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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00264-01

Fecha
4 de abril de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00264-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia, y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR solidariamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Abraham Sánchez Rivera, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas: Nivel Demandante Calidad Indemnización 1º Abraham Sanabria Rivera Víctima directa 50 SMLMV 1º Miryam Galindo Cubillos Compañera permanente 40 SMLMV 1º Luz Mery Sanabria Galindo Hija 25 SMLMV 1º Javier Fernando Sanabria Galindo Hijo 25 SMLMV 1º Luis Mario Sanabria Parada Padre 25 SMLMV 1º Blanca Alicia Rivera Garzón Madre 25 SMLMV 2º Ciro Alfonso Sanabria Rivera Hermano 18 SMLMV 2º Luis Felipe Sanabria Rivera Hermano 18 SMLMV 2º Cristian José Sanabria Rivera Hermano 18 SMLMV 2º Juan Domingo Sanabria Rivera Hermano 18 SMLMV 2º Emilce Sanabria Rivera Hermana 18 SMLMV 2º Marisol Sanabria Rivera Hermana 18 SMLMV TERCERO: CONDENAR solidariamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Abraham Sanabria Rivera a título de lucro cesante la suma de $6.381.751,36. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2009-00264-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

4 de abril de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena, accede, modifica condenas de primera instancia. Caso medida de aseguramiento preventivo, preclusión de la investigación / RECURSO DE APELACIÓN - Principio non reformatio in pejus / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON FINES PREVENTIVOS EN INVESTIGACIÓN PENAL - Impuesta a ciudadano campesino sindicado del delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares / OPERATIVO MILITAR - Allanamiento a vehículo de transporte público de pasajeros. Detención de ciudadano campesino / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Ley 906 de 2004 / ETAPA DE INVESTIGACIÓN - Actuación de Fiscalía y juez con funciones de control de garantías / ETAPA DE JUZGAMIENTO - Juez de conocimiento / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Determinación del periodo de privación con fines indemnizatorios o de reparación de perjuicios

Por lo expuesto, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad del señor (…) se dio desde el 24 de julio de 2007 fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Nacional hasta el 02 de abril de 2008 fecha en la que fue dejado en libertad según como consta en el certificado expedido por la Directora del Centro Penitenciario y Carcelario de Villavicencio - Meta por el presunto ilícito de Tráfico, Fabricación o Porte de Armas y Municiones de Uso Privativo de las Fuerzas Armadas, de manera que el actor estuvo efectivamente privado de la libertad por el término de 8 meses, 1 semana, 1 día, lo que equivale a 8,03 meses. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar solidariamente responsables a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima (…). En consecuencia, la Sala entrará analizar los perjuicios padecidos por el demandante sin afectar el principio de la non reformatio in pejus pues la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial funge como único apelante. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Jaime Enrique Rodriguez Navas, a la fecha, no se cuenta con el medio magnético ni físico de la citada aclaración. Así mismo, este fallo cuenta con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; sobre el particular, ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 37100, 35796 numerales 2 y 3, 36146 y 40286.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN SISTEMA ACUSATORIO PENAL - Ley 906 de 2004 / ETAPA DE INVESTIGACIÓN - Actuación de Fiscalía y juez con funciones de control de garantías / ETAPA DE JUZGAMIENTO - Juez de conocimiento / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Rama judicial y Fiscalía General de la Nación

Para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal. Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado. Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento. Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal. Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.

FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, SISTEMA PENAL ACUSATORIO

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE - Definición, noción, concepto / LUCRO CESANTE - Tipos o modalidades: Lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro

Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación”.

LUCRO CESANTE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reconoce / LUCRO CESANTE EN ACTIVIDAD AGRÍCOLA - Quantum indemnizatorio o cuantía. Presunción de valor devengado: Salario mínimo legal mensual vigente / LUCRO CESANTE - Campesino en actividades agrícolas, jornalero, aparcero. Explotación de cultivos agrícolas en finca

Por concepto de lucro cesante, (…) [el señor] (…) solicita el reconocimiento de $8.000.000, suma de dinero que dejó de percibir durante el periodo que estuvo privado de la libertad, de su actividad como agricultor, pues devengaba un millón de pesos mensuales por sus labores. Frente a este ítem, la Sala encuentra que el contador público (…) certificó que el señor (…) se encuentra catalogado como “CONTRIBUYENTE DE MENORES INGRESOS NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS POR EL AÑO GRAVABLE 2007, teniendo en cuenta que sus Ingresos Brutos son inferiores a Veintinueve Millones trescientos sesenta y cuatro Mil pesos ($29.364.000.oo) y su patrimonio Bruto no excede de Noventa y Cuatro Millones trescientos Ochenta Mil Pesos ($94.383.00.oo) en el último día del año gravable 2007. (…) Que por sus labores desempeñadas como aparcero y jornalero en el sector agropecuario en finca que posee en compañía con cultivo de mora y tomate de árbol recibe ingresos brutos mensuales promedio de NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($980.000.oo) M/cte. (…) Que en el mes de marzo recibió ingresos de NOVECIENTOS OCHETA MIL PESOS ($980.000.oo) M/cte, así: (…) Venta producción cultivos de compañía $740.000 (…) 12 Jornales en el mes $240.000 (…)”. Asimismo, reposan los testimonios de (…) quienes manifestaron que el señor (…) se dedicaba a labores del campo, que sembraba tomate, mora y habichuelas, las cuales también comercializaba, que sus ingresos aproximadamente al mes eran de un millón de pesos, dependía de los precios del mercado. En consecuencia de lo anterior se encuentra demostrado que (…) ejercía labores de agricultor y comercializaba los productos que éste sembraba, esto es, una labor autónoma e independiente como lo declaró el A quo. Sin embargo, de las pruebas arrimadas al plenario no es posible establecer cuál era el ingreso mensual de la víctima directa de la privación, razón por la que equitativamente reconocerá y liquidara el presente perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para la fecha de esta providencia ($781.242). (…) Igualmente, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable (…) desde el 24 de julio de 2007 fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Nacional hasta el 02 de abril de 2008 fecha en la que fue dejado en libertad, lo que equivale a un periodo total de privación a 8,03 meses, periodo que la Sala sólo tendrá en cuenta, pues contrario a lo esgrimido por el juez de primera instancia no se le sumara el 8.75, ya que como se anticipó se encuentra demostrado que el demandante ejercía una actividad independiente. La Sala modificará la liquidación de primera instancia, pues en este caso no procede sumar al tiempo de la privación de la libertad el 8,75, correspondientes al tiempo que según las estadísticas requiere una persona en Colombia para conseguir trabajo luego de haber salido de la cárcel, pues el demandante no era empleado sino que laboraba como independiente. Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidara el presente perjuicio con base en la siguiente fórmula (…). En este orden de ideas, correspondería (…), por concepto de lucro cesante, (…), por lo que se modificará el valor reconocido por el A quo.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE - Por pago de honorarios del abogado / GASTOS DE HONORARIOS - Prueba: Recibo de pago, contrato de prestación de servicios / DERECHO A LA DEFENSA - Defensa técnica en proceso penal

