Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00298-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00298-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2009-00298-02
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
Referencia: Reparación directa
Temas: SERVIDUMBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS - La Ley 142 de 1994 facultó a las
entidades prestadoras de servicios públicos para imponer servidumbres, hacer
ocupaciones temporales y remover obstáculos a efectos de garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios / PERJUICIOS DERIVADOS DE SERVIDUMBRE PARA
SERVICIOS PÚBLICOS - el propietario del predio sirviente tiene derecho a recibir una
indemnización, para lo cual se aplica por remisión el procedimiento establecido en la Ley
56 de 1981 PERJUICIOS DERIVADOS DE SERVIDUMBRE PARA SERVICIOS
PÚBLICOS - Respecto de los perjuicios que se derivan de la imposición de una
servidumbre relacionada con la prestación de servicios públicos se tiene como premisa
general fijada por el legislador que el escenario procesal para obtener su reparación es, de
forma exclusiva, el proceso de imposición de servidumbre que para tal fin se promueve y
que solo los perjuicios que no estén relacionados con dicha imposición de servidumbre o
aquellos que se deriven de la variación en el modo de ejercer la servidumbre podrán
ventilarse en un proceso judicial diferente/
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación de los perjuicios causados por la supuesta ocupación
irregular de un inmueble con motivo de la ejecución de una obra de acueducto en
el marco de una servidumbre.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 7 de noviembre de 2024 1 por el Tribunal
Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda presentada el 1
de septiembre de 20092 por los señores Juan Pablo Cristancho Mora, Diana Petit
Cristancho y José Ricardo Rivera Prieto3, en contra de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio, con el propósito de que se le declare
extracontractual y administrativamente responsable por la ocupación permanente e
irregular de un predio. Se solicitó el pago de perjuicios materiales4.
1 Índice 173 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
2 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Cuaderno principal 1 página 125 PDF.
3 Este demandante cedió sus derechos litigiosos al señor Carlos Julio Cristancho Pinto.
4 En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios, así: a título de daño emergente la suma de
$150´000.000, que corresponde a la indemnización por el área de terreno ocupada por la servidumbre y
$1.000´000.000 que corresponde al área no sujeta a servidumbre que fue utilizada y afectada por la obra
(pretensión tercera de la demanda); a título de lucro cesante la suma de 40´000.000, que corresponde al valor
que dejaron de percibir por la explotación comercial del bien inmueble objeto del proceso (pretensión cuarta de
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal
fueron los siguientes:
Hechos5
3. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio dispuso la
construcción del Alcantarillado Sanitario de Villavicencio, Sector OCOA SUR, para
lo cual celebró el contrato de obra No. 042 de 2006 con la Unión Temporal
INTERCEPTOR OCOA 2006. Dicho proyecto contemplaba la ejecución de obras
en diferentes predios, entre los que se encontraba uno de propiedad de los aquí
demandantes.
4. A efectos de materializar las obras contratadas, la demandada ocupó el predio
denominado “CASIBARITO”, que se identifica con matrícula inmobiliaria 230-82525
y cédula catastral 001503420003000. A pesar de que se impuso una servidumbre
permanente en favor de la empresa de acueducto, las obras superaron el área
judicialmente autorizada.
5. La ocupación permanente sucedió a partir del 19 de agosto de 2007, momento
desde el que se accedió de forma irregular al inmueble, se inició la construcción del
acueducto contratado y se ejecutaron algunas otras obras como vías de
penetración, instalación de campamentos, área de depósito, destrucción de cercas,
y desviación de cauces de agua.
6. La ejecución de las obras causaron graves perjuicios a los demandantes, pues
les impidieron seguir explotando económicamente su inmueble. Específicamente,
cercenaron la expectativa de poder concretar un proyecto ecoturístico que tenían
planeado y ocasionaron la terminación de contratos de arrendamiento en ejecución.
Fundamentos de derecho
7. Los demandantes señalaron que el daño reclamado resultaba imputable a título
de falla del servicio, puesto que la entidad demandada incurrió en una ocupación
permanente e irregular sobre el predio denominado “CASIBARITO”.
