Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00687-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00687-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2011-00687-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
15 de julio de 2026
Radicado: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros1
Demandado: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de la Macarena
(Cormacarena) y Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca,
mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción de indebida escogencia de
la acción. La Sala es competente para proferir esta providencia porque decide el
recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por un tribunal
administrativo, autoridad que conoció el proceso en primera instancia en razón de la
naturaleza del asunto y de la cuantía, en los términos del artículo 132 del Decreto 01
de 1984, Código Contencioso Administrativo (en adelante, “CCA”)2.
SÍNTESIS3
Los demandantes promovieron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios que, según afirmaron,
les fueron causados con ocasión de la demolición de las obras ubicadas en un predio
de su propiedad. El tribunal declaró probada de oficio la excepción de indebida
escogencia de la acción y se inhibió para decidir de fondo. La Sala confirmará esa
decisión, porque el daño alegado se deriva de la ejecución de actos administrativos
sancionatorios, cuya legalidad debía controvertirse mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1 Jhonny Cristofer Díaz Jaimes, Leidy Carolina Díaz Jaimes, Adriana Milena Díaz Jaimes, Carmen Ayde Jaimes
Medina, Manuel Antonio Díaz Jaimes, Zulma Vanessa Díaz Jaimes, Manuel Antonio Díaz Ardila y Sergio Antonio
Díaz Jaimes.
2 Según el numeral 6 del artículo 132 del CCA, los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia las
acciones de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV, lo que al momento de presentación de la
demanda ascendía a doscientos sesenta y siete millones ochocientos mil pesos ($267.800.000). En este caso, la
cuantía de la demanda se estimó en nueve mil treinta y un millones doscientos ochenta y cuatro mil ocho pesos
($9.031.284.008).
3 Temas: nulidad y restablecimiento del derecho – caducidad.
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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
1. El 2 de diciembre de 2011, Jhonny Cristofer Díaz Jaimes, Leidy Carolina Díaz
Jaimes, Adriana Milena Díaz Jaimes, Carmen Ayde Jaimes Medina, Manuel Antonio
Díaz Jaimes, Zulma Vanessa Díaz Jaimes, Manuel Antonio Díaz Ardila, Sergio Antonio
Díaz Jaimes y Rusbell Giovanni Díaz Jaimes (en adelante, los “demandantes”)
presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación
– Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, el “Ministerio”) y la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de la Macarena (en adelante,
“Cormacarena”) 4, en la cual elevaron las siguientes pretensiones5:
1.1. PARTE DECLARATIVA:
1.1.1.- Declarar administrativamente responsable, de los PERJUICIOS
INTEGRALES, MATERIALES, MORALES Y CONEXOS, a LA NACIÓN -
(CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA") e, y (sic) IGUALMENTE, COMO
SOLIDARIAMENTE, A LA NACIÓN - (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, HOYMINISTERIO (sic) DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE).Representadas en su orden por el Señor Director
Generalde"CORMACARENA"como (sic) responsable directa, administrativamente,
por ACTOS, HECHOS, OPERACIONES ADMINISTRATIVAS ANTIJURÍDICAS Y/U
OMISIONES, por las demoliciones de varias obras civiles productivas, articuladas con
otras obras civiles construidas en el predio rural "LA ESMERALDA" de propiedad de
JHONNY CRISTOFER DÍAZ JAIMES, LEIDY CAROLINA DÍAZ JAIMES, ADRIANA
MILENA DÍAZ JAIMES y RUSBELL GIOVANNI DÍAZ JAIMES, COMO
PERJUDICADOS Y AFECTADOS DIRECTOS, levantadas en el predio LA
ESMERALDA, inmueble o predio de propiedad de éstos, que adquirieron por Escritura
Pública No 931 de fecha 3 de junio de 2. 004 de la Notaria Cuarta de la ciudad de
Villavicencio, con Matrícula Inmobiliaria No 230-77525 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Villavicencio, con Cédula Catastral No 0005000300117000, cuyas
demoliciones, contratadas por "CORMACARENA", en forma directa, según contrato
No 3.7.192, que fuera adicionado, cuya iniciación lo fue el 14 de Octubre de 2.009,
liquidado el día 30 de Diciembre de 2. 009, en relación con el proceso No 5 .11. 04.
370 adelantado contra MANUEL ANTONIO DÍAZ ARDILA, a cuyo proceso no fueron
vinculados los aquí perjudicados directos, para ser oídos y, eventualmente, ser
vencidos en juicio como dueños del predio "LA ESMERALDA" y de las obras civiles
que ordenó demoler "CORMACARENA".
1.1.2.- Igualmente declarar responsable administrativamente, de manera solidaria a
LA NACIÓN (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL, HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE)
de los perjuicios materiales; morales y conexos, en razón de omisiones antijurídicas,
que dejaron sin control y vigilancia a "CORMACARENA", para que ésta Corporación
se comportara como "RUEDA SUELTA" en procesos sancionatorios, por presuntas
infracciones al ordenamiento legal, que facilitaron la demolición de obras civiles de
propiedad de los cuatro demandantes perjudicados y afectados directos, dándose
como causa, la falla del servicio imputable a la demandada.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, esa Honorable Corporación se
servirá igualmente pronunciarse en forma favorable a los demandantes, sobre las
siguientes y/o similares:
1.1. 3. - Declarar responsable administrativamente, de los PERJUICIOS MORALES
Y CONEXOS a LA NACIÓN (CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"), en favor de LOS DEMANDANTES PERJUDICADOS Y
AFECTADOS INDIRECTOS, señores MANUEL ANTONIO DÍAZ ARDILA, CARMEN
AYDE JAIMES MEDINA, MANUEL ANTONIO DÍAZ JAIMES, ZULMA VANEZA DÍAZ
JAIMES Y SERGIO ANTONIO DÍAZ VANEGAS, por los HECHOS, ACTOS,
4 Folio 85, cuaderno 1.
5 Folios 2 a 25, cuaderno 1.
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Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS ANTIJURÍDICAS y/u OMISIONES de
"CORMACARENA", constitutivos de falla en el servicio público y que llevaron a la
demolición de obras civiles de sus familiares DEMANDANTES PERJUDICADOS Y
AFECTADOS DIRECTOS.
