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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00069-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00069-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Decisión Escritural No. 4 del Tribunal Administrativo del Meta, que declaró probada de oficio la caducidad de la acción, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00069-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 50001-23-31-000-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)
—sucedido procesalmente por la Agencia Nacional
de Tierras (ANT)1—
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho —CCA—

TEMAS: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La caducidad, establecida en el artículo 136 del CCA, es un límite
temporal estricto, improrrogable y de orden público cuyo cumplimiento debe verificarse incluso de oficio.
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN. La competencia del ad-quem se restringe a los cargos
planteados en la impugnación, por lo que en este asunto solo procede examinar la oportunidad de la
demanda respecto de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho. DIFERENCIA ENTRE
ACTO DE ADJUDICACIÓN DE BIEN BALDÍO Y ACTO DE REVOCATORIA DIRECTA. Los actos de
adjudicación y de revocatoria directa son autónomos, con naturaleza y efectos distintos, por lo que no
comparten régimen temporal ni comportan un acto administrativo complejo. INEXISTENCIA DE
TÉRMINOS ESPECIALES EN REVOCATORIA DE ACTO DE ADJUDICACIÓN AGRARIA. Las leyes
160 de 1994 y 1152 de 2007 —declarada inexequible— no establecieron un término especial de caducidad
para impugnar los actos de revocatoria directa de adjudicación de baldíos. El término especial de dos
años se circunscribe exclusivamente a los actos de adjudicación de baldíos, sin extenderse a los actos
que extinguen ese derecho. REVOCATORIA DIRECTA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. La
jurisprudencia ha precisado que los actos de revocatoria directa conservan su naturaleza agraria, pero su
trámite se rige por las reglas del CCA y su impugnación mediante la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, la cual se sujeta al término general de cuatro meses previsto en el artículo 136.2 ejusdem.
ACTO DE TRÁMITE. El Auto del 23 de abril de 2007, que dio inicio al trámite de revocatoria, es un acto
de trámite no susceptible de ser demandado de forma independiente. Por tanto, la caducidad debe
analizarse exclusivamente respecto de la Resolución No. 559 de 2008, único acto definitivo objeto de
control. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. En el presente caso, conforme al artículo 45 del CCA, la
notificación por edicto se entendió surtida el 16 de mayo de 2008, fecha en la cual concluyó el término de
fijación. En consecuencia, el término de cuatro meses previsto en el artículo 136.2 ibidem comenzó a
correr el 17 de mayo de 2008 y venció el 17 de septiembre de 2008. RECHAZO DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL. La negativa del apoderado a recibir la notificación personal no afecta la validez de la
notificación por edicto ni modifica el inicio del término de caducidad, conforme a las reglas del CCA. LA
OCURRENCIA DE UN PARO JUDICIAL NO SUSPENDE NI INTERRUMPE EL TÉRMINO DE
CADUCIDAD. La ocurrencia de un paro judicial únicamente permite extender el término cuando su
vencimiento coincide con un día en que el despacho se encuentra cerrado, caso en el cual este se prorroga
hasta el primer día hábil siguiente. FUERZA MAYOR Y ACCESO A LA JUSTICIA. La parte actora no
acreditó la persistencia de un hecho de fuerza mayor que afectara la presentación de la demanda después
de la reapertura de los despachos judiciales el 16 de octubre de 2008. DEMANDA PRESENTADA
EXTEMPORÁNEAMENTE. La demanda fue radicada fuera del término legal de cuatro meses. En
consecuencia, la caducidad se encuentra acreditada, razón por la cual se confirma la sentencia de primera
instancia. SIN CONDENA EN COSTAS. Como el artículo 171 del CCA —modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998— exige la demostración de temeridad para imponer costas y esta no se encuentra
demostrada, no procede su imposición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Decisión Escritural

1 Los actos administrativos objeto de control jurisdiccional fueron expedidos por el Instituto Colombiano de

Desarrollo Rural (INCODER). No obstante, resulta necesario precisar que las funciones asignadas a dicho
establecimiento público —actualmente suprimido y en proceso de liquidación— fueron reasignadas a la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015.

Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

No. 4 del Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se declaró probada
de oficio la caducidad de la acción.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La controversia se centra en la legalidad de los actos administrativos expedidos por
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —INCODER— (hoy Agencia Nacional
de Tierras —en adelante, ANT—), mediante los cuales se revocó la Resolución No.
980 del 17 de noviembre de 2006 que adjudicó a Sandra Esperanza Osorio
Corrales y Adonis Arias Jaramillo el predio baldío denominado “Las Brisas”, ubicado
en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de La Primavera (Vichada). En
ese contexto, la señora Osorio Corrales, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto que dio inicio al trámite de
revocatoria directa y del que revocó la adjudicación, junto con el reconocimiento de
su calidad de propietaria, la cancelación de las anotaciones registrales contrarias y
la condena en costas a la entidad. En escrito de reforma de la demanda, agregó la
pretensión de que se declare el enriquecimiento sin causa del INCODER y se
ordene el pago del valor de las mejoras efectuadas en el inmueble.

La demandante afirmó que la adjudicación del predio se tramitó conforme a la Ley
160 de 1994, cumpliendo los requisitos legales, y que la revocatoria fue irregular
por haberse realizado sin su consentimiento y sin demostrarse causal alguna de
nulidad, con base en informaciones de prensa, lo que vulneró sus derechos al
debido proceso, la confianza legítima y la seguridad jurídica. Sostuvo, además, que
el INCODER actuó sin competencia, dado que al momento de la revocatoria ya
estaba vigente la Ley 1152 de 2007, que derogó la Ley 160 de 1994 sin prever un
régimen de transición, lo que viciaba de nulidad la actuación administrativa. Agregó
que las mejoras realizadas en el predio acreditaban la función social de la propiedad
y legitimaban su ocupación, por lo que solicitó la protección de sus derechos y la
reparación de los perjuicios causados.

En el marco del presente proceso, el Tribunal Administrativo del Meta vinculó a la
señora Adonis Arias Jaramillo como tercero con interés directo, al ser beneficiaria
de la Resolución No. 980 de 2006. En su intervención, manifestó su conformidad
con las pretensiones y los argumentos de la demanda, reiteró la ilegalidad de la
revocatoria directa y solicitó que las pretensiones fueran acogidas en su integridad.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. La señora Sandra Esperanza Osorio Corrales, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER) el día 20 de noviembre de 20082, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo —en adelante, CCA—, con el fin de que se acceda a las siguientes
pretensiones:

2 Folio 1 al 55 del Cuaderno 1

2

Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

“(…) PRIMERA.- Declarar nulas el auto y la Resolución fechados abril 23
de 2007 por medio de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria
Directa y la Resolución 559 del día siete (07) del mes de abril del año de
dos mil ocho (2.008) expedidas por el INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL – INCODER–, mediante el cual se declaró la
REVOCATORIA DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro.
980 del 17 de noviembre de 2.006, por medio de la cual se concedió la
adjudicación del predio denominado LAS BRISAS a mi poderdante señora
SANDRA ESPERANZA OSORIO CORRALES.

SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como
consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL –INCODER–, a dejar incólume la Resolución de
Adjudicación Nro. 980 del 17 de noviembre de 2.006, y en iguales
condiciones de propietaria del predio LAS BRISAS, a la adjudicataria que lo
poseía al momento de la iniciación del trámite de la revocación directa.

TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el fin de
cancelar cualquier disposición tendiente a revocar la inscripción de
adjudicación concedida a la señora SANDRA ESPERANZA OSORIO
CORRALES sobre el predio denominado LAS BRISAS y que figura con el
número de matrícula inmobiliaria 540-0004951.

CUARTA.- Que se condene en costas del proceso a la entidad demandada.

QUINTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
de establecido en el artículo 176 del CCA.

SEXTA.- Que se conceda previo a la admisión de la presente demanda, la
medida provisoria de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos
de la Resolución Nro. 559 de abril 7 de 2008, hasta tanto se resuelva de
fondo el trámite del presente proceso, la cual se ha solicitado en escrito
separado.

SÉPTIMA.- Las demás condenas que se estime necesarias a efectos de
declara[r] la nulidad y restablecer el derecho de mi poderdante señora
SANDRA ESPERANZA OSORIO CORRALES (…)”.

1.2. La parte accionante solicitó en escrito separado, como medida cautelar3, la
suspensión provisional de la Resolución No. 559 del 7 de abril de 2008, mediante la
cual se revocó el acto de adjudicación del predio baldío denominado “Las Brisas”,
ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de La Primavera
(Vichada), contenido en la Resolución No. 980 del 17 de noviembre de 2006. Para
sustentar su solicitud, reiteró los mismos argumentos jurídicos y fácticos expuestos
en la demanda.

1.3. Como antecedentes fácticos la parte actora refirió, en síntesis, lo siguiente:

1.3.1. Sostuvo que la señora Sandra Esperanza Osorio Corrales adquirió en el año
2001, mediante contrato de compraventa, la posesión de mejoras sobre el predio
denominado “Las Brisas”, ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia,
municipio de La Primavera, departamento del Vichada. Precisó que el 15 de mayo

3 Folio 60 al 69 del Cuaderno 1

3

Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

de 2006 solicitó ante el INCODER la adjudicación del inmueble, trámite que se
adelantó conforme a lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios. Sostuvo que, mediante Resolución No. 980 del 17 de noviembre de
2006, la entidad le adjudicó el predio, acto que fue debidamente inscrito en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, bajo la matrícula
inmobiliaria No. 540-0004951, una vez verificado el cumplimiento de todos los
requisitos legales exigidos.

1.3.2. Manifestó que el 23 de abril de 2007 la revista Semana publicó el artículo
titulado “El Tierrero del Senador”, en el cual se hicieron señalamientos sobre
presuntas irregularidades en adjudicaciones de terrenos baldíos en el Vichada a
personas cercanas a un congresista. Sostuvo que, con fundamento en esa
publicación y sin respaldo probatorio alguno, el Gerente General del INCODER
expidió la Resolución No. 0860 del 20 de abril de 2007, ordenando iniciar un
procedimiento de revocatoria directa de treinta y una (31) adjudicaciones, entre ellas
la correspondiente al predio “Las Brisas”, y delegó su trámite a la Subgerencia de
Ordenamiento Social de la Propiedad.

1.3.3. Agregó que, mediante Auto No. 945-0799 del 23 de abril de 2007, el
INCODER dispuso formalmente iniciar la revocatoria directa de la Resolución No.
980 de 2006, aduciendo presuntos incumplimientos de los requisitos legales, en
particular el término mínimo de cinco (5) años de ocupación y explotación del fundo.
La parte actora sostuvo que tales afirmaciones eran infundadas, pues del acervo
probatorio obrante se desprendía que cumplió cabalmente con las condiciones para
acceder a la adjudicación concedida.

