Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00323-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00323-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2009-00323-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el
régimen de Código Civil / CULPA GRAVE – Presupuestos. No se acreditaron
en la conducta del agente del Estado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Mediante acuerdo conciliatorio, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
acordó el pago de los perjuicios causados con ocasión del actuar gravemente
culposo del agente de policía Ricardo Antonio Herrera Díaz, en los hechos en
los que resultó muerta una persona. Como consecuencia, solicita que se
condene al demandado a reembolsar el capital pagado por el Ministerio.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Meta –Sala de Descongestión–, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 13 de mayo de
20051, por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del
señor Ricardo Antonio Herrera Díaz, cuyas pretensiones, hechos relevantes y
fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
3. Solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Ricardo
Antonio Herrera Díaz, por ocasionar la muerte de la señora Dulis Judith
Rodríguez Buitrago, al accionar de forma negligente su arma de dotación oficial
en presencia de civiles, hecho por el que fue condenado disciplinaria y
penalmente. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se le
condene a reembolsar la suma de setenta y cuatro millones cincuenta y tres mil
1 Folio 1 del cuaderno 1.
Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
setecientos treinta y un pesos con sesenta centavos m/cte. ($74.053.731,60)
que debió pagar la demandante en cumplimiento del referido acuerdo
conciliatorio, más los correspondientes intereses y la actualización de la
condena.
Hechos
4. Como soporte fáctico de las pretensiones, indicó que, el 22 de diciembre de
1997, la señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago fue impactada con un proyectil
de arma de fuego perteneciente a la dotación del entonces agente Ricardo
Antonio Herrera Díaz, quien se encontraba en persecución de un delincuente y
disparó en repetidas ocasiones sin advertir que por el lugar se desplazaban
civiles.
5. Por este hecho, la señora Jaidy Buitrago Martínez (madre de la víctima
directa) y otros promovieron demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Una vez surtido el debate probatorio,
el 4 de abril de 2002, las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio, en el cual
el Ministerio de Defensa – Policía Nacional se comprometió a pagar a los
demandantes por concepto de indemnización de perjuicios morales, a favor de
Jaidy Buitrago Martínez (madre), Jaime Alexander y Dulis Liceth Ulloa
Rodríguez (hijos), la suma equivalente a 700 gramos de oro, para cada uno y, a
favor de Héctor Fabián y Cintya Lisney Silva Buitrago y José Adrián Rodríguez
Buitrago (hermanos), la suma equivalente a 380 gramos de oro, para cada uno.
6. En relación con los perjuicios materiales no hubo acuerdo conciliatorio; no
obstante, mediante sentencia del 1° de octubre de 2002, el Tribunal
Administrativo del Meta declaró responsable patrimonialmente a la Policía
Nacional, pero negó las pretensiones que perseguían la indemnización por
tales perjuicios.
7. A través de Resolución 00132 del 6 de mayo de 2003 el Ministerio de
Defensa – Policía Nacional ordenó pagar a favor de los demandantes la suma
de setenta y cuatro millones cincuenta y tres mil setecientos treinta y un pesos
con sesenta centavos m/cte. ($74.053.731,60), dinero que fue consignado al
apoderado de la parte actora, según recibo de egresos 11531 del 16 de mayo
de 2003, emitido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía
Nacional.
Fundamentos de derecho
8. La parte actora sostuvo que el comportamiento del demandado en la
producción del hecho que dio lugar a la condena fue negligente y vulneró de
manera manifiesta e inexcusable las normas de derecho; para ese efecto,
señaló que el agente de policía se extralimitó en sus funciones al accionar de
2
Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
forma imprudente su arma de fuego en plena vía pública, con lo que causó la
muerte de la señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago2.
La defensa
9. La curadora ad litem designada para representar judicialmente al
demandado contestó la demanda, escrito en el cual se limitó a aceptar los
hechos como ciertos conforme a las pruebas allegadas por la demandante y,
respecto de las pretensiones señaló que se atenía a lo que resultara probado
en el proceso3.
Los alegatos de conclusión de primera instancia
10. Surtido el debate probatorio4, la parte actora manifestó que el
demandado era responsable a título de culpa grave, en razón de que su actuar
fue negligente e imprudente, en relación con el manejo, control y guarda del
arma de dotación oficial, vulnerando lo previsto en el artículo 29 del Decreto
1355 de 19705, pues el agente de policía no se encontraba en la estricta
necesidad de usarla y, además, desconoció las medidas de seguridad
contenidas en el decálogo de uso de armas de fuego al disparar sin una causa
justificante, ya que en ningún momento fue atacado o agredido. Finalmente,
adujo que todos los demás presupuestos para la prosperidad de la presente
acción se encontraban acreditados6.
2 Demanda obrante a folios 1 a 12 del cuaderno 1.
3 Folio 251 a 254 del cuaderno 2.
4 El Tribunal, mediante auto del 3 de marzo de 2015, decretó las siguientes pruebas: documentales: 1.
copia de la resolución 00132 de 6 de mayo de 2003; 2) copia de comprobante de egreso de la Dirección
administrativa y Financiera No.11531 de 16 de mayo de 2003; 3) copia del Acta de la Diligencia de
Audiencia de Conciliación del 4 de abril de 2002; 4) copia de la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Meta, de 30 de abril de 2002, por el cual se aprueba el acuerdo conciliatorio; 5) copia
de la vinculación laboral del suscrito apoderado con la entidad; 6) copia de la decisión de fecha 20 de
junio de 1998, proferida por el Juzgado 67 de la Instrucción Penal Militar. 6) copia de la decisión de primer
instancia con fecha junio de 1999 en la cual se ordena Cesar el Procedimiento en contra de RICARDO
Antonio Herrera Díaz; 7) copia de la decisión del tribunal con fecha 16 de noviembre de 1999 en la cual la
se revoca la decisión del Juez de Primer instancia y ordena convocar consejo de guerra; 8) copia de
resolución del Juez de Primer Instancia con fecha 21 de enero de 2000, por la cual se convoca a consejo
verbal de guerra; 9) copia de la decisión del Juez de Primer Instancia en la cual se profiere fallo
absolutorio a favor del Agente Ricardo Antonio Herrera Díaz; 10) copia de la decisión del Tribunal
Superior Militar en la que se revoca la decisión del juez de primer instancia y se condena al Agente
Ricardo Herrera Díaz por el delito de homicidio culposo; 11) copia del fallo disciplinario No.018-98 en el
cual se decide responsabilizar disciplinariamente a Ricardo Antonio Herrera Díaz; 12) copia del acta del
levantamiento del cadáver de Dulis Judith Rodríguez Buitrago; 13) copia de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta., en la cual se declara administrativamente a la Nación Min- Defensa Policía
Nacional por la muerte de la ciudadana Dulis Judith Rodríguez Buitrago; 14) copia de la agenda 033 del
15 de septiembre de 2004 en la cual el comité de Conciliación y repetición del Ministerio de Defensa
Policía Nacional recomienda repetir, contra el señor Ricardo Antonio Herrera. Prueba trasladada: proceso
de reparación directa.
5 "Por el cual se dictan normas sobre Policía"
6 Folios 269 a 274 del cuaderno 2.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
11. La curadora ad litem del demandado insistió en que se atenía a lo que
resultara probado en el proceso7.
12. El Ministerio Público guardó silencio.
La sentencia de primera instancia
13. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Meta negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se había acreditado el
pago por parte de la entidad demandante, pues, aunque se aportó copia de la
consignación donde figuraban los datos correspondientes, lo cierto era que no
existe una constancia de recibido por parte de los beneficiarios ni tampoco un
sello de la entidad bancaria, que hiciera constar que la consignación fue
realizada, concluyendo que no se cumplió uno de los presupuestos para la
prosperidad de la acción8.
14. Agregó que, si en gracia de discusión se tuviera por acreditado el pago de
la conciliación que dio lugar a esta acción, igualmente no se vislumbraba que la
conducta ejecutada por el señor Herrera Díaz hubiera sido dolosa o
gravemente culposa; no obstante, señaló que un estudio de fondo se tornaba
innecesario, toda vez que no se probó el pago efectivo de la obligación.
Finalmente, fijó la suma de 2 SMLMV como honorarios de la curadora ad litem
a cargo de la entidad demandante.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
15. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, sostuvo que la decisión
apelada contraviene el principio de buena fe y la presunción de legalidad de los
actos administrativos, pues a través de la Resolución 00132 del 6 de mayo de
2003 dispuso el pago de la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio
suscrito el 4 de abril de 2002, sin que dicho acto hubiere sido controvertido;
además, se trata de un documento auténtico, que de no haberse cumplido,
hubiera sido objeto de ejecución. Agregó que para demostrar el pago en una
acción de repetición no existe tarifa legal y, por tanto, los documentos
allegados resultaban suficientes para acreditar el pago efectuado a los
beneficiarios.
16. En relación con la conducta del demandado, señaló que debía analizarse a
la luz de la normativa vigente para la época en que sucedieron los hechos -
1997-, es decir, bajo el art. 63 del Código Civil y 91 constitucional, conforme a
7 Folio 267 ibidem.
8 Folios 275 a 285 del cuaderno principal.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
los cuales las acciones u omisiones deben ser comparadas con las de un
modelo del buen servidor público, lo que indudablemente no ocurrió en este
caso, pues el comportamiento del ex agente de policía Ricardo Antonio Herrera
Díaz fue imprudente y negligente al usar su arma oficial contra una transeúnte
en una vía pública, causándole la muerte. Por último, adujo que no se le debían
pagar honorarios a la curadora ad litem, toda vez que la Corte Constitucional
en sentencia C-083 de 2014 estableció que la prestación de los servicios de los
auxiliares de la justicia era a título gratuito, en razón de que ese servicio nace
de la solidaridad y de la colaboración que deben dar a la comunidad los
profesionales del derecho9.
Los alegatos de conclusión de segunda instancia y concepto del
Ministerio Público
17. En su concepto, el Ministerio Público indicó que la postura adoptada por el
a quo respecto de la prueba del pago se ha morigerado en fallos recientes -
2013 a 2017- en los que se ha señalado que se acepta como prueba del pago
todos aquellos documentos que permitan generar certeza al juzgador de que
efectivamente se produjo; como en el sub examine obraban suficientes
elementos de convicción de que el pago se realizó, debía considerarse que la
acción reunía ese requisito de carácter objetivo.
18. Respecto de la conducta del agente del Estado arguyó que la demandante
no cumplió con su carga probatoria, pues se limitó a trasladar el expediente de
reparación directa donde obran unos testimonios que no fueron oídos o
ratificados en el proceso de repetición, circunstancia que imposibilitaba al
curador ad litem del demandado controvertir su contenido, por manera que no
acreditó que el accionado hubiese desconocido las disposiciones sobre manejo
de armas o que su uso haya sido imprudente10.
