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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00079-01

Finalidad de la caducidad de la acción de reparación directa

Fecha
30 de mayo de 2019
Consejero ponente
Carlos Alberto Zambrano Barrera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00079-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA MODIFÍCASE la sentencia del 5 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así: PRIMERO: DECLÁRASE que, en el presente caso, operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00079-01

Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

30 de mayo de 2019

FINALIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad de la acción, que impone a las partes la carga procesal de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley; de no hacerlo en tiempo, se pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho. La caducidad, como fenómeno jurídico procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el objeto del término de caducidad, ver auto de 26 de marzo de 2007 Exp. 33372.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / ACCIÓN DE PERTENENCIA / DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / SENTENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

En otras palabras, la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad. (…) [S]e trata de un caso de error jurisdiccional en el que presuntamente incurrió la Rama Judicial con la expedición de la sentencia por medio de la cual se accedió a las pretensiones de una acción de pertenencia (…) [E]l Consejo de Estado ha sostenido que para asuntos de responsabilidad por error judicial el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que resuelve el respectivo proceso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 50001-23-31-000-2010-00079-01(46786)

Actor: MANUEL ARTURO NIÑO SÁNCHEZ Y OTRA

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 5 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El 15 de marzo de 2010, los señores Manuel Arturo Niño Sánchez y Emperatriz Corredor de Niño, en nombre propio, en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial, por los perjuicios derivados del “indebido funcionamiento de la administración de justicia”, al tramitar ilegalmente un proceso de pertenencia iniciado en su contra, acceder a las pretensiones en él propuestas y ordenar la entrega de un inmueble de su propiedad a favor de la parte actora.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la parte demandada a pagarles una indemnización, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, por $169'178.000 y, por lucro cesante, $30'822.000. Por perjuicios morales, pidieron $100'000.000.

Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes expusieron, en síntesis, que celebraron un contrato de promesa de compraventa de un inmueble de su propiedad con el señor José Trinidad Barreto Bejarano, pero, ante el incumplimiento en el pago por parte de éste, iniciaron un proceso de nulidad y resolución del contrato que fue resuelto favorablemente a sus pretensiones, pues el juez civil ordenó al demandado restituirles el bien; no obstante, el señor Barreto Bejarano suscribió, de forma fraudulenta, una promesa de compraventa con la señora Floralba Chitiva Beltrán, quien, a sabiendas de la existencia de la sentencia dictada a favor de los dueños del inmueble, lo recibió e inició un proceso de pertenencia en contra de éstos.

Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2005, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio declaró la adquisición de dominio por parte de la accionante Floralba Chitiva Beltrán y, en proveído del 9 de marzo de 2007, ordenó la entrega material del predio a favor de ésta, diligencia que se llevó a cabo el 9 de abril de 2008.

A juicio de la acá parte actora, la Rama Judicial le produjo un daño antijurídico que debe ser resarcido, pues aquellas providencias y la diligencia de entrega del inmueble fueron abiertamente contarías al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil (f. 1 a 17, c. 1).

1.2 La contestación de la demanda

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 27 de mayo de 2010, y se notificó en debida forma a la parte demandada (f. 113 y 121, c. 1).

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda pues, a su juicio, ésta carece de sustento fáctico y legal, máxime que el proceso de pertenencia que se adelantó en contra de los acá demandantes se tramitó de conformidad con las normas procesales y sustanciales pertinentes, es decir, las decisiones judiciales proferidas en el marco de ese proceso se dictaron con observancia del debido proceso y, por tanto, no se pudo haber causado un daño y mucho menos de carácter antijurídico, que comprometa la responsabilidad patrimonial de la administración; en este sentido, propuso la excepción de “falta de causa para demandar”, pues consideró que no incurrió en ninguna falla en el servicio (f. 126 a 131, c. 1).