1.1.4.- Declarar responsable administrativamente, en forma solidaria a LA NACIÓN
(MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, HOY
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE), de los PERJUICIOS
MORALES Y CONEXOS, a favor, de los cinco demandantes perjudicados y afectados
indirectos MANUEL ANTONIO DÍAZ ARDILA,CARMEN AYDE JAIMES MEDINA,
MANUEL ANTONIO DÍAZ JAIMES, ZULMA VANEZA DÍAZ JAIMES Y SERGIO
ANTONIO DÍAZ VANEGAS, familiares cercanos de los actores perjudicados y
afectados directos, por falla en la prestación del servicio público, al OMITIR EL
CONTROL Y VIGILANCIA sobre las ACTUACIONES, ACTOS, HECHOS,
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS ANTIJURÍDCAS y/u OMISIONES de
"CORMACARENA", en materia de procesos sancionatorios, por presuntas
violaciones a normas protectoras del ambiente y/o recursos naturales, que permitieron
a "CORMACARENA" actuar antijurídicamente para la demolición de obras civiles de
propiedad de los cuatro demandantes perjudicados y afectados directos, en el predio
rural "LA ESMERALDA", vereda EL CARMEN, jurisdicción de Villavicencio.
Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se hagan las siguientes
condenas:
1.2.- PARTE CONDENATORIA:
(…)
6.-CUADRO RESUMEN GENERAL DE PERJUICIOS:
1.6.1.- PERJUICIOS MATERIALES, POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO
CESANTE, PARA PERJUDICADOS Y AFECTADOS DIRECTOS: $ 8.514.244.
008.oo.
1.6.2.- PERJUCIOS MORALES Y CONEXOS PARA LOS CUATRO DEMANDANTES
PERJUDICADOS AFECTADOS DIRECTOS: $214.240.000.oo.
1.6.3.- PERJUICIOS MORALES Y CONEXOS PARA A LOS CINCO DEMANDANTES
PERJUDICADOS Y AFECTADOS INDIRECTOS: $ 267.800. 000.oo.
1.6.4- DAÑO EMERGENTE CIERTO Y DIRECTO: 35.000.000.
TOTAL DEL RESUMEN: $ 9.031.284.008.oo.
NOTA: Esta cuantificación, se incrementará con la causación futura de daños
materiales, proyectados para el momento de la sentencia.
Para determinar el daño objetivo, me permitiré dar los siguientes elementos, para que
sean tenidos en cuenta al momento de la sentencia o liquidación de los citados
perjuicios:
1.7.- ORDENES POR MINISTERIO DE LA LEY:
En la sentencia favorable a mis representados se impartirán las órdenes, que en
derecho correspondan al momento de producirse el fallo, teniendo en cuenta que el
Código Contencioso Administrativo actual, es objeto de reformas que entran en
vigencia a partir del día 2 de julio de 2.012:
1.7.1.- Se ordenará que copia de la sentencia ejecutoriada se remita de inmediato, a
la entidad del Ministerio Público Delegada ante la demandada, para que le exija incluir
en el presupuesto de rentas y gastos o sus adiciones, las partidas suficientes para
atender el pago del fallo (Artículo 177 del C.C.A., vigente).
1.7.2.- Se ordenará que el pago de las sumas líquidas de dinero, a favor de mis
representados, lo sean debidamente indexadas o incrementadas conforme al índice
de precios al consumidor (Artículo 178 del C.C.A., vigente).
1.7.3.- Se ordenara (sic) en el fallo, que la demandada pagará intereses, desde la
ejecutoria de la sentencia y, hasta cuando se efectue (sic) el pago total, dentro del
lapso de 18 meses, que la administración tiene, como límite para el pago, antes de
poderse hacer el cobro mediante el proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria.
1.7.4.- CONDENA EN COSTAS: El fallo condenará en costas, gastos, incluyendo
Agencia en Derecho a la demandada, en favor de mis representados.
Condenar a la demandada al pago de las costas, gastos, expensas, incluyendo
Agencias en derecho.
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Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
2. Las pretensiones de la demanda se sustentaron, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:
2.1. Jhonny Cristofer Díaz Jaimes, Leidy Carolina Díaz Jaimes, Adriana Milena Díaz
Jaimes y Rusbell Giovanni Díaz Jaimes afirmaron ser propietarios del predio rural
denominado La Esmeralda, ubicado en la vereda El Carmen, en jurisdicción del
municipio de Villavicencio (en adelante, el “predio” o el “inmueble”), identificado con
folio de matrícula inmobiliaria num. 230-77525. En dicho inmueble funcionaba el
“Centro Agroturístico La Esmeralda”, administrado por Manuel Antonio Díaz Ardila,
padre de los propietarios.
2.2. Cormacarena inició el proceso sancionatorio ambiental num. 5.11.04.370 contra
Manuel Antonio Díaz Ardila, con el fin de investigar presuntas infracciones a las normas
de protección del medio ambiente y de los recursos naturales relacionadas con la
construcción de obras civiles en el predio, por encontrarse en el área de influencia de
los caños Cárcava y Buque y de la Reserva Forestal Buenavista.
2.3. Como consecuencia de ese trámite, Cormacarena sancionó a Manuel Antonio
Díaz Ardila, le impuso multa, le ordenó reforestar y dispuso la demolición de varias
construcciones. Según la demanda, esa decisión fue equivocada porque la entidad
partió de la premisa de que las obras pertenecían al señor Díaz Ardila o se encontraban
en un predio suyo, pese a que, en realidad, estaban ubicadas en el inmueble de
propiedad de Jhonny Cristofer Díaz Jaimes, Leidy Carolina Díaz Jaimes, Adriana
Milena Díaz Jaimes y Rusbell Giovanni Díaz Jaimes (en adelante, los “propietarios”).
2.4. Paralelamente, Cormacarena abrió el expediente sancionatorio ambiental num.
5.11.08.050 contra los propietarios, en relación con construcciones ubicadas en el
predio. De este modo, Cormacarena habría reconocido que el inmueble pertenecía a
dichos demandantes y que allí existían varias de las obras luego afectadas por la
demolición, entre ellas cabañas, piscinas, restaurante, kiosco principal, baterías
sanitarias y cabañas en construcción.
2.5. Pese a que Cormacarena había iniciado un expediente contra los propietarios del
predio, la entidad no adoptó en ese trámite ningún tipo de decisión sancionatoria. En
cambio, ejecutó una orden de demolición proferida dentro del proceso realizado contra
Manuel Antonio Díaz Ardila.
