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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00108-01

Adjudicación de baldíos: distinción entre el procedimiento de adjudicación de

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00108-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en la segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00108-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)

Demandante: CARLOS ANDRÉS VEGA ORTIZ

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS – Distinción entre el procedimiento de adjudicación de
baldíos y el procedimiento de revocatoria del acto de adjudicación – Aplicación de la regla
general sobre la oportunidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la
sentencia del 4 de octubre de 2018, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Meta declaró la caducidad de la acción.

I.- A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2008 (fls. 2 a 54 c. ppal.), por
conducto de apoderado judicial (fl. 1 c. ppal.), el señor Carlos Andrés Vega Ortiz
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, a efectos de que se hagan las
siguientes declaraciones:

PRIMERA.- Declarar nulos el auto y la Resolución fechados abril 23 de 2007 por
medio de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria Directa y la Resolución
548 del día siete (07) del mes de abril del año dos mil ocho (2.008) expedidas
por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -INCODER-,
mediante el cual se declaró la REVOCATORIA DIRECTA de la RESOLUCIÓN
DE ADJUDICACIÓN Nro. 984 del 17 de noviembre de 2.006, por medio de la
cual se concedió la adjudicación del predio denominado EL REMANSO a mi
poderdante señor CARLOS ANDRÉS VEGA ORTÍZ.

SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como
consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL -INCODER-, a dejar incólume la Resolución de
Adjudicación Nro. 984 del 17 de noviembre de 2.006, y en iguales condiciones
de propietaria del predio EL REMANSO, a la adjudicataria que lo poseía al
momento de la iniciación del trámite de la revocación directa.

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el fin de
cancelar cualquier disposición tendiente a revocar la inscripción de adjudicación
concedida al señor CARLOS ANDRÉS VEGA ORTÍZ sobre el predio
denominado EL REMANSO y que figura con el número de matrícula inmobiliaria
540-0004945.

CUARTA.- Que se condene en costas del proceso a la entidad demandada.

QUINTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
establecido en el artículo 176 del CCA.

SEXTA.- Que se conceda previo a la admisión de la presente demanda, la
medida provisoria de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de
la Resolución Nro. 548 de abril 7 de 2008, hasta tanto se resuelva de fondo el
trámite del presente proceso, la cual se ha solicitado en escrito separado.

SÉPTIMA.- Las demás condenas que se estime necesarias a efectos de declarar
la nulidad y restablecer el derecho de mi poderdante señor CARLOS ANDRÉS
VEGA ORTÍZ.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, se narró que, en el 2001, el señor
Carlos Andrés Vega Ortiz adquirió por compraventa una posesión de mejoras del
predio denominado El Remanso, localizado en el corregimiento Nueva Antioquia,
municipio de La Primavera, Vichada.

El 15 de mayo de 2006, el señor Vega Ortiz solicitó ante el INCODER la adjudicación
del referido bien, al considerar que era baldío. Luego de agotarse el procedimiento
administrativo correspondiente, mediante la resolución 984 del 17 de noviembre de
2006, dicha entidad le adjudicó el inmueble identificado con folio de matrícula No.
540-0004945.

En el número 1303 de la Revista Semana -23 de abril de 2007- se publicó un artículo
llamado “El Tierrero del Senador”, en el que se sugirió que hubo irregularidades en
la adjudicación de bienes baldíos en el departamento del Vichada. Por su parte, el
Ministerio Público efectuó unos hallazgos que también apuntaban a la existencia de
tales irregularidades y los puso en conocimiento del INCODER.

A raíz de esa situación, la autoridad agraria inició un procedimiento administrativo
que derivó en la expedición de la resolución 548 del 7 de abril de 2008, mediante la
cual se revocó la decisión de adjudicar el predio El Remanso al señor Carlos Andrés
Vega Ortiz, adoptada en la resolución 984 del 17 de noviembre de 2006.

