Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00504-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00504-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2010-00504-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - daños causados por terceros derivados de
la ausencia de protección por parte del Estado – en el presente caso no existen criterios de
imputación frente a la institución demandada.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Se analiza la responsabilidad patrimonial de la demandada por la muerte de una
persona desmovilizada debido a la ausencia de protección por parte del Ejército
Nacional.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 17 de junio de 2015, mediante la cual
decidió la demanda de reparación directa presentada1 por la señora Ana María del
Carmen Moncada (madre), Andrés Felipe, Jhon Steven y Daniel Octavio Cortés
Moncada (hermanos), María Betulia Moncada de López (abuela) y Freddy Cortés
Díaz (padrastro), en contra de la Nación – Ministerio del Interior y Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por los perjuicios irrogados por la muerte de la señora Carmen Susana
Moncada, ocurrida el 4 de octubre de 2008, en zona rural del municipio de
Villavicencio.
2. Como consecuencia, solicitaron una indemnización por concepto de perjuicios
morales, afectación a sus derechos constitucionales, daño a la vida de relación y
por perjuicios materiales -daño emergente y lucro cesante-.
3. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró, en síntesis, que el 14 de
agosto de 2008, la joven Carmen Susana Moncada se desmovilizó del frente 42 de
1 Folios 1-35 C. ppal.
Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
la guerrilla de las FARC con el objetivo de reintegrarse a la vida civil y colaborar
con la justicia; para ese efecto se presentó ante un batallón del Ejército Nacional
en la ciudad de Villavicencio.
4. Indicó que, en cumplimiento de las exigencias del programa de reintegración
social y económica de personas y grupos alzados en armas, la referida persona
empezó a colaborar en labores de inteligencia militar en contra del referido grupo
subversivo.
5. Afirmó que el 4 de octubre de 2008, la joven Carmen Susana Moncada fue
asesinada con arma de fuego al ingresar a la finca de sus padres, ubicada en zona
rural del municipio de Villavicencio, por dos sujetos que la venían siguiendo desde
el aeropuerto de esa ciudad.
6. Sostuvo, finalmente, que la institución demandada incurrió en una falla del
servicio respecto de sus deberes de protección y seguridad frente a personas
amenazadas, pues la referida joven no contaba con ningún escolta o
acompañamiento de la Fuerza Pública, máxime cuando se encontraba realizando
labores de inteligencia para el Ejército Nacional, lo cual hacía que estuviera
amenazada por la organización criminal a la que pertenecía anteriormente2.
La defensa
7. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, para cuyo efecto se limitó a indicar que la muerte de la referida
joven no se produjo por ninguna falla del servicio, sino por el hecho exclusivo y
determinante de un tercero3.
8. A su turno, el Ministerio del Interior se opuso igualmente a las pretensiones,
para lo cual formuló las excepciones perentorias del hecho de un tercero y falta de
legitimación en la causa por pasiva4.
9. Surtida la parte probatoria5, la demandante reiteró los argumentos planteados en
la demanda en relación con una supuesta falla del servicio en que habría incurrido
2 Folios 1 a 35 C. 1.
3 Folios 64 a 68 C. 1.
4 Folios 76 a 82 C. 1.
5 Mediante auto del 31 de octubre de 2012, el tribunal a quo decretó los siguientes medios de prueba:
• Acta de compromiso dentro del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados
en armas ante la Alta Consejería para la Reintegración Social. F. 47 C. 1.
• Certificación No. 1748-2008 expedida por el secretario técnico del Ministerio de Defensa Nacional. F. 48 C. 1
• Recorte de periódico en el cual se informó sobre el asesinato de un taxista y dos jóvenes de 20 y 21 años. F.
49 C. 1
• Oficio No. 3635/ MDVPAIDP del 23 de abril de 2013 suscrito por el coronel responsable del área de atención
primaria GAHD, mediante el cual se informó que la joven Carmen Susana Moncada se presentó
voluntariamente el día 7 de julio de 2008 ante el personal militar de la Brigada Móvil No. 3. Fl. 119.