19. Las partes guardaron silencio11.
III. CONSIDERACIONES
20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar
sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado .
El objeto del recurso de apelación
21. El ámbito del recurso interpuesto se centra en controvertir la decisión del
Tribunal en punto a la existencia de prueba que demuestre el pago efectivo de
la suma acordada en la conciliación. De superarse dicho análisis, la Sala
9 Folios 288 a 292 del cuaderno principal.
10 Folios 303 a 311 ibidem.
11 Folio 312 ibidem.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
determinará si la conducta desplegada por el señor Ricardo Antonio Díaz
puede ser susceptible de calificarse como gravemente culposa, para de esta
manera definir si hay lugar a confirmar o no el fallo de primera instancia.
22. Es preciso indicar que la Sala no asumirá el estudio de las cuestiones
objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado
y la existencia de un acuerdo conciliatorio, porque aun cuando son
presupuestos de la acción de repetición, y de la jurisprudencia reiterada por
esta Corporación12, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus
conclusiones ninguna de las partes formuló cuestionamiento alguno.
Análisis probatorio
23. Con el objeto de resolver el recurso interpuesto, pasa la Sala a definir los
hechos probados, a partir de los medios de convencimiento válidamente
recaudados en este proceso.
24. El 4 de abril de 2002 se llevó a cabo diligencia de conciliación dentro del
proceso de reparación directa No. 98.28313 ante el Tribunal Administrativo del
Meta, entre los demandantes, familiares de la señora Dulis Judith Rodríguez
Buitrago, y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En esa
diligencia, la apoderada judicial de la entidad demandada manifestó que existía
ánimo conciliatorio por parte de su representada y presentó los parámetros del
reconocimiento de los perjuicios tanto materiales como morales. En cuanto a
los últimos ofreció las siguientes sumas:
“Para JAIDY BUITRAGO MARTINEZ, madre de la fallecida el valor
correspondientes (sic) a 700 gramos oro, para los hermanos de la fallecida
HECTOR FABIAN, CINTYA LISNEY SILVA BUITRAGO, menores de edad, y JOSÉ
ADRIAN RODRÍGUEZ BUITRAGO, 380 gramos de oro para cada uno y para
JAIME ALEXANDER Y DULLIS LICETH ULLOA RODRÍGUEZ, hijos de la fallecida
el valor correspondiente a 700 gramos de oro para cada uno”14.
25. El apoderado de la parte actora aceptó dicha propuesta y manifestó que,
como se había dialogado anteriormente, no admitía ningún ofrecimiento
respecto de los perjuicios materiales, por lo que no había lugar ni siquiera a
plantearlos en esa diligencia. En cuanto a la forma de pago, se estableció:
“La parte demandada manifiesta que dichos valores serán pagados a la
presentación de la cuenta de cobro que se efectúe en la Dirección General de la
12 Esta Corporación ha manifestado de uniforme manera que es responsable patrimonialmente frente al
Estado, quien: (i) ostente la condición de servidor o ex servidor estatal; (ii) haya desplegado una conducta
dolosa o gravemente culposa; (iii) que hubiere dado lugar a una sentencia judicial condenatoria,
conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto, y (iv) respecto de la cual se hubiera
surtido el correspondiente pago como indemnización.
13 Radicado bajo número 50001-23-31-002-1998-0283-00
14 Folios 27 a 29 del cuaderno 1.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
Policía – Bogotá D.C., en cuanto a los intereses devengaran los comerciales
durante los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del auto que aprueba la
conciliación y moratorios después de ese término”15.
26. El apoderado de la parte demandante aceptó los términos previamente
transcritos y el magistrado sustanciador dispuso que por no haber consenso
respecto de los perjuicios materiales, el proceso debía continuar. El acuerdo
conciliatorio parcial fue aprobado por el Tribunal, mediante auto del 30 de abril
de 200216.
27. En cuanto al pago del referido acuerdo conciliatorio se acreditó que, el 6 de
mayo de 2003, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional expidió la
Resolución 00132, mediante la cual resolvió:
“ARTICULO 1o- Disponer el pago de la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES
CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($95.005.611.87), en la forma como quedó expuesto en la parte motiva de la
presente resolución, a JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO… JAIDY
BUITRAGO MARTINEZ… HECTOR FABIAN SILVA BUITRAGO Y CINTYA
LISNEY SILVA BUITRAGO (menores representados por su progenitora JAIDY
BUITRAGO MARTINEZ), JAIME ALEXANDER ULLOA RODRIGUEZ Y DALLIS
LICETH ULLOA RODRIGUEZ, (menores representados por el doctor OLID
LARRARTE RODRIGUEZ, como Curador; Ad-Litem), todos a través de su
apoderado doctor OLID LARRARTE RODRIGUEZ…
“ARTICULO 2o.- La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, a
través del Área Financiera — Plan Piloto — Cuenta Única Nacional, pagará la
suma liquidada previos los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de
sentencias, mediante consignación a favor del doctor OLID LARRARTE
RODRIGUEZ, EN LA CUENTA CORRIENTE No. 041-06390-0 DEL BANCO DE
OCCIDENTE”17(destaca la Sala).
• En la parte motiva del referido acto administrativo, se dispuso el pago por
capital (atribuible a perjuicios morales), de la siguiente manera:
NOMBRE GMS.ORO CAPITAL
HECTOR FABIAN SILVA BUITRAGO 380.00 8’685.314.20
CINTYA LISNEY SILVA BUITRAGO 380.00 8’685.314.20
JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO 380.00 8’685.314.20
JAIDY BUITRAGO MARTINEZ 700.00 15’999,263.00
DALLIS LICETH ULLOA RODRIGUEZ 700.00 15’999,263.00
JAIME ALEXANDER ULLOA RODRIGUEZ 700.00 15’999,263.00
3240.00 74.053,731.60
15 Ibidem.
16 Folios 30 a 33 c. 1.
17 Folios 20 a 24 c. 1.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
• La suma restante, esto es, $20’951.880.27, se imputó a intereses corrientes y
moratorios. El 16 de mayo de ese mismo año, se registró en la cuenta de
egresos de la Dirección Administrativa Financiera de la Policía Nacional, una
factura con orden de pago por valor de noventa y cuatro millones doscientos
setenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos con seis centavos
($94’272.296.06), beneficiario: apoderado de la parte actora, entidad: Banco
Ganadero - transferencia, medio de pago: cheque. En imputación contable se
registró18 (se transcribe conforme obra):
“Descripción: cheque Nro. 6560093, PARA DAR CUMPLIMIENTO A UN ACUERDO
CONCILIATORIO. ACTOR JAIDY BUITRAGO MARTÍNEZ Y OTROS. RADICADO. PONAL
034-C-02 RES No. 01320…
“Descripción Auxiliar descripción Débito Crédito
Transf. con situación de fondos Banco Ganadero INDUMIL 94’272.296.06
Recursos corrientes de la Nación Dirección DIAN 733.315.61
Sentencias y conciliaciones Apoderado 20’951660.27
Sentencias y conciliaciones Apoderado 74’053.731.60 ____________
95’005.611.6 95’005.611.67”
• Por medio del cheque con fecha del 16 de mayo de 2003, se consignó a la
cuenta corriente No. 041-06390-0 del Banco de Occidente, cuyo titular era el
apoderado de los actores, la suma de noventa y cuatro millones doscientos
setenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos con seis centavos
($94’272.296.06)19.
28. De otra parte, en relación con los hechos objeto de debate, se acreditó que
el 22 de diciembre de 1997, la señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago
falleció20, como consecuencia de una anemia aguda secundaria a heridas por
proyectil de arma de fuego21. En el acta de inspección de cadáver No. 570, se
registró:
• “Posible manera de la muerte”: homicidio.
• Imputado: Ricardo Herrera Díaz.
• Descripción de heridas: Orificio de 1.5 cm, de borde irregulares con
exposición de tejido adiposo en reja costal lateral derecha, herida de bordes
regulares en reja costal lateral izquierda.
• Relato del hecho: “El hecho se produjo cuando el agente de la policía
RICARDO HERRERA DIAZ perseguía a un sujeto y accionó por dos ocasiones
18 Folio 25 c. 1.
19 El nombre del depositante no es legible. Cheque obrante a folio 26 c. 1.
20 Folio 24 c. 3 (proceso de reparación directa)
21 Protocolo de necropsia No. A-601-97, c. 3.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
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Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
su arma de fuego, hiriendo mortalmente a la joven quien se encontraba con dos
amigas más junto a la pared de la residencia indicada”.
• Observaciones: llegaron al lugar de los hechos los agentes de la SIJIN,
William García Sánchez y Robinson Mackiu Ceballos. En el libro de control de
casos que se lleva en el hospital se encontró la siguiente anotación (se
transcribe conforme obra):
“Hora: 13:45. A la hora entra al parecer sin signos vitales la señorita DULIS
RODRIGUEZ, 20 años, residente en Barrio Las Delicias… según presenta herida
por arma de fuego según lo manifestado por el doctor de turno. La antes
mencionada la traían en un servicio público taxi, en compañía del agente JEREZ
REINALDO perteneciente al CAI Villa Julia, la señorita OLGA LUCIA AYA
indocumentada de 17 años, residente Barrio las Delicias y el agente HERRERA
según manifestado fue herida en un procedimiento policial y traída inmediatamente
al hospital, hechos sucedidos a las 3:40 horas aproximadamente en el barrio
Industrial.
“El Despacho deja constancia que al momento de realizar el levantamiento del
cadáver, dentro del brazier (sic) se encontró un proyectil, el cual es embalado por
los técnicos de criminalística.
“Se revisó la hoja de urgencias abierta a la hoy occisa… Nombre. DULIS JUDITH
RODRIGUEZ, 20 años, residencia actual Las Delicias, se ignoran más datos.
Llegada de Paciente: 22-12-97. 13:45 horas. Acompañante ROCIO RODRIGUEZ
ALFEREZ, SOFIA CARDENAS amigas. Herida por Arma de fuego. Al examen
físico Paciente ingresa muerta. Firma Ilegible.
“Según información suministrada por funcionarios del C.T.I. en el Hospital, los
hechos se produjeron en un procedimiento realizado por la Policía del Permanente
central al parecer por el Agente HERRERA. Los dos agentes que participaron en el
procedimiento se encuentran en el Permanente Central y se dispuso que de
manera inmediata sean llevados por personal del C.T.I hasta las dependencias del
Das para que se les realice prueba de absorción atómica y por parte de la testigo
OLGA LUCIA AYA se efectúe retrato hablado del agente presuntamente implicado.
