Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00416-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2009-00416-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2009-00416-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
15 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA/ ERROR
JUDICIAL –FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA– DAÑO ANTIJURÍDICO – no
hay certeza del daño.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 20 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta,
que denegó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la sentencia de
tutela de primera instancia de 23 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal
Superior de Villavicencio, porque, según la demanda, le impidió a la señora María
Esperanza Castrillón de Sierra participar como candidata a la alcaldía de El Dorado
en representación del partido conservador para el periodo 2008 a 2011, faltando
dos días para las elecciones y, consecuencialmente, la privó de la oportunidad de
ser elegida para dicho cargo.
II. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 2009 (fl. 11, c.1), los señores
María Esperanza Castrillón de Sierra, José del Carmen Sierra Nova, Yaned, Yomara
y Yenny Sierra Castrillón, por conducto de apoderado judicial (fl. 12 y 13, c.1),
Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
instauraron demanda de reparación directa contra la Nación -Rama Judicial, con el
fin de que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 7 y 8, c.1):
1.- Declarar que la Sala de Decisión Penal de tutelas del Tribunal Superior del
Meta incurrió en ostensible error judicial, al proferir la sentencia de tutela de
fecha octubre 23 de 2007, dentro de la acción de tutela formulada por Oscar
Olaya López, en contra del Directorio Nacional del Partido Conservador y otros.
2.- Declarar que en consecuencia la Nación-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial es administrativamente responsable por el error judicial
en que incurrió la Sala de Decisión Penal de Tutelas del Tribunal Superior del
Meta.
3.- Como consecuencia de lo anterior, se condenará a la Nación-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Meta, a reparar todos los
perjuicios materiales y morales causados a mis prohijados, los cuales estimo de
la siguiente manera:
1.- Perjuicios materiales: que consisten en los gastos en que incurrió durante la
campaña electoral la señora Esperanza Castrillón de Sierra, teniendo en cuenta
para ello el tope de gastos previsto para elección de alcaldes, en forma
indexada.
2.- Todos los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el periodo
previsto por la ley de un alcalde electo, es decir por los cuatro años, en forma
indexada.
3.- Todos los perjuicios morales causados a cada demandante, estimados en la
máxima legal.
4.- Costas a cargo de la demandada, incluyendo agencias en derecho como es
de rigor.
Como fundamento fáctico de la demanda, se hizo referencia a lo siguiente:
El Directorio Nacional Conservador, mediante resolución 036 de 24 de mayo de
2007, convocó a consulta popular abierta para elegir candidato único a la alcaldía
de El Dorado, Meta.
Posteriormente, el Directorio Municipal del referido partido le solicitó al Directorio
Nacional que, en lugar de la consulta popular, se adelantara un “congreso municipal
del partido” con esa misma finalidad.
A través de resolución 098 del 13 de junio de 2007, el Directorio Nacional
Conservador autorizó la convocatoria del “congreso municipal del partido”, y, como
resultado del referido congreso, se eligió como candidata única para la alcaldía de
ese municipio a la señora María Esperanza Castrillón de Sierra.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En consecuencia, el Directorio Nacional Conservador, por resolución 123 del 4 de
julio de 2007, canceló la consulta popular para la alcaldía de El Dorado ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
La señora Castrillón de Sierra invitó públicamente a sus seguidores a no participar
en la consulta popular, puesto que ya tenía la calidad de candidata única del partido;
mientras que, el señor Oscar Olaya López, teniendo en cuenta que el tarjetón
electoral elaborado por la Registraduría Nacional era uno solo para elegir a los
candidatos del partido conservador a la Asamblea Departamental, Concejo y
Alcaldía Municipal, le sugirió a sus seguidores votar por él.
El señor Olaya López impugnó ante el Directorio Nacional la elección que hizo el
congreso municipal en el que se eligió como candidata única a la señora Castrillón
de Sierra.
A instancias de la impugnación, mediante resolución 138 de 19 de julio de 2007, el
Directorio Nacional del partido convocó a un nuevo congreso municipal, con el fin
de que se dirimiera mediante ese mismo mecanismo la candidatura única a la
alcaldía, oportunidad en la cual, la señora Castrillón volvió a ser la ganadora y
obtuvo el aval.
