Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2011-00254-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Empleo de libre nombramiento y remosión
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2011-00254-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-31-000-2011-00254-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
26 de agosto de 2021
EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOSIÓN / FACULTAD DISCRECIONAL PARA REMOVER EMPLEADOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOSIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIO DE PODER
[E]l Procurador General de la Nación, en razón a la naturaleza del cargo desempeñado por el actor para la época de los hechos, es decir, de libre nombramiento y remoción, estaba constitucional y legalmente facultado por los artículos 278 (numeral 6) y 279 de la Carta Política y 158 (numeral 3), 165 y 182 (numeral 2) del Decreto 262 de 2000, para hacer uso del retiro discrecional del accionante.[…] El vicio de desviación de poder de la autoridad administrativa supone la utilización de las atribuciones legales discrecionales para fines distintos a los señalados en el orden jurídico. Puede ocurrir cuando la potestad se usa para propósitos perniciosos o ilícitos, o cuando se emplea para fines legales o de interés público, pero diferentes a los previstos en la normativa que la autoriza. […] En el asunto sub judice, afirma el apelante que existió desviación de poder, por cuanto no se aportó medio de convicción que indicara los propósitos de la Administración con su retiro del servicio, que su reemplazo hubiera mejorado el perfil que él tenía u obtuviera resultados semejantes o mejores a los suyos, con lo cual desconoció la trayectoria, experiencia y gestión que acreditó. Para la Sala, los argumentos anteriores no constituyen prueba ni motivos para concluir que existió desviación o abuso de poder de la autoridad nominadora y que el acto demandado es contrario a derecho. El cumplimiento del deber funcional y la facultad de libre nombramiento y remoción no se excluyen ni oponen entre sí; pues aquel no enerva esta. […] Resulta oportuno advertir que tratándose de la presunción legal de una decisión propia de la Administración pública, le corresponde al particular eventualmente afectado con ella, desvirtuarla; y en el sub lite, como ya se vio, el demandante no demostró que la parte accionada hubiera actuado con desviación o abuso de poder en la expedición del acto acusado; quien alega tal vicio tiene la obligación de acreditarlo con suficiencia, puesto que, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), le incumbe la carga de la prueba.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 278 NUMERAL 6 / CP – ARTÍCULO 158 / DECRETO 262 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECRETO 262 DE 2000 – ARTÍCULO 182 NUMERAL 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00254-02(4490-18)
Actor: EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: INSUBSISTENCIA DE CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 22 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Acción (ff. 1 a 25 y 106 a 108 c. 1). El señor Eduardo Carmelo Padilla Hernández, en nombre propio, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), contra la Nación – Procuraduría General de la Nación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del Decreto 2737 de 26 de octubre de 2010, por el que la accionada declaró insubsistente su nombramiento de procurador 48 judicial II administrativo de Villavicencio.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada (i) reintegrarlo al citado empleo «[…] o a uno de similar o superior jerarquía, con efectividad al 25 de octubre de 2010», sin solución de continuidad; (ii) sufragar los emolumentos y prestaciones dejados de devengar desde la fecha de retiro hasta cuando sea reincorporado, (iii) indexar los valores adeudados, (iv) pagar los perjuicios materiales y morales causados y (v) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que el 1º de febrero de 2010 ingresó a la Procuraduría General de la Nación como procurador 48 judicial II administrativo de Villavicencio, cargo que desempeñó de manera diligente y «[…] con total empeño y dedicación, sin obtener llamado de atención alguno de [sus] superiores».
Que el Decreto 2737 de 26 de octubre de 2010, por cuyo conducto la accionada declaró insubsistente su nombramiento, «[…] es violatorio del ordenamiento jurídico ya que como consecuencia de ello se configuró un evidente desvío de poder».
Dice que en julio de 2011 fue notificado de la queja disciplinaria formulada por la señora Amaida María Guevara Cárdenas en su contra, «[…] aduciendo un supuesto maltrato y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, entre otras conductas, cuando era Procurador 48 Judicial II Administrativo de Villavicencio», actuación que no ha culminado y que, curiosamente, presentó el mismo día en que se le retiró del servicio.