2.6. Antes de ejecutar la demolición, Cormacarena elaboró dos notas internas que los
demandantes calificaron de clandestinas. En la primera, del 8 de octubre de 2009, se
habría indicado que las obras objeto de demolición se encontraban en un predio
colindante, denominado “El Recuerdo”, identificado con cédula catastral num. 00-5-
003-032. En la segunda, del 9 de octubre de 2009, se habría informado que dicho
predio pertenecía a Manuel Antonio Díaz Ardila. Sin embargo, según los actores, la
entidad no aclaró si las obras que serían demolidas estaban ubicadas efectivamente
en ese inmueble o en el predio de propiedad de los demandantes directos.
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2.7. Así, en criterio de la parte demandante, Cormacarena contrató directamente la
demolición de las obras sin verificar previamente quiénes eran los propietarios inscritos
del inmueble ni quiénes eran los titulares de las construcciones.
2.8. La demolición, presidida por el director de Cormacarena, tuvo lugar el 14 de
octubre de 2009. En la diligencia, el director de la entidad habría manifestado que si
debía pagar por los perjuicios causados lo haría. Para los demandantes, esa
afirmación evidenciaba que la entidad conocía el riesgo de afectar bienes de terceros
que no habían sido vinculados ni sancionados dentro del proceso ambiental en el que
se ordenó la demolición.
2.9. La referida actuación causó perjuicios materiales a los propietarios del predio,
porque desarticuló el proyecto agroturístico, dejó improductivas las obras que no
fueron destruidas, ocasionó la pérdida de clientela y frustró los procesos de reinversión
económica del establecimiento. Además, habría causado daños forestales, ecológicos
y paisajísticos en el inmueble.
2.10. Se atribuye responsabilidad al Ministerio por considerar que omitió ejercer
funciones de control, vigilancia y supervisión sobre Cormacarena. En particular, la
entidad aprobó los estatutos de Cormacarena sin exigir la existencia de una segunda
instancia en los procesos sancionatorios ambientales y no ejerció esa función respecto
de las decisiones adoptadas por dicha corporación.
2.11. Los demás demandantes solicitaron indemnización por los perjuicios morales que,
según afirmaron, les causó la demolición de las construcciones y la afectación del
proyecto familiar. En particular, señalaron que Manuel Antonio Díaz Ardila y Carmen
Ayde Jaimes Medina eran los padres de los propietarios, mientras que Manuel Antonio
Díaz Jaimes, Zulma Vanessa Díaz Jaimes y Sergio Antonio Díaz Vanegas eran sus
hermanos. Por esa razón, aunque no reclamaron como propietarios del predio,
alegaron una afectación derivada de su vínculo familiar con los titulares del inmueble
y del proyecto agroturístico.
B. Posición de la parte demandada
3.Los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda, cada uno de ellos
por las razones que se sintetizan a continuación:
3.1. El Ministerio afirmó que no podía atribuírsele responsabilidad por los hechos
alegados, porque la competencia para llevar a cabo el proceso sancionatorio ambiental
correspondía a Cormacarena, autoridad que gozaba de autonomía administrativa y
financiera para imponer medidas preventivas y sanciones ambientales6. Además,
sostuvo que el Ministerio no era superior jerárquico de las corporaciones autónomas
regionales, no podía actuar como segunda instancia en sus procesos sancionatorios y
no existía norma que le impusiera el deber de vigilar, controlar o revisar el proceso
6 Folios 1203 a 1224 y 1292, cuaderno 7.
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sancionatorio de Cormacarena. Por esta razón, propuso las excepciones de falta de
título de imputación y falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.2. Cormacarena señaló que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico, pues
las medidas adoptadas en el proceso sancionatorio ambiental estaban amparadas por
la presunción de legalidad de los actos administrativos que las ordenaron7. Indicó que
dicho trámite se originó por obras ejecutadas en una zona de reserva forestal
protectora sin permiso ambiental, y que la demolición obedeció al incumplimiento de
las órdenes impuestas a Manuel Antonio Díaz Ardila, en calidad de propietario,
arrendatario o administrador del predio. También recordó que, para la fecha de la
diligencia, los actos sancionatorios estaban en firme. Finalmente, sostuvo que no podía
reconocerse lucro cesante por una actividad incompatible con el régimen ambiental
aplicable, pues las obras afectaban el suelo, la cobertura vegetal, el recurso hídrico y
las condiciones ecológicas del área protegida.
C. Sentencia recurrida
4. El 26 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Arauca8 profirió la sentencia
de primera instancia, mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de
indebida escogencia de la acción y se inhibió para decidir de fondo 9. La decisión
dispuso lo siguiente:
PRIMERO.- DECLARAR probada de oficio la excepción de indebida escogencia de
la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO.- En consecuencia, INHIBIRSE para decidir el fondo del asunto.
TERCERO.- ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.
CUARTO.- ORDENESE (sic) que por Secretaría del Tribunal Administrativo de Meta,
se liquiden los gastos del proceso y si lo hubiere, devolver al demandante el saldo
respectivo.
QUINTO.- ORDENESE (sic) que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del
Tribunal Administrativo de Arauca: (i) Se remita copia de esta providencia por correo
-Electrónico si aparece registrado o postal-a las partes y al Ministerio Público con
carácter de mera información. (ii) Se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo
del Meta, para que prosigan los trámites procesales que correspondan, incluido el de
notificación de la sentencia.
SEXTO.- ORDENESE (sic) que en firme en el Tribunal Administrativo del Meta esta
decisión, se archive el expediente, previos sus registros.
5. Como fundamento de esa decisión, en lo sustancial, el tribunal de primera instancia
expuso que los demandantes cuestionaban, en realidad, las decisiones adoptadas
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental llevado a cabo por Cormacarena
contra Manuel Antonio Díaz Ardila. Dichas decisiones son actos administrativos
amparados por presunción de legalidad, por lo que no podían ser controvertidas
indirectamente por vía de reparación directa, sino mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
7 Folios 1235 a 1264 y 1290 a 1291, cuaderno 7.
8 Por competencia territorial, el proceso fue conocido inicialmente por el Tribunal Administrativo del Meta; sin
embargo, esta corporación lo remitió al Tribunal Administrativo de Arauca en cumplimiento de los acuerdos de
descongestión PCSJA19-11448 del 19 de noviembre de 2019, PCSJA20-11596 del 14 de julio de 2020 y PCSJA20-
11678 del 25 de noviembre de 2020 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura (folio 4, cuaderno principal).