El 8 de agosto de 2007, la señora Castrillón inscribió su candidatura ante la
Registraduría Municipal del Estado Civil. Ese mismo día, el Tribunal Superior de
Villavicencio amparó los derechos fundamentales del señor Oscar Olaya López,
dejó sin efecto la resolución que canceló la consulta interna de partidos, le ordenó
a la Registraduría escrutar los votos obtenidos para elegir candidato único a la
alcaldía en representación del partido conservador e inscribir al candidato que
hubiera obtenido la mayor votación.
La señora Castrillón de Sierra solicitó declarar la nulidad de lo actuado, dado que
no fue vinculada al trámite de tutela.
La Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de lo actuado en el trámite de tutela
a partir del auto admisorio de la demanda. El expediente regresó al Tribunal
Superior de Villavicencio y se mantuvo la medida provisional consistente en la
suspensión del calendario electoral para la inscripción de candidatos a la alcaldía
de El Dorado, Meta.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Mediante sentencia del 23 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del Meta
concedió el amparo solicitado por el señor Olaya López y le ordenó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil escrutar los votos de la consulta popular e
inscribir como candidato único por el partido conservador a quien hubiera obtenido
la mayor votación.
Una vez escrutados los votos, la Registraduría inscribió al señor Oscar Olaya López
como candidato único para la alcaldía de El Dorado el 26 de octubre de 2007, esto
es, dos días antes de las elecciones.
Las elecciones se realizaron el 28 de octubre siguiente y el señor Oscar Olaya
López fue elegido como alcalde del mencionado municipio, para el período 2008-
2011.
A través de sentencia del 29 de noviembre de 2007, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia revocó la sentencia de tutela de 23 de octubre de 2007 y
dispuso que “las cosas debían regresar a su estado anterior”.
La señora Castrillón de Sierra presentó demanda de nulidad electoral contra el
señor Oscar Olaya López, con el fin de que se declarara la nulidad del acto mediante
el cual aquel fue elegido alcalde del municipio de El Dorado, Meta, para el periodo
2008-2011.
Por auto del 19 de diciembre de 2007, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Villavicencio rechazó la demanda por haber operado la caducidad de la acción.
Decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del
Meta.
Sostuvo que la sentencia de tutela contentiva del error produjo que el partido
conservador le retirara el aval que le había otorgado a la señora Castrillón de Sierra,
lo que impidió que fuera elegida como alcaldesa de El Dorado, dado que “es de
público conocimiento” que gran parte de la población de ese municipio es
conservadora.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
La parte demandante atribuyó a la demandada la responsabilidad a título de error
judicial, en los siguientes términos:
(…) la sentencia de tutela proferida por la Sala de decisión penal de tutelas del
Tribunal Superior de Villavicencio al tutelar los derechos del señor Oscar Olaya,
no tuteló derechos fundamentales, por cuanto el otorgamiento o no de un aval
tiene relación directa con la inscripción o modificación de una candidatura, y no
constituye actuación administrativa a la que le sean aplicables las reglas del
debido proceso, y por ende la Sala de decisión penal de tutelas del Tribunal
Superior de Villavicencio violó de manera flagrante el artículo 108 de la
Constitución Política; pero resulta aún más grave que un juez de la República,
obligue a un partido político a otorgarle un aval a un determinado ciudadano
porque simple y llanamente viola la independencia y autonomía constitucional
de los partidos políticos y atenta muy gravemente contra la democracia.
Sostuvo que el Tribunal Superior de Villavicencio, al dictar el fallo de tutela dos días
antes de las elecciones, violó el artículo 2 de la Ley 163 de 1994, según el cual la
inscripción de candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles
vence 55 días antes de la respectiva elección y las modificaciones solo pueden
hacerse dentro de los cinco días siguientes.
2. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia del 6 de mayo de 2010 (fl. 33 y 34,
c. 1), la cual se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio
Público (fl. 34 vto. y 42, c.1).
La Nación-Rama Judicial contestó la demanda en la respectiva oportunidad
procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como razones de su
defensa, manifestó que las actuaciones de los magistrados del Tribunal Superior
estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes para la
época de los hechos (fl. 46 a 53, c. 1).
Mediante providencia del 24 de noviembre de 2010 (fl. 58 a 60, c. 1), el Tribunal de
primera instancia abrió el proceso a pruebas y en auto de 20 de marzo de 2012 (fl.
106, c. 1), dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
En esa oportunidad, la parte actora reiteró lo expuesto en la demanda (fl. 107 a 115,
c. 1). La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 116, c. 1).
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 20 de mayo de 2014 (fl. 118 a 150, c. ppal.), el Tribunal
Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda.