La defensa6
8. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio se opuso a los hechos
y pretensiones formuladas por la parte actora y propuso las siguientes excepciones:
(i) inexistencia de perjuicios, ya que no existía prueba en el expediente que
acreditara con certeza que la parte demandante sufrió los perjuicios económicos
solicitados en la demanda, puesto que los contratos de arrendamiento no se
afectaron con la ejecución de las obras y no había prueba de que el proyecto
OCORAMA estuviera al menos en su etapa inicial; y, (ii) compensación –
la demanda) y, sin determinar su valor, a título de lucro cesante futuro, la indemnización por la imposibilidad de
desarrollar un proyecto productivo en el predio (pretensión quinta de la demanda).
5 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Cuaderno principal 1 página 4.
6 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia. Cuaderno principal 1 página 148 PDF.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
compesatio lucri cum damno-, para lo cual afirmó que la obra ejecutada en el predio
objeto del litigio lo había valorizado, lo que redundaba en un provecho económico
para la parte actora.
Etapa probatoria y alegaciones
9. Una vez cumplida la etapa probatoria7 y atendiendo a lo dispuesto en el auto de
25 de julio de 20248, las partes presentaron sus alegatos de conclusión, En esta
oportunidad la parte actora9 y la demandada10 reiteraron los argumentos jurídicos
que fundan las pretensiones y los medios exceptivos respectivamente. El Ministerio
Público guardó silencio.
La decisión del tribunal11
10. El Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la parte actora no probó la existencia de un daño indemnizable.
11. Concluyó el a quo que no se demostró que funcionarios de la demandada o su
contratista ocuparan el inmueble con anterioridad a la fecha en que se llevó a cabo
la inspección judicial en el marco del proceso de servidumbre adelantado ante el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio.
12. Señaló que no era viable discutir en sede de reparación directa el monto de la
indemnización ordenada por el citado juzgado civil, ya que cualquier discrepancia
con el estimativo de los perjuicios debía ser ventilada en el proceso de servidumbre,
aspecto sobre el cual no existía prueba en el expediente.
13. Dijo que no había prueba de que los contratos de arrendamiento suscritos por
los demandantes y los señores Gonzalo Delgado Ramírez y Darío Díaz Garzón
terminaran con ocasión de las obras adelantadas por el contratista del Acueducto.
7 En auto de 31 de mayo de 2017 se decretaron las siguientes pruebas: DOCUMENTALES: Certificado de
tradición y libertad del inmueble denominado “CASIBARITO” que se identifica con matrícula inmobiliaria 230-
82525 y cédula catastral 001503420003000; Escritura Pública escritura pública No. 3877 de la notaría 19 del
Círculo de Bogotá D.C; Planos; fotos; ubicación del predio; Copia solicitud amparo policivo; Documentos
contrato 042 de 2006; Copia demanda imposición de servidumbre; Constancia departamento de planeación
sobre calificación del suelo; Contratos de arrendamiento; Estudio realizado por el ingeniero Nelson Godoy
acerca del proyecto OCORAMA; Copia auténtica de los documentos de liquidación del contrato 042 de 2006.
OFICIOS: Remitido al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, del cual se obtuve la totalidad del
expediente de imposición de servidumbre adelantado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio; remitido al Juzgado Segundo Civil Del Circuito De Villavicencio del cual se obtuvo la totalidad de
las actuaciones del proceso de pertenencia adelantado en contra de los demandantes; remitido a la Empresa
de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, del cual se obtuvo el Expediente contractual del contrato de obra
042 de 2006; remitido a la Curaduría de Villavicencio del cual se obtuvo información respecto de la ejecución
del proyecto OCORAMA; remitido a Planeación Municipal, del cual se obtuvo información respecto de la
ejecución del proyecto OCORAMA; remitido al INCODER, del cual se obtuvo información respecto de la
ejecución del proyecto OCORAMA; remitido a CORMACARENA, del cual se obtuvo información respecto de la
ejecución del proyecto OCORAMA. TESTIMONIOS: Darío Diaz Garzón, Gonzalo Delgado, Omar Neira,
Francisco Frías, Miguel Ángel Garzón; INTERROGATORIO DE PARTE. DICTAMEN PERICIAL. Índice 01
SAMAI, actuaciones de primera instancia. Cuaderno principal 1, página 176 PDF.
8 Índice 162 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
9 Índice SAMAI 168, actuaciones de primera instancia.
10 Índice SAMAI 167, actuaciones de primera instancia.
