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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00355-01

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00355-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca en Descongestión el 29 de mayo de 2020. SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción; en consecuencia, declarar inhibida a la Sala para resolver de fondo el litigio. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2011-00355-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandados: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

Temas: INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN – Su
escogencia no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del daño
alegado / FALLO INHIBITORIO – la acción de repetición no es la vía procesal adecuada
para demandar en este asunto.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca
en Descongestión1, a través de la cual declaró la caducidad de la acción.

Se demandó un supuesto detrimento patrimonial de la demandante, derivado de la
conducta dolosa y gravemente culposa del demandado mientras se desempeñaba
como Director Ejecutivo de Administración Judicial, dado que habría efectuado un
doble pago de una condena judicial.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 que decidió la
demanda presentada el 22 de marzo de 20112 por la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (en adelante DEAJ) en contra del
señor Juan Carlos Yepes Alzate, a través de la cual solicitó que se le declarara
patrimonialmente responsable por su actuar gravemente culposo y doloso que dio
lugar a que se pagara dos veces una condena en contra de la Nación. Como
consecuencia, pidió que se le condenara a reembolsar la suma pagada por error
más los intereses moratorios causados.

Hechos

2. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que en octubre
de 2003, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia dentro de un proceso

1 Mediante Acuerdo PCSJA19-11448 del 19 de noviembre de 2019 expedido por la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura, se remitió al Tribunal Administrativo de Arauca procesos del sistema
escritural que se encontraran para sentencia en el Tribunal Administrativo del Meta -a quien le correspondió
conocer del proceso de responsabilidad-, entre ellos, se remitió el presente expediente (folio 2 c. del Consejo
de Estado). Mediante oficio No. 0419 del 10 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo de Arauca devolvió el
expediente de la referencia al Tribunal Administrativo del Meta (folio 11 c. del Consejo de Estado).
2 Folios 1-14 c. ppal.

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Julio Eduardo Tejeiro
Hernández en contra de la Nación – Rama Judicial, mediante la cual declaró la
nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación salarial y
prestacional al demandante y ordenó que se le liquidaran los salarios reclamados.

3. La DEAJ, en ese entonces dirigida por el señor Juan Carlos Yepes Alzate, profirió
la Resolución No. 3253 de agosto de 2008, mediante la cual ordenó que el pago
por concepto del cumplimiento del mentado fallo se hiciera a favor de la señora
Dolly Reyes de Martínez en su calidad de cesionaria de los derechos litigiosos de
Julio Eduardo Tejeiro Hernández; a pesar de esto, la orden de pago se elaboró en
favor del señor Tejeiro Hernández y el desembolso se realizó en la cuenta de
ahorros de éste. Mediante Resolución No. 1843 de marzo de 2009 se advirtió el
“error de interpretación” y se ordenó el pago en favor de la cesionaria, el cual fue
efectivamente realizado en abril del mismo año.

4. Adujo que el doble pago efectuado por la entidad por un mismo concepto,
además de los intereses moratorios causados entre el primer pago (erróneo) y el
segundo, fueron consecuencia de la conducta dolosa y gravemente culposa del
demandado.

La defensa

5. El demandado contestó la demanda a través de curador ad-litem, quien omitió
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones plasmados en la demanda3.

6. Surtida la etapa probatoria4, al alegar de conclusión la Nación – Rama Judicial
adujo que se configuró la causal del numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001,
pues la conducta gravemente culposa del demandado dio lugar al detrimento
patrimonial de la entidad e incurrió en un hecho ajeno a las finalidades del servicio
del Estado5. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

7. Al resolver el conflicto, el Tribunal declaró probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción de repetición, para cuyo efecto adujo que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho quedó ejecutoriada el 26 de enero de 2005, por
manera que el plazo de los 18 meses que establecía el C.C.A. para el cumplimiento
de la condena venció el 27 de julio de 2006, a pesar de lo cual la entidad
demandante realizó el pago el 25 de agosto de 2008. Así, el término de caducidad

