios de responsabilidad que pudieran justificar la
imposición de una sanción en contra del demandante Jorge Luis Cañón Murcia:
se trata de determinar si existían razones que justificaran mantenerlo privado de
la libertad durante el proceso. Entonces, en la audiencia en la que se dispuso la
detención del demandante era necesario determinar, de manera particular y
concreta, si se cumplían los propósitos legales de esta medida y el juez debió
pronunciarse sobre ellos. Debía pronunciarse expresamente sobre (i) el riesgo
de fuga, el riesgo de reiteración o el riesgo de obstaculización de la justicia que
constituía que el entonces sindicado continuara gozando de su libertad; (ii) si el
imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o
(iii) si resultaba probable que el imputado no compareciera al proceso o que no
cumpliera la sentencia.

I. Entidad imputada

29.- A la Policía Nacional únicamente le es imputable el daño causado por la
privación de la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia desde la fecha
de su captura hasta que fue dejado a disposición de la Fiscalía. Debido a que
está probado que el 1° de febrero de 2007 se realizó la captura y que ese mismo
día fue dejado a disposición de la Fiscalía, solo le es imputable el daño causado
por su privación de la libertad durante ese día.

30.- Por tratarse de un proceso tramitado bajo la vigencia del Código de
Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, el daño causado con
posterioridad a la legalización de la captura y a la imposición de la medida de
aseguramiento es imputable a la Rama Judicial porque fue el juez de control de
garantías quien adoptó esas decisiones. De conformidad con el artículo 306 de
la Ley 906 de 2004, la Fiscalía se limita a solicitar al juez de control de garantías
la imposición de la medida de aseguramiento y a este último le corresponde, de
manera autónoma e independiente, proferir la decisión sobre su imposición.

31.- Sin embargo, debido a que la Fiscalía no apeló la decisión de primera
instancia, se confirmará la decisión de condenarla.

32.- El demandante Jorge Luis Cañón Murcia estuvo privado de la libertad por
cuenta de la Policía Nacional el 1° de febrero de 2007, es decir, por un (1) día
por cuenta de la Policial Nacional y por cuenta de la Fiscalía General de la Nación
y de la Rama Judicial entre el 2 de febrero de 2007 y el 21 de febrero de 2007
esto es, por un período de veinte (20) días.

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

J. Análisis de la culpa de la víctima

33.- Las entidades demandadas no acreditaron que la víctima directa hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes
para la imposición de la medida de aseguramiento. Así mismo, de las pruebas
aportadas al proceso la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva
de la víctima.

34.- Si bien el demandante Jorge Luis Cañón Murcia afirmó en su declaración
haber intentado huir debido a que la moto no tenía el SOAT vigente, dicha
conducta procesal no fue relevante para el juez de control de garantías al
momento de la legalización de captura, ni tampoco al momento de la imposición
de la medida de aseguramiento.

K. Determinación de los perjuicios y reparación

i. Perjuicios morales

35.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202120,
para calcular los perjuicios morales a favor de la víctima directa se tendrá en
cuenta que el demandante Jorge Luis Cañón Murcia estuvo privado de su libertad
por cuenta de la Policía Nacional, de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de
la Nación desde el 1° de febrero de 2007 y el 21 de febrero de 2007 esto es,
por un período de veintiún (21) días. Por lo tanto, la liquidación de los perjuicios
morales sufridos por la víctima directa debería ascender a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, como la Sala confirmará
la condena impuesta en primera instancia contra la Fiscalía General de la Nación
y que esta supera el monto que debería reconocerse de acuerdo con las reglas
jurisprudenciales, la Sala se abstendrá de condenar por este concepto a la Policía
Nacional y a la Rama Judicial.

36.- Debido a que la demandante Ana Briceida Murcia tiene la condición de
madre de la víctima directa, la Sala tendrá por acreditados los perjuicios morales
con la demostración de tal calidad, de conformidad con la sentencia de unificación
del 29 de noviembre de 202121. Su parentesco con la víctima directa está
acreditado con la copia del registro civil de nacimiento22 que obra en el
expediente.