Después de relacionar las pruebas allegadas al proceso, consideró que el daño “se
configuró en la pérdida de la oportunidad de la señora Esperanza Castrillón de
Sierra de haber sido inscrita como candidata única del partido conservador a la
Alcaldía del municipio de El Dorado, Meta, para el periodo 2008 a 2011 y, en
consecuencia, de haber logrado tal condición en las elecciones de 28 de octubre de
2007”.
Lo anterior teniendo en cuenta que se postuló para ese cargo, fue vencedora en el
congreso municipal realizado por el partido conservador y, como consecuencia, el
partido conservador, en un principio, le otorgó el aval como candidata única a la
alcaldía, y luego se lo retiró en virtud del fallo de tutela proferido por el Tribunal
Superior de Villavicencio, mediante el cual ordenó a la autoridad electoral escrutar
los votos de la consulta interna de partidos e inscribir como candidato único al
ciudadano que hubiera obtenido mayor número de votos, siendo aquella
reemplazada por el señor Oscar Olaya López.
Consideró que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, el
23 de octubre de 2007, estuvo conforme a derecho, cumplió con la carga
argumentativa exigida para sustentar la decisión y evitó que al señor Olaya López
se le ocasionara un perjuicio irremediable, en la medida en que su derecho a ser
elegido fue vulnerado con la resolución 123 de 2007, proferida por el secretario
partido conservador, mediante la cual se indicó que aquel había renunciado a su
aspiración política, sin que así fuera, y se le impidió a la Registraduría Nacional del
Estado Civil escrutar los votos de la consulta celebrada el 8 de julio de 2007, en lo
relacionado con la elección del candidato único para la alcaldía del El Dorado.
Explicó que la disparidad de criterios entre el Tribunal Superior de Villavicencio y la
Corte Suprema de Justicia, al desatar la impugnación de la tutela, no da lugar a la
declaratoria de responsabilidad pretendida, por cuanto el Tribunal cumplió con la
carga argumentativa exigida para soportar su decisión, en tanto justificó la razón por
la cual su conclusión era la única correcta.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Consideró que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la inscripción de
candidatos constituye una actuación administrativa en la que se debe garantizar el
derecho al debido proceso de quienes intervienen, como lo ha precisado la Sala de
Consulta y Servicio Civil y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En relación con el argumento, según el cual el fallo de tutela cuestionado vulneró la
independencia y autonomía del partido conservador y no respetó el término
establecido en la ley para efectuar la modificación de la inscripción de candidatos,
sostuvo que, la decisión del Tribunal al ordenar el escrutinio de la consulta de 8 de
julio de 2007, es acorde con el ordenamiento jurídico 1 en cuanto se realizó a fin de
proteger un derecho fundamental, pues la decisión del partido conservador,
plasmada en la resolución 123 de 2007, vulneró derechos fundamentales, en cuanto
su motivación no obedeció a la realidad, por lo que consideró que no había lugar a
declarar el error jurisdiccional.
Esta decisión estuvo acompañada de una aclaración de voto, en la cual se expresó
que el argumento de la parte actora consistente en que el fallo de tutela no podía
tener como vulnerado el derecho al debido proceso porque la actuación del partido
no tiene la naturaleza de procedimiento administrativo, no era de recibo dado que
el Tribunal de primera instancia no protegió ese derecho ni calificó de administrativo
el procedimiento para otorgar el aval a un candidato.
También consideró que, al margen de la coincidencia o no de tesis, lo que
importante en un juicio de reparación por error judicial es analizar la configuración
o no de un defecto fáctico o jurídico, los cuales no se observaron en la decisión de
tutela proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, puesto que esa corporación
cumplió con la carga argumentativa para soportar su decisión como la única
correcta, y no resultaba fuera de razón pensar que una organización o partido
político vulnera derechos fundamentales cuando respalda sus actos con hechos que
no se ajustan a la realidad, lo cual, incluso, se puede considerar violatorio del
postulado de la buena fe que no solo se exige a las actuaciones de las autoridades
públicas, sino también a las de los particulares, organizaciones y partidos políticos.
1
Concretamente con los artículos 2 y 6 de la Ley 130 de 1994: Artículo 6º—Principios de
organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente.
Sin embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes,
a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a
propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la Constitución
Política.