11 Índice SAMAI 173, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
14. Tampoco encontró prueba de que el proyecto ecoturístico estuviera siquiera en
una etapa incipiente, ni que se hubiera excedido la extensión territorial otorgada en
la servidumbre impuesta en favor de la entidad demandada.
15. Encontró probado que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
adelantó el respectivo proceso judicial de servidumbre y pagó la indemnización que
en dicho trámite se ordenó en favor de los demandantes.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
16. Lademandante discrepó de la decisión adoptada y presentó los siguientes
argumentos12: (i) existió un error en la aplicación del principio de reparación integral
del daño antijurídico; (ii) desconocimiento de la ocupación arbitraria inicial del
predio; (iii) falta de valoración adecuada del dictamen pericial; (iv) omisión de
valorar las pruebas que dan cuenta de los perjuicios materiales; y, (v) las obras
destruyeron zonas de protección forestal y alteraron ecosistemas hídricos,
configurando un daño especial.
17. Las bases de estos argumentos serán desarrollados en lo pertinente al abordar
el estudio de fondo.
18. Mediante auto de fecha 13 de mayo de 2025 13, se corrió traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión de segunda instancia, oportunidad en la que
los extremos demandante14 y demandado15 ratificaron sus argumentos de defensa.
El señor agente del Ministerio Público solicitó la confirmación del fallo apelado, por
considerar que los argumentos planteados en el recurso carecían de prueba que
los acreditara y que el análisis jurídico y probatorio del a quo fue concordante con
la realidad procesal16.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Objeto de la apelación
19. De cara a la ratio decidendi de la sentencia apelada y los argumentos expuestos
por el recurrente, considera la Sala que el marco de juicio en esta instancia gira en
torno a definir si la acción de reparación directa es el camino procesal para reclamar
la indemnización de perjuicios derivados de la imposición de una servidumbre
destinada a la prestación de un servicio público. Para resolver este interrogante
resulta necesario referir el marco jurídico del proceso de servidumbre relacionado
con la prestación de servicios públicos; posteriormente, se abordará la procedencia
de la indemnización de los perjuicios solicitados.
12 Índice 177 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
13 Índice 10 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
14 Índice 15 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
15 Índice 14 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
16 Índice 16 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
El marco jurídico de la imposición de servidumbre y la indemnización de
perjuicios cuando tiene relación con el régimen de servicios públicos
20. El artículo 58 constitucional señala que es obligación del Estado garantizar la
propiedad privada y todos los derechos que de ella se desprenden17. Empero, dicha
garantía no se extiende a eventos en los que, por motivos de interés público o
social, los derechos de los particulares entren en conflicto, pues en tal caso el
interés privado deberá ceder al interés público o social. Esta tensión ha sido
abordada a partir de la noción de “función social de la propiedad”.
21. Con estas bases y teniendo como antecedente mediato el artículo 879 del
Código Civil colombiano18, la Ley 142 de 1994, en su artículo 5719, facultó a las
entidades prestadoras de servicios públicos para imponer servidumbres, hacer
ocupaciones temporales y remover obstáculos a efectos de garantizar la prestación
de los servicios públicos domiciliarios.
22. De tal norma se resalta que fue voluntad del legislador establecer como premisa
que el propietario del predio sirviente20 tiene derecho a recibir una indemnización,
para lo cual se aplica por remisión el procedimiento establecido en la Ley 56 de
198121.
23. A la par del referido derecho, los artículos 11722 y 11823 del estatuto de servicios
públicos domiciliarios regularon las bases sobre las que opera la imposición de una
servidumbre, incluida la posibilidad de imponerla directamente mediante acto
administrativo.
24. En punto de la indemnización a la que tiene derecho el propietario del predio
sirviente, la Ley 56 de 1981 contiene previsiones encaminadas a su determinación,
cuantificación y el procedimiento para reclamarla. Lo dispuesto en los artículos 27
17 “ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.
18 ARTÍCULO 879. <CONCEPTO DE SERVIDUMBRE>. Servidumbre predial o simple servidumbre, es un
gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.
19 ARTÍCULO 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover
obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios
ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar
temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase
que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en
ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho
a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios
que ello le ocasione.