Al respecto, la Sala encuentra que los demandantes solicitan el reconocimiento a título de daño emergente por concepto del pago de honorarios a su apoderado de confianza la suma de $10.000.000. Empero, en el expediente no se encuentra ningún medio de prueba que acredite que estos pagaron la suma solicitada por honorarios, en la misma solo se dispone a señalar que, según sus propias afirmaciones, se tiene que el demandante canceló esa suma. (…) Por lo expuesto, como no se acreditó la suma que canceló el señor (…) con el contrato de prestación de servicios o los recibos de caja que el defensor le debió entregar, la Sala negará su pretensión por este concepto.

DAÑO A LA SALUD - Por afectación o daño a la vida de relación / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR DAÑO A LA SALUD EN EVENTOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Niega para este caso

La Sala observa que la parte demandante solicitó por este concepto el pago de 50 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes, perjuicio que será negado, en primer lugar, porque la parte actora no especificó en qué hace consistir el perjuicio solicitado, pues debe preverse que el daño a la vida de relación ha sido acogido por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento se efectúa bajo la denominación de daño a la salud. Pero si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados”. Sin embargo, lo importante es que no obran en el plenario los medios probatorios que permitan inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad. En consecuencia, se procederá a negar lo solicitado por el demandante por este concepto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril del dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00264-01(47838)

Actor: ABRAHAM SANABRIA RIVERA Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia que condenó a la Rama Judicial y en su lugar se condena solidariamente a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados al demandante por la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido Restrictor: Aspectos procesales – Legitimación en la causa / caducidad de la acción de reparación directa. Presupuestos de la responsabilidad del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad, Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad, imputación de la condena.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 26 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que resolvió:

“Primero: Declarar administrativamente y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de ABRAHAM SANABRIA RIVERA, en los términos que da cuenta esta sentencia.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar a ABRAHAM SANABRIA RIVERA, el valor de $18.091.961.oo por concepto de perjuicios materiales.

Tercero: CONDENAR a la demandada a pagar, por concepto de PERJUICIOS MORALES, los valores mencionados en el siguiente cuadro:

Perjuicios Morales
Nombre
Parentesco /Situación
Indemnización
ABRAHAM SANABRIA RIVERA
Víctima directa
Cincuenta smlmv
MIRYAM GALINSO CUBILLOS
Compañera permanente
Cuarenta smlmv
LUZ MERY SANABRIA GALINDO
Hija (fol.18)
Veinticinco smlmv
JAVIER FERNANDO SANABRIA GALINDO
Hijo (fol.18)
Veinticinco smlmv
CIRO ALFONSO SANABRIA RIVERA
Hermano (fol.19)
Dieciocho smlmv
LUIS FELIPE SANABRIA RIVERA
Hermano (fol.20)
Dieciocho smlmv
CRISTIAN JOSÉ SANABRIA RIVERA
Hermano (fol.21)
Dieciocho smlmv
JUAN DOMINGO SANABRIA RIVERA
Hermano (fol.22)
Dieciocho smlmv
EMILCE SANABRIA RIVERA
Hermana (fol.23)
Dieciocho smlmv
MARISOL SANABRIA RIVERA
Hermana (fol.24)
Dieciocho smlmv
LUIS MARIO SANABRIA PARADA
Padre (fol.15)
Veinticinco smlmv
BLANCA ALICIA RIVERA GARZÓN
Madre (fol. 15)
Veinticinco smlmv

Cuarto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
(…)”.

ANTECEDENTES

La demanda

Fue presentada el 31 de julio de 2009 por Abraham Sanabria Rivera (víctima directa) Miryam Galindo Cubillos (Compañera permanente) quienes actúan en nombre propio y en representación de sus menores hijos Luz Mery Sanabria Galindo y Javier Fernando Sanabria Galindo, asimismo acuden al proceso los padres de la víctima directa Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón; por último sus hermanos Ciro Alfonso Sanabria Rivera, Luis Felipe Sanabria Rivera, Cristian José Sanabria Rivera, Juan Domingo Sanabria Rivera, Emilce Sanabria Rivera y Marisol Sanabria Rivera, quienes mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declare administrativa y extracontractualmente responsables a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados a Abraham Sanabria Rivera por la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido desde el 24 de julio de 2007 hasta el 03 (sic) de abril de 2008, por el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Uso Privativo de las Fuerzas Militares.

1.2.-Como consecuencia de la declaración anterior, los demandantes solicitaron que las entidades demandadas sean condenadas a pagar:

1.2.1-Por concepto de perjuicios morales el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes.

1.2.2- Por concepto de daño a la vida de relación el equivalente a 50 SMLMV para cada uno de los demandantes.

1.2.3-Por concepto de perjuicios materiales:

1.2.3.1.-A título de daño emergente, la suma de $10.000.000 por concepto del pago de honorarios al apoderado judicial, quien ejerció su defensa dentro del proceso penal adelantado en su contra.

1.2.3.2.-A título de lucro cesante el salario que dejó de percibir para la época que estuvo privado de la libertad, teniendo en cuenta que éste se dedicaba a labores del campo y que su asignación mensual correspondía a $1.000.000.