“Como se ha informado que las armas de fuego que portaban los uniformados se
encuentran en el Permanente Central, se dispone de manera inmediata pasar a
solicitar su entrega para que hagan parte de la investigación. Como testigos de los
hechos se encuentran las siguientes personas. ROCIO RODRIGUEZ ALFEREZ,
OLGA LUCIA AYA y CLAUDIA LOPEZ FUENTES…”22.
29. La Policía Nacional del departamento del Meta adelantó el proceso
disciplinario No. 018-98 contra el entonces AG. Ricardo Herrera Díaz. A este
proceso fueron allegadas copias de algunas piezas procesales de dicho
expediente, prueba que fue solicitada por la parte demandante y, como fue
debidamente decretada e incorporada al expediente, será valorada en su
22 Folios 35 a 37 c. 1.
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
totalidad23. Dentro del referido encuadernamiento obran los siguientes medios
de prueba:
30. A través de auto del 30 de diciembre de 1997, el Comandante del
departamento de Policía del Meta ordenó iniciar investigación disciplinaria, con
fundamento en los siguientes argumentos (se transcribe literalmente):
“Visto, el informe suscrito por el señor AG. HERRERA DIAZ RICARDO, con fecha
221297 ante el comando del primer distrito de Policía Villavicencio [no se allegó a
este proceso], mediante el cual da a conocer los hechos ocurridos el día 221297 a
las 13:45 horas cuando se encontraba de servicio en el sector Villa Julia, y durante
un procedimiento de policía que conoció al perseguir a un sujeto se presentó un
presunto intercambio de disparos resultando lesionada una señora que
posteriormente falleció en el hospital y no se logró la captura del sujeto.
“Por considerarse la existencia de una presunta violación al Reglamento de
Disciplina y Ética para la Policía Nacional, Decreto 2584 de 1993, modificado y
adicionado por el decreto 575 de 1993, el suscrito Comandante… ordena dar inicio
a la correspondiente investigación”24.
31. La PT. Lina María Gómez Hernández rindió testimonio acerca de lo que
sabía de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, y relató que para la
fecha de autos se encontraba en “comunicaciones” y le reportaron un caso por
el 112 en el barrio Brisas del Guatiquía, por lo que el AG. Peñaloza envió la
patrulla del CAI Turístico, “al rato reportaron que había un muerto en ese caso,
según lo que me dijo la patrulla, el sospechoso le disparó a la patrulla y el
agente HERRERA lo que hizo fue responder y en el momento en que disparó
se atravesó una señora y fue la que resultó herida en el lugar”25.
32. A su vez, al agente Henry Orlando Peñaloza Blanco, quien prestaba sus
servicios en la “Estación Cien de Comunicaciones”, en la diligencia de
recepción de testimonios le preguntaron sobre el conocimiento que tenía de los
hechos materia de investigación, respecto de lo cual declaró (se transcribe de
manera literal):
“Para ese día según me acuerdo entró una llamada donde informaban que había
unos sujetos cometiendo hurtos y atracos en la entrada del Barrio Brisas del
Guatiquía, se dio a conocer el caso a la patrulla que le corresponde la zona que en
ese momento tenía el indicativo de Cobra 4-1, al mando de los agentes HERRERA
DIAZ y JEREZ REYNALDO, me reportaron la llegada y que no había nada extraño,
como a los cinco o diez minutos a eso de las 13:35 o 13:40 me reporta la Patrulla
23 En relación con los testimonios allí recepcionados, se advierte que se trata de una prueba trasladada,
que ostenta mérito probatorio para el análisis de responsabilidad que aquí se surte, toda vez que ambas
partes tuvieron la oportunidad de controvertirlo tan pronto se trasladó a este proceso, sin que hubieran
manifestado reparo alguno al respecto; además, en el proceso primitivo las pruebas se practicaron con
audiencia de la parte contra la que se aduce –demandado-.
fue solicitado como prueba por la parte en contra de quien se aduce –demandante–, lo cual evidencia el
cumplimento de lo dispuesto en el artículo 185 del CPC.
24 Folio 40 c. 1.
25 Folio 49 c. 1.
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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
Cobra 4-1, deI CAI Villa Julia o Turístico, que les mandara ayuda porque había un
sujeto que les estaba disparando, me reportó la patrulla que responde al indicativo
de gacela uno para que los respaldara, al rato me llamó el AG. HERRERA por
radio que se dirigían al Hospital con un herido y que después me comunicaban
desde el Hospital, como a las 14:10 de la tarde, me llamó el Agente por teléfono
diciendo que en el intercambio de los disparos que había sostenido con el sujeto
que les estaba disparando, resultó herida una señorita y que la habían traído al
Hospital y había fallecido… se le informó el caso al Cdte del Distrito CT. CASTRO,
para que el asumiera el procedimiento de rigor…”26.
33. Mediante proveído del 17 de noviembre de 1998, el comandante del
departamento de Policía del Meta declaró responsable disciplinariamente al AG
Ricardo Antonio Herrera Díaz, por haber accionado de forma imprudente y sin
causa justificada su arma de dotación oficial y, como consecuencia, lo
suspendió en el ejercicio de sus funciones por treinta (30) días 27. En este
punto, resulta importante advertir que la mayoría de pruebas relacionadas en la
providencia que puso fin al proceso disciplinario no fueron allegadas al
plenario; únicamente se cuenta con las declaraciones anteriormente
relacionadas y la referida decisión, cuya ratio decidendi, en síntesis, es del
siguiente tenor literal:
“Ampliamente demostrado se encuentra, que en el procedimiento únicamente se
efectuaron dos disparos, y estos fueron realizados por el señor AG HERRERA
DIAZ RICARDO ANTONIO, así lo señalan las pruebas, que indican igualmente que
el sujeto alias ‘EL TUERTO’, no portaba ninguna clase de arma. Acto imprudente
por parte del uniformado, máxime cuando hay pruebas que la misma occisa le
recriminó cuando hizo el primer disparo para que no lo siguiera haciendo porque
las podía lesionar y sin embargo efectuó un nuevo disparo, que terminó haciendo
blanco en la extinta DULIS RODRIGUEZ, con las consecuencias ya descritas.
“Aunque el disciplinado no presentó escrito de descargos, los documentos que
aportó a la investigación, este despacho los tendrá en cuenta; como lo son el
informe de los hechos y la indagatoria rendida ante el Juzgado 67 de instrucción
penal militar… siendo de anotar que este despacho no comparte los argumentos
que allí expuso para haber hecho uso de su arma de dotación; pues las
declaraciones de OLGA LUCIA AYA, ROCIO RODRIGUEZ ALFEREZ Y CLAUDIA
LOPEZ FUENTES [que no obran en este expediente], controvierten por completo
las aseveraciones del disciplinado, en el sentido de que el sujeto al cual perseguía
26 Folio 50 c. 1.
27 Del siguiente tenor literal fue la parte resolutiva del fallo: “PRIMERO: Responsabilizar disciplinariamente
al señor AG. HERRERA DIAZ RICARDO ANTONIO… de haber infringido el reglamento de disciplina y
ética para la Policía Nacional, decreto 2584 de 1993, en su artículo 39 numerales 14, 15 literal b y 40
literales b y d; consistente en haber lesionado a la señora DULYS JUDITH RODRIGUEZ BUITRAGO con
el revolver de dotación oficial durante un procedimiento policial realizado el día 221297 en el barrio brisas
del Guatiquía de esta ciudad, cuando perseguía a un delincuente alias ‘EL TUERTO’, e imprudentemente
accionó sin razón ni causa justificada su arma en dos ocasiones, y en la segunda hirió a la ciudadana en
cita, quien falleció posteriormente; habiendo hecho uso excesivo de las armas de fuego, incumplió las
órdenes e instrucciones relativas al servicio; y actuó con imprudencia en el manejo de su arma, dándole
aplicación y uso diferente a los establecidos en la ley y la norma.
“SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior este comando le solicita ante la dirección General de la
Policía Nacional, la suspensión en el ejercicio de sus funciones por espacio de treinta (30) días sin
derecho a remuneración” (folio 63 c. 1).
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Referencia: Acción de repetición
le hubiese disparado con arma de fuego alguna, siendo enfática en manifestar que
no le vieron ningún arma; situación que resulta igualmente corroborada por la
señora DIOCELMIRA ALVAREZ y el mismo agente JEREZ REYNALDO [tampoco
obran sus declaraciones] que lo acompañaba a quien solo le consta lo que el AG.
HERRERA le comentó; pero personalmente al sujeto solo le vio un paquete.
“(…) Con base en los anterior, este despacho califica la conducta del disciplinado
como culposa; teniendo en cuenta que el agente la realizó por falta de previsión del
resultado previsible. Ampliamente se ha demostrado que el policial no quería cegar
la vida de DULIS RODRIGUEZ, ni mucho menos lesionar a ninguna persona
inocente; sin embargo de manera imprudente maniobró su arma de fuego tratando
de intimidar al delincuente que huía, pero desafortunadamente su acción culminó
inevitablemente ocasionándole lesiones y posteriormente la muerte a la ciudadana
en mención.
“Como miembro de la Policía Nacional, recibió amplia instrucción sobre el uso y
cuidado con las armas de fuego, pero estas instrucciones no fueron tenidas en
cuenta por el disciplinado; acto que resulta reprochable desde todo punto de vista,
porque a la luz de la sana crítica, su actuación fue desproporcionada con respecto
a la situación real que presentaba; siendo de anotar además que es un deber
fundamental de la institución proteger la vida, honra y bienes de todos los
ciudadanos como lo manda nuestra constitución nacional, difiere pues la conducta
del disciplinado con la ley en cita”28.