• Oficio No. ULI 572 del 25 de junio de 2013 suscrito por la jefe de unidad de fiscalías, por el cual se indica que
la Fiscalía 236 Seccional adelantó investigación penal en contra de Carmen Susana Moncada por el delito de
rebelión. F.129 C. 1.
• Oficio No. 0303 del 7 de febrero del 2014 suscrito por el comandante de la Brigada Móvil No, 3 de la Fuerza
de tarea conjunta "omega", a través del cual señaló que la joven Moncada no fue empleada en operación militar
alguna por parte de ese comando. Fl. 144 a 146 C.1.
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Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
la institución demandada respecto de sus deberes de seguridad y protección para
la persona asesinada6.
10. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
11. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Meta denegó las
pretensiones de la demanda, toda vez que no se probó la supuesta falla del servicio
de seguridad endilgada a la demandada, pues lo cierto era que ni siquiera se logró
probar los móviles, ni la identidad de quienes perpetraron ese asesinato.
12. De otra parte, sostuvo que, pese a que en la demanda se afirmó que la joven
asesinada colaboraba en actividades de inteligencia del Ejército Nacional, dicha
situación tampoco fue probada en el proceso, por lo cual no podía inferirse que la
víctima directa hubiera desarrollado funciones que la pusieran en peligro y que
ameritara la protección de las entidades demandadas, a partir de lo cual indicó que
tampoco se probó el nexo de causalidad entre ese luctuoso hecho y actuación
alguna del Ejército Nacional o del Ministerio del Interior7.
II. El RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
13. En su apelación, la parte actora manifestó que sí se probó que la joven
asesinada colaboraba con el Ejército Nacional en actividades de inteligencia militar,
lo cual se había acreditado con una nota de prensa de un periódico regional, en la
que un coronel del batallón de la ciudad de Villavicencio habría reconocido que la
víctima directa desarrollaba labores de inteligencia para esa unidad militar.
Adicionalmente, dentro del proceso penal adelantado por tales hechos se recibió la
declaración de una persona que afirmó que a la referida joven y a su acompañante
las ultimaron por razón de su colaboración con el Ejército Nacional. Con base en lo
anterior, manifestó que el Ejército Nacional estaba llamado a responder por la falta
en su deber de protección y seguridad para con la víctima directa, dadas sus
especiales condiciones de riesgo8.
14. Al alegar de conclusión, la parte demandante reiteró los argumentos planteados
con el recurso de apelación, mientras que las demandadas guardaron silencio 9.
• Oficio No. OF114-020098/ JMSC5202023 suscrito por el coordinador del grupo de asuntos contenciosos de
la oficina asesora jurídica de la Agencia Colombiana para la Reintegración por el cual se indican los beneficios
económicos recibidos por la joven Carmen Susana Moncada cancelados por dicha entidad. F 158 C.1.
• Oficio No. OFI 14-86274 del 9 de diciembre de 2014 por el cual se indicó que Carmen Susana Moncada
estaba registrada y aprobada como desmovilizada individual. F. 184 a 190 C.1.
• Oficio remitido por la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio sobre la
información del proceso penal adelantado por la muerte de los señores Kerly Buitrago Galeano, Carmen
Susana Moncada y Jorge Adelmo Moreno Ruiz. F. 192 C.1.
6 Folios 194 C. 1.
7 Folios 212 a 231 C. Ppal.
8 Folios 233 a 242 C. Ppal.
9 Folio 272 a 278 C. Ppal.
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Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
15. El Ministerio Público pidió que se confirmara la sentencia recurrida, por
considerar que no se probó que el Ejército Nacional hubiera tenido conocimiento
sobre alguna amenaza en contra de la hoy occisa respecto de lo cual pudiera
inferirse alguna omisión de sus deberes de seguridad y protección. A lo cual agregó
que tampoco se probó que la referida persona desarrollara actividades de
inteligencia militar10.
III. CONSIDERACIONES
16. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
El objeto del recurso de apelación
17. El ámbito del recurso se circunscribe a verificar si se encuentra acreditado que
la joven Carmen Susana Moncada se desempeñaba como colaboradora de la
inteligencia militar, circunstancia por la cual la institución demandada debía brindarle
seguridad y protección.
