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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2010-00123-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2010-00123-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2010-00123-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN: 50001-23-31-000-2010-00123-01
DEMANDANTE: GILDARDO CAGUA CASTELLANOS
DEMANDADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-
INCODER- HOY AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
TERCERA INTERESADA: MARÍA LUDIVIA MURILLO ÁNGEL
TEMA: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO DEL ACTO DE REVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS-
CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD POR CESE DE ACTIVIDADES OCASIONADO
POR EL PARO JUDICIAL- SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA - REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el señor
Gildardo Cagua Castellanos, parte demandante, contra la sentencia de 27 de
septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de
la cual declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1 Las pretensiones de la demanda

1. El día 20 de noviembre de 20081, el señor Gildardo Cagua Castellanos, por
conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, en adelante CCA, instauró demanda contra el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural -Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras2) con miras a que se
efectúen las siguientes declaraciones y condenas:

“Declarar nulas el auto y la Resolución fechados abril 23 de 2007, por
medio de los cuales se inició el Trámite de la Revocatoria Directa y la
Resolución 564 del siete (07) del mes de abril del año de dos mil ocho
(2008) expedidas por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL- INCODER, mediante el cual se declaró la REVOCATORIA
DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro. 933 del 30 de

1 Según sello de recibido del Tribunal visible a folio 53, reverso del Cuaderno 1.
2
A través de auto de 14 de julio de 2017 se admitió a la Agencia Nacional de Tierras como sucesora procesal del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, extinto (Folio 334 del Cuaderno 2).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

octubre de 2006, por medio de la cual se concedió la adjudicación del
predio denominado POSONES a mi poderdante señor GILDARDO
CAGUA CASTELLANOS.

SEGUNDA: Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como
consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL – INCODER, a dejar incólume la Resolución de
Adjudicación Nro. 933 del 30 de octubre de 2006, y en iguales condiciones
de propietaria del predio POSONES, a la adjudicataria que lo poseía al
momento de la iniciación del trámite de la revocatoria directa.

TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada a oficiar a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el
fin de cancelar cualquier disposición tendiente a revocar la inscripción de
adjudicación concedida al señor GILDARDO CAGUA CASTELLANOS
sobre el predio POSONES y que no figura con número de matrícula
inmobiliaria por cuanto no se hizo inscripción en el Registro.

CUARTA.- Que se condene en costas del proceso a la entidad
demandada.

QUINTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido en el artículo 176 del CCA.

SEXTA.- Que se conceda previo a la admisión de la presente demanda,
la medida provisoria de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos
jurídicos de la Resolución Nro. 564 de abril 7 de 2008, hasta tanto se
resuelva de fondo el trámite del presente proceso, la cual se ha solicitado
en escrito separado.

SÉPTIMA.- Las demás condenas que se estime necesarias a efectos de
declarara (sic) la nulidad y restablecer el derecho de mi poderdante señor
GILDARDO CAGUA CASTELLANOS”.

I.1.2. Los hechos

2. Como principales hechos relevantes el apoderado judicial del actor relató que:

2.1. El señor Gildardo Cagua Castellanos adquirió mediante compraventa del año
2001, del señor Rolando Esteban Peláez Cruz una posesión de mejoras de un
predio denominado “Los Posones” ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia,
municipio de La Primavera, departamento del Vichada.

2.2. El día 15 de mayo de 2006, el accionante solicitó al Grupo Integral con énfasis
en Pesca Vichada del Incoder la adjudicación del terreno baldío denominado “Los
Posones”, trámite administrativo que se inició con el Auto de Aceptación No.1132
de 4 de agosto de 2006 de la Oficina de Enlace Territorial núm. 9 del Incoder.

2.3. Agotado el procedimiento respectivo, el Incoder expidió la Resolución No. 0933
de 30 de octubre de 2006, por medio de la cual le adjudicó al señor Gildardo Cagua
Castellanos el inmueble denominado “Los Posones” ubicado en el corregimiento de
Nueva Antioquia, municipio de La Primavera, departamento del Vichada. Agregó

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Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

que el anterior acto administrativo fue aclarado mediante la Resolución No. 21 de 9
de febrero de 2007, en el sentido de adjudicar el terreno a favor de los señores
Gildardo Cagua Castellanos y María Ludivia Murillo Ángel.

2.4. Según lo narrado por el actor, la adjudicación se realizó previa verificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 160 de 1994, el Decreto 2664 de
1994 y el Decreto 1300 de 2003.

2.5. Como resultado de una divulgación de la revista “SEMANA” en su edición 1303,
con el título “El Tierrero del Senador”, publicación que hizo referencia a unas
adjudicaciones realizadas en el departamento del Vichada en el año 2006 a
personas cercanas al congresista Habib Merheg, el Incoder inició el proceso de
revocatoria directa de la adjudicación de varios predios, mediante Resolución 860
de 2007, dentro de los cuales se encontraba comprendido el predio “Los Posones”.

2.6. En el curso de ese procedimiento, el Incoder suspendió los trámites de titulación
de los terrenos baldíos en el departamento de Vichada, hasta tanto se definieran las
zonas de terreno que conformaría la zona de desarrollo empresarial. Después,
mediante la Resolución 871 del 23 de abril de 2007, se extendió la suspensión de
los trámites de titulación de terrenos baldíos respecto de las solicitudes presentadas
por personas de derecho público y personas desplazadas o encontradas en zona
de expulsión.

2.7. Según los hechos descritos, a través de auto de 23 de abril de 2007, el Incoder
ordenó iniciar el trámite de revocatoria directa de la Resolución 933 de 30 de octubre
de 2006, por considerar que los adjudicatarios no cumplían con los requisitos
legales previstos en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994, esto es, porque
el adjudicatario no cumplió con el término mínimo de cinco (5) años de ocupación y
explotación del predio y, además, el fundo no se estaba explotando en las
proporciones exigidas por las normas.

2.8. Anotó que el 6 de julio de 2007 presentó una solicitud para que se decretara la
nulidad de lo actuado alegando la ausencia de garantías del debido proceso y del
derecho de defensa, que se resolvió por auto del 10 de julio de 2007, decisión que
no fue notificada.

2.9. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder expidió la Resolución No.
564 de 7 de abril de 2008 “Por la cual se revocan las Resoluciones 933 del 30 de
octubre de 2006 y 0021 del 9 de febrero de 2007 que adjudicó un terreno baldío y
aclaró la misma, respectivamente, expedidas por la OET No. 9”.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

3. Las normas que se invocan como transgredidas son: los artículos 13, 16, 21, 22,
23, 25 y 29 de la Constitución Política; los artículos 72 (incisos 6° y 7°) de la Ley

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160 de 19943; el artículo 39 del Decreto 2664 de 19944; los artículos 69, 73 y 74 del
Código Contencioso Administrativo; la Ley 1152 de 20075; el Decreto Ley 1300 de
20036 y el Decreto 230 de 20087.

4. Detalló que son dos las hipótesis en las cuales resulta admisible la revocatoria
directa del acto administrativo de carácter particular sin obtener el consentimiento
expreso y escrito del titular del derecho. La primera, cuando el acto ha sido el
resultado del silencio administrativo positivo, si se dan las causales del artículo 69
del CCA. La segunda, cuando el acto se origina por medios ilegales.

5. Precisó que el acto administrativo que se origina por medios ilegales es el acto
ilícito “[…] en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por
violencia, por error o por dolo, no el acto inconstitucional e ilegal de que trata el
artículo 69 del CCA., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de
voluntad de la administración pugna contra la Constitución o la ley”.

6. Agregó que la ocurrencia de los medios ilegales debe estar debidamente probada
y, por estos precisos motivos, no puede ser el resultado de una simple sospecha.
Por ello, la administración debe dejar constancia expresa de los elementos de juicio
que llevaron a adoptar esa determinación, para que el particular afectado pueda
ejercer su derecho de defensa y de contradicción.

7. Expuso que el procedimiento inicial de adjudicación de baldíos se adelantó según
las normas aplicables, esto es, las previstas en la Ley 160 de 1994 y en los Decretos
Reglamentarios 2664 de 1994 y 0982 de 1996, normas que enlistó.

8. Invocó la falta de competencia del Incoder para adelantar el procedimiento de
revocatoria del acto de adjudicación. En apoyo de su afirmación señaló que a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 1152 de 2007, tanto la Ley 160 de 1994 como
los decretos reglamentarios que la desarrollaban quedaron derogados y, con ello,
la facultad a cargo de esa entidad para adelantar el trámite de revocatoria directa
de la adjudicación. Dicho vacío normativo, en su sentir, debía ser suplido solo por
el Congreso de la República a través de una ley.

9. Sobre este aspecto puntualizó que aunque era cierto que la Ley 1152 de 2007
facultó al Incoder para adelantar los nuevos trámites de revocatoria directa, es decir,

3
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para
la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.”
4
“Por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la adjudicación de
terrenos baldíos y su recuperación”.
5
“Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se
dictan otras disposiciones”.
6
“Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura.” Este decreto fue
expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 16, literal f)
de la Ley 790 de 2002.
7
“Por el cual se reglamenta la Ley 1152 de 2007 en lo relativo a la administración, tenencia y disposición de los terrenos
baldíos nacionales, se establecen los procedimientos para su adjudicación, reserva, reversión y recuperación y se dictan otras
disposiciones”.

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Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
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los que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la norma; no era cierto que
esa entidad podía seguir conociendo de los trámites que se venían adelantando con
fundamento en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2264 de 1994 porque la nueva ley
no estableció un régimen de transición y, por lo tanto, el Incoder quedó sin sustento
normativo para continuar con los trámites de revocatoria directa que se venían
surtiendo. En esta misma línea argumentativa, indicó que la Subgerencia de
Estrategias tampoco tenía facultad para delegar su competencia, tal y como lo hizo
mediante Resolución 00146 de 8 de enero de 2008.