1.3. Alegatos de conclusión en primera instancia

1.3.1. Vencido el período probatorio, el cual fue abierto mediante auto del 11 de julio de 2011, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (f. 134 a 136 y 172 a 173, c.1.).
1.3.2. La Nación – Rama Judicial reiteró que no hay lugar a que se le declare responsable por los perjuicios alegados en la demanda, teniendo en cuenta que la providencia respecto de la cual se alega el error judicial se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y, además, no fue recurrida por la parte acá demandante, requisito necesario para que proceda la responsabilidad de la administración por error jurisdiccional (f. 174 y 175, c. 1).

1.3.3. Los demandantes reiteraron que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio adoptó decisiones judiciales arbitrarias que, por tanto, desconocieron sus derechos patrimoniales y les causaron un daño antijurídico que debe ser resarcido por la Rama Judicial (f. 176 a 193, c. 1).

1.3.4. El Ministerio Público presentó concepto desfavorable a los intereses de la parte actora, pues, como la providencia respecto de la cual se predica el error judicial no fue apelada por quienes resultaron afectados, no pueden ahora perseguir una reparación, en tanto que así lo contempla el artículo 67 la Ley 270 de 1996 (f. 197 a 202, c. 1).

1.4. La sentencia recurrida

En sentencia del 5 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo del Meta encontró que la parte actora no satisfizo los presupuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para alegar la existencia de un error judicial, esto es, no formuló recurso de apelación en contra de la sentencia del 15 de diciembre de 2005 ni recurrió el auto del 9 de marzo de 2007, razón por la cual negó la pretensiones de la demanda. En cuanto a la supuesta falla en la que incurrió la administración durante la diligencia de entrega del inmueble, llevada a cabo el 9 de abril de 2008, el Tribunal guardó silencio (f. 204 a 232, c. ppl.).

1.5. El recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación en el cual solicitó que se revocara la anterior decisión y se accediera a sus pretensiones, con fundamento en lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente. Incluso con errores):

“Con todo respeto esbozo esta tesis cuando afirmo para que se revoque que la sentencia aquí apelada contiene consideraciones erróneas, ello porque el Honorable Tribunal hace consideraciones acomodadas y sutiles, ajenas a la realidad, para decir y considerar que no hubo Defectuoso Funcionamiento de la administración de justicia en el desarrollo y tramite que culminaron con la sentencia judicial del 15 de Diciembre de 2005 y en el auto del 09 de Marzo de 2007 y en la diligencia comisionada llevada a cabo el 09 de Abril de 2008, y bajo una perspicaz sombra de juridicidad en esta sentencia se niegan las pretensiones de mis representadas, endilgando alguna culpa a los demandantes sin profundizar en el verdadero meollo del asunto el cual es el de Reparar los daños causados a los demandantes por la expropiación ilegal ordenada por un funcionario judicial que mal actuó en nombre del Estado pero que sus colegas de la rama judicial encubren sus errores y se tapan todos con la misma cobija para no declarar la responsabilidad patrimonial del Estado frente a estos fenómenos de corrupción judicial.

“Sin temor alguno se me puede decir seguidamente que la Juez Cuarto Civil del Circuito actuó bajo la observancia rigurosa del artículo 230 de la Constitución Nacional cuando ello no es así pues al recibir el reparto la demanda de pertenencia instaurada por FLORALBA CHITIVA BELTRAN debió rechazarse porque tal libelo no reunió los requisitos de ley. Posteriormente la integración del litis consorcio no se llevo a cabo correctamente, las notificaciones por edicto de los demandados fueron ilegales lo mismo que la designación del curador designado para los demandados en pertenencia los conyugues MANUEL ARTURO NIÑO SANCHEZ y EMPERATRIZ CORREDOR DE NIÑO actuó de manera inocua en su nombre. Los demandados tomaron el proceso tardíamente y aunque propusieron nulidades procesales, interpusieron recursos y aportaron pruebas fueron dolosamente desechados por la autoridad judicial siendo también sospechosa la forma como el Tribunal Administrativo del Meta no valoró justicieramente los factores que componen el ERROR JURISDICCIONAL que genera la responsabilidad del estado que aquí se demanda por vía de apelación, e ignoró todo el caudal probatorio recaudado y obrante en el paginario que así lo demuestra.

