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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2011-00354-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2011-00354-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el cual quedará así: “[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 00189 de 14 de mayo de 2010 y 00397 de 13 de julio de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. 66 “[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia […]”. 67 Índice 17 del expediente del tribunal. 38 Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01 Demandante: Flaminio Delgado Olaya CUARTO: RECONOCER al abogado Jesús Horacio Párraga Aponte como apoderado judicial de la parte demandada, conforme al poder que obra en el expediente digital. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2011-00354-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras1)
Tema: Caducidad administrativa de la adjudicación de un bien
baldío. La falsa motivación como causal de nulidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de
Tierras contra la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Flaminio Delgado Olaya, por conducto de apoderada judicial, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, instauró
demanda en la cual solicitó:

“[…] 1) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00189 de Mayo 14 de 2010
expedida por el Director Territorial Meta del INCODER, por medio de la cual declaró
la caducidad administrativa y dejó sin efectos la Resolución No. 0562 de Junio 9 de
1995 por medio de la cual se adjudicó la PARCELA No. 15, predio denominado MIL
AMORES, respecto de la cuota parte correspondiente a FLAMINIO DELGADO
OLAYA.

1
De conformidad con el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1850 de 2006, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 16 y 22 del Decreto 2365 de 2015, se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER en Liquidación, y se dictan otras disposiciones. […]”, la Agencia Nacional de
Tierras -ANT- fungirá como sucesora procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, teniendo en cuenta sus
objetivos misionales y el origen de las controversias judiciales.
2
Cfr. Fol. 1 a 23 del Cuaderno 1.

2

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

2) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00397 de Julio 13 de 2010, expedida
por el Director Territorial Meta del INCODER, por medio de la cual se desató el
RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la suscrita apoderada contra anterior
decisión y confirmó en todas sus partes la Resolución No. 189 de Mayo 14/10.

3) Como consecuencia de las anteriores decisiones ordenar la cancelación de la
inscripción de la CADUCIDAD ADMINISTRATIVA en el folio de matrícula inmobiliaria
No. 236-35797 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín.

4) Ordenar al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL “INCODER”, o
por su intermedio a la entidad que corresponda que proceda a la restitución del predio
MIL AMORES al señor FLAMINIO DELGADO OLAYA una vez en firme la sentencia
que ponga término al presente proceso, proceda a entregar el inmueble objeto de litis
a mi poderdante.

5) Condenar a la entidad demandada al pago de costas, costos y agencias en
derecho.

6) Que la entidad demandada de (sic) cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 176 a 178 del C.C.A. […]”.

I.1.2. Los hechos

2. Informó que el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, a través
de la Resolución 0562 del 9 de junio de 1995, adjudicó a favor de los señores
Flaminio Delgado Olaya y la difunta María de Jesús Olaya3, madre de este, el predio
denominado Parcela Mil Amores, el cual se identifica con la Matrícula Inmobiliaria
236-35797 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta),
con un área de extensión de 130 hectáreas y 5250 metros cuadrados.

3. Indicó que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante Incoder) dio
inicio al trámite administrativo tendiente a declarar cumplida la caducidad
administrativa de la Resolución 0562 del 9 de junio de 1995, por haberse presentado
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 20 del Acuerdo 23 de
5 de diciembre de 19954 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Reforma
Agraria, Incora.

4. Explicó que de acuerdo con la visita al predio realizada el 21 de febrero de 2002,
los funcionarios de esa entidad informaron que los señores Flaminio Delgado Olaya
y María de Jesús Olaya no vivían en la parcela, de acuerdo con la información
suministrada por la comunidad y, además, afirmaron que el señor Flaminio Delgado
Olaya había vendido la parcela al señor Gonzalo Olaya, su medio hermano.

5. Sostuvo que la ausencia de los señores Flaminio Delgado Olaya y María de Jesús
Olaya se explica porque la señora María de Jesús Olaya había fallecido el 22 de
“[…] julio […]” de 1998 y el señor Flaminio Delgado Olaya, por su parte, fue víctima
de desplazamiento en el año 2001.

3
Q.e.p.d.
4
“[…] Por el cual se establece el Reglamento General de Dotación de las Tierras Ingresadas al Fondo Nacional Agrario. […]”.

3

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

6. Relató que, tras producirse el fallecimiento de su madre, el señor Gonzalo Olaya
le solicitó al señor Flaminio Delgado Olaya que le permitiera permanecer en el
predio, petición que aceptó teniendo en cuenta que era su medio hermano y tenía
derecho a una parte de la herencia.

7.Mencionó que a partir de ese momento surgieron una serie de inconvenientes,
puesto que el señor Gonzalo Olaya se involucró con su entonces compañera
sentimental, la señora Amparo Valencia y estos iniciaron una campaña de
desprestigio en su contra. Como resultado de falsas acusaciones con la guerrilla, el
señor Flaminio Delgado Olaya fue víctima de un secuestro que duró más de dos
años, con la advertencia de que si volvía se convertiría en objetivo militar.

8.Adujo que al tiempo que se orquestaba la campaña de desprestigio, los señores
Gonzalo Olaya y Amparo Valencia adelantaron ante el Incoder los trámites para que
se iniciara la actuación administrativa tendiente a declarar la caducidad de la
adjudicación, bajo la equivocada creencia de que serían los beneficiarios de una
nueva adjudicación del predio.

9. Indicó que “[…] Estas gestiones tuvieron como punto de partida, como quedó
dicho, la visita realizada al predio el día 21 de Febrero de 2002, a la cual se sumó
el falaz escrito presentado por GONZALO OLAYA y AMPARO VALENCIA, el día 2
de Noviembre de 2004, quienes afirman de manera mentirosa ser campesinos sin
tierra y haber ocupado la parcela por hallarla abandona (sic), callando
deliberadamente informar que la parcela era de propiedad de su hermano
desplazado por ellos mismos y de su fallecida madre. […]”.

10. Agregó que, mediante escrito de 30 de octubre de 2005, los señores Gonzalo
Olaya y Amparo Valencia “[…] haciéndose pasar por víctimas afirman haber hecho
inversiones en el predio, cuando la realidad es que no tenían recursos ni siquiera
para su propia subsistencia, menos aún para hacerle mejoras a la parcela. […]”.

11. Añadió que el Director Territorial del Meta del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, a través de la Resolución 00189 de 14 de mayo de 20105, declaró la
caducidad de la adjudicación y dejó sin efectos la Resolución 0562 de 1995.

12. Explicó que el Incoder adujo las siguientes causales para decretar la caducidad:
i) se probó que la transferencia o cesión de los derechos sobre el predio se realizó
sin autorización previa y escrita del Incoder; ii) se comprobó que el adjudicatario no
explotó el predio con el trabajo personal y el de su familia; iii) se registró el
incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones de crédito otorgado; iv) se
suministraron datos falsos en el trámite de la adjudicación y; v) el adjudicatario
abandonó el predio por más de treinta (30) días sin justa causa, sin previa
comunicación y autorización del instituto.

5
“[…] Por la cual se dicta caducidad administrativa a una resolución de adjudicación. […]”.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

13. Anotó que el Director Territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder a través de la Resolución 397 de 13 de julio de 20106, resolvió los recursos
de reposición interpuestos en contra de la anterior decisión, en el sentido de
confirmarla.

I.1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

14. Invocó como normas violadas las siguientes: los artículos 29 de la Constitución
Política; 24 y 39 de la Ley 160 de 3 de agosto de 19947; 85 del CCA; 26 y 27 del
Acuerdo 174 de 24 de junio de 20098 y; 21 del Acuerdo 23 de 1995. Igualmente,
aludió a las sentencias T-025 de 2004; T-821 de 2007 y T-085 de 2009 de la Corte
Constitucional. El concepto de violación es el siguiente:

I.1.3.1. Falta de competencia temporal para declarar la caducidad de la
adjudicación

15. Explicó que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural tenía hasta el 8 de junio
de 2010 para expedir el acto administrativo tendiente a declarar cumplida la
caducidad de la resolución de adjudicación. Sin embargo “[…] el acto de caducidad
fue expedido el día 14 de Julio de 2010, siendo por lo tanto extemporáneo y
susceptible de ser declarado nulo por falta de competencia temporal. […]”.

I.1.3.2. La falsa motivación

16. Estimó que las razones esgrimidas por la parte demandada para la
declaratoria de caducidad de la adjudicación resultan contrarias a la realidad, por lo
siguiente:

–La transferencia o cesión de los derechos sobre el predio sin la autorización
previa y escrita del Incoder

17. Frente a esta causal invocada por el Incoder, precisó que no se acreditó que
el señor Flaminio Delgado Olaya hubiera enajenado o vendido el predio al señor
Gonzalo Olaya, medio hermano, ni a la señora Amparo Valencia, quien fuera su
compañera sentimental. Tampoco se demostró que el señor Flaminio Delgado
Olaya fuera poseedor de otro predio con anterioridad a la fecha de adjudicación del
inmueble.

• Cuando se compruebe que el adjudicatario no explota el predio con el trabajo
personal y el de su familia

18. Indicó que el abandono del predio se explicó en razón del desplazamiento
forzado del cual fue víctima.

6
“[…] Por la cual se deciden unos recursos de reposición. […]”.
7
“[…] “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio
para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. […]”.
8
“[…] Por el cual se establece el Reglamento General de selección de beneficiarios, adjudicación y regularización de la
tenencia de las tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario. […]”.

5

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

• Cuando se registre el incumplimiento por parte del adjudicatario de las
obligaciones de crédito otorgado o garantizado por el Incoder

19. Sostuvo que la mora en el pago de las obligaciones de crédito obedeció “[… ]
en principio, a la retención de que fue objeto por parte de la guerrilla, y
posteriormente por el desplazamiento forzado a que se vio sometido por la misma
subversión conforme se acreditó con documentos que obran en el expediente […]”.

• Cuando se demuestre que el adjudicatario haya suministrado datos falsos
en el trámite para la selección como beneficiario

20. Anotó que para la fecha en que se presentó la petición ante el Incoder para
ser beneficiario de la adjudicación de la parcela del predio denominado Mil Amores,
en el año 1995, el señor Flaminio Delgado Olaya no poseía ningún inmueble.

• Cuando el adjudicatario haya abandonado el predio por más de 30 días sin
justa causa y sin previa comunicación y autorización del Incoder.

21. Puntualizó que fue víctima de desplazamiento forzado por grupos al margen
de la ley y por presiones ejercidas por su medio hermano y cuñada, circunstancia
que fue acreditada por el señor Otoniel Lozano y confirmado por los testigos y por
parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
La Macarena, Cormacarena.

I.2. Las contestaciones de la demanda

I.2.1. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder no contestó la demanda9.

I.2.2. El señor Gonzalo Olaya10, vinculado como tercero interesado representado
por curador ad litem se opuso a las pretensiones de la demanda. Precisó, en suma,
que los hechos de la demanda carecían de soporte probatorio.