10. Argumentó que el demandante demostró en el trámite de adjudicación que era
el ocupante directo del inmueble por lo que, contrario a lo argumentado por el
Incoder, no existía duda acerca de la legitimidad de la ocupación y mucho menos
de la explotación económica que se venía realizando.

11. Describió que a partir del momento en que adquirió las mejoras en el predio
“Los Posones” ha venido adelantando trabajos tales como rocería y desmatonas.
Igualmente se levantaron cercas de alambre; se han construido viviendas,
saladeros, corrales para el manejo de los ganados y; se han arado los terrenos para
mejorar la calidad de los suelos. Todo ello demuestra, según su sentir, que “[…] la
explotación económica, que se ha realizado, supera el porcentaje exigido por la Ley
160 de 1994, el Decreto 2664 de 1994 y el Decreto 0982 de 1996; con lo cual se
desvirtúa la sospecha que tuvo el INCODER al momento de iniciar el proceso de
revocatoria”.

12. Añadió que las mejoras y la ocupación del inmueble data del año 2001 y la
Resolución de Adjudicación data del 17 de noviembre de 2006, por lo que era
posible colegir que habían transcurrido más de cinco (5) años “[…] desde el
momento en que mi poderdante adquirió las mejoras e inició directamente la
ocupación y explotación económica, esto quiere decir, que también cumplió con el
otro requisito exigido por la norma para ser beneficiario de la titulación del predio
baldío y por lo tanto todos los argumentos sobre los cuales se edificó el auto de
apertura del proceso de revocatoria quedaron desvirtuados”.

13. Luego de advertir una serie de irregularidades que se dieron en el trámite de
revocatoria directa de la adjudicación, refirió a las anomalías de la práctica de la
inspección ocular, entre las cuales enlistó las siguientes: (i) la falta de idoneidad de
los funcionarios (no peritos); (ii) la práctica de algunos testimonios no decretados
específicamente; (iii) la negligencia administrativa; (iv) la existencia de una
actuación tangencial y apreciación subjetiva de la misma; (v) la ausencia de
procurador agrario debidamente notificado; (vi) no se tuvieron en cuenta las pruebas
presentadas por el apoderado Gonzalo Parra González e; (vii) incongruencias entre
la parte motiva y resolutiva.

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Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
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I.2. La contestación de la demanda

I.2.1. Contestación de la demanda por el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder

14. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, por conducto de
apoderado judicial presentó escrito de contestación de la demanda en defensa de
la legalidad de la actuación administrativa de revocatoria del acto de adjudicación
que culminó con la expedición de la Resolución 564 de 7 de abril de 20088.

15. El Incoder aceptó parcialmente algunos de los hechos narrados por el actor y
aclaró otros, en el siguiente sentido:

15.1. Explicó que mediante edicto 01, el cual se fijó por cinco (5) días, se emplazó a
los señores Gildardo Cagua Castellanos y María Ludivia Murillo Ángel, entre otros
adjudicatarios de predios en el departamento del Vichada a fin de que se notificaran
del auto de 23 de abril de 2007, por medio del cual se ordenó iniciar el procedimiento
de revocatoria directa de la resolución de adjudicación. Agregó que, ante la falta de
comparecencia de los emplazados adjudicatarios, el Incoder designó al señor José
Antonio Rondón, a quien se le notificó del referido auto. Puntualizó también que,
desde el 17 de mayo de 2007, el señor Gildardo Cagua Castellanos confirió sendos
poderes a favor de distintos profesionales del derecho, por lo que no era cierto que
se haya configurado la falta de defensa técnica que se alega en la demanda.

15.2. Agregó que no era cierto que el auto de 10 de julio de 2007 no se haya
notificado, pues a través del estado 003 quedó constancia de la siguiente anotación:
“[…] se notifica por estado el auto de fecha 10 de julio de 2007, por medio del cual
se resuelve la solicitud presentada por el Abogado GONZALO PARRA GONZALEZ
y coadyuvada por los abogados CARLOS VEGA ORTIZ y CARLOS TORRES
MURILLO”.

15.3. El Incoder adelantó las diligencias de inspección judicial el día 11 de marzo de
2008, según consta con el acta de diligencia de inspección ocular que obra en el
expediente administrativo -y no en las fechas que indicó en la demanda-,
subrayando que esa diligencia constituyó la prueba fundamental para declarar la
revocatoria de la adjudicación.

16. En lo relativo al fondo del asunto, aseveró que el trámite de revocatoria directa
de la adjudicación se inició bajo el amparo de la Ley 160 de 1994 y el Decreto
Reglamentario 2664 de 1994. Ahora bien, puso de presente que, al momento de
resolverse el trámite de revocatoria directa del acto de adjudicación del baldío se
encontraba vigente la Ley 1152 de 2007 y su Decreto Reglamentario 230 de 2008
aclarando que, si bien esa norma fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, mediante sentencia C- 175 de 19 de marzo de 2009 por pretermitir

8
Folios 136 a 158 del Cuaderno 1.

7

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el trámite de consulta previa, dicha ley se encontraba vigente al momento de
expedición del acto administrativo de revocatoria directa.

17. A continuación, destacó que según el material probatorio arrimado al expediente
administrativo, la adjudicación del terreno baldío a favor del señor Gildardo Cagua
Castellanos y la señora María Ludivia Murillo Ángel se llevó a cabo a pesar de que
los adjudicatarios no cumplían con los requisitos previstos en la Ley 160 de 1994 y
el Decreto 2664 de 1994.

18. En lo que tiene que ver con el cargo de nulidad por falta de competencia,
aseguró que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1152 de 2007, no
desapareció la competencia del Incoder para la adjudicación de baldíos y para
adelantar el procedimiento de revocatoria directa, en cualquier tiempo, respecto de
las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo
establecido en las normas legales vigentes, procedimiento en el cual no es exigible
el consentimiento expreso y escrito del titular (artículo 161 ibidem). Finalmente,
resaltó que en la actuación administrativa se observó el debido proceso, el derecho
de defensa y el principio de publicidad.

I.2.2. Contestación de la demanda por la señora María Ludivia Murillo Ángel,
tercera interesada

19. La señora María Ludivia Murillo Ángel, tercera interesada, se adhirió a los
argumentos planteados en la demanda9.

20. Esgrimió que el Incoder no tenía competencia para adelantar el procedimiento
de revocatoria directa del acto de adjudicación. Al mismo tiempo, indicó que las
inspecciones oculares que practicó la entidad demandada en el trámite
administrativo se realizaron de manera arbitraria, pues esa entidad se limitó a ubicar
el predio mediante el sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global), sin realizar
un recorrido completo e íntegro sobre el inmueble.

21. Observó que carecía de sustento jurídico el argumento consistente en que los
adjudicatarios no viven en la región o no residen en el predio adjudicado, en tanto
que según el expediente administrativo quedó demostrado que los adjudicatarios
ocuparon el predio por más de cinco (5) años de manera continua e ininterrumpida.
Además, señaló que el hecho de que los adjudicatarios no vivieran en el
departamento del Vichada o en el predio adjudicado, ello no constituía impedimento
para la solicitud de adjudicación y, mucho menos, una causal para la revocatoria de
un título de adjudicación.

9
Según auto de 2 de diciembre de 2013 se ordenó la vinculación de la señora María Ludivia Murillo Ángel, en su calidad de
tercera interesada.

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I.3. Tramite del proceso en la primera instancia

22. Inicialmente, el día 20 de noviembre de 2008 el ciudadano Gildardo Cagua
Castellanos radicó demanda ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, corporación judicial que mediante Oficio No. OC-09-0133 de 13 de
marzo de 2009 ordenó su remisión al Consejo de Estado.

23. Repartido el proceso a la Sección Tercera de esta Corporación Judicial, la
magistrada encargada de su sustanciación profirió el auto de 4 de marzo de 2010 10,
por medio del cual ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del
Meta, tras considerar que la acción procedente para demandar la Resolución 564
de 7 de abril de 2008, por medio de la cual se revocó de manera directa el acto de
adjudicación del predio denominado “Los Posones” era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuya competencia se encuentra asignada a los
tribunales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 132 del
Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de
1998.

24. Según auto de 7 de julio de 201011 se admitió la demanda en el proceso de la
referencia y se negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos
de los actos acusados.

25. Mediante auto de 15 de junio de 201112 se abrió el proceso a pruebas; en
proveído de 24 de abril de 201813 se declaró cerrada la etapa probatoria y por auto
de 8 de mayo de 201814 se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, oportunidad procesal en la cual la parte demandante conjuntamente con
la tercera interviniente15 y la parte demandada16 ratificaron las posturas planteadas
a lo largo del proceso.

26. La señora agente del Ministerio Público, en esta instancia procesal, emitió
concepto en el sentido de señalar que en el presente caso operó el fenómeno
jurídico de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, medio
exceptivo que debía ser declarado de oficio, pues de conformidad con el numeral 2°
del artículo 136 del CCA, el interesado contaba con cuatro (4) meses para interponer
oportunamente la demanda a partir de la notificación de la Resolución 564 de 7 de
abril de 2008, esto es, hasta el día 17 de septiembre de 2008, encontrando que la
misma solo fue presentada hasta el día 20 de noviembre de 2008. En su concepto
fiscal, la señora Procuradora Judicial puntualizó que en el presente caso no era

10
Folios 106 a 109 del Cuaderno 1. El auto corresponde a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, auto de 4 de marzo de 2010, MP: Myriam Guerrero de Escobar.
11
Folios 114 a 118 del Cuaderno 1.
12
Folios 163 a 165 del Cuaderno 1.
13
Folio 718 del Cuaderno 3.
14
Folio 719 del Cuaderno 3.
15
Folios 740 a 805 del Cuaderno 3. La parte demandante y la tercera interesada presentaron escrito conjunto, por conducto
de un mismo apoderado judicial.
16
Folios 725 a 728 del Cuaderno 3.