En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para
su organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Uno de los magistrados presentó salvamento de voto, en el que se apartó de la
decisión de negar las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó que la
providencia del 23 de octubre de 2007 no se fundamentó en un estudio de las reglas
jurídicas que regulan el aval, el procedimiento de inscripción de los candidatos y la
autonomía de los partidos políticos. Sostuvo que en el fallo de tutela de segunda
instancia se hizo notar la indebida intromisión que tuvo la jurisdicción en un asunto
que era de la esfera del partido político (fl. 152 a 154, c. ppal.).
4. El recurso de apelación
4.1. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, con el fin de que esta sea revocada y, consecuencialmente, se acceda a
las pretensiones que formuló.
Como motivo de inconformidad, sostuvo que el Tribunal a quo no efectuó el juicio
de legalidad sobre la providencia cuestionada, pues no la confrontó con las normas
que regulan los partidos políticos, los principios y valores que orientan el
ordenamiento jurídico desde un punto de vista teleológico y teniendo en cuenta los
fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. Además,
pasó por alto que en la sentencia contentiva del error no se estudiaron los requisitos
de procedibilidad de la demanda de tutela. Al respecto indicó que:
Tal como se argumentó en el recurso de impugnación la acción de tutela fue
incoada como mecanismo transitorio sin que se hubiese alegado perjuicio
irremediable, se probó que el actor había iniciado una tutela por los mismos
hechos ante el juez penal distinto, habiendo desistido con posterioridad, pero
era suficiente razón legal para negar la tutela, igualmente los hechos 1, 2 y 3 de
la demanda dentro de la acción de tutela, pero los mismos no fueron tenidos en
cuenta para nada por el juez de tutela, como tampoco están siendo analizados
en el presente juicio. Si tales probanzas se analizan a la luz del derecho,
claramente se colige que existe evidente error de hecho dentro de la sentencia
de tutela.
De otra parte cabe decir igualmente que también existió error normativo, pues
el juez de tutela, no tuvo en cuenta para nada los estatutos del partido
conservador, recordemos que los tres primeros hechos se probaron
diáfanamente en la tutela, y los mismos no fueron tenidos en cuenta para nada
por el juez de tutela, por lo que se puede afirmar sin duda alguna que la
sentencia de tutela fue totalmente arbitraria y caprichosa, pues no hizo ningún
estudio sobre las normas legales y constitucionales que regulan los partidos
políticos y violando los principios elementales, impuso por la fuerza de la
sentencia el aval a favor del accionante, vale decir no tuvo en cuenta el
congreso municipal del partido conservador en donde resultó triunfadora la hoy
demandante.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
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Por otra parte, arguyó que la sentencia cuestionada vulneró el debido proceso
porque no tuvo en cuenta el procedimiento del congreso municipal del partido
conservador para elegir candidato único a la alcaldía, que en su criterio es “un
mecanismo absolutamente legal a la luz de los estatutos del partido”.
Reiteró que el juez de tutela que profirió la sentencia contentiva del error,
desconoció la independencia del partido político e “impuso un determinado
candidato”, cuando ningún juez de la República ha sido facultado legalmente para
ello.
Finalmente transcribió el salvamento de voto (fl. 157 a 165, c. ppal.).
4.2. En proveído del 27 de abril de 2015 se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y, como consecuencia, remitió el expediente a esta
Corporación (fl. 170, c. ppal).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. El 9 de julio de 2015, se admitió la alzada (fl. 176, c. ppal.), y, en auto de 6 de
agosto de esa misma anualidad, se corrió traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 178, c. ppal),
oportunidad en la que las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia apelada porque, en su
criterio, no se encuentra demostrado el error judicial en el que habría incurrido el
Tribunal Superior de Villavicencio, al proferir la sentencia de 23 de octubre de 2007,
puesto que la misma guarda conformidad con las normas que rigen la materia y con
las pruebas que reposan en el expediente.
Explicó que el juez de tutela ordenó el escrutinio de la consulta popular celebrada
el 8 de julio de 2007, a fin de proteger el derecho fundamental del señor Olaya López
a ser elegido, pues la decisión del partido conservador plasmada en la resolución
123 de 2007 lo vulneró en la media en que su motivación no obedeció a la realidad,
puesto que se indicó que aquel había renunciado a su aspiración política sin que
así fuera (fl. 180 a 188, c. 19).
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el
reglamento interno de esta Corporación2, se le asignó el conocimiento en segunda
instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa
promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, error judicial o privación injusta de
la libertad3.