1.3.4. Refirió, igualmente, que el procedimiento administrativo de revocatoria se
adelantó con múltiples irregularidades, tales como la ausencia de notificaciones, la
falta de respuesta a solicitudes de nulidad y recusación, la práctica de pruebas no
solicitadas, y la omisión en la valoración de declaraciones relevantes. Manifestó que
el curador ad litem designado nunca intervino en el trámite, configurándose una falta
de defensa técnica, lo cual afectó sustancialmente el derecho de defensa.

1.3.5. Precisó que, pese a haber solicitado la suspensión del trámite y la nulidad de
lo actuado, el INCODER profirió la Resolución No. 559 del 7 de abril de 2008,
mediante la cual revocó directamente la Resolución de adjudicación. Señaló que
dicho acto se dictó antes de la conclusión de las diligencias de inspección ocular y
sin valoración integral del material probatorio. Agregó que incluso algunas
diligencias de inspección se realizaron posteriormente a la expedición del acto de
revocatoria, lo que vulneró los principios del debido proceso y de legalidad
administrativa.

1.3.6. Afirmó que la decisión de revocatoria directa carecía de fundamento jurídico,
por cuanto se basó exclusivamente en información periodística y no contó con su
consentimiento, siendo un acto particular, concreto y en firme. Indicó que las
actuaciones del INCODER desconocieron los derechos al debido proceso, a la
defensa y a la confianza legítima, y que como consecuencia de ello se vio afectada
una inversión estimada en más de $308.000.000, correspondiente a las mejoras y
desarrollos efectuados en el predio.

1.3.7. Finalmente, manifestó que con la expedición de la Resolución No. 559 del 7
de abril de 2008 se agotó la vía gubernativa, toda vez que la revocatoria directa no

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

es susceptible de recurso alguno, de acuerdo con la jurisprudencia contencioso-
administrativa. En virtud de ello, interpuso la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de obtener la declaración de nulidad del acto acusado y el
restablecimiento de su derecho como legítima adjudicataria del predio “Las Brisas”.

1.4. En relación con las normas presuntamente vulneradas y el concepto de
violación, la parte actora expuso su inconformidad en los siguientes términos:

1.4.1. Invocó como normas vulneradas los artículos 13, 16, 21, 22, 23, 25 y 29 de la
Constitución Política, que prevén los derechos fundamentales a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad, a la honra y buen nombre, a la paz, al derecho de
petición, al trabajo en condiciones dignas y justas, y al debido proceso, los cuales
orientan la actuación de las autoridades administrativas y garantizan el respeto por
la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos frente
a las decisiones del Estado. Así mismo, los artículos 72, incisos 6° y 7° de la Ley
160 de 1994, que regulan la adjudicación y revocatoria de tierras baldías en favor
de los campesinos que las ocupan y explotan conforme a su función social y
ecológica; el artículo 39 del Decreto 2664 de 1994, que desarrolla el procedimiento
para la titulación y registro de dichos predios; y los artículos 69, 73 y 74 del CCA,
que establecen las reglas para la revocatoria de los actos administrativos, su
eficacia jurídica y el respeto al debido proceso cuando se trata de decisiones que
crean o reconocen derechos de carácter particular y concreto. Por último, hizo
referencia de manera general a las Leyes 160 de 1994 y 1152 de 2007, al Decreto
Ley 01 de 1984, así como a los Decretos 1300 de 2003, 2664 de 1994 y 230 de
2008.

1.4.2. En sustento de la nulidad de los actos demandados, la parte actora alegó que
la administración contaba con la potestad de revocar sus propios actos
administrativos, ya fuera de oficio o a petición de parte, por razones de legalidad,
conveniencia o interés público, siempre que mediara el consentimiento del particular
cuando se tratara de actos que reconocían o constituían situaciones jurídicas de
carácter particular y concreto. No obstante, precisó que existían dos excepciones
en las cuales podía prescindirse de dicho consentimiento: cuando se trataba de la
aplicación del silencio administrativo o cuando el acto se había formado mediante
medios ilegales. En relación con esta última causal, aclaró que difería de la
revocación fundada en la mera contradicción con la Constitución o la ley, pues los
actos viciados por la utilización de medios ilícitos no generaban obligación alguna
de acatamiento por parte del Estado ni de los administrados, razón por la cual
podían ser revocados sin la anuencia del afectado.

1.4.3. Señaló que, en el caso concreto, la entidad demandada desconoció los
procedimientos legales para revocar el acto administrativo mediante el cual se había
adjudicado el predio “Las Brisas” a la accionante, quien no fue tenida en cuenta
dentro del trámite de revocatoria directa. Tal omisión afectó situaciones jurídicas ya
definidas sin una motivación suficiente, generando consecuencias graves derivadas
de decisiones adoptadas con fundamento en informaciones divulgadas por medios
de comunicación sobre presuntas irregularidades en las adjudicaciones de tierras
efectuadas por la propia entidad en esa región.

1.4.4. La parte actora sostuvo que el ordenamiento jurídico establece con precisión
los requisitos para la titulación de bienes baldíos, los cuales fueron observados
estrictamente en el trámite de adjudicación, motivo por el cual el INCODER expidió

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

la Resolución No. 980 de 2006, acto que adquirió firmeza al no haber sido recurrido
ni controvertido por terceros. En consecuencia, cuestionó la razón que llevó a la
entidad a revocar un acto particular y concreto, expedido en estricto cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes.

1.4.5. Afirmó que la única motivación invocada por la administración para revocar
su propio acto fue la información suministrada por terceros sobre presuntas
adjudicaciones irregulares, sin demostrar de manera fehaciente la existencia de
violaciones a la ley o al reglamento durante el proceso de adjudicación. Destacó
que incluso el propio INCODER reconoció que la actuación inicial se había ajustado
a los procedimientos establecidos en la Ley 160 de 1994 y en los Decretos 2664 de
1994 y 982 de 1996.

1.4.6. Asimismo, planteó que el INCODER no conservaba competencia para
adelantar el procedimiento de revocatoria directa de sus actos, señalando que con
la expedición de la Ley 1152 de 2007 se derogó la Ley 160 de 1994, sin prever un
régimen de transición que amparara los trámites en curso. En criterio de la parte
actora, esa omisión dejó a los funcionarios de la entidad sin respaldo jurídico para
continuar con tales procedimientos, lo que viciaba de nulidad absoluta cualquier
actuación adelantada con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

1.4.7. La demandante realizó, además, un recuento de los requisitos exigidos para
la adjudicación de bienes baldíos, y sostuvo que demostró en el proceso
administrativo su calidad de ocupante directa, sin perjuicio de los trabajadores
vinculados laboralmente a las labores del predio, circunstancia que también acreditó
en el trámite de revocatoria. Insistió, por tanto, en que no podía existir duda sobre
la legitimidad de su posesión y título.

1.4.8. Señaló que el señor Alonso Morales se desempeñaba como administrador
del predio, en virtud de un contrato de trabajo suscrito con la adjudicataria, quien le
reconocía una remuneración justa. Aclaró que, pese a la existencia de dicho
contrato, todas las mejoras realizadas en el inmueble —como la adquisición de
insumos, víveres y materiales— provenían directamente de la accionante, lo que
demostraba su inversión real y continua en la explotación del terreno.

1.4.9. Manifestó que en el predio se habían ejecutado obras e inversiones que
superaban su valor comercial, tales como la construcción de cercas, viviendas,
saladeros y corrales para ganado, así como el mejoramiento del suelo, lo cual
incrementó la productividad, dinamizó la economía local y generó empleo, en
cumplimiento de la función social de la propiedad prevista en la Constitución.
Además, enfatizó que entre la fecha de ocupación y la expedición de la resolución
de adjudicación transcurrió un plazo superior a cinco años, requisito temporal
exigido por la ley para acceder válidamente a la titulación de terrenos baldíos.

1.4.10. Concluyó que la demandante acreditó de manera plena y suficiente el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos, tanto en el procedimiento de
adjudicación del predio como en el posterior trámite de revocatoria directa
adelantado por el INCODER. Sostuvo que el acto de adjudicación se expidió con
estricta observancia de las normas contenidas en la Ley 160 de 1994 y sus decretos
reglamentarios, en particular las que regulan la distribución y titulación de baldíos a
campesinos que acrediten explotación económica y vocación agraria. En contraste,
afirmó que la revocatoria directa se tramitó en abierta transgresión de los principios

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al no mediar consentimiento de
los beneficiarios, carecer de motivación técnica o jurídica suficiente y fundarse en
elementos de juicio precarios, incluso provenientes de informaciones de prensa
carentes de valor probatorio.

2. Trámite procesal relevante antes de la sentencia de primera instancia

2.1 El 25 de noviembre de 2008, el proceso fue asignado por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para decidir sobre la admisión de la demanda
formulada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho4.

2.2. Por auto de fecha 22 de enero de 2009, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió remitir la demanda al
Consejo de Estado, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del artículo
128 del CCA, al considerar que las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho que se formulan contra actos administrativos expedidos por el INCORA,
ahora INCODER, relativos a la clarificación de la propiedad y recuperación de
bienes baldíos son competencia del Consejo de Estado5.

2.3. El expediente fue asignado inicialmente a la Sección Primera de esta
Corporación, autoridad judicial que, mediante auto del 20 de mayo de 2009,
determinó que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Consejo de
Estado, al tratarse de un asunto de naturaleza agraria, la competencia para su
conocimiento correspondía a la Sección Tercera, razón por la cual ordenó la
remisión del proceso a dicha Sección6.

2.3. No obstante, mediante providencia del 29 de enero de 2010, la Sección Tercera
del Consejo de Estado, ordenó remitir la demanda al Tribunal Administrativo
del Meta, al considerar que los asuntos de carácter agrario deben tramitarse
conforme a las reglas de competencia y procedencia de la acción establecidas en
la Ley 160 de 1994. Señaló que dichas disposiciones no presentan diferencias
sustanciales frente a las previstas en la Ley 1152 de 2007, que dictó el Estatuto de
Desarrollo Rural, posteriormente declarado inexequible por la Sentencia C-175 del
18 de marzo de 2009. En ese sentido, precisó que los Tribunales Administrativos
conservan la competencia en primera instancia para conocer de las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho cuya cuantía sea igual o superior a 300
salarios mínimos legales mensuales vigentes, máxime cuando la normativa vigente
no determina expresamente el juez competente para resolver las controversias
derivadas de la revocatoria directa de actos de adjudicación, como ocurre en este
caso7.