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Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
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necesario el agotamiento del requisito de procedibilidad, pues dicho deber solo se
hizo exigible a partir de la Ley 1285 de 2009.

27. En lo relativo a la circunstancia alegada por el demandante quien en el libelo
introductorio pretendía justificar la presentación extemporánea de la demanda con
ocasión del paro judicial ocurrido entre los días 4 de septiembre de 2008 y el 15 de
octubre de 2008, -según lo alegado por el actor- la señora agente del Ministerio
Público precisó que “[…] lo apropiado y exigido era acudir a su cumplimiento una
vez levantada la circunstancia excepcional, es decir, al día siguiente del cese de
actividades, que según el propio dicho del demandante, lo fue el 15 de octubre de
2008, por lo cual a más tardar debió ser presentada el 16 de octubre de 1008, sin
que así haya acontecido”.

1.4. La sentencia de primera instancia

28. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 27 de septiembre de
2018, resolvió declarar de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho. El citado fallo, en su parte resolutiva ordenó lo
siguiente:

“RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE de oficio la excepción de caducidad de la acción
de acuerdo con la parte motiva de este proveído (sic).

SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, ARCHÍVESE el
expediente y DEVUÉLVASE a la parte actora el remanente de la suma
que se ordenó para pagar gastos ordinarios del proceso, si los hubiere.

[…]”

29. Estimó que según la Ley 1152 de 2007 “Por la cual se dicta el Estatuto de
Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y
se dictan otras disposiciones”, norma que se encontraba vigente al momento de
presentación de la demanda -20 de noviembre de 2008- existen los siguientes
procedimientos sobre baldíos: (i) la clasificación de la propiedad y deslinde de
tierras; (ii) de extinción de dominio, (iii) de reversión de bienes adjudicados; (iv) de
adjudicación; (v) de recuperación de baldíos; (vi) de expropiación judicial agraria y,
(vii) de revocatoria del acto de adjudicación.

30. Aseguró que el procedimiento de revocatoria del acto de adjudicación de un
bien baldío se encuentra regulado en el artículo 161 de la Ley 1152 de 2007,
precisando que su inciso cuarto (4°) señala que el “[…] procedimiento de revocación
se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso

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Administrativo”. Por tanto, se debía acudir a la regla general de caducidad de cuatro
(4) meses prevista en el numeral 2° del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo.

31. A renglón seguido, anotó que no podía confundirse el procedimiento de
adjudicación de un bien baldío con aquel que ordena la revocatoria del mismo,
puesto que, en palabras textuales: “[…] (i) el primer otorga un derecho y el segundo
lo restringe”; (ii) “[…] la adjudicación, como constitutiva de derecho de propiedad,
requiere de unos requisitos previos que debe cumplir la parte solicitante, los cuales
han de ser acreditados”; (iii) “al encontrarnos bajo la normatividad agraria no basta
con la simple posesión sino que debe demostrarse la explotación del predio” y, (iv)
“[…] se busca garantizar los derechos de terceros posiblemente afectados con una
adjudicación a diferencia de la revocatoria en el que el interesado se encuentra
plenamente identificado […]”.

32. El Tribunal a quo descendió al caso en concreto y encontró probado que, en el
trámite administrativo correspondiente, el Incoder remitió la citación para
notificación personal el día 21 de abril de 2008, mediante correo certificado, a la
dirección “[…] carrera 3ª No. 8-39 oficina U-1 Edificio ´El Escorial´ de la ciudad de
Ibagué- Tolima, dirección que concuerda con la informada en diferentes ocasiones
por el entonces apoderado del accionante – GONZALO PARRA GONZÁLEZ”.

33. El Tribunal de la primera instancia manifestó que, ante la imposibilidad de
notificar al apoderado del accionante, contactado en dos oportunidades —los días
15 y 22 de abril del 2008— al ahora demandante se le notificó por edicto día el 2 de
mayo de 2008, que se desfijó el 16 de mayo de esa anualidad. Desde esa fecha
quedó en firme el acto administrativo según el artículo 23 del Decreto 230 del 30 de
enero de 2008, norma vigente para la interposición de la demanda, según el artículo
62 del Código Contencioso Administrativo.

34. Así las cosas, sostuvo que el ahora demandante debió interponer la demanda
hasta el día 17 de septiembre de 2008. Como el escrito introductorio se radicó por
primera vez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de noviembre de
2008, era evidente que operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.

35. Por otra parte, y de cara a analizar la manifestación del demandante sobre el
paro judicial ocurrido entre el 4 de septiembre de 2008 y el 15 de octubre de esa
anualidad, el Tribunal de la primera instancia advirtió que, en efecto, para esa fecha
-el día 17 de septiembre de 2008- se estaba adelantando un paro judicial (que inició
el 4 de septiembre de 2008 y finalizó el día 15 de octubre de 2008). No obstante, y
acudiendo al derrotero jurisprudencial trazado por esta jurisdicción, en este caso
operó la “extensión del término de caducidad” y no la suspensión.

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36. En consecuencia, la parte demandante debió radicar la demanda el día 16 de
octubre de 2008, fecha en la cual se produjo la reanudación de labores en la rama
judicial, lo cual no ocurrió.

37. Finalmente, el Tribunal de primer grado se abstuvo de condenar en costas a la
parte vencida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, en
concordancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

I.5. El recurso de apelación

38. Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante interpuso
oportunamente el recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

I.5.1. Primer motivo de alzada: sobre la “Aplicación indebida de la caducidad”

39. Argumentó que el trámite administrativo versa sobre la legalidad de una
adjudicación “es decir, lo que está debatiendo es la legalidad de un acto
administrativo que revocó un acto de adjudicación, esto es la resolución 933 del 30
de octubre de 2006”. A su juicio, “[…] estamos inmersos sobre una controversia en
un procedimiento declarativo y no de ejecución como los procedimientos que trae
en lista el Tribunal Administrativo del Meta; es tan notorio (sic) esta diferencia, que
el procedimiento de recuperación de baldío es un procedimiento, valga la
redundancia, posterior y de ejecución de un acto que declara la ilegalidad de una
adjudicación”.

40. Acotó que en el trámite de adjudicación del predio denominado “Los Posones”,
el demandante demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos
65 y siguientes de la Ley 160 de 1994.

41. Añadió que la presente litis se centra en el acto administrativo de adjudicación,
esto es, la Resolución 933 de 30 de octubre de 2006, por medio de la cual el Incoder
le adjudicó al señor Gildardo Cagua Castellanos el inmueble denominado “Los
Posones” ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de La
Primavera, departamento del Vichada “[…] frente a una resolución 564 de 2008, que
ordenó revocar la resolución de adjudicación”. Luego, entonces, en su criterio “[…]
el objeto y la finalidad de esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
limitan a la ADJUDICACIÓN de un baldío y al cumplimiento de los requisitos en
cuanto a la adjudicación […]”.

42. Precisó que en el presente caso se debe acudir no a la regla general de la
caducidad prevista en el numeral 2° del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo sino al numeral 4° del artículo 136 ibidem que dispone que: “[…] Sin
perjuicio de lo dispuesto en la ley agraria, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años contados

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desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su
ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se
contará a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente
oficina de instrumentos públicos”.

43. En esta misma perspectiva, anotó el objeto de la presente controversia “[…]
recae en el cumplimiento o no de los requisitos de ocupación, explotación, entre
otros de la ley 160 de 1994 y del acto administrativo que ordenó revocar la
adjudicación”. También puntualizó que, en aplicación de la teoría de los móviles y
finalidades […] debe aplicarse la regla de la caducidad de dos años prevista en el
numeral 4° del artículo 136 del CCA”.

I.5.2. Segundo motivo de alzada: sobre la “[i]naplicabilidad de la extensión de
términos”

44. Explicó que entre el 4 de septiembre de 2008 y el 15 de octubre de esa
anualidad se presentó un cese de actividades ocasionado por una jornada de
protesta de los funcionarios de la rama judicial, sin que existiera un acto oficial que
informara sobre la reanudación de actividades judiciales.

45. Adujo que la actividad judicial se reanudó el día 16 de octubre de 2008. Sin
embargo, y como resultado de la “congestión en la oficina de apoyo y despachos
judiciales” la demanda se radicó oportunamente el día 20 de noviembre de 2008,
encontrándose dentro del término oportuno para la presentación de la demanda.

46. A su juicio, el Tribunal a quo ignoró que el referido cierre de actividades fue un
hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a la voluntad de la parte demandante, lo
cual provocó una falla en la debida prestación del servicio de justicia, en desmedro
de las finalidades que resultan inherentes a la prestación de este servicio público.
En estas condiciones, por no ser previsible el día en que se levantaría el paro, no
puede exigirse la presentación de la demanda al día siguiente, pues el usuario no
puede establecer, de forma anticipada, la fecha en que esto ocurra.

47. Agregó que se vulneró el principio de confianza legítima que rige las relaciones
entre la administración pública y las personas desarrollado en los artículos 1° y 4°
de la Constitución Política; el respeto del acto propio y el principio de buena fe
previsto en el artículo 83 de la Carta Política; mandatos que conducen a considerar
que “[…] no se debe causar ningún perjuicio a los usuarios de la administración de
justicia, por situaciones que no dependen de ellos, como el caso que aquí nos
ocupa, pues dicho cese de actividades causó una gran congestión a la hora de la
reanudación de las funciones por parte de los servidores públicos de la Rama
Judicial, limitando así la oportunidad para el acceso a la administración de justicia”.
En apoyo de su aserto, hizo alusión a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
consignada en sentencias SU- 360 de 1999 y 1165 de 2003.

