RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-31-000-2009-00248-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00248-01

Legitimación en la causa por activa

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00248-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia del 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y en su lugar: PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. 12 Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448) Actor: Esaú Calderón Omaña Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2009-00248-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)

Demandante: ESAÚ CALDERÓN OMAÑA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / POSEEDOR – No se acreditó la
condición de poseedor del demandante – Tenencia del bien con ánimo de señor o
dueño, para acreditar la posesión.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación contra la sentencia del 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se afirma en la demanda que el 6 de octubre de 2004, fue capturado el señor Esaú
Calderón Omaña, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda
Especializada de Villavicencio, al igual que el vehículo que conducía, de placas XAJ
657. Mediante sentencia del 27 de febrero de 2007, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Villavicencio ordenó la entrega definitiva del bien; sin
embargo, al momento de reclamarlo, no le fue posible retirarlo del lugar donde había
sido dejado por las autoridades, dado que no funcionaba, porque estaba totalmente
desvalijado.

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

II.ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2009, el señor Esaú Calderón Omaña,
por conducto de apoderado, interpuso demanda de reparación directa contra la
Nación -Rama Judicial, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se les declare administrativamente responsables por
la falla en el servicio que conllevo al deterioro, hurto y pérdida total del vehículo de
placas XAJ 657 del cual era poseedor. Como consecuencia de la anterior
declaración, solicitó el reconocimiento y pago de los siguientes rubros: i) 300 smlmv
por perjuicios morales, ii) $53’600.000 por concepto de daño emergente resultado
del valor comercial del vehículo y el valor de la mercancía que llevaba y iii) lucro
cesante por lo dejado de percibir, por un valor $120’000.000.

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte actora señaló que el señor Esaú
Calderón Omaña fue vinculado al proceso penal 126.745, capturado el 6 de octubre
de 2004 y puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada de
Villavicencio.

Adujo, que cuando fue capturado conducía el vehículo automotor de placas XAJ
657, el cual quedó a disposición de la misma Fiscalía, al igual que el cargamento de
aproximadamente 5 mil kilogramos de chatarra que transportaba. Agregó, que
adquirió el vehículo por compra que hizo al señor Néstor Yobany Romero Guatavita,
el 6 de mayo de 2003, pero para el momento de los hechos, no se había realizado
el respectivo traspaso.

Posteriormente, el señor Calderón Omaña fue dejado en libertad; sin embargo, el
vehículo no le fue entregado. El 27 de febrero de 2007, el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio profirió sentencia por medio de la cual
ordenó la entrega definitiva a su propietario, el señor Romero Guatavita.

Mediante oficio JTPCE 2392 del 24 de noviembre de 2008, el referido juzgado
ordenó al gerente del parqueadero Servigruas de Villavicencio, entregar el vehículo.

Finalmente, cuando fue a reclamar el vehículo en el parqueadero en mención, se
percató de que este había sido desvalijado y la carga de chatarra no estaba, además
sus piezas originales se habían cambiado por otras que no pertenecían a ese
2

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

automotor, lo cual impidió que pudiera moverlo y finalmente ocasionó su pérdida
total (fls. 1 – 8, c. 3).

2. Trámite de primera instancia

El 8 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Meta inadmitió la
demanda1 (fl. 57, c. 3). Una vez fue corregido el defecto señalado (fls. 58 – 59, c.
3), el 28 de septiembre del mismo año, se procedió a su admisión y se ordenó
notificar a las demandadas y al Ministerio Público (fls. 60 – 61, c. 3).

El Ministerio del Interior y de Justicia solicitó que se declarara probada la excepción
de falta o indebida legitimidad en la causa por pasiva, porque no tenía
responsabilidad en los hechos que dieron origen a la demanda y, por tanto, no había
razones para su vinculación al proceso (fls. 73 – 77, c. 3).

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que no
intervino en los hechos o actuaciones que le dieron origen al presente asunto.
Propuso las excepciones de i) indebida representación de la Nación en su caso, e
ii) ineptitud sustantiva de la demanda, por no agotar el requisito de procedibilidad
de conciliación prejudicial en relación con ella (fls. 85 – 93, c. 3).

La Fiscalía General de la Nación se opuso a la totalidad de las pretensiones.
Aseguró que las decisiones que se tomaron en el caso concreto, no fueron
arbitrarias ni ilegales; por el contrario estuvieron sustentadas y razonadas. Propuso
las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva e ii) inexistencia
de daño extrapatrimonial por falta de prueba (fls. 97 – 107, c. 3).