De acuerdo con la demanda, dicha decisión se adoptó sin permitir un ejercicio
adecuado y técnico del derecho de defensa por parte del señor Vega Ortiz; no se
brindó oportunidad para la práctica de pruebas. Además, pese a que la decisión de
revocatoria fue expedida en abril de 2008, en julio de ese año se seguían efectuando
inspecciones oculares y actuaciones que en realidad debieron hacerse antes de
proferir la decisión definitiva.
2

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Una lectura integral de la demanda, permite comprender que el señor Carlos Andrés
Vega Ortiz considera que la resolución 548 del 7 de abril de 2008 fue expedida con
falsa motivación y con infracción de las normas en que debía fundarse.

Para el efecto, señaló que el acto de adjudicación de baldíos se revocó sin contar
con la anuencia del particular y sin demostrar que la decisión se obtuvo por medios
ilegales, con lo cual se inobservó lo previsto en el artículo 73 del CCA.

Además, precisó que el señor Vega Ortiz ejerce actos de señorío sobre el bien en
cuestión, desde que lo adquirió por compraventa y que las terceras personas
encontradas en el inmueble en las visitas de inspección ocular son trabajadores
contratados por el propietario.

Además, se adujo que la actuación de la administración transgredió el derecho
fundamental al debido proceso, en la medida en que se cometieron yerros
procedimentales que impidieron un adecuado ejercicio del derecho de defensa del
ahora demandante -los funcionarios designados no eran idóneos, las pruebas
practicadas no habían sido decretadas, no asistió el procurador agrario y no se
decretaron las pruebas pedidas por la parte-.

2. El trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pero enviada por competencia al Consejo de Estado. Sin embargo, esta
Corporación también la remitió por competencia al Tribunal Administrativo del Meta,
quien, el 17 de septiembre de 2010, dictó auto admisorio de la demanda (fl. 159 c.
ppal.).

2.2. El INCODER se opuso a las pretensiones, al estimar que, para adoptar la
decisión cuestionada, se dio estricta aplicación al procedimiento de revocatoria del
acto administrativo de adjudicación de baldíos consagrado en el Decreto 2664 de
1994, vigente para la época.

Además, la decisión de revocar la adjudicación del bien baldío estaba justificada en
el hecho de que el señor Carlos Andrés Vega Ortiz no estaba realizando la
explotación del bien por sí mismo, sino que lo estaban haciendo terceras personas,
con lo cual se incumplieron las condiciones previstas en el artículo 65 de la Ley 160
de 1994, sobre la adjudicación de los bienes baldíos y su conservación en cabeza
del adjudicatario.

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Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Finalmente, se adujo que sí se respetó el debido proceso, en tanto la actuación
administrativa se ciñó a lo previsto en el Decreto 2664 de 1994 y se efectuó
pronunciamiento sobre todas las solicitudes y consideraciones expresadas por el
señor Vega Ortiz en el transcurso del procedimiento de revocatoria del acto de
adjudicación de baldíos (fl. 178 c. ppal.).

2.3. Mediante auto del 28 de febrero de 2014 se vinculó a la señora Rocío
Navascues Dangond en calidad de tercera interesada (fl. 237 c. ppal.), por cuanto
en la resolución 548 de 2008 también figuraba como adjudicataria del predio objeto
de litigio.

En su intervención, la señora Navascues Dangond solicitó que se accediera a las
pretensiones, por cuanto la decisión se basó en pruebas recaudadas
irregularmente, pues hubo yerros en la práctica de las inspecciones oculares.
Además, señaló que el hecho de que los adjudicatarios no residieran en el inmueble
no impedía que pudieran efectuar su explotación a través de terceras personas.

2.4. En providencia del 2 de septiembre de 2016 se abrió a pruebas el proceso (fl.
786 c. ppal.). Al concluirse esta etapa, mediante auto del 8 de mayo de 2018, se
corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 798 c. ppal.).