2.4. En providencia del 1 de noviembre de 2011, la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Meta resolvió, por un lado, admitir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, ordenando su notificación a las partes y al Agente
del Ministerio Público y, por otro, negar la solicitud de suspensión provisional
de los actos administrativos demandados. Como fundamento de esta decisión,
indicó que en el escrito de solicitud de la medida cautelar el demandante no precisó
la contradicción concreta entre los actos acusados y las normas invocadas, pues no

4 Folio 70 al 71 del Cuaderno 1
5 Folio 72 al 73 del Cuaderno 1
6 Folio 77 del Cuaderno 1
7 Folio 114 al 137 del Cuaderno 1

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basta con enumerar las disposiciones que se consideran vulneradas, sino que
resulta indispensable exponer y explicar las razones por las cuales se estiman
manifiestamente infringidas, carga argumentativa que en este caso no fue
satisfecha8.

2.5. El apoderado de la parte demandante, en escrito de fecha 13 de diciembre de
2011, adicionó la demanda con las siguientes pretensiones subsidiarias9:

“(…) PRIMERA.- Que se declare que el INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL (INCODER), se enriqueció sin justa causa como
consecuencia de[l] acto administrativo de revocatoria directa cuya nulidad
se solicita en las pretensiones principales de la demanda.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la declaración anterior, solicito se
condene al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
(INCODER), al pago de la totalidad de los costos de mejoras realizadas por
el demandante en el bien cuya adjudicación se revoca en el acto
demandado, así como el pago de los gastos de sostenimiento realizados
durante la tenencia del bien, pues ya sería imposible su recuperación.

La pretensión económica se concreta en la suma que se pruebe en el
respectivo proceso mediante la práctica de la prueba pericial.

TERCERA.- Que la sentencia se tenga en cuenta y se proceda de
conformidad con el último inciso del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

CUARTA.- Teniendo en cuenta la variabilidad de la economía Colombiana
y del poco constante poder adquisitivo de la moneda, las condenas
solicitadas deberán indexarse al momento de la sentencia, de conformidad
con la variación el índice de precios al consumidor (artículo 178 C.C.A.)”

2.5.1. La parte demandante expuso, como hechos adicionales, que la expedición
del acto acusado le generó “graves perjuicios al demandante, toda vez que no
solamente pierde las inversiones realizadas en el inmueble, sino que se ve privado
de la propiedad del mismo”. Sostuvo, además, que el INCODER carecía de
competencia para proferir la revocatoria directa, por cuanto se habría aplicado
indebidamente la ley y efectuado una valoración inadecuada del acervo probatorio.

2.5.2. En relación con el concepto de violación, adujo la transgresión del debido
proceso derivada de las irregularidades expuestas en los hechos de la demanda,
particularmente en lo atinente al derecho de defensa. Asimismo, señaló como
causal de nulidad del acto acusado la presunta falta de competencia del INCODER
para revocar el acto de adjudicación.

2.6. Una vez surtida la notificación correspondiente, el INCODER, por conducto de
su apoderado judicial, contestó la demanda mediante escrito del 23 de abril de
2012, en el cual expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:10

2.6.1. La entidad se opuso a todas las pretensiones de la demanda, con fundamento

8 Folio 213 al 216 del Cuaderno 2
9 Folio 219 al 222 del Cuaderno 2
10 Folio 243 al 266 del Cuaderno 2

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en que el INCODER nunca perdió la competencia para adelantar el trámite de
revocatoria directa. Sostuvo que la Ley 1152 de 2007 le atribuyó expresamente la
función de adjudicar baldíos con vocación productiva a los particulares y,
adicionalmente, le otorgó la facultad de revocar directamente y en cualquier tiempo
las adjudicaciones de terrenos baldíos que hubiesen sido proferidas con violación
del ordenamiento jurídico aplicable.

2.6.2. Afirmó que durante el trámite de revocatoria se respetaron las garantías del
debido proceso, el derecho de defensa y los principios de publicidad y motivación,
y que la entidad valoró las consideraciones fácticas y jurídicas presentadas por el
apoderado de la adjudicataria. Agregó que la referencia contenida en el auto de
apertura del trámite, relativa a la presunta vulneración de la Ley 160 de 1994 y del
Decreto 2664 de 1994 —en aspectos relacionados con el tiempo de ocupación y el
porcentaje de terreno explotado— se ajustó al artículo 161 de la citada ley,
garantizando a los interesados amplias oportunidades de defensa.

2.6.3. En cuanto a la necesidad del consentimiento previo del titular del derecho,
alegada por la parte actora, la entidad precisó que el artículo 161 de la Ley 1152 de
2007 autorizaba la revocatoria de las resoluciones de adjudicación de baldíos
proferidas con violación de las normas legales o reglamentarias, sin requerir el
consentimiento expreso del adjudicatario. A ello añadió que el artículo 20 del
Decreto 230 de 2008, reglamentario de dicha ley, reiteró esa facultad en cabeza del
Instituto.

2.6.4. En conclusión, sostuvo que las normas aplicables al trámite de revocatoria
directa del acto de adjudicación eran la Ley 1152 de 2007 y el Decreto 230 de 2008,
por lo cual no resultaba exigible el consentimiento previo y escrito del adjudicatario
para la validez del procedimiento.

2.7. Mediante providencia del 2 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo del
Meta dispuso vincular al proceso a la señora Adonis Arias Jaramillo como
tercero con interés directo en el resultado de la actuación, atendiendo la
solicitud presentada por el apoderado de la parte demandante. La decisión se
fundamentó en que la Resolución No. 980 del 17 de noviembre de 2006 adjudicó el
predio “Las Brisas” no solo a la señora Sandra Esperanza Osorio Corrales, quien
actúa como demandante, sino también a la señora Arias Jaramillo, motivo por el
cual el Tribunal dispuso notificarle el auto admisorio de la demanda del 1 de
noviembre de 2011 y el contenido de dicha decisión11.

2.8. La señora Adonis Arias Jaramillo, reconocida como tercero con interés directo
en el proceso, confirió poder al apoderado de la parte demandante para que la
representara en la actuación judicial. En ejercicio de dicho mandato, descorrió el
traslado y se pronunció frente a la demanda presentada, expresando su plena
conformidad con las pretensiones y los hechos expuestos en el escrito inicial. En
ese sentido, acompañó los argumentos de la demanda al coincidir en que la
revocatoria directa fue ilegal, el INCODER carecía de competencia para expedirla,
y que con su actuación se vulneraron los derechos al debido proceso, a la confianza
legítima y a la seguridad jurídica. En consecuencia, solicitó que las pretensiones
fueran acogidas en los mismos términos planteados por la parte demandante12.

11 Folio 294 al 296 del Cuaderno 2
12 Folio 395 al 407 del Cuaderno 2

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Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

2.9. Una vez agotada la etapa probatoria, por medio de auto de fecha 26 de febrero
de 2020, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
advirtió que el agente del Ministerio Público podía presentar concepto en la misma
oportunidad indicada para alegar13.

2.9.1. El apoderado de la parte actora y del tercero con interés presentó alegatos
de conclusión en los cuales reiteró los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos
en la demanda, destacando los elementos que, a su juicio, demostraban la
ilegalidad de los actos administrativos demandados14. En particular, enfatizó la falta
de competencia del INCODER para adelantar el procedimiento de revocatoria
directa de la Resolución No. 980 de 2006, así como la vulneración de las garantías
esenciales del debido proceso administrativo, entre ellas el derecho de defensa, la
notificación oportuna y la motivación suficiente de los actos. Sostuvo que tales
irregularidades afectaron de manera sustancial la validez del procedimiento,
configurando una violación directa del ordenamiento jurídico y justificando la nulidad
de los actos acusados y el restablecimiento de los derechos adquiridos por los
adjudicatarios del predio “Las Brisas”.

2.9.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

3. Sentencia de primera instancia

3.1. Mediante sentencia del 18 de marzo de 202115, la Sala de Decisión Escritural
No. 4 del Tribunal Administrativo del Meta declaró de oficio la caducidad de la
acción, con fundamento en los siguientes argumentos:

3.3.1. El Tribunal encontró configurada la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la parte actora contra el INCODER, al
constatar que la demanda fue presentada una vez vencido el término legal de cuatro
(4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. Determinó que la
Resolución No. 559 del 7 de abril de 2008, acto administrativo que revocó la
adjudicación del predio baldío “Las Brisas”, fue notificada por edicto fijado el 2 de
mayo de 2008 y desfijado el 16 del mismo mes, razón por la cual el término legal
para ejercer la acción comenzó a correr el 17 de mayo y venció el 17 de septiembre
de 2008. Dado que la demanda se radicó el 21 de noviembre de 2008, el Tribunal
concluyó que se presentó de manera extemporánea.

3.3.2. Precisó que el régimen aplicable era el previsto para la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, al no tratarse de un procedimiento especial agrario,
como los previstos para la clarificación de la propiedad, la extinción de dominio o la
reversión de baldíos. En tal sentido, no procedía aplicar términos especiales, sino
el general establecido por el CCA para controvertir actos administrativos de carácter
particular y concreto. De otra parte, el fallo destacó que la caducidad de la acción
constituye una institución de orden público y naturaleza procesal, que limita en el
tiempo el ejercicio del derecho de acción y tiene por finalidad preservar la seguridad

13 Folio 868 del cuaderno 4
14 Folio 870 al 900 del cuaderno 4
15 Archivo electrónico identificado con certificado C94FAEB4541AC6D0 22509F437F300464 8B55AFA5,
ubicado en el índice 04 del expediente digital, en el Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal
Administrativo del Meta.

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jurídica, la estabilidad de las decisiones administrativas y la certeza de las
relaciones jurídicas. Señaló que, una vez transcurrido el término legal sin que el
interesado promueva el litigio, se extingue definitivamente su posibilidad de acudir
ante la jurisdicción contencioso administrativa para cuestionar la legalidad del acto.

3.3.3. En relación con el argumento expuesto en la demanda sobre la incidencia del
paro judicial del año 2008, el Tribunal precisó que, conforme a la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, la suspensión de actividades judiciales no
interrumpe el término de caducidad, salvo que el vencimiento del plazo coincida con
el cierre de los despachos judiciales. En ese evento, el término se extiende hasta el
primer día hábil siguiente a la reanudación del servicio. Dado que en el presente
caso el cese de actividades culminó el 15 de octubre de 2008, la demanda debía
haberse presentado, a más tardar, el 16 de octubre siguiente, lo cual no ocurrió.
Bajo tales consideraciones, el Tribunal concluyó que el término de caducidad
previsto en el artículo 136 del CCA transcurrió en su totalidad sin que la demandante
hubiera ejercido la acción dentro del plazo legal. En consecuencia, encontró
configurado el fenómeno de la caducidad y, por tratarse de una causal de orden
público que impide el examen de fondo, declaró de oficio su procedencia y se
abstuvo de pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos acusados.

3.3.4. Finalmente, la providencia dispuso no condenar en costas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 171 del CCA, al no evidenciarse temeridad ni mala fe
en la actuación procesal de la parte demandante.