20 En los términos del artículo 880 del Código Civil “se llama predio sirviente el que sufre el gravamen (…)”.
21 “Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío
y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras”.
22 ARTÍCULO 117. La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios públicos que tenga interés en
beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre
mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56
de 1981.
23 ARTÍCULO 118. Entidad con facultades para imponer la servidumbre. Tienen facultades para imponer la
servidumbre por acto administrativo las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para
prestar el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
numeral 2º24, 2925 y 3126 permite concluir que las discusiones sobre este particular
se deben realizar en el proceso judicial de servidumbre, en tanto constituye la vía
procesal reservada por el legislador para ello.
25. La normativa antes indicada distingue y precisa cuáles son las oportunidades y
escenarios con los que cuentan los propietarios del predio sirviente para formular
su reclamación en función del tipo de perjuicios. Si se trata de la indemnización
que se deriva de la imposición de la servidumbre, la discusión debe darse en el
proceso en el que se imponga tal gravamen, mientras que si los perjuicios son
causados por circunstancias nuevas que conlleven la necesidad de introducir
variaciones en el modo de ejercer la servidumbre, el derecho a reclamar tal
indemnización quedará a salvo para ser ventilado en otro proceso judicial27.
Procedencia de la indemnización de los perjuicios solicitados en el marco del
medio de control de reparación directa.
26. En el recurso de apelación se afirmó que la sentencia de primer grado incurrió
en error en la aplicación del principio de reparación integral, pues el pago ordenado
por el juez civil en el proceso de imposición de servidumbre solo indemnizó el área
afectada, siendo procedente que a través de la reparación directa se indemnicen
los demás daños causados a los propietarios del predio, tales como la imposibilidad
presente y futura de explotación económica del bien, la extralimitación del área
dada en servidumbre y la supuesta ocupación anticipada e ilegal del predio.
27. Como ya se indicó, respecto de la reparación de los perjuicios que se derivan de
la imposición de una servidumbre relacionada con la prestación de servicios
públicos, se tiene como premisa general fijada por el legislador que aquellos deben
reclamarse en el mismo proceso en el que se resuelve imponer la servidumbre, y
que solo los perjuicios que no estén relacionados con dicha imposición o aquellos
que se deriven de la variación o el ejercicio de la servidumbre podrán ventilarse en
un proceso judicial diferente.
28. En
este contexto, la Sala debe determinar si los perjuicios alegados por la
demandante se derivan de la imposición de la servidumbre o si, por el contrario,
24 ARTÍCULO 27: 2. Con la demanda, la entidad interesada pondrá a disposición del juzgado la suma
correspondiente al estimativo de la indemnización.
25 ARTÍCULO 29.- Cuando el demandado no estuviere conforme con el estimativo de los perjuicios, podrá pedir
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, que por peritos
designados por el juez se practique avalúos de los daños que se causen y tasen la indemnización a que haya
lugar por la imposición de la servidumbre. Los peritos se nombrarán conforme a lo indicado en el artículo 21 de
esta Ley.
26 ARTÍCULO 31.- Con base en los estimativos, avalúos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez
dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago. Si en la sentencia se fijare una
indemnización mayor que la suma consignada, la entidad demandante deberá consignar la diferencia en favor
del poseedor o tenedor del predio, y desde la fecha que recibió la zona objeto de la servidumbre hasta el
momento en que deposite el saldo, reconocerá intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados según la tasa
de interés bancario corriente en el momento de dictar la sentencia.
27 ARTÍCULO 30- Al poseedor o tenedor del predio gravado no le es permitido realizar en éste, acto y obra
alguna que pueda perturbar, alterar, disminuir, hacer incómodo o peligroso el ejercicio de la servidumbre de
conducción de energía eléctrica, tal como ésta haya quedado establecida, según los planos del proyecto
respectivo. Si por razón de nuevas circunstancias fuere necesario introducir variaciones en el modo de
ejercer la servidumbre, el poseedor o tenedor del predio gravado está obligado a permitirlas, pero
quedará a salvo su derecho de exigir la indemnización por los daños que tales variaciones le causen.
(se destaca).
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
corresponden a otros perjuicios que, acreditada su existencia, puedan ser objeto
de reclamación en este escenario procesal.