18. En tanto el recurso de apelación solo cuestionó la responsabilidad patrimonial
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Sala se abstendrá de
emitir pronunciamiento alguno frente al Ministerio del Interior.
Análisis del caso concreto
19. La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que del exiguo material
probatorio arrimado al plenario no es posible concluir acerca de una responsabilidad
en la muerte de Carmen Susana Moncada imputable a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional.
20. En primer lugar, en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodearon los hechos en los que falleció la joven Carmen Susana Moncada, se logró
acreditar lo siguiente:
21. En el proceso se acreditó que la joven Carmen Susana Moncada se presentó
de forma voluntaria el 7 de julio de 2008 ante el personal militar de la Brigada Móvil
No. 3, afirmando pertenecer al frente 27 de las FARC, y se hizo parte del programa
de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, según
lo certificó el coronel responsable del área de atención primaria GAHD mediante
oficio No. 3635 del 23 de abril de 201311. En ese mismo sentido, el coordinador del
grupo de asuntos contenciosos de la oficina asesora jurídica de la Agencia
Colombiana para la Reintegración informó sobre los beneficios económicos
recibidos por ella12.
10 Folios 279 a 289 C. Ppal.
11 Folio 119 C. 1.
12 Folio 158 C. 1.
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Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
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Referencia: Reparación directa
22. Asimismo, el 14 de agosto de 2008 la joven Carmen Susana Moncada, de 20
años, suscribió un acta de compromiso dentro del proceso de reintegración social
y económica de personas y grupos alzados en armas ante la Alta Consejería para
la Reintegración Social de Villavicencio 13 ; en ese mismo sentido, obra la
certificación No. 1748 del 1 de septiembre de 2008, expedida por el secretario del
Comité Operativo para la dejación de armas del Ministerio de Defensa, mediante la
cual se indicó que la referida joven perteneció a una organización armada al margen
de la ley, se desmovilizó y manifestó su voluntad de abandonarla 14.
23. De otra parte, se observa una copia de una nota de prensa de un periódico
local, en la cual se informó sobre el asesinato de dos jóvenes desmovilizadas que
se transportaban en un vehículo tipo taxi y de su conductor. Este documento debe
ser valorado según las pautas probatorias establecidas por esta Corporación,
según las cuales no da fe de la ocurrencia de lo allí contenido, sino simplemente de
la noticia o de la información. Lo anterior dado que tales informes de prensa no
ostentan por sí solos la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de
la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de
su conexidad y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el
expediente, de manera que, cualquier género periodístico que relate un hecho
(reportajes, noticias, crónicas, etc.) puede servir como elemento orientador al juez,
quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso, puede llegar a constatar la certeza de los hechos15.
24. En relación con la colaboración de la referida joven en actividades de
inteligencia militar, se observa que mediante oficio 303 del 7 de febrero del 2014
suscrito por el comandante de la Brigada Móvil No. 3 de Villavicencio, hizo constar
que la joven Carmen Susana Moncada no prestó ningún tipo de servicios en
operación militar alguna a ese comando16.
25. La Sala advierte que la única prueba en relación con la supuesta colaboración
en actividades de inteligencia militar de la joven Carmen Susana Moncada es la
referida nota de prensa, de ahí que, ante la ausencia de elementos probatorios para
acreditar dicha circunstancia, se impone inferir que ese hecho no se encuentra
probado.
26. Asimismo, se observa que la Fiscalía 236 Seccional adelantó investigación
penal en contra de Carmen Susana Moncada por el delito de rebelión, el cual
finalizó con decisión de archivo definitivo del 28 de abril de 200917.
27. Finalmente, la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de
Villavicencio informó que adelantó una investigación por la muerte de la joven
Carmen Susana Moncada y otras dos personas más 18 , pero se desconoce el
13 Folio. 47 C. 1.
14 Folio 48 C. 1.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012,
Radicación número: 110010315000201101378-00.