Que en la hora actual «[…] el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria […]» conoce de la investigación disciplinaria tendiente a «[…] establecer si hubo o no descuido por parte de los Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura en Villavicencio […] al no estudiar con diligencia y archivar las investigaciones que […] inició en contra de unos abogados que colaboraron en la ejecución de un trámite irregular cuando él ejercía funciones como Procurador, […] situación que […] muestra el esmero que tenía […] por ejercer sus funciones […]».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto censurado los artículos 2, 3, 6, 25 y 125 de la Constitución Política; 2, 36 y 84 del CCA; y 26 y 61 del Decreto 2400 de 1968.
Asevera que con su desvinculación no se mejoró el servicio público ni se atendió el interés general, toda vez que él contaba con amplia experiencia en el sector estatal, además de varios cursos de capacitación, cualidades que no acreditó el servidor que lo reemplazó.
Que en su hoja de vida o la resolución atacada no figura «[…] la causa del mal servicio, o el motivo de […] insubsistencia, que no existe porque obedeció a motivos personales y políticos, al utilizar dicha facultad […] para nombrar a una persona por recomendación política», de manera que aunque acepta que el empleo que ocupaba es de libre nombramiento y remoción, en todo caso la Administración está «[…] sujet[a] a la Constitución Política y a la Ley, y en el presente caso […] el acto administrativo desvinculante no se ajusta a ninguna de ellas […], ya que no es una potestad ilimitada».
Aduce que si bien no cuestiona las calidades profesionales del señor Rigoberto Reyes Rojas, quien con posterioridad asumió el precitado cargo, su currículum no es superior, amén de que el «[…] Ex gobernador del […] Meta, esposo de la Senadora MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL, Dr. LUIS CARLOS TORRES RUEDA, es hermano del señor JORGE TORRES RUEDA y éste a su vez fue cuñado de la señora CLAUDIA PATRICIA ESTEPA RODRIGUEZ, esposa del Dr. […] REYES ROJAS, por lo que se puede deducir o inferir que [aquel] pertenece al grupo político y a los hombres de confianza de la Senadora […] mas no del Procurador General de la Nación[, por lo que] la razón de su nombramiento es la cercanía con la Senadora […] ya que no existe ningún concurso público para llegar al cargo» (sic).
Que la decisión del organismo demandado no solo le causó graves afecciones de salud (físicas y emocionales), sino que afectó su situación económica.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 112 a 132 c. 1). La demandada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos afirma que unos son ciertos y los demás no le constan. De igual modo, propuso la excepción denominada falta de requisitos formales de la demanda.
Arguye que el Decreto ley 262 de 2000 contempla que en la Procuraduría General de la Nación los empleos son de carrera, libre nombramiento y remoción y de período fijo (exclusivamente para el regente), como que en virtud de los artículos 158 ibidem y 278 de la Carta Política se le otorgó al jefe del Ministerio Público la facultad de nombrar y remover a los servidores a su cargo, entre ellos los procuradores judiciales.
Que las anteriores normas prevén la insubsistencia discrecional como mecanismo para retirar a los funcionarios que ocupen empleos de libre nombramiento y remoción, facultad que «[…] no se funda en una cuestión caprichosa […]», sino que «[…] obedece a las razones del servicio y no es omnipotente, pues debe perseguir en todo momento mejorar la calidad y eficiencia de la función pública, propender por el cumplimiento y los objetivos de los fines del Estado, y concretamente por ejercer las labores encomendadas a la Entidad […]», y atiende el nivel de confianza y cercanía con los directivos.
Expresa que la jurisprudencia de las altas corporaciones ha decantado que la facultad discrecional no requiere ser motivada, en atención a la presunción de legalidad que la ampara, y las insubsistencias se producen en aras del buen servicio y es la parte afectada la que tiene la carga de demostrar lo contrario, puesto que «[…] a diferencia de lo afirmado en la demanda, […] si la persona ostenta una conducta intachable, comportamiento que se espera de la generalidad de los servidores públicos, en el caso de ejercicio de cargos de libre nombramiento y remoción, es suficiente que quien entre a remplazar al servidor público retirado del servicio cumpla con los requisitos para ejercer el cargo».
1.6 La providencia apelada (ff. 612 a 624 vuelto c. 3). El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 22 de marzo de 2018, negó las pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al considerar que el demandante «[…] se encontraba desempeñando un cargo que era […] para la época de los hechos y de la presente demanda como de libre nombramiento y remoción -procurador judicial- por lo que la entidad tenía la potestad de retirarlo del servicio de forma discrecional, sin que debiera tener motivación alguna […]».