Mediante providencia del 24 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo del Meta
decretó las pruebas solicitadas en la demanda y las contestaciones (fls. 120 – 123,
c. 3). El 6 de septiembre de 2017 se corrió traslado a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo
consideraba pertinente, rindiera concepto (fl. 267, c. 2).

El Ministerio de Justicia y del Derecho (fls. 368 – 269, c. 2), la Rama Judicial (fls.
270 – 272) y la parte demandante (fls. 273 – 279, c. 2) presentaron sus alegatos.
Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa procesal.

1
Para que adecuara las pretensiones de la demanda.

3

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 18 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (fls. 281
– 294, c. ppal.):

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA frente al MINISTERIO DE
JUSTICIA, por las razones expuestas en la parte considerativa de este
proveído.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA
DEMANDA POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD frente a la RAMA JUDICIAL, por las razones expuestas en
parte considerativa de este proveído.

TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios causados a ESAÚ CALDERÓN
OMAÑA, con la pérdida total del vehículo de placas XAJ 657, tipo camión, marca
Ford, modelo 1959, de conformidad con lo explicado en esta sentencia.

CUARTO: Como consecuencia y a título de reparación del daño, CONDENAR
en abstracto a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente en favor
del demandante las sumas que resulten liquidadas en el respectivo incidente
que deberá proponer la parte actora en la forma y dentro de la oportunidad legal
(art.172, C.C.A.), de conformidad con lo explicado en esta sentencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior
y de Justicia, consideró que esa entidad no participó en los hechos que según la
parte demandante le produjeron el daño cuya indemnización se pretende.

En lo que tiene que ver con la Rama Judicial, indicó que no se agotó el requisito de
procedibilidad de conciliación prejudicial y, como consecuencia, declaró probada la
excepción de inepta demanda respecto de la misma.

En relación con la Fiscalía General de la Nación, consideró que debe responder por
el deterioro y la pérdida del vehículo de placas AXJ 657, por cuanto «la tardanza en
la resolución de la situación jurídica del rodante dentro de la acción penal, ocasionó
su deterioro, pues no se puede desechar la denuncia realizada por el actor de lo
sucedido al momento de retirar el vehículo del parqueadero donde se encontraba,
a tal punto que llevó al Juzgado Tercero Penal Especializado de Villavicencio a
tomar las acciones legales a su alcance para esclarecer lo sucedido; sin embargo,
ello no fue suficiente para evitar la pérdida del camión».

4

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Sostuvo, que no existe prueba que acredite la entrega del bien al demandante; sin
embargo, obra un memorial dirigido al juez penal de conocimiento en el cual se
expone el estado de deterioro del bien al momento de reclamarlo, dicho memorial,
«no puede tenerse como una prueba para determinar el estado de automotor, por
el contrario, para la sala está demostrado que el rodante se encuentra perdido, pues
la entidad demandada no logró, con pruebas contundentes, demostrar la entrega
del vehículo al demandante, toda vez que no obra actuación que indique que a pesar
del deterioro del vehículo fue entregado a la persona a favor de quien se dispuso la
misma».

Añadió, que el automotor nunca fue puesto a disposición de la Dirección Nacional
de Estupefacientes. Además, indicó que una vez proferida la resolución de
preclusión de la investigación a favor del aquí demandante el 5 de octubre de 2005,
el vehículo debió seguir la misma suerte; sin embargo, no se dispuso la entrega de
este.

Respecto de la titularidad del vehículo, manifestó que si bien quien figura como
propietario del mismo es el señor Néstor Yobani Romero Guatavita, se logró
establecer que, para el momento de la retención, el señor Calderón Omaña fungía
como poseedor.

Finalmente, en relación con los perjuicios, no se logró acreditar el dolor moral,
angustia o aflicción que sufrió el demandante, tampoco logró demostrar la suma
correspondiente a la actividad económica ejercida con el automotor y como
consecuencia negaron los perjuicios morales y el perjuicio material en la modalidad
de lucro cesante. En lo que tiene que ver con el daño emergente condenó en
abstracto, dado que se apartó del dictamen pericial que fue decretado en el curso
del proceso por no contar con soportes que acrediten el valor del vehículo y, en
cuanto a la carga de chatarra, indicó que no era propiedad del demandante y que
quien realmente perdió esa mercancía fue un tercero.

4. Recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revocara la decisión, con
fundamento en que:

5

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

-No se acreditó la falla en el servicio, pues su actuar fue legal, enmarcado en las
disposiciones que se deben seguir frente a una infracción al ordenamiento penal.

-La parte demandante no allegó documento alguno que permitiera demostrar los
montos solicitados por daño emergente y el lucro cesante.

-No incurrió en tardanza; sin embargo, «el responsable de evaluar la situación
deberá estimar si dicho funcionario ha actuado de forma negligente o si, por el
contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de algunas de las causales de
justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito o
cualquier otra circunstancia objetiva y razonable» (fls. 296 – 300, c. ppal.).

5. Trámite de segunda instancia

Mediante providencia del 19 de junio de 2018, el despacho admitió el recurso de
apelación (fl. 317, c. ppal.); el 13 de julio siguiente, se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto,
si a bien lo tenía (fl. 319, c. ppal.).

La Fiscalía General de la Nación insistió en que se revocara el fallo de primera
instancia, dado que no se incurrió en falla en el servicio o un defectuoso
funcionamiento que comprometa su responsabilidad.

Aseguró, que la incautación del vehículo obedeció a la necesidad de investigar la
posible comisión de un hecho punible, lo cual se realizó de acuerdo a la
normatividad vigente (fls. 320 – 324, c. ppal.).

El Ministerio de Justicia y del Derecho reiteró lo manifestado en la contestación de
la demanda, para lo cual indicó que no existe relación entre esa entidad y los hechos
narrados en la demanda (fl. 338, c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, «al
demostrarse la antijuricidad en la conducta de la entidad». Indicó que, el 5 de
octubre de 2005, se dictó preclusión de la investigación a favor del actor, pero no
ordenó la entrega del vehículo.

6

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Sostuvo, que la Fiscalía General de la Nación no justificó el amplio retardo en la
entrega del bien, con lo cual se tiene por acreditada la imputación por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia (fls. 340 – 344, c, ppal.)

La parte demandante y la Rama Judicial guardaron silencio en esta etapa procesal
(fl. 345, c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia,
habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo
considerado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre
de 20082, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que
se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los
tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en
segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso3.

2. Oportunidad

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de
reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día
siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o
de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa
de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el presente caso, el demandante reclama los perjuicios causados por el
deterioro, hurto y pérdida total del vehículo de placas XAJ 657, el cual fue incautado
el 6 de octubre de 2004.

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente
11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
3
A pesar de que en la actualidad la norma y la jurisprudencia enunciadas no se encuentran vigentes
por la expedición del CPACA; son aplicables al presente asunto porque la demanda se interpuso el
21 de julio de 2009, bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo.

7

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala advierte que no
reposa en el plenario acta de entrega del automotor; sin embargo, se evidencia que
el día 24 de noviembre de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio expidió el oficio JTPCE/2.392 dirigido al gerente del
parqueadero Servigruas, en el que le solicitó hacer entrega del vehículo tipo camión
marca Ford de placas XAJ 657 (fl. 227, c. 7), pero dicha orden no fue cumplida
porque, según lo hizo saber el señor Esaú Calderón Omaña en memorial que radicó
en el juzgado el 25 de noviembre siguiente, el automotor se encontraba en estado
de total deterioro (fl. 228, c. 7).

Como en el plenario no obra prueba alguna que permita a la Sala tomar una fecha
posterior como momento de la pérdida del automotor, se iniciará el cómputo de la
caducidad a partir del 26 de noviembre de 2008, razón por la cual la parte
demandante podía incoar el libelo hasta el 26 de noviembre de 2010. La parte
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de marzo de 2009,
la cual fue declarada fallida el 27 de mayo siguiente (fl. 55, c. 3), como la demanda
fue instaurada el 21 de julio de 2009, es claro que se presentó de manera oportuna.

3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa se refiere a la «calidad subjetiva especial que debe tener
la parte en relación con el interés sustancial discutido en cada proceso»4. De antaño,
la jurisprudencia de esta Corporación5 ha reconocido que la legitimación no
constituye un presupuesto procesal o un requisito para la procedencia de la acción6,
por cuanto con esta institución se hace referencia a la posibilidad de que los sujetos
procesales ejerzan sus derechos de acción y contradicción, según se acredite el
interés que cada uno de ellos tiene sobre la relación jurídica sustancial -derecho-
debatido en el proceso.