29. En la demanda, la parte actora solicitó la reparación de los siguientes perjuicios:
(i) la ocupación irregular del inmueble de propiedad de los demandantes; (ii) la
ocupación del inmueble con anterioridad a la autorización que impartió el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio en la inspección judicial realizada el 10 de
septiembre de 2007; (iii) la imposibilidad de explotación presente y futura del predio
sirviente; y, (iv) la extralimitación del área dada en servidumbre.
La ocupación irregular del predio
30. Si bien la ocupación irregular de un predio con ocasión de trabajos públicos
constituye una discusión propia del medio de control de reparación directa28, en el
presente caso no está probada su ocurrencia, toda vez que en el expediente obra
como prueba un título legal oponible a los demandantes que la justifica, cual es la
sentencia de 6 de mayo de 201129-30 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Villavicencio, mediante la cual se impuso una servidumbre de servicios
públicos en favor de la entidad aquí demandada, para el desarrollo del proyecto de
construcción del alcantarillado sanitario de Villavicencio, Sector OCOA SUR.
31. En estas condiciones, la ocupación en el inmueble de los demandantes, derivada
de las obras ejecutadas en el marco del contrato 042 de 2006, constituye una
afectación que tienen que soportar dada la función social de la propiedad y el interés
público que conlleva la prestación del servicio público de alcantarillado para los
fines del saneamiento básico y el bienestar del conglomerado social de la ciudad
de Villavicencio y, como se expuso anteriormente, en el proceso de imposición de
servidumbre se debieron manifestar las inconformidades con la tasación de la
indemnización de perjuicios a que tenían derecho los propietarios del predio
sirviente, las que no se limitan a la compensación económica por el área entregada
a título de servidumbre.
28 La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que para que pueda predicarse la ocupación irregular de
un inmueble por parte del Estado, se deben verificar los siguientes requisitos: (i) La titularidad del derecho de
propiedad, algún otro derecho real o la posesión sobre un bien inmueble determinado; (ii) La ejecución de una
obra pública por cuenta del Estado en beneficio del interés general bien sea directa o indirectamente; (iii) La
ocupación parcial o total del bien inmueble privado como consecuencia de la obra pública, lo que genera
restricciones y afectaciones sobre las facultades otorgadas a los titulares de los derechos reales o de la
posesión; y (iv) La ausencia de un título legal o convencional oponible al titular del derecho real o de posesión
que autorice la ejecución de la obra y justifique la ocupación. En efecto la jurisprudencia ha señalado: “Por tanto,
los elementos que estructuran esta clase de responsabilidad son i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión
a un derecho del que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados
de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios por la limitación al ejercicio de las
facultades propias de los derechos reales, al igual que el menoscabo de la posesión que el particular ejercía
sobre el predio ocupado y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba
de la ocupación del bien inmueble, parcial o total, por parte de la administración” Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Rad:
51605. C.P. Dra. María Adriana Marín.
29 En dicha providencia se impuso una servidumbre permanente en favor de la Empresa de Acueducto
demandada sobre el predio contentivo de la matrícula inmobiliaria 230-82525 y, además, la autorizó para
ejecutar las obras necesarias para el goce efectivo de la servidumbre y al tránsito de los medios contemplados
para fines de reparación y mantenimiento y la remoción de los obstáculos que impidan los objetivos anteriores.
Índice 21 SAMAI, actuaciones de primera instancia página 132 PDF
30 Esta postura fue reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia del 11 de octubre de 2024. Rad: 68726. C.P. Dra. María Adriana Marín.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
32. Por lo anterior, la pretensión fundamentada en la ocupación irregular del predio
no tiene vocación de prosperidad, en tanto que en el medio de control de reparación
directa no es viable reabrir el debate para revisar la indemnización otorgada por el
juez natural de la controversia ni para discutir la existencia de daños y perjuicios
que no fueron reclamados en esa actuación judicial.
La ocupación anticipada del predio
33. Alega la parte actora que para los fines del proyecto de construcción del
alcantarillado sanitario de Villavicencio, Sector OCOA SUR, la entidad demandada
realizó una ocupación del inmueble antes de que se iniciara el proceso judicial de
imposición de servidumbre, lo que constituye fuente de responsabilidad por los
daños sufridos31; no obstante, en la demanda no se solicitó ninguna indemnización
por cuenta de eventuales daños causados con alguna intervención o la invocada
ocupación, ya que el daño emergente reclamado tiene relación con el valor del área
de terreno sujeta a la servidumbre y el valor de aquella no cobijada por el gravamen,
pero que fue utilizada con la obra32.