9 Folios 4 a 16, cuaderno principal.
6
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D. Recurso de apelación
6. La parte demandante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y que
se accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
reparos10:
6.1. El Tribunal interpretó de forma equivocada la demanda, pues la fuente del daño
no era la legalidad de los actos sancionatorios, sino la operación administrativa de
demolición de las obras ubicadas en el predio La Esmeralda.
6.2. Las obras demolidas pertenecían a Jhonny Cristofer Díaz Jaimes, Leidy Carolina
Díaz Jaimes, Adriana Milena Díaz Jaimes y Rusbell Giovanni Díaz Jaimes, propietarios
del predio, y no a Manuel Antonio Díaz Ardila, quien era titular del inmueble
denominado “El Recuerdo”.
6.3. Los propietarios del predio no fueron vinculados ni vencidos dentro del proceso
sancionatorio ambiental num. 5.11.04.370, iniciado en contra de Manuel Antonio Díaz
Ardila. Cormacarena conocía esa situación, pues había iniciado contra los hermanos
Díaz Jaimes el expediente sancionatorio num. 5.11.08.050, relacionado con las obras
ubicadas en el predio, el cual fue archivado sin decisión sancionatoria.
6.4. Lademolición se ejecutó con fundamento en notas internas que, según el
apelante, no eran actos administrativos, no provenían de la autoridad catastral
competente y contenían información falsa sobre la ubicación de las obras.
6.5. Por lo anterior, la acción de reparación directa era procedente, en tanto los
perjuicios reclamados se derivaron de una actuación material de la administración y
no de la legalidad de los actos sancionatorios.
E. Trámite relevante en segunda instancia
7. El recurso de apelación fue admitido por medio de auto del 23 de noviembre de
202111. Mediante auto del 11 de julio de 2024, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y se ordenó notificar al Ministerio Público para que interviniera, si
lo consideraba pertinente12, oportunidad en la cual:
7.1. La parte demandante presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación13. Así, insistió en
que el tribunal no tuvo en cuenta que, para ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, los demandantes debían haber formado parte del
proceso sancionatorio ambiental que ordenó la demolición.
10 Folios 19 a 30, cuaderno principal.
11 Índice 00003 de Samai; folio 46, cuaderno principal.
12 Índice 00022 de Samai; folio 48, cuaderno principal.
13 Índice 00028 de Samai.
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7.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cormacarena y el Ministerio
Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Sentido de la decisión
8. La Sala confirmará la sentencia apelada, mediante la cual el tribunal declaró
probada de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción. Lo anterior,
porque el daño cuya reparación reclaman los demandantes proviene de la ejecución
de una orden contenida en un acto administrativo sancionatorio amparado por
presunción de legalidad. En consecuencia, la controversia debía formularse mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
G. Indebida escogencia de la acción de reparación directa
9. La Sala recuerda que, para garantizar la efectividad del derecho de acción, el
legislador del CCA previó distintas acciones que se pueden presentar ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuya procedencia no queda al arbitrio
de la parte demandante, sino que depende de los fines, móviles y motivos que
sustentan la demanda. En lo que respecta a la reparación de perjuicios, tanto la nulidad
y restablecimiento del derecho como la reparación directa permiten reclamar la
indemnización de los daños causados, pero cada una responde a supuestos distintos,
según la fuente del daño alegado14.
10. Cuando el perjuicio cuya reparación se pretende tiene origen en un “hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un
inmueble”, la acción procedente es, por regla general, la de reparación directa, de
acuerdo con lo reglado en el artículo 86 del CCA, vigente para la época de ocurrencia
de los hechos. Por su parte, cuando el daño proviene directamente de un acto
administrativo y es necesario desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara, la
vía idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues solo la declaratoria
de nulidad del acto permite estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado.
11. Lo anterior se explica porque los actos administrativos se presumen legales y
producen efectos mientras no sean anulados15. Por tanto, si la pretensión
indemnizatoria se funda en la supuesta ilegalidad de una decisión administrativa, la
parte interesada debe controvertirla con la acción prevista para tal efecto y dentro del
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de julio de 2007, expediente 05001-23-31-000-2006-01508-01
(33628), CP Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 08001-23-31-000-1993-
07622-01 (19846), CP Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-31-000-
1999-00959-01 (26437), CP Mauricio Fajardo Gómez.
15 El artículo 64 del CCA señalaba que “Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir
el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de
inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución
contra la voluntad de los interesados”.
En el mismo sentido, el artículo 66 del CCA disponía “Pérdida de fuerza ejecutoria. Los actos administrativos son
obligatorios y pueden ser suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Pierden
fuerza ejecutoria en los siguientes casos: / 1. Por suspensión provisional o anulación. / 2. Cuando reconozcan
derechos a la administración si, al cabo de cinco (5) años de estar en firme, no han sido ejecutados. / 3. Por pérdida
de vigencia”.
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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
término fijado por la ley. En ese escenario, la reparación de los perjuicios solo puede
examinarse si previamente se desvirtúa la legalidad del acto que constituye la fuente
directa del daño.
12. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha identificado supuestos
excepcionales en los cuales, aun cuando el daño guarde relación con una actuación
administrativa formalizada en un acto, la acción procedente es la reparación directa,
así:
(…) son cuatro las excepciones que hasta este momento se han identificado en la
jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de reparación directa es el cauce
procesal idóneo cuando el origen del daño lo constituya una actuación administrativa:
(i) reparación de perjuicios causados por la ejecución de actos administrativos
consonantes con el ordenamiento jurídico en los que no se controvierta su legalidad
y se atente contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación
de perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que
haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la propia
administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto administrativo;
(iii) reparación como consecuencia de la configuración de un daño derivado de una
manifestación de la administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de trámite; (iv) reparación de
los perjuicios causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo
que hubiere beneficiado al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere
sido causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa16.
13. En el asunto sub examine, la parte actora presentó demanda en ejercicio de la
acción de reparación directa y afirmó que no pretendía controvertir la legalidad de los
actos administrativos expedidos por Cormacarena, sino reclamar los perjuicios
derivados de la demolición de varias obras civiles ubicadas en el predio La Esmeralda.
Sin embargo, de la causa petendi se advierte que el daño alegado se encuentra ligado
a las decisiones adoptadas dentro de un proceso sancionatorio ambiental y, en
particular, a la orden de demolición contenida en un acto administrativo amparado por
presunción de legalidad. Por tanto, no se configura ninguno de los supuestos
excepcionales que habilitan la procedencia de la reparación directa.