3 Folio 107 c. ppal.
4 Mediante auto del 18 de julio de 2018 se determinó: “Se tienen como pruebas los documentos aportados con

la demanda, cuya valoración se realizará en la decisión que ponga fin a la instancia”. Folio 109 c. ppal.
Al expediente se allegaron los siguientes documentos:
1. Sentencia del 7 de octubre de 2003 del Tribunal Administrativo del Meta.
2. Resolución No. 3253 del 12 de agosto de 2008.
3. Orden de pago No. 1949 del 14 de agosto de 2008 y reporte del estado de la orden como pagada a Julio
Eduardo Tejeiro Hernández.
4. Resolución No. 1843 del 13 de marzo de 2009.
5. Orden de pago del 31 de marzo de 2009 y reporte del estado de la orden como pagada a la señora Blanca
Dolly Reyes de Martínez.
5 Folios 111-113 c. ppal.

2

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

debía contabilizarse desde el 27 de julio de 2006 y, dado que la demanda fue
presentada el 25 de marzo de 2011, concluyó que fue incoada cuando el término
establecido en la ley se encontraba ampliamente vencido.

8. Finalmente, ordenó a la demandante pagar la suma equivalente a dos salarios
mínimos legales diarios vigentes al abogado que fungió como curador ad litem en
el proceso6.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

9. La Nación – Rama Judicial adujo que el término de caducidad debió
contabilizarse desde la fecha en que se realizó efectivamente el pago a la señora
Dolly Reyes de Martínez –cesionaria de los derechos litigiosos del señor Julio
Eduardo Tejero Hernández-, esto es, el 20 de abril de 2009, por lo que debía
concluirse que por haberse presentado la demanda el 25 de marzo de 2011,
resultaba oportuna7.

10. Luego de concedida la oportunidad para alegar de conclusión, la Nación –
Rama Judicial reiteró los argumentos planteados en la apelación8, mientras que la
parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio9.

III. CONSIDERACIONES

11. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso de apelación

12. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si la acción de
repetición fue presentada oportunamente. No obstante, previo a realizar dicho
análisis, la Sala estima necesario estudiar si la acción de repetición es el cauce
procesal adecuado para decidir las pretensiones formuladas en este asunto.

Improcedencia de la acción de repetición en el caso concreto

13. Como se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, la DEAJ
pretende que el señor Juan Carlos Yepes Alzate –quien para la época de los hechos
se desempeñaba como Director Ejecutivo de esa entidad-, sea declarado
responsable por su actuar gravemente culposo y doloso al permitir el doble pago
de una condena judicial en favor del demandante y de la cesionaria de sus derechos
litigiosos.

14. Sobre el particular, la Sala observa que el 7 de octubre de 2003 el Tribunal
Administrativo del Meta profirió sentencia en la que resolvió declarar la nulidad “del
6 Folios 3-8 c. del Consejo de Estado.
7 Índice 3 de SAMAI.
8 Índice 13 de SAMAI.
9 Índice 15 de SAMAI.

3

Radicación: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

oficio No. 7137 del 25 de noviembre de 1999 y la Resolución 0068 de 26 de enero
de 2000, proferidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio y por la Dirección Ejecutiva Nacional de la Administración Judicial
respectivamente” y ordenó efectuar la liquidación de los salarios reclamados desde
el 17 de noviembre de 1996 hasta 199910.

15. El 12 de agosto de 2008 la DEAJ profirió la Resolución No. 3253 del 12 de
agosto de 2008 suscrita por el señor Juan Carlos Yepes Alzate por medio de la cual
se dio cumplimiento a la referida sentencia que ordenó pagar a favor de la señora
Dolly Reyes de Martínez la suma de $14’616.523, como cesionaria de los derechos
litigiosos del señor Julio Tejeiro Hernández11.