4. Del recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte
demandante y del tercero con interés

4.1. El 26 de abril de 2021, el apoderado de la parte demandante y del tercero con
interés interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 18 de marzo de 2021,
proferida por la Sala de Decisión Escritural No. 4 del Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual se declaró probada de oficio la caducidad de la acción. La
impugnación tuvo por objeto controvertir la interpretación del Tribunal en relación
con el cómputo del término de caducidad y solicitar la revocatoria de la decisión de
primera instancia, conforme a los argumentos que la Sala sintetiza a continuación16:

4.1.1. En primer lugar, sostuvo que la decisión del Tribunal contenía una
interpretación errónea de las normas sobre caducidad y una aplicación indebida de
la figura. Argumentó que el a quo aplicó de manera incorrecta el término de cuatro
(4) meses previsto en el artículo 136.2 del CCA (Decreto 01 de 1984), cuando en
realidad correspondía aplicar el término de dos (2) años previsto en el numeral 4 de
la misma disposición, aplicable a los actos de adjudicación de bienes baldíos.
Señaló que el proceso no versaba sobre un procedimiento de ejecución, como la
recuperación o extinción del dominio, sino sobre un acto declarativo que revocó una
adjudicación, lo cual exigía respetar la naturaleza especial del acto administrativo
agrario.

En desarrollo de esta tesis, expuso que la Resolución No. 559 de 2008, mediante la
cual se revocó la Resolución No. 980 de 2006 que adjudicó el predio baldío “Las

16 Archivo electrónico identificado con certificado 1F140B99B6492915 CC2FBD2112F855CD CBFF3861,
ubicado en el índice 07 del expediente digital, en el Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal
Administrativo del Meta.

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Brisas”, debía entenderse como parte de un acto administrativo complejo. Afirmó
que ambos actos provienen de la misma manifestación de voluntad de la entidad
administrativa, comparten unidad de contenido y de fines, y que el acto de
revocatoria carecería de existencia jurídica sin el de adjudicación, en tanto su
finalidad es sustraerlo del ordenamiento por supuestas infracciones legales. En
consecuencia, sostuvo que el acto de revocatoria directa debía regirse por el mismo
régimen jurídico y término de caducidad que el acto de adjudicación, esto es, el
previsto en el numeral 4 del artículo 136 del CCA, equivalente a dos años desde su
ejecutoria.

4.1.2. En segundo término, reprochó que el Tribunal no hubiera valorado
adecuadamente las circunstancias excepcionales que impidieron presentar la
demanda dentro del término ordinario, derivadas del cese de actividades judiciales
ocurrido entre septiembre y octubre de 2008. Afirmó que dicho paro configuró una
causa de fuerza mayor ajena a la voluntad de la demandante, que debía producir la
suspensión —y no la simple extensión— del término de caducidad. Para sustentar
esta posición, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente las
sentencias T-1165 de 2003 y SU-498 de 2016, según las cuales las cargas
procesales no pueden imponerse en condiciones en que el acceso a la justicia
resulte materialmente imposible, pues ello contraviene el principio de confianza
legítima frente al funcionamiento del aparato judicial.

4.1.3. Adicionalmente, alegó que la decisión apelada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la justicia, al impedir
que se emitiera un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos
administrativos demandados. Manifestó que tanto la sentencia como la Resolución
No. 559 de 2008 desconocieron los principios de legalidad, confianza legítima y
dignidad humana, al revocar una adjudicación firme sin el consentimiento de los
beneficiarios ni prueba de irregularidad alguna en el trámite original. Argumentó que
la revocatoria se fundó en apreciaciones fácticas erróneas sobre la ocupación y
explotación del predio, e impuso exigencias no contempladas en la Ley 160 de 1994,
contrariando los principios del derecho agrario.

4.1.4. En virtud de lo anterior, solicitó la revocatoria integral de la sentencia del 18
de marzo de 2021 y, en su lugar, que se declare la nulidad del acto administrativo
acusado y se restablezca el derecho de su representada. Fundamentó su solicitud
en la aplicación correcta del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, en el
reconocimiento del acto administrativo complejo que vincula la adjudicación y su
revocatoria, en la configuración de una causa de fuerza mayor que suspendió el
término de caducidad, y en la afectación de derechos constitucionales que imponía
la obligación de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la validez de los actos
administrativos cuestionados.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El Tribunal Administrativo del Meta, con auto del 9 de agosto de 2023, concedió
el recurso de apelación presentado por la parte actora y el tercero con interés y
remitió el expediente al Consejo de Estado17.

17 Archivo electrónico identificado con certificado 87614BF5B84EEE7D 86F006A6D896A0CD
31C849DD6A3333E0 2C11276F9A0DD7E8, ubicado en el índice 20 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo del Meta.

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5.2. Por auto del 5 de diciembre de 2023, la Corporación admitió el recurso18; y,
con proveído del 22 de febrero de 2024, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público, para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de
fondo19.

5.3. El 11 de marzo de 2024, la apoderada judicial de la Agencia Nacional de Tierras
—ANT—, quien funge como sucesora procesal del extinto INCODER en virtud en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015, presentó
alegatos de conclusión20, en los que sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

5.3.1. La ANT solicitó confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se declaró probada de oficio la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
Sandra Esperanza Osorio Corrales. La entidad sostuvo que la decisión del a quo se
ajustó plenamente a lo dispuesto en el artículo 136 del CCA, en tanto el término de
cuatro (4) meses para la interposición de la acción transcurrió íntegramente antes
de la presentación de la demanda, configurándose de pleno derecho el fenómeno
extintivo.

5.3.2. La entidad refutó los argumentos de la apelación al precisar que no resultaba
aplicable el término de caducidad de dos (2) años previsto para los actos de
adjudicación de baldíos, pues el acto demandado correspondía a una revocatoria
directa de adjudicación, y no a la adjudicación en sí misma. Por tanto, el supuesto
jurídico aplicable era el del numeral 2 del artículo 136 ibidem. En ese mismo sentido,
la entidad rechazó la interpretación de la parte actora sobre la existencia de un acto
administrativo complejo, señalando que los actos cuestionados —la apertura del
trámite y la revocatoria— son autónomos e independientes, con efectos jurídicos
diferenciados, y no conforman una unidad de contenido o finalidad.

5.3.3. Frente al argumento relativo a la suspensión del término de caducidad por el
cese de actividades judiciales, la Agencia enfatizó que, conforme a la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, ni la vacancia ni los ceses de actividades judiciales
interrumpen o suspenden dicho término, salvo que su vencimiento coincida con un
día inhábil. En este caso, el término debía contarse desde el día siguiente a la
notificación del acto y vencía el 16 de octubre de 2008, por lo que la presentación
posterior de la demanda evidenció su extemporaneidad.

5.3.4. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en su contestación de la
demanda, relativos a la legalidad de los actos acusados, la competencia del
INCODER y la observancia de las garantías del debido proceso. En virtud de lo
anterior, solicitó al Consejo de Estado mantener la decisión apelada, al considerar
debidamente acreditada la caducidad de la acción, lo que hacía improcedente

18 Archivo electrónico identificado con certificado D4E8D5FFFD7AE98E 333A4D645E0A615D
60EDC307F91E6553 81532FCF4DE70DEE, ubicado en el índice 03 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
19 Archivo electrónico identificado con certificado A92DA1D52A397EAC 2B5DCC0D7CF00155
A9066F55143BE2AA 16AF507D274436AA, ubicado en el índice 10 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
20 Archivo electrónico identificado con certificado 8A238ED140E28D38 EE6840C8996A9531
E0A1D86CE12E3DA4 29DAD12C4ECD54F3, ubicado en el índice 20 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

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cualquier pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos
demandados.

5.4. El 2 de abril de 2024, el agente del Ministerio Público rindió su concepto21,
en el que solicitó confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que declaró probada la caducidad de la acción,
por considerar que la decisión del a quo se encontraba plenamente ajustada al
marco normativo y a la jurisprudencia aplicable.

5.4.1. El Ministerio Público sostuvo que el acto demandado —Resolución No. 559
de 2008— corresponde a una revocatoria directa y no a una adjudicación de baldíos,
razón por la cual el término de caducidad aplicable es el previsto en el numeral 2
del artículo 136 del CCA, esto es, de cuatro (4) meses contados desde el día
siguiente a la notificación del acto. Con base en las pruebas del expediente,
consideró acreditado que la demandante interpuso la acción una vez vencido dicho
término, sin que se configurara causal alguna de suspensión o interrupción.

5.4.2. El Ministerio Público desestimó la tesis de la parte actora según la cual los
actos de adjudicación y de revocatoria conformaban un acto administrativo
complejo, precisando que ambos tienen naturaleza autónoma y efectos jurídicos
independientes, por lo que no resulta procedente aplicar al segundo el término de
caducidad propio del primero. De igual forma, señaló que el cese de actividades
judiciales alegado no puede considerarse causal de fuerza mayor ni evento que
suspenda la caducidad, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado, que únicamente admite prórroga cuando el vencimiento coincide con día
inhábil.

5.4.3. En consecuencia, concluyó que la caducidad operó de pleno derecho, al
haber transcurrido en su totalidad el término legal sin el ejercicio oportuno de la
acción. Destacó que esta figura tiene naturaleza de orden público e insubsanable,
lo cual imposibilita cualquier pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los
actos demandados. Por tanto, solicitó confirmar la sentencia apelada por
encontrarse debidamente acreditado el fenómeno extintivo y ajustada a derecho la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta.

5.5. El apoderado de la parte demandante y del tercero con interés guardó silencio
en esta oportunidad procesal, tal como se advierte en la constancia secretarial de
fecha 10 de abril de 202422.

III. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

1.1. Con fundamento en lo previsto en el artículo 82 del CCA, modificado por el
artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1° de

21 Archivo electrónico identificado con certificado 2566D39FC7617BC5 564BEB916D40EB72
46D1A3D288953BE9 9F9FF2CA7FD27AFB, ubicado en el índice 22 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
22 Archivo electrónico identificado con certificado 83C07AC27101449A 65AB6F024AEBF928
1B893410027803E3 3174B98DD1C2FC18, ubicado en el índice 24 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

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la Ley 1107 de 200623, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues el extremo
procesal demandado está integrado por una entidad pública. En ese sentido, es
necesario recordar que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural24, actualmente
Agencia Nacional de Tierras —ANT—, para la fecha en que se profirieron las
decisiones demandadas era un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, el cual se
encontraba adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural25, de donde se
desprende claramente su naturaleza pública.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto en
segunda instancia, con fundamento en los artículos 12926 y 132.327 del CCA,
aplicables al presente asunto28. Dichas disposiciones establecen que los Tribunales
Administrativos conocen en primera instancia de las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad,
cuando la cuantía supera los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales,
mientras que el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias y autos
proferidos por los Tribunales Administrativos susceptibles de dicho recurso.
Además, conforme al reglamento interno del Consejo de Estado —contenido en el
Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019—, la Sección Tercera es competente para
conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con
asuntos de naturaleza agraria.