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48. Observó que la sentencia de primera instancia resulta transgresora de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia al no efectuar un estudio de los argumentos fácticos y
jurídicos respecto de la litis planteada sobre la explotación y ocupación del
inmueble.

I.6. Trámite impartido al proceso en segunda instancia

49. Según auto de 27 de noviembre de 2018 se concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación presentado y sustentado oportunamente por la parte actora
contra la sentencia de primera instancia17.

50. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado18, mediante auto de 25 de febrero de
201919, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de
la parte actora y, en el mismo proveído, se corrió traslado a las partes por el término
de diez (10) días para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

51. Vencido el plazo para alegar de conclusión, la parte demandante, por conducto
de apoderado judicial allegó escrito con el propósito de “[…] sustentar el recurso de
apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo del Meta”.

52. En esencia, el apoderado judicial del actor reiteró los mismos argumentos
planteados en el recurso de apelación en el sentido de señalar que, en aplicación
del principio pro homine en la hermenéutica jurídica y de acceso a la administración
de justicia, ante la ausencia de un vacío normativo se debe acudir a la regla prevista
en el numeral 4° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que dispone
un término de dos (2) años para presentar la demanda y, no acudir a la regla prevista
en el numeral 2° del artículo 136 ibidem por tratarse de un asunto de naturaleza
agraria.

53. Agregó que el acto administrativo de revocatoria directa del acto de adjudicación
y el acto administrativo de adjudicación de baldíos constituyen un acto
administrativo complejo por cuanto “[…] los dos provienen de la manifestación de la
voluntad de una misma autoridad administrativa, contienen unidad de contenido y
de fines pues se refieren a la adjudicación de un bien baldío y el acto proferido en
virtud de la revocatoria no tendría vida sin el acto de adjudicación del baldío”. En
consecuencia, el acto administrativo de revocatoria directa, por formar una unidad
con el “acto de adjudicación” debe sujetarse a la regla de caducidad prevista en el
numeral 4° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que establece un

17
Folio 856 del Cuaderno 3.
18
Folio 2 del Cuaderno del Consejo de Estado.
19
Folio 4 del Cuaderno del Consejo de Estado.

14

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término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de dos
(2) años.

54. Finalmente, reiteró los mismos argumentos expuestos sobre la “[i]naplicabilidad
de la extensión de términos” esgrimidos en el recurso de apelación.

55. La parte demandada y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio
-constancia secretarial-.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

56. Esta Sala de decisión, para desatar los argumentos propuestos en el recurso
de apelación formulado por la parte demandante, abordará lo relativo a: (i) su
competencia; (ii) los actos administrativos demandados; (iii) el planteamiento del
problema jurídico por resolver y delimitación de los extremos de la controversia; (iv)
la diferencia entre el procedimiento de adjudicación de baldíos con el de revocatoria
del acto de adjudicación; (v) los desarrollos jurisprudenciales sobre la aplicación de
la regla de la caducidad cuando se presenta el cese de actividades de la rama
judicial como resultado de un paro y, (vi) el caso en concreto.

II.1. La competencia

57. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA20 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

58. Además, y siguiendo el derrotero jurisprudencial trazado por esta Corporación
la acción procedente en este caso es la de nulidad y restablecimiento del derecho,
en consideración a que la Resolución 564 de 7 de abril de 2008 “Por la cual se
revocan las Resoluciones 933 del 30 de octubre de 2006 y 0021 de 9 de febrero de
2007 que adjudicó un terreno baldío y aclaró la misma, respectivamente, expedidas
por la OET No. 9”, no dio inicio a las diligencias administrativas de extinción de
dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, ni
tampoco decidió de fondo sobre alguno de esos procedimientos administrativos y,
por ende, no resultan procedentes las acciones contempladas en los numerales 8,
9 y 11 del artículo 128 del CCA21.

20
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
21
“ARTÍCULO 128. Modificado por el art. 36, Ley 446 de 1998. <El nuevo texto es el siguiente> Competencia del Consejo de
Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes
procesos privativamente y en única instancia:
[…]

15

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59. En este sentido, conforme lo indicó el auto de 4 de marzo de 201022, la acción
procedente para controvertir la legalidad de la Resolución 564 de 7 de abril de 2008
es la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya competencia se encuentra
asignada a los tribunales administrativos del país, en primera instancia y, en
segunda instancia, al Consejo de Estado.

II.2. Los actos administrativos acusados

60. En el presente caso, se discute la legalidad de (i) la Resolución de fecha 23
de abril de 2007, por medio de la cual el Incoder – Subgerencia de Ordenamiento
Social de la Propiedad, inició el trámite de la revocatoria directa de la Resolución
564 de 7 de abril de 2008 a través de la cual la Oficina de Enlace Territorial No. 9
del Incoder adjudicó el terreno baldío denominado “Los Posones” ubicado en el
corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de La Primavera, departamento del
Vichada que corresponde a una extensión de 1290 HAS- 2349 M2 a los señores
Gildardo Cagua Castellanos y María Ludivia Murillo Ángel y, (ii) la Resolución 564
de 7 de abril de 2008 “Por la cual se revocan las Resoluciones 933 del 30 de
octubre de 2006 y 0021 de 9 de febrero de 2007 que adjudicó un terreno baldío y
aclaró la misma, respectivamente, expedidas por la OET No. 9”, emitida por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

61. (i) La Resolución de fecha 23 de abril de 200723, en su parte resolutiva,
ordenó:
“ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de revocatoria directa de la
resolución número 0933 del 30 de octubre del 2006, a través de la cual,
la Oficina de Enlace Territorial No 9 del INCODER, adjudicó el terreno
baldío denominado LOS POSONES, ubicado en el corregimiento de
Nueva Antioquia, Municipio de LA PRIMAVERA, Departamento del
VICHADA, con una extensión aproximada de MIL DOSCIENTAS
NOVENTA HECTÁREAS CON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS.(1.290 HAS -2.349 M2), a los señores
GILDARDO COGUA CASTELLANO (sic)24 y MARIA LUDIVIA MURILLO
ANGEL […]

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el expediente de adjudicación No.
9-4-5-0781 y las demás pruebas allegadas al proceso, confórmese el
respectivo informativo.

8. De las acciones de nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, Incora, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio, clarificación de la propiedad,
deslinde y recuperación de baldíos.
9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de
fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.
[…]
11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley”.
En este sentido, se puede ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP: Mauricio
Fajardo Gómez, providencia de 29 de enero de 2010, radicación número: 11001-03-26-000-2009-00081-00(37152); (ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP: Myriam Guerrero De Escobar, providencia
de 3 de marzo de 2010, radicado: 11001-03-26-000-2009-00079-00(37150).
22
Folios 106 a 109 del Cuaderno 1.
23
Folios 90 a 92 del Cuaderno 1 del Tribunal.
24
El nombre corresponde a Gildardo Cagua Castellanos.

16

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ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente decisión a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la
Procuraduría General de la Nación y a los titulares del derecho de
dominio, en los términos del artículo 41 del Decreto 2664 de 1994, a fin
de que puedan hacer valer sus derechos, advirtiéndoles que contra la
presente providencia no procede recurso alguno.

De no ser posible la notificación personal, se dejará constancia de ello y
se procederá a emplazar a los interesados mediante Edicto, el cual se
fijará por el término de cinco (5) días en un lugar público de la Subgerencia
de Ordenamiento Social de la Propiedad y en la Oficina de Enlace
Territorial Número 9, Grupo Integral con Énfasis en Pesca GIEP de Puerto
Carreño -Vichada, vencido el cual, si no comparecen se les designará un
Curador para la Litis, con quien se continuará el procedimiento.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE”.

62. (ii) La Resolución 564 de 7 de abril de 200825, en su parte resolutiva dispuso:

“ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 933 del 30 de octubre
de 2006 y la No. 021 del 9 de febrero de 2007 que aclaró la anterior, a
través de las cuales la Oficina de Enlace Territorial No 9 del INCODER,
adjudicó el predio rural denominado LOS POSONES, ubicado en el
corregimiento de Nueva Antioquia, Departamento del Vichada, con una
extensión de 1290-2349 Has a GILDARDO CAGUA CASTELLANOS y
MARIA LUDIVIA MURILLO ANGEL por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la beneficiaria de la
adjudicación hecha mediante la resolución revocada en los términos del
Código Contencioso Administrativo, haciéndoles saber que de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 230 de 2008,
contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar, mediante la inscripción de la presente
providencia, la cancelación del Folio de Matrícula Inmobiliaria que se abrió
para inscribir la Resolución No. 933 del 30 de octubre de 2006 y la No.
021 del 9 de febrero de 2007 en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos correspondiente.

[…]”.

II.3. El problema jurídico por resolver en el caso sub examine y delimitación
de los extremos de la controversia

25
Folios 93 a 104 del Cuaderno 2.

17

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63. La Sala, siguiendo para tal efecto las prescripciones de los artículos 32026 y
32827 del CGP, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA y atendiendo los
argumentos planteados en el recurso de apelación, considera que el problema
jurídico que se debe resolver en el presente caso se centra en determinar si operó
o no el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.