1.3.-Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos:

El 24 de julio de 2007 el señor Abraham Sanabria Rivera se desplazaba de la ciudad de Bogotá a la de San José del Guaviare en la flota “Macarena”, cuando el automotor fue detenido por miembros de la Policía Nacional en el sector del “Peaje de Pipiral”; quienes requisaron el vehículo en el cual encontraron armas “(2 morteros) desarmados”, cuyas partes entre otras se encontraron camufladas en la silla que estaba ubicado el señor Sanabria Rivera y la de la persona que estaba sentado a su lado; por lo que éste sujeto fue trasladado por los uniformados a la Fiscalía Novena Seccional – URI- y luego presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio con funciones de Control de Garantías.

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio con funciones de Control de Garantías legalizó las evidencias físicas, elementos materiales probatorios, legalizó la captura e imputó los cargos que le formuló la Fiscalía por el presunto punible de Fabricación y Tráfico de Armas de Uso Privativo de las Fuerzas Armadas; asimismo impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, ordenando la reclusión en el Instituto Penitenciario y Carcelario de Villavicencio – Meta del señor Abraham Sanabria Rivera.

El 01 de abril de 2008 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado celebró audiencia mediante la cual precluyó la investigación.

2. El trámite procesal

El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda; notició a las entidades demandadas y fijó en lista el proceso.

El 26 de febrero de 2010 la Dirección Seccional de Administración Judicial presentó escrito de contestación a la demanda en el que se opuso a las pretensiones, porque:

“la actuación judicial desarrollada por los Jueces dentro del proceso penal adelantado contra el aquí demandante se ajustó a derecho, con respeto absoluto de las garantías procesales, emitiendo las decisiones correspondientes de conformidad con las pruebas allegadas a la investigación penal. (…) Cabe mencionar que para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios sufridos por un ciudadano a causa de su privación de la libertad, es menester analizar el caso concreto y no generalizar que en todos los eventos hay lugar a indemnización. (…) En el caso particular, se puede observar que no hay lugar a calificar de ilegitima la medida de aseguramiento impuesta al demandante, (…) la detención del demandante se hizo conforme a derecho, guiados por la prueba obrante que condujo a que el ente investigador solicitará la medida de aseguramiento por existir indicios graves que acreditaban la participación del procesado (evidencia física), y por tal razón el Juez de garantías procedió a decretarla. (…) Por lo ya expuesto, no se le puede endilgar responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, pues el juez de Garantías actuó conforme al ordenamiento jurídico vigente, respetando todas las garantías procesales al demandante y en concordancia con los principios rectores que rigen el derecho penal”.

Por ultimo propuso las siguientes excepciones: i) Indebida representación de la Nación en el caso concreto por parte de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura; por cuanto la demanda se refiere a una deficiencia en la investigación la cual le corresponde con aplicación de la Ley 906 de 2004 (normativa aplicable para la época de los hechos) a la Fiscalía General de la Nación, ii) la innominada.

El 26 de febrero de 2010 la Fiscalía General de la Nación radicó escrito mediante el cual contestó la demanda en el que indicó que los hechos no le constan, por lo que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, y que se opone a todas y cada una de las pretensiones y condenas solicitadas en el escrito de la demanda. Lo anterior con fundamento en que la detención a la que se vio sometido el señor Sanabria Rivera no tenía la connotación de injusta, en consecuencia, el daño que pudo sufrir el sindicado al definir su situación jurídica y al calificar el mérito del sumario no tenía la categoría de antijurídico por lo que se encontraba en el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial, como quiera que en la investigación penal sí existían suficientes indicios graves de responsabilidad en su contra.

Por otra parte indicó que la privación injusta de la libertad alegada por la parte demandante no es más que el desarrollo normal de actuaciones adelantadas por dicha entidad en cumplimiento de su deber legal establecido en la Constitución Política y las disposiciones sustanciales vigentes para la época de los hechos, garantizándoles al demandante su derecho a la defensa, contradicción y en general al debido proceso, por lo que con su actuación no se incurrió en una falta que por omisión, retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio, comprometa su responsabilidad, pues sus actuaciones han sido ajustadas a lo instituido. Seguidamente, indicó que se encuentra configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; por otra parte señaló que por falta de prueba no estaba demostrada la existencia de daño extrapatrimonial.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su respectivo concepto; oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En fallo del 26 de abril de 2012 el Tribunal Administrativo del Meta accedió a las pretensiones de la demanda, en consideración a que “de conformidad con el artículo 90 de la C.P., hay lugar a la imputabilidad del daño a la RAMA – JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA por todo lo acabado de mencionar, por estar fuera de la legalidad el accionar de la demanda. Y teniendo en cuenta que la víctima no se expuso imprudentemente al daño, ni por acción, ni por omisión, entonces el señor ABRAHAM SANABRIA RIVERA no estaba obligado a soportarlo y por tanto el mismo es antijurídico” .

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

El 17 de mayo de 2012 la Nación – Rama Judicial en su calidad de demandada y condenada dentro del proceso de la referencia radicó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto en el caso bajo estudio no se encuentra configurada la falla en la administración de justicia, ni le corresponde la imputación a la Rama Judicial sino a la Fiscalía General de la Nación:

“era procedente, y las decisiones adoptadas por los operadores judiciales adscritos a la Rama Judicial estuvieron siempre enmarcadas dentro del contenido de una obligacional que el procedimiento penal le imponía a los Jueces de la República. (…) La ausencia de intervención de la RAMA JUDICIAL se da en razón a que para la época de los hechos, el procedimiento penal por el cual se adelantó la correspondiente investigación estaba regulado por la Ley 906 de 2004 norma procesal que si bien admite la intervención del Juez Penal desde el comienzo del proceso, cuando funge con funciones de control de garantías, lo hace solamente como vigilante de la actuación judicial. (…) el inconformismo con la sentencia impugnada radica en que la Rama Judicial no contribuyó en la producción del hecho que a juicio del a quo fue el causante del daño, en la medida que la actuación de los jueces de la república fue adelantada con estricta sujeción a las formalidades propias del debido proceso y ritualidades previstas en el estatuto procesal penal. El Juez de Control de Garantías, así como los demás despachos judiciales intervinientes brindaron todas las garantías constitucionales, y salvaguardaron el debido proceso de acuerdo con las obligaciones constitucionales y legales asignadas a estos; por lo que el hecho eficiente del presunto daño por falla en la prestación del servicio de administración de justicia no se configura bajo la órbita de competencias de la Rama Judicial, toda vez que esta, a través de sus jueces, se limitó a realizar un análisis de legalidad de las solicitudes de la Fiscalía General, análisis que por demás se circunscribe únicamente al procedimiento y no a los aspectos sustanciales, o al estudio de la conducta punible, accediendo a la solicitud de preclusión realizada por el ente acusador en la oportunidad que era procedente. (…) La defensa no comparte la posición del a quo, al excluir de responsabilidad a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como quiera que en la sentencia el Tribunal señaló que: “(…) desde el inicio de la actuación se vislumbra esa falta de conexión material y psicológica del sindicado ABRAHAM SANABRIA RIVERA con las armas de uso privativo de la fuerza pública, como a continuación se dirá y ello desvanecía lo razonable de la inferencia como requisito para la medida según el artículo 308 del C.P.P (…)” (…) Teniendo en cuenta las anteriores precisiones Legales, jurisprudenciales y fácticas, es necesario advertir que a la Rama no le es imputable el daño, en tanto que no existe con este órgano relación sustantiva imputable en el conflicto en estudio, por lo anterior respetuosamente solicito se revoque la sentencia de primera instancia por haberse fundado la decisión allí en juicios de valor que no tenían por acreditados los supuestos de responsabilidad en que se fundamentan las pretensiones”.

El 04 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo del Meta convocó audiencia de conciliación de conformidad a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001; la cual se declaró fallida, según como consta en el acta del 22 de noviembre de 2012.

Seguidamente, esto es, el 28 de junio de 2013 el Tribunal Administrativo del Meta concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación incoado por la parte condenada ante esta Corporación en efecto suspensivo.

IV. TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Corporación mediante auto de 26 de agosto de 2013 admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte condenada contra la sentencia de primera instancia.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2013 corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo concepto, oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación.

Seguidamente, el 28 de octubre de 2013 el Ministerio Público radicó el concepto Nº 330/ 2013 mediante el cual solicitó que se confirme el fallo apelado con fundamento en las siguientes consideraciones: en primer lugar planteó el siguiente problema jurídico “consiste en determinar sí la privación de la libertad del señor ABRAHAM SANABRIA RIVERA fue injusta y si por ello las demandadas deben ser declaradas responsables e indemnizar a los demandantes”; en segundo lugar trajo a colación el precedente del 20 de febrero de 2008 –expediente 15980- de esta Corporación; en tercer lugar analizó el caso concreto en el cual desarrolló: i) la caducidad de la acción, requisito de procedibilidad que se encontraba superado; ii) analizó el daño, este es, la privación de la libertad la cual se encontraba probada pues desde el 25 de julio de 2007 el señor Sanabria Rivera fue detenido hasta el 02 de abril de 2008 fecha en la cual fue dejado en libertad; iii) estudió la legitimación en la causa por activa, la cual encontró acreditada por cada una de las partes que acudieron a la acción de reparación directa, y con relación a la legitimación en la causa por pasiva, indicó que fueron las autoridades judiciales las que afectaron la libertad del demandante, en consecuencia se debe sostener la condena como realizó el a quo, esto es, solo a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; y iv) se pronunció respecto de la indemnización de los perjuicios, como el apelante único no formuló ningún cuestionamiento, no encontró razón para revisarla.

El 13 de enero de 2015 el Consejero Ponente convocó a la partes a audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 146 de 1998, la cual no se llevó a cabo por no existir animo conciliatorio por parte de la demanda.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado procede la Sala a desatar la alzada, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1.- Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Abraham Sanabria Rivera (víctima directa) y su núcleo familiar conformado por Luz Mery Sanabria Galindo y Javier Fernando Sanabria Galindo (hijos); Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón (padres); y Ciro Alfonso Sanabria Rivera, Luis Felipe Sanabria Rivera, Cristian José Sanabria Rivera, Juan Domingo Sanabria Rivera, Emilce Sanabria Rivera y Marisol Sanabria Rivera (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

A su vez, acude al plenario Miryam Galindo Cubillos en su condición de compañera permanente condición que la Sala encuentra probada conforme a los testimonios de los señores Jaime Galindo, Antonio Camilo Bejarano Cubillos, Pedro Manuel de Jesús Cruz Castillo, Mari Yaneth Galindo Gil, Fernando Cucaita Baquero y Oscar Esneider Rodríguez Rojas, conocidos de la víctima directa y quienes manifestaron de manera contundente y pacifica que el privado de la libertad convivía con Miryam Galindo en unión libre.

Ahora bien, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.

Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.

Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.

1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que la providencia mediante la cual se precluyó la investigación a favor del demandante quedó ejecutoriada el 01 de abril de 2008 y la demanda se radicó el 31 de julio de 2009, se tiene que la misma fue incoada dentro del término de dos años establecido el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6. Imputación de la condena

Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.

En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:

“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.

PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”

Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:

“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.

A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.

De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.

Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.

Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.

De otra parte, en lo que se refiere a la actividad Judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.

Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”

Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.

En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.

Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.

Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.

Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.

Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.

Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:

“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.

La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.

En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.

Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.

Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.

De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.

De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:

ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”

Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.

Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:

“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”

Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.

Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:

“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”

Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.

Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.

Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:

ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.

En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.

Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.

Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.