En cuanto al factor cuantía, la competencia del Consejo de Estado se configura en
virtud de que el proceso reviste la naturaleza de doble instancia, conforme a lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 y en el artículo 134E del CCA29. En efecto,

23 “Artículo 1º. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446

de 1998, quedará así: Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de
lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de
las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el
Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley (…)]”
24 Los actos administrativos enjuiciados fueron proferidos por el INCODER, entidad pública que, posteriormente,

se suprimió y entró en proceso de liquidación, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2365 del 7 de diciembre
de 2015.
25 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural fue creado a través del Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003.

La naturaleza jurídica de dicha entidad pública quedó establecida en el artículo 1° de esa normativa, disposición
cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 1°. Creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera. El Instituto tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá conformar
dependencias para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial”
26 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo

Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, (…)”.
27 “Articulo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: “(…) “3. De los de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la
cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales”.
28 La demanda se presentó el día 20 de noviembre de 2008 —Folio 1 al 55 del cuaderno 1—, en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 132 del CCA.
29“Articulo 134-E. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la

cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación
razonada hecha por el actor en la demanda”. (…). Para los efectos aquí contemplados, se aplicarán las reglas

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la pretensión mayor fue estimada por la parte demandante en la suma de
$308.000.00030, monto que supera el umbral de los trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la
demanda31, razón por la cual le corresponde a esta Corporación conocer el proceso
en segunda instancia.

1.2. Frente al alcance del recurso de apelación, la jurisprudencia de la
Corporación ha precisado que la competencia funcional del juez de segunda
instancia se encuentra delimitada por los cargos que la parte recurrente formule
contra la providencia impugnada. Por ello, no basta la simple interposición del
recurso ni la manifestación genérica de inconformidad con la decisión, pues
corresponde al apelante identificar los desaciertos fácticos o jurídicos que, a su
juicio, justifican la intervención del superior para modificar, revocar o adicionar la
sentencia recurrida32. Además, en aplicación del artículo 357 del C.P.C., la
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al recurrente y el ad-quem solo
puede pronunciarse sobre los aspectos efectivamente controvertidos, sin extender
su análisis a puntos no apelados.

En el presente asunto, la parte actora formuló acción de nulidad y restablecimiento
del derecho para deprecar la nulidad del acto que dio inicio al trámite de revocatoria
directa y del que revocó la adjudicación, junto con el reconocimiento de su calidad
de propietaria, la cancelación de las anotaciones registrales contrarias y la condena
en costas33. En escrito de reforma de la demanda agregó la pretensión de
enriquecimiento sin causa del INCODER y el pago del valor de las mejoras34.

Mediante sentencia del 18 de marzo de 202135, el Tribunal Administrativo del Meta
declaró la caducidad de la acción al constatar que la demanda fue presentada por
fuera del término legal del artículo 136, numeral 2, del CCA, sin pronunciarse sobre
la pretensión de enriquecimiento sin justa causa. Esta omisión no fue cuestionada
en la apelación, que se dirigió únicamente a controvertir la oportunidad de la
demanda respecto de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, y conforme a los límites del recurso, el análisis de la Sala se
restringirá a ese único aspecto: la verificación de la presentación oportuna de la
demanda respecto de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.3. La acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevista en el artículo 85 del CCA36, la cual establece que toda persona que se crea

de los numerales 1 y 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. // En las acciones de nulidad y
restablecimiento no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al
restablecimiento”.
30 Folio 54 del cuaderno 1
31 A la fecha de presentación de la demanda —20 de noviembre de 2008—, el salario mínimo legal mensual

vigente era de $461.500, por lo que el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos ascendía a
$138.450.000.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, Rad. No. 52413 y sentencia del 24

de septiembre de 2021. Rad. No. 50651.
33 Folio 1 al 55 del Cuaderno 1
34 Folio 219 al 222 del Cuaderno 2
35 Archivo electrónico identificado con certificado C94FAEB4541AC6D0 22509F437F300464 8B55AFA5,

ubicado en el índice 04 del expediente digital, en el Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal
Administrativo del Meta.
36 “Artículo 85. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca
en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.

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Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho,
pudiendo solicitar, asimismo, que se le repare el daño. Se trata del mecanismo
procedente en los casos en que el particular sufre un daño originado en un acto
administrativo, generalmente de carácter particular y concreto, siempre que dicho
acto se estime ilegal; además, tiene como finalidad, que el juez administrativo
declare su nulidad y, como consecuencia, ordene el restablecimiento del derecho
conculcado, vulnerado o desconocido, y/o la indemnización de los perjuicios
ocasionados, siendo la declaratoria de nulidad un requisito sine qua non para
obtener dicho restablecimiento.

Este supuesto resulta aplicable al caso en estudio, por cuanto la demandante
solicita, de una parte, la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 559 del 7 de
abril de 200837, mediante la cual se revocó la Resolución No. 980 del 17 de
noviembre de 2006 que había adjudicado el predio baldío denominado “Las Brisas”
a su favor y de la señora Adonis Arias Jaramillo38, decisión que reviste el carácter
de acto administrativo definitivo, en tanto concluye una situación jurídica en sede
administrativa. De otra parte, se pretende el restablecimiento del derecho,
consistente en ordenar a la entidad demandada mantener incólume la resolución de
adjudicación y reconocer la calidad de propietaria del predio a la adjudicataria que
lo poseía legítimamente al momento de iniciarse el trámite de revocatoria directa,
entre otros aspectos. Por tal razón, la acción procedente frente a esta decisión es
la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por el contrario, el Auto del 23 de abril de 200739, mediante el cual se dio inicio al
procedimiento de revocatoria del bien baldío, no se encontraba entre aquellos
susceptibles de ser demandados de manera independiente, pues, conforme a las
reglas generales del CCA, los actos de trámite que impulsan la actuación no pueden
ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese orden, y
dado que la demanda se dirigió específicamente contra las presuntas causales de
nulidad de la Resolución No. 559 de 200840, es respecto de ese acto administrativo
que la Sala deberá establecer si operó o no la caducidad de la acción.

1.4. En lo que respecta a la legitimación en la causa, cabe recordar que este
constituye uno de los presupuestos indispensables para que el juez contencioso
administrativo pueda proferir una sentencia de fondo41. Dicha legitimación, en su
dimensión material, se configura cuando la parte actora tiene un vínculo con los
intereses en disputa y una conexión directa con los hechos que dieron origen al
litigio; es decir, cuando ostenta un interés jurídico que puede ser objeto de
reparación42 o de resistir su cumplimiento43.

37 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
38 Folio 113 al 114 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
39 Folio 453 al 454 del cuaderno 2
40 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre

de 2001, Exp. 10973. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener una decisión
de fondo y sobre ella se ha dicho que: “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición
anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia

del 9 de julio de 2018, Exp. 39786.
43 Al respecto la doctrina especializada ha sostenido que. “(…) en los procesos contenciosos la legitimación en

la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está
legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica

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Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

1.4.1. En ese orden, es importante recordar que el INCODER, por medio de la
Resolución No. 559 del 7 de abril de 200844, revocó la Resolución No. 980 del 17
de noviembre de 2006 que había adjudicado el predio baldío denominado “Las
Brisas” a favor de la señora Sandra Esperanza Osorio Corrales45, motivo por el cual
esta se encuentra legitimada en la causa por activa.

1.4.2. Por su parte, el acto administrativo cuestionado fue proferido por el extinto
INCODER, entidad que fue reemplazada por la Agencia Nacional de Tierras —
ANT—46, reconocida en este proceso como su sucesora procesal, razón por la cual
se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.4.3. A su turno, la señora Adonis Arias Jaramillo interviene en el proceso en
calidad de tercero con interés directo, toda vez que la Resolución No. 980 del 17
de noviembre de 2006 adjudicó el predio denominado “Las Brisas” no solo a la
señora Sandra Esperanza Osorio Corrales, quien actúa como demandante, sino
también a la mencionada señora Arias Jaramillo. En tal sentido, el resultado del
proceso incide de manera directa en sus intereses jurídicos, circunstancia que
motivó su vinculación formal a la actuación, conforme a la providencia proferida el
2 de diciembre de 201347.

2. Estudio de la caducidad de la acción en el presente asunto

2.1. En el presente asunto, se advierte que el apoderado judicial de la parte
demandante y del tercero con interés interpuso recurso de apelación con el
propósito de controvertir la interpretación del Tribunal respecto del cómputo del
término de caducidad y solicitar la revocatoria de la decisión de primera instancia,
por considerar que esta desconoció el régimen jurídico aplicable a los actos
administrativos objeto de control48.

En sustento de la apelación, sostuvo, en síntesis, que el Tribunal incurrió en error al
aplicar el término de caducidad de cuatro (4) meses previsto en el numeral 2 del
artículo 136 del CCA, cuando en realidad correspondía aplicar el término de dos (2)
años contemplado en el numeral 4 de la misma disposición, relativo a los actos de
adjudicación de bienes baldíos. Sostuvo que el acto acusado —la Resolución No.
559 de 2008— constituye la revocatoria de la Resolución No. 980 de 2006, y que
ambas decisiones integran un acto administrativo complejo, emanado de la misma
autoridad, con unidad de contenido y de fines. En consecuencia, consideró que el
acto de revocatoria debía regirse por las mismas normas especiales aplicables al
acto de adjudicación, de modo que el término de caducidad debía computarse en
dos años desde su ejecutoria.

sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley
sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante (…)”. DEVIS Echandía,
Hernando, Teoría General del Proceso, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.
44 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
45 Folio 113 al 114 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
46 Con el Decreto 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y, en su artículo 38, se ordenó

que “(…) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias normativas hechas al
Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse
referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”
47 Folio 294 al 296 del Cuaderno 2
48 Archivo electrónico identificado con certificado 1F140B99B6492915 CC2FBD2112F855CD CBFF3861,

ubicado en el índice 07 del expediente digital, en el Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal
Administrativo del Meta.

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Asimismo, reprochó que el Tribunal omitiera valorar circunstancias excepcionales
que afectaron el acceso efectivo a la justicia, concretamente el cese de actividades
judiciales ocurrido entre septiembre y octubre de 2008, lo cual —a su juicio—
configuró una situación de fuerza mayor que debía suspender el término de
caducidad. Agregó que la revocatoria directa del acto de adjudicación desconoció
los principios de legalidad y confianza legítima, al haberse adoptado sin
consentimiento de los adjudicatarios y sin acreditarse irregularidades en el
procedimiento inicial.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, en sus alegatos de conclusión49, solicitó
confirmar la decisión de primera instancia al estimar que la sentencia apelada se
ajustó plenamente a derecho. Sostuvo que el acto demandado corresponde a una
revocatoria directa y no a una adjudicación, por lo que el término de caducidad
aplicable es el de cuatro (4) meses previsto en el numeral 2 del artículo 136 del
CCA. Afirmó que la adjudicación y su revocatoria son actos autónomos e
independientes, sin conformar un acto administrativo complejo, y que el cese de
actividades judiciales no constituye causal de fuerza mayor ni suspende el término
de caducidad, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el mismo
sentido, el Ministerio Público en su intervención concluyó que la acción fue
interpuesta extemporáneamente, que la caducidad operó de pleno derecho y que,
al tratarse de una figura de orden público e insubsanable, no era posible emitir
pronunciamiento de fondo, por lo que solicitó confirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta50.