16 Folio 146 C. 1.
17 Folio 145 C. 1.
18 Folio 129 C. 1.
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Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
resultado de la misma, dado que no obra el expediente penal en este proceso.
28. En este punto cabe precisar que, a pesar de que en el recurso de apelación la
parte actora manifestó que dentro del proceso penal adelantado por tales hechos
se recibió una declaración de una persona en la que afirmó que a la referida joven
y a su acompañante las ultimaron por razón de su colaboración con el Ejército
Nacional, lo cierto es que dicha investigación penal no fue allegada a este proceso.
29. Del material probatorio antes referido se tiene acreditado que la muerte de la
referida joven fue perpetrada el 4 de octubre de 2008, por desconocidos en zona
rural del municipio de Villavicencio; no obstante, se desconocen completamente los
móviles de ese hecho, así como la identidad de los responsables.
30. Ahora bien, teniendo en cuenta el título de imputación alegado en la demanda
(falla del servicio), cabe destacar que, tratándose de los daños sufridos por las
víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, la Sala ha considerado que
son imputables al Estado cuando en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo
participación la Administración Pública a través de una acción u omisión constitutivas
de falla del servicio. Al respecto la Sala, se ha precisado que el Estado debe
responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de
prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a las personas a merced de
los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se
tiene conocimiento de que los derechos de esas personas vienen siendo
desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección
especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se
encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es
evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o
indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba
amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus
funciones19.
31. De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas
y en particular la del Ejército Nacional, la constituye la defensa de todos los
residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir el
cumplimiento de esas funciones compromete su responsabilidad institucional, que
de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe
utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás
derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares
sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los
mismos20.
32. Asimismo, debe señalar la Sala que a pesar de que constituye deber del Estado
brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables
todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros,
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 28 de julio de 2011, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez y las proferidas el 28 de enero de 2015, exp. 29.526 y el 23 de septiembre de 2015, exp. 35.123, ambas
con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Expediente No. 18.106, M.P.
Ruth Stella Correa Palacio.
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Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
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Referencia: Reparación directa
porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las
capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está
obligado a lo imposible”21.
33. Todo lo anterior permite a la Sala concluir que en este caso no se probó omisión
alguna de la demandada que le fuera imputable en el presente asunto.
34. En efecto, no obra medio probatorio en el proceso que permita inferir la relación
de causalidad entre el daño que originó la presente demanda y conducta alguna por
acción u omisión realizada por la entidad demandada que hubiese determinado
dicho daño; por tal razón, tampoco existe criterio de causalidad o de imputación que
permita vincular conducta alguna o comportamiento de la Administración pública
demandada para con los actos o hechos desencadenantes del daño, criterio que
resulta indispensable para iniciar un examen de causalidad tendiente a la
declaratoria de responsabilidad solicitada en la demanda.
35. De la circunstancia antes referida, deviene estéril cualquier examen de los
fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales -falla del
servicio-, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho
dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquéllos encuentran fundamento y
razón de ser sólo cuando el daño antijurídico le es imputable a la Administración,
cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al
juzgador de ese tipo de consideraciones22.
36. Así las cosas, para la Sala obra una clara ausencia o imposibilidad de
imputación del hecho dañoso a la demandada, comoquiera que éste sólo puede ser
atribuido al hecho determinante y exclusivo de un tercero, lo cual impide estructurar
la imputación jurídica en contra de la entidad demandada, elemento indispensable
para deducir responsabilidad extracontractual al Estado.
37. Todas las razones hasta ahora expuestas, servirán de apoyo para confirmar la
sentencia impugnada que denegó las pretensiones de la demanda.
Costas
38. La Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
21 Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos
del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad
del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que
una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento
de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la
administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene
justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’".
22 En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de
agosto de 2008, exp. 165.16 y del 4 de junio del 2008, exp. 16.643. MP. Enrique Gil Botero.
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Radicación: 500012331000201000504 01 (55.121)
Actor: Daniel Octavio Moncada y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta el 17 de junio de 2015, mediante la que se negaron las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
8
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