64. En el asunto sub examine las partes presentan desacuerdo en relación con los
siguientes puntos:

(i) La regla de la caducidad que resulta aplicable

65. El Tribunal de la primera instancia, en la sentencia impugnada, argumentó que
ni la Ley 160 de 1994, ni la Ley 1152 de 2007 ni sus decretos reglamentarios fijan
el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se trata de controversias dirigidas a cuestionar la legalidad del acto
administrativo que ordena la revocatoria directa de una resolución de adjudicación
de un baldío. Por ello, ante la existencia de este vacío normativo, se debía acudir a
la regla general prevista en el numeral 2° del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo que señala que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

66. Por su parte, el demandante es de la tesis de que en el presente caso se debe
acudir a la regla de caducidad prevista en el numeral 4° del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo que señala que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria “caducará en dos años contados desde el día
siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en
los demás casos”. Ello, en atención a que el objeto de la presente demanda se limita
a la adjudicación del baldío y, en definitiva “[…] recae en el cumplimiento o no de
los requisitos de ocupación, explotación, entre otros de la ley 160 de 1994 y del acto
administrativo que ordenó revocar la adjudicación”.

(ii) El cómputo de la caducidad por cese de actividades judiciales por
situaciones como el paro judicial

67. Por otro lado, las partes disienten frente a la forma de contabilizar el término de
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se

26
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
27
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.

18

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presenta el cese de actividades judiciales -paro judicial-, que fue lo que aconteció
en el presente caso.

68. En efecto, el Tribunal a quo y la señora agente del Ministerio Público, siguiendo
los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación, argumentaron que el cese de
actividades judiciales no “interrumpen el término de caducidad para ejercer el medio
de control”, salvo que el plazo expire en un día en el que el despacho se encuentre
cerrado, caso en el cual el término se prorroga hasta el día hábil siguiente.

69. El demandante considera que el Tribunal de primer grado, al aplicar las normas
sobre contabilización del término de la caducidad, desconoció que el cese de
actividades constituye un caso fortuito y fuerza mayor por ser imprevisible,
circunstancia que afectó el normal funcionamiento del aparato judicial. En esa
medida, exigirle al administrado que presente la demanda al día hábil siguiente a la
fecha en que cese el paro impone una carga que no deben soportar los
administrados, al tiempo que desconoce principios rectores como la confianza
legítima, la buena fe, el debido proceso, el derecho a la igualdad y el acceso a la
administración de justicia.

70. Con el propósito de resolver las anteriores cuestiones, esta Sala considera
pertinente entrar a analizar: (i) las diferencias existentes entre el acto de
adjudicación y el acto de revocatoria de una adjudicación y, (ii) los desarrollos
jurisprudenciales sobre el cómputo de la regla de la caducidad por cese de
actividades para, finalmente, (iii) descender al caso en concreto.

II.4. Las diferencias que existen entre el acto de adjudicación y los actos
administrativos mediante los cuales se revoca de manera directa el acto de
adjudicación de bienes baldíos

71. El legislador del año 1994, expidió la Ley 16028, por medio de la cual se creó el
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como mecanismo

28
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para
la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.” Los
propósitos quedaron explícitos en el artículo 1° ibidem: ARTÍCULO 1°. Inspirada en el precepto constitucional según el cual
es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios
públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, esta Ley tiene por objeto:
Primero. Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia
participativa y el bienestar de la población campesina. Segundo. Reformar la estructura social agraria por medio de
procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento
antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la
posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los
programas especiales que establezca el Gobierno Nacional. Tercero. Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos
recursos en los procesos de adquisición de tierras promovidos por ellos mismos, a través de crédito y subsidio directo. Cuarto.
Elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar la coordinación y
cooperación de las diversas entidades del Estado, en especial las que conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino, para el desarrollo integral de los programas respectivos. Quinto. Fomentar la adecuada
explotación y la utilización social de las aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación silvoagropecuaria, y de las
tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas que provean su distribución ordenada y su
racional utilización. Sexto. Acrecer el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, en armonía con
el desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la productividad de las explotaciones y la eficiente comercialización
de los productos agropecuarios y procurar que las aguas y tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación
y características. Séptimo. Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y
estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural
Campesino para lograr su fortalecimiento. Octavo. Garantizar a la mujer campesina e indígena las condiciones y

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obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las
actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural
integral “[…] desarrollando los mandatos y salvaguardas contenidas en el acuerdo
de Paz” con el propósito de mejorar la calidad de vida; garantizar los derechos
territoriales y los planes de vida de los trabajadores agrarios, de las personas,
comunidades campesinas, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales,
palenqueras y pueblos indígenas; proteger y promover la producción de alimentos,
sus economías propias y; consolidar el propósito de la paz con enfoque territorial29.

72. El numeral 13 del artículo 12 de la citada ley le entregó al Instituto Colombiano
de Reforma Agraria las siguientes funciones y, para resolver el caso de marras, se
destacan las siguientes:

"ARTÍCULO 12. Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria:

[…]

13. Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y,
en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y
adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas
legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva.

[…]

21. Autorizar la adjudicación de tierras en favor de los profesionales
y expertos de las ciencias agropecuarias que demuestren que sus
ingresos provienen principalmente de las actividades propias de la
respectiva profesión. La Junta Directiva determinará mediante
reglamentos los requisitos y obligaciones de los beneficiarios, las
condiciones de pago y el régimen de adjudicación de las unidades
agrícolas correspondientes

Los adjudicatarios sólo tendrán derecho a un subsidio equivalente al
setenta por ciento (70%) del que se otorgue a los campesinos cuando
hagan parte de una parcelación y residan en ella y se obliguen a prestar
asistencia técnica gratuita durante cinco (5) años a los parceleros socios
de las Cooperativas que se constituyan dentro de la parcelación
respectiva. Cuando las adjudicaciones no hagan parte de parcelaciones
en las cuales participen pequeños propietarios, no tendrán derecho a
subsidio.

[…]".

73. Asimismo, la Ley 160 de 1994, norma especial en materia agraria, se refirió
igualmente a la posibilidad de acudir a la revocatoria del acto de adjudicación,
procedimiento en el que, por mandato expreso del legislador, no resulta exigible el

oportunidades de participación equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, propiciando la
concertación necesaria para lograr el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo de la economía campesina. Noveno.
Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los
campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural,
con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de
ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen”.
29
Artículo 2° ibidem.

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consentimiento expreso y escrito del titular y, en lo demás “[…] el procedimiento de
revocación se debe surtir con arreglo a las prescripciones del Código de lo
Contencioso Administrativo”. El artículo 72 ibidem es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 72. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos
en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el
momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o
poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.
[…]

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA
podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones
de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo
establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre
baldíos.

En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se
surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso
Administrativo”. (Negrilla fuera de texto)

74. De otra parte, el Decreto 2664 de 1994 “Por el cual se reglamenta el Capítulo
XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la adjudicación de
terrenos baldíos y su recuperación” reguló de forma autónoma e independiente el
procedimiento de adjudicación de baldíos y el procedimiento de revocatoria de la
adjudicación de baldíos.

75. En efecto, dedicó el “CAPÍTULO V” para regular el procedimiento para la
adjudicación, regulando aspectos relacionados con: (i) los requisitos para la solicitud
de adjudicación (artículo 11); (ii) los documentos (artículo 12); (iii) los estudios de la
solicitud (artículo 13); (iv) la aceptación de la solicitud (artículo 14); (v) los planos
del terreno (artículo 15); (vi) la publicidad de la solicitud (artículo 16); (vii) la
inspección ocular (artículo 17); la forma de notificación (artículo 18); (viii) la
oposición a la adjudicación (artículo 21); (ix) el trámite de la oposición (artículo 22);
(x) la resolución de adjudicación (artículo 25), entre otros.

76. Por su parte, el procedimiento de revocación directa de las resoluciones de
adjudicación se encuentra regulado en el “CAPITULO IX”, en el cual se desarrollan
aspectos relativos a (i) la procedencia (artículo 39); (ii) la oportunidad (artículo 40);
(iii) el procedimiento para la revocación (artículo 41); (iv) la solicitud de pruebas
(artículo 42); (v) la diligencia de inspección ocular (artículo 43) y, (iv) los efectos de
la decisión (artículo 44).

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77. La Corte Constitucional, al efectuar el control de constitucionalidad de los
incisos 6º y 7º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, en sentencia C- 255 de 201230
encontró que la facultad de revocatoria directa de los actos administrativos de
adjudicación de baldíos sin necesidad de que medie el consentimiento expreso y
escrito del titular perseguía los siguientes fines “[…] constitucionalmente valiosos”,
a saber:

“(i) está encaminada al cumplimiento de la función social de la propiedad;
(ii) pretende asegurar el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores
agrarios; y (iii) se proyecta como una manifestación del deber del Estado
de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en
su obligación de adoptar medidas de protección a favor de quienes, por
su difícil condición económica, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta en el sector agropecuario.

Por ello, cuando la adjudicación de bienes baldíos ha ocurrido con
violación de lo previsto en las normas legales y reglamentarias, subyacen
motivos que justifican una actuación directa de la Administración para
adoptar los correctivos necesarios y restituir las cosas a su estado
originario.

No obstante, para ser coherente con sus precedentes jurisprudenciales y
evitar interpretaciones contrarias a la Constitución, la Sala es categórica
en advertir que no cualquier incumplimiento de las normas autoriza la
intervención unilateral de la administración. Una actuación de tal entidad
sólo puede tener cabida ante actos manifiestamente ilegales o que
deriven en la violación de requisitos sustantivos o materiales de la
adjudicación de baldíos. Es decir, que afecten de manera sensible y
directa los fines que subyacen en estos programas o que impliquen una
grave distorsión de los mismos, cuando la titulación no recaiga en sus
destinatarios legítimos –los sujetos de debilidad manifiesta del sector
agropecuario, merecedores de la especial protección del Estado-, sino
que termine en manos de quienes por sus privilegios económicos,
sociales, políticos, o de cualquier otra índole, tengan la capacidad de
interferir negativamente en el cumplimiento de la función social de la
propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural.