Que las pruebas adosadas al expediente no evidencian que el retiro del actor y el nombramiento del señor Rigoberto Reyes Rojas hayan ocurrido por intervención política o recomendación de la entonces senadora Maritza Martínez Aristizábal; incluso los testigos solicitados por aquel no «[…] tuvieron conocimiento de las causas de la destitución [sic], [sino tan solo de que él] estuvo mal emocionalmente, por lo que no [hay] algún elemento del que se pueda inferir un desvío de poder […]».
1.7 El recurso de apelación (ff. 626 a 642 c. 3). Inconforme con el anterior fallo, el accionante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar, en esencia, que el a quo no advirtió que el acto acusado no estuvo encaminado a mejorar el servicio, dado que se limitó a determinar si su desvinculación estuvo motivada por intereses políticos para que se nombrara en su reemplazo al recomendado de una senadora de la República, a pesar de que su labor convirtió al despacho a su cargo «[…] en uno de los más eficientes del país».
Sostiene que las declaraciones rendidas en el proceso dan cuenta de que, una vez fue retirado, las estadísticas de producción de la procuraduría 48 judicial II administrativa de Villavicencio desmejoraron, pues, además de que su primer reemplazo fue otro procurador que tuvo que asumirlo en encargo, con la dificultad que ello implica, el señor Rigoberto Reyes Rojas, quien fue designado con posterioridad, «[…] no llenaba las expectativas […] habida cuenta de que era un funcionario con menor experiencia laboral en cargos públicos o afines al cargo de Procurador Judicial y menor acreditación en estudios superiores o de posgrado».
Que al entonces Procurador General de la Nación le asistía interés en nombrar al señor Reyes Rojas, toda vez que al ser cercano al esposo de la congresista Martínez Aristizábal (señor Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta), aseguraba su reelección como jefe del Ministerio Público.
Asegura que su salida de la Administración también estuvo precedida de un altercado con la abogada Amaida María Guevara Cárdenas, quien al ser reconvenida por él por «[…] la tentativa de un fraude procesal para que le celebraran dos veces una audiencia de conciliación, es amenazado [por ella] de entablarle una queja disciplinaria […] para llevarla “hasta el final usando sus influencias en la procuraduría” […]», que en efecto formuló el 4 de noviembre de 2010, esto es, antes de que se le notificara el acto demandado.
Por último, reprocha la posición del Tribunal de primera instancia en cuanto desestimó «[…] los enlaces de las noticias, [en los] que se afirma que el reemplazo es “cuota política de la senadora llanera” […]», por cuanto «[…] ya no está vigente el enlace de internet […]», habida cuenta de que dicha situación no les resta validez, máxime cuando ello ocurrió por la tardanza de aquel en el recaudo de las pruebas pedidas por las partes.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 29 de mayo de 2018 (f. 643 c. 3) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 12 de febrero de 2020 (f. 700 c. 3), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las otras partes por estado, en cumplimiento del artículo 212 del CCA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 8 de febrero de 2021 (f. 725 c. 3), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras.
2.1.1 Demandante. Pide revocar la decisión impugnada, para lo cual reitera los argumentos expuestos en el recurso.
2.1.2 Parte accionada. Sostiene que el actor omitió demostrar que el acto acusado incurrió en alguna causal de nulidad, no solo porque el cargo que ocupaba para la época de los hechos (procurador judicial) era de libre nombramiento y remoción, por lo que era procedente el retiro del servicio sin necesidad de motivar la decisión, sino porque no acreditó la desmejora en la prestación del servicio que alega ni mucho menos que la persona que entró en su reemplazo no colmara los requisitos y calidades para tal fin.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si al accionante le asiste razón jurídica o no para reclamar la ilegalidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente del empleo de libre nombramiento y remoción que ejercía en la Procuraduría General de la Nación (procurador 48 judicial II administrativo, código 3PJ, grado EC, de Villavicencio), pues fue expedido con desviación de poder y porque con su retiro, al parecer, no se mejoró el servicio.
3.3 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:
Oficio SG 112 de 15 de enero de 2010, por medio del cual el secretario general de la Procuraduría General de la Nación comunica al demandante que, mediante Decreto 8 de 13 de los mismos mes y año, el regente de ese organismo lo nombró «[…] en el cargo de Procurador 48 Judicial II Administrativo de Villavicencio, Código 3PJ, Grado EC» (f. 42 c. testimonios).
Decreto 2737 de 26 de octubre de 2010, por cuyo conducto la demandada declaró insubsistente el nombramiento del actor en el referido empleo (f. 43 c. testimonios).