13.1. En efecto, de las pretensiones de la demanda se lee:
Declarar administrativamente responsable, de los PERJUICIOS INTEGRALES,
MATERIALES, MORALES Y CONEXOS, a LA NACIÓN -(CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA") e, y (sic) IGUALMENTE, COMO SOLIDARIAMENTE, A LA
NACIÓN - (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL, HOYMINISTERIO (sic) DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE) (…) como responsable directa, administrativamente, por ACTOS,
HECHOS, OPERACIONES ADMINISTRATIVAS ANTIJURÍDICAS Y/U OMISIONES,
por las demoliciones de varias obras civiles productivas, articuladas con otras obras
civiles construidas en el predio rural "LA ESMERALDA" de propiedad de JHONNY
CRISTOFER DÍAZ JAIMES, LEIDY CAROLINA DÍAZ JAIMES, ADRIANA MILENA
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-
01(26437), CP Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado, entre otras, en sentencia del 24 de enero de 2019,
expediente 25000-23-26-000-2008-10182-01 (46806), CP Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 3 de abril de 2020,
25000-23-26-000-2010-00281-01 (45650), CP Alberto Montaña Plata.
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Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
DÍAZ JAIMES y RUSBELL GIOVANNI DÍAZ JAIMES, COMO PERJUDICADOS Y
AFECTADOS DIRECTOS, levantadas en el predio LA ESMERALDA, inmueble o
predio de propiedad de éstos (…)17.
13.2. Al revisar las actuaciones administrativas que sirven de sustento a la
controversia, se advierte que el proceso sancionatorio ambiental num. 5.11.04.370
tuvo origen en una queja presentada por integrantes de la comunidad de la vereda El
Carmen, en la cual se puso en conocimiento de Cormacarena la realización de obras
en el camino que conduce a la escuela de dicha vereda18. En particular, los
denunciantes señalaron la construcción de “un puente colgante sobre el caño Cárcava”
y de una “cerca [en el] predio finca La Esmeralda”, así como la afectación de árboles
y de la ronda de los caños Cárcava y Buque.
13.3. A partir de esa denuncia, Cormacarena practicó una visita técnica y elaboró el
informe técnico de queja num. 5.04/461 Q, en el cual identificó como lugar de los
hechos la “finca o barrio: La Esmeralda”, ubicada en la vereda El Carmen del municipio
de Villavicencio. Además, señaló como presunto implicado a Manuel Antonio Díaz
Ardila, con dirección en la “Vereda El Carmen Finca La Esmeralda”19.
13.4. Con base en estos presupuestos, mediante la Resolución num. 2.6.04-578 de 27
de octubre de 2004, Cormacarena abrió investigación sancionatoria contra Manuel
Antonio Díaz Ardila, a quien identificó como “propietario, arrendatario y/o administrador
de la Finca La Esmeralda”, por la intervención de la ronda hídrica de los caños Cárcava
y Buque en área de reserva forestal20. En esa decisión se formuló pliego de cargos y
se impuso, como medida preventiva, la suspensión inmediata de las obras
encaminadas a la construcción del sendero ecológico ubicado en la ronda hídrica
protectora de esos caños.
13.5. En el curso del proceso sancionatorio se recibieron los descargos
correspondientes21, se practicó visita ocular al predio22 y se recibió el “concepto
técnico” de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental num. 5.06.210 de 21 de
abril de 200623, en el cual se confirmó la existencia de un centro recreacional en el
inmueble objeto de investigación y se precisó que las obras se encontraban en el
predio La Esmeralda, así:
UBICACIÓN DE LOS HECHOS A VERIFICAR:
Municipio: Villavicencio
Vereda: El Carmen
Finca o barrio: La Esmeralda
(…)
En la visita al predio la Esmeralda de propiedad del señor MANUEL ANTONIO DÍAZ
ARDILA, se observaron dos letreros ‘AGROTURÍSTICO LA ESMERALDA’ y
‘BIENVENIDOS A LA NATURALEZA ABIERTO AL PÚBLICO’
17 Folio 2, cuaderno 1.
18 Folios 87 a 88, cuaderno 1.
19 Folios 91 a 93, cuaderno 1.
20 Folios 99 a 102, cuaderno 1.
21 Folios 107 a 109, cuaderno 1.
22 Folio 117, cuaderno 1.
23 Folios 118 a 133, cuaderno 1.
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Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
Después de la entrada al predio existe un puente colgante, construido sobre el caño
Cárcava; (…)
Pasando el puente colgante, se encuentra una cabaña con habitaciones y restaurante;
que corresponde al área Administrativa del centro recreacional.
Continuando el recorrido por un sendero construido en piedra y cemento, a 20 metros
aproximadamente de la administración, se encontró otro puente colgante, construido
sobre el caño Buque.
(…) Desde el puente se observa una pileta construida a la orilla del cauce del caño
Buque. Pasando el puente continúa el sendero en piedra y cemento en ascenso, hasta
llegar a un área donde están construidas dos cabañas. (…)
El sendero continúa su recorrido y aproximadamente a 80 metros se encuentra una
piscina de 12 metros de largo por 6 metros de ancho, con una profundidad de 1.5
metros promedio.
(…)
Al lado derecho de la piscina se encuentra en construcción un restaurante ocupando
un área aproximada de 110 m2; (…)
A unos 20 metros debajo de la obra, se construyó un pozo séptico revestido en piedra
para recibir las aguas negras y grises del restaurante en construcción.
(…)
150 metros arriba de la piscina y el restaurante, se encuentra localizada una casa
campesina, la cual está habilitada para albergar visitantes. Al lado de esta casa fueron
construidas unidades sanitarias.
13.6.Con fundamento en lo anterior, Cormacarena expidió la Resolución num.
2.6.06.0372 de 25 de mayo de 200624, mediante la cual cerró la investigación, declaró
responsable a Manuel Antonio Díaz Ardila y le impuso, entre otras, las siguientes
sanciones:
1. La restitución completa e inmediata del área intervenida de la Reserva Forestal
Buena Vista, mediante demolición completa e inmediata de las obras construidas
en un área aproximada a las cuatro (4) hectáreas, obras que se encuentran
claramente descritas en el Concepto Técnico No. 5.06.210 del 21 de Abril de 2006,
al igual que la restauración de todas las rondas de protección de los caños Cárcava y
Buque, los cuales fueron alterados o intervenidos.