“La sentencia a apelar es violatoria del mandato contenido en el artículo 792 del código civil en cuanto prescribe que quien recupera legalmente la posesión perdida, se entiende haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. Esto fue lo que ocurrió a los aquí actores cuando recuperaron la posesión en la diligencia de entrega ordenada por el señor Juez Primero Civil Municipal de Villavicencio lo que significa estruendosamente el ERROR JURISDICCIONAL que se le imputa al estado y que esta sentencia no reconoce” (f. 236 a 238, c. ppl.).

1.6. Trámite en segunda instancia

1.6.1. El recurso de apelación se concedió el 15 de marzo de 2013 y se admitió en esta Corporación el 3 de julio del mismo año. El 8 de agosto siguiente, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (f. 241 a 242, 246 y 248 c. ppl.).
1.6.2. En esta oportunidad, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio incurrió en error al resolver el mencionado proceso de pertenencia de forma desfavorable a sus intereses y reconociendo el derecho de propiedad sobre un inmueble a una persona que nunca ejerció posesión sobre éste. Agregó que la decisión del Tribunal de primera instancia trasgredió mandatos legales y constitucionales y se fundó en una indebida apreciación de las pruebas aportadas, pues, de haber realizado un análisis adecuado de las mismas, hubiera evidenciado el error jurisdiccional por el cual se demanda (f. 249 a 278, c. ppl.).

1.6.3. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio (f. 279, c. ppl).

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.2. Cuestión previa

El artículo 357 del C. de P.C. señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”; por consiguiente, la Sala se pronunciará únicamente respecto de lo que se debate en el recurso, esto es, se limitará a determinar si le asiste responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial por la expedición de las providencias del 15 de diciembre de 2005 y del 9 de marzo de 2007, a título de error judicial.

En cambio, la Sala no se pronunciará sobre la presunta falla en la que habría incurrido la Rama Judicial durante la diligencia realizada el 9 de abril de 2008, pues, como ya se dijo, el Tribunal a quo nada dijo en relación con ese punto y la parte demandante no manifestó ninguna inconformidad en el recurso de apelación frente a ese silencio del Tribunal.

2.3. Caducidad de la acción

La Sala evaluará, como primera medida, si la demanda fue presentada dentro del término que la ley prevé para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Para resolver el asunto, se partirá de la falla que se le imputa a la entidad demandada, por el proferimiento de la decisión judicial que resolvió el proceso de pertenencia que se adelantó en contra de los acá demandantes, pues, según se dijo en la demanda, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio “cometió gigantesco error judicial para (sic) proferir la sentencia judicial de 15 de Diciembre (sic) de 2005”, por medio de la cual declaró la prescripción adquisitiva del derecho de propiedad en favor de la allí demandante.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad de la acción, que impone a las partes la carga procesal de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley; de no hacerlo en tiempo, se pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho. La caducidad, como fenómeno jurídico procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.

En criterio de la Corte Constitucional (sentencia C-115 de 1998) el término de caducidad “representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, (sic) dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, (sic) no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

En esa oportunidad, la Corte recordó que la caducidad de la acción tiene fundamento en las cargas procesales y las obligaciones impuestas a los ciudadanos sobre el deber de colaboración con la justicia, como una función pública (art. 228 CP), oportunidad que fenece por la inactividad del titular de ejercer a tiempo su derecho a accionar.

Pues bien, para el momento en que se interpuso la demanda (15 de marzo de 2010) se encontraba vigente el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, conforme al cual (numeral 8), para efectos del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, debe tenerse en cuenta que ésta “… caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En otras palabras, la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad.
En ese contexto, para efectos del cómputo de la caducidad en este asunto, debe tenerse en cuenta la fecha de ejecutoria de la última decisión que puso fin al proceso en el que se debatió sobre el derecho de posesión de la señora Floralba Chitiva Beltrán respecto del inmueble ubicado en la carrera 24 # 26 C – 10 de Villavicencio, pues se entiende que a partir de entonces surgió el interés de reclamar la reparación del daño presuntamente causado.