Artículo publicado el 10 de noviembre de 2010 en la página electrónica de «Noticias de Villavicencio», según el cual «Coincidencialmente la Senadora Maritza Martínez está en dos noticias de esta sección, pero es necesario contar que un amigo suyo, en representación del partido de La U, es el nuevo Prourador Delegado ante el Tribunal Administrativo del Meta. Ya esta despachando el abogado Rigoberto Reyes» (sic) [ff. 29 y 30 c. 1].
Noticia de «10 DE NOVIEMBRE DE 2010» proveniente del sitio virtual «Notillano.com», en el que se hace referencia a la designación del señor Rigoberto Reyes Rojas en la Procuraduría General de la Nación, «[…] quien se desempeño como asesor jurídico del departamento entre otros cargos, [y] llega a la posición como representación del movimiento de la Senadora del partido de la U, Maritza Martínez Aristizabal» (sic) [ff. 31 y 32 c. 1].
Oficios de 30 de enero de 2012 y 5 de febrero de 2013 elaborados por los medios de comunicación Noticiero del Llano y Noticias de Villavicencio.com, en los que informan que no pueden certificar la veracidad de las publicaciones citadas en las letras precedentes (ff. 174 y 177 a 178 c. 1).
Auto de 23 de abril de 2014, por el que la procuraduría delegada para la conciliación administrativa archiva la actuación disciplinaria adelantada contra el accionante, en su condición de procurador 48 judicial II administrativo de Villavicencio, iniciada por la queja formulada por la señora Amaida María Guevara Cárdenas, quien denunció que este la trató de manera irrespetuosa y denigrante y abusó de sus facultades disciplinarias dentro del trámite de conciliación que presentó ante el Ministerio Público (ff. 303 a 329 c. 2).
Copia del expediente que contiene la investigación penal 50001-60-00-567-2010-04226, tramitada por la fiscalía cuarta (4ª) delegada ante los jueces penales del circuito de Villavicencio, como consecuencia de la información enviada por la procuraduría 48 judicial II administrativa de esa ciudad, en la que advierte que la señora Guevara Cárdenas presentó solicitud de conciliación extrajudicial, en la que «[…] manifestó bajo la gravedad de juramento que no ha realizado ninguna conciliación […] con base en […]» los mismos hechos, lo cual no era cierto, dado que «[…] ese trámite […] ya se realiz[ó] en ese despacho […]»; archivada por el ente acusador «[…] en atención a que no existe conducta punible alguna que […] deba investigar […]» (c. anexo 1).
Reportes estadísticos de gestión de la procuraduría 48 judicial II para asuntos administrativos de Villavicencio, correspondiente a los años 2010 a 2012 (ff. 188 a 194 c. 1).
Certificación expedida por el departamento del Meta, en la que consta que el señor Rigoberto Reyes Rojas laboró como jefe de la oficina asesora jurídica, adscrito al despacho del gobernador (en ese entonces el señor Luis Carlos Torres Rueda), entre el 1º de febrero de 2002 y el 1º de enero de 2004 (f. 267 c. 2).
Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores Lucía del Socorro Ayazo Jiménez, Ómar Jesús Valencia Arango, Óscar Humberto Rodríguez Gutiérrez, Isabel Cristina Durango Padilla, Jairo José Medina Méndez y María del Carmen, Pedro José, Rosario del Socorro y Rosalba Padilla Flórez, quienes relataron circunstancias concernientes a la vinculación del demandante en el organismo accionado, así como sobre sus calidades profesionales y personales (ff. 242, 243 y 365 a 368 c. 2, 455 a 457, 502, 503 y 573 a 575 c. 3).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) mediante Decreto 8 de 13 de enero de 2010, el actor fue designado en el cargo de libre nombramiento y remoción de procurador 48 judicial II administrativo, código 3PJ, grado EC, de Villavicencio; (ii) a través de Decreto 2737 de 26 de octubre de 2010, la demandada declaró insubsistente el aludido nombramiento; (iii) durante el período que desempeñó dicho empleo, la señora Amaida María Guevara Cárdenas formuló contra él queja disciplinaria, desestimada por la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, con auto de 23 de abril de 2014; (iv) la Fiscalía General de la Nación adelantó investigación penal por los delitos de falso testimonio y fraude procesal contra la referida señora, con ocasión de la información que en tal sentido envió la procuraduría judicial a cargo del demandante; y (v) en medios de comunicación locales de Villavicencio, se realizaron publicaciones periodísticas sobre la designación del señor Rigoberto Reyes Rojas como nuevo procurador delegado en ese ente territorial.