7. El caso concreto.

Conforme al objeto de la apelación y los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a determinar si en el caso de autos la Nación - Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación son administrativa y patrimonialmente responsables de la privación de la libertad a la que se encontró sometido el señor Abraham Sanabria Rivera como autor del punible de Tráfico de Armas de uso privativo de las Fuerzas Militares desde el 24 de julio de 2007 hasta el 02 de abril de 2008, de conformidad con los siguientes hechos probados:

La Sala encuentra demostrado que la vinculación del señor Abraham Sanabria Rivera al proceso penal CUI:50001-61-05671-2007-82405 Nº Interno 567 sindicado del delito de Tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, tuvo su génesis en la requisa que practicaron miembros de la Policía Nacional el 24 de julio de 2007 a las 03:00 AM en el peaje Pipiral a un bus de transporte intermunicipal el cual pertenecía a la empresa de flotas la “Macarena” el cual cubría la ruta Bogotá – San José del Guaviare, con 20 pasajeros, entre los cuales se encontraba el señor Sanabria Rivera; “al revisar la bodega lateral izquierda del bus los policiales hallaron al interior maletas, cajas varias y dos mesas con las siguientes características, la parte superior en madera de forma redonda, tubo metálico y la base o patas en madera, mesas que al ser revisadas por los policiales minuciosamente, constataron que se trataba de dos cañones de arma de fuego tipo mortero para granadas de 60 mm cada uno, de forma inmediata se indago con el ayudante del bus el señor Arnulfo Valencia (…) de quien (sic) eran las mesas, el ayudante subió al interior del bus y pregunto (sic) de quien (sic) eran esos elementos ya que no recordaba quien había subido dichos elementos, ninguna de las personas manifestó ser el propietario de esas cosas, de igual forma le preguntaron al conductor lo mismo, quien manifestó que no sabía, el patrullero Vargas se subió al bus con el fin de continuar la requiza (sic), encontrando en el piso de las sillas identificadas con los números 33 y 34 las cuales se encontraban sin pasajeros, hallando allí los mecanismos de disparo de los dos morteros, siguiendo el procedimiento de requiza (sic), el policial hallo en la papelera del baño del bus, las dos bases para los morteros, quedando pendiente en encontrar los dos pasadores que unen el cuerpo del mortero con la placa y los mecanismos de disparo para así quedar completas dichas armas, de forma inmediata se dio aviso a la URI por teléfono, ya en la URI, al registrar minuciosamente el vehículo se encontró debajo en medio de los puestos los 02 pasadores que hacían falta los cuales son los que aseguran las partes de los morteros, en dichos puestos estaban sentados el señor pasajero DARÍO FRANCO en el asiento Nº 9 y en 10 el señor Abraham Sanabria Franco”.

Seguidamente, obran las ordenes dirigidas el 24 de julio de 2007 a la Policía Judicial por parte de la Fiscalía, en las cuales solicitó: i) reseña decadactilar de los sindicados, para establecer plena identidad; ii) verificación de arraigo familiar, laboral y en la comunidad; iii) realizar la experticia sobre el arma de fuego tipo mortero; iv) verificar antecedentes penales y contravencionales en el DAS; V) verificar en INDUMIL los antecedentes del arma, a quién pertenecía.

Por lo expuesto el mismo 24 de julio de 2007 la autoridad policial procedió a capturar al señor Sanabria Rivera tal como consta en el acta de derechos del capturado, la cual suscribió el detenido, seguidamente diligenciaron el acta de incautación, mediante la cual quedó registrado el siguiente elemento: “01 Tiquete de Transporte de pasajeros Nº 6177016 puesto asignado Nº 9 origen Bogotá destino San José del Guaviare” .

Asimismo, reposa el certificado del 24 de julio de 2007 expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S en el que consta que el señor Abraham Sanabria Rivera no tenía antecedentes para esa época.

Reposa el acta de “Control a las Audiencias Preliminares” en el cual se relacionaron los siguientes datos respecto de la audiencia preliminar las cuales se llevaron a cabo el 25 de julio de 2007 en la que el Juzgado Segundo Municipal con Función de Garantías en donde se adelantó i) la legalización captura; ii) Imposición de medida de aseguramiento y iii) suspensión del poder dispositivo con fines de comiso; seguidamente quedaron registradas las siguientes observaciones: a) que los imputados no se allanaron a los cargos; b) se impuso medida de aseguramiento de detención carcelaria, a petición del ente investigador, quien elevó dicha petición en el transcurso de la audiencia; c) se legalizó captura; d) se libró boleta de detención a los imputados; y e) la medida de aseguramiento fue apelada por parte de los defensores.

En consecuencia de lo anterior el 25 de julio de 2007 el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento profirió la boleta de detención Nº 256 dirigida al Director de Cárcel Distrital de Villavicencio, en la que le manifestó que “en audiencia de la fecha, IMPUSO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CONSISTENTE EN DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO a ABRAHAN SANABRIAL RIVERA (…), quien debe permanecer privado de la libertad en ese centro carcelario”.

En el expediente obra el acta de la audiencia de formulación de acusación la cual se llevó a cabo el 05 de marzo de 2008, en la cual quedó registrado que el Fiscal solicitó la preclusión del proceso, sin embargo, el Juez de la causa le señaló que para ello existe otra etapa procesal, empero, el fiscal reitero que no está interesado en acusar a esas dos personas, por lo que el Juez terminó la audiencia y frente al contenido de la misma señaló que no había lugar a impartir aprobación judicial.

Seguidamente reposa el registro realizado por el Fiscal 12 Especializado para la audiencia de preclusión, la cual se llevó a cabo el 01 de abril de 2008 en la que se relacionan datos del señor Abraham Sanabria Rivera y quedó reseñado lo siguiente:

“(…)
FUNDAMENTO DE LA PRECLUSIÓN.

Las razones que tiene la Fiscalía en este momento para solicitar la preclusión, se basa principalmente en:

La escena de los hechos fue contaminada, al no aislar la misma, se trasporto (sic) las evidencias y los pasajeros en el vehículo en donde se desarrollaron los acontecimientos.

(ilegible) personas que transportaban los elementos ilícitos, solo son pruebas circunstanciales que no comprometen directamente e (sic) los imputados, ABRAHAM SANABRIA Y DARIO FRANCO.
Lo único que los incrimina es el hecho de que debajo de los asientos 9 y 10 en donde viajaban 4 horas después, encontraron un paquete con los pasadores y estopines, envueltos en cinta transparente; pero esta circunstancia es sospechosa ya que este paquete es grande con un peso de una libra aproximadamente, como los policías no encontraron en poder de estos este elemento si era grande como 12 cms y un volumen que era fácilmente apreciable visualmente, solo en la Uri aparecen estos; igualmente que debajo de los asientos tiene un paso grande por donde pueden haber sido rodados con el movimiento del bus.