2.2. Con fundamento en lo anterior, la Sala plantea el siguiente problema jurídico
que enmarcará el alcance de la decisión: ¿el Tribunal de primera instancia observó
de manera adecuada el régimen de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA
al concluir que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dirigida contra la
Resolución No. 559 de 2008 había caducado, o, por el contrario, debía dar
aplicación al término especial de dos (2) años propio de los actos de adjudicación
de bienes baldíos, habida cuenta de la tesis de la parte actora según la cual la
adjudicación inicial y su revocatoria conforman un acto administrativo complejo
sometido a un mismo régimen temporal?

De igual modo, deberá establecer si las circunstancias excepcionales alegadas por
la parte actora —en particular, el cese de actividades registrado por un paro
judicial— tenían la virtualidad de suspender el término de caducidad. Solo en el
evento en que la Sala concluya que la acción fue promovida oportunamente,
procederá al examen de fondo relativo a la legalidad del acto acusado y al eventual
restablecimiento del derecho invocado.

2.3. Con el propósito de resolver la controversia sometida a su consideración, la
Sala abordará en primer término los conceptos relevantes para la decisión, con
apoyo en los hechos acreditados en la actuación, de la siguiente manera: (i) el
presupuesto procesal de la caducidad de la acción; (ii) el tránsito normativo de la

49 Archivo electrónico identificado con certificado 8A238ED140E28D38 EE6840C8996A9531
E0A1D86CE12E3DA4 29DAD12C4ECD54F3, ubicado en el índice 20 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
50 Archivo electrónico identificado con certificado 2566D39FC7617BC5 564BEB916D40EB72
46D1A3D288953BE9 9F9FF2CA7FD27AFB, ubicado en el índice 22 del expediente digital, en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

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legislación agraria y su incidencia en el asunto objeto de estudio; (iii) la
diferenciación entre el acto de adjudicación de bienes baldíos y el acto que dispone
su revocatoria directa; y (iv) la posición jurisprudencial según la cual la ocurrencia
de un paro judicial no tiene la entidad jurídica para suspender el término de
caducidad. Seguidamente, con fundamento en tales precisiones, abordará el
análisis relativo a la vigencia de la acción en el caso concreto.

2.3.1. En virtud del principio de seguridad jurídica y con el propósito de garantizar la
estabilidad de las relaciones jurídicas, el legislador instituyó la caducidad de la
acción como un mecanismo destinado a fijar límites temporales al ejercicio de las
acciones judiciales. Mediante esta figura se busca evitar la paralización del tráfico
jurídico y la perpetuación de situaciones indefinidas en el tiempo, al tanto que
promueve la consolidación de los derechos y actos jurídicos dentro de un marco de
certidumbre. Los plazos que determinan la caducidad fueron establecidos en
salvaguarda del interés general y revestidos de carácter razonable, perentorio,
preclusivo, improrrogable, irrenunciable y de orden público51. En consecuencia, su
vencimiento, sin que el interesado haya ejercido oportunamente la acción
correspondiente, produce la extinción del derecho de accionar y la firmeza de las
situaciones jurídicas que permanecían pendientes de definición.
La previsión de términos perentorios en materia procesal responde, además, a la
finalidad de racionalizar el funcionamiento del aparato judicial y promover la
eficiencia en la administración de justicia52. De esta manera, se pretende evitar la
indeterminación de los conflictos jurídicos y asegurar que las decisiones judiciales
adquieran estabilidad, firmeza y autoridad, fortaleciendo la confianza legítima en el
derecho y consolidando la noción de derechos adquiridos como expresión de la
certeza jurídica.
La institución de la caducidad se configura, así, como un fenómeno procesal de
naturaleza bifronte: al tiempo que constituye un límite temporal al ejercicio del
derecho de acción, opera también como garantía de estabilidad de las relaciones
jurídicas. Es límite, porque impide que los litigios se prolonguen indefinidamente en
el tiempo, en detrimento del orden y la seguridad jurídica; y es garantía, porque
otorga certeza a los particulares respecto de la inmutabilidad de las situaciones
jurídicas que no fueron cuestionadas dentro del término legalmente previsto.
En su dimensión garantista, la caducidad representa un instrumento de certidumbre
y seguridad jurídica, en tanto su configuración opera ipso iure y su reconocimiento

51 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de

la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene
toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se
halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización
del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario
apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y
la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
52 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “(…) el derecho al acceso a la

administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término
de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si
bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo
que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la
firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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judicial resulta imperativo una vez verificados sus presupuestos legales53. Con ello
se consolida la estabilidad de los derechos derivados de actos o decisiones no
impugnados oportunamente. No obstante, desde su vertiente restrictiva, la
caducidad comporta una limitación irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
en la medida en que su inobservancia implica la pérdida definitiva de la facultad de
acudir ante la jurisdicción para solicitar el reconocimiento, restablecimiento o
protección de un derecho.
En ese sentido, la caducidad se erige como una figura procesal que, sin desconocer
la garantía del acceso a la justicia, busca preservar el equilibrio entre el derecho
individual de accionar y la necesidad colectiva de estabilidad en las relaciones
jurídicas. Su ocurrencia reafirma la idea de que la justicia debe ser oportuna y
eficiente, y no un escenario abierto indefinidamente a la controversia 54.
Conforme al artículo 136, numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuenta con un término de cuatro
(4) meses para su ejercicio, contados a partir del día siguiente a la notificación,
publicación, comunicación o ejecución del acto administrativo. Este término, de
naturaleza perentoria y de orden público, constituye el límite temporal dentro del
cual puede activarse la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir
actos de contenido particular. Su vencimiento comporta la pérdida del derecho de
accionar y consolida la firmeza de los actos no demandados, garantizando así la
seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones entre la administración y los
ciudadanos.

2.3.2. Frente al tránsito de la legislación agraria y su relación con el asunto
objeto de estudio, resulta importante precisar que, para la fecha en que se profirió
la Resolución No. 559 del 7 de abril de 200855 —mediante la cual se revocó la
Resolución No. 980 del 17 de noviembre de 2006 — y para la fecha de presentación
de la demanda —20 de noviembre del mismo año56—, se encontraba vigente el
artículo 136 del CCA, disposición que, como se expuso previamente, regulaba los
términos de caducidad de las acciones contencioso administrativas. Esta norma
establecía la caducidad de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en
cuatro meses, y fijaba, para las acciones de nulidad y restablecimiento previstas en

53 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “(…) Para garantizar la seguridad jurídica de los

sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que
determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal
de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de
accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad
opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando
verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial ”.
54 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “(…) si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley

en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda
alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad
jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe
reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la
causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades
procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del
fenómeno indicado”.
55 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
56 Folio 1 al 55 del Cuaderno 1

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la denominada Ley Agraria “contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria”, un término de dos años57.

A su vez, la misma normativa establecía plazos de caducidad más breves para
impugnar ciertos actos administrativos agrarios, tales como los relativos a la
extinción del dominio, la clarificación, el deslinde y la recuperación de baldíos, así
como para el ejercicio de la acción de expropiación de inmuebles rurales58. De esta
manera, el legislador configuró un sistema diferenciado de términos, atendiendo a
la naturaleza y finalidad de cada procedimiento agrario.

En cuanto a la naturaleza de los actos mediante los cuales se revoca directamente
el acto de adjudicación de un bien baldío, la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado ha precisado de tiempo atrás que conservan su naturaleza
agraria, aun cuando en su trámite resulten aplicables las reglas generales del
CCA59. En tal sentido, el hecho de invocar disposiciones procesales comunes no
despoja a estos actos de su carácter agrario ni altera la competencia material para
conocer de su control judicial. Así mismo, precisó que los actos de revocatoria
directa y de reversión de bienes baldíos constituyen procedimientos autónomos e
independientes de los de clarificación, deslinde y recuperación, regulados en la Ley
160 de 1994 y sus decretos reglamentarios. Por tal razón, no pueden asimilarse
entre sí ni entenderse comprendidos dentro de los mecanismos de recuperación de
bienes baldíos indebidamente ocupados.

Ahora bien, para efectos del análisis del tránsito legislativo que se plantea en este
caso, resulta necesario advertir que, durante el trámite de este proceso, la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-175 de 200960, declaró la inexequibilidad
de la Ley 1152 de 2007 —contentiva del Estatuto de Desarrollo Rural—, por haberse

57 “Articulo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998>. “(…). “2. La
de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. “(…). “4. Sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en
dos (2) años, contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su
ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del día siguiente
de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos”.
58“Articulo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998>. “(…). 5. La

acción de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario o contra las resoluciones que decidan de
fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos deberá interponerse dentro de
los quince (15) días, contados a partir del día siguiente de su ejecutoria. Para los terceros, el término de
caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir del día siguiente a la inscripción del acto en la
correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos. (…) “6. La acción de expropiación de un inmueble agrario
deberá presentarse por el Incora dentro de los dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de la
ejecutoria de la resolución que ordene adelantar la expropiación”.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2010, Exp. 11001-03-26-000-2009-00081-

00 (37152)
60 Corte Constitucional, sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Demanda

de inconstitucionalidad contra la Ley 1152 de 2007, "Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se
reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones”.

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omitido el trámite de consulta previa con las comunidades étnicas61. No obstante,
dispuso que los efectos de dicha declaratoria operarían hacía el futuro (ex nunc) 62.

Conviene precisar que el procedimiento administrativo de revocatoria directa que
dio lugar a la Resolución No. 559 del 7 de abril de 200863 se inició mediante el Auto
expedido por el INCODER el 23 de abril de 200764, es decir, bajo la vigencia de la
Ley 160 de 1994, norma que regulaba integralmente la materia agraria y que
confería inicialmente al INCORA —y posteriormente al INCODER— la competencia
para adjudicar y revocar directamente los terrenos baldíos, con sujeción a las reglas
del CCA.