2.5. El demandante y el INCODER reiteraron las consideraciones fácticas y jurídicas
expresadas previamente. A su vez, el Ministerio Público rindió concepto en el que
solicitó que se declarara la caducidad de la acción.

4. El fallo de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta
declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Para
el efecto, explicó que el término para presentar la demanda corrió en meses y que
cuando esa oportunidad fenece en un día en el que hay cese de actividades por
paro judicial, la demanda debe presentarse al día hábil siguiente. Esto se explicó en
los siguientes términos (fl. 882 vto. c. ppal.):

Así las cosas, en principio la parte actora tenía como plazo máximo para radicar
la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el 17 de
septiembre del 2008, sin embargo, como quiera que la demanda se radicó por
primera vez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de noviembre
del 2008 resulta evidente que se presentó el fenómeno estudiado, toda vez que
fue instaurada por fuera de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del
acto demandado, por medio del cual se revocó la adjudicación del predio
denominado "El Remanso", de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., en
ese orden de ideas, está Corporación declarará de oficio la excepción de
caducidad de la acción y en consecuencia se negarán las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en precedencia (…).

4

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

En ese entendido, se logran deducir dos circunstancias: i) que el término de
caducidad finalice dentro del lapso durante el cual se está desarrollando un cese
de actividades y ii) que el término de caducidad termine posteriormente al paro
judicial; en el sub examine se avizora que si el acto se desfijó el 16 de mayo del
2008 comenzó a contarse el término a partir del día siguiente, por lo que los
cuatro meses de caducidad fenecían el 17 de septiembre del 2008, fecha en que
se estaba llevando a cabo un paro judicial, sin embargo, como se expuso en
precedencia, el Consejo de Estado ha manifestado que en ese caso existe es
una extensión del término de caducidad, no la suspensión del mismo, por lo que
la parte accionante tenía que haber radicado la demanda el 16 de octubre del
2008 (jueves) -día de la reanudación de labores en la Rama Judicial-, no
obstante, se reitera que decidió radicarla hasta el 20 de noviembre del 2008,
fecha en que ya se encontraba caducada la acción.

5. El recurso de apelación y su trámite

5.1. En el escrito de apelación, el demandante formuló dos reparos sobre la forma
cómo se efectuó el cómputo de la caducidad.

El primero de ellos lo denominó aplicación indebida de la caducidad y en virtud de
él adujo que al presente asunto no le es aplicable la regla de caducidad de los 4
meses consagrada en el artículo 136 # 2 del CCA, sino la de 2 años prescrita en el
numeral 4 de ese artículo. Esto, por cuanto no existe una regla expresa que regule
la oportunidad para demandar el acto de revocatoria directa y porque en el presente
caso lo que se está debatiendo es el cumplimiento de los requisitos para hacerse
adjudicatario de un bien baldío, mas no los supuestos que configuran la revocatoria
del acto de adjudicación. Esto se adujo en los siguientes términos (fl. 892 c. ppal.):

Obra en el expediente y lo hemos resaltado en este escrito de apelación, que el
objeto o debate de este proceso, se circunscribe al acto de adjudicación, es
decir, mi poderdante con este medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, ha pretendido demostrar el efectivo cumplimiento de los requisitos de
la ley 160 de 1994, como la ocupación y explotación de manera continua e
ininterrumpida, y a su vez el INCODER, como entidad demandada, ha
argumentado la ausencia o falta de cumplimiento en los requisitos para la
adjudicación.

La Litis planteada, se centra en un acto administrativo de adjudicación, esto es
la resolución 984 de 17 de noviembre de 2006, por medio de la cual se adjudicó
al señor CARLOS ANDRÉS VEGA ORTIZ, un terreno baldío denominado EL
REMANSO, en el efectivo cumplimiento o no de los requisitos de la ley 160 de
1994 frente a una resolución 548 de 2008, que ordenó revocar la resolución de
adjudicación. Es palpable entonces, que el objeto y la finalidad de esta acción
de nulidad y restablecimiento del derecho se limitan a la ADJUDICACIÓN de un
baldío y al cumplimiento de los requisitos en cuanto a la adjudicación, valga la
redundancia (…).