4
Devis Echandía, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2017, pág.
234.
5
Vr. gr. las sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 13 de
julio de 2016, exp. 1997-50330, C.P. Enrique Gil Botero. También ver Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”, sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 34313, C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
6
Sobre este punto, Devis Echandía sostuvo que: «La Legitimación en la causa no es condición ni
presupuesto de la acción, porque no la condiciona ni limita en ningún sentido, ni su falta impide su
válido y eficaz ejercicio. Si lo fuera, no podría ejercitar la acción quien no estuviera legitimado en la
causa, y como ésta por regla general solo se conoce cuando se dicta la sentencia, se tendría el
absurdo y contradictorio resultado de que aparecería que el demandante no tiene acción sino
después que ella ha producido todos sus efectos jurídicos». Op. cit., pág. 231.

8

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Como no se trata de un presupuesto procesal que permita establecer si es
procedente poner en funcionamiento el aparato judicial -acción-, o presentar
oposición a las pretensiones de la demanda -contradicción-, se entiende que la
legitimación tiene que ver con el éxito o fracaso de las pretensiones y oposiciones
formuladas por las partes en conflicto7.

Al respecto, la Sala aclara que, si bien la legitimación en la causa no se propuso
con el recurso de apelación, esto no es óbice para ser analizado en esta instancia,
de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 164 del Código
Contencioso Administrativo, el cual señala que en «la sentencia definitiva se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no…» -aplicable a la presente
acción-.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa por activa en los eventos en los
que se depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en daños
ocasionados por la administración de justicia, la Sala precisa que quienes están
legitimados para acudir a reclamar el daño son aquellos que: i) gozan de la calidad
de parte -víctima directa- en el proceso en que se reprocha un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o que dio lugar a una providencia
contentiva de un supuesto yerro o, ii) frente a quienes la actuación u omisión de la
administración de justicia proyecta sus efectos -víctimas indirectas-8, por tener una
relación con el proceso judicial del que se reprocha la actuación estatal.

En el presente asunto, la Sala considera que el señor Esaú Calderón Omaña no
acreditó el cumplimiento del presupuesto procesal de legitimación en la causa por
activa. Esto por cuanto presentó la acción de reparación directa a fin de que se le
indemnizaran los perjuicios derivados del deterioro del vehículo de placas XAJ 657
mientras estuvo inmovilizado; automotor sobre el cual invocó tener la calidad de
poseedor.

7
El mismo tratadista sostuvo: «Las partes pueden estar legitimadas para la causa, tengan o no el
derecho o la obligación sustanciales, según se trate de demandante o demandado, porque el
derecho a poner en actividad la jurisdicción y a recibir sentencia que resuelva en el fondo sobre las
peticiones incoadas, no pertenece solamente al titular del derecho sustancial». Ibidem, pág. 231.
8
Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022,
exp. 53.873, sentencia de 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, sentencia de 24 de abril de 2023, exp.
56.673.

9

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

En efecto, revisado el expediente, se advierte que el titular del derecho de dominio9
del vehículo de placas XAJ 657, era el señor Néstor Yobany Romero Guatavita,
quien figura como propietario de dicho automotor en la tarjeta de propiedad del
vehículo.

Ahora, es cierto que la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que la
legitimación en acciones reparatorias puede recaer en condiciones diversas de la
titularidad de un derecho de dominio. Así, si se puede demostrar otro derecho
subjetivo sobre la cosa, como lo es la posesión o cualquier otro interés o derecho,
en relación con el cual el demandante hubiera sufrido un detrimento patrimonial,
para que este quede habilitado para reclamar su reparación.

En el caso concreto, debe precisarse que la posesión se encuentra definida por dos
elementos: por una parte, el animus, entendido como la concepción y conducta que
tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída; y por otra, el corpus,
consistente en la relación material o física que se tiene con aquella, de manera que,
quien se repute como poseedor, debe acreditar no sólo que ejerce un poder de
hecho y material sobre la cosa, sino que no reconoce dominio ajeno.