[…]

Nótese cómo el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala de forma expresa
que las diligencias para la revocación de dichos actos se surtirán con
arreglo a las prescripciones del Código Contencioso Administrativo, lo que
obliga a las autoridades a ser especialmente cautas y garantes de los
derechos de contradicción y defensa de quien se pretenda revocar un acto
de adjudicación de baldíos”.

78. Posteriormente, se expidió la Ley 1152 de 25 de julio de 200731, norma que se
encontraba vigente al momento de haberse expedido la Resolución 564 de 7 de
abril de 2008 “Por la cual se revocan las Resoluciones 933 del 30 de octubre de
2006 y 0021 de 9 de febrero de 2007 que adjudicó un terreno baldío y aclaró la

30
Corte Constitucional, C- 255 de 2012, MP: Jorge Iván Palacio Palacio.
31
“Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se
dictan otras disposiciones".

22

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misma, respectivamente, expedidas por la OET No. 9”. Resulta importante señalar
que este nuevo estatuto de desarrollo rural mantuvo incólume la facultad del
Incoder para adjudicar baldíos y no incorporó, en realidad, reformas sustanciales
en esta materia, en tanto que conservó la atribución del Incoder para adelantar este
procedimiento sin necesidad de que medie el consentimiento expreso y escrito del
titular del derecho, en el siguiente sentido:

“ARTÍCULO 21. Son funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, las siguientes:

[…]
8. Adjudicar baldíos con vocación productiva a los particulares en
el término de la presente ley.
[…]” (Negrilla fuera de texto)

"ARTÍCULO 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos
en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o
poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio
nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.
[…]
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la entidad
administrativa adjudicataria podrá revocar directamente, en
cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías
proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o
reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no se exigirá el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás,
el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las
prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo.

[…]” (Negrilla fuera de texto)

79. Por su parte, el Decreto 230 de 2008 “Por el cual se reglamenta la Ley 1152 de
2007 en lo relativo a la administración, tenencia y disposición de los terrenos baldíos
nacionales, se establecen los procedimientos para su adjudicación, reserva,
reversión y recuperación y se dictan otras disposiciones” reguló de forma detallada
y de forma autónoma los procedimientos de adjudicación de baldíos y el de
revocatoria directa, al igual que lo hizo el Decreto 2664 de 1994.

80. El procedimiento de adjudicación de baldíos se encuentra regulado en el
Capítulo II “Adjudicación de Baldíos”, compendio normativo en el cual se consagran
reglas en relación con (i) la solicitud (artículo 9°); (ii) el examen previo de la petición
(artículo 10); (iii) iniciación del procedimiento (artículo 11); (iv) publicidad de la
solicitud de publicación (artículo 12); (v) la inspección ocular (artículo 13); (vi) el
traslado y la contradicción del dictamen (artículo 14); (vii) fijación del negocio en lista
(artículo 15); (viii) oposición a la adjudicación (artículo 16); (ix) trámite de la
oposición (artículo 17); (x) decisión de la oposición (artículo 18) y; (xi) resolución de
adjudicación (artículo 19).

81. Por su parte, el mismo Decreto 230 de 2008 dedicó un capítulo específico para
regular el procedimiento administrativo de revocatoria directa en su “CAPÍTULO III”,

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previendo normas sobre (i) la procedencia (artículo 20); (ii) el procedimiento para la
revocación (artículo 21); (iii) las pruebas (artículo 22) y, (vi) la decisión (artículo 23).

82. Resulta oportuno señalar que la Ley 1152 de 2007 “Por la cual se dicta el
Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y se dictan otras disposiciones” -norma que se encontraba vigente al
momento en que se expidió la Resolución 564 de 7 de abril de 2008- fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C- 175 del 18 de marzo
de 2009, por cuanto el legislador omitió el deber de adelantar el procedimiento de
consulta previa con las comunidades indígenas en el proceso de formación de la
citada norma. Los efectos de dicho fallo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia32- son
hacia futuro. Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que tanto la Ley 160 de
1994 y sus decretos reglamentarios en materia agraria cobraron vigencia en
aplicación del fenómeno conocido como reviviscencia de la norma33.

83. A partir de lo anterior, puede colegirse que el procedimiento de adjudicación de
baldíos fue previsto por el legislador con el objeto de permitir y garantizar de manera
efectiva el acceso a la propiedad de la tierra a favor de las personas que ocupan y
explotan un predio por un período de tiempo determinado. Dicho procedimiento
administrativo culmina con la expedición del acto administrativo que adjudica un
predio a favor de aquellas personas que cumplan con los requisitos exigidos por las
normas, acto que “[…] conforme a la ley agraria constituye título traslaticio de
dominio y prueba de la propiedad […]34”. Además, esa decisión puede ser
controvertida a través de la acción de simple nulidad que deberá presentarse ante
los tribunales en primera instancia, según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley
160 de 199435.

84. Por su parte, puede decirse que el procedimiento de revocatoria de un acto
administrativo de adjudicación de baldíos es una facultad radicada en el Incoder
quien podrá revocar directamente, de oficio, o a solicitud de parte o del Agente del
Ministerio Público Agrario, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de
tierras baldías proferidas “[…] con violación a lo establecido en las normas legales

32
“ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL
CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos
sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la
Corte resuelva lo contrario".
33
A propósito del fenómeno de reincorporación de las normas derogadas por el artículo 178 de la Ley 1152 de 2007, puede
señalarse la sentencia C – 402 de 2010 en donde se resaltó lo siguiente: “[…] la reincorporación de las normas derogadas
por el artículo 178 de la Ley 1152 de 2007 es imprescindible para la protección de bienes y valores constitucionales interferidos
por la normatividad derogada. Sobre este particular debe resaltarse que si se adoptara la tesis según la cual para el presente
caso no es procedente la reincorporación y, por ende, se está ante un vacío normativo sobre la materia, se llegaría a
conclusiones incompatibles con el Estado constitucional. Así, asuntos centrales para la protección de las comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes, como la regulación del desarrollo y explotación de la propiedad agraria, la
adjudicación de baldíos, la reglamentación y protección de los resguardos y demás territorios protegidos, quedarían sin
ninguna clase de regulación, imposibilitándose con ello la garantía y ejercicio de los derechos fundamentales de los miembros
de dichas comunidades. Por ende, a juicio de la Sala están suficientemente cumplidas las condiciones previstas por la
jurisprudencia constitucional para la reincorporación de normas derogadas por preceptos declarados inexequibles. Esto
implica que la Ley 160 de 1994 recobró su vigencia a partir del momento en que se declaró la inexequibilidad del Estatuto de
Desarrollo Rural, lo que permite el análisis de constitucionalidad propuesto por el actor”. (Destacado fuera de texto)
34
Artículo 19 del Decreto 230 de 2008 y artículo 25 del Decreto 2664 de 1994.

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o reglamentarias vigentes sobre baldíos”. Dicho procedimiento administrativo
culmina con una resolución motivada que debe ser notificada en la forma prevista
en el Código Contencioso Administrativo y contra la cual no procede recurso alguno
en la vía gubernativa y, en este caso el predio afectado volverá al dominio de la
Nación36.

85. A continuación, se ilustran las diferencias más relevantes que existen entre
ambos procedimientos:

ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS REVOCATORIA DIRECTA DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS

OBJETO Garantizar de manera efectiva el La facultad de revocatoria unilateral de
acceso a la propiedad de la tierra a los actos de adjudicación de baldíos,
favor de las personas que ocupan y de oficio o a solicitud de parte y en
explotan un predio por un período de cualquier tiempo, y sin necesidad de
tiempo determinado37. que medie el consentimiento expreso
y escrito del respectivo titular.

REQUISITOS Los interesados deben cumplir una Cuando se demuestre que la
serie de requisitos objetivos y adjudicación de tierras baldías se
subjetivos para garantizar que los produjo con violación de las normas
bienes baldíos cumplan la función legales o reglamentarias vigentes.
social. Algunos de estos requisitos
están encaminados a garantizar que
los ocupantes efectivamente cultiven la
tierra de manera adecuada, y que
protejan las áreas de reserva que estén
ubicadas a su interior. Otros requisitos
están encaminados a garantizar que
los predios ocupados sean aptos para
la agricultura, lo cual se deduce
mediante una fórmula que tiene en
cuenta tanto la extensión del predio
como su capacidad agrológica38.
DECISIÓN El procedimiento de adjudicación de El procedimiento de revocatoria de los
baldíos finaliza con un acto actos administrativos culmina con una
administrativo a través del cual se resolución motivada que será
adjudica el predio a las personas que notificada en la forma prevista en el
cumplan con los requisitos exigidos por Código Contencioso Administrativo y
la ley. contra la cual no procede recurso
alguno. Como resultado de esto, el
predio respectivo vuelve al dominio de
la Nación con el carácter de baldío,
salvo que la causa de la revocación
haya sido el reconocimiento, por parte
del Instituto, de la calidad de
propiedad privada del terreno
respectivo39.

36
Artículo 23 del Decreto 230 de 2008 “por el cual se reglamenta la Ley 1152 de 2007 en lo relativo a la administración,
tenencia y disposición de los terrenos baldíos nacionales, se establecen los procedimientos para su adjudicación, reserva,
reversión y recuperación y se dictan otras disposiciones”. Con la salvedad de que el motivo de la revocatoria directa haya
sido el reconocimiento, por parte del Incoder, de la calidad de bien de propiedad privada del inmueble adjudicado. Artículo 44
del Decreto 2664 de 1994.
37
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 20 de enero de 2010, radicado: 11001-
03-26-000-2009-00081-00 (37152), MP: Mauricio Fajardo Gómez.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2021, MP: Paola Andrea Meneses Mosquera.
39
Artículo 23 del Decreto 230 de 2008 y artículo 44 del Decreto 2664 de 1994.