Teniendo en cuenta el vacío normativo por ausencia de remisión expresa, en
calidad de apelantes consideramos que debe realizarse un estudio más
detallado al momento de aplicar una caducidad; es claro que la Litis a desatar
es referente a la adjudicación de un terreno baldío denominado EL REMANSO,
pues el objeto de la misma recae en el cumplimiento o no de los requisitos de
ocupación, explotación, entre otros de la ley 160 de 1994 y del acto
administrativo que ordenó revocar la adjudicación, por tanto y en aplicación de
la teoría de los móviles y de las finalidades establecidas en su momento por el
Honorable Consejo de Estado, debe aplicarse para el caso en concreto una

5

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

caducidad de 2 años prevista en el numeral 4 del artículo 136 del Decreto 01 de
1984.

El segundo reparo lo denominó inaplicabilidad de la extensión de términos. Al
respecto señaló que, en aplicación de lo señalado por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1165 de 2003, SU-498 de 2016 y SU-360 de 1999, la extensión del
plazo para demandar opera cuando exista una situación previsible, más no cuando
se trata de una situación imprevisible, como es el caso del paro de actividades. La
actuación así desplegada por la administración de justicia implica desconocer el
principio de confianza legítima precisado en esos fallos de la Corte, pues nunca fue
avisado al público el cierre de los despachos y su reapertura.

Como en el recurso se sostiene que en el presente asunto no opera la caducidad
de la acción, se solicita la protección de los derechos fundamentales del
demandante y que, en consecuencia, se adopte una decisión de fondo que acceda
a las pretensiones.

5.2. El recurso así interpuesto fue concedido mediante auto del 27 de noviembre de
2018 (fl. 922 c. ppal.). El expediente fue inicialmente radicado en la Sección Primera
de esta Corporación, pero en auto del 17 de julio de 2019 se envió a la Sección
Tercera (fl. 944 c. ppal.)1. Finalmente, el auto admisorio de la apelación se profirió
el 7 de febrero de 2020 (fl. 974 c. ppal.).

5.3. En auto del 6 de marzo de 2020 se corrió traslado para alegar de conclusión (fl.
1070 c. ppal.). En esa oportunidad el demandante retomó los argumentos
expresados en la demanda para solicitar que se anule la resolución 548 de 2008,
mediante la cual se revocó la adjudicación de un bien baldío adoptada en la
resolución 984 de 2006. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES
1. Competencia

El artículo 128 ibidem prevé que, en materia agraria, el Consejo de Estado puede
conocer en única instancia de los procesos que allí se encuentran enlistados de
manera taxativa, así:

Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los
siguientes procesos privativamente y en única instancia:
(…)
8. De las acciones de nulidad con restablecimiento, contra los actos
administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,

1
Decisión confirmada en el auto del 7 de noviembre de 2019 (fl. 964 c. ppal.).
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Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Incora, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio;
clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario,
o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre
clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.
10. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del
dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier
naturaleza.
11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley (…).

Como se observa, entre esos procesos no se encuentra aquél en el que se pretende
la anulación de un acto de revocatoria de adjudicación de baldíos. De este modo,
para determinar la competencia en esos casos deben aplicarse las reglas generales
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2, pues con el acto de
revocatoria de adjudicación de baldíos no inicia, ni culmina, el procedimiento de
recuperación de baldíos.

Ese razonamiento se empleó precisamente en este mismo caso, cuando en su
momento fue remitido a esta Corporación para su conocimiento en única instancia,
pero fue enviado por esta Sección al Tribunal Administrativo del Meta mediante
proveído del 3 de marzo de 2010 -exp. 37157-, bajo las siguientes consideraciones
(fl. 150 c. ppal.):

Así las cosas, se concluye que la revocatoria directa de la adjudicación de un
baldío no inicia el trámite del procedimiento de recuperación de baldíos, sino que
constituye una causal prevista en el artículo 38 del Decreto Reglamentario 230
de 2008, para considerar que el terreno inicialmente adjudicado tiene la
condición de baldío indebidamente ocupado (…).