34. La Sala toma nota de que, paralelamente al proceso disciplinario, se
adelantó contra el señor Ricardo Antonio Herrera Díaz un proceso penal
seguido ante la jurisdicción penal militar. De ese sumario solo obran las piezas
principales que contienen las decisiones adoptadas, y algunos testimonios y
ratificaciones de informes29, los cuales se reseñan a continuación:
35. A través de providencia del 20 de junio de 1998, el Juzgado Sesenta y
Siete de Instrucción Penal Militar definió la situación jurídica del sindicado y
decretó medida de aseguramiento en su contra, en la modalidad de detención
preventiva, toda vez que las probanzas aportadas satisficieron los
presupuestos del artículo 621 del Código Penal Militar. Como soporte de esta
decisión, sostuvo el Juez (se transcribe conforme obra):
“Si bien es cierto el Agente sindicado ha argumentado en su defensa que fue
objeto de agresión por parte del fugitivo, en el sentido de que disparó con arma de
fuego contra su humanidad, tales aseveraciones aparecen controvertidas, pues los
testigos presenciales de los hechos son unánimes al señalar que dicho sujeto no
portaba arma o elemento alguno y que el Agente HERRERA DIAZ a quien una de
28 Folios 57 a 63 c. 1.
29 Se advierte que, a pesar de que en el proceso de reparación directa se decretó como prueba y se
ordenó trasladar el expediente penal en su integridad, lo cierto es que en aquel proceso no obran las
piezas procesales del penal. En cuanto a las aportadas por la demandante en este proceso de repetición,
se puntualiza que serán valoradas, por cuanto, al igual que se indicó con el proceso disciplinario, el
Tribunal las incorporó como prueba, ambas partes tuvieron la oportunidad de controvertirlas y en el
proceso primitivo los testimonios se practicaron con audiencia de la parte contra la que se aducen –
demandado-. Todo lo contrario ocurre con los testimonios practicados dentro del proceso de reparación
directa, los cuales no pueden ser valorados en el sub examine, porque no cumplen con los requisitos del
artículo 185 del CPC, dado que no se practicaron a petición de la parte contra quien se aduce ni con
audiencia de ella.
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Referencia: Acción de repetición
las testigos identifica, disparó con dirección al fugitivo, lesionando mortalmente a la
señora DULYS JUDITH.
“De otro lado nótese cómo el compañero de patrulla del sindicado en ningún
momento afirma categóricamente haber observado que el hombre del parche le
hubiese disparado a HERRERA DIAZ, a pesar de que éste aduce que el primer
disparo lo realizó el delincuente cuando pasó la Av. del llano y JEREZ REINALDO
hallándose en el mismo lugar no hace mención a tal situación, sólo se limita a
sostener que escuchó varias explosiones y respecto del supuesto ataque de que
fuera víctima HERRERA, relata lo que llegó a su conocimiento por medio del
mismo acriminado, al igual que el Teniente CARDENAS, quien ni siquiera estuvo
en el lugar de los hechos.
Las aseveraciones de las acompañantes de DULIS JUDITH, resultan corroboradas
con el experticio de balística [no obra en este proceso] en el que se concluyó que el
proyectil hallado en el brasier de la occisa y las dos vainillas incriminadas calibre 38
SPL, fue disparado y percutidas respectivamente por el revólver marca S&W,
calibre .38 SPL, serie AAN6638. Es decir el de dotación del AG. HERRERA DIAZ,
que admite haber disparado la fecha de lo investigado.
“Lo anterior aunado a que fue una sola la herida mortal (…)”30
36. Posteriormente, en ese proceso penal, se recaudó el testimonio del PT.
García Sánchez William Julián, agente de la SIJIN que cooperó con la
investigación de los hechos, en su declaración explicó que el 22 de diciembre
de 1997 se encontraba con su compañero Mackiu Ceballos Robinson en sus
funciones de patrulleros, se enteraron de la muerte de la mencionada señora y
se dirigieron al hospital donde había sido trasladada, allí se encontraron con la
Fiscal Quinta y al quedar enterados de que en los hechos estaba involucrado
un agente de la policía colaboraron con la investigación. Se trasladaron a la
estación de policía de Villavicencio donde se encontraron con el agente que
había estado involucrado en la persecución, el cual les contó “por encima”
como habían ocurrido los hechos, “ya que nos interesaba preservar algunos
datos de la investigación”, como, por ejemplo, que “no se fuera a bañar las
manos y también que el arma no la fuera a manipular nadie y también nosotros
le aconsejamos que rindiera un informe antes de que la doctora [se refiere a la
fiscal] lo fuera a entrevistar, también nos interesaba que nos dijera el lugar
exacto donde habían ocurrido los hechos…”31.
37. Igualmente, el AG. Mackiu Ceballos Robinson narró que para el día del
suceso estaba realizando patrullaje con su compañero Julián Sánchez García
cuando les reportaron que en el barrio “La Lambada” había un muerto e
iniciaron las diligencias que les correspondía, así (se transcribe literalmente):
“(…) nos dijimos hasta el lugar de los hechos donde se encontraba el agente
HERRERA, igualmente se encontraba la doctora Fiscal de turno con el personal del
CTI a quienes eran los que les correspondían las respectivas averiguaciones sobre
los homicidios que se presentaban durante ese día, como nosotros no estábamos
30 Folios 85 a 93 c. 1.
31 Folios 94 y 95 c. 1.
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propiamente como investigadores ese día de los hechos, simplemente nos tocaba
ir a tomar datos para elaborar el respectivo polígrama al comando del
departamento, lo que manifestó el agente HERRERA era que iba en persecución
de un delincuente el cual le había hecho a él unos disparos y este igualmente le
respondió llegando a la curva donde sucedieron los hechos. PREGUNTADO: sabe
usted o presume quien es el autor o responsable de la muerte de DULIS JUDITH
BUITRAGO. CONTESTO: desconozco con certeza quien sería el autor, lo único
que sé es que participaron en el hecho el AG. HERRERA y un delincuente (…)”32.
38. También testificó la señora Paula Niño Córdoba, quien era residente del
lugar donde ocurrió el suceso y manifestó que el hombre que estaban
persiguiendo los policiales lo había visto antes del día de los hechos, en ese
mismo sitio, en varias ocasiones, con un parche en un ojo. Ese día, ella se
disponía a cruzar la vía, “cuando un viejito se le acercó rapidito de frente
solicitándole que esperara, que no fuera a pasar porque lo iban robar” y que
ella respondió “sí, ya se cual es”. Adujo que el individuo siguió ahí parado y el
viejito asustado junto a ella muerto del pánico, por lo que le ayudó a tomar un
taxi. Luego, llegó su casa donde hay un “SAI” que es atendido por su hermano,
Luis Antonio, le comentó lo sucedido, y como él sí conocía al sujeto, exclamó:
“Ah, ese es el hermano del ‘Caleño’, llamemos a la policía, como en efecto lo
hizo marcando el 112”. Además, dijo que su hermano le preguntó quién
acompañaba a ese individuo porque “siempre hay dos o tres más”, al poco
tiempo llegó la policía y luego escuchó un tiro, “salió a la puerta y vio que
bajaba el individuo del parche corriendo a toda”, pero no observó si portaba
algún arma. Finalmente, afirmó que “ella siempre ve a ese antisocial en la
Avenida El llano raponeando a los que van en carro con el vidrio abajo, pero no
le ha visto arma de fuego”33.
39. De manera similar, relató los hechos el señor Luis Antonio Niño Córdoba,
hermano de declarante que antecede, quien reiteró los dichos de su hermana
Paula y agregó que escuchó cuatro detonaciones, pero que no podía asegurar
si fueron de arma de fuego o del exhosto de los carros, porque eran sonidos
muy similares, que vio como “el tuerto” bajó corriendo con un paquete en la
mano, pero no se dio cuenta si era un arma, por lo menos “en la mano no se le
vio”; luego subió al lugar de los hechos y encontró a los agentes levantando a
la herida. Agregó que identificaba al personaje desde dos años atrás, portando
arma de fuego y corto punzante, “atracando por ahí” y que los delincuentes del
barrio siempre estaban armados. Por último, indicó que también conocía a
Sofía Cárdenas (estaba con la occisa el día de los hechos) como delincuente
porque la había visto robando en compañía de la "finadita”, “era la que casi
mandaba la parada de todas las muchachas que son delincuentes y viciosas”, y
que era difícil localizarla porque no tenía paradero fijo34.
32 Folios 102 y 103 c. 1.
33 Folios 96 y 97 c. 1.
34 Folio 98 y 99 ibidem.
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40. En la diligencia de ratificación y ampliación del informe que rindió el DG.
Alzate Aguirre José Idier (el cual no obra en el expediente) señaló que él
únicamente se encargó junto con la PT. Yadira Ayala de contactar a las
personas referidas en el informe (testigos presenciales de los hechos) para
recibir las correspondientes entrevistas y registrar sus direcciones, para las
posteriores diligencias de testimonios dentro del proceso penal35.
41. Luego de recaudar todo el material probatorio –el cual, se insiste, no obra
en su integridad en este proceso–, la justicia penal militar adoptó varias
decisiones:
42. En primera instancia, el juzgado del Departamento de Policía del Meta –
Auditoría de Guerra Auxiliar 45, mediante proveído del 27 de julio de 1999,
resolvió “Cesar todo procedimiento, a favor del AG. Herrera Díaz Ricardo
Antonio”, en aplicación del artículo 655 del Código Penal Militar, con
fundamento, básicamente, en los siguientes argumentos (se transcribe de
manera literal):
“Objetivamente se halla probada la muerte de DULIS JUDITH RODRIGUEZ
BUITRAGO, por el arma de fuego que portaba el acusado agente HERRERA DIAZ
RICARDO ANTONIO, pues así nos lo demuestran las pruebas cotejadas y
analizadas en su conjunto; probado también está que el fugitivo a quien perseguía
el cuerpo policial se trataba de un delincuente de alta peligrosidad, ya que PAULA
NIÑO CORDOBA, ciudadana quien testimonia sobre los hechos… nos ilustra
observar al referido antisocial persona conocida por un parche en un ojo quien
momentos antes pretendía hurtar a un ciudadano, ya que ella con su
hermano…requirieron la presencia policial … Frente a estos testimonios el
Despacho no puede mostrarse ajeno, al peligro potencial en que se halla expuesto,
el policial quien arriesga su vida en aras del deber cumplido.
“Así mismo es procedente observar que lo aseverado por éste declarante [Luis
Antonio Niño Córdoba] guarda estrecha relación en lo afirmado, con lo probado,
por el forense en el sentido de que la joven obitada, también pertenecía a este bajo
estrato social ante la presencia de CANNABINOIDES en la orina… lo probado nos
da certeza del actuar policial acusado, cuando en su defensa nos refiere que el
sector… se califica como ‘olla’, y al ver que el delincuente huyó hacía el referido
barrio yendo tras él le observó un paquete y de este al parecer un arma de fuego
ante lo cual disparó al aire por dos ocasiones para tratar de intimidarlo sin lograr el
objetivo…circunstancias estas que nos dan la certeza… que la conducta
desplegada por el AG HERRERA DIAZ RICARDO, encuentra plena justificación
dentro de las causales de que predica la norma en su artículo 26, numeral primero:
estar en cumplimiento de un deber legal…”36.