37.- En relación con la intensidad de los perjuicios morales sufridos por la madre
de la víctima directa y su cuantificación, punto en el cual, conforme con la
sentencia anteriormente citada deben tenerse en cuenta las circunstancias

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021. Expediente 46681.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021. Expediente 46681
22 Fl. 79, c - 1

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

particulares demostradas en el curso del proceso, la Sala destaca que en las
declaraciones de Gilma Martínez Calderón23,Yeison Franco Martínez24 y Ana
Clelia Barbosa Pardo25 que obran en el proceso no se hizo alusión, de manera
concreta, al dolor padecido por esta demandante con ocasión de la detención de
su hijo. Por esta razón, la indemnización de los perjuicios morales sufridos por la
demandante Ana Briceida Murcia se debería cuantificar en el 40% de la cuantía
para la víctima directa, es decir, dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Sin embargo, debido a que la Sala confirmará la condena impuesta en
primera instancia contra la Fiscalía General de la Nación y que esta supera el
monto que debería reconocerse de acuerdo con las reglas jurisprudenciales, la
Sala se abstendrá de condenar por este concepto a la Policía Nacional y a la
Rama Judicial.

38.- En cuanto a las demandantes Magerli Katherine Pérez Murcia y Helen
Viviana Pérez Murcia26, quienes comparecieron al proceso en calidad de
hermanas de la víctima directa, la Sala no condenará a la Policía Nacional y a la
Rama Judicial a reparar los perjuicios morales reclamados por estas
demandantes porque: (i) de acuerdo con la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 202127 estos no se presumen con la sola acreditación de su
parentesco con la víctima directa y (ii) si bien la parte actora solicitó la práctica
de testimonios, en ellos no se mencionan los perjuicios morales sufridos por estas
víctimas indirectas.

ii. Daño al buen nombre

39.- Como lo ha explicado la Sala, toda privación injusta de la libertad, sin
importar el delito que hubiera sido imputado al entonces procesado, trae consigo
una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. Por lo
tanto, con fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014
de esta Sección, es procedente ordenar en estos casos, inclusive de oficio, la
adopción de medidas no pecuniarias para la reparación de este perjuicio 28.

40.- Debido a que la privación de la libertad a la cual fue sometido el demandante
Jorge Luis Cañón Murcia afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará al
Director Ejecutivo de la Administración Judicial y al Director de la Policía Nacional
que expida un comunicado en el que se ofrezcan disculpas a la víctima por el
perjuicio causado y reconozcan que él no era responsable del delito que se le
imputó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales deben concertarse con la víctima, el demandante les informará a las
demandadas, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si

23 Fl. 241-243 c -1
24 243 -246, c -1
25 Fl. 248 – 250, c - 1
26 Fl. 27, c - 1
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021. Expediente 46681.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación No.

05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988.

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

dicho documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, desea
que se publique en las plataformas de comunicación de las entidades, y a ello se
procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta por que las disculpas se
expresen de manera privada, por lo que se procederá de esa forma.

iii. Daño a la vida de relación

41.- La Sala confirmará la decisión de negar la reparación de este perjuicio
porque no fue apelada por la parte demandante, quien era la que tenía interés
procesal para hacerlo.

iv. Daño emergente

42.- La Sala confirmará la decisión de negar la reparación de este perjuicio
porque no fue apelada por la parte demandante, quien era la que tenía interés
procesal para hacerlo.

v. Lucro cesante

43.- La parte actora solicitó indemnización por los ingresos dejados de devengar
por el demandante Jorge Luis Cañón Murcia como conductor durante el tiempo
que estuvo privado de la libertad.

44.- Sobre el particular, de conformidad con el criterio jurisprudencial unificado29,
para el reconocimiento de este perjuicio se deben cumplir los siguientes
requisitos: (i) debe haber sido solicitado en la demanda y (ii) estar demostrado
que al momento de su detención la persona desempeñaba una actividad
económica y que debido a la privación de la libertad dejó de recibir ingresos. En
relación con la liquidación del perjuicio se indicó que: (i) el período indemnizable
es el tiempo que duró la detención, desde la aprehensión física hasta <<cuando
éste recobró materialmente la libertad o quedó ejecutoriada la providencia que
puso fin a la actuación penal contra el investigado o sindicado, lo último que
ocurra>>; (ii) el ingreso base de liquidación debe estar probado, y en caso de que
se pruebe que la persona desempeñaba una actividad lícita pero no el monto
devengado <<la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como
ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la
sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa>> y (iii) el
reconocimiento del 25% por prestaciones sociales es viable en caso de que se
acredite una relación laboral subordinada, siempre y cuando se haya solicitado
en la demanda.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Expediente 73001-23-31-