De lo anterior se colige que una vez el INCORA O INCODER revoca de manera
directa un acto de adjudicación de baldíos, puede inmediatamente iniciar el
procedimiento de recuperación de baldíos, de conformidad con el artículo 39 del
Decreto Reglamentario 230 de 2008 (…).

Por lo anterior, la Sala advierte que el Consejo de Estado carece de competencia
para conocer de este asunto en única instancia, toda vez que el acto que revoca
de manera directa la adjudicación de un baldío no inicia ni culmina las diligencias
administrativas de extinción de dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y
recuperación de baldíos previstas en los numerales 8, 9 y 11 del artículo 128 del
C.C.A.

De este modo, la competencia para conocer del presente asunto está determinada
por el artículo 129 del CCA, que establece que el Consejo de Estado conoce en
segunda instancia “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación”.

2
Así se ha sostenido, por ejemplo, en la providencia del 29 de abril de 2010, exp. 37152 (M.P.
Mauricio Fajardo Gómez).
7

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Aunado a lo anterior, el artículo 13 numerales 1 y 2 del Acuerdo 55 de 20033,
mediante el cual se estableció el reglamento interno del Consejo de Estado, radicó
en cabeza de la Sección Tercera el conocimiento de las demandas que se adelanten
en ejercicio de la acción de nulidad y nulidad con restablecimiento del derecho,
relativa a asuntos agrarios.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Dado que en la decisión de primer grado se declaró la caducidad de la acción, debe
la Sala pronunciarse sobre este aspecto del litigio, con base en los dos reparos
formulados por el apelante.

De acuerdo con el primero de esos reparos, el a quo erró al aplicar la regla de
caducidad de cuatro meses prevista en el artículo 136 # 2 del CCA para la nulidad
y restablecimiento del derecho. Al respecto, se adujo que el presente litigio “se
centra en un acto administrativo de adjudicación, esto es la resolución 984 de 17 de
noviembre de 2006, por medio de la cual se adjudicó al señor CARLOS ANDRÉS
VEGA ORTIZ, un terreno baldío denominado EL REMANSO, en el efectivo
cumplimiento o no de los requisitos de la ley 160 de 1994 frente a una resolución
548 de 2008, que ordenó revocar la resolución de adjudicación”. En tal sentido,
debió aplicarse la regla de dos años prevista en el numeral 4 ibidem, para la nulidad
y restablecimiento del derecho de los actos de adjudicación de baldíos.

Para resolver este cargo, la Sala constata que, en efecto, el artículo 136 # 4 del
CCA establece que “sin perjuicio de lo dispuesto en la ley agraria, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de
baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora,
caducará en dos (2) años”.

Sin embargo, la resolución 548 del 7 de abril de 2007 -cuya nulidad se pretende-,
no es un acto de adjudicación, sino todo lo contrario, un acto mediante el cual se
revoca un acto de adjudicación de baldíos proferido previamente en un
procedimiento administrativo autónomo y ya concluido.

En materia agraria, existen varios procedimientos sobre bienes baldíos. En lo que
interesa a este caso, se aclaran dos: el procedimiento de adjudicación y el
procedimiento de revocatoria de actos de adjudicación de baldíos. Cada uno de
estos procedimientos es autónomo y concluye con actos administrativos diferentes.

3
Vigente para la época en que se radicó la demanda.
8

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

El procedimiento administrativo de adjudicación tiene por objeto permitir y garantizar
de manera efectiva el acceso a la propiedad de la tierra a favor de las personas que
ocupan y explotan un predio por un período de tiempo determinado. Este
procedimiento culmina con acto administrativo mediante el cual se adjudica el predio
a las personas que cumplan con los requisitos que, para la obtención de ese
derecho, consagra la ley.