43. Posteriormente, el 16 de noviembre de 1999, el Tribunal Superior Militar
revocó la decisión anterior y, en su lugar, ordenó que por la primera instancia
se dictara resolución de convocatoria a consejo de guerra para que se juzgara
la conducta del agente investigado, en tanto que consideró que no se
35 Folio 100 c. 1.
36 Folios 104 a 119 c. 1.
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cumplieron los supuestos previstos en el Código Penal Militar para dar por
terminado de forma anticipada el proceso, toda vez que las pruebas sugerían la
responsabilidad del señor Herrera Díaz, como autor del hecho punible de
homicidio culposo, bajo los siguientes razonamientos (se transcribe de manera
literal):
“En el caso que nos ocupa, la causal invocada es el estricto cumplimiento de un
deber legal, materializando en el hecho de la necesidad del sindicado del empleo
de la fuerza, arma de fuego, en contra de un presunto delincuente ‘el tuerto’, que
cuando fue requerido por Ia autoridad, huyó disparando contra el agente para
facilitar su fuga; esta versión, que es la que entrega HERRERA DIAZ, podría estar
sustentada en los artículos 29 y 30 del Código Nacional de Policía, pero la
evidencia procesal es contraria a las afirmaciones señaladas. Los testigos directos
[testimonios que no fueron allegados a este proceso]… que por estar en compañía
de la occisa se encontraban en condiciones óptimas para ver el desarrollo de los
hechos, los narran de forma coherente, responsiva, circunstanciada y completa,
ofreciéndonos por lo tanto excepcionales condiciones de credibilidad. Nada dicen
sobre que el perseguido portara arma, o que hubiese hecho disparos y fueron
enfáticas en señalar al agente como la persona hizo los disparos y aunque DULIS
JUDITH alcanzó a advertirle al uniformado que no disparara más…
“(…)
“Lo anterior, es prueba clara de que el supuesto delincuente no portaba arma y por
lo tanto no disparó en contra del agente HERRERA, desvirtuándose el estricto
cumplimiento del deber legal como causal de justificación del hecho, por cuanto el
agente no estaba autorizado por ninguna norma legal para hacer uso del arma y
mucho menos en las horas del mediodía, en un barrio populoso donde sus
habitantes deambulaban por las calles, lo que imponía a HERRERA DÍAZ, aún en
el supuesto caso de que hubiese sido agredido, a una actuación cautelosa y
moderada para evitar precisamente consecuencias funestas para los asociados. Su
actuación, por el contrario, a más de ser irreglamentaria fue imprudente, negligente
e irresponsable, al disparar su arma, no al aire como lo afirmó en indagatoria, sino
en dirección a quien huía velozmente sin prever lo previsible, como era que el
proyectil pudiera herir o quitar la vida a una persona inocente y ajena al caso, como
evidentemente sucedió”37.
44. En virtud de lo anterior, el juzgado de primera instancia profirió la
Resolución 01 del 21 de enero de 2000, por medio de la cual ordenó convocar
un consejo verbal de guerra para juzgar la conducta del AG. Herrera Díaz
Ricardo Antonio38, consejo que dictó fallo absolutorio el 3 de abril de 2000, bajo
el apotegma de “In dubio pro reo”, dado que las pruebas suscitaban serias
dudas respecto de la responsabilidad a título de culpa del procesado, así lo
señaló:
“Si bien es cierto los testimonios de las únicas testigos presenciales de los
acontecimientos… fueron consistentes en el sentido de no haberle visto portar o
esgrimir arma alguna al delincuente fugitivo ‘del parche en el ojo’, no lo es menos
que sus asertos no podrán calificarse con el valor probatorio que amerita tal
circunstancia, habida consideración ser el particular LUIS ANTONIO NIÑO
37 Folios 122 a 128 c. 1.
38 Folios 129 a 141 c. 1.
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CORDOBA, persona absolutamente neutral dentro de los aconteceres quien nos
manifiesta dentro del expediente que desde dos años atrás conoce al individuo
apodado el TUERTO, portando armas de fuego y corto punzantes, atracando por
ahí, también conoce a SOFIA CARDENAS [acompañó a la víctima al hospital
porque se encontraba con ella el día de los hechos] como persona delincuente,
porque la vio robando en compañía de la finada [se refiere a Dulis Judith
Rodríguez], de dónde podemos inferir que sus testimonios por razones obvias
dados los nexos de ser amigas compañeras y copartícipes en la empresa
delincuencial son desfavorables y adversos para los representantes de la autoridad,
en cabeza del cuerpo uniformado…
“Para este Juzgador de Primer Grado es muy importante y de gran valor probatorio
lo esbozado en su parte final por el ciudadano en referencia: que los agentes del
orden bajan con revolver en mano por ese sector, porque los antisociales del barrio
están armados; también lo anotado por la PT. BLANCA YADIRA AYALA y DG.
ALZATE AGUIRRE JOSE IDIER, al afirmar que el referido sector es una ‘OLLA’. Lo
que nos lleva a concluir que el agente HERRERA DIAZ RICARDO ANTONIO, al
adentrarse en la referida ‘OLLA’ su sistema cognoscitivo, afectivo y volitivo, se
encontraba disminuido por la zozobra, el miedo y la sorpresa, con la convicción
errada e inequívoca que dentro del paquete que portaba el antisocial había un arma
de fuego, que según su decir esgrimió contra éste y por ello la necesidad de
contrarrestar este ataque que lo hace inimputable, al tratarse de un caso específico
‘error esencial de hecho’ (…)”39.
45. Esta última decisión fue objeto de consulta ante el Tribunal Superior Militar
y, a través de sentencia del 4 de abril de 2001, revocó el fallo consultado y, en
su lugar, declaró al AG Ricardo Antonio Herrera Díaz autor responsable por el
delito de homicidio en la modalidad culposa en la humanidad de Dulis Judith
Rodríguez Buitrago y, como consecuencia, lo condenó a la pena principal de
dos (2) años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo lapso. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal, en
síntesis, argumentó:
“La cartilla procesal, registra ciertamente el requerimiento o la presencia de la
Policía en un lugar demarcado por la alta peligrosidad ante la presencia
permanente de delincuentes dedicados a atentar contra el patrimonio de las
personas y aún contra la vida de éstas… lo que no corresponde a la realidad, es el
hecho de que el Agente HERRERA DIAZ RICARDO ANTONIO, sin el apremio que
pudiera contemplar una agresión inminente, hiciera uso del arma de fuego, no sólo
porque lo haya expuesto OLGA LUCIA HAYA, ROCIO RODRÍGUEZ ALFÉREZ y
CLAUDIA LOPEZ FUENTES, en cuanto a que aparecen testimoniando que el
sujeto que huía no disparó ningún arma, sino es por cuanto su mismo compañero
JEREZ REINADO [no obra su declaración en este proceso], no aparece testificando
el haber visto que el sujeto haya accionado algún arma de fuego y aunado a lo
anterior, está el hecho de que si se trataba de un sospechoso que huía no se ve la
razón para que se insistiera no sólo en su aprehensión, sino que al haber efectuado
disparos, se estaba simplemente frente a una persona que se señalaba como
sospechosa, no que se encontrara en flagrancia cometiendo una conducta ilícita
que exigiera su inmediata retención…
39 Folios 142 a 160 c. 1.
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“En consecuencia, pese a que el aquí procesado se encontraba cumpliendo con su
deber de Policía impuesto en la Constitución y la Ley, pues no cabe duda que la
finalidad de su actuar como representante de la autoridad, fue la de perseguir a un
individuo conocido en un sector de alta peligrosidad como ‘el tuerto’… al que una
vez ubicó tuvo que perseguir por cuanto aquél no quiso atender su requerimiento;
hasta ese instante, se repite, su comportamiento se desarrolló dentro de los
parámetros del deber y del cuidado que le eran exigibles, pero cuando decidió
utilizar su arma de dotación olvidó imprudentemente que a su alrededor transitaban
otras personas, violó los reglamentos, especialmente el decálogo de las armas, al
disparar sin tener en cuenta que podía lesionar accidentalmente a alguien, como
ciertamente sucedió pero con la desfortuna que la víctima fue una mujer que nada
tenía que ver en el asunto y quien momentos más tarde falleció a causa de las
heridas. En ese sentido se orientan los medios probatorios aportados al expediente
y por ende la decisión absolutoria que se consulta, resulta inadecuada como quiera
que de ese cúmulo probatorio emerge diáfanamente la responsabilidad que
compromete al encartado, en la modalidad culposa… como quiera que no previó las
consecuencias lesivas de su comportamiento, habiendo podido preverlas, y lo hizo
por imprudencia, descuido y negligencia en la observancia de las normas para
desarrollar esa clase de procedimientos de carácter policivo…”40.
46. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Meta, con el apoyo del material
probatorio obrante en el expediente del proceso penal y disciplinario -se insiste,
no fueron allegados en su integridad a este sumario- declaró dentro del
proceso de reparación directa No.98.283 responsable administrativamente a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de la señora
Dulis Judith Rodríguez Buitrago. Para sustentar su decisión, en síntesis, señaló
(se transcribe conforme obra):
“En nuestro caso como ya se advirtió no hay margen de duda en cuanto que, quien
produjo el daño fue un miembro de un ente estadual — Policía Nacional — en
servicio activo, es decir, en ejercicio de su labor como autoridad pública, además de
haber empleado para el efecto un arma de dotación oficial. Como consecuencia de
esa conducta positiva se generó un daño, causante obviamente de perjuicios, cuya
conexidad entre los dos presupuestos enunciados es más que evidente.
“No se observa elemento alguno que permita relevar de responsabilidad al ente
demandado, puesto que está plenamente probado que la conducta desplegada por
el agente HERRERA DIAZ, no fue la correcta, en el sentido de haber obrado
imprudentemente, no obstante estar cumpliendo su deber de policía impuesto por la
Constitución y la Ley como bien lo anota el Tribunal Superior Militar en proveído del
4 de julio de 2000 (fol. 311 — 31841) en donde al examinar por vía de consulta la
decisión tomado por el Juez de Primera Instancia, revocó la sentencia absolutoria
dispuesta por el Juez de primera Instancia y en su lugar condenó al mencionado
agente por el delito de homicidio en el grado de culposo.
“Esta Corporación coincide íntegramente en el análisis jurídico corto pero sustantivo
que realizó en su oportunidad el Tribunal Superior Militar, en el sentido que el
agente no obstante el haber obrado diligentemente con el propósito de capturar al
parecer a un anti-social, desconoció normas elementales policivas, utilizando su
arma de dotación oficial que no era indispensable para el momento puesto que no
40 Folios 161 a 168 c. 1.
41 Estos folios no se observan en el proceso de reparación directa, se cuenta con un único cuaderno del
proceso de reparación directa con 191 folios.
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Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
se encontraba atacado por el indeseable, sino que imprudentemente procedió a
accionarla en -dos (2) ocasiones, la primera de ellas disparando hacía el aire
pretendiendo amedrantar al sujeto que perseguía, no así la segunda, en donde
infortunadamente el proyectil impacto a una desprevenida transeúnte con los
resultados ya sabidos.