2. Ejercicio oportuno de la acción
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 4, norma
aplicable al asunto en cuestión, establecía un término de dos años, contados a partir
del día siguiente al del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que
se demanda la indemnización para intentar la acción de reparación directa, período
que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la
caducidad de la acción.
En el presente asunto la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda
se originó en los daños que se alegaron sufridos por la parte demandante con
ocasión del supuesto error judicial acaecido en el fallo de tutela de 23 de octubre de
2007, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio. Esta providencia fue revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2007 y la Corte
Constitucional no la seleccionó para revisión5.
2
Acuerdo 80 de 2019.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.
4
«Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento
del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (…)».
5
Consultada página web: consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
Número de radicación 50001220400020070019900
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
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De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el fallo de tutela es de
inmediato cumplimiento y la orden debe ser cumplida, sin importar que la decisión
haya sido impugnada. En ese orden, el artículo 30 ibidem6 dispone que la
notificación de la sentencia se deberá realizar a más tardar al día siguiente de haber
sido proferida, lo que en este caso debió ocurrir el 24 de octubre de 2007.
Dado que el término de caducidad empezó a correr al día siguiente de esta última
fecha, esto es, el 25 de octubre de 2007, y la parte demandante presentó solicitud
de conciliación extrajudicial el 9 de septiembre de 2009, la fue declarada fallida el 7
de diciembre de 2009 (fl. 18 a 20, c. ppal.) y radicó la demanda el 9 de diciembre de
esa misma anualidad (fl. 11, c. 1), ha de concluirse que la misma fue oportuna.
3. Legitimación en la causa
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está
demostrado que la señora María Esperanza Castrillón de Sierra se vinculó al trámite
de tutela como tercera interesada, por haber sido avalada e inscrita como candidata
única en representación del partido conservador para aspirar a la alcaldía de El
Dorado, Meta, para el periodo 2008-2011.
De otra parte, con base en las imputaciones fácticas y jurídicas de la demanda, la
Sala considera que la Nación – Rama Judicial se encuentra igualmente legitimada
en la causa por pasiva.
4. El daño
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de
responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado,
basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por
consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés
legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende,
tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar
quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.
6
Artículo 30. Notificación del fallo. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que
asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido.
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Radicación número: 50001-23-31-000-2009-00416-01 (54.520)
Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen
jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como
la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.
Es así como, para efectos de resolver el caso concreto debe establecerse, en primer
término, si se produjeron los daños alegados en la demanda, para, luego, entrar a
definir si éstos resultan antijurídicos y si le son imputables a la parte demandada.
En ese contexto, valorado en conjunto el material probatorio, ha de decirse que se
encuentran acreditados los siguientes hechos que tienen relación con el daño
alegado en la demanda:
• El partido Conservador Colombiano, mediante resolución 036 de 24 de mayo de
2007 del Directorio Nacional, convocó a “consulta popular en algunos
departamentos y municipios del país en donde, después de la apertura y cierre de
un periodo de inscripciones previas, quedaron más candidatos inscritos que cupos
por proveer” y autorizó a los señores María Esperanza Castrillón de Sierra y Oscar
Olaya López para presentarse a la referida consulta, prevista para el 8 de julio de
2007 (fl. 638, c. 3).
• A través de resolución 098 de 13 de junio de 2007, el Directorio Nacional
Conservador autorizó la realización de un congreso municipal del partido en el
municipio de El Dorado, Meta, para el 16 de junio siguiente, en las instalaciones del
colegio departamental, con el fin de definir el candidato a la alcaldía de El Dorado
(fl. 637, c. 3).
• Mediante resolución 123 del 4 de julio de 2007, el Directorio Nacional Conservador
canceló la consulta popular convocada para el 8 de julio de 2007, entre otros, en el
municipio de El Dorado, con el fin de elegir candidato único a la alcaldía de ese
municipio y, en consecuencia, le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil
no computar los votos (fl. 423 a 430, c. 3).
• Por resolución 128 del 6 de julio de 2007, el Directorio Nacional conservador i)
revocó la decisión adoptada por el directorio municipal de El Dorado en el congreso
realizado el 16 de junio de ese mismo año, en el que se eligió como candidata única
para la alcaldía de ese municipio a la señora Castrillón de Sierra; ii) Denegó la
solicitud del señor Olaya de realizar la consulta popular en lugar del congreso del
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Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
partido, en razón a que era “potestativo de los directorios escoger el mecanismo
democrático más aconsejable para la selección de candidatos uninominales”; y iii)
autorizó la realización de otro congreso para elegir candidato único para la alcaldía
de El Dorado, Meta (fl. 634 a 636, c. 3).