34. En vista de lo anterior ni siquiera se precisó desde la demanda en qué consistían
los daños y perjuicios causados como consecuencia de la ocupación anticipada del
inmueble que se dice ocasionada por la empresa de servicios públicos demandada,
supuestamente a partir del 19 de agosto de 2007, lo que no obsta para concluir que
cualquier perjuicio derivado de esa actuación también debió ser ventilado en el
marco del trámite que se adelantó ante el juzgado cuarto civil del circuito de
Villavicencio.
35. Aunado a lo anterior, se destaca que la parte actora promovió el proceso de
reparación directa incluso antes de que se impusiera la servidumbre pues la
sentencia del proceso civil es de fecha posterior al de radicación de la demanda.
En tal virtud, la parte actora no podría alegar alguna circunstancia nueva o una
variación en el modo de ejercer la servidumbre que lo ubicara en el supuesto de
hecho del artículo 30 de la Ley 56 de 1981.
31 Se expuso en el recurso: “El Despacho omitió valorar que la EAAV ESP ocupó el predio sin autorización
previa en agosto de 2007, lo cual constituye una ocupación de hecho que genera responsabilidad independiente
de la posterior imposición de servidumbre.
La ocupación inicial comenzó el 19 de agosto de 2007, antes de la inspección judicial del 10 de septiembre de
2007.
En sentencia del 4 de febrero de 2022, con REPARACIÓN DIRECTA Nº 15001233100020120015701 (57156)
de MARLENY HERRERA DURÁN Y OTRO contra MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ que cursó en el
honorable CONSEJO DE ESTADO, indicó que la ocupación sin autorización constituye una violación a los
derechos de propiedad que debe ser indemnizada, incluso si se regulariza posteriormente.
La sentencia reafirma que el hecho de que una entidad estatal ocupe un inmueble sin la debida autorización
implica que el propietario tiene derecho a ser indemnizado por los daños sufridos.
La regularización de la ocupación no exime al Estado de su responsabilidad por los daños causados durante
el tiempo en que la ocupación fue ilegal.
Esto implica que, independientemente de si se lleva a cabo una regularización de la ocupación, el propietario
afectado tiene derecho a reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos durante el período de
ocupación no autorizada.
Se aborda la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la ocupación y perturbación de inmuebles,
enfatizando que el Estado debe responder por los perjuicios causados a los propietarios afectados”.
32 En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios a título de daño emergente en la suma de
$150´000.000, que corresponde a la indemnización por el área de terreno ocupada por la servidumbre y
$1.000´000.000 que corresponde al área no sujeta a servidumbre que fue utilizada y afectada por la obra
(pretensión tercera de la demanda).
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
36. En todo caso, estudiados los medios de convicción obrantes en este proceso se
concluye que no existió la ocupación alegada, como se explica a continuación:
37. En el proceso obra como prueba el acta de la inspección judicial realizada el 10
de septiembre de 200733 al inmueble objeto del proceso, documento en el que no
consta que en el lugar en que se ubicaría la servidumbre existiera alguna
construcción, intervención u ocupación anterior al momento de la diligencia34. Si así
fuera, hubiesen sido identificadas y descritas en el documento reseñado, máxime
cuando esa diligencia tenía como objeto que el juez conociera en forma directa las
condiciones del predio en que sería impuesta la servidumbre.
38. Al dictamen pericial rendido en este proceso de reparación directa se acompañó
una fotografía satelital del predio que corresponde al año 2007 35, en la que las
peritos manifiestan que para esa época no existían construcciones o alguna clase
de intervención en el terreno.
39. Adicionalmente, entre los documentos del contrato 042 de 2006 obra el acta de
suspensión No. 236. En dicho documento se destaca que la obra tuvo que ser
suspendida ante la negación de la servidumbre sobre otro predio también
33 Índice 21 SAMAI, actuaciones de primera instancia, página 34 PDF.