Al no tener elementos materiales solidos (sic), claros y directos que comprometan a los procesados y la evidencia es circunstancial es imposible en este momento a la Fiscalía para desvirtuar la presunción de inocencia de estos.
(…)”.

Posteriormente, se encuentra el acta del audiencia de preclusión – Sala 4 del 01 de abril de 2008 a cargo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento del Sistema Penal Acusatorio en la que quedó registrado que el señor Juez le concedió la palabra al fiscal quien solicitó la preclusión con fundamento en lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 332 del C.P.P, puesto que no hay pruebas que demuestren que los sindicados son los autores de la conducta punible endilgada, pues no hay conexidad con la materialidad hacia la culpabilidad, la sola arma incautada no es prueba suficiente para ello; seguidamente, el Juez le concedió el uso de la palabra a los demás sujetos procesales, quienes coadyuvaron la petición incoada por la Fiscalía, con fundamento en lo anterior el Juez dictó sentencia de preclusión con fundamento en que “del estudio de las pruebas que contiene la actuación no se tiene prueba de la autoría que ponga a la judicialidad en la posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que cobija a los imputados en este asunto”, en consecuencia, ordenó la libertad inmediata de los sindicados.

El 02 de abril de 2008 el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Villavicencio expidió la boleta de libertad Nº 003 dirigida al Director de la Cárcel del Circuito de Villavicencio – Meta en la que solicitó dejar en libertad al señor Abraham Sanabria Rivera, toda vez que el 01 de abril en audiencia se precluyó la investigación a su favor.

Por último, se encuentra el certificado que expidió la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio – Meta; en la que consta que el señor Sanabria Rivera Abraham Guayara sindicado por el delito de Tráfico de Armas de Uso Privativo de las Fuerzas Militares estuvo recluido en ese establecimiento desde el 25 de julio de 2007 por orden del Centro de Servicios Judiciales SPA según boleta de Detención Nº 256, hasta el 02 de abril de 2008 fecha en que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio profirió preclusión de la investigación.

Por lo expuesto, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad del señor Abraham Sanabria Rivera se dio desde el 24 de julio de 2007 fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Nacional hasta el 02 de abril de 2008 fecha en la que fue dejado en libertad según como consta en el certificado expedido por la Directora del Centro Penitenciario y Carcelario de Villavicencio - Meta por el presunto ilícito de Tráfico, Fabricación o Porte de Armas y Municiones de Uso Privativo de las Fuerzas Armadas, de manera que el actor estuvo efectivamente privado de la libertad por el término de 8 meses, 1 semana, 1 día, lo que equivale a 8,03 meses.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar solidariamente responsables a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Abraham Sanabria Rivera, por el término de 8,03 meses.

En consecuencia, la Sala entrará analizar los perjuicios padecidos por el demandante sin afectar el principio de la non reformatio in pejus pues la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial funge como único apelante.

8. Liquidación de perjuicios inmateriales

8.1. Perjuicios morales

Como se dejó dicho en el punto 5 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el expediente se encuentra acreditado que Abraham Sanabria Rivera comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad y, a su turno, la señora Myriam Galindo Cubillos se presenta en calidad de compañera permanente del privado de la libertad, Luz Mery Sanabria Galindo y Javier Fernando Sanabria Galindo, en su calidad de hijos; Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón en su calidad de padres de la víctima y los señores Ciro Alfonso Sanabria Rivera, Luis Felipe Sanabria Rivera, Cristian José Sanabria Rivera, Juan Domingo Sanabria Rivera, Emilce Sanabria Rivera y Marisol Sanabria Rivera, en su calidad de hermanos de las víctimas; parentescos estos que se encuentran acreditados conforme se anotó en el acápite de legitimación en la causa y ubican a los demandantes dentro del primer nivel de cercanía afectiva reconocido por la jurisprudencia, donde se presumen los elementos configurantes del perjuicio moral.

Ahora bien, como ya se dijo, está demostrado que Abraham Sanabria Rivera estuvo privado injustamente desde el 24 de julio de 2007 fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Nacional hasta el 02 de abril de 2008 fecha en la que fue dejado en libertad, lo que equivale a 8,03 meses. Situación que ubica a los demandantes en el cuarto rango indemnizatorio el cual equivale a periodos de privación superiores a 6 e inferiores a 9 meses, con un reconocimiento equivalente a 70 y 35 SMLMV, para el primer y segundo nivel de cercanía afectiva, respectivamente.

Sin embargo, como ya se anticipó no se le puede hacer más gravosa la situación al único apelante por lo que la Sala confirmará la condena impuesta por el A quo la cual deberán pagar solidariamente las demandadas, como se declaró en las consideraciones del caso concreto, así:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
Abraham Sanabria Rivera
Víctima directa
50 SMLMV
1º
Miryam Galinso Cubillos
Compañera permanente
40 SMLMV
1º
Luz Mery Sanabria Galindo
Hija
25 SMLMV
1º
Javier Fernando Sanabria Galindo
Hijo
25 SMLMV
1º
Luis Mario Sanabria Parada
Padre
25 SMLMV
1º
Blanca Alicia Rivera Garzón
Madre
25 SMLMV
2º
Ciro Alfonso Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Luis Felipe Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Cristian José Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Juan Domingo Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Emilce Sanabria Rivera
Hermana
18 SMLMV
2º
Marisol Sanabria Rivera
Hermana
18 SMLMV

8.2. Perjuicios materiales

8.2.1 Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación”

Por concepto de lucro cesante, Abraham Sanabria Rivera solicita el reconocimiento de $8.000.000, suma de dinero que dejó de percibir durante el periodo que estuvo privado de la libertad, de su actividad como agricultor, pues devengaba un millón de pesos mensuales por sus labores.