Pues bien, está probado que la señora Floralba Chitiva Beltrán inició un proceso ordinario, con el objeto de que se declarara en su favor la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble cuya propiedad, según esa demanda, era de los señores Manuel Arturo Niño Sánchez y Emperatriz Corredor de Niño, proceso que fue fallado en primera instancia por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2005, así (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):

“1.- Declarar que la señora FLORALBA CHITIVA BELTRÁN adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el predio urbano ubicado en el barrio 20 de julio en la manzana IJ casa 11 ó carrera 24 # 26C–10, con matrícula inmobiliaria No. 230-2690 de la oficina de registro …

“2. Como consecuencia de lo anterior, inscríbase la sentencia al folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

“3. Cancelase el registro de la demanda.

“4.- Sin costas puesto que no hubo oposición” (f. 159 a 166, c. 2).

La sentencia se notificó por edicto que se fijó el jueves 12 de enero de 2006 (f. 167, c. 2), por el término de tres días hábiles, esto es, hasta el 16 de enero siguiente; en consecuencia, a la luz del artículo 352 del C. de P. C., la oportunidad para interponer el recurso de apelación en contra de esa decisión feneció el 19 de los mismos mes y año, sin que se presentara recurso alguno, aunque sí se presentó uno después, es decir, el 23 de enero de 2006, el cual fue rechazado por extemporáneo (auto del 3 de febrero de 2006); en consecuencia, aquélla (la sentencia) quedó ejecutoriada el 19 de enero de 2006 (f. 171, c. 2).

Como se trata de un caso de error jurisdiccional en el que presuntamente incurrió la Rama Judicial con la expedición de la sentencia por medio de la cual se accedió a las pretensiones de una acción de pertenencia y teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha sostenido que para asuntos de responsabilidad por error judicial el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que resuelve el respectivo proceso, la contabilización del mismo, para este caso, inició el 20 de enero de 2006 -pues el día anterior quedó ejecutoriada la sentencia que resolvió dicha acción- y feneció el 20 de enero de 2008.

Así las cosas, como la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 28 de julio de 2009 (f. 93, c. 1) y la demanda se formuló el 15 de marzo de 2010, es claro por completo que, para esas fechas, ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Lo mismo sucede en cuanto al error judicial que se alega respecto del auto proferido el viernes 9 de marzo de 2007, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio comisionó a un Inspector de Policía para llevar a cabo la diligencia de entrega del mencionado inmueble a favor de la señora Floralba Chitiva Beltrán, pues, como no se halla en el expediente constancia alguna de su notificación a las partes, la Sala entiende que ésta se llevó a cabo el día hábil siguiente a su expedición, esto es, el lunes 12 de marzo de 2007 y, por tanto, el término de tres días a que se refiere el artículo 348 del C. de P. C., para interponer el recurso de reposición, corrió entre el 13 y el 15 de los mismos mes y año. Como las partes guardaron silencio, dicha providencia quedó ejecutoriada este último día y, por consiguiente, la oportunidad para ejercer la acción de reparación directa empezó a correr a partir del día siguiente (16 de marzo de 2007) y terminó el 16 de marzo de 2009.

En consecuencia, también en relación con este otro, cuando se solicitó la conciliación prejudicial (28 de julio de 2009) y se presentó la demanda (15 de marzo de 2010), la oportunidad a que se refiere el artículo 136 del C.C.A. había caducado.

De conformidad con lo dicho, la Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de declarar que operó la caducidad de la acción.

III. DECISISÓN SOBRE COSTAS

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia del 5 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE que, en el presente caso, operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Expediente 2008 00009.
F. 2, c. 1.
Entre otros, auto de 26 de marzo de 2007 (expediente 33372).
F. 14 a 17, c. 2.

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