I.2.3. La señora Amparo Valencia, tercera interesada, guardó silencio.

I.2.4. El señor Daniel Eduardo Rincón Matiz, tercero interesado, guardó silencio.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia y alegatos de conclusión

22. La demanda fue radicada inicialmente en el Juzgado Civil del Circuito de Granada
(Meta) el 24 de enero de 201111.

23. El 28 de marzo de 201112, se remitió el proceso a los juzgados administrativos
de Villavicencio, por ser esta la jurisdicción llamada a conocer del presente asunto.

9
Así se hizo saber en auto de 29 de abril de 2014.
10
Cfr. Fol. 795 a 798 del Cuaderno 4.
11
Cfr. Fol. 1 del cuaderno 1 del tribunal.
12
Cfr. Fol. 582 del cuaderno 3 del tribunal.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

24. Posteriormente, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio,
en auto de 16 de junio de 201113, remitió el asunto al Tribunal Administrativo del
Meta.

25. Mediante auto de 3 de mayo de 201214 se admitió la demanda y se ordenó el
trámite de rigor.

26. A través de auto de 29 de abril de 201415, se abrió el proceso a pruebas.

27. Mediante auto de 27 de julio de 201516, se dispuso la vinculación de Gonzalo
Alaya, Amparo Valencia y Daniel Eduardo Rincón Matiz como terceros interesados.

28. A través de auto de 26 de febrero de 201917, se ordenó correr traslado a las
partes y al Ministerio Público a fin de que rindiera concepto.

29. La parte demandante18 reiteró los argumentos de la demanda.

30. La parte demandada guardó silencio.

31. La Procuradora 49 Judicial II para Asuntos Administrativos del Meta, en esta
instancia procesal, solicitó la que se accedieran a las pretensiones de la demanda.

32. La señora agente del Ministerio Público, luego de analizar los medios de prueba
aportados al expediente, adujo que no se demostró la ocurrencia de ninguna de las
causales invocadas por el Incoder para la declaratoria de caducidad de la
adjudicación, esto es: i) que la transferencia o cesión de derechos sobre el predio
se haya realizado sin autorización previa o escrita de la entidad; ii) que se haya
comprobado que el adjudicatario no explotó el predio con el trabajo personal y el
de su familia; iii) que se haya registrado el incumplimiento de las obligaciones de
crédito otorgado o garantizado por el instituto; iv) que el adjudicatario suministró
datos falsos en el trámite para su selección como beneficiario y; v) que el
adjudicatario abandonó el predio por más de treinta (30) días sin justa causa y sin
previa comunicación y autorización por parte del instituto.

I.4. La sentencia de primera instancia19

33. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia de 26 de marzo de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda y, en su parte resolutiva, ordenó:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N.° 0562 del 9 de junio
de 1995 y N.° 00397 del 13 de julio de 2010 expedidas por el INCODER, mediante
las cuales declaró la caducidad de adjudicación otorgada en Resolución N.° 0562
del 9 de junio de 1995, por lo expuesto en la parte motiva.
13
Fol. 588 a 589 del cuaderno 3 del tribunal.
14
Cfr. Fol. 594 a 595 del cuaderno 3 del tribunal.
15
Cfr. Fol. 625 a 627 del cuaderno 4 del tribunal.
16
Cfr. Fol. 722 del cuaderno 4 del tribunal.
17
Cfr. Fol. 893 del cuaderno 4 del tribunal.
18
Cfr. Fol. 895 a 903 del cuaderno 4 del tribunal.
19
Cfr. Índice 3 del cuaderno del tribunal.

7

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

SEGUNDO. ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San
Martín (Meta), cancelar la anotación N.° 6 del folio de matrícula inmobiliaria N.° 236-
35797 de fecha 3 de septiembre de 2009 originada por la Resolución 00189 del 14
de mayo de 2010 emitida por INCODER.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda

CUARTO. DECLARAR que no hay condena en costas.

[…]”. (Negrilla del texto).

34. Explicó que según la Ley 160 de 1994, el derecho de propiedad sobre baldíos se
adquiere por medio de la adjudicación. Añadió que la ocupación de estos bienes le
otorga al ocupante una mera expectativa que adquiere legitimidad en la medida que
cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos requeridos para la adjudicación.

35. Anotó que según el artículo 25 del Acuerdo 174 de 2009 del Incoder, la caducidad
de la adjudicación sobre un predio rural es una potestad unilateral conferida al
instituto, de carácter sancionatorio, originada por el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones y los deberes que le impone el régimen de la
propiedad parcelaria.

36. Indicó que el extinto Incoder, previa comprobación de la causal respectiva y del
adelantamiento de las diligencias pertinentes puede iniciar un proceso de caducidad
de la adjudicación, el cual puede concluir en el archivo del expediente o en la
declaratoria de caducidad de esta figura. En este último evento y una vez quede en
firme la resolución, esta se debe inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del círculo respectivo y, en consecuencia, el dominio del bien vuelve ipso
jure al instituto.

I.4.1. Falta de competencia temporal para declarar la caducidad de la
adjudicación

37. Precisó que la Resolución 0562 del 9 de junio de 1995 dispuso que el Incora
podía declarar la caducidad dentro de los 15 años siguientes a la fecha de
adjudicación (artículo 4.°).

38. Adujoque la Resolución 0562 del 9 de junio de 1995 fue notificada a los
interesados el 14 de diciembre de 1995. Esto significa que, a partir del día siguiente,
esto es, el 15 de diciembre de 1995, el Incoder contaba con 15 años para la
declaratoria de la caducidad de la adjudicación, los cuales se cumplieron el 15 de
diciembre de 2010.

39. Argumentó que la Resolución 00189, se expidió el 14 de mayo de 2010, es decir,
dentro del término con que contaba el Incoder para el ejercicio de esta facultad. Por
ende, el cargo de nulidad no tenía vocación de prosperidad.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

I.4.2. La falsa motivación

40. Sostuvo que, según la jurisprudencia, la falsa motivación como causal de nulidad
se demuestra cuando ocurren dos circunstancias: i) o los hechos que la
administración tiene en cuenta como motivos determinantes de la decisión no se
encuentran debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o ii) se
omiten tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que de haber sido
considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

41. Analizó cada una de las causales tenidas en cuenta por el Incoder para justificar
la declaratoria de caducidad de la adjudicación, encontrando que estas eran
contrarias a la realidad, del siguiente modo:

• Que la transferencia o cesión de derechos sobre el predio se haya realizado
sin autorización previa o escrita de la entidad

42. El a quo adujo que no existía en el expediente documento idóneo que
acreditara la presunta transferencia o cesión de derechos y, por el contrario, el
Incoder tuvo por acreditada esta causal con fundamento en lo manifestado por los
señores Amparo Valencia y Gonzalo Olaya (quienes ocupan el predio),
desconociendo documentos emanados por ellos mismos -que no fueron tachados
de falsos- como el derecho de petición del 2 de noviembre de 2004 presentado ante
el Incoder.

43. Por estas razones, ante la ausencia de un contrato de compraventa
propiamente dicho y las solemnidades que este requiere y las contradicciones
evidenciadas respecto al modo en que Amparo Valencia y Gonzalo Olaya llegaron
a ocupar el inmueble denominado Mil Amores, esta causal alegada en los actos
administrativos demandados contenía falsa motivación.

– Que se haya comprobado que el adjudicatario no explotó el predio con el
trabajo personal y el de su familia

44. Explicó que, según las pruebas aportadas en el expediente, se demostró que
el demandante tuvo que abandonar su tierra para salvaguardar su vida.

45. Para tal efecto, refirió a los testimonios de los señores José Otoniel Lozano
Moncaleano y Eva Julia Castañeda Olaya, quienes manifestaron en forma uniforme
que el señor Flaminio Delgado Olaya fue víctima de secuestro y desplazamiento
forzado por parte de la guerrilla desde el año 2001, y este se vio obligado a
abandonar su predio, versiones que resultan coincidentes con lo expresado por el
señor Flaminio Delgado Olaya al momento de presentar la solicitud de inscripción
en el registro de tierras despojadas y abandonadas.

46. Por ende, la causal invocada por el Incoder no se encuentra demostrada.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

– Que se haya demostrado el incumplimiento de las obligaciones de crédito
otorgado o garantizado por el instituto

47. Sostuvo que según el artículo 2.° de la Resolución 0562 de 9 de junio de 1995,
el valor de la adjudicación era de $13.929.948, el cual debía ser pagado por el
sistema de amortización gradual acumulativa en un plazo de 15 años, contado a
partir de la notificación de dicha resolución y este monto iniciaría a cobrarse a partir
del tercer año.

48. Además, se probó que el 8 de febrero de 2010, el señor Flaminio Delgado
Olaya informó al Incoder que pagó la totalidad de la obligación 101010024255 (que
estaba garantizada con el predio Mil Amores), cuya propiedad fue cedida por la
UNAT a Central de Inversiones S.A; encontrándose a paz y salvo desde el 26 de
enero de 2010. Es decir, el actor hizo el pago dentro del plazo previsto en la
resolución de adjudicación.

• Que el adjudicatario haya suministrado datos falsos en el trámite para la
selección como beneficiario.

49. Resaltó que: i) de conformidad con el documento RUP 500010005 en el predio
denominado La coqueta, ubicado en la vereda Barranco Colorado en el municipio
de Puerto Rico (Meta), el demandante inició a ejercer posesión en el mes de enero
de 2005; ii) la casa lote tiene el carácter de bien urbano, por lo que no representaba
impedimento para que el señor Flaminio Delgado Olaya solicitara la adjudicación de
un bien rural y; iii) el predio denominado Mil Amores de la vereda El cable del
Municipio de Puerto Rico – que es diferente al inmueble Mil Amores ubicado en la
vereda San Vicente del Municipio de Puerto Rico de Meta (que fue adjudicado)-
tiene la condición de rural; sin embargo,“[…] estuvo en posesión del núcleo familiar
del demandante, sin que ello signifique que esa situación proscribiera la posibilidad
de solicitar la adjudicación que aquí se debate. […]”.

• Que el adjudicatario haya abandonado el predio por más de 30 días sin justa
causa y sin previa comunicación y autorización del Incoder

50. Indicó que la justa causa está debidamente acreditada, de conformidad con
los documentos y los testimonios que demuestran que el demandante fue víctima
de secuestro y de desplazamiento forzado y, posteriormente, no pudo reintegrarse
a su parcela porque esta fue ocupada.