34 El documento es del siguiente tenor: “observa el despacho que la franja que ocupa la tubería tiene una
anchura aproximada de deiz (sic) metros por cada lado de a (sic) tubería, para una anchura de vente (sic) metros
en el sitio no hay ninguna construcción, por parte de los dueños de la finca, no hay animales, va por la orilla de
la finca, obviamente hay (sic) una reserva forestal a arillas (sic) de los calos que se comprometen en la
construcción. Se aprecia que el sitio es destapado, no hay cultivo de ninguna clase, si se observan algunos
árboles, la vivienda se encuentra retirada del sitio de construcción, no hay cruce de servicios públicos que se
afrecta (sic) con el proyecto del plan maestro de alcantarillado”.
35 Índice 125 SAMAI, actuaciones de primera instancia, página 6 PDF.
36 Índice 13 SAMAI, actuaciones de primera instancia, página 145 PDF.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
comprendido en el proyecto37. Si bien el motivo de la suspensión de la obra
corresponde a un predio distinto al que es objeto de este proceso, de su contenido
es dable inferir que la conducta del ejecutor de la obra fue respetuosa de los
derechos de los propietarios de los predios, y ante la falta de servidumbre
autorizada, en lugar de acometer las obras se optó por suspenderlas.
La imposibilidad de explotación presente y futura del predio sirviente y la
extralimitación de la servidumbre otorgada
40. En su recurso la parte actora reprocha que el tribunal a quo desestimó el
dictamen pericial practicado en el proceso, el que a su juicio demuestra los daños
ocasionados consistentes en la ocupación y la inutilidad del predio, así como los
perjuicios en las modalidades de daño emergente y lucro cesante38.
41. En lo que concierne a la imposibilidad de explotación económica del inmueble y
la supuesta extralimitación de la servidumbre otorgada, es del caso reiterar que la
indemnización de tales perjuicios, al derivarse de la imposición de la servidumbre,
debió ventilarse en el proceso judicial que se adelantó ante el ya mencionado
Juzgado Civil en el marco del proceso de servidumbre.
42. Como se indicó anteriormente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 923 del
Código Civil39, el numeral 2º del artículo 27 de la Ley 56 de 1981 40 y el artículo 57
de la Ley 142 de 1994, el propietario del predio sirviente tiene derecho a la
indemnización de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto, lo
que corresponde decidir al juez del conocimiento según las reglas establecidas en
la Ley 56 de 1981, por la remisión expresa del artículo 117 de la Ley 142 de 199441.
43. Respecto de la supuesta inutilidad económica del predio derivada de la
imposición de la servidumbre, a la luz de los preceptos normativos ya reseñados,
tal perjuicio debió ser reclamado en el proceso de imposición de ese gravamen.
37 Un aparte de dicho documento señala: “(…) con el objeto de suspender el contrato de obra No. 042 de 2006
por 30 días calendario, a partir de hoy 5 de octubre de 2007 hasta el día 4 de noviembre de 2007, teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias: 1. Se adelanta proceso de negociación de servidumbre del predio de la
Señora Tamara Escobar que se interviene por el paso de la obra para la llegada al pozo OC74 (…)”.
38
“El Despacho desestimó sin justificación válida el dictamen pericial, el cual constituye una prueba concluyente
de los daños ocasionados.
El Dictamen concluyó:
• La ocupación efectiva fue de 14.600 m², superando ampliamente los 2.923,2 m² reconocidos en la servidumbre.
• La totalidad del predio quedó inutilizada para proyectos productivos, como el ecoturístico OCORAMA, por la
ocupación y los asentamientos irregulares generados.
• El daño emergente y el lucro cesante fueron calculados en $665.290.138, sustentados técnicamente”.
39 “ARTÍCULO 923. <DERECHOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO SIRVIENTE>. El dueño del predio
sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto;
el de un espacio a cada uno de los costados, que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su
curso, y podrá ser mayor por convenio de las partes, o por disposición del juez, cuando las circunstancias lo
exigieren; y un diez por ciento más sobre la suma total. Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de
todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y derrames que puedan
imputarse a defectos de construcción”.
40 Aplicable por remisión de la Ley 142 de 1994.
41 “ARTÍCULO 117. LA ADQUISICIÓN DE LA SERVIDUMBRE. La empresa de servicios públicos que tenga
interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la
servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere
la Ley 56 de 1981”.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
44. La misma conclusión se extiende al reclamo derivado de la supuesta frustración
del proyecto ecoturístico OCORAMA, pues en la demanda se alega que esto fue
consecuencia de la ejecución de las obras, de manera que debió ser planteado en
el proceso de servidumbre.