• Mediante oficio 1409 de 7 de julio de 2007, dos delegados del registrador nacional
del estado civil del Meta le informaron a la registradora de El Dorado, que en ese
municipio no se realizaría consulta para alcaldía del partido conservador, de
acuerdo con la resolución 123 de 2007 proferida por ese partido. De igual forma, le
indicaron que si en el escrutinio practicado por los jurados de votación aparecían
votos para el cargo (alcaldía- partido conservador colombiano), estos debían ser
escrutados por los jurados de votación, consolidados por las firmas y éstas últimas
se abstendrían de divulgarlos (fl. 274, c. 2).
• El 8 de julio de 2007, se realizó la consulta interna de partidos políticos en el
municipio de El Dorado, Meta (fl. 269, c. 2).
• A través de comunicación del 26 de julio de 2007 “dirigida a los delegados
departamentales y/o registradores municipales de la Registraduría Nacional Del
Estado Civil”, el secretario general-representante legal del partido conservador
expresó que avalaba e inscribía a la señora María Esperanza Castrillón de Sierra
como candidata a la alcaldía de El Dorado, Meta, para las elecciones regionales del
28 de octubre de esa anualidad (fl. 41, c. 2).
• A través de comunicación del 13 de agosto de 2007 “dirigida a los delegados
departamentales y/o registradores municipales de la Registraduría Nacional Del
Estado Civil”, el secretario general-representante legal del partido conservador
manifestó que avalaba e inscribía al señor Oscar Olaya López como candidato a la
alcaldía de El Dorado, Meta, para las elecciones regionales del 28 de octubre de
esa anualidad y, consecuencialmente, revocaba el aval otorgado a la señora María
Esperanza Castrillón de Sierra (fl. 430, c. 3).
• Mediante providencia del 23 de octubre de 2007, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Villavicencio amparó los derechos de igualdad, participación y dignidad
del señor Oscar Olaya López y, como consecuencia, dispuso:
1.- Dejar sin efectos la orden impartida por la Dirección Nacional del Partido
Conservador, a través de resolución 123 de 4 de julio de 2007 a la Registraduría
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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Nacional del Estado Civil, Dirección de Gestión Electoral, la Delegada
Departamental y la Registraduría Municipal de El Dorado.
2.- Se ordena a la Registraduría Departamental del Meta y Municipal de El
Dorado se dé total cumplimiento a la Resolución 036 de mayo 24 de 2007 que
dispuso la consulta popular y el correspondiente escrutinio de los candidatos
inscritos y de quien resultare triunfador.
3.- Obtenidos los resultados del escrutinio se inscriba al candidato triunfador por
el partido conservador como aspirante a la alcaldía municipal de El Dorado,
Meta.
Se señala un término no superior a las 24 horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo para su cumplimiento.
4.- Compúlsense las copias de la actuación arriba indicadas con destino al
Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente
dentro de sus competencias.
• El 25 de octubre de 2007, en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia,
se conformó una comisión escrutadora y se realizó el escrutinio. Como resultado la
señora Castrillón de Sierra obtuvo 411 votos, mientras que el señor Olaya López
obtuvo 553 votos. Por consiguiente, la comisión escrutadora declaró elegido al
señor Oscar Olaya López, como candidato único a la alcaldía del municipio de El
Dorado por el partido conservador colombiano, para las elecciones del 28 de
octubre siguiente (fl. 269, c. 2).
• El señor Oscar Olaya López obtuvo la mayoría de votos en las elecciones
realizadas el 28 de octubre de 2007 (fl. 420 y 431, c. 3) y fue declarado alcalde del
municipio de El Dorado mediante acto del 30 de octubre de 2007.
• A instancia de la impugnación presentada por la señora María Esperanza Castrillón
de Sierra, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 29 de noviembre
de 2007, revocó el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio el 23 de octubre de 2007 y, en su lugar, negó por improcedente el
amparo solicitado al considerar que la demanda de tutela: i) se interpuso con el
objeto de dejar sin efecto una decisión amparada en la autonomía reconocida a las
colectividades políticas, que no corresponde a una actuación administrativa de la
que se prediquen las reglas del debido proceso; ii) buscaba que las autoridades
electorales procedieran a aceptar un candidato que no fue inscrito en el término que
concede la ley para ello; y iii) porque tampoco evidenció una vulneración a los
derechos fundamentales invocados en la demanda (fl. 175 a 193, c. 2).