51. En síntesis, advirtió que los hechos que la administración tuvo en cuenta como
motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro
de la actuación administrativa y se omitió valorar otras circunstancias que sí estaban
demostradas que, de haber sido consideradas, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

I.5. Recurso de apelación20

52. La Agencia Nacional de Tierras, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación, con sustento en los siguientes argumentos de alzada que se
resumen en el mismo orden en que fueron planteados:

I.5.1. La violación al principio de congruencia del fallo

53. Explicó que la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de la Resolución
0562 del 9 de junio de 1995, por medio de la cual se efectuó la adjudicación del
baldío y de la Resolución 00397 del 13 de julio de 2010, la cual no fue demandada;
situación que desconoce el principio de congruencia previsto en los artículos 305
del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197021 y 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201222.

I.5.2. La indebida escogencia de la acción y la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho

54. Sostuvo que en el caso de autos se presentó una indebida escogencia de la
acción, porque el instrumento adecuado para controvertir la legalidad de los actos
demandados era el de nulidad y restablecimiento del derecho, y no el de simple
nulidad, el cual fue presentado por fuera del término de caducidad de cuatro (4)
meses previsto en el numeral 2. del artículo 136 del CCA.

55. Explicó que las Resoluciones 00189 de 14 de mayo de 2010 y 00397 de 13 de
julio de 2010, mediante las cuales, en su orden, el Incoder declaró la caducidad de
la resolución de adjudicación y resolvió los recursos de reposición fueron notificadas
el 21 de mayo de 2010 y el 22 de julio de 2010, respectivamente.

56. Añadió que el plazo máximo para presentar la acción vencía el 23 de noviembre
de 2010. Sin embargo, según consta en la página de consulta de procesos de la
rama judicial, el 19 de agosto de 2011, fue radicada la demanda en el proceso de la
referencia, es decir, cuando había operado la caducidad de la acción.

I.5.3. De la legalidad de los actos demandados. Inexistencia de relación de
causalidad y fundamento de la responsabilidad – hecho de la victima

57. Reiteró que en el presente caso sí se presentaron las causales invocadas para
la declaratoria de caducidad, así:

• Que la transferencia o cesión de derechos sobre el predio se haya realizado
sin autorización previa o escrita de la entidad

20
Cfr. Índice 15 del cuaderno del tribunal.
21
“[…] Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil. […]”.
22
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

11

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

58. Adujo que además de las declaraciones de los señores Amparo Valencia y
Gonzalo Olaya, se realizaron dos visitas al predio denominado Parcela Mil Amores,
en las cuales se constató lo siguiente: i) el señor Flaminio Delgado Olaya no se
encontraba en el predio y no vivía en ese lugar y; ii) los señores Gonzalo Olaya y
Amparo Valencia eran quienes estaban explotando el bien y efectuando mejoras
sobre el mismo.

59. Añadió que el señor Flaminio Delgado Olaya no adoptó ninguna medida tendiente
a recuperar la propiedad del predio denominado Parcela Mil Amores, a través de la
presentación de una acción policiva u otro medio judicial con el propósito de
recuperar su propiedad, de tal suerte que la parte demandante no cumplió con la
carga de demostrar los hechos aducidos en la demanda.

60. Precisó que, en nuestro ordenamiento jurídico, es una práctica común celebrar
negocios jurídicos, sin que se solemnice en un documento.

• Que se haya comprobado que el adjudicatario no explotó el predio con el
trabajo personal y el de su familia

61. Cuestionó que, en términos opuestos a lo argumentado por el tribunal que señaló
que existían pruebas testimoniales, documentales y certificaciones que dan cuenta
que el accionante fue víctima de desplazamiento forzado, en el expediente no obra
denuncia penal que diera cuenta de tal hecho, más aún cuando, según el relato del
señor Flaminio Delgado Olaya este fue liberado en el año 2003.

• Que se haya demostrado el incumplimiento de las obligaciones de crédito
otorgado o garantizado por el instituto.

62. Precisó que en el trámite administrativo se demostró el incumplimiento de las
obligaciones del crédito otorgado, al señalar que “[…] es evidente y aun aceptado
por este su incumplimiento, toda vez que disponía de 12 años para realizar el pago,
o un abono al mismo y lo realizo (sic) tan solo el 25 de agosto de 2007, y teniendo
en cuenta la Resolución de adjudicación es del 09 de junio de 1995, los 12 años se
encontraban cumplidos el 09 de junio de 2007, lo cual a todas luces incumplió el
demandante. […]”.

• Que el adjudicatario haya suministrado datos falsos en el trámite para la
selección como beneficiario

63. Precisó que se demostró que el adjudicatario suministró datos falsos en el trámite
para la selección de adjudicatario.

64. Al respecto, indicó que “[…] el mismo demandante acepto (sic) la solicitud de
inscripción del predio Mil Amores ubicado en la vereda el Cable del Municipio de
Puerto Rico, el cual es diferente al inmueble Mil Amores que se debatió en el
presente proceso, en Registro Único de Predios RUP, lo cual fue avizorado por la
Entidad, por lo que también fue causal para la declaración de la caducidad

12

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

administrativa. […] se evidencia que incurrió en información falsa al momento del
trámite administrativo con la Entidad […] Lo descrito, está acreditado mediante
documento oficial, que contiene la respuesta dada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC, integrada al expediente administrativo, lo cual se
controvirtió dentro del proceso judicial y fue desestimada en el fallo que hoy se
apela, con la simple afirmación de la parte demandante sobre que vivió su infancia
en él y por eso su solicitud de protección. […]”.

• Que el adjudicatario haya abandonado el predio por más de 30 días sin justa
causa y sin previa comunicación y autorización del Incoder

65. Finalmente,
anotó que se demostró que el señor Flaminio Delgado Olaya
abandonó el predio por más de treinta (30) días sin justa causa y sin previa
comunicación y autorización del instituto.

66. Como sustento de ello, mencionó que los actos administrativos demandados se
fundamentaron en una serie de documentos idóneos proferidos por entidades
públicas que acreditan la falta de explotación del predio y su abandono por parte de
los adjudicatarios iniciales, a saber: i) el certificado expedido por el Personero
Municipal de Puerto Rico (Meta) de 16 de septiembre de 2001; ii) el certificado del
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Sultana del mes de
agosto de 2004 y; iii) la constancia del alcalde del municipio de Puerto Rico (Meta)
de 27 de febrero de 2005.

67. En suma, advirtió que el procedimiento administrativo tendiente a declarar la
caducidad de la adjudicación se sujetó a la ley.

I.6. El trámite del recurso de apelación

68. A través de auto de 9 de julio de 202423 se concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

69. Mediante auto de 3 de febrero de 202524, se admitió el recurso de apelación.

70. Según proveído de 21 de marzo de 202525 se corrió traslado a las partes por el
término común de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de conclusión
y, vencido este, al Ministerio Público a fin de que rindiera concepto.

71. La parte demandante presentó escrito26 en el cual indicó que, si bien era cierto
que la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca incurrió en un error de transcripción en la parte resolutiva respecto de
los actos administrativos declarados nulos, este yerro es susceptible de ser
corregido.

23
Cfr. Índice 21 del expediente del tribunal.
24
Cfr. Índice 5 del expediente del Consejo de Estado.
25
Cfr. Índice 10 del expediente del Consejo de Estado.
26
Cfr. Índice 15 del expediente del Consejo de Estado.

13

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

72. Sostuvo que a la demanda del proceso de la referencia se le impartió el trámite
de nulidad y restablecimiento del derecho desde el auto admisorio de la demanda
y, no, el de simple nulidad.

73. Además de ello, puntualizó que: i) la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010,
se notificó el 22 de julio de 2010; ii) el 30 de agosto de 2010 se radicó solicitud de
conciliación ante la Procuraduría 48 Judicial II para Asuntos Administrativos quien
expidió constancia el 3 de noviembre de 2010; y, iiii) la demanda fue radicada el 24
de enero de 2011, “[…] faltándole 2 meses y 23 días contados desde el 4 de
noviembre de 2010 […]”, por lo que era evidente que no había operado la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

74. Finalmente, solicitó la confirmatoria de la sentencia de primera instancia, dado
que, en los mismos términos expuestos por el a quo, estaba llamada a prosperar la
causal de nulidad de los actos acusados por falsa motivación.

75. La parte demandada reiteró27 los argumentos de la alzada.

76. El Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

77. Para decidir la presente controversia se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados; (iii) el
problema jurídico; (iv) el estudio de la indebida escogencia de la acción y la
excepción de caducidad de la acción propuesta por la Agencia Nacional de Tierras;
v) aspectos de relevancia probatoria; vi) la adjudicación y la caducidad de la
adjudicación de baldíos como prerrogativa de la administración; vii) análisis de la
legalidad de los actos demandados; viii) el principio de congruencia y; ix) condena
en costas.

II.1. Competencia

78. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

II.2. Los actos administrativos demandados

79. Los actos administrativos demandados corresponden a las Resoluciones 00189
de 14 de mayo de 2010 y 00397 de 13 de julio de 2010, expedidas dentro del trámite
adelantado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder tendiente a
declarar la caducidad administrativa de la Resolución 0562 del 9 de junio de 1995,

27
Cfr. Índice 14 del expediente del Consejo de Estado.

14

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

mediante la cual se adjudicó el predio rural denominado Mil Amores a favor de los
señores Flaminio Delgado Olaya y María de Jesús Olaya.

80. La Resolución 00189 de 14 de mayo de 2010, en su parte resolutiva, ordenó:

“[…] ARTICULO PRIMERO.- Decretar la Caducidad Administrativa y dejar sin efecto
la resolución de adjudicación No. 0562 del 9 de junio de 1995, por la cual el INCORA,
había adjudicado a los señores FLAMINIO DELGADO OLAYA Y MARIA DE JESUS
OLAYA […] el predio denominado MIL AMORES, que formó parte del inmueble de
mayor extensión conocido con el nombre de La Herradura y Otros, ubicado en la
vereda San Vicente, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, respecto de
la cuota parte correspondiente al señor FLAMINIO DELGADO OLAYA.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar al señor Registrador de Instrumentos Públicos del
Círculo de San Martín, la inscripción de la presente resolución al folio de matrícula
inmobiliaria No. 236-35797.

ARTICULO TERCERO.- Notificar el presente proveído conforme lo establecen los
artículos 44 y 45 del C.C.A.

ARTICULO CUARTO.- Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los tres (3) días
siguientes contados a partir de la notificación personal o desde la desfijación del
edicto.

[…]”. (Negrilla del texto).

81. La Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, en su parte resolutiva, dispuso:

“[…] PRIMERO: NO REPONER y en consecuencia CONFIRMAR la resolución No.
00189 de mayo 14 de 2010, por la cual el Instituto decretó la Caducidad
Administrativa y dejó sin efecto la resolución de adjudicación No. 0562 del 9 de junio
de 1995, por la cual el INCORA, había adjudicado a los señores FLAMINIO
DELGADO OLAYA y MARIA DE JESUS OLAYA […] respectivamente, el predio
denominado MIL AMORES, que formó parte del inmueble de mayor extensión
conocido con el nombre de La Herradura y Otros, ubicado en la vereda San Vicente,
municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, respecto de la cuota parte
correspondiente al señor FLAMINIO DELGADO OLAYA.