3.4 Caso concreto. En punto a la resolución del problema jurídico planteado, resulta necesario analizar cada uno de los reparos expuestos por el recurrente, así:
3.4.1 El cargo del que fue declarado insubsistente el accionante era de libre nombramiento y remoción, por lo que tal decisión no requería motivación expresa y fue expedida en legal forma. La Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública», preceptúa:
CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
[…]
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:
[…]
b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos […].
En lo relacionado con el retiro del servicio, el artículo 41 (inciso 2º del parágrafo segundo) de la misma Ley establece que «La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
Resulta pertinente advertir que la precitada normativa (artículo 3º), en cuanto al campo de aplicación, dispuso: «Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]» de la «Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo».
Ahora bien, en el caso de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto ley 262 de 22 de febrero de 2000, «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público […] [y] se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación […]», en su artículo 182 prevé:
Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
[…]
• Procurador Judicial [negrillas de la Sala].
El artículo 158 del mencionado Decreto ley también consagra: «RETIRO DEL SERVICIO. El retiro definitivo de un servidor de la Procuraduría General de la Nación se produce […]», entre otras causales, por «Insubsistencia discrecional», la que define en el artículo 165 como «[…] la decisión que se produce en ejercicio de la facultad discrecional del nominador para remover a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de libre nombramiento y remoción».
La Corte Constitucional, en sentencia C-31 de 30 de enero de 1997 (M. P. Antonio Barrera Carbonell), recordó que los procuradores judiciales, como agentes del Ministerio Público, son de libre nombramiento y remoción por el vínculo funcional con el procurador general, que traducen su inspiración, voluntad y directrices de su política general en lo relativo a la actividad de control que constitucionalmente se le atribuye. Así lo expresó:
2. Mediante la sentencia C-334/96, la Corte se pronunció sobre una demanda de inexequibilidad, dirigida, entre otras disposiciones, contra un segmento normativo de la letra a) del art. 136 de la ley 201/95, que incluye a los agentes del Ministerio Público dentro de los funcionarios de libre nombramiento y remoción.
Dicho acápite normativo fue declarado exequible, con la siguiente argumentación:
“Cabe recordar en este lugar, que la Corte Constitucional en sentencia C-245 de 1995 dejó en claro que tanto los Procuradores Delegados como los Agentes del Ministerio Público -si bien es cierto se diferencian en que los primero son un "alter ego" del Procurador General de la Nación y actúan en su nombre, y los segundos obran en desarrollo de una función antes que en nombre de una persona-, son funcionarios que en razón de la inmediación del vínculo funcional con el Procurador, traducen su inspiración, voluntad y directrices de su política general en lo relativo a la actividad de control que constitucionalmente se le atribuye. Este razonamiento -que sirvió de fundamento a la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo del artículo 4o. de la Ley 27 de 1992 por el cual se les fijaba a los Procuradores Delegados el mismo período de los funcionarios ante quienes actúen-, nos proporciona una razón adicional contundente que justifica su inclusión de dichos funcionarios en el sistema de libre nombramiento y remoción del Procurador General de la Nación [se destaca].
Reiteró la Corte, en fallo C-429 de 2002 (M. P. Jaime Araujo Rentería), que «no existen en la Constitución criterios concretos para diferenciar los delegados, de los agentes del Procurador, pues lo cierto es que unos y otros desarrollan funciones y actúan en representación del Procurador en el cumplimiento de las tareas que son propias del Ministerio Público, salvo en lo atinente a las funciones que privativamente corresponde a aquél en los términos de los artículos 242-2-4 y 278 constitucionales […]. De ahí que los delegados y agentes del Procurador actúen en su representación y que además de las funciones que les asigne la ley, cumplan las que siendo propias del Jefe del Ministerio Público, a quien están subordinados, les sean delegadas por éste».