Frente a este ítem, la Sala encuentra que el contador público Arnulfo Ernesto Rojas Bohórquez quien porta la tarjeta profesional Nº 34891-T certificó que el señor Abraham Sanabria Rivera se encuentra catalogado como “CONTRIBUYENTE DE MENORES INGRESOS NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS POR EL AÑÓ GRAVABLE 2007, teniendo en cuenta que sus Ingresos Brutos son inferiores a Veintinueve Millones trescientos sesenta y cuatro Mil pesos ($29.364.000.oo) y su patrimonio Bruto no excede de Noventa y Cuatro Millones trescientos Ochenta Mil Pesos ($94.383.00.oo) en el último día del año gravable 2007. (…) Que por sus labores desempeñadas como aparcero y jornalero en el sector agropecuario en finca que posee en compañía con cultivo de mora y tomate de árbol recibe ingresos brutos mensuales promedio de NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($980.000.oo) M/cte. (…) Que en el mes de marzo recibió ingresos de NOVECIENTOS OCHETA MIL PESOS ($980.000.oo) M/cte, así: (…) Venta producción cultivos de compañía $740.000 (…) 12 Jornales en el mes $240.000 (…)”.

Asimismo, reposan los testimonios de los señores Jaime Galindo, Antonio Camilo Bejarano Cubillos, Pedro Manuel de Jesús Cruz Castillo, Mari Yaneth Galindo Gil, Fernando Cucaita Baquero y Oscar Esneider Rodríguez Rojas quienes manifestaron que el señor Abraham Sánchez Rivera se dedicaba a labores del campo, que sembraba tomate, mora y habichuelas, las cuales también comercializaba, que sus ingresos aproximadamente al mes eran de un millón de pesos, dependía de los precios del mercado.

En consecuencia de lo anterior se encuentra demostrado que Abraham Sanabria Rivera ejercía labores de agricultor y comercializaba los productos que éste sembraba, esto es, una labor autónoma e independiente como lo declaró el A quo.

Sin embargo, de las pruebas arrimadas al plenario no es posible establecer cuál era el ingreso mensual de la víctima directa de la privación, razón por la que equitativamente reconocerá y liquidara el presente perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para la fecha de esta providencia ($781.242).

Igualmente, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable para Abraham Sanabria Rivera desde el 24 de julio de 2007 fecha en que fue capturado por miembros de la Policía Nacional hasta el 02 de abril de 2008 fecha en la que fue dejado en libertad, lo que equivale a un periodo total de privación a 8,03 meses, periodo que la Sala sólo tendrá en cuenta, pues contrario a lo esgrimido por el juez de primera instancia no se le sumara el 8.75, ya que como se anticipó se encuentra demostrado que el demandante ejercía una actividad independiente.

La Sala modificará la liquidación de primera instancia, pues en este caso no procede sumar al tiempo de la privación de la libertad el 8,75, correspondientes al tiempo que según las estadísticas requiere una persona en Colombia para conseguir trabajo luego de haber salido de la cárcel, pues el demandante no era empleado sino que laboraba como independiente.

Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidara el presente perjuicio con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i) n-1
i

Donde,
S=Suma indemnizatoria
Ra=Vr. Renta actualizada
i=0.004867
n=4,8 meses a liquidar
1= constante

S= $781.242 (1 + 0.004867)8,03-1
0.004867
S= $6.381.751,36.

En este orden de ideas, correspondería a Abraham Sanabria Rivera, por concepto de lucro cesante, la suma de $6.381.751,36, por lo que se modificará el valor reconocido por el A quo, esto es, la suma de $18.091.961.oo.

8.2.2 Perjuicios materiales a título de daño emergente

8.2.2.1. Daño emergente por pago de honorarios del abogado.

Al respecto, la Sala encuentra que los demandantes solicitan el reconocimiento a título de daño emergente por concepto del pago de honorarios a su apoderado de confianza la suma de $10.000.000. Empero, en el expediente no se encuentra ningún medio de prueba que acredite que estos pagaron la suma solicitada por honorarios, en la misma solo se dispone a señalar que, según sus propias afirmaciones, se tiene que el demandante canceló esa suma.

Al respecto, esta Corporación ha establecido que se deben probar los gastos por concepto de honorarios así:

“(…) ¿cómo se prueba los gastos que por honorarios tuvo que erogar una persona en un proceso penal seguido en su contra? ¿Cuál es la prueba conducente y pertinente para demostrar el pago de los mismos? ¿Basta la declaración del abogado en el proceso contencioso administrativo de que recibió una determinada suma de dinero por honorarios de la parte actora, para tener dicho valor como cierto?

El pago, en los términos del artículo 1626 del Código Civil es la prestación de lo que se adeuda y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757 ibídem, luego entonces, cuando una persona en un proceso de reparación directa solicita se le reconozca y pague una suma de dinero entregada a un abogado (tercero) por concepto de honorarios, debe demostrar no solo la existencia del misma, sino que en efecto la pagó.

Por excelencia la prueba del pago, de conformidad con el Código Civil establece que es la carta de pago, según el Estatuto del Abogado – Ley 1123 de 2007 y el Código de Comercio es el recibo, documentos que; cumpliendo los requisitos de ley, se encuentran llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente, satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de prueba, puesto que en el ordenamiento colombiano rige el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con la sana critica.

Así las cosas, tratándose del pago de honorarios deben aportarse al expediente todas aquellas pruebas que reflejen la existencia de los mismo y de su erogación, tales como el contrato de prestación de servicios (si lo hubiere), los recibos que evidencien el pago de los mismos y todas aquellas que demuestren la gestión de apoderado en el proceso que se dice actuó, entre otros”.

Por lo expuesto, como no se acreditó la suma que canceló el señor Sanabria Rivera con el contrato de prestación de servicios o los recibos de caja que el defensor le debió entregar, la Sala negará su pretensión por este concepto.

8.3.- Daño a la vida de relación

La Sala observa que la parte demandante solicitó por este concepto el pago de 50 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes, perjuicio que será negado, en primer lugar, porque la parte actora no especificó en qué hace consistir el perjuicio solicitado, pues debe preverse que el daño a la vida de relación ha sido acogido por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento se efectúa bajo la denominación de daño a la salud. Pero si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados”.