[…]”. (Negrilla del texto).

II.3. El problema jurídico

82. La Sala, de acuerdo con los artículos 320 y 328 de la Ley 156428, considera que
el problema jurídico que debe ser resuelto tiene por objeto establecer si las
Resoluciones 00189 de 14 de mayo de 2010 y 00397 de 2010, expedidas dentro
del trámite adelantado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-
mediante el cual se declaró la caducidad de la Resolución 0562 del 9 de junio de
1995, que a su vez había adjudicado el predio rural denominado Mil Amores a favor
de los señores Flaminio Delgado Olaya y María de Jesús Olaya, son nulas por falsa
motivación y si el tribunal inobservó el principio de congruencia.

28
Aplicable por remisión del artículo 267 del CCA.

15

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

83. Previo a decidir lo anterior, la Sala deberá analizar si se presentó una indebida
escogencia de la acción y si operó la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

II.4. Estudio de la excepción de indebida escogencia de la acción y la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

84. Deberá definirse si se presentó una indebida escogencia de la acción porque,
según lo plantea la Agencia Nacional de Tierras, el instrumento adecuado para
controvertir la legalidad de los actos demandados era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no el de simple nulidad, y si la acción se encontraba
caducada.

85. De conformidad con el artículo 85 del CCA, toda persona que se crea lesionada
en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente.

86. A partir de una lectura de las pretensiones de la demanda, se advierte que el
actor pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones 00189 de 2010 y
00397 de 2010, mediante las cuales el Incoder decretó la caducidad de la
adjudicación otorgada a favor de los señores Flaminio Delgado Olaya y María de
Jesús Olaya, del predio denominado Mil Amores.

87. Los actos demandados son creadores de una situación jurídica de contenido
particular y concreto, en la medida que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, en ejercicio de una potestad unilateral, decretó la caducidad de la
adjudicación de un bien baldío originada en el incumplimiento por parte de los
adjudicatarios iniciales de las obligaciones y los deberes previstos en el régimen de
propiedad parcelaria.

88. En consecuencia, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del
derecho, y así fue admitida29 y tramitada por el magistrado sustanciador del proceso
en la primera instancia. Así las cosas, no es cierta la afirmación relativa a que el
trámite que se impartió a la presente demanda fue el de simple nulidad y que se
presentó una indebida escogencia de la acción.

89. Precisado lo anterior, se analizará si en el presente caso operó la caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

90. La caducidad es una figura procesal de orden público mediante la cual se “[…]
limita en el tiempo el derecho de acción que tienen las personas de acudir ante la

29
A través de auto de 3 de mayo de 2012.

16

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

jurisdicción de lo contencioso administrativo, enervando con ello la posibilidad de
controvertir la presunción de legalidad de los actos administrativos […]30”.

91. El numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es del
siguiente tenor:

“[…] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación
o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan
prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe. […]” (Negrilla fuera del texto).

92. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 640 de 200131 señala lo siguiente:

“[…] La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta
que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se
expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta
que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que
ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
[…]32”. (Negrilla fuera del texto).

93. Las Resoluciones 00189 de 14 de mayo de 2010 y 00397 de 13 de julio de 2010,
mediante las cuales, en su orden, el Incoder declaró la caducidad de la resolución
de adjudicación y resolvió los recursos de reposición fueron notificadas
personalmente el 21 de mayo de 201033 y el 22 de julio de 201034. Según lo anterior,
el plazo para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo empezó a
correr desde el 23 de julio de 2010 y se extendió hasta el 23 de noviembre de 2010.

94. Sin embargo, consta que la parte demandante radicó solicitud de conciliación el
día 30 de agosto de 2010, quedando suspendidos los términos hasta el 3 de
noviembre de 201035, fecha en la cual la Procuraduría 48 Judicial II para Asuntos
Administrativos expidió la constancia mediante la cual declaró fallida la audiencia
de conciliación por ausencia de ánimo conciliatorio, por lo que el término para
presentar la demanda vencía el 27 de enero de 2011.

95. La demanda fue radicada inicialmente en el Juzgado Civil del Circuito de Granada
el 24 de enero de 2011, según consta con el sello de recibido de la secretaría,36
motivo por el cual se concluye que esta fue presentada oportunamente.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020,
radicado: 41001-23-31-000-2000-00659-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
31
«Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».
32
En este sentido, el artículo 3 del Decreto 1716 de 200932, señala que la presentación de la solicitud de conciliación suspende
el término de caducidad desde la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, hasta la ocurrencia de algunos de los
eventos consagrados en la mencionada norma, es decir, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 200132, o se venza el término de 3 meses contados a partir de la
presentación de la misma.
33
Cfr. Folio 661 del cuaderno 4 del tribunal.
34
Cfr. Folio 45 del cuaderno 1 del tribunal.
35
Según lo certificó la Procuraduría. Cfr. Fol. 69 del Cuaderno 1.
36
Cfr. Fol. 1 del Cuaderno 1 del tribunal.

17

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

96. En estas condiciones, no está llamada a prosperar la excepción de caducidad de
la acción propuesta por la Agencia Nacional de Tierras.

II.5. Aspectos de relevancia probatoria

97. En el presente caso se encuentran acreditados los siguientes hechos:

98. A través de la Resolución 0562 de 9 de junio de 199537, el extinto Instituto
Colombiano de Reforma Agraria, Incora adjudicó a favor de los señores Flaminio
Delgado Olaya y María de Jesús Olaya, madre de este, el predio Mil Amores, el cual
formó parte del inmueble de mayor extensión conocido como La Herradura, ubicado
en la vereda San Vicente del municipio de Puerto Rico. Esta resolución fue
notificada el 14 de diciembre de 199538 y este predio cuenta con las siguientes
características:

99. El artículo 4.° de la citada resolución indicó:

“[…] ARTICULO CUARTO.-Dentro de los quince (15) años siguientes a la fecha de
la adjudicación, el INCORA podrá declarar administrativamente la caducidad de la
presente resolución, cuando se compruebe que el adjudicatario ha incurrido en
cualesquiera de las siguientes causales:

1. Por la transferencia de dominio, el arrendamiento o cesión parcial de los
derechos sobre el predio, parcela o cuota parte, sin autorización previa y
escrita del INCORA.

2. Cuando se compruebe que el adjudicatario no explota el predio con su
trabajo personal y el de su familia.

3. Cuando el adjudicatario o las personas que conforman su grupo familiar,
mediante actos u omisiones, perturbe el uso o goce de la tierra a otro u otros
beneficiarios.

37
Cfr. Fol. 42 a 43 del Cuaderno 1 del tribunal.
38
Cfr. Cd. Aportado por el 891 del Cuaderno 4 del tribunal.

18

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

4. Cuando se registre incumplimiento por parte del adjudicatario, de las
obligaciones de crédito otorgado o garantizado por el Instituto.

5. Cuando se registre incumplimiento por parte del adjudicatario de cualesquiera
de las obligaciones contraídas con el Instituto, originadas en el contrato de la
adjudicación.

6. Cuando el adjudicatario se niegue a constituir Prenda Agraria sobre los bienes
estipulados en el Artículo Séptimo de esta resolución.

7. Cuando el adjudicatario no se afilie al sistema de seguro que el Instituto
determine, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 4o. del Artículo Tercero de
la presente Resolución.

8. Por no sujetarse el adjudicatario a las reglamentaciones del distrito de
adecuación de tierras y el uso y protección de recursos naturales renovables, así
como, a las disposiciones sobre caminos y servidumbres de tránsito y de aguas que
al efecto dicte el instituto para la zona correspondiente.

9. Cuando se compruebe que el adjudicatario suministró datos falsos en el
trámite para su selección como beneficiario.

10. Cuando el adjudicatario abandone el predio por más de treinta (30) días
sin justa causa y sin previa comunicación y autorización del Instituto.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

100. Según la Anotación nro. 001 de 15 de diciembre de 1995 del Folio de Matrícula
Inmobiliaria 236-3579739, el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora
adjudicó a favor de los señores Flaminio Delgado Olaya y María de Jesús Olaya el
predio rural llamado Mil Amores, conforme se lee a continuación:

101. Según acta de defunción, el día 22 de junio de 1998 se produjo el fallecimiento
de la señora María de Jesús Olaya40.

102. Mediante certificación de 16 de septiembre de 200141, el Personero municipal
de Puerto Rico deja constancia que el 14 de marzo de 2001, se efectuó una visita a

39
Cfr. Fol. 66 del Cuaderno 1 del tribunal.
40
Fol. 344 del Cuaderno 2 del tribunal.
41
Cfr. Fol. 121 del Cuaderno 1 del tribunal.

19

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

la parcela 15 ubicada en la jurisdicción La Herradura, en la cual se pudo evidenciar
que los señores Gonzalo Olaya y Amparo Valencia habitan en ese lugar desde el
20 de julio de 1998 y los adjudicatarios iniciales no poseen ni usufructúan esa
parcela.

103. Según Informe de la Parcelación La herradura-Puerto Rico en visita realizada el
21 de febrero de 200242, se indicó:

“[…] FECHA DE VISITA: febrero 21 de 2002

Parcela adjudicada a Flaminio Delgado Olaya y María de Jesús Olaya. No se encontró
a ninguno de los adjudicatarios, la señora Maria (sic) de Jesus (sic) Olaya (madre de
flaminio -sic-) falleció. Al momento de la visita se encontró en posesión de la parcela,
al señor Gonzalo Olaya [...] (hermano de flaminio (sic) Delgado) con su esposa, la
señora Amparo Valencia, identificada con c.c. […].

Según comentarios de algunos parceleros, el señor Flaminio Delgado disgustó con
su hermano y abandonó la parcela, hace aproximadamente dos años y medio. Los
actuales ocupantes levantaron vivienda y explotan las sabanas, al parecer existe otra
hermana. […]”.

104. Según el informe de comisión de 31 de octubre de 200443, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder recomendó adelantar el procedimiento
tendiente a declarar la caducidad administrativa, en vista de que el señor Flaminio
Delgado Olaya abandonó el predio hace cuatro (4) años y este vendió la parcela a
Gonzalo Olaya, quien la ocupa junto con su esposa en una casa que se encuentra
en buen estado, con pisos de cemento, molino de viento y 50 reses al aumento.

105. A través de la Resolución 0358 del 30 de diciembre de 200544, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder inició el trámite administrativo tendiente a
verificar y declarar cumplida la caducidad de la adjudicación otorgada a los señores
Flaminio Delgado Olaya y María de Jesús Olaya por la causal de abandono sin justa
causa y sin previa comunicación y autorización del instituto, respecto del predio Mil
Amores.

106. Através de la Resolución 00189 del 14 de mayo de 201045, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural decretó la caducidad y dejó sin efectos la
Resolución 0562 del 9 de junio de 1995.