Parágrafo 1: Como consecuencia de lo anterior el Señor MANUEL ANTONIO DIAZ
ARDILA, deberá suspender definitivamente la construcción del restaurante y de
cualquier otra obra en el Predio La Esmeralda, al igual que la suspensión del servicio
de cabañas, piscina y de acceso a los senderos de su predio a la reserva de Buena
Vista.
Parágrafo 2: La demolición debe ejecutarse en forma inmediata y para llevar a cabo
dicha actividad se les concede un término de treinta (30) días hábiles contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo25 (…) (destacado fuera del texto).
13.7. De lo anterior se desprende que la orden administrativa de demolición no estuvo
referida a un bien extraño o ajeno al objeto del proceso sancionatorio, sino a las obras
que Cormacarena venía investigando desde el año 2004 en el predio La Esmeralda.
Así, la queja, el informe técnico inicial, la resolución que abrió la investigación, el
concepto técnico previo a la sanción y la resolución que ordenó la demolición se
refirieron a las obras construidas en el área de influencia de los caños Cárcava y Buque
de la Reserva Forestal Buenavista, asociadas al proyecto o predio denominado La
Esmeralda, respecto del cual los hermanos Díaz Jaimes alegaron ser los propietarios.
24 Folios 137 a 152 cuaderno 1.
25 Folio 149 a 150, cuaderno 1.
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14. Ahora bien, en línea con lo esbozado por los recurrentes, también resultan
relevantes las actuaciones posteriores surtidas dentro del expediente num.
5.11.08.050. Dicho trámite se inició con fundamento en el concepto técnico num.
5.44.08.225 de 29 de febrero de 2008, de la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental, en el cual nuevamente se identificó como lugar de los hechos la “finca o
barrio: La Esmeralda”, ubicada en la vereda El Carmen del municipio de Villavicencio26.
En ese informe se describió la existencia de un centro turístico y recreacional
denominado La Esmeralda, construido en terrenos correspondientes a la zona de
Reserva Forestal Buenavista, sin permiso o aval de Cormacarena, y se advirtió que la
actividad generaba impactos negativos sobre los recursos naturales. También se
identificaron nuevas obras que, a juicio de la autoridad ambiental, incrementaban la
afectación de la reserva.
14.1. Con fundamento en ese concepto, mediante la Resolución num. 2.6.08.0149 de
3 de marzo de 2008, Cormacarena abrió investigación sancionatoria contra Manuel
Antonio Díaz Ardila, identificado nuevamente como “propietario, arrendatario y/o
administrador de la Finca La Esmeralda, Vereda El Carmen, Municipio de
Villavicencio”, por “REINCIDIR en la infracción a normas de carácter ambiental”
relacionadas con la afectación de la Reserva Forestal Protectora de Buenavista27.
14.2. En esa decisión se formularon, entre otros, dos cargos que confirman la relación
entre ambos trámites. El primero consistió en el “incumplimiento a las disposiciones
consagradas en la Resolución No. 2.6.06.0372, del 25 de Mayo de 2006”, mediante la
cual se cerró la primera investigación y se impuso la sanción. El segundo se refirió a
la “reincidencia en la infracción a normas de carácter ambiental, en la Zona de Reserva
Forestal Buena Vista, mediante la construcción de nuevas obras para el
funcionamiento del ‘Centro Recreacional La Esmeralda’, Vereda El Carmen”, sin contar
con la respectiva licencia ambiental28.
14.3. Posteriormente, dentro de ese trámite, Jhonny Cristofer Díaz Jaimes presentó
oposición el 12 de diciembre de 200829. En ese escrito afirmó que él y sus hermanos
eran los verdaderos propietarios del inmueble y que no habían sido vinculados al
proceso. Como consecuencia de esa oposición, mediante la Resolución num.
2.6.09.0043 de 26 de enero de 2009, Cormacarena vinculó al trámite a Jhonny
Cristofer Díaz Jaimes, Leidy Carolina Díaz Jaimes, Adriana Milena Díaz Jaimes y
Rusbell Giovanni Díaz Jaimes, en su condición de propietarios del inmueble30.
14.4.Esta reconstrucción permite extraer dos conclusiones relevantes. La primera es
que el expediente num. 5.11.08.050 no introdujo un objeto material ajeno al primer
proceso sancionatorio ni se refirió a obras ubicadas en un predio diferente. Aunque en
ese trámite se mencionaron obras adicionales o nuevas intervenciones, estas fueron
vinculadas por la autoridad ambiental al mismo centro turístico o recreacional La
26 Folios 682 a 686, cuaderno 4.
27 Folios 702 a 716, cuaderno 4.
28 Folios 714 a 715, cuaderno 4.
29 Folio 748, cuaderno 4.
30 Folios 802 a 812, cuaderno 4
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Esmeralda, ubicado en la vereda El Carmen, y al presunto incumplimiento de la
Resolución num. 2.6.06.0372 de 25 de mayo de 2006.
14.5. La segunda es que la intervención de los hermanos Díaz Jaimes no surgió porque
la autoridad ambiental hubiera identificado un nuevo predio o un objeto material
diferente, sino porque aquellos alegaron ser los propietarios del inmueble y
cuestionaron que las órdenes dictadas contra Manuel Antonio Díaz Ardila pudieran
afectar obras que, según ellos, les pertenecían. Por tanto, la controversia se desplazó
hacia la titularidad de las obras y la oponibilidad de las órdenes administrativas, no
hacia la existencia de una operación material autónoma desligada de los actos
sancionatorios.
14.6. Esa conclusión se refuerza con las actuaciones posteriores a la vinculación. En
efecto, los propietarios del inmueble participaron en el trámite mediante descargos31,
solicitudes probatorias32 y, posteriormente, una solicitud de nulidad referida
conjuntamente a los expedientes num. 5.11.04.370 y 5.11.08.050. En el escrito, el
apoderado de los ahora demandantes, Gonzalo Hernández Herrera intervino en
nombre de Manuel Antonio Díaz Ardila y de los hermanos Jhonny Cristofer Díaz
Jaimes, Leidy Carolina Díaz Jaimes, Adriana Milena Díaz Jaimes y Rusbell Giovanni
Díaz Jaimes, y cuestionó las medidas que imponían “obligaciones, multas,
demoliciones”33. Dicha solicitud fue resuelta de forma negativa el 8 de octubre de 2009
mediante la Resolución num. PM – GJ 1.2.6.09-267434.