000-2009-00133-01 (44.572). Sentencia del 18 de julio de 2019. M.P.: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

45.- Si bien se aportó una certificación expedida por la empresa Taxiteca 30, esta
menciona que el demandante Jorge Luis Cañón Murcia tenía en arriendo un taxi
con dicha empresa desde el 15 de octubre de 2008; como se observa, hace
relación a hechos posteriores a la captura del demandante.

46.- Con los testimonios de Gilma Martínez Calderón31, Yeison Franco Martínez32
y Ana Clelia Barbosa Pardo33, el demandante Jorge Luis Cañón Murcia acreditó
que realizaba una actividad económica lícita. Sin embargo, no acreditó los
ingresos que devengaba con ocasión de ella. En consecuencia, la Sala aplicará
la presunción del salario mínimo legal mensual vigente para liquidar el lucro
cesante. Para calcular el ingreso base de liquidación no se adicionará el 25% por
concepto de prestaciones sociales debido a que no fue solicitado en la demanda.

47.- Así, para la liquidación del perjuicio se tendrá en cuenta:

Período indemnizable: 21 días.
Salario Mínimo 2023: $ 1.160.000.
Se calcula con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1
i

Donde:
S= Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.00467
n= número de meses a indemnizar 0.7
1= Constante
(1 + 0.004867)0.7 - 1
S = 1.160.000
0.004867

S = $ 811.408,44

48.- Sin embargo, debido a que la Sala confirmará la condena impuesta en
primera instancia contra la Fiscalía General de la Nación por este concepto y que
esta supera el monto que debería reconocerse de acuerdo con las reglas
jurisprudenciales, la Sala se abstendrá de condenar a la Policía Nacional y a la
Rama Judicial a reparar este perjuicio.

30 Fl. 88, c-1
31 Fl. 241-243 c-1 << (…) qué mi hijo cuando eso manejaba un camión y entonces él le ayudaba de
ayudante>> (…) PREGUNTADO: cuánto tiempo duró Jorge cañón trabajando como ayudante de camión
de su hijo Jason y en qué época. CONTESTÓ: como un año o año y medio, eso fue como en el 2006 al
2008, como a veces trabajaba con mi hijo y otras veces con otros camiones.>>
32 243 -246, c-1<< (…) yo conozco a Jorge cañón hace más de cinco o seis años pero no recuerdo los

tiempos entre el 2000 5:02 1006, yo andaba con él, he trabajado con él en un camión de mi papá Rafael
franco, él era ayudante mío.>>
33 Fl. 248 – 250, c- 1<< PREGUNTADO: sabe usted a qué se dedicaba Jorge Luis cañón. CONTESTÓ: él

era ayudante de camión, hay veces que viajaba con Jason o a veces lo mandaba en el carro mío>>

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Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)
Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

L. Costas

49.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 28 de mayo de 2013 por el
Tribunal Administrativo del Meta, así:

<<PRIMERO: CONDÉNASE a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a reparar el daño causado por la privación de
la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN al pago de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la
presente providencia:

DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
13,33
Jorge Luis Cañón Murcia Víctima directa
SMLMV
10
Ana Briceida Murcia Madre de la víctima
SMLMV
Hermana de la víctima 3,33
Margeli Katherine Pérez Murcia
directa SMLMV
Hermana de la víctima 3,33
Helen Viviana Pérez Murcia
directa SMLMV

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
al pago de la suma de tres mil millones setecientos cuarenta y seis mil
ochocientos sesenta y nueve pesos con sesenta y tres centavos ($ 3.746.869,63)
a favor del demandante Luis Cañón Murcia, por concepto de lucro cesante.

CUARTO: ORDÉNASE al Director Ejecutivo de Administración Judicial y al
Director de la Policía Nacional emitir un comunicado en el cual ofrezcan disculpas
al demandante Jorge Luis Cañón Murcia por el daño antijurídico que padeció con
ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta
providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

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Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

SEXTO: SIN CONDENA en costas.

SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del CCA.>>

SEGUNDO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino
a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

20

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