En aplicación de ese procedimiento se expidió la resolución 984 del 17 de
noviembre de 2006, mediante la cual el INCORA le adjudicó al señor Carlos Andrés
Vega Ortiz el predio denominado El Remanso. Esa resolución fue el acto definitivo
con el que concluyó el procedimiento de adjudicación de baldíos y frente a ella es
que procede la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los dos años
señalados por el artículo 136 # 4 del CCA.

Por su parte, el procedimiento de revocatoria directa del acto de adjudicación de
baldíos tiene por objeto dejar sin efectos, en sede administrativa, la decisión de
adjudicar un bien baldío. Las exigencias y contenido de este procedimiento han
variado en el tiempo4, pero en lo que respecta a este caso, debe darse aplicación a
lo previsto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y su reglamentario artículo 39 del
Decreto 2664 de 1994, que establecieron la procedencia de la revocatoria directa
del acto de adjudicación, sin consentimiento expreso y escrito del particular, siempre
que el acto revocado hubiera sido expedido con posterioridad a la vigencia de la Ley
30 de 1988. De acuerdo con esas normas, aunque no se exija la anuencia del
particular, el procedimiento para la expedición del acto de revocatoria debe observar
las prescripciones generales del Código de lo Contencioso Administrativo5.

De este modo, como la resolución 548 del 7 de abril de 2007 corresponde a un acto
de revocatoria -y no a un acto de adjudicación de baldíos- que se expidió a partir de
la aplicación de un procedimiento administrativo diferente al que concluyó con la
expedición de la resolución 984 del 17 de noviembre de 2006 -acto revocado-, se
entiende que la regla de caducidad prevista en el artículo 136 # 4 del CCA no es
aplicable al caso concreto y, en consecuencia, se desestima el primer cargo de la
impugnación.

El segundo reparo alude a la inaplicabilidad de la extensión de términos. De acuerdo
con este fundamento de la apelación, a partir de lo establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias T-1165 de 2003, SU-498 de 2016 y SU-360 de

4
En sentencia del 29 de septiembre de 2023 esta subsección hizo un análisis detallado del régimen
jurídico de la revocatoria directa de los actos administrativos de adjudicación de baldíos, exp. 49298
(M.P. María Adriana Marín).
5
Ibidem.
9

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

1999, la extensión del plazo para demandar opera cuando exista una situación
previsible, más no cuando se trate de una situación imprevisible. De este modo,
como el paro judicial era imprevisible, la regla sobre extensión de término aplicada
por el Tribunal Administrativo del Meta es contraria a derecho.

Para resolver este aspecto de la impugnación, basta con precisar que ninguna de
las providencias invocadas por el apelante establece una regla de derecho según la
cual el término de caducidad que venza mientras hay un paro judicial debe
suspenderse hasta tanto se culmine el cese de actividades, para que luego esos
días que duró el paro se sumen al término inicialmente previsto para demandar.

En efecto, en la sentencia SU-360 de 1999 se discutieron los derechos de los
vendedores estacionarios y ambulantes de Bogotá D.C., en relación con las
medidas adoptadas por la administración distrital para preservar el espacio público.
Es decir, no se discutió nada sobre términos judiciales.

Por su parte, en la sentencia T-1165 de 2003 se discutió la ejecutoria de una
decisión proferida por un despacho judicial que permaneció abierto durante los días
en que hubo cese de actividades por protesta. Ese caso no ofrece un patrón fáctico
semejante al asunto que ahora se resuelve, de manera que las reglas decisionales
adoptadas en ese fallo no pueden ser aplicadas al presente asunto en la forma y
para los efectos aducidos por el apelante.

En la sentencia SU-498 de 2016 sí se analizó un caso semejante, pero la regla de
derecho aplicada es exactamente contraria a la pretendida por el señor Vega Ortiz.