107. En contra de la anterior decisión presentaron recursos de reposición el actor y
el Procurador Ambiental y Agrario.

108. Mediante Resolución 00397 del 13 de julio de 201046, el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural resolvió los recursos de reposición interpuestos y confirmó la
Resolución 00189 del 14 de mayo de 2010.

42
Cfr. Fol. 77 del Cuaderno 1 del tribunal.
43
Cfr. Fol. 82 a 102 del Cuaderno 1.
44
Cfr. Fol. 142 del Cuaderno 1.
45
Cfr. Fol. 657 a 660 del Cuaderno 4.
46
Cfr. Cfr. Fol. 651 a 656 del Cuaderno 4.

20

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

II.6. La adjudicación de baldíos y la caducidad de la adjudicación como
prerrogativa de la administración

109. Como punto de partida, debe indicarse que los bienes del Estado, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado47 se clasifican en
bienes de uso público y en bienes fiscales, así:

“[…] Desde esta perspectiva, la jurisprudencia ha explicado, según los
lineamientos de la legislación civil, que la denominación genérica adoptada en el
artículo 102 de la Carta Política comprende (i) los bienes de uso público y (ii) los
bienes fiscales.

(i) Los bienes de uso público, además de su obvio destino se caracterizan
porque “están afectados directa o indirectamente a la prestación de un servicio
público y se rigen por normas especiales”. El dominio ejercido sobre ellos se hace
efectivo con medidas de protección y preservación para asegurar el propósito
natural o social al cual han sido afectos según las necesidades de la comunidad.

(ii) Los bienes fiscales, que también son públicos aún cuando su uso no
pertenece generalmente a los ciudadanos, se dividen a su vez en:

a) bienes fiscales propiamente dichos, que son aquellos de propiedad de las
entidades de derecho público y frente a los cuales tienen dominio
pleno “igual al que ejercen los particulares respecto de sus propios bienes”;
y

(b) bienes fiscales adjudicables, es decir, los que la Nación conserva “con el fin
de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos
por la ley”, dentro de los cuales están comprendidos los baldíos. […]”48.
(Negrilla fuera del texto).

110. Los bienes baldíos se encuentran dentro de la categoría de los llamados bienes
fiscales adjudicables, pues la Nación tiene reservada la facultad para adjudicarlos
a favor de quienes cumplan las condiciones previstas en la ley y en los reglamentos.
Este instrumento se encuentra inspirado en el mandato general previsto en el
artículo 64 de la Constitución Política, según el cual corresponde al Estado
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.49.

111. Las tierras baldías se adquieren “[…] por la ocupación y posterior adjudicación
[…]” y, para ello los adjudicatarios deben cumplir una serie de exigencias para la
titulación de la tierra baldía previstas en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2664
de 1994. En efecto, los artículos 65 y 69 de la Ley 160 de 1994 son del siguiente
tenor:

"[…] ARTÍCULO 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo
puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a
través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas
en las que delegue esta facultad.

47
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 8 de junio de 2016, radicado: 11001-03-06-000-2016-
00068-00(2254), CP: Germán Alberto Bula Escobar (E).
48
Corte Constitucional, Sentencia C-255 de 2012.
49
Corte Constitucional, T- 293 de 2016.

21

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de
poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo
existe una mera expectativa.

La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el Instituto mediante
solicitud previa de parte interesada o de oficio.

Como regla general, el INCORA decretará la reversión del baldío adjudicado al
dominio de la Nación cuando se compruebe la violación de las normas sobre
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo
las cuales se produjo la adjudicación, o se dedique el terreno a cultivos ilícitos. En
firme la resolución que disponga la reversión, se procederá a la recuperación del
terreno en la forma que disponga el reglamento.

No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras
con aptitud agropecuaria que se estén explotando conforme a las normas sobre
protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, en favor de
personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las
extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la
Junta Directiva.

[…]”.

“[…] ARTÍCULO 69. La persona que solicite la adjudicación de un baldío, deberá
demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la
superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde
a la aptitud del suelo establecida por el INCORA en la inspección ocular. En la
petición de adjudicación el solicitante deberá manifestar, bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión expresamente, si
se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio.
En caso afirmativo, la exigencia de la explotación económica deberá demostrarse
con las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres años
anteriores a la fecha de la solicitud.

En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no
inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación
anterior de persona distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los
efectos contemplados en este inciso.

En los casos en que la explotación realizada no corresponda a la aptitud específica
señalada, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no se adopte y ejecute por el
colono un plan gradual de reconversión, o previo concepto favorable de la
institución correspondiente del Sistema Nacional Ambiental. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

112. La jurisprudencia50 ha señalado que la adjudicación de bienes baldíos se
encuentra sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: “[…] i) el peticionario
debe acreditar una ocupación y explotación previa en tierras con aptitud
agropecuaria y en respeto a las normas sobre protección y utilización de recursos
naturales renovables, (ii) la explotación económica debe ser de las dos terceras
(2/3) partes del área que se solicita, (iii) la explotación económica debe ser
consonante con la aptitud del suelo establecida por la autoridad administrativa
correspondiente al momento de efectuar la inspección ocular, (iv) la ocupación y

50
Con sustento en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994.

22

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

explotación mencionadas deben llevarse durante cinco (5) años previos a la
solicitud de adjudicación, (v) el patrimonio neto del peticionario no debe exceder de
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales, (vi) el solicitante no debe ser
propietario de otro inmueble rural en el territorio nacional, y (viii) debe mediar título
traslaticio de dominio otorgado por el Estado. […]”.

113. El Acuerdo 23 de 1995, por el cual se establece el Reglamento General de
Dotación de las Tierras Ingresadas al Fondo Nacional Agrario dedicó un capítulo
para regular las causales de caducidad de la adjudicación, entre las cuales se
enlistan las siguientes:

“[…] ARTÍCULO 20.- CAUSALES DE CADUCIDAD. En todas las resoluciones de
adjudicación de tierras, el Instituto incluirá una cláusula administrativa que le permita
declarar unilateralmente la caducidad de la adjudicación, cuando se presente uno
de los siguientes eventos:

1.- El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el Instituto con motivo de
la adjudicación, o de los créditos otorgados o garantizados por el INCORA.

2.- La transferencia del dominio, posesión o tenencia, o la cesión total o parcial de
los derechos sobre la parcela cuota parte del predio, sin autorización expresa y
previa de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

3.- El abandono del predio por un término superior a treinta (30) días sin justa causa,
Calificada por el Comité de Selección, sin previo aviso y la autorización del Instituto,
o de la Empresa Comunitaria a la cual pertenece el beneficiario.

4. El suministro de datos falsos en la solicitud de inscripción.

5. No sujetarse a las disposiciones que sobre el uso de caminos, servidumbres de
tránsito y de aguas dicte el Instituto para el predio correspondiente.

6. No explotar el predio con su trabajo personal y el de su familia.

[…]”. (Subrayado fuera del texto).

114. Posteriormente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural expidió el Acuerdo
174 de 2009, el cual define la caducidad de la adjudicación de un predio rural como
una potestad unilateral conferida a esa entidad, de carácter sancionatorio, originada
en el incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones y deberes que
le impone el régimen de la propiedad parcelaria 51. Las causales de caducidad se
encuentran enlistada en el artículo 26 ibidem, así:

“[…] ARTÍCULO 26. CAUSALES. En las resoluciones de adjudicación de las tierras
ingresadas al Fondo Nacional Agrario, el Instituto incluirá una cláusula que le permita
declarar unilateralmente la caducidad de la adjudicación cuando se presente uno
cualquiera de los siguientes eventos:

1. El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el Instituto con motivo de la
adjudicación del predio respectivo.

51
Art. 25.

23

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

2. La transferencia del dominio, posesión o tenencia o la cesión total o parcial de los
derechos sobre la parcela o cuota parte del predio, sin autorización previa y expresa
del Consejo Directivo del Incoder.

3. El abandono del predio por un término superior a treinta (30) días sin justa causa,
sin previo aviso o autorización del Instituto.

4. El suministro de datos falsos en la solicitud de inscripción.

5. No sujetarse a las disposiciones que sobre el uso de caminos, servidumbres de
tránsito y aguas dicte el Instituto para el predio correspondiente.

6. No explotar el predio con su trabajo personal y el de su familia.

[…]” (Subrayado fuera del texto).

115. De las normas transcritas, resulta oportuno señalar que la caducidad de la
adjudicación sobre un predio rural constituye una potestad unilateral a cargo del
extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, por el incumplimiento por
parte del adjudicatario de las obligaciones y deberes que le impone el régimen de
la propiedad parcelaria. Una vez adquiere firmeza el acto administrativo que decrete
la caducidad, se debe proceder a su inscripción ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y, como resultado de ello, el dominio vuelve al poder del
instituto.

II.7. Análisis de la legalidad de los actos demandados

116. De acuerdo con el recurso de alzada y la sentencia de primera instancia, la parte
actora y la Agencia Nacional de Tierras presentan diferencias en relación con las
razones invocadas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural para decretar la
caducidad de la adjudicación.

117. El actor considera que los motivos que tuvo en cuenta el Incoder para declarar
la adjudicación resultan contrarios a la realidad porque no se demostró: i) la
transferencia o cesión de los derechos sobre el predio sin autorización previa y
escrita del Incoder; ii) la falta de explotación del predio por parte del adjudicatario
con el trabajo personal y el de su familia; iii) el incumplimiento de las obligaciones
de crédito otorgado; iv) el suministro de datos falsos en el trámite para ser
beneficiario de la adjudicación y; v) el abandono del predio por más de treinta (30)
días sin justa causa, sin previa comunicación y autorización del instituto.

118. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras en el recurso de alzada insiste en
que las razones invocadas para declarar la caducidad de la adjudicación del bien
baldío se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico.

119. La Sala deberá definir si son nulos, por falsa motivación, los actos
administrativos que declararon la caducidad de la adjudicación a favor de los
señores Flaminio Delgado Olaya y la difunta María de Jesús Olaya del predio Mil
Amores.

24

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

120. La falsa motivación, como vicio de nulidad del acto administrativo, opera cuando
los fundamentos fácticos y jurídicos se apartan de la realidad, o los mismos se
revelan inexistentes o cuando han sido calificados de manera equivocada por el
autor de la decisión.

121. Según la jurisprudencia52, la falsa motivación se presenta “[…] cuando la
situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo se revela
inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados
erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis,
el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades
diferentes de la falsa motivación. […]”.

122. La falsa motivación comporta “[…] un problema probatorio, de confrontación de
dos extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica atinente al mismo,
con miras a comprobar la veracidad; también plantea un juicio lógico de
correspondencia entre la realidad constatada y la consecuencia jurídica que se
pretende desprender de ella, cuando la primera resulta demostrada […]53”.