15. Así, si los hermanos Díaz Jaimes consideraban que la orden de demolición no
podía hacerse efectiva respecto de bienes que afirmaban ser de su propiedad, debían
cuestionar el acto administrativo que contenía dicha orden. En efecto, el reparo no se
limitaba a la forma material en que se ejecutó la demolición, sino que recaía sobre el
alcance de la Resolución num. 2.6.06.0372 de 25 de mayo de 2006, esto es, sobre si
esa decisión podía cobijar las obras ubicadas en La Esmeralda y producir efectos
frente a quienes alegaban ser sus propietarios.
16. El mismo análisis recae sobre el argumento según el cual las obras demolidas no
se encontraban dentro de la Reserva Forestal Buenavista. Ese reparo cuestionaba uno
de los fundamentos materiales de la Resolución num. 2.6.06.0372, pues implicaba
discutir si las obras objeto de la orden estaban ubicadas en el área protegida. Por tanto,
debía formularse como un cargo de nulidad contra el acto administrativo que ordenó
la medida, y no como fundamento autónomo de la acción de reparación directa.
17. Lo afirmado con anterioridad no se modifica por el argumento según el cual los
demandantes que no hicieron parte del proceso sancionatorio inicial no podían acudir
a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque no fueron vinculados
inicialmente al proceso sancionatorio ambiental y porque el acto fue expedido contra
Manuel Antonio Díaz Ardila. Sobre el particular, el artículo 85 del CCA no restringe la
31 Folios 827 a 836 cuaderno 5
32 Folios 918 a 933, cuaderno 5
33 Folios 416 a 417, cuaderno 3.
34 Folios 910 a 915, cuaderno 5.
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legitimación al destinatario formal del acto administrativo. Por el contrario, permite que
“Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”
(destacado fuera del texto).
17.1. Por ello, conforme al criterio jurisprudencial según el cual la acción procedente
depende del origen del perjuicio, quien tenga interés en cuestionar un acto
administrativo por estimarlo lesivo a un derecho subjetivo debe acudir a la nulidad y
restablecimiento del derecho, y no a la reparación directa35.
17.2. Además, si la inconformidad consistía en que Cormacarena había adoptado o
ejecutado la orden de demolición sin vincular a quienes alegaban derechos sobre las
obras afectadas, ese reparo constituía un cuestionamiento al procedimiento
administrativo y a la oponibilidad del acto, no una fuente autónoma de responsabilidad.
En consecuencia, debía plantearse como un cargo de nulidad contra el acto
sancionatorio, por la eventual vulneración del debido proceso y del derecho de
defensa.
17.3. Esta conclusión es aplicable tanto a los propietarios del predio como a Carmen
Ayde Jaimes Medina, Manuel Antonio Díaz Jaimes, Zulma Vanessa Díaz Jaimes y
Sergio Antonio Díaz Jaimes, quienes comparecieron como perjudicados indirectos y
reclamaron perjuicios morales y conexos derivados de la demolición de las obras que,
según la demanda, pertenecían a sus familiares. En efecto, esos perjuicios no tenían
una fuente autónoma ni distinta del acto administrativo, en tanto derivaban de la
ejecución de la orden contenida en la Resolución num. 2.6.06.0372 de 25 de mayo de
2006. Por tanto, ellos debían acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, para desvirtuar la legalidad del acto administrativo que sirvió de fundamento
a la demolición.
18. Ahora bien, en el recurso de apelación la parte actora insistió en que la demolición
configuró una operación administrativa irregular. Para sustentar esa afirmación, sus
reparos pueden agruparse en tres bloques.
18.1. En primer lugar, sostuvo que la demolición recayó sobre bienes o predios
distintos de los cobijados por la Resolución num. 2.6.06.0372. Según el demandante,
esa decisión fue expedida contra Manuel Antonio Díaz Ardila y se refería a obras
ubicadas en un inmueble de su propiedad, denominado “El Recuerdo”, mientras que
las obras demolidas se encontraban en el predio La Esmeralda, cuya propiedad
atribuyó a los hermanos Díaz Jaimes. A partir de esa distinción, la parte actora afirmó
que Cormacarena habría confundido el predio afectado con un inmueble colindante y
que, por esa vía, ejecutó la orden sancionatoria sobre bienes de personas que no
habían sido destinatarias del primer trámite administrativo.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de noviembre de 2010, expediente 17001-23-31-000-
2005-00674-01, CP Rafael Ostau De Lafont Pianeta; Sección Segunda, sentencia del 10 de febrero de 2011,
expediente 25000-23-25-000-2003-05234-01(0257-08), CP Gerardo Arenas Monsalve.
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18.2. En segundo lugar, afirmó que la administración ejecutó la demolición con apoyo
en notas internas e información predial errada. En concreto, sostuvo que las notas
previas a la diligencia identificaron equivocadamente el bien sobre el cual recaerían
las obras, que no fueron notificadas ni podían sustituir un acto administrativo, y que se
utilizaron para presentar como obras de Manuel Antonio Díaz Ardila unas
construcciones que, según la parte actora, pertenecían a los hermanos Díaz Jaimes.
18.3. En tercer lugar, alegó que la diligencia de demolición excedió el alcance material
de la Resolución num. 2.6.06.0372 y del concepto técnico num. 5.06.210 de 21 de abril
de 2006. En esa línea, sostuvo que las obras demolidas no correspondían al área
intervenida descrita en dicho concepto,y que la ejecución material de la medida habría
recaído sobre construcciones distintas o adicionales a las que fueron objeto del
proceso sancionatorio ambiental.
19. Frente al primer bloque de argumentos, la Sala advierte que no se demostró
que la demolición hubiera recaído sobre un predio distinto o sobre obras ajenas a las
identificadas en el trámite sancionatorio. Si la parte actora sostenía que se trataba de
otras obras, ubicadas en otro inmueble o por fuera del área intervenida, tenía la carga
de demostrarlo; sin embargo, ello no ocurrió. Por el contrario, las actuaciones
administrativas, el acta de demolición y el registro fotográfico relacionaron la ejecución
de la medida con las obras del centro turístico y recreacional La Esmeralda, vereda El
Carmen.
19.1. En relación con el segundo bloque, si bien obra una nota interna de 8 de octubre
de 2009, suscrita por el jefe encargado de la Oficina Asesora de Planeación de
Cormacarena, en la cual se indicó que las coordenadas tomadas en el “Centro
Agroturístico La Esmeralda” se encontraban dentro del predio identificado con código
catastral 00-5-003-032, esa circunstancia no demuestra que la demolición se hubiera
ejecutado materialmente sobre un inmueble distinto. Lo cierto es que la propia nota
interna se refirió al Centro Agroturístico La Esmeralda, y tanto los demandantes como
las demás pruebas obrantes en el expediente ubicaron la afectación en ese mismo
lugar. Por tanto, la discusión sobre la identificación catastral no acredita que la
administración hubiera demolido obras ubicadas en otro predio ni que la actuación
material hubiera recaído sobre un objeto distinto al alegado por la parte actora36.