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Actor: MARÍA ESPERANZA CASTRILLÓN DE SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
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-Posteriormente, la señora María Esperanza Castrillón de Sierra presentó demanda
de nulidad electoral, la cual fue rechazada por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Meta, mediante providencia del 19 de diciembre de 2007, por considerar que había
operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo del Meta (fl. 306 a 315, c. 2).
4.1. Análisis del daño derivado de la sentencia de tutela de primera instancia
del 24 de octubre de 2007
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, esta Corporación ha
sostenido que aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que
consagre una definición de daño antijurídico, puede afirmarse que este se refiere a
“la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no
está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”7,
de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un
título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, se ha de probar la existencia de (i)
el daño, el cual debe ser cierto y determinado o determinable, (ii) la conducta u
omisión que generó el daño, atribuible a una autoridad pública y (iii) “cuando hubiere
lugar a ella, una relación o nexo de causalidad [entre los dos primeros elementos],
vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la
omisión atribuible a la entidad accionada”8.
Lo primero que advierte la Sala en relación con el daño alegado en la demanda es
que el derecho a ser elegido se contrae a la oportunidad de participar en los
procesos electorales, para que, en un proceso democrático, mediante el voto
secreto9, puedan los electores decidir al candidato de su preferencia para
desempeñar las funciones propias del cargo público de que se trate.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación política
mediante el derecho a ser elegido “supone que los ciudadanos puedan postularse
como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María
Elena Giraldo Gómez.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp.
23478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
9
Por lo que se refiere al voto secreto, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-261 del 28 de
mayo de 1998, señaló que “el voto es secreto en la medida en que garantiza al ciudadano que el
sentido de su elección no será conocido por las demás personas, situación que le permite ejercer su
derecho al sufragio sin temer represalias o consecuencias adversas, con lo cual podría ejercer su
derecho de sufragio de manera completamente libre”.
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públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para
ello”10.
Por su parte, la doctrina en derecho electoral, respecto del contenido del derecho a
ser elegido, ha señalado:
[L]a primera dimensión del derecho al sufragio pasivo lo constituye el derecho
a ser elegible, es decir, a presentarse como candidato a las elecciones
populares, en condiciones de igualdad y con los requisitos que establezca el
ordenamiento jurídico. Así las cosas, este derecho presupone, en primer lugar,
el derecho a ser presentado como candidato y a participar en todas las etapas
del proceso electoral, especialmente la de la candidatura, todo ello con el
procedimiento legalmente previsto (…).
Otra manifestación del sufragio pasivo en esta dimensión tiene que ver con la
garantía otorgada a los partidos, movimientos y candidatos de aparecer
identificados con claridad y en igualdad de condiciones en las tarjetas
electorales que se utilicen en las elecciones […]11.
Para la Sección Quinta de esta Corporación, el proceso electoral se desarrolla en
tres etapas: i) la de inscripción y aceptación de candidatos a la elección de que se
trate -artículo 88 a 98 del Código Electoral-; ii) la de las votaciones o elecciones
propiamente dichas -artículo 99 a 133 de ese mismo código-; y iii) la de los
escrutinios -artículo 134 a 193-12.
La primera fase del proceso electoral, preliminar al día de la votación comprende la
presentación de candidaturas y su proclamación, condición sine qua non para que
se materialice la elección13.
La inscripción de las candidaturas es un acto formal por medio del cual un
movimiento o partido político suscribe una declaración que contiene el nombre y
demás datos de identificación de quienes presenta como candidatos, ante la
autoridad electoral competente con el objeto de participar en una elección popular.
En este punto, la doctrina advierte que no se debe confundir la noción de candidato
con la de elegible, esto es, “creer que por el solo hecho de que el ciudadano tenga
10
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos
Mexicanos. Sentencia del 6 de agosto de 2008.
11
Vanegas Gil, Pedro Pablo. Las candidaturas en el Derecho Electoral Colombiano. Universidad
Externado de Colombia. p. 55-56.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 1° de
febrero de 2002, radicado 15001-23-31-000-2000-2789-01 (2792).