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86. Teniendo en cuenta lo anterior, ante el cuestionamiento que se formuló ab initio,
esto es, si se debe acudir a la regla general de cuatro (4) meses prevista en el
numeral 2° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, o si, por el
contrario, aplica la regla prevista en el numeral 4° del artículo 136 ibidem que señala
que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de
adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
“caducará en dos años contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando
ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos” la Sala responde en
el sentido de señalar que aplica la regla de caducidad prevista en el numeral 2° del
artículo 136 del CCA.

87. Para efectos de la regla de la caducidad prevista en el artículo 136 del CCA mal
haría en asimilarse el acto de revocatoria directa de la adjudicación con el acto de
adjudicación de baldíos, pues la caducidad, por ser una norma de orden público,
irrenunciable y de obligatorio cumplimiento, no cabe su interpretación extensiva o
analógica.

88. Sobre este asunto, esta Corporación, en sentencia de 6 de noviembre de
202040, esbozó lo siguiente:

“En atención al contenido de la Ley 160 de 1994 y a la jurisprudencia que
se acaba de reseñar, la Sala advierte la diferencia entre los distintos actos
que podía proferir el Incoder en asuntos agrarios y resalta que, para
efectos de establecer la caducidad de la acción, no cabe la analogía
entre el acto de adjudicación de baldíos y el acto de revocatoria
directa de la adjudicación, toda vez que no existe un supuesto que
permita pasar por alto el contenido diverso de los actos
administrativos en uno y otro caso.

Además, tampoco se pueden equiparar las pretensiones materia de
análisis, puesto que en la demanda de nulidad y restablecimiento contra
el acto de adjudicación se pretende anular el título concedido por el
Estado y en la demanda contra el acto de revocatoria, se persigue dejar
en firme el referido título, es decir que las pretensiones son distintas y
la causa petendi también.

Igualmente, se reseña que en este caso no se presentó un vacío legal
sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
toda vez que aplicaba la regla general del Código Contencioso
Administrativo y como consecuencia, la caducidad de la acción operaba
en el término de cuatro meses.

Es pertinente resaltar que la caducidad es una institución procesal, de
orden público, que como tal no puede modificarse por la opción o arbitrio
del demandante. El cómputo de la caducidad es una regla para todas las
partes del litigio, puesto que protege la seguridad jurídica, la confianza
legítima y el debido proceso, en igualdad de condiciones legales para el
demandante y para el demandado.

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Marta Nubia Velásquez
Rico, sentencia de 6 de noviembre de 2020, radicación número: 50001-23-31-000-2010-00068-01(65448), actor: Jhon Wilson
Zapata Salcedo, demandado: Agencia Nacional de Tierras (ANTES INCODER).

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En efecto, de acuerdo con las previsiones legales y la concepción de la
jurisprudencia sobre la caducidad, constituye un mecanismo que limita el
tiempo durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la
definición judicial de las controversias, el cual privilegia la seguridad
jurídica y el interés general. Bajo esa perspectiva se ha destacado la
obligatoriedad de los términos de caducidad, en aquellos eventos en los
que se busca la indemnización de un perjuicio, dada la carga razonable
del demandante que consiste en acudir en tiempo a presentar la
demanda, sobre lo cual ha observado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-498 de 2016 […]”

89. Esta Sección, por su parte, en reciente sentencia de 14 de marzo de 202441,
acogió la siguiente tesis cuyas consideraciones se citan in extenso y se prohíjan en
esta oportunidad:

“82. Vista la Ley 160 y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra,
se advierte la diferencia que existe entre los distintos actos que podía
proferir el INCODER en asuntos agrarios, por lo que no cabe la analogía
entre el acto de adjudicación de baldíos y el acto de revocatoria directa de
la adjudicación, toda vez que no existe un supuesto que permita pasar por
alto el contenido diverso de los actos administrativos en uno y otro caso.

83. Además, tampoco se pueden equiparar las pretensiones formuladas
en la acción de nulidad y restablecimiento contra el acto de adjudicación
en las que se busca anular el título concedido por el Estado, con la
demanda contra el acto de revocatoria que persigue dejar en firme el
referido título, teniendo en cuenta que las pretensiones como la causa
petendi son distintas”.

II.5. La jurisprudencia uniforme de esta Corporación sobre el cómputo de la
regla de la caducidad por cese de actividades de la rama judicial – situación
de paro judicial-

90. La caducidad, es una figura procesal de orden público, en virtud de la cual se
“[…] limita en el tiempo el derecho de acción que tienen las personas de acudir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enervando con ello la posibilidad de
controvertir la presunción de legalidad de los actos administrativos42”.

91. La caducidad como fenómeno procesal reviste especial trascendencia pues
permite materializar principios esenciales de nuestra Carta Política como la
seguridad jurídica y la defensa del interés general y por ser de orden público es
irrenunciable, e incluso, puede ser declarada de oficio por el juez, luego de efectuar
una verificación rigurosa sobre los presupuestos exigidos para su operancia. El
incumplimiento de la carga que le asiste al actor de respetar los tiempos procesales
para activar el aparato jurisdiccional se traduce en la imposibilidad de obtener un
pronunciamiento de fondo.

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, Sentencia
de 14 de marzo de 2024, radicado: 50 001 23 31 000 2010 00070 01, demandante: Irma López Henao, demandada: Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT-).
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020,
radicado: 41001-23-31-000-2000-00659-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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92. Conforme se indicó anteriormente, la regla de caducidad que resulta aplicable
respecto del acto administrativo de revocatoria de la decisión que adjudicó un bien
baldío se encuentra prevista en el numeral 2° del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, norma que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de
1989, Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las
acciones.

[…]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin
embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

[…]” (Negrilla fuera de texto)

93. Cabe resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación de manera pacífica ha
señalado que, si el término de caducidad vence en un día no hábil o que por
cualquier motivo no haya atención al público, tal y como ocurre cuando se presenta
un cese de actividades por paro judicial, dicha circunstancia no interrumpe o
suspende el término para la presentación de la demanda. Ahora, si el plazo para
radicar la demanda expira en el cese de actividades judiciales, se aplica la regla de
extensión del plazo hasta el día siguiente de aquel en que ocurre el levantamiento
de esa situación. Así, en proveído de 4 de agosto de 201143 se indicó:

“[…] la accionante considera que el a quo no tuvo en cuenta ni el paro, ni
la vacancia judicial, los cuales interrumpen el término de caducidad, lo
que impone a la Sala establecer cómo debe ser contado el término para
interponer la presente acción.

Conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de 4 meses,
los cuales serán contados a partir del día siguiente al de la notificación,
publicación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

Por su parte, el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal,
establece lo siguiente:

“ARTICULO 62. COMPUTO DE LOS PLAZOS. En los plazos de días que
se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses
y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado
o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 4 de agosto de 2011, radicado: 27001-
23-31-000-2009-00093-01. C.P.: María Elizabeth García González.

28

Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

El artículo 121 del C. de P.C., dispone:

“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial,
ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el
despacho. Los términos de meses y de años se contarán conforme al
calendario”.

Lo anterior indica que cuando el término contemplado en la norma está
expresado en meses, para su contabilización, no deben ser tenidos en
cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier
causa, el Despacho deba permanecer cerrado, como ocurrió en el
presente caso, con ocasión del paro judicial.

Sin embargo, en caso de que el término para presentar la acción se
venza en los días en que el Despacho Judicial no se encuentre
prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta el primer
día hábil siguiente.

Lo anterior, permite concluir que ni el paro, ni la vacancia judicial
interrumpen el término de caducidad para presentar la acción, pues
tales circunstancias no deben ser tenidas en cuenta, salvo que dicho
plazo expire dentro de éstas, caso en el cual, como ya se dijo, la
acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la
demanda […]”.

II.6. El caso en concreto

94. La demanda del proceso de la referencia se dirigió contra (i) la Resolución de
fecha 23 de abril de 2007, por medio de la cual el Incoder – Subgerencia de
Ordenamiento Social de la Propiedad, inició el trámite de la revocatoria directa de
la Resolución 564 de 7 de abril de 2008 a través de la cual la Oficina de Enlace
Territorial No. 9 del Incoder adjudicó el terreno baldío denominado “Los Posones”
ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio de La Primavera,
departamento del Vichada que corresponde a una extensión de 1290 HAS- 2349
M2 a los señores Gildardo Cagua Castellanos y María Ludivia Murillo Ángel y, (ii) la
Resolución 564 de 7 de abril de 2008 “Por la cual se revocan las Resoluciones
933 del 30 de octubre de 2006 y 0021 de 9 de febrero de 2007 que adjudicó un
terreno baldío y aclaró la misma, respectivamente, expedidas por la OET No. 9”,
suscrita por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

95. Teniendo en cuenta que la Resolución 564 de 7 de abril de 2008 culminó la
actuación administrativa de revocatoria directa del acto de adjudicación y, contra la
misma no procedían los recursos en la vía gubernativa – de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Decreto 230 de 2008, vigente al momento en que se
expidió el referido acto- la Sala entrará a analizar si operó o no la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de dicho acto
administrativo.

96. De conformidad con el análisis de los antecedentes administrativos que reposan
en el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

29

Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

97. En primer término, se debe señalar que el artículo 2° de la Resolución 564 de 7
de abril de 2008, ordenó notificar el contenido de ese acto administrativo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 230 de 2008 44, norma
que es del siguiente tenor:

“Artículo 23. Decisión. Practicadas las pruebas y vencido el término del
traslado del informe de la diligencia de inspección ocular, el Gerente
General del Incoder decidirá la petición de revocatoria directa mediante
resolución motivada que será notificada en la forma prevista en el Código
Contencioso Administrativo y contra la cual no procede recurso alguno
por la vía gubernativa […]”.