En el sub examine, el animus, esto es, el elemento subjetivo de la posesión, no se
encuentra acreditado, por cuanto, el mismo señor Calderón Omaña reconoció el
dominio ajeno, dado que, en el curso del proceso penal, reconoció al señor Néstor
Yobany Romero Guatavita como propietario del bien, pues en la “diligencia de
indagatoria” que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2004 manifestó que (fls. 18 – 20,
c. 4):

PREGUNTADO: diga quién es el propietario del vehículo de placas XAJ 657

9
La propiedad de los vehículos se debe demostrar con el documento en el que conste tanto la
identificación del bien como de la persona que ostenta la propiedad, el cual, en los términos de la
jurisprudencia de esta Corporación, corresponde a la tarjeta de propiedad. El artículo 45 del Decreto-
ley 1250 de 1970 establecía “Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro
tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo
dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se
requiera legalmente la formalidad del registro” y artículo 47 de la Ley 769 de 2002 “Tradición del
dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega
material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro
Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo
de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del
vehículo”. Ese documento público no puede ser sustituido por otro, como lo prescribe el artículo 265
del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se trata de un requisito ad substantiam actus. La
falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley
requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se prometa reducirlos a
instrumento público.

10

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

CONTESTÓ: Néstor Giovanny (sic) Guatavita (…)

PREGUNTADO: hace cuánto que conduce usted el vehículo de placas XAJ 657
CONTESTÓ: hace un mes aproximadamente

En el presente asunto, teniendo en cuenta que el aquí demandante reconoció el
dominio ajeno en relación del vehículo respecto del cual reclama una indemnización,
el animus, esto es, el elemento subjetivo de la posesión, no se encuentra acreditado.

En este punto, la Sala considera necesario precisar que, si bien junto con la
demanda se allegó un Formulario Único Nacional de traspaso del Ministerio de
Transporte -Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor-
identificado con número 0763741 76011 respecto de camión de placas XAJ 657,
documento suscrito entre los señores Néstor Yobany Romero Guatavita y Esaú
Calderón Omaña (fl.51, c. 3) y un documento denominado Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT), respecto de camión referido, en el cual figura como
tomador el señor Calderón Omaña, lo cierto es que esos documentos no son
suficientes para acreditar la posesión sobre ese vehículo, entre otras razones,
porque estos fueron suscritos antes de que iniciara el proceso penal y, sin embargo,
en el transcurso de ese proceso, el demandante no invocó su calidad de poseedor
del bien y ni siquiera aportó copia de dichos documentos.

Lo anterior por cuanto, como ya se mencionó en líneas anteriores, en el curso del
proceso penal el señor Calderón Omaña no alegó su calidad de poseedor del bien,
sino que por el contrario indicó que el propietario del vehículo era el señor Romero
Guatavita y, además que conducía el automotor desde aproximadamente un mes
antes de su captura.

En estos términos, para la Sala no es posible reconocer la calidad de poseedor del
señor Esaú Calderón Omaña, por cuanto el propietario del bien es el señor Romero
Guatavita, quien en el curso del proceso penal siempre fue reconocido como tal, sin
que el señor Calderón Omaña contradijera esa afirmación, así como tampoco indicó
haber adquirido el automotor con anterioridad a que fuera inmovilizado, sino que,
por el contrario, el mismo reconoció dominio ajeno y solo señaló en la fecha de su
indagatoria que conducía el mismo desde hacía un mes, lo que impide analizar si el
daño que se reclama en el presente asunto le fue causado o no.

Finalmente, se tiene que en el proceso penal en el cual fue vinculado el vehículo de
placas XAJ 657, mediante providencia del 27 febrero de 2007, el Juzgado Tercero

11

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Penal del Circuito Especializado de Villavicencio ordenó la entrega definitiva del
automotor a quien fuera reconocido como su propietario, es decir, el señor Néstor
Yobany Romero Guatavita (fls. 171 – 187, c. 7) y, que el señor Esaú Calderón
Omaña, aquí demandante, fue simplemente autorizado por el propietario para retirar
el vehículo del parqueadero (fl. 226, c. 7).

En conclusión, la Sala considera que en este caso no se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por activa, habida cuenta que i) la tarjeta de propiedad del
automotor de placas XAJ 657, da cuenta que su propietario es Néstor Yobany
Romero Guatavita, ii) no se concretó el elemento animus respecto de la posesión
en relación con el señor Calderón Omaña y, iii) la orden de entrega del vehículo de
placas XAJ 657 en el proceso penal, se dio a favor del propietario reconocido en
ese asunto.

Por lo hasta aquí expuesto, se procederá a revocar la sentencia impugnada, para
en su lugar declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Esaú
Calderón Omaña.

5. Costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 18 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, y en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, por las razones expuestas en la
parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

12

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00248-01 (61448)
Actor: Esaú Calderón Omaña
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección
DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

VF

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.