16. En cumplimiento de la mentada resolución se profirió la orden de pago No. 1949
del 14 de agosto de 2008 en la que consta el señor Julio Eduardo Tejeiro como
beneficiario del pago12. En el reporte de estado de la orden de pago se registra
como pagada13.

17. El 13 de marzo de 2009 la DEAJ profirió la Resolución No. 1843 suscrita por el
señor Yepes Alzate en la que se advirtió el error de interpretación que llevó a que
el pago ordenado en la resolución No. 3253 se realizara en favor del señor Tejeiro
Hernández y no de la señora Dolly Reyes de Martínez. Así las cosas, ordenó que
se realizara el pago en favor de esta última y que el señor Julio Tejeiro Hernández
reintegrara la suma pagada erróneamente, so pena de que se diera inicio al trámite
de cobro coactivo14.

18. Finalmente, se profirió otra orden de pago en la que consta la señora Blanca
Dolly Reyes de Martínez como beneficiaria en cumplimiento de la Resolución No.
184315.

19. La acción de repetición es un asunto de expresa previsión constitucional, en
tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que el Estado es obligado
a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este16.

20. El artículo 2 de la Ley 678 de 2001 define la acción de repetición como una
acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor
público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya
dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado,
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un
conflicto.

10 Folios 1-21 c. anexo 1.
11 Folios 31-36 c. anexo 1.
12 Folio 37 c. anexo 1.
13 Folio 39 c. anexo 1.
14 Folios 40-41 c. anexo 1.
15 Folio 42 c. anexo 1.
16 Constitución Política de Colombia, artículo 90: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación

patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

21. Así, la acción de repetición gravita única y exclusivamente sobre una condena
que implique una afectación patrimonial del Estado y se ejerce con el propósito de
reintegrar el valor correspondiente a esa condena efectivamente pagada como
consecuencia del daño antijurídico causado con la conducta del servidor público
demandado. En ese orden de ideas, puede afirmarse que la acción de repetición
tiene como características, cumplir con una función resarcitoria 17 , una función
preventiva18 y una función retributiva19.

22. Con estas precisiones, la acción de repetición ejercida en este caso resulta
improcedente, por cuanto el reproche que propone la parte actora en la demanda
no guarda relación alguna con el objeto que constitucional y legalmente se ha
establecido para la acción reversiva, en tanto las pretensiones de la Rama Judicial
-DEAJ- no tienen la vocación de reclamar los perjuicios que se habrían ocasionado
a la entidad por causa de un reconocimiento indemnizatorio al que se hubiere visto
obligada debido a que la conducta dolosa o gravemente culposa del señor Yepez
Alzate hubiere causado un daño antijurídico obligado a ser resarcido.

23. De hecho, se observa que la conducta del agente estatal que se cuestiona está
únicamente relacionada con el hecho de que se desempeñara como Director
Ejecutivo de Administración Judicial en el momento en que se expidió
erróneamente una orden de pago –la cual, dicho sea de paso, ni siquiera fue
suscrita por el aquí demandado- que dispuso como beneficiario al demandante en
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, Julio Eduardo Tejeiro
Hernández, y no a quien fuera su cesionaria de derechos litigiosos, según la
documentación debidamente aportada, para el pago de una condena judicial
dictada por el Tribunal Administrativo del Meta.

24. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido
abundante en el sentido de precisar que, en materia de lo contencioso
administrativo, la fuente del daño determina la acción procedente para analizar los
supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica
apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad
en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional. Así pues, la indebida
escogencia de la acción se pone de presente en tanto la parte demandante precisó
a lo largo del proceso que el daño alegado -detrimento patrimonial- no tiene fuente
en una condena o conciliación que preste mérito en contra del Estado, sino en un
hecho dañino que la actora identifica como el pago de lo no debido, lo que revela
que el medio reversivo no está instituido para la solución del conflicto así suscitado.