En esa decisión, la Corte resolvió la acción de tutela presentada por una sociedad
a la que le impusieron una sanción tributaria mediante acto administrativo. La
oportunidad para demandar en nulidad y restablecimiento del derecho corría entre
el 13 de julio de 2012 y el 14 de noviembre siguiente. Sin embargo, un amplio sector
de la Rama Judicial adelantó una jornada de protesta que implicó el cese de
actividades entre el 11 de octubre de 2012 y el 9 de diciembre del mismo año. Las
actividades se reanudaron el 10 de diciembre, pero la demanda fue radicada el 12
de diciembre de 2012.

En las decisiones ordinarias se declaró la caducidad del medio de control de
caducidad y en el fallo de tutela de segunda instancia se avaló esa decisión.

En esa sentencia, la Corte identificó varias líneas argumentales establecidas por la
sociedad accionante, una de las cuales coincide con los planteamientos expresados
en el cargo de apelación que ahora se analiza. En ese aspecto de la decisión -al
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Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

igual que con las demás líneas argumentales-, la Corte Constitucional estableció
que la decisión de declarar la caducidad se encuentra ajustada a derecho, bajo las
siguientes consideraciones:

En consecuencia, la Corte comprueba que la contabilización de los términos que
sustentó la caducidad: (i) se fundó en disposiciones procesales pertinentes; (ii)
no impuso una carga desproporcionada para la accionante, quien contó con el
término previsto por el Legislador para la formulación del medio de control y (iii)
tampoco fue sorpresiva, en la medida en que, como se vio, el órgano de cierre
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa había aplicado esas reglas
previamente en casos análogos.

En efecto, considerados los antecedentes sobre la aplicación de las reglas de
contabilización de términos y la carga procesal que generan cuando el
vencimiento ocurre en día inhábil, esto es, cuando por cualquier motivo esté
cerrado el despacho, la reiteración de la regla en el presente caso no comporta
el defecto sustantivo que refirió la accionante.

De otra parte, los argumentos del actor, de acuerdo con los cuales las normas
en las que los jueces sustentaron su decisión son inaplicables porque atienden
a la prestación continua del servicio de administración de justicia y consideran el
plazo sólo para efectos de la preparación de la acción, ignoran que el término de
caducidad es de orden público, resguarda el interés general y la seguridad
jurídica. En consecuencia, tal como lo indicó el ad-quem, la regla de extensión
del plazo concilia los intereses que concurren en torno a la caducidad de la
acción.

Ahora bien, la imprevisibilidad del día en el que se reanudan las actividades
judiciales aludida por la actora no es un argumento que, en su caso, sirva para
confrontar los autos que declararon la caducidad, ya que desde la formulación
del recurso de apelación reconoció que no presentó la demanda el primer día
hábil por la congestión de las oficinas judiciales y no por la falta de certeza sobre
la reanudación de las actividades judiciales.

La solución del caso ofrecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-498 de
2016 tuvo como punto de partida la aplicación de lo previsto en el artículo 121 del
Código de Procedimiento Civil que establece que“los términos de meses y años se
contarán conforme a calendario”, así como lo prescrito por el artículo 62 de la Ley 4
de 1913 que contiene esa misma regla de conteo de términos y establece que si el
último día es feriado o vacante, el plazo se extiende hasta el primer día hábil
siguiente.

Así las cosas, como las sentencias SU-360 de 1999 y T-1165 de 2003 no comparten
patrones fácticos con el caso que ahora se resuelve y la sentencia SU-498 de 2016
avala la postura del a quo sobre la oportunidad para ejercer el derecho de acción
cuando el término inicialmente previsto fenece cuando hay cese de actividades
judiciales por protesta, se entiende que el segundo reparo tampoco se abre paso y,
en consecuencia, se confirmará la decisión impugnada.

5. Costas

Como en el presente asunto no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el
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Radicación: 05001-23-31-000-2010-00108-01 (65487)
Actor: Carlos Andrés Vega Ortiz
Demandado: ANT
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo expresado en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en la segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

VF

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