“Además del informe de la propia policía al cual se ha hecho mención, encontramos
la necropsia (fol. 80 — 82) en donde se corrobora que la herida recibida por la
señora RODRIGUEZ BUITRAGO fue a causa del proyectil disparado por un arma
de fuego y como ya se vio dicho instrumento era de dotación oficial y estaba en
manos de una autoridad pública. Concluyese en que los elementos estructurales de
este régimen de responsabilidad están más que acreditados, lo que hace que, las
pretensiones de la demanda tengan vocación de éxito”42.
Del pago efectivo de la obligación
47. El Código Civil consagra el pago como una forma de extinguir las
obligaciones43 y lo hace consistir en la ejecución de la prestación debida, sin
sujetarlo a un requisito ad probationem o ad sustatiam actus, por lo que es
posible demostrar su ocurrencia por cualquier medio44.
48. Así, entonces, el Código Civil no establece un modo o tarifa legal para
probar el pago de una obligación y a pesar de que a tal efecto y en sus normas
se refiere a la “carta de pago” (artículos 162845, 165346, 165447 y 166948), que
es la declaración documental del acreedor de haber sido satisfecho, en el
artículo 1757 ejusdem49 consagró la libertad de las partes para acudir a
cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de
obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de
42 Folios
43 Artículo 1494 del Código Civil. “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos
o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se
obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia
de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la
ley, como entre los padres y los hijos de familia”.
44 Artículo 1625 Ibidem. “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo”.
45 “En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos determinados y consecutivos hará presumir
los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y
deudor”.
46 “Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el
acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados”.
47 “Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a la que elija; pero sin el consentimiento
del acreedor no podrá preferir la deuda no devengada a la que lo está; y si el deudor no imputa el pago
de ninguna en particular, el acreedor podrá hacer la imputación en la carta de pago; y si el deudor lo
acepta, no le será lícito reclamar después”.
48 “Se efectúa la subrogación, en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un
tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le
corresponden como tal acreedor; la subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de
derechos, y debe hacerse en la carta de pago”.
49 “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
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Referencia: Acción de repetición
Procedimiento Civil en su artículo 17550 -estatuto procesal aplicable para la
época en que ocurrieron los hechos-, tal y como lo alegó la parte actora en el
recurso de alzada.
49. Por tanto, la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, no deja de ser una
prueba que, por su contundencia, tiene la capacidad de acreditar el pago o
solución de una obligación, pero como se indicó, no es la única, dado que el
ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio
legalmente válido para tal fin y, en consecuencia, en tanto al juez no le es dable
exigir aquello que la ley no contempla, para la acreditación del pago no puede
hacer exigencias probatorias específicas, en su lugar, en el contexto del litigio,
debe valerse de los medios allegados y valorarlos conjuntamente al amparo de
la sana crítica y la objetividad probatoria para fundar su decisión, según lo dicta
el Código de Procedimiento Civil en su artículo 18751.
50. En este punto, se aclara que, en cuanto a la prueba del pago de
obligaciones provenientes de condenas o acuerdos conciliatorios, la
jurisprudencia pregonó una tesis inicial, influenciada por la práctica del derecho
privado, según la cual los documentos allegados por una entidad pública
deudora que hubieran sido expedidos por sus funcionarios y con los cuales
pretendiera acreditar el pago, como las resoluciones de pago y los
comprobantes de egreso, no eran probatoriamente válidos, pues aceptar tal
postura implicaba permitirle al deudor que elaborara su propia prueba para la
defensa ante las pretensiones de cobro de su acreedor (tesis adoptada por el a
quo).
51. No obstante, desde 201352, esta Corporación ha venido a revisar tal
postura, al considerar que, si bien los documentos que allegaban las entidades
públicas a los estrados judiciales eran expedidos por ellas mismas, tenían
plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo
expedía hacía que se tratara de documentos públicos de aquellos mismos que
el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil 53 contempla como
probatoriamente válidos.
50 “Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de
terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
51 “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos”.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631.
53 “Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su
intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en
el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”.
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52. En ese contexto, los documentos y certificaciones expedidas por los
funcionarios descritos en el artículo 26254 ibídem, esto es, aquellos
provenientes de los jueces, los notarios, los registradores o los directores de
las oficinas públicas y los funcionarios de estas últimas que por ley o
reglamento tuvieran asignados como función la expedición de dichos
documentos, ostentan la naturaleza de públicos y tienen capacidad probatoria,
sin perjuicio de la tacha de falsedad que en su contra pueda elevar la parte
contra quien se aducen.
53. Postura que, ahora, con plena reserva de los derechos del demandado
prohíja esta Sala, en la medida en que supone una interpretación sistemática
de la capacidad probatoria de los documentos públicos que prevén los
estatutos procesales y de la libertad probatoria que le asiste a las partes para
acreditar tanto las obligaciones como su extinción, contenida en leyes y
códigos. Además de que los documentos que allega el interesado para
acreditar el pago se hallan a disposición de la parte contra quien se aducen y,
por ende, es a ella a quien le incumbe probar o, por lo menos, controvertir su
contenido público por los medios probatorios pertinentes; así, si existen
documentos que manan de un funcionario competente no hay razón que
demande con apremio al juez para que dude de su contenido y, entonces,
pretenda un medio de prueba adicional para corroborar el pago55.
54. A pesar de lo anterior, se advierte que lo dispuesto no implica que los
documentos expedidos por el servidor público a cargo sea una prueba definitiva
e incontrovertible, pues es importante recalcar que aquellos adquieren esa
condición cuando, a disposición de la parte contraria, no han sido objetados o
tachados de falsos y han sido analizados por el juez de la causa; por ende,
antes de superar tales eventos, tan solo son prueba sumaria que sirve como
presupuesto para la admisión de la demanda de repetición, pero no así para la
definición del fondo del asunto hasta que sea controvertida56.
55. Descendiendo al caso concreto, conforme quedó relacionado en los hechos
probados, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional allegó: (i)
Resolución 00132 del 6 de mayo de 2003, correspondiente a aquella que
ordenó el pago de $95.005.611.87 a favor de los beneficiarios del acuerdo
conciliatorio suscrito el 4 de abril de 2002, y aprobado por el Tribunal
54 “Tienen el carácter de documentos públicos:
1. Las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116.
2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado
de actuaciones o procesos administrativos.
3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros
funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley”.
55 Razón práctica que refuerza la postura adoptada por la Sala, es aquella que el legislador decidió elevar
tal interpretación a rango normativo en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, cuya literalidad indica que
“el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la
entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el
funcionario responsable del daño”.
56 Sentencia C – 523 de 2009.
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Administrativo del Meta el 30 del mismo mes y año57, suma que ordenó
consignar -previos los descuentos de ley- a la cuenta corriente No. 041-06390-
0 del Banco de Occidente, cuyo titular era Olid Larrarte Rodríguez (apoderado
de los beneficiarios); (ii) comprobante de egreso de la Dirección Administrativa
y Financiera del 16 de mayo del mismo año, en el que consta como beneficiario
Olid Larrarte Rodríguez de la consignación por medio de cheque de la suma
final -después de realizados los descuentos de ley- de $94’272.296.06, firmado
por el tesorero, y (iii) un cheque de esa misma fecha consignado a la cuenta
corriente No. 041-06390-0 del Banco de Occidente del apoderado de los
actores por la suma de $94’272.296.06.
56. Estos documentos demuestran que la entidad demandante programó y
efectuó el pago de una suma de dinero, correspondiente a aquella que se
concilió con la señora Jaidy Buitrago Martínez y sus familiares dentro del
proceso de reparación directa No. 98.283, adelantado por la muerte de la
señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago. Teniendo en cuenta que esos
documentos estuvieron a la merced de la parte demandada, no fueron
objetados ni tachados de falsos y ahora son valorados judicialmente, acreditan
sin duda el segundo de los requisitos exigidos por el artículo segundo de la Ley
678 de 2001.
57. Superado este punto de la apelación, la Sala pasará a analizar si la
conducta desplegada por el ex agente de policía Ricardo Antonio Herrera Díaz
puede calificarse como gravemente culposa.
De la existencia de una conducta gravemente culposa del agente estatal
58. La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace
parte del objeto de la acción de repetición, y se funda en un análisis
comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de
conducta que está dispuesto en la ley.
59. En el sub-lite, la conducta que se revisa corresponde a la desplegada el 22
de diciembre de 1997 por el entonces agente de policía Ricardo Antonio
Herrera Díaz, cuando en el marco de una persecución policial supuestamente
disparó su arma de dotación, causándole la muerte a la señora Dulis Judith
Rodríguez Buitrago. Bajo estos supuestos, el estándar de conducta con el cual
se debe evaluar el actuar del señor Mendoza es el contenido en las normas del
Código Civil, ya que, si bien la demanda se presentó el 13 de mayo de 2005,
cuando la Ley 678 de 2001 ya se encontraba vigente, las nociones de dolo y
culpa grave, esto es, el modelo de conducta que prevé este último marco
normativo, no estaba vigente para la época de los hechos.
57 Dentro del proceso de reparación directa No. 98.283
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60. De acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la “culpa grave, negligencia
grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios”. Así, la Sala ha entendido que reviste el
carácter de culpa grave58 aquél comportamiento grosero, negligente,
despreocupado o temerario causador del daño que hubiera podido evitarse con
la diligencia y cuidado que le corresponde a quien debe atender dicha actividad
en forma normal59.
61. Dada la evidente naturaleza privada del precepto civil, pues el cuidado de
los “negocios” no es propiamente asunto del resorte estatal, cuando se
pretende valorar la conducta de un sujeto cualificado como son los agentes
estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la
ley, los reglamentos y los manuales le imponían al respectivo agente, a fin de
establecer su apego al estándar de conducta que las normas le exigían 60.
62. Dicho de otra manera, a la hora de definir si un agente estatal obró con
dolo o culpa grave, debe tenerse en cuenta como factor para su configuración
la “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” a que se refiere el
artículo 6 constitucional; así como si se incurre en falta “a los postulados de la
buena fe” que establece el artículo 83 superior; o la “infracción manifiesta de un
precepto constitucional en detrimento de alguna persona”, indicada en el
artículo 91 constitucional, y con estos, entre otros, el incumplimiento de las
funciones que la ley especial o el reglamento le encargue al respectivo agente,
tal como lo prevé el artículo 123 superior61.