Sobre el tema, en sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013 (M. P. Mauricio González Cuervo), recapituló la Corte: «En efecto, la sentencia C- 146 concluyó que no se violaba el principio general de la carrera administrativa, al definir como de libre nombramiento y remoción el cargo de “procurador judicial”, por tratarse de una excepción establecida por el Legislador en razón a la relación de confianza y de representación que existe entre el Procurador General y los agentes directos suyos que actúan ante los despachos judiciales. Como se dejó establecido, “no cabe duda que la Corte se ha pronunciado no sólo en la sentencia 031 de 1997 sobre el carácter de libre nombramiento y remoción de los Procuradores Delegados, de los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, entre los que se encuentran los Procuradores Judiciales, como empleados de libre nombramiento y remoción; y ha dicho que es constitucional tal carácter y que no se viola el principio general de la carrera administrativa. En suma, la Corte declaró la constitucionalidad del libre nombramiento y remoción de los procuradores judiciales, por no encontrarlo violatorio del artículo 125 superior, que establece la regla de que los empleos del Estado “son de carrera”, con las excepciones allí mismo consagradas, entre las cuales ellos se encuentran» (subrayas del texto original), no obstante, resolvió: «Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” del numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política» y ordenó a la «Procuraduría General de la Nación que en un término máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia».
De acuerdo con lo decidido por la citada Corporación, fue a partir de la firmeza de esta última decisión (conforme al artículo 45 de la Ley 270 de 1996), que el cargo de procurador judicial dejó de ser de libre nombramiento y remoción, y se convirtió en otro más de carrera administrativa. Esa Corporación no moduló la sentencia con efectos retroactivos y ninguna otra autoridad judicial o administrativa lo puede hacer, en virtud de que «sólo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias» (providencia C-37 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa).
De antemano, pone de presente la Sala que las partes no discuten que el cargo de procurador 48 judicial II administrativo, código 3PJ, grado EC, de Villavicencio, del que fue declarado insubsistente el demandante, mediante Decreto 2737 de 26 de octubre de 2010, era de libre nombramiento y remoción. Por consiguiente, es conforme a la normativa vigente en el momento de la expedición que debe resolverse la presente controversia.
De conformidad con lo anterior, el Procurador General de la Nación, en razón a la naturaleza del cargo desempeñado por el actor para la época de los hechos, es decir, de libre nombramiento y remoción, estaba constitucional y legalmente facultado por los artículos 278 (numeral 6) y 279 de la Carta Política y 158 (numeral 3), 165 y 182 (numeral 2) del Decreto 262 de 2000, para hacer uso del retiro discrecional del accionante.
3.4.2 No se demostró desviación o abuso de poder en la expedición el acto demandado. El vicio de desviación de poder de la autoridad administrativa supone la utilización de las atribuciones legales discrecionales para fines distintos a los señalados en el orden jurídico. Puede ocurrir cuando la potestad se usa para propósitos perniciosos o ilícitos, o cuando se emplea para fines legales o de interés público, pero diferentes a los previstos en la normativa que la autoriza.
En el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción, resulta pertinente recordar que fue voluntad del legislador referirse, de manera específica y especial, a que «La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado» (se destaca), en el artículo 41 (parágrafo segundo) de la Ley 909 de 2004, para destacar esta atribución conferida a los nominadores de los entes públicos. En los mismos términos lo consagró el artículo 158 del Decreto ley 262 de 2002 para el caso de la Procuraduría General de la Nación, al precisar (como ya se dijo) que «El retiro definitivo de un servidor […], se produce por: […] Insubsistencia discrecional», empero, la anterior normativa debe armonizarse con el artículo 36 del CCA, cuando de actos discrecionales se trata, en el sentido de que deben ser adecuados a los fines de la norma que los autoriza y proporcionales a los hechos que les sirven de causa, para evitar arbitrariedad o capricho, en virtud de que no hay potestades omnímodas en el Estado social de derecho; en efecto, el artículo 122 de la Carta Política estipula que «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento» (negrillas de la Sala).
Acerca de este tema, el Consejo de Estado ha sostenido que «La facultad discrecional conforme a nuestro ordenamiento, es parte del ejercicio de la función administrativa en tanto se encuentra al servicio del interés público o general conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política, operando como límite negativo del ejercicio de la facultad discrecional para excluir de cualquier decisión lo arbitrario, ilógico o irrazonable. Esta facultad prevista en el anterior Código Contencioso Administrativo en el artículo 36 y hoy en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé la regla general de la discrecionalidad y plantea la proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa y los fines de la norma que lo autoriza, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad fáctica y su conexidad con la decisión. En ese sentido conforme a los dos presupuestos de la citada norma, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad; vale decir, la discrecionalidad hace referencia a lo proporcionado e idóneo y al uso del poder dentro de límites justos y ponderados».