Aunque la Ley 1152 de 2007 fue invocada como fundamento de la revocatoria por
el INCODER65, lo cierto es que dicha normativa no introdujo modificaciones
sustanciales frente a la regulación contenida en la Ley 160 de 1994 en materia de
adjudicación y revocatoria de baldíos. En efecto, tanto el artículo 72 de la Ley 160
de 1994 como el artículo 61 de la Ley 1152 de 2007 —declarado inexequible—
establecieron de forma expresa que la acción de nulidad contra los actos de
adjudicación de baldíos caducaba en el término de dos años contados desde la
ejecutoria o publicación del acto, y remitieron al CCA para lo no previsto en la
legislación agraria. Ninguna de estas disposiciones reguló de manera específica el
término de caducidad aplicable a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
dirigida contra el acto de revocatoria directa de una adjudicación, lo que evidencia
que el legislador mantuvo la distinción entre las reglas aplicables a los actos de
adjudicación inicial y aquellas relativas a su eventual revocatoria, sin prever un
régimen especial para este último supuesto66.

En consecuencia, el despacho advierte que para el 20 de noviembre de 200867,
fecha de presentación de la demanda, se encontraba vigente la Ley 1152 de 2007,
posteriormente declarada inexequible. Aquella declaratoria no modificó el régimen
de caducidad aplicable, dado que el artículo 136 del CCA, norma que regula esta
materia, no fue afectado ni por dicha ley ni por la sentencia de inexequibilidad.

Así las cosas, para el presente asunto, el término de caducidad aplicable a la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho se rige por las disposiciones generales

61 Sentencia C-175 de 2009. “Conclusión // 38. La Ley 1152 de 2007 configura una regulación integral y

sistemática sobre el desarrollo rural y el uso y aprovechamiento de la propiedad agraria, régimen jurídico que
debió someterse al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en razón de
la especial connotación que el territorio tiene para estos pueblos, al igual que por la existencia de disposiciones
particulares y concretas en el EDR que los afectan directamente. (…) 40. Debido a la pretermisión del requisito
de consulta previa, la norma acusada deviene inexequible en su integridad. Ello debido a que, en razón de
constituir, por expreso mandato del Legislador, un régimen general y sistemático en materia de uso y
aprovechamiento de los territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan
directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos
concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su
inexequibilidad, de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un
régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica,
contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas”.
62 “Por último, la Sala considera pertinente señalar que esta decisión tiene los efectos ordinarios previstos en el

artículo 45 de la Ley 270/96 - Estatutaria de Administración de Justicia -, es decir, hacia futuro”. Corte
Constitucional, sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009.
63 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
64 Folio 453 al 454 del cuaderno 2
65 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, Rad. 50001-23-

31-000-2010-00068-01 (65448)
67 Folio 1 al 55 del Cuaderno 1

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del artículo 136.2 del CCA, en armonía con el régimen agrario vigente, sin que la
posterior inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007 alterara las condiciones normativas
bajo las cuales se configuró la caducidad en el caso concreto.

2.3.3. En cuanto a la diferenciación entre el acto de adjudicación de bienes
baldíos y el acto que dispone su revocatoria directa, es importante recordar que
la Corte Constitucional, mediante sentencia C-255 de 201268, declaró la
exequibilidad de los incisos 6º y 7º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que
autorizan a la administración para revocar directamente, incluso sin el
consentimiento del adjudicatario, los actos de adjudicación otorgados en
contravención de requisitos sustantivos o a personas no beneficiarias, y exigen que
el correspondiente procedimiento se adelante conforme a las reglas del CCA.

La Corte precisó, en síntesis, que la revocatoria directa no se encuentra proscrita
por la Constitución y que, excepcionalmente, el legislador puede autorizar su
ejercicio unilateral sin consentimiento del titular cuando existan razones
constitucionalmente relevantes, elementos de juicio suficientes y se garantice
plenamente el debido proceso administrativo. Sostuvo, además, que la revocatoria
unilateral de adjudicaciones de baldíos persigue fines constitucionalmente
legítimos, pero solo procede frente a adjudicaciones manifiestamente ilegales o
contrarias a los objetivos sustantivos de la reforma agraria, no frente a
irregularidades formales. Señaló que los conflictos relativos a la interpretación
normativa —incluido el referente al régimen jurídico aplicable— corresponden a la
jurisdicción contencioso administrativa y no pueden resolverse mediante revocatoria
directa sin consentimiento del adjudicatario. Finalmente, enfatizó que dicho
procedimiento debe adelantarse con pleno respeto del debido proceso, conforme a
las reglas del CCA.

A partir de este marco normativo y jurisprudencial, esta Corporación ha señalado de
manera consistente la diferencia entre los actos de adjudicación de baldíos y los actos
de revocatoria directa de dicha adjudicación69. Ambos poseen naturaleza, finalidad y
efectos jurídicos distintos, razón por la cual no resulta viable asimilar sus regímenes
temporales ni extender por analogía el término de caducidad previsto para uno u otro.
Tal distinción se refleja también en las pretensiones que se formulan en cada tipo de
demanda: mientras en la dirigida contra la adjudicación se busca la nulidad del título,
en la promovida contra la revocatoria se pretende su restablecimiento, lo que implica
una causa petendi claramente diferente.

En ese orden, para la Sala resulta evidente que el acto de adjudicación inicial y su
revocatoria directa no integran un acto administrativo complejo ni comparten un
régimen temporal unificado, pues responden a finalidades, fundamentos y efectos
jurídicos distintos: mientras la adjudicación confiere un derecho, la revocatoria lo
extingue. Por ello, no es jurídicamente procedente extender a la revocatoria el
término especial de dos (2) años previsto exclusivamente para las adjudicaciones de
baldíos. En ese orden, se reitera que la caducidad aplicable a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho dirigida contra el acto de revocatoria corresponde a la
regla general prevista en el artículo 136.2 del CCA, esto es, el término de cuatro (4)
meses, conforme se expuso previamente.

68 Corte Constitucional, sentencia C- 255 de 29 de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, Rad. 50001-23-

31-000-2010-00068-01 (65448) y, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024,
Rad. 50-001-23-31-000-2010-00070-01.

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Radicado: 50001-23-31-2010-00069-01 (70585)
Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

2.3.4. Por último, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha
sostenido de manera reiterada que la ocurrencia de un paro judicial no suspende
o interrumpe el término de caducidad70. En efecto, se ha precisado que no existe
disposición normativa que autorice la suspensión del término por el cese de
actividades de la rama judicial ni por las dificultades que este genere para la
radicación de las demandas en la oficina de reparto.

No obstante, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han
reconocido que el paro judicial constituye un supuesto de fuerza mayor que justifica
la extensión del término únicamente cuando su vencimiento coincide con un día en
el que los despachos se encuentran cerrados, evento en el cual la carga procesal
de presentar la demanda debe cumplirse el primer día hábil siguiente a la
reanudación del servicio.

En esta línea, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-498 de 201671,
destacó que “el cese de actividades judiciales no interrumpe la caducidad, salvo que
el plazo expire en un día en el que el despacho esté cerrado, caso en el cual opera
la regla de extensión del término hasta el día hábil siguiente”. Asimismo, precisó
que la incertidumbre respecto de la fecha exacta de reanudación de actividades no
exime al demandante del cumplimiento oportuno de su carga procesal, indicando
que en el caso examinado la parte actora admitió no haber presentado la demanda
el primer día hábil “por la congestión de las oficinas judiciales y no por la falta de
certeza sobre la reanudación de actividades”.

Por su lado, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que el paro judicial no
suspende el término de caducidad, limitándose a trasladar su vencimiento al primer
día hábil siguiente a la reanudación del servicio judicial, fecha en la cual debe
cumplirse la carga procesal de presentar la demanda. Este entendimiento —que se
reitera para el presente caso— se sustenta en lo dispuesto en el artículo 62 del
Código de Régimen Político y Municipal72 y en el artículo 121 del Código de
Procedimiento Civil73, normas vigentes al momento de los hechos, que establecen,
respectivamente, que “los [plazos] de meses y años se computan según el
calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo
hasta el primer día hábil” y que “los términos de meses y de años se contarán
conforme al calendario” 74.

A partir de estas disposiciones, puede concluirse que ni el paro judicial ni la vacancia
interrumpen la caducidad, por cuanto los términos mensuales deben computarse
conforme al calendario, y su extensión solo procede “hasta el primer día hábil”

70 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 25 de julio de 2016, Rad. 25000-23-37000-

2015-00858-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, Rad. 50001-23-
31-000-2010-00068-01 y Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, Rad. 50-
001-23-31-000-2010-00070-01.
71 Corte Constitucional, sentencia SU - 498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
72 “Articulo 62. Computo de los plazos. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se

entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el
primer día hábil.”
73 “Artículo 121. (…) En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en

que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho. Los términos de meses y de años se contarán
conforme al calendario”.
74 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto de 4 de agosto de 2011, Rad. 27001-23-31-000-2009-00093-01

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

siguiente cuando su vencimiento coincide con un día de cierre del despacho, sin
que la presentación posterior de la demanda pueda considerarse oportuna75.
.
2.3.5. Con fundamento en el desarrollo conceptual expuesto, la Sala advierte que,
al efectuar el estudio de la caducidad en el caso concreto, se encuentra
plenamente acreditada la ocurrencia de este fenómeno preclusivo, conforme lo
concluyó el Tribunal de primera instancia, por las razones que se exponen a
continuación:

En la actuación está demostrado que la parte demandante formuló demanda el día
20 de noviembre de 2008 contra el INCODER76, hoy Agencia Nacional de Tierras
—ANT, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 85 del CCA, para solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho
“(…) del auto y la Resolución fechados abril 23 de 2007 por medio de los cuales se
inició el trámite de la Revocatoria Directa y la Resolución 559 del día siete (07) del
mes de abril del año de dos mil ocho (2.008) expedidas por el INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL – INCODER–, mediante el cual se declaró
la REVOCATORIA DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro. 980
del 17 de noviembre de 2.006, por medio de la cual se concedió la adjudicación del
predio denominado LAS BRISAS a mi poderdante señora SANDRA ESPERANZA
OSORIO CORRALES (…)”.

Ahora bien, el Auto del 23 de abril de 2007, mediante el cual se inició el
procedimiento de revocatoria del bien baldío77, no se encontraba dentro de aquellos
susceptibles de ser demandados de manera separada, por cuanto, conforme a las
reglas generales del CCA, el acto de trámite que inicia una actuación no era objeto
de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se explicó en el
numeral 1.2 de esta providencia. En ese orden, como la demanda en este proceso
se dirigió de manera concreta a las causas de nulidad de la Resolución No. 559 del
7 de abril de 200878, es respecto de ese acto administrativo que la Sala deberá
establecer si operó o no la caducidad de la acción.