13
Nohlen, Dieter. “Tratado de derecho electoral comparado de América Latina”, 2007, en Vanegas
Gil, Las candidaturas en el Derecho Electoral Colombiano, cit. p. 107.
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posibilidades de ocupar un cargo y manifieste esa aspiración, ya por eso es
candidato, sin tener en cuenta que para el derecho electoral es imprescindible la
presentación o proclamación de la candidatura”14.
Así las cosas, para que pueda predicarse la existencia de un daño en desarrollo de
un proceso electoral, como punto de partida, se debe acreditar que el presunto
afectado contaba con la candidatura, esto es, que se encontraba inscrito como
candidato ante la autoridad electoral competente para el momento en que se
produjo el hecho o acto dañoso.
En atención a lo expuesto en la demanda y lo probado en el expediente, advierte la
Sala que la responsabilidad patrimonial reclamada en el presente caso se
fundamentó en la supuesta privación a la demandante del derecho a participar como
candidata a la alcaldía del municipio El Dorado en representación del partido
conservador para el periodo 2008 a 2011, faltando “dos días” para las elecciones, a
causa de las órdenes impartidas mediante la sentencia de tutela de primera
instancia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, el 23 de octubre de
2007.
De acuerdo con los elementos de convicción allegados al plenario está probado que
a la señora María Esperanza Castrillón de Sierra no se le privó del derecho
fundamental alegado porque ni siquiera contaba con el aval15 del partido
conservador ni estaba inscrita como candidata para la alcaldía de El Dorado en
representación de ese partido para el momento en que se dictó la sentencia del 23
de octubre de 2007, esto es, faltando 5 días para las elecciones, razón por la cual
el daño no existió.
En efecto, no se puede predicar la existencia de daño en el contexto planteado en
la demanda porque, para el 23 de octubre de 2007, el partido conservador había
inscrito la candidatura del señor Oscar Olaya López ante la autoridad electoral, de
manera que era él quien tenía la expectativa de resultar electo como alcalde del
municipio El Dorado, y no la señora María Esperanza Castrillón de Sierra, quien
14
Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho electoral. Instrumento normativo de la democracia, México,
Porrúa, 1980. p. 160, en Vanegas Gil, Pedro Pablo. Las candidaturas en el derecho electoral
colombiano, cit, p. 179 y 180.
15 El aval “consiste en la garantía que un partido o movimiento político expide a un candidato para
dar fe de su pertenencia al partido y que, en tal condición, goza del reconocimiento de buenas
condiciones de moralidad, honestidad y decoro al punto de presentar su candidatura a consideración
del electorado” Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de octubre de 2001, rad. 25000-
23-24-000-2000-0787-01 (2652).
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para tener al menos esa expectativa y acreditar el supuesto en el que fundamenta
sus pretensiones de reembolso de gastos de campaña y del pago de salarios y
prestaciones de un alcalde, durante el periodo de 4 años, debió superar las tres
fases del proceso electoral enunciadas líneas arriba, lo que en este caso no ocurrió
y, por tanto, el daño no puede ser reconocido por la Sala.
Es pertinente observar que el 13 de agosto de 2007, el representante legal del
partido conservador, mediante comunicación dirigida a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, avaló e inscribió como candidato a la alcaldía para las elecciones
regionales al señor Oscar Olaya López y, en consecuencia, manifestó que revocaba
el aval a la señora María Esperanza Castrillón de Sierra (fl. 436, c. 3). De manera
que, para el momento en que se dictó la sentencia del 23 de octubre de 2007, aquel
figuraba ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato definitivo a
alcalde para el periodo 2008-2011, como consta en el documento E-8A y E-7A (fl.
434 y 435, c. 3).
De igual forma, contrario a lo afirmado por la parte demandante, en la providencia
de tutela que se acusa como generadora del daño, el Tribunal Superior de
Villavicencio no obligó al partido conservador “a otorgarle un aval a determinado
ciudadano”, pues lo que allí se decidió fue ordenar la contabilización de los votos
obtenidos en la consulta popular y que se inscribiera al candidato que hubiera
obtenido la mayor votación, y el señor Oscar Olaya López obtuvo la mayor votación,
pero la inscripción ante la Registraduría no sufrió modificación alguna, en virtud de
la determinación adoptada por el representante legal de ese partido político el 13 de
agosto de 2007.
Por lo anterior, la demanda será desestimada, ya que no existen elementos de
prueba suficientes para acreditar que el daño sea cierto, real y determinado en
relación a sus pretensiones.
5. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.
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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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