En el asunto sub judice, afirma el apelante que existió desviación de poder, por cuanto no se aportó medio de convicción que indicara los propósitos de la Administración con su retiro del servicio, que su reemplazo hubiera mejorado el perfil que él tenía u obtuviera resultados semejantes o mejores a los suyos, con lo cual desconoció la trayectoria, experiencia y gestión que acreditó.
Para la Sala, los argumentos anteriores no constituyen prueba ni motivos para concluir que existió desviación o abuso de poder de la autoridad nominadora y que el acto demandado es contrario a derecho. El cumplimiento del deber funcional y la facultad de libre nombramiento y remoción no se excluyen ni oponen entre sí; pues aquel no enerva esta.
Precisamente en el marco del estudio de constitucionalidad del Decreto ley 262 de 2000, la Corte Constitucional concluyó: «Así, por su propia naturaleza, los cargos de libre nombramiento y remoción gozan de una precaria estabilidad pues el ordenamiento deja un margen más amplio de discrecionalidad al nominador, toda vez que aspectos tales como la confianza y la credibilidad que recaen sobre el trabajador pueden determinar la disponibilidad del cargo» (se destaca).
El hecho de que el demandante atendiera sus deberes y observara buena conducta o tuviera distinciones por su gestión, no le otorgaba fuero de estabilidad en el empleo, de modo que no era óbice para que el nominador ejerciera la potestad de libre remoción del cargo. Esto, en atención a que es deber de todo servidor público «Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial», como lo consagran los artículos 34 (numeral 2) del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) y 209 de la Constitución Política, este último según el cual la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, celeridad e imparcialidad, entre otros.
En lo concerniente a la idoneidad y buen desempeño de los empleados de libre nombramiento, esta Colegiatura ha dicho:
Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, el registro en la hoja de vida del actor de unas calificaciones superiores en el desempeño de las funciones constitucional y legalmente asignadas no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador, pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario.
[…]
En el caso concreto, […] se observa que, no obstante advertirse un buen desempeño en sus funciones debe decirse, de una parte, que ello no otorga per se, inamovilidad en el cargo público, y de otra, que no se observan elementos de juicio que permitieran inferir a la Sala que la administración obró con desviación del poder en la expedición del acto con detrimento del mejoramiento del servicio.
No desconoce la subsección que las estadísticas de gestión allegadas y los testimonios de los señores Ómar Jesús Valencia Arango y Óscar Humberto Rodríguez Gutiérrez, quienes trabajaron con el actor durante el lapso en que ejerció el empleo de procurador 48 judicial II administrativo, código 3PJ, grado EC, de Villavicencio, exaltan la trayectoria laboral, profesional y eficiencia, pero no dan cuenta de otros aspectos, tales como la confianza y la credibilidad que él hubiera generado al nominador, asunto que bien podía determinar la disponibilidad de su cargo, puesto que, como lo ha expresado la Corte Constitucional, en los empleos de libre nombramiento y remoción se «requiere un grado de confianza mayor al que se predica de la función pública ordinaria, en razón de la trascendencia y grado de responsabilidad administrativa o política de las tareas encomendadas». Tales pruebas tampoco son per se indicativas de desviación de poder o de ilegalidad del acto censurado, ni aportan elementos relativos al desmejoramiento del servicio.
Asimismo, se precisa que, en todo caso, las estadísticas consolidadas de la procuraduría 48 judicial II administrativa de Villavicencio para los años 2011 y 2012, es decir, cuando ya el accionante había sido desvinculado, no muestran resultados totalmente inferiores a los reflejados en 2010, si se tiene en cuenta que varios de los datos (verbigracia, conceptos, actuaciones especiales, recursos de arbitramento, acuerdos aprobados, entre otros) reflejan números superiores.
En este orden de ideas, no encuentra la Sala evidencia de la que se pueda colegir que quienes asumieron las obligaciones laborales del demandante no fueran dignos de desempeñarlas o que la carga del despacho que tuvo a su cargo hubiese «desmejora[do] […] mínimo en un 50%», de modo que no es dable aceptar que el retiro del servicio reprochado fuera caprichoso y carente de motivos legales.
Agrégase a lo anotado que aunque el actor asegura que el altercado que tuvo con la abogada Amaida María Guevara Cárdenas, quien luego formuló queja en su contra, constituye «[…] posible […] móvil […] que se traduj[o] en [su] desvinculación […]» (se subraya, f. 636), no se comprobó que ella haya «usado sus influencias […] hasta las últimas consecuencias», como, según los testigos presenciales, amenazó hacer a través de sus presuntas amistades en la Procuraduría General de la Nación, ni mucho menos que la actuación disciplinaria que promovió haya sido fundamental o determinante en la declaratoria de insubsistencia que aquí nos ocupa.