123. En el presente caso, el Incoder, en los actos acusados, consideró que se
demostró que los adjudicatarios incurrieron en las siguientes causales previstas en
el artículo 4.° de la Resolución 0562 de 9 de junio de 199554, en concordancia con
los artículos 24 y 39 de la Ley 160 de 1994: artículo 21 del Acuerdo 23 de 1995 y
los artículos 26 y 27 del Acuerdo 174 de 2009:

• La transferencia o cesión de los derechos sobre el predio, sin autorización
previa y escrita del Incoder.

• La falta de explotación del predio por parte de los adjudicatarios con su
trabajo personal y el de su familia.

• El incumplimiento de las obligaciones de crédito otorgado o garantizado por
el instituto.

• El suministro de datos falsos en el trámite para su selección como
beneficiario.

• El abandono del predio por más de treinta (30) días sin justa causa y sin
previa comunicación y autorización del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural.

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García Gonzalez,
sentencia de 2 de junio de 2011, número de radicado: 66001-23-31-000-2005-00519-01.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2019, CP:
Oswaldo Giraldo López, radicado: 11001-03-24-000-2007-00261-00.
54
Cfr. Fol. 42 a 43 del Cuaderno 1 del Tribunal.

25

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

i) Estudio de la primera causal invocada por el Incoder. De la transferencia o
cesión de los derechos sobre el predio, sin autorización previa y escrita de la
entidad

124. Sobre el particular, el Incoder, en la Resolución 00189 de 14 de mayo de 2010,
sostuvo lo siguiente:

“[…] En efecto, después de un prolongado debate se ha podido establecer de acuerdo
con el voluminoso caudal probatorio obrante en el proceso, que el parcelero desde
que le fue adjudicado el predio no lo ha explotado personalmente como lo prescriben
las normas y antes por el contrario se desprendió de él mediante una negociación
celebrada con un hermano y cuñada, quienes detentan la posesión del inmueble
desde mediados del año 2000 aproximadamente.

[…]

1. La transferencia o cesión de los derechos sobre el predio, sin autorización previa o
escrita del INCORA, hoy INCODER, conducta que se tipifica por la negociación
celebrada con su cuñada Amparo Valencia y medio hermano Gonzalo Olaya, al hacer
entrega de la parcela por una deuda derivada de negocios que tenía con la primera
de las nombradas, optando por entregar la parcela, que previamente había sido
abandonada. […]”. (Cursivas y subrayado del texto).

125. Por su parte, la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, indicó:

“[…] 1. Si bien es cierto, como se afirma en los memoriales que no existe prueba de
compraventa de la parcela entre el adjudicatario y sus familiares, en términos del
artículo 1857 del C.C., es decir, se carece de escritura pública, los indicios conducen
a creer que efectivamente hubo negociación, como ha ocurrido en numerosos casos
similares, inclusive con otros predios vecinos dentro de la misma parcelación, habida
cuenta que para que se pudiera elevar a escritura pública una negociación de ese
tipo, se requería autorización escrita por parte del INCORA (entidad vigente para la
época de los hechos), como lo prescribe el artículo 39 de la Ley 160 de 1994,
requerimiento que en la gran mayoría de los casos no cumplían los adjudicatarios,
optando por hacer negociaciones ya de carácter verbal, o mediante documentos
privados, como fue siempre la costumbre entre los beneficiarios de tierras. Ahora bien,
aún admitiendo en gracia de discusión la inexistencia de prueba de la venta de la
parcela por parte del señor Flaminio Delgado, existen otras circunstancias
establecidas como causales de caducidad administrativa, que no fueron desvirtuadas
como más adelante se podrá demostrar.

[…]”.

126. Como se observa, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder
consideró que esta causal se configuraba, en virtud de la negociación y venta
efectuada por el señor Flaminio Delgado Olaya a los señores Gonzalo Olaya y
Amparo Valencia, a quienes les entregó la parcela para el pago de una deuda que
el señor Flaminio Delgado Olaya tenía con su cuñada.

127. De la revisión de los antecedentes administrativos se observa que en el
expediente no reposan elementos de prueba que demuestren la transferencia o
cesión de derechos efectuada por el señor Flaminio Delgado Olaya a los señores
Gonzalo Olaya y Amparo Valencia.

26

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

128. En el expediente sí reposa el contrato55 celebrado en el mes de septiembre de
1994, entre la señora Amparo Valencia y el señor Flaminio Delgado Olaya, por
medio de la cual esta se comprometió a aportar la suma de $2.000.000 al señor
Flaminio Delgado Olaya a fin de que invirtiera en la compra de ganado para
revender. No obstante, no consta documento alguno que demuestre la transferencia
o cesión de derechos.

129. El artículo 1849 del Código Civil define la compraventa como el contrato en que
una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero.

130. El artículo 1857 del Código Civil indica que la venta se reputa perfecta desde
que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones
consagradas en esa norma. Sin embargo, si el objeto de la compraventa es un bien
raíz, además del acuerdo de voluntades es necesario el otorgamiento de una
escritura pública para que pueda entenderse perfeccionado el negocio jurídico.

131. En estos casos, la escritura del contrato de compraventa se convierte en una
solemnidad substantiam actus, sin la cual el contrato no puede entenderse como
perfeccionado. Al respecto, esta Corporación56 ha señalado:

“[…] De acuerdo con el art. 1849 del c.c. la compraventa es un contrato en el que
una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Por regla
general, es un contrato consensual pues el acuerdo de voluntades sobre la cosa
vendida y su precio perfecciona el contrato y hace nacer las obligaciones
correlativas.
No obstante, si el objeto de la compraventa es un bien raíz, de conformidad con
el art. 1857, además del acuerdo de voluntades es necesario el otorgamiento de
una escritura pública para que pueda entenderse perfeccionado.
En esos casos, la compraventa es un contrato solemne porque su celebración
“está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que
sin ellas no produce ningún efecto civil” (art. 1500). Al respecto la doctrina afirma
lo siguiente:

“Solo con el otorgamiento de la escritura surge la relación jurídica entre comprador
y vendedor; antes de ese otorgamiento el contrato no existe, y por lo mismo
cualquiera de las partes, aunque ya estuvieren convenidos los términos del
contrato en todos sus elementos esenciales y accesorios, puede volverse atrás,
sin que esa manera de proceder le acarree consecuencia alguna, salvo evento de
culpa in contrahendo”57.

Así, el otorgamiento de la escritura en el contrato de compraventa de inmuebles
es una de las llamadas solemnidades ad substancian actus, pues el contrato no
se perfecciona sin el previo otorgamiento de la escritura respectiva. […]”.

132. En tal orden, la Sala considera que, en los mismos términos del a quo, la
caducidad de la adjudicación del predio Mil Amores, que se justificó en la presunta

55
Cfr. Fol. 161 a 162 del Cuaderno 1.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de mayo de 2004, MP: Alier
E. Hernández Enríquez, radicado núm.: 25000-23-26-000-2003-01353-01(26717).
57
Cita es original de la sentencia: GÓMEZ ESTRADA, Cesar, “De los principales contratos civiles”, Editorial Temis, Bogotá –
1999, pág. 19.

27

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

transferencia o cesión de los derechos sobre el predio sin autorización previa y
escrita del Incora no se encuentra acreditada con el acervo probatorio.

ii) Estudio de la segunda causal invocada por el Incoder. Se probó la falta de
explotación del predio con su trabajo personal y el de su familia

133. El Incoder, en la Resolución 00189 de 14 de mayo de 2010, indicó lo siguiente:

“[…] 2.- Cuando se compruebe que el adjudicatario no explota el predio con su trabajo
personal y el de su familia. Esta causal se funda en el hecho mismo de la negociación
habida cuenta que efectuada aquella hubo de entregar la parcela.

[…]”. (Cursivas y subrayado del texto).

134. Según se observa, el Incoder encontró probada la falta de explotación del predio
por parte de los adjudicatarios iniciales, por el mismo hecho de la negociación
efectuada entre Flaminio Delgado Olaya y los señores Gonzalo Olaya y Amparo
Valencia.

135. Para estos efectos, la Sala se remite a las consideraciones expuestas en el
punto anterior, en el sentido de que de la revisión del expediente no reposan
elementos de prueba que demuestren la transferencia efectuada por el señor
Flaminio Delgado Olaya a los señores Gonzalo Olaya y Amparo Valencia.

iii) Estudio de la tercera causal invocada por el Incoder. El incumplimiento por
parte del adjudicatario de las obligaciones de crédito otorgado o garantizado

136. El Incoder, en la Resolución 00189 de 14 de mayo de 2010, adujo lo siguiente:

“[…] Es palmario igualmente, que el beneficiario incumplió con los pagos oportunos
del crédito de tierras que le fue otorgado con motivo de la adjudicación, al punto que
sólo se acercó a hacer el primer abono 12 años después de habérsele adjudicado la
parcela y meses después de ser notificado de la iniciación de la caducidad en su
contra.

[…]

3.- Cuando se registre incumplimiento por parte del adjudicatario, de las obligaciones
de crédito otorgado o garantizado por el Instituto. Según los reportes de la cartera, de
la Coordinación Administrativa y Financiera de esta Dirección, en los doce (12)
primeros años posteriores a la adjudicación el señor Flaminio Delgado Olaya no
efectuó ningún pago o amortización a la deuda que por concepto de tierras tenía con
el Instituto. […]”. (Subrayado del texto).

137. Por su parte, la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, sostuvo:

“[…] 6. En lo referente a la causal de caducidad que hace relación al incumplimiento
del adjudicatario en el pago de las obligaciones de crédito otorgado por el Instituto,
es cierto lo que manifiestan los impugnantes en el sentido de que la obligación se
encuentra a paz y salvo; cancelación que se hizo recientemente, lo cual se admite
como eximente de caducidad, pero solo con respecto a dicha causal,
manteniéndose lo dicho con respecto a las demás causales.

28

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

138. Según lo anterior, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder
inicialmente argumentó que el señor Flaminio Delgado Olaya incumplió con los
pagos oportunos del crédito de tierras, al punto que el primer abono se realizó 12
años después de la adjudicación de la parcela y de haberse notificado del trámite
de caducidad administrativa iniciado en su contra. Sin embargo, como quedó visto,
el Incoder, en la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, por medio de la cual
resolvió los recursos de reposición reconoció que, en efecto, la obligación crediticia
se encontraba a paz y salvo.

139. Precisamente, a través de la Resolución 0562 de 9 de junio de 1995, se
estableció que el valor de la adjudicación era por valor de $13.929.948, monto que
debía ser pagado por el sistema de amortización gradual acumulativa en un plazo
de 15 años contados a partir de la notificación de esa resolución -15 de diciembre
de 1995- y su monto se cobraría a partir del tercer año. Por ende, el plazo para
cumplir con esa obligación tenía como fecha de vencimiento el 15 de diciembre de
2010.