En relación con la notificación de la Resolución No. 559 del 7 de abril de 2008, en
el expediente obra la constancia de las comunicaciones remitidas por el Subgerente
de Estrategias del INCODER al apoderado de la parte demandante con el fin de
efectuar la notificación personal correspondiente. De acuerdo con la certificación del
6 de mayo de 2008, el apoderado se negó a recibir la notificación alegando
dificultades con algunos de sus poderdantes, circunstancia registrada en la nota
manuscrita elaborada por el funcionario encargado de la diligencia, la cual se
transcribe literalmente a continuación79:

“(…) En la ciudad de Pereira a los seis (06) días del mes de mayo del 2008,
(…) Una vez ubicado el Dr. Carlos Alberto Peláez apoderado para el efecto de
surtir la presente notificación en la oficina No. 1502 del Edificio Torre Bolívar,
en forma directa se negó a ser notificado aduciendo que esta diligencia debía
adelantarse directa/ (sic) con los interesados, ya que él había asumido dicha
defensa en la parte final del proceso, además manifestó tener dificultades con

75 Corte Constitucional, sentencia SU - 498 de 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
76 Folio 1 al 55 del cuaderno 1
77 Folio 453 al 454 del cuaderno 2
78 Folio 115 al 124 del cuaderno de pruebas (Anexo 1)
79 Folio 362 del Anexo 2

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

los otorgantes del poder, por lo tanto se procede a diligenciar con testigo la
presente actuación.

“EL NOTIFICADO [espacio en blanco)

“EL NOTIFICADOR Testigo
“Mario Bocanegra Mogollón Raúl Garavito Ardila
(firmado) (firmado) (…)”.

En la actuación obra la constancia de que el INCODER notificó a la parte
demandante mediante edicto fijado el 2 de mayo de 2008 y desfijado el 16 de mayo
de la misma anualidad80, tal como lo señaló el a quo. En ese contexto, y conforme
al artículo 136.2 del CCA, en la acción ejercida por el demandante “(…) el derecho
caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso (…)”.
Así mismo, la notificación por edicto se surtió en los términos del artículo 45 ibidem,
disposición que establecía que: “(…) si no se pudiere hacer la notificación personal
al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público
del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte
resolutiva de la providencia (…)”.

Con fundamento en esta disposición se establece que la notificación se entiende
surtida al término de los diez días, de manera que la caducidad de la acción referida
en el artículo 136 ibidem, corre a partir del día siguiente. En el mismo sentido, puede
agregarse que el artículo segundo de la Resolución núm. 559 de 2008 dispuso la
notificación del citado acto en los términos del CCA, así: “(…) ARTÍCULO
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, al beneficiario de la adjudicación hecha mediante
la resolución revocada en los términos del Código Contencioso Administrativo,
haciéndoles saber que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del
Decreto 230 de 2008, contra la misma no procede recurso alguno por la vía
administrativa”81 (Se destaca).

En este sentido, para la Sala resulta evidente que el término para presentar la
demanda transcurrió entre el 17 de mayo de 2008 —día siguiente a la desfijación
del edicto— y el 17 de septiembre de 2008. No obstante, según consta en el sello
de recibido, la demanda fue radicada el 20 de noviembre de 200882, esto es, por
fuera del término de cuatro meses previsto en el artículo 136.2 del CCA.

En este punto, la Sala reitera que no le asiste razón al demandante al sostener que
la revocatoria directa de la adjudicación debía someterse al término especial de dos
años establecido para los actos de adjudicación de baldíos. Como se explicó en
precedencia, para la expedición de la Resolución No. 559 de 2008 y para la
presentación de la demanda se encontraba vigente el artículo 136.2 del CCA,
norma que regulaba de manera general la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y que fijaba un plazo de cuatro meses. Ni la Ley 160
de 1994 ni la Ley 1152 de 2007 —esta última declarada inexequible mediante
sentencia C-175 de 2009— establecieron un término especial de caducidad para

80 Folio 383 del Anexo 2
81 Folio 383 del Anexo 2
82 Folio 1 al 55 del cuaderno 1

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

los actos de revocatoria directa, razón por la cual el régimen aplicable permaneció
incólume.

Asimismo, no resulta atendible el planteamiento del demandante en su pretensión
de asimilar la adjudicación inicial con el acto de revocatoria directa. La
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha sido reiterativa al
señalar que ambos actos cuentan con una naturaleza y efectos jurídicos distintos,
por lo que no constituyen un acto administrativo complejo ni comparten un régimen
temporal unificado. En consecuencia, la caducidad aplicable al caso corresponde a
la prevista en el artículo 136.2 del CCA, cuyo término —cuatro meses— comenzó
a correr desde el día hábil siguiente a la notificación de la Resolución No. 559 de
2008, tal como quedó demostrado en la actuación.

Ahora bien, la parte demandante al momento de presentar el escrito inicial adjuntó
una manifestación bajo el título de “ACLARACIÓN ADICIONAL”, en la que afirmó
que “(…) la resolución de revocatoria directa, fue notificada personalmente el día
22 de mayo de la presente anualidad en el INCODER Bogotá D.C.; razón por la
cual, el término de los cuatro (4) meses para demandar por vía ordinaria la nulidad
y restablecimiento del Derecho venció el 22 de septiembre de 2008. (…) Ante las
circunstancias (hecho notorio) del Paro Nacional de la Rama Judicial, adelantado
por Asonal Judicial, los términos de la demanda se suspendieron. (…) En la ciudad
de Bogotá D.C. el término se suspendió desde el día 04 de septiembre hasta el 15
de octubre de 2008, hecho que motiva a creer que el demandante tiene términos
para demandar hasta el 28 de noviembre de la presente anualidad, con la
presentación de la presente demos cumplimiento al señalado término (…)”83.

Para la Sala, la anterior manifestación no constituye prueba de la notificación
personal a la parte demandante, puesto que corresponde a una afirmación que no
guarda concordancia con la notificación surtida por edicto, la cual se encuentra
debidamente acreditada en el expediente conforme a los documentos reseñados
en esta providencia. Además, conforme a los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra y al régimen de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA, no
puede acogerse la argumentación del demandante. El término para presentar la
demanda no se suspendió, sino que únicamente se prorrogó hasta el primer día
hábil siguiente a la finalización del paro judicial, en atención a que la suspensión
del servicio de justicia constituye una medida excepcional y de interpretación
restricta. Al no haberse acreditado un impedimento adicional que afectara el acceso
a la jurisdicción tras la reanudación de labores, el cómputo de la caducidad recobró
su curso normal conforme a los términos legalmente previstos.

En esta medida, en el expediente obra la certificación de fecha 24 de septiembre
de 2009, suscrita por la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca84, en la que da cuenta que “[…] la suspensión de términos de
hecho, por razón de fuerza mayor, de notoriedad y conocimiento público entre los
días cuatro (4) de septiembre hasta el quince (15) de octubre de dos mil ocho (2008)
durante los cuales no hubo despacho al público por cese de actividades decretada
por ASONAL Judicial, debido a que tal hecho impidió el ingreso de los empleados
y del público en general a las dependencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de esta Secretaría en particular (…)”. (Se destaca)

83 Folio 55 del cuaderno 1
84 Cfr. Folio 138 del Cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: Sandra Esperanza Osorio Corrales

Así las cosas, dado que el cese de actividades originado en el paro judicial concluyó
el 15 de octubre de 2008, la demanda debió interponerse, a más tardar, el día hábil
siguiente, esto es, el 16 de octubre de esa anualidad. Sin embargo, al haber sido
presentada el 20 de noviembre de 200885, resulta evidente que se hizo por fuera
del término legal previsto, razón por la cual la excepción de caducidad de la acción
se encuentra debidamente acreditada en el presente asunto y, en ese orden, se
confirmará la sentencia de primera instancia.

Por último, para la Sala es claro que el apelante no acreditó que la imposibilidad de
acudir a la jurisdicción se hubiera mantenido entre la reapertura de los despachos
—el 16 de octubre de 2008— y la presentación de la demanda —el 20 de noviembre
del mismo año—. Al recaer en la parte demandante la carga de demostrar la
existencia y continuidad del impedimento, y siendo la suspensión del servicio de
justicia una situación excepcional, la ausencia de prueba sobre su persistencia
impide extender sus efectos más allá del cierre judicial. En consecuencia, el término
de caducidad retomó su curso normal desde la reanudación de actividades.

IV. CONCLUSIONES

En consideración a lo expuesto, la Sala advierte, en primer término, que no resulta
atendible la postura del demandante según la cual la adjudicación inicial y su
revocatoria directa integrarían un acto administrativo complejo sujeto a un régimen
temporal unificado o, en su defecto, al término especial de dos años previsto
exclusivamente para los actos de adjudicación de baldíos. Al punto, la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa ha sido reiterativa al señalar que ambos
actos poseen naturaleza, finalidad y efectos jurídicos distintos, razón por la cual no
conforman un acto complejo ni comparten el régimen temporal de caducidad propio
de la adjudicación. En consecuencia, y dado que ni la Ley 160 de 1994 ni la Ley
1152 de 2007 —esta última declarada inexequible mediante sentencia C-175 de
2009— establecieron un término especial para impugnar los actos de revocatoria
directa, a estos les resulta aplicable la regla general prevista en el artículo 136 del
CCA, esto es, el término de cuatro meses.

En segundo lugar, en la actuación quedó demostrado que la Resolución No. 559 del
7 de abril de 2008 fue notificada mediante edicto fijado el 2 de mayo y desfijado el
16 de mayo de esa anualidad, por lo cual el término de cuatro meses para ejercer
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho corrió entre el 17 de mayo y el
17 de septiembre de 2008. Sin embargo, la parte demandante radicó su demanda
el 20 de noviembre de 2008, cuando ya había expirado el plazo legal previsto en el
artículo 136.2 del CCA. La manifestación incorporada en la denominada “aclaración
adicional”, según la cual la notificación habría sido personal el 22 de mayo o que el
paro judicial justificaba la ampliación del plazo, carece de respaldo probatorio y
desconoce la notificación por edicto debidamente acreditada.

Además, la suspensión derivada del cese de actividades judiciales —de carácter
excepcional y de interpretación restrictiva— solo prorrogó los términos hasta el 15
de octubre de 2008, sin que se acreditara un impedimento adicional que afectara el
acceso a la justicia después de esa fecha. Por lo anteriormente expuesto, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovida en forma extemporánea,

85 Folio 1 al 55 del cuaderno 1

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encontrándose debidamente configurada la caducidad de la acción y, en ese orden,
se confirmará la sentencia de primera instancia.

V. CONDENA EN COSTAS

Teniendo en cuenta que el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998, establece que la imposición de costas procede únicamente
cuando alguna de las partes actúa temerariamente y, dado que en el sub-lite no
se advierte una conducta de tal naturaleza, no habrá lugar a su imposición.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera, Subsección C de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por la
Sala de Decisión Escritural No. 4 del Tribunal Administrativo del Meta, que declaró
probada de oficio la caducidad de la acción, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
GE1

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