Tampoco hay medio de convicción contundente en cuanto a que el señor Rigoberto Reyes Rojas haya ingresado al Ministerio Público por recomendación, insistencia o presión de algún congresista, pues sin perjuicio de la validez de los artículos publicados en las páginas electrónicas de medios de comunicación locales de Villavicencio, en todo caso, no dejan de ser simples apreciaciones de sus autores, al paso que tan solo hacen referencia al nombramiento de una persona allegada a la senadora Maritza Martínez Aristizábal, pero no de que ella u otra autoridad hayan influido o exigido tal designación, pese a la eventual cercanía, amistad o parentesco que pudiera existir, que, valga decir, no se acreditó por el accionante.
En tal sentido, cabe recordar que las notas periodísticas constituyen prueba del registro mediático del hecho, sin embargo, por sí solas «[…] no sirven para probar […] la existencia de lo que en ell[a]s se plasma, dice, narra o cuenta, pues est[a]s, para que tengan valor probatorio deben ser valorad[a]s en conjunto con los medios de prueba allegados al proceso […]».
Resulta oportuno advertir que tratándose de la presunción legal de una decisión propia de la Administración pública, le corresponde al particular eventualmente afectado con ella, desvirtuarla; y en el sub lite, como ya se vio, el demandante no demostró que la parte accionada hubiera actuado con desviación o abuso de poder en la expedición del acto acusado; quien alega tal vicio tiene la obligación de acreditarlo con suficiencia, puesto que, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), le incumbe la carga de la prueba.
La jurisprudencia constitucional ha sido coincidente en señalar que «se requiere, por consiguiente, que se alegue [la desviación de poder] y se demuestre por el demandante, en cada caso, que la finalidad perseguida por el legislador es contraria a las normas que en concreto recogen los valores, los principios, los derechos, los deberes y los fines constitucionales» (sentencia C-456 de 1998, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Por consiguiente, sin más consideraciones y bajo una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba a la convicción de que el acto administrativo demandado conserva su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que lo ampara, por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda.
Por último, en atención a que la Nación – Procuraduría General de la Nación confirió poder, se reconocerá personería a la profesional del derecho destinatario de aquel.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 22 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Eduardo Carmelo Padilla Hernández contra la Nación – Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Reconócese personería a la abogada Yaleth Sevigne Manyoma Leudo, con cédula de ciudadanía 1.130.599.387 y tarjeta profesional 190.830 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Procuraduría General de la Nación, en los términos del poder otorgado.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Adición de la demanda.
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
Así figura en la copia aportada.
«CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.- […]».
Ley 270 de 1996, artículo 45: «Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario».
«La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo».
Sentencia de 20 de agosto de 2015, expediente 25000-23-25-000-2010-00254-01 (1847-2012), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
Radicado interno No. 1866-2010, actor: Diego León Villamarín, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
Radicación 25000-23-25-000-2000-04935-01 (1132-08) Actor, Elizabeth Herrera Neira, Demandado, Ministerio de Justicia y del Derecho y otro. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
Sentencia C-429 de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería.
Sección segunda, subsección B, fallo de 20 de marzo de 2013, expediente 05001-23-31-000-2001-03004-01 (357-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
Que según el recurrente no fueron valorados en su integridad, en cuanto se refirieron a su destacado desempeño laboral.
Sentencia C-553 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ver sentencias de (i) 25 de enero de 2001, expediente 11413, C. P. Alier Eduardo Hernández Henríquez; (ii) 1º de marzo de 2006, expediente 25000-23-31-000-1998-10649-01 (16587), C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y (iii) 22 de enero de 2014, expediente 05001-23-31-000-1996-00426-01 (28820), C. P, Enrique de Jesús Gil Botero; entre otras.
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, providencia de 14 de julio de 2015, expediente: 11001-03-15-000-2014-00105-00 (PI).
Cabe anotar que esta sala de decisión, en fallo de 26 de noviembre de 2018, expediente 25000-23-25-000-2009-00615-02 (2848-2016), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, decidió un asunto similar al que ahora nos ocupa.
Obrante en el índice 21 del expediente digital contenido en la herramienta electrónica SAMAI.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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