140. En el expediente consta la relación de recaudos de la cartera del Incoder, en la
cual se evidencia que el señor Flaminio Delgado Olaya hizo un pago parcial por
valor de $7.000.000, el 25 de junio de 200758, cuyo aparte pertinente se resalta:

141. Igualmente, el 26 de enero de 201059, el Gerente de Operación de Activos de la
Central de Inversiones S.A. certificó lo siguiente:

58
Cfr. Fol. 485 del Cuaderno 3 del tribunal.
59
Cfr. Fol. 548 del Cuaderno 3 del tribunal.

29

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

“[…] CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

CERTIFICA

Que el señor FLAMINIO DELGADO OLAYA […] era titular de la obligación No.
101010024255, cuya propiedad fue cedida por UNAT a Central de Inversiones S.A.,
la cual se encuentra a paz y salvo a la fecha.

Que de acuerdo a las bases suministradas por la UNAT esta obligación estaba
garantizada con el predio LA HERRADURA MIL AMORES, en el municipio de Puerto
Rico- Meta.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2010.

[…]”. (Negrilla del texto).

142. Así las cosas, el señor Flaminio Delgado Olaya se encontraba a paz y salvo
desde el 26 de enero de 2010, esto es, antes del vencimiento del plazo que tenía
para el cumplimiento oportuno de tal obligación crediticia, tal y como lo admitió el
Incoder al resolver los recursos de reposición. Por ende, esta causal invocada por
el Incoder fue desvirtuada.

iv) Estudio de la cuarta causal invocada por el Incoder. El suministro de datos
falsos en el trámite para su selección como beneficiario

143. El Incoder, en la Resolución 00189 de 14 de mayo de 2010, adujo lo siguiente:

“[…] De otro lado, como obra en los autos, el adjudicatario es poseedor además del
predio objeto de caducidad, de otros inmuebles rurales denominados LA COQUETA
de 20 hectáreas, ubicado en la vereda Barranco Colorado y MIL AMORES de 105
hectáreas, ubicado en la vereda El Cable, municipio de Puerto Rico, éste último con
posesión reconocida en cabeza del señor Delgado Olaya desde el año de 1992,
según lo certifica el I.G.A.C., lo cual deja ver a las claras que cuando el inscrito fue
seleccionado en el año de 1995 para la parcelación La Herradura donde se halla la
parcela MIL AMORES (que no es el mismo MIL AMORES de 105 has. ubicado en
la vereda El Cable), ya era poseedor de tierra en extensión suficiente, lo que lo hacía
no elegible como beneficiario de tierras por mandato legal, información que omitió
suministrar cuando se inscribió incurriendo por tanto en falsedad, porque de haberse
conocido dicha circunstancia cuando se hizo la selección de ninguna manera
hubiera sido beneficiado.

[…]

4.- Cuando se compruebe que el adjudicatario suministró datos falsos en el trámite,
para su selección como beneficiario. El mismo adjudicatario al solicitar la protección
de varios bienes inmuebles rurales, puso en evidencia la posesión de aquellos que
no fueron declarados al momento [de] inscribirse como aspirante al subsidio, uno
con 20 hectáreas denominado LA COQUETA, ubicado en la vereda Barranco
Colorado, una casa lote de 400 metros cuadrados, ubicada en el perímetro urbano
del municipio de Puerto Rico y el predio denominado MIL AMORES de 105
hectáreas, ubicado en la vereda El Cable del mismo municipio de Puerto Rico,
catastrado con el número 00-02-0009-0009-000, del cual es poseedor inscrito desde
1992.

[…]”(Subrayado del texto).

30

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

144. Por su parte, la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, indicó:

“[…] Dentro del expediente existen pruebas legalmente allegadas, que acreditan la
tenencia y posesión por parte del señor FLAMINIO DELGADO OLAYA de otro bien
rural para la época en que fue beneficiario de tierras por parte del INCORA, lo que
hubiera ocasionado de haberse conocido dicha situación oportunamente, que el
mismo no calificara en la selección, porque estaba incurso en una de las prohibiciones
expresamente señaladas por las normas, lo que conlleva a que el beneficiario omitió
dar tal información.

Así se quiera desvirtuar el anterior aserto, los razonamientos expuestos en los
memoriales contentivos de los recursos, no son suficientes para invalidar lo que en
torno al asunto se planteó al tomar la decisión recurrida en reposición. Efectivamente,
a folio 376 del expediente obra el formulario “SOLICITUD INDIVIDUAL DE INGRESO
AL REGISTRO UNICO DE PREDIOS -RUP- Y DE PROTECCION POR ABANDONO
A CAUSA DE LA VIOLENCIA”, del predio MIL AMORES, con una extensión de 105
hectáreas, ubicado en la vereda El Cable, formato diligenciado el día 17 de octubre
de 2007, ante la Procuraduría Provincial de Viliavicencio, documento en el cual el
señor FLAMINIO DELGADO OLAYA, bajo la gravedad del juramento declaró según
puede leerse en la casilla 22. “¿En qué fecha inició la vinculación con el predio? AÑO
1981, en la casilla 22 dice: Fecha de abandono del predio 18-09-2002.”

Igualmente, dentro del mismo expediente aparece a folio 414 certificación expedida
por la Oficina Delegada del I.G.A.C. de San Martín de fecha mayo 13 de 2009, que
reza:

“…El señor Flaminio Delgado Olaya es poseedor del predio denominado Mil Amores
con el número catastral 00-02-0009-0009-000, de municipio de Puerto Rico, con un
área de 105 hectáreas 4476 metros y fue inscrito en la actualización catastral del año
1992 con vigencia 01-01-1993”. (folio 414).

También a folio No. 318 figura el Certificado Catastral No. 000635, cuya nomenclatura
serial es 2968965, expedido por el I.G.A.C. que contiene información similar a la
reseñada en el párrafo anterior.

Lo anterior permite colegir, contrario a lo señalado por los impugnantes, que el señor
Delgado Olaya si tenía otro inmueble rural denominado MIL AMORES para cuando
fue seleccionado y que ocultó la información en 1995 al inscribirse para acceder al
subsidio de tierras por cuanto de haberse conocido la tenencia del predio descrito,
desde el punto de vista legal no era posible ser beneficiario de tierra incurriendo por
lo tanto en la causal de caducidad que prescribe:

➢ El suministro de datos falsos en la solicitud de inscripción. (…)

[…] (Negrilla y subrayado fuera del texto).

145. Según lo anotado, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder estimó
que el adjudicatario suministró datos falsos en el trámite tendiente a obtener la
adjudicación del baldío, porque una de las condiciones exigidas era que no
ostentara la condición de propietario o poseedor de otros predios rurales en el
territorio nacional.

146. La Sala encuentra que la inconformidad planteada por la Agencia Nacional de
Tierras tiene que ver con el hecho de que el señor Flaminio Delgado Olaya demostró
haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994,

31

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

norma que señala que no se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en
favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a
cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional.

147. En el expediente consta que el señor Flaminio Delgado Olaya presentó una
solicitud de ingreso al Registro Único de Predios – RUP y de Protección por
Abandono a causa de la violencia el 20 de noviembre de 200760, mediante
Formulario 50001, respecto del predio Mil Amores, ubicado en el Corregimiento del
Cable en el municipio de Puerto Rico.

148. Consta que, al momento de registrar esa solicitud, aportó la siguiente
información61:

149. De conformidad con lo anterior, de la revisión de dicho documento se observa
que frente al predio denominado Mil Amores, con un área de extensión de 105
hectáreas, ubicado en la vereda el Cable del municipio de Puerto Rico – vereda

60
Cfr. Fol. 375 a 376.
61
Cfr. Fol. 442 reverso.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

diferente de aquella en la cual se encuentra localizado el predio objeto de
adjudicación (San Vicente)- el señor Flaminio Delgado Olaya afirmó tener la
condición de ocupante del bien baldío, y no de poseedor.

150. En este punto, la Sala considera pertinente señalar que el artículo 65 de la Ley
160 de 1994, señala que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo
puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a
través del extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, o por las
entidades públicas en las que delegue esta facultad. Esta norma indica, de manera
clara, que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad
de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado
sólo existe una mera expectativa.

151. Por otro lado, la Agencia Nacional de Tierras, en el escrito de alzada considera
que, de conformidad con la certificación expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC se demostró que el demandante poseía más terrenos al momento
de la adjudicación del terreno baldío.

152. En efecto, en el expediente obra la certificación de 13 de mayo de 200962,
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, documento en el cual
se indica lo siguiente:

“[…] INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
OFICINA DELEGADA SAN MARTIN
San Martin de los Llanos, 13 de Mayo de 2009
50.689.03

Señor
EDILBERTO CASTRO LONDOÑO
Coordinador Técnico INCODER- Meta.
Calle 38 No 31-58
Villavicencio, Meta

Asunto: Respuesta a oficio No. 45092102325 Apreciado Señor Castro:

Para informarle que el señor Flaminio Delgado Olaya es poseedor del predio
denominado Mil Amores con el número catastral 00-02-0009-0009-000 del municipio
de Puerto Rico, con un área de 105 has 4476 metros y fue inscrito en la actualización
catastral del año 1992 con vigencia 01-01-1993.

Además aparece como propietario de un predio denominado también Mil Amores con
numero predial 00- 01-0001-0033-000, del municipio de Puerto Rico con un área de
130 has 5250 metros (sic)

Atentamente,

HUMBERTO PARRADO AGUILERA.

[…]”. (Subrayado fuera del texto).

62
Cfr. Fol. 481 del Cuaderno 3 del tribunal.

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Demandante: Flaminio Delgado Olaya

153. De acuerdo con lo anotado, a pesar de que se indica que el señor Flaminio
Delgado Olaya era poseedor del predio denominado Mil Amores con el número
catastral 00-02-0009-0009-000 del municipio de Puerto Rico, con un área de 105
has 4476 metros, esta certificación data del 13 de mayo de 2009, es decir, es
posterior al momento en que se otorgó la adjudicación y, analizado su contenido,
dicho documento no precisa con exactitud la fecha a partir de la cual ejerció la
posesión.

154. En efecto, aunque el documento supra indica que el predio se inscribió en la
actualización catastral del año 1992, esto significa que ese bien fue reconocido
oficialmente en el catastro en esa fecha, con vigencia a partir del 1 de enero de
1993.

155. Sobre el particular, se debe aclarar que el avalúo catastral consiste en la
determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis
estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determina
por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los
terrenos y para las edificaciones en él comprendidos (artículo 7° del Decreto
Reglamentario 3496 de 1983 y 6° de la Resolución 2555 de 1988 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC).

156. Ahora bien, las principales actuaciones administrativas de naturaleza catastral
son: la formación catastral, la actualización de la formación y la conservación
catastral, las cuales aparecen desarrolladas en el del Decreto 3496 de 1983 y en la
Resolución 2555 de 1988 del IGAC.