Sin embargo, lo importante es que no obran en el plenario los medios probatorios que permitan inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad. En consecuencia, se procederá a negar lo solicitado por el demandante por este concepto.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR solidariamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Abraham Sánchez Rivera, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
Abraham Sanabria Rivera
Víctima directa
50 SMLMV
1º
Miryam Galindo Cubillos
Compañera permanente
40 SMLMV
1º
Luz Mery Sanabria Galindo
Hija
25 SMLMV
1º
Javier Fernando Sanabria Galindo
Hijo
25 SMLMV
1º
Luis Mario Sanabria Parada
Padre
25 SMLMV
1º
Blanca Alicia Rivera Garzón
Madre
25 SMLMV
2º
Ciro Alfonso Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Luis Felipe Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Cristian José Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Juan Domingo Sanabria Rivera
Hermano
18 SMLMV
2º
Emilce Sanabria Rivera
Hermana
18 SMLMV
2º
Marisol Sanabria Rivera
Hermana
18 SMLMV

TERCERO: CONDENAR solidariamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Abraham Sanabria Rivera a título de lucro cesante la suma de $6.381.751,36.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente

JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
Aclaró voto

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 37100/16;
Rad. 35796#2y3/16; Rad.36146/15; Rad. 40286/16

En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado
Fls. 360-363 del C.P
Fls. 350-358 del C.P
Fls. 2-24 del C.1
Fls. 4-7 del C.1
Fls 84-85 del C.1
Fl. 95 del C.1 (Fiscalía General de la Nación)
Fl. 96 del C.1 (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial)
Fls. 97 del C.1
Fls. 98-109 del C.1
Fls. 113-123 del C.1
Fls. 133-135 del C.1
Fls. 328 del C.1
Fls 331-347 del C.1
Fls. 182-196 del C.1
Fls. 209-218 del C.1
Fls. 350-358 del C.1
Fls. 360- 363 del C.P
Fl. 406 del C.P
Fl. 411 del C.P
Fl. 415 del C.P
Fl. 417 del C.P
Fl. 418 del C.P
Fls. 438-442 del C.P
Fl. 446 del C.P
Fl. 469 del C.P
Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Fls. 280-291 del C.1
Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. De conformidad con los artículos 169 y 179 de la Ley 906 de 2004 que establece que las providencias se notifican por estrados y que los recursos que proceden en contra de dichas decisiones se interpondrán en la audiencia en la que se profirió el fallo, la Sala encuentra que en el caso de autos la decisión que puso fin al proceso adelantado en contra de la víctima directa, fue proferida el 1 de abril de 2008 y quedó ejecutoriada ese mismo día por cuanto una vez notificada en estrados, no fue objeto de recurso de apelación en el curso de la audiencia pública. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”.

PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias  de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales  estarán bajo su dirección y coordinación.

Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No.

46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”. Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003.

ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917. ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Fl.155 del C.1
Fls. 184-185 del C.1
Fl. 148 del C.1
Fl. 153 del C.1
Fl. 154 del C.1
Fl. 160 del C.1
Fls. 64 y 156 del C.1
Fls. 224-226 del C.1
Fl. 161 -164 del C.1
Fl. 193-194 del C.1
Fl. 65 y 235 del C.1
Fl. 63 del C.1
Fl. 63 del C.1
Obra copia del Registro Civil de Luz Mery Sanabria Galindo en el que consta que es hija de Abraham Sanabria Rivera y Myriam Galindo Cubillos. (Fl. 39 C.1). Obra copia del Registro Civil de Javier Fernando Sanabria Galindo en el que consta que es hijo de Abraham Sanabria Rivera y Myriam Galindo Cubillos. (Fl. 40 C.1). Obra copia del Registro Civil de Abraham Sanabria Rivera quien nació el 04 de enero de 1965 en el que consta que es hijo de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.37 C.1). Obra copia del Registro Civil de Ciro Alfonso Sanabria Rivera en el que consta que es hijo de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.41 C.1). Obra copia del Registro Civil de Luis Felipe Sanabria Rivera en el que consta que es hijo de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.42 C.1). Obra copia del Registro Civil de Cristian José Sanabria Rivera en el que consta que es hijo de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.43 C.1). Obra copia del Registro Civil de Juan Domingo Sanabria Rivera en el que consta que es hijo de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.44 C.1). Obra copia del Registro Civil de Ciro Emilce Sanabria Rivera en el que consta que es hija de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.45 C.1). Obra copia del Registro Civil de Marisol Sanabria Rivera en el que consta que es hija de los señores Luis Mario Sanabria Parada y Blanca Alicia Rivera Garzón. (Fl.46 C.1). En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, por regla general, no puede agravarse la situación del apelante único, pues esta garantía constitucional ampara el derecho individual de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso y sustentación de la apelación. Entonces, el principio de la non reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable, evento en el cual las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único. CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidade civil, 6ª edic., Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97. Fls.76-77 del C.1
Fls.

280-291 del C.1
Frente al reconocimiento de 8.75 meses de lucro cesante, aunque es conocido que esto obedece a la aplicación que la jurisprudencia de la Sección ha venido haciendo de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), denominado «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», considero que los valores allí incluidos no son suficientes para fundamentar el reconocimiento efectuado, principalmente, porque ellos no reportan datos oficiales y, aunque así fuera, corresponden al año 2003, de manera que para la fecha de esta providencia los estudios allí contenidos resultan desactualizados y desacordes con la realidad social actualmente imperante e, incluso, tampoco refieren la situación real al momento de efectuarse la privación injusta objeto del sub lite. Adicionalmente, debe preverse que para determinar el tiempo que una persona se demora en conseguir un nuevo empleo deben valorarse diferentes variables, entre ellas la edad, el sexo, la situación económica actual del país, la profesión u oficio, entre otros, razones por las cuales considero que la Sala no debe reconocer indemnizaciones con fundamento en un documento que corresponde a otra época social y cuyos soportes son desconocidos para el proceso, o que en el evento de ser necesario, debe acudirse a las estadísticas oficiales reportadas por el Departamento Nacional de Estadística. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168.

Artículos 1628,1653, 1654 y 1669 del Código Civil.
Artículo 28 numeral 8.
Artículos 877 y 1163.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio de 2015, expediente N° 25664.

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