58 En este punto se aclara que, si bien en las pretensiones de la demanda se solicitó “declarar
responsable por dolo o culpa grave al señor RICARDO ANTONIO HERRERA DÍAZ… en su actuar del 22
de diciembre de 1997, frente a los hechos que dieron lugar a la conciliación ente la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL y CARMEN RUBIELA RODRIGUEZ y otros….”, lo
cierto es que en los alegatos de conclusión de primera instancia, la parte actora manifestó que el
demandado era responsable a título de culpa grave únicamente y, en el recurso de alzada, el sustento
argumentativo que sirvió de base para calificar la conducta del ex agente de policía fue la imprudencia y
negligencia al usar su arma oficial, imputaciones que se enmarcan en la posible comisión de una
conducta gravemente culposa, por manera que bajo esta premisa será analizada la conducta del señor
Herrera Díaz.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 4 de
diciembre de 2006. Exp. 16.887. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de noviembre de 2006. Exp. 16.171: “Así frente
a estos conceptos, el Consejo de Estado dijo que para determinar la existencia de la culpa grave o del
dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en
cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y
91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la
asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.
Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están
contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como, por ejemplo,
contratos, bienes y familia”.
61 “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.
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63. Se trata, entonces, de la determinación de una responsabilidad subjetiva en
la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que
implica que no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier
actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su
responsabilidad y debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es
precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90
constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales
respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que
se les pueda imputar dolo o culpa grave en su actuar, lo que ofrece garantías a
los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que
estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles
responsabilidad patrimonial62.
64. A juicio de la entidad actora, el ex agente Ricardo Antonio Herrera Díaz es
responsable a título de culpa grave, en la medida en que fue negligente e
imprudente en relación con el manejo, control y guarda del arma de dotación
oficial a él asignada, al transgredir lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto
1355 de 197063 y desconocer las medidas de seguridad de carácter imperativo
para el uso de armas de fuego previstas en decálogo de uso de armas, pues
disparó en una vía pública, sin estar bajo estricta necesidad, con lo que causó
la muerte de una ciudadana.
65. Precisado lo anterior, conforme a los elementos de convicción acotados a
este proceso, se acreditó que, el 22 de diciembre de 1997, la PT. Lina María
Gómez y el AG. Henry Orlando Peñaloza Blanco se encontraban en la central
de comunicaciones de la estación de policía y les reportaron un caso de hurto
por la línea 112, por lo que el agente envió la patrulla de indicativo Cobra 4-1
(que correspondía a la zona), al mando los agentes Ricardo Antonio Herrera
Díaz -demandado- y Jerez Reynaldo.
66. Asimismo, se acreditó que, ese día, fue el señor Luis Antonio Niño
Córdoba, residente del barrio donde sucedieron los hechos, quien realizó la
llamada a la central de policía a informar que un señor conocido con el alias de
“el tuerto” estaba hurtando en el barrio Brisas del Guatiquía y “al poco tiempo”
él y su hermana, Paula Niño Córdoba, escucharon que llegó una patrulla de la
policía, pero no presenciaron el momento en que ocurrieron los disparos,
únicamente los escucharon.
67. De acuerdo con los testimonios que fueron allegados, practicados dentro
de los procesos penal y disciplinario, y la información suministrada en el acta
de inspección de cadáver, los hechos objeto de debate se produjeron cuando
los agentes Herrera Díaz y Jerez Reynaldo perseguían a un sujeto conocido
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 27 de
noviembre de 2006. Exp. 30.113. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
63 "Por el cual se dictan normas sobre Policía".
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con el alias de “el tuerto”, persecución en la cual resultó herida la señora Dulis
Judith Rodríguez Buitrago, quien luego falleció como consecuencia de una
anemia aguda secundaria a heridas por proyectil de arma de fuego. A raíz de
estos hechos, ambos agentes fueron trasladados por personal de C.T.I., hasta
las dependencias del DAS para que se les realizara prueba de absorción
atómica; sin embargo, los resultados de dicha prueba no obran en este
expediente.
68. Ahora, la Sala advierte que del material probatorio obrante en el proceso no
es posible determinar que el ex agente Ricardo Antonio Herrera Díaz haya
intervenido causalmente en los hechos que causaron la muerte de la ciudadana
Dulis Judith Rodríguez Buitrago, ni siquiera por vía indiciaria, así como
tampoco las circunstancias temporales y modales que rodearon la persecución,
pues si bien en el acta de inspección de cadáver, en el acápite correspondiente
al relato del hecho se señaló que éste se produjo cuando “el agente de la
policía Ricardo Herrera Díaz perseguía a un sujeto y accionó por dos ocasiones
su arma de fuego, hiriendo mortalmente a la joven quien se encontraba con dos
amigas más”, hecho que supuestamente ocurrió en un intercambio de disparos
con el presunto delincuente, lo cierto es que ese informe fue suministrado por
los agentes de la SIJIN William Julián Sánchez y Robinson Mackiu Ceballos,
quienes, posteriormente, en sus declaraciones manifestaron que no conocieron
de primera mano los hechos, dado que ellos llegaron directamente al hospital
donde estaba siendo atendida la señora Dulis Judith, y luego se dirigieron a la
estación de policía donde se encontraba el agente Herrera Díaz y fue él el que
les informó lo que había ocurrido.
69. En ese sentido, corresponden a versiones indirectas que no ofrecen
credibilidad a la Sala, en tanto la referencia que dieron de los hechos llegó a su
conocimiento por la transmisión que de la misma les realizó el propio
demandado el cual, por obvias razones, no iba a ser completamente objetivo,
en tanto la persona que resultó herida falleció y aquél fue vinculado a un
proceso penal y disciplinario como principal responsable por esos hechos.
Incluso, cuando en el proceso penal le preguntaron al agente Mackiu Ceballos
si sabía o “presumía” quien era el autor y responsable de la muerte de la
occisa, aquél respondió que desconocía “quien sería el autor, lo único que sé
es que participaron en el hecho el AG. HERRERA y un delincuente” y, ambos
agentes aseguraron que lo que conocían era porque el mismo implicado les
había contado “por encima”, razón por la cual estas atestaciones y lo plasmado
por ellos en el informe referido no otorgan la convicción necesaria y, por ende,
tampoco tienen la suficiencia probatoria para acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.
70. Lo mismo sucede con las declaraciones rendidas por la PT. Lina María
Gómez Hernández y el agente Henry Orlando Peñaloza Blanco, pues ambos
se enteraron de los hechos por medio del reporte que hizo el demandado. En
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Referencia: Acción de repetición
efecto, la PT. Gómez Hernández testificó que “al rato le reportaron” que había
un muerto en ese caso y, que según “lo que me dijo la patrulla” (se resalta, iban
los agentes Herrera Díaz y Reynaldo Jerez) fue que el sospechoso disparó y el
agente Herrera lo que hizo fue responder y en ese momento se “atravesó” una
señora que resultó herida; por su parte, el agente Peñaloza Blanco sostuvo que
el agente Herrera Díaz lo llamó por teléfono y le dijo que en intercambio de
disparos que había sostenido con el sujeto resultó herida una señorita, sin
señalar directamente de quién provino el disparó que hirió mortalmente a la
señora Dulis Judith Rodríguez Buitrago. De esta manera, como dichas
versiones fueron indirectas, pues ninguno de los testigos percibió de manera
directa los hechos, sino que ellos se enteraron por lo que el mismo demandado
les informó y, teniendo en cuenta que sus versiones ni siquiera coinciden
plenamente entre ellas, la Sala estima que no cuentan con la veracidad ni la
capacidad probatoria para determinar las circunstancias temporales y modales
en que ocurrieron los hechos.
71. Se agrega a lo anterior que, los señores Paula y Luis Antonio Niño
Córdoba, como se señaló previamente, únicamente escucharon los disparos,
pero no observaron a la persona que había propiciado la detonación que hirió
mortalmente a la señora Ramírez Buitrago y, aunque ambos indicaron que no
podían asegurar si alias “el tuerto” ese día llevaba un arma; por un lado, el
señor Luis Antonio manifestó que le vio un paquete en la mano y que
identificaba al personaje desde dos años atrás, portando arma de fuego y
cortopunzantes y “atracando por ahí” y, de otro lado, Paula Niño Córdoba
afirmó que había visto antes a ese individuo “robando” pero no con armas. Así
pues, tales declaraciones no ofrecen información relevante ni coherente para
determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Rodríguez
Buitrago.
72. Ahora, de acuerdo con las pruebas arrimadas a este proceso, estima la
Sala que lo que en realidad pretendía la parte demandante era fundamentar la
imputación de la conducta gravemente culposa al demandado, únicamente, con
base en las decisiones adoptadas en el marco de los distintos procesos penal,
disciplinario y de reparación directa seguidos por los hechos que aquí se
demandan y las pruebas reseñadas en ellos, sin allegar los expedientes
completos donde obraban los testimonios y los dictámenes periciales (de
balística y otros) con base en los cuales se adoptaron las decisiones antes
referidas.
73. Precisamente, la decisión de declarar responsable disciplinariamente al ex
agente Herrera Díaz, así como la decisión de decretar medida de
aseguramiento en su contra y declararlo finalmente como responsable del
delito de homicidio culposo por la muerte de la señora Dulis Judith Rodríguez
Buitrago dentro del proceso penal, obedeció, conforme se observa del
contenido de las mencionadas decisiones, a las declaraciones dadas por las
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testigos presenciales de los hechos, las señoras Olga Lucia Haya, Roció
Rodríguez Alférez y Claudia López Fuentes, las atestaciones del agente
Reinaldo Jerez, quien estuvo en la persecución policial junto con su compañero
Herrera Díaz y de la señora Diocelmira Álvarez, que aseguraron que no le
vieron arma alguna a alias “el tuerto” y el experticio de balística en el que se
concluyó que el proyectil hallado en el brasier de la occisa y las dos vainillas
incriminadas calibre 38 SPL, fue disparado y percutidas respectivamente por el
revólver marca S&W, calibre 38 SPL, serie AAN6638, es decir, el de dotación
del AG. Herrera Díaz, sin que ninguna de tales pruebas haya sido aportada a
este proceso.
74. En este punto, se destaca que la valoración que de dichas pruebas hicieron
las distintas autoridades, incluso las transcripciones que del contenido de las
mismas hicieron, no pueden ser apreciadas como demostrativas de los hechos
que se le atribuyen al demandado. Tener como demostradas las circunstancias
que rodearon los hechos a partir de la valoración y transcripción de las pruebas
que hicieron los jueces otras causas, implicaría hacer una aproximación
indirecta a los hechos que fundamentan la atribución de responsabilidad al
señor Ricardo Antonio Díaz Herrera en este proceso de repetición.