157. La formación consiste en el conjunto de operaciones destinadas a obtener la
información sobre los terrenos y edificaciones en los aspectos físico, jurídico, fiscal
y económico de cada predio. La conservación comprende el conjunto de
operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales de
conformidad con los cambios que experimente la propiedad raíz en sus aspectos
físico, jurídico, fiscal y económico. Finalmente, la actualización de la formación
catastral hace referencia al conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos
de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y
eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios
físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales
del mercado inmobiliario.

158. Por lo expuesto, la Sala comparte los argumentos de la sentencia de primera
instancia, pues el Incoder no adelantó las actuaciones pertinentes y determinantes
para probar la configuración de esta causal de caducidad y los documentos supra
no dan cuenta de que el señor Flaminio Delgado Olaya haya aportado datos falsos
para ser adjudicatario del predio mencionado.

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

v) Estudio de la quinta causal invocada por el Incoder. El abandono del predio
por más de 30 días sin justa causa y sin previa comunicación y autorización
del Incoder

159. El Incoder, en la Resolución 00189 de 14 de mayo de 2010, señaló lo siguiente:

“[…] Ahora, en relación con el desplazamiento aducido, puede extractarse del material
probatorio arrimado al plenario, que el beneficiario mediante escrito obrante a folio
182, radicado el día 28 de septiembre de 2005, manifiesta que fue desplazado desde
el mes de septiembre de 2003. Contrario a lo expresado, semana después, el día 5
de octubre de 2005 (folio 184), radicó un derecho de petición, manifestando que fue
desplazado el día 21 de agosto de 2005, solicitando a la vez protección del bien
inmueble, circunstancias que dejan duda respecto a la veracidad de lo afirmado
habida cuenta que el abandono del predio como está probada data aproximadamente
del año 2000, luego, la causal de la ausencia de la parcela adjudicada no puede ser
de ninguna manera justificada por el desplazamiento forzado provocado por grupos
armados al margen de la ley, máxime si se tiene en cuenta que dentro del mismo
expediente existen documentos que dan cuenta de la presencia del señor Delgado
Olaya en la región de Puerto Rico de manera continua (folios 329, 404).

[…]

5.- Cuando el adjudicatario abandone el predio por más de treinta (30) días sin justa
causa y sin previa comunicación y autorización del Instituto. El parcelero abandonó el
predio desde hace más de 10 años, sin que dentro de los primeros 5 años hiciera
manifestación alguna al Instituto acerca de su ausencia del mismo, situación que fue
acreditada suficientemente dentro del proceso. Cuando se profirió el acto
administrativo que dio inicio al proceso de caducidad, sólo hasta ese momento trató
de justificar el porqué (sic) había dejado abandonado el predio.

[…]”. (Subrayado del texto).

160. Por su parte, la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, sostuvo:

“[…] En este sentido es imperioso precisar que la justa causa de que trata la
primera de las causales señaladas precedentemente, debía ser calificada por el
Comité de Selección de Adjudicatarios de la época, reglamentado por el Acuerdo
023 de 1995 por la Junta Directiva del INCORA. Tenemos entonces, que la justa
causa correspondía calificarla al organismo competente, que era el Comité de
Selección, se reitera, y no podía ser catalogada por cualquier persona o funcionario
y menos aún, cerca de 10 años después de haber ocurrido el hecho del abandono
del predio, como se pretende en este momento con los escritos que contienen la
impugnación provenientes del señor Representante del Ministerio Público y la
apoderada del parcelero.

La causal de no explotar el predio con su trabajo personal y el de su familia, tiene
íntima relación y es consecuencial (sic) de la anterior, por que (sic) si el titular no
está en la parcela desde hace varios años, es imposible que la pueda explotar con
su trabajo personal, máxime cuando se reconoce que en la misma están asentadas
terceras personas.

[…]

Respecto a la información que es suministrada por quienes aleguen la condición de
desplazados, el parágrafo del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, prescribe: “Cuando
se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de

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Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga la
presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”:

Es evidente que existen inconsistencias en varios documentos provenientes del
señor Flaminio Delgado y allegados al expediente indicativos de que la información
allí contenida deja dudas respecto a su veracidad, como seguidamente se verá:

Lo aseverado anteriormente puede constatarse fácilmente, pues basta con revisar
los folios 372 y 380 del expediente, donde sobre el mismo predio MIL AMORES
ubicado en la vereda La Herradura y adjudicado por el INCORA mediante la
resolución caducada, aparecen dos (2) solicitudes de protección en diferentes
fechas: La primera radicada el 26 de abril de 2007 ante la Personería Municipal de
Villavicencio, donde se señala en la casilla 23 que el abandono del predio ocurrió el
día 15 de abril de 2003 (folio 380), mientras que la segunda, radicada el 17 de
octubre del mismo año ante la Procuraduría Provincial de Villavicencio en la misma
casilla 23, señala que el abandono ocurrió en el año 2005 (folio 372), también como
se evidencia en el registro RUPTA (Folio 370) donde solicita protección inicialmente
del predio La Herradura con numero consecutivo 012049 identificado con M.I. 236-
0035797 y posteriormente con consecutivo RUP1258 solicita protección del predio
Mil Amores identificado con la misma Matricula Inmobiliaria, lo que hace concluir
que se trata del mismo predio.

[…]” ( Cursiva, negrilla y subrayado del texto)

161. De acuerdo con lo afirmado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, se
demostró que el señor Flaminio Delgado Olaya abandonó el predio desde hace más
de 10 años, sin justa causa y sin previa comunicación y autorización de la entidad.

162. En el curso de la primera instancia, se recibieron las declaraciones de los
señores José Otoniel Lozano Moncaleano y Eva Julia Castañeda Olaya63, hermana
del actor, quienes de manera coincidente señalaron que el señor Flaminio Delgado
Olaya fue víctima de secuestro y desplazamiento forzado por parte de la guerrilla y
este se vio obligado a abandonar su predio por este hecho y su credibilidad no fue
desvirtuada.

163. Lo afirmado por los señores José Otoniel Lozano Moncaleano y Eva Julia
Castañeda Olaya resulta coincidente con el relato presentado por el señor Flaminio
Delgado Olaya, en el trámite adelantado ante la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, UAEGRT, sobre las presiones y el
desplazamiento del cual fue víctima desde el año 200164.

164. Esta circunstancia explica la razón por la que el Incoder, al momento de realizar
las visitas al predio, el señor Flaminio Delgado Olaya no se encontraba en el mismo.

63
Audiencia de testimonios celebrada el 12 de septiembre de 2017 (Fol. 815 a 816 del Cuaderno 4 del tribunal. […]”. La
señora Eva Julia Castañeda Olaya, hermana del señor Flaminio Olaya, relató que: i) su hermano estuvo detenido desde el
2001 al 2004, por la guerrilla; ii) con anterioridad a esa fecha, el actor venía explotando el terreno; iii) no se realizó la
transferencia o cesión de derechos por parte del señor Flaminio Delgado Olaya a favor de los señores Gonzalo Olaya y
Amparo Valencia.
64
Información que tiene un carácter reservado, según lo indicó la UAEGRTD en Oficio de 12 de febrero de 2018 (Fol. 867 del
Cuaderno 4 del tribunal).

36

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

165. En tales condiciones, el abandono del predio por parte del señor Flaminio
Delgado Olaya se encuentra amparado en una justa causa, por lo que la causal
alegada por el Incoder en los actos demandados no se encuentra probada.

166. Por todo lo expuesto, la Sala considera que las resoluciones enjuiciadas fueron
expedidas por el Incoder con falsa motivación, porque las razones que fueron
tenidas en cuenta por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural para justificar la
declaratoria de caducidad administrativa resultan contrarias a la realidad.

II.8. El principio de congruencia

167. Deberá definirse si la sentencia de 26 de marzo de 2021 desconoció el principio
de congruencia, al haber declarado la ilegalidad de un acto administrativo, cuya
nulidad no fue propuesta de manera oportuna en la demanda.

168. El artículo 281 de la Ley 1564 señala que todo fallo judicial debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley. Igualmente, “[…] [n]o podrá condenarse al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada
en esta. […]”.

169. El principio de congruencia significa la armonía que debe existir entre la parte
motiva y la resolutiva del fallo -congruencia interna- y garantiza que la decisión de
fondo corresponda a lo pedido por las partes en la demanda y su contestación-
congruencia externa-65.

170. En el presente caso, la Sala entrará a analizar el objeto del litigio, por un lado,
y la causa petendi y la decisión de fondo, por otro, con el fin de poder determinar si
la decisión de primera instancia desconoció el principio de congruencia.

• El objeto del litigio y la causa petendi

171. En el caso de autos, el señor Flaminio Delgado Olaya, por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda en la cual solicitó que se declare la nulidad
de los siguientes actos administrativos: i) la Resolución 00189 de 14 de mayo de
2010 y; ii) la Resolución 00397 de 13 de julio de 2010, antes referidos.

• La decisión de fondo

172. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia de 26 de marzo de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda y, en su parte resolutiva, ordenó:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N.° 0562 del 9 de junio
de 1995 y N.° 00397 del 13 de julio de 2010 expedidas por el INCODER, mediante

65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.

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Demandante: Flaminio Delgado Olaya

las cuales declaró la caducidad de adjudicación otorgada en Resolución N.° 0562 del
9 de junio de 1995, por lo expuesto en la parte motiva. […]”. (Negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).

173. Conforme lo señala la Agencia Nacional de Tierras, el Tribunal Administrativo
de Arauca desconoció el principio de congruencia porque declaró la nulidad de la
Resolución 0562 del 9 de junio de 1995, acto administrativo que no fue objeto de
demanda.

174. Por las precitadas razones, la Sala modificará el ordinal primero de la sentencia
de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el
sentido de precisar que la declaratoria de nulidad recae sobre las Resoluciones
00189 de 14 de mayo de 2010 y 00397 de 13 de julio de 2010, actos que fueron
objeto de demanda en este proceso.

II.9. Condena en costas en segunda instancia y otro pronunciamiento

175. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199866, no condenará en costas en segunda instancia a la
Agencia Nacional de Tierras, a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso,
puesto que su conducta no estuvo precedida de mala fe ni de la intención de
entorpecer el proceso y se enmarcó en los principios y obligaciones que gobiernan
la actividad judicial.

176. Finalmente, se reconocerá al abogado Jesús Horacio Párraga Aponte, como
apoderado judicial de la Agencia Nacional de Tierras, de conformidad con los
documentos que obran en el expediente digital67.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 26 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el cual quedará así:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 00189 de 14 de mayo
de 2010 y 00397 de 13 de julio de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta decisión. […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
66
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
67
Índice 17 del expediente del tribunal.

38

Radicación núm.: 50001-2331-000-2011-00354-01
Demandante: Flaminio Delgado Olaya

CUARTO: RECONOCER al abogado Jesús Horacio Párraga Aponte como
apoderado judicial de la parte demandada, conforme al poder que obra en el
expediente digital.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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