25. Ello se advierte incluso en el recurso de reposición interpuesto por el entonces
apoderado de la Rama Judicial -DEAJ- contra el auto por el cual el Tribunal a quo
admitió la demanda, para cuestionar la competencia de esa corporación para
conocer del presente proceso, en el que señaló insistentemente que la causa que
conllevó a la entidad a impetrar la presente acción, no era la condena impuesta por

17 Cfr. Artículo 2° de la Ley 678 de 2001.
18 Cfr. Artículo 3° de la Ley 678 de 2001.
19 Cfr. Sentencias C-309 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-484 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y

C-338 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández)”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

el Tribunal Administrativo del Meta, sino la situación administrativa que se presentó
con el doble pago realizado para el cumplimiento de la misma20.

26. Así, se reitera, lo que se deriva de la argumentación y los planteamientos
expresos de la parte demandante, es un reproche a una “situación administrativa”
que devino de un error en la expedición de una orden de pago y que no guarda
ninguna relación con el objeto de la acción de repetición en tanto no existe
cuestionamiento alguno dirigido a la causa del reconocimiento indemnizatorio que
debió hacer la entidad.

27. Resalta la Sala que la demanda ni siquiera persigue al agente estatal que
estuvo involucrado en la causación del daño antijurídico que llevó al reconocimiento
indemnizatorio, sino a quien se limitó a suscribir las resoluciones por medio de las
cuales se dio cumplimiento a una sentencia judicial.

28. Agréguese a lo anterior, que la demandante ni siquiera logró acreditar la
causación de un detrimento patrimonial a la Nación – Rama Judicial, en tanto si
bien obra prueba del pago efectivamente realizado al señor Tejeiro Hernández y a
la señora Reyes de Martínez por el mismo concepto, en la Resolución No. 1843 se
le ordenó al primero que reintegrara la suma que le fue pagada erróneamente, so
pena de que se diera inicio al trámite de cobro coactivo, afirmación que no se
desvirtuó con ningún otro medio de prueba allegado y que ofrece la posibilidad de
que el error se hubiere enmendado por la vía mencionada, a pesar del exiguo
esfuerzo probatorio de la parte demandante.

29. Con estas precisiones, la Sala declarará improcedente la presente acción
reversiva en tanto, de cara a la fuente del daño y a los hechos alegados y probados
por la parte demandante, no es posible resolver las pretensiones de la demandante
bajo la acción de repetición.

30. En el mismo sentido, es menester precisar la imposibilidad de adecuar la
demanda a otro cauce procesal en tanto ese hecho implicaría modificar la causa
petendi y el petitum, aunado a que, tal como se estableció en precedencia, la parte
actora ni siquiera acreditó la causación del detrimento patrimonial que sirve de
fundamento para el sustento de la acción contencioso administrativa, por manera
que la adecuación resultaría inocua. En consecuencia, la Sala está impedida para
emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, ante la indebida
escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia
de mérito21.

31. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala revocará la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca en Descongestión y, en su lugar,
proferirá un fallo inhibitorio derivado de la inepta demanda por indebida escogencia
de la acción.

20 Folios 25-26 c. ppal.
21 “Al efecto cabe tener en cuenta que esta Corporación ha precisado que persisten algunos requisitos
indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción contencioso administrativa se
ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley para su procedencia, sin perjuicio de que, como lo explica
la doctrina, el juez cumpla con la obligación ‘de declarar la razón por la cual no puede proveer’”. Cita del texto
original: Sección Tercera, Sentencia 20.746 del 4 de julio de 2002.

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Radicación: 50001-23-31-000-2011-00355-01 (66.842)
Actor: Nación – Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Yepes Alzate
Referencia: Acción de repetición

32. Finalmente, habida cuenta que la decisión respecto del pago de honorarios a
favor del abogado que fungió como Curador Ad litem en el proceso no fue objeto
de apelación por la parte demandante, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento sobre ese aspecto.

Costas

33. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes
en esta instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca en Descongestión el 29 de mayo de 2020.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción; en consecuencia, declarar inhibida a la Sala para resolver
de fondo el litigio.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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