75. En pretérita síntesis, los testimonios y demás pruebas recaudadas en el
curso de dichos procesos no pueden ser apreciados por la Sala, porque no
obran en el expediente de la acción de repetición, y no es posible valorarlos
indirectamente, a partir de los fundamentos de las decisiones, para proceder a
declarar la responsabilidad del demandado. Esta Corporación en varias
oportunidades ha señalado que la sentencia judicial que condena al Estado no
es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al tratarse de un proceso
contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la
existencia de los elementos que constituyen, en este caso, la culpa grave 64.
76. Ese análisis se ha realizado en el marco de la valoración probatoria del
fallo de responsabilidad estatal, pero resultan igualmente aplicables al plenario,
dado que tienen como fuente la valoración directa del material probatorio que
llevó al operador judicial a tomar la decisión y respecto del cual se predica la
responsabilidad del señor Herrera Díaz, por su supuesta conducta imprudente
y negligente.
64 “[L]a motivación de la sentencia judicial que imponga una condena patrimonial a cargo de una entidad
pública y el pago de la misma no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del
demandado en acción de repetición. En efecto, en aquellos casos en los cuales la acción de repetición se
fundamenta únicamente en las consideraciones que dieron lugar a la imposición de una condena, la Sala
ha sostenido que estas no son suficientes para comprometer al demandado ni para concluir que su
actuación hubiere sido dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser
demostrada en el proceso de repetición en aras de garantizar a favor del demandado el debido proceso,
puesto que la acción de repetición es autónoma e independiente respecto del proceso que dio origen a la
misma”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de
julio de 2009, exp. 27.779, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
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Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
77. Al hilo de lo dicho, debe advertirse que las sentencias penales sobre la
responsabilidad del agente estatal respecto del cual se pretende repetir en este
tipo de procesos, deben ser estudiadas teniendo en cuenta que constituyen
conclusiones que han sido razonadas con fundamento en normas
especializadas ajenas a las de los juicios de repetición; de manera que deben
valorarse a la luz de los elementos probatorios que reflejan el acontecer fáctico
de la conducta de la cual se predica el dolo o la culpa grave, pues finalmente
es este el fundamento esencial de la acción reversiva de que trata el inciso
segundo del artículo 90 Constitucional.
78. En este contexto, es claro, entonces, que no se tiene ninguna prueba
relevante que haya sido valorada en los procesos penal y disciplinario y sobre
las cuales se edificaron las decisiones, para que sea valorada en contra del
demandado. Además, no se puede echar de menos que el argumento principal
del fallador de la sentencia de reparación directa fue que coincidía
íntegramente “en el análisis jurídico corto pero sustantivo que realizó en su
oportunidad el Tribunal Superior Militar”, en tanto que el agente Herrera Díaz
no obstante haber obrado con el propósito de capturar a un presunto
delincuente, desconoció normas elementales policivas al utilizar su arma de
dotación oficial que no era indispensable para el momento, puesto que no
había sido atacado por él, sino que imprudentemente procedió a accionarla en -
dos ocasiones, donde una de ellas infortunadamente impactó a la señora
Rodríguez Buitrago, decisión que adoptó con el apoyo de las pruebas acotadas
al proceso penal, especialmente, un informe suscrito por la Policía de
Villavicencio, con el que no cuenta esta judicatura.
79. Bajo estos designios probatorios, es posible concluir que no existe criterio
de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento del señor
Herrera Díaz con la ocurrencia del daño antijurídico por el cual la Policía
Nacional concilió con los familiares de la occisa. De hecho, como se resaltó, la
parte actora pretendía demostrar los supuestos fácticos alegados, únicamente,
con base en las decisiones adoptadas en el marco de los procesos
disciplinario, penal y de reparación directa, sin allegar a este proceso reversivo,
ningún otro medio de prueba relevante que pudiera ser valorado por esta
Subsección, más allá de los aportados y practicados en el proceso primigenio –
como los testimonios allí rendidos-, que ni siquiera se preocupó por ratificar en
el presente.
80. La parte demandante estaba en la obligación de probar la conducta en la
actuación desplegada por el demandado, no sólo anexando las decisiones
adoptadas en otros procesos, como efectivamente lo hizo, sino con las pruebas
que demostraran que el señor Herrera Díaz realmente intervino en la
producción del daño por el que la Policía Nacional fue condenada y que actuó
de forma grosera, negligente, despreocupada o temeraria, toda vez que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento
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Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. De ahí que la parte
demandante no cumplió con la carga probatoria 65 que le impone esta norma
legal, toda vez que –se insiste-, no allegó al proceso pruebas suficientes para
determinar la conducta desplegada por el demandado.
81. En este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la indebida
aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de
pruebas que se allegan a los juicios de repetición, dado que no garantizan que
al proceso se allegue, bajo criterios de utilidad, pertinencia y conducencia, el
material probatorio congruente con la imputación realizada. En efecto, no se
trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya génesis sea
vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que permitan
establecer en forma individual y congruente las circunstancias que rodearon los
hechos que se exponen y demostrar el dolo o la culpa grave que se imputa.
82. Así las cosas, como la Policía Nacional no acreditó, de manera directa o
vía indiciaria, que el ex agente de policía demandado interviniera en el proceso
causal que llevó a la erogación por la conciliación que suscribió esta entidad
dentro del proceso de reparación directa radicado bajo número 1998-0283, se
confirmará el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.
Sobre la fijación de honorarios del Curador Ad litem
83. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Meta consideró que, en
aplicación de lo dispuesto por el Acuerdo 1518 de 2002, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los honorarios del curador
ad litem debían fijarse en un monto del 2% SMLMV, suma que debía pagar el
demandante.
84. En el recurso de alzada, la Policía Nacional cuestionó esa decisión y
señaló que, conforme a lo analizado en la sentencia de la Corte Constitucional
C-083 de 2014, no se le debían pagar honorarios a la curadora ad litem, pues
65 Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía
respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es
indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o
regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los
cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet,
esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la
prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque
indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba
aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados
como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” DEVIS ECHANDÍA,
Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior,
este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de
la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez
cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos
que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba
de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem. pág 406.
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Referencia: Acción de repetición
allí se determinó que la prestación de los servicios de los auxiliares de la
justicia es a título gratuito, en razón de que este servicio nace de la solidaridad
y la colaboración que deben dar a la comunidad los profesionales del derecho.
85. Sobre el particular, se aclara que la referida sentencia dictada por la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 48 del CGP, el cual prevé
que la designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza
habitualmente la profesión, “quien desempeñará el cargo en forma gratuita
como defensor de oficio”, norma que no resulta aplicable a este proceso, pues
el estatuto procesal vigente para el momento en que se interpuso la presente
demanda era el Código Contencioso Administrativo, el cual en lo no regulado –
como es el tema de pago de honorarios a los curadores ad litem- remite al
Código de Procedimiento Civil, estatuto que en su artículo 46 establece:
“El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a
quien representa, o un representante de ésta. Dicho curador está facultado para
realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así
como para constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede
recibir ni disponer del derecho en litigio.
Sólo podrán ser curadores ad litem los abogados inscritos; su designación,
remoción, deberes, responsabilidad y remuneración se regirán por las normas
sobre auxiliares de la justicia” (se resalta).
86. A su turno, el artículo 388 ibidem prevé, el juez de conformidad con los
parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los
honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando hayan finalizado su cometido
y señalará el monto de los honorarios y a quién corresponde pagarlos 66.
87. La Sala en aplicación de lo dispuesto por el Acuerdo 1887 de 2003
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –
vigente para el año 2005 que se presentó la demanda– los fijará en un uno
por ciento (1%) del valor de las pretensiones solicitadas en la demanda67,
suma que deberá ser pagada por la parte demandante, que es la interesada
en que se adelante el proceso.
88. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que “a pesar de que
la figura procesal del curador ad litem tiene como uno de sus objetivos la
66 “HONORARIOS DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA. El juez, de conformidad con los parámetros que fije
el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando hayan
finalizado su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente si quien
desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas. En el auto que señale los honorarios, se determinará
a quién corresponde pagarlos”. En este punto, se aclara que, si bien en la norma se señala que será por
medio de auto que se determinará el monto y a quien corresponde pagarlos, lo cierto es que esa
determinación la adoptó el juez en la sentencia de primera instancia, cuestión que fue apelada y, por
tanto, corresponde a la Sala pronunciarse.
67 Es decir, $740.537, dado que las pretensiones ascendían al valor de $4.053.731,60. Además, su
actuación se limitó a contestar la demanda y a presentar los alegatos de conclusión, reiterando lo dicho
en la contestación.
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Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
defensa de los intereses del demandado, el pago de los honorarios de quien
ejerce esa función está a cargo de la parte demandante, por ser esta parte
quien ha solicitado su intervención y por tratarse de honorarios para un
auxiliar de la justicia”68. Es el efecto útil que se le ha dado a la norma, en
tanto que dejar a cargo de la parte demandada el pago de los honorarios del
curador ad litem por considerar que es la parte beneficiada con la labor que
éste ejerce, puede implicar en muchos casos que dichos auxiliares no
obtengan el pago de sus honorarios, pues la parte demandada, por regla
general, nunca concurre al proceso, o puede carecer de patrimonio sobre el
cual pueda hacerse efectiva la condena, por manera que este riesgo no
debe ser asumido por quien de forma oportuna ejerció sus funciones como
auxiliar de la justicia69.
Costas
89. Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición
de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y,
debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a
su imposición.
IV. PARTE RESOLUTIVA
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta el 11 de septiembre de 2017, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: FÍJESE en setecientos cuarenta mil quinientos treinta y siete
pesos ($740.537), equivalente al uno por ciento (1%) del valor de las
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, expediente:
42183, M.P: Ramiro Pazos Guerrero.
69 En providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 2 de mayo de 2010, expediente: 36339,
M.P. Ruth Stella Correa Palacio, se indicó: “En las acciones de competencia de la Jurisdicción
Administrativa, con excepción de las acciones públicas y de las demás acciones que señale la ley, la
fijación de las costas a la parte vencida, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, se hará
teniendo en cuenta ‘la conducta asumida por las partes’.
“En síntesis, los honorarios del curador ad litem deben ser pagados por la parte demandante, en cuanto
hacen parte de los honorarios de un auxiliar de la justicia, que ha actuado en razón de su solicitud, sin
perjuicio de que al resolver sobre las costas del proceso, el juez de la causa determine que las mismas
deben ser pagadas por la parte demandada, en consideración a la conducta que asumió en el proceso,
que puede comprender su renuencia a notificarse personalmente del auto admisorio de la demanda”
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Radicación: 50001-23-31-000-2009-00323-01 (61.118)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Ricardo Antonio Herrera Díaz
Referencia: Acción de repetición
pretensiones solicitadas en la demanda, como honorarios de la curadora ad-
litem, a cargo de la entidad demandante, de conformidad con el apartado 3º del
Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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