45. La parte actora afirmó que para el 15 de enero de 2009 ya tenía en mente la
ejecución del proyecto OCORAMA42, lo cual permite inferir formuló esa idea de
negocio a sabiendas de la inspección judicial realizada el 10 de septiembre de 2007
en la que se autorizó la ejecución de trabajos y con conocimiento sobre el proceso
de imposición de servidumbre para el proyecto de construcción del alcantarillado
sanitario de Villavicencio, Sector OCOA SUR.
46. Como las obras finalizaron en diciembre del año 200743 y la sentencia en la que
se impuso la servidumbre permanente a favor de la empresa demandada fue
proferida el 6 de mayo de 2011, estima la Sala que los propietarios tuvieron la
posibilidad de formular las peticiones que consideraran pertinentes en el marco del
proceso de servidumbre, por lo que el reparo propuesto en el recurso no está
llamado a prosperar.
47. Respecto de la alegada extralimitación del área de servidumbre otorgada, se
considera que constituiría un perjuicio derivado de su imposición que tuvo que ser
ventilado en el proceso civil, toda vez que la finalización de las obras se dio en
diciembre de 2007 y la mencionada sentencia fue dictada en mayo de 2011.
48. De haber observado la parte actora que se había excedido el área gravada como
servidumbre, era su deber procesal ponerlo de presente en dicho trámite judicial,
para que el juez de la causa tomara las medidas respectivas y se revisara el monto
de la indemnización que sería otorgada en función del área afectada.
49. En el expediente obra como prueba documental el proceso civil de servidumbre 44
de cuyas actuaciones se evidencia que, aun cuando los artículos 26 y 29 de la Ley
56 de 1981 imponían una carga de diligencia a los propietarios del predio sirviente,
consistente en discutir sus inconformidades respecto de los perjuicios en dicho
proceso, tal actuación no se desplegó, lo cual da cuenta de la inactividad procesal
de los aquí demandantes. Del expediente del proceso civil de servidumbre se
destaca que la sentencia mediante la cual se puso fin a ese trámite judicial fue
notificada por edicto (conforme las disposiciones procesales entonces vigentes)
fijado el 12 de mayo de 201145, sin que los allí demandados formularan ningún
recurso.
50. En este contexto, las conclusiones del dictamen pericial carecen de utilidad para
los fines de este proceso, dado que el objeto de la prueba, al margen de que pueda
calificarse como acertado o no, debió llevarse al proceso de imposición de la
servidumbre, que era el trámite pertinente para efectuar las reclamaciones que se
42 De este hecho da cuenta la comunicación suscrita por el ingeniero Nelson Godoy Bonilla, que obra en el
índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
43 Según el acta de terminación de obra del contrato No. 042 de 2007, suscrita el 17 de diciembre de esa misma
anualidad. Folios 140 y 141 del cuaderno No. 1- índice 1 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
44
Índice 21 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
45
Índice 21 SAMAI, actuaciones de primera instancia, PDF pág. 135.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00298-02 (72.618)
Actor: Diana Petit Cristancho Mora y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio.
Referencia: Reparación directa
pretenden soportar con la pericia, sin que sea plausible que la parte interesada
busque subsanar sus omisiones al promover el presente proceso.
51. Todo lo anterior permite concluir que en el proceso no se probó ni la ocupación
irregular del predio “CASIBARITO” ni una supuesta ocupación anticipada, y que
respecto de los demás perjuicios el medio de control de reparación directa no es la
vía procesal para discutir la responsabilidad extracontractual del Estado en los
eventos en los que se ha tramitado un proceso de servidumbre que justifica la
ocupación de un inmueble, salvo aquellos que encuadren en la hipótesis que prevé
el ya citado artículo 30 de la Ley 56 de 1981.
52. Así las cosas, la sentencia objeto de apelación será confirmada.
Condena en costas
53. De conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA 46 -subrogado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998-, la Sala se abstendrá de imponer condena en
costas, toda vez que en las actuaciones procesales no se observa temeridad ni mala
fe de la parte vencida en juicio.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital
y REMITIRLA al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
46 “En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil”.
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