98. Obra constancia de la notificación personal del señor José Antonio Rondón, en
su calidad del curador Ad Litem de los señores Gildardo Cagua Castellanos y María
Ludivia Murillo Ángel del día 21 de abril de 200845.

99. Igualmente, en el expediente obran las comunicaciones para notificación46
personal dirigidas al apoderado del demandante, el señor Gonzalo Parra González
– que representaba a varias personas-47; profesional del derecho a quien no pudo
efectuarse la notificación personal, según lo indica el siguiente informe de 15 de
mayo de 200848 emitido por un funcionario del Incoder:

“Para llevar a cabo la Diligencia de Notificación Personal de las
Resoluciones Nos. 541, 543, 545, 550, 551, 554, 555, 560, 561, 563, 564,
565, 567, 556, 562, del 7 de abril de 2008, por medio de las cuales se
revocaron los actos administrativos Nos. 937 del 30 de octubre de 2006,
940 del 30 de octubre de 2006, 978 del 17 de noviembre de 2006, 986 del
17 de noviembre de 2006, 974 del 17 de noviembre de 2006, 938 del 30
de octubre de 2006, 979 del 17 de noviembre de 2006, 976 del 17 de
noviembre de 2006, 946 del 30 de octubre de 2006, 930 del 30 de octubre
de 2006, 933 del 30 de octubre de 2006, 934 del 30 de octubre de 2006,
936 del 30 de octubre de 2006, 982 del 17 de noviembre de 2006, 975 del
17 de noviembre de 2006, al Doctor GONZALO PARRA GONZALEZ,
quien obra como Apoderado de los señores GERMAN HERNANDEZ
LOPEZ, JOSE DELIO GALVEZ GUTIERREZ, LUZ MARIELA ROJAS
HURTADO, CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ VALENCIA, LUZ
ELENA ROJAS GAVIRIA, ELKIN SHUDIAN CHAPARRO CORREA,
MARTHA SOFIA LOPERA DUQUE, JORGE IVAN GUARIN BRAND,
BEATRIZ ELENA CARDONA PULGARIN, JOSE NOE VALENCIA
GUTIERREZ, WILLIAM SALAZAR MONOTYA, GILDARDO CAGUA
CASTELLANOS, ARLES GARCIA GARCIA, ROLANDO ESTEBAN
PELAEZ, JOSE IVER SALAZAR GONZALEZ.

En primera instancia el día 15 de abril se buscó en el Directorio Telefónico
de la ciudad de Ibagué el número del teléfono de la Oficina del Profesional,

44
“ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios,
a la beneficiaria de la adjudicación hecha mediante la resolución revocada en los términos del Código Contencioso
Administrativo, haciéndoles saber que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 230 de 2008, contra la
misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. […]”
45
Folio 471 del Anexo No. 5. Cuaderno de Pruebas.
46
Folios 471 y 474 del Anexo No. 5 del Cuaderno de Pruebas.
47
Poder visible a folio 361 del Anexo No. 5 del Cuaderno de Pruebas.
48
Folios 476 y 477 del Anexo No. 5 del Cuaderno de Pruebas.

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Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

nos comunicamos y se le dejo (sic) razón que se presentara en esta
Dirección Territorial, posteriormente el 22 del mismo mes me acerqué a la
Oficina del Abogado, ubicada en el piso U Oficina 402 EDIFIO (sic)
ESCORIAL, con el fin de cumplir con la diligencia, el Profesional no se
encontró. Posteriormente el día 9 de mayo me desplace (sic) nuevamente
al Despacho del Abogado y fui atendida por el dependiente jurídico de la
misma señor (sic) CAMILO PARRA quien informo (sic) que el Doctor
PARRA había salido de la Oficina, para atender una calamidad doméstica.

En consecuencia, al no poderse realizar la diligencia de Notificación
Personal, se devuelven los documentos allegados, para lo
pertinente.

Estas actuaciones se realizaron con la presencia de dos Testigos

Dada en Ibagué a los 15 días del mes de mayo de 2.008.

Atentamente,

HILDA LUCIA QUIROZ QUIROZ
Funcionario INCODER

Testigos: SANDRA LILIANA GUZMÁN ROSALBA RIVERA MORA”.
(Negrilla fuera de texto)

100. Se demostró que el Incoder notificó por edicto el contenido de la Resolución
564 de 7 de abril de 200849, el cual fue fijado el 2 de mayo de 2008 y desfijado el 16
de mayo de 200850.

101. Cabe destacar que el fenómeno jurídico de la firmeza del acto administrativo
implica que la decisión de la administración se torna en incuestionable en sede
administrativa, lo cual a la luz del artículo 62 del CCA, ocurre en cualquiera de los
siguientes eventos, a saber: (i) cuando contra ellos no proceda recurso alguno; (ii)
cuando se hayan decidido los recursos interpuestos; (iii) cuando no se interpongan
los recursos, o cuando se renuncia expresamente a ellos y; (iv) cuando haya lugar
a perención, o cuando se acepten los desistimientos. Señala la norma:

“ARTICULO 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los
actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie
expresamente a ellos.
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los
desistimientos”.

102. El día 16 de mayo de 2008 quedó en firme el acto de revocatoria directa del
acto de adjudicación según el artículo 23 del Decreto 230 del 30 de enero de 2008.
Ello significa que el actor contaba con cuatro (4) meses para presentar la demanda

49
Entre otros actos administrativos. La notificación de la Resolución 564 de 7 de abril de 2008 aparece visible a folio 500 del
Anexo 5.
50
Folio 505 del del Anexo 5. En igual sentido, así lo certificó el Incoder mediante constancia obrante en el folio 105 del
Cuaderno 1.

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Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
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Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

de manera oportuna, término que empezó a correr desde el 17 de mayo de 2008-
día siguiente a la desfijación del edicto- y finalizó el día 17 de septiembre de 2008.

103. Por otro lado, consta que, según el sello de recibido del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la demanda se radicó el día 20 de noviembre de
200851.

104. Ahora bien, en el presente caso no existe controversia sobre el hecho de que
se produjo un cese de actividades entre el 4 de septiembre de 2008 hasta el día 15
de octubre de esa anualidad, circunstancia que fue reconocida por los distintos
intervinientes a lo largo del proceso. No obstante, y atendiendo la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación, el cese de actividades de la rama judicial no
interrumpe el término de caducidad, a menos que el plazo para la presentación
oportuna de la demanda venza dentro de dicho período, caso en el cual el término
de caducidad se extiende hasta el primer día hábil siguiente, es decir, la demanda
debe presentarse el día hábil siguiente de aquel en que se levanta el paro.

105. Así las cosas, por cuenta de esa situación el término de caducidad se
extendió hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el 16 de octubre de 2008. A
pesar de ello, la demanda se radicó por primera vez ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el día 20 de noviembre de 2008, es decir, de forma
extemporánea.

106. En estas condiciones, no le asiste razón al recurrente cuando interpreta que
el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
suspendió con ocasión del cese de actividades, pues en estos eventos se aplica la
regla de extensión del plazo hasta el día hábil siguiente contenida en el artículo 62
de la Ley 4 de 1913 -Código de Régimen Político y Municipal- y el artículo 121 del
Código de Procedimiento Civil52.

107. Cabe resaltar que, tal y como lo indicó la señora Procuradora 49 Judicial II
para Asuntos Administrativos, agente del Ministerio Público ante la primera
instancia, para la fecha de presentación de la demanda no era obligatoria, por
mandato del legislador, la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que con ocasión de la Ley
1285 de 2009, modificatoria de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia –
Ley 270 de 1996, la conciliación extrajudicial pasó a ser requisito de procedibilidad

51
Reverso folio 53 del Cuaderno 1.
52
“ARTÍCULO 121. Términos de días, meses y años. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia
judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.
Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

para el ejercicio de las acciones consagradas en los artículos 85,53 8654 y 8755 del
Código Contencioso Administrativo, norma que fue declarada exequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C- 713 de 2008.

108. Por otro lado, el demandante tenía la carga de demostrar la existencia de
una situación constitutiva de caso fortuito o una fuerza mayor que le impidiera
presentar la demanda dentro del término previsto en el numeral 2° del artículo 136
del CCA, una vez superada la situación del paro judicial, más allá que la simple
manifestación.

109. Por último, respecto del argumento nuevo que introdujo el recurrente en la
etapa de alegaciones finales presentados ante esta instancia judicial, con el
propósito de “[…] sustentar el recurso de apelación contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Meta” relativo a que el acto administrativo de revocatoria directa
de la adjudicación y el acto administrativo de adjudicación de baldíos constituyen
un acto administrativo complejo, la Sala considera que dicho argumento nuevo
resulta extemporáneo.

110. Al respecto, la Sala recuerda que los alegatos de conclusión constituyen la
oportunidad para que las partes expresen al juez sus argumentos finales sobre lo
acontecido en el proceso, antes de que el juez adopte una decisión de fondo, sin
que este momento procesal pueda utilizarse como herramienta para suplir
deficiencias o para introducir nuevos argumentos que no se plantearon
oportunamente en el recurso de apelación, ya que ello podría desconocer el debido
proceso y el derecho de defensa56.

111. Por las razones expuestas, esta Sala confirmará la sentencia de primera
instancia por medio de la cual se declaró probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

53
“ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que
pagó indebidamente”.
54
“Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño
cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
[…]”
55
“Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare
su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su
revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras
declaraciones y condenas.
[…]”
56
Sobre este tema: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López,
sentencia de 16 de agosto de 2018, radicado: 1001-03-24-000-2010-00198-00.

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Radicación: 50001-23-31-000-2010-00123-01
Demandante: Gildardo Cagua Castellanos
Demandado: INCODER (Hoy Agencia Nacional de Tierras)

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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