19.2. En cuanto al tercer bloque, tampoco se acreditó que la diligencia hubiera
excedido el contenido de la Resolución num. 2.6.06.0372 o del concepto técnico num.
5.06.210 de 21 de abril de 2006. La parte actora afirmó que se demolieron obras
distintas o adicionales, pero no aportó prueba de que la ejecución hubiera recaído
sobre construcciones ajenas a las descritas en el trámite sancionatorio. Esa carga le
36 En la nota interna PE.GP. 1.3.09.477 de 8 de octubre de 2009, suscrita por el jefe encargado de la Oficina Asesora
de Planeación de Cormacarena, con asunto “Concepto Predio Centro Agroturístico La Esmeralda”, se indicó que
las coordenadas tomadas en el Centro Agroturístico La Esmeralda, referidas en el Concepto Técnico num.
5.44.06/794 de 27 de octubre de 2006, se encontraban dentro del predio identificado con código catastral 00-5-003-
032. La nota relacionó como puntos de ubicación los siguientes: “baños y bar”, “frente a piscina”, “piscina”, “baños
hombre”, “cabaña” y “cabaña 2”. Además, señaló que, según el Acuerdo 021 de 2002 —POT de Villavicencio—,
dicho predio se encontraba dentro de la Resera Forestal Protectora Buenavista. Folio 272, cuaderno 6.
15
Radicado: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
correspondía a quien alegaba que la administración había ejecutado materialmente
una orden por fuera de sus propios límites.
19.3. Esa conclusión se refuerza con el acta de diligencia de control y seguimiento de
la demolición suscrita por Cormacarena el 14 de octubre de 2009 37. En ella, se
identificó el asunto como la “demolición de las obras construidas dentro del área
intervenida de la Reserva Forestal Buenavista, del municipio de Villavicencio” y se dejó
constancia de que la medida se ejecutó en cumplimiento de la Resolución num.
2.6.06.0372 de 25 de mayo de 2006 y del contrato de obra num. 192 de 2009, cuyo
objeto era la “demolición de obras varias en el denominado centro turístico y
recreacional La Esmeralda, vereda El Carmen, municipio de Villavicencio (Meta)”.
19.4. El desarrollo de la diligencia confirma esa relación: allí se indicó que los
funcionarios se trasladaron a la Reserva Forestal Buenavista, “donde se encuentra
ubicado el Centro Agroturístico La Esmeralda”, y que allí se instaló la diligencia para
ejecutar la medida de “restitución completa e inmediata del área intervenida de la
Reserva Forestal Buenavista, mediante demolición completa e inmediata de las obras
construidas en el concepto técnico 5.06.210 de 21 de abril de 2006”. Además, el acta
señaló que se realizaban las obras correspondientes a la “demolición de obras varias
en el denominado centro turístico y recreacional La Esmeralda, vereda El Carmen, del
municipio de Villavicencio”.
19.5. En concordancia con lo anterior, el registro fotográfico incorporado a la diligencia
también relacionó el expediente 5.11.04.370, la Resolución 2.6.06.0372 y la fecha de
visita de 14 de octubre de 2009 con la “demolición de obra en reserva forestal”. En
esas imágenes se identificaron, entre otros elementos, la “piscina objeto de
demolición”, el “kiosko restaurante objeto de demolición”, la “diligencia de demolición”,
los ingresos a puentes colgantes y la “captación ilegal de aguas en la reserva forestal”.
Por tanto, el acta y sus anexos no muestran una demolición dirigida a un predio distinto
ni a obras ajenas al procedimiento sancionatorio, sino la ejecución de la orden
contenida en la Resolución 2.6.06.0372 respecto de las obras ubicadas en La
Esmeralda, vereda El Carmen.
20. En esas condiciones, los argumentos de la apelación no acreditan una operación
administrativa irregular, autónoma e independiente de los actos sancionatorios, que
permita analizar la controversia por una vía distinta a la de nulidad y restablecimiento
del derecho.
21. Aunque lo anterior basta para confirmar la sentencia inhibitoria, la Sala advierte
que, en gracia de discusión, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
también se encontraba caducada para la fecha en que los demandantes acudieron a
la jurisdicción, en los términos del artículo 136 del CCA38.
37 Folios 312 a 328, cuaderno 2.
38 “Artículo 136: “1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 2.
La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. (…)”
16
Radicado: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
21.1. En el caso de Manuel Antonio Díaz Ardila, destinatario formal de la Resolución
num. 2.6.06.0372 de 25 de mayo de 200639, el término debía contarse desde el día
siguiente a la notificación de la Resolución num. 2.6.06.1012 de 29 de diciembre de
200640, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la orden de
demolición. Como dicha notificación se surtió el 14 de febrero de 200741, el término de
cuatro meses comenzó a correr el 15 de febrero de 2007 y venció el 15 de junio de
2007.
21.2. Respecto de los hermanos Díaz Jaimes, propietarios del inmueble, el término
debía contarse desde el día siguiente a la radicación del escrito de 11 de septiembre
de 2009, mediante el cual su apoderado solicitó la nulidad de todas las actuaciones
surtidas en el expediente num. 5.11.04.370, en el cual se refirió a cada una de las
actuaciones surtidas en el marco de ese proceso, especialmente, “a partir, inclusive,
de la Resolución No 2.6.04-078 del 27 de octubre de 2004” y en la cual cuestionó
decisiones que, según afirmó, imponían “obligaciones, multas, demoliciones”. Esa
actuación evidenció, en los términos del artículo 48 del CCA, que los demandantes
conocían la existencia, contenido y alcance de los actos cuya ejecución estimaban
lesiva42. Por tanto, el término de cuatro meses comenzó a correr el 12 de septiembre
de 2009 y venció el 12 de enero de 201043
22. En conclusión, no le asiste razón a la parte apelante cuando sostiene que el daño
provino de una operación administrativa irregular, autónoma y desligada de los actos
administrativos expedidos por Cormacarena. Por el contrario, la demolición alegada
como fuente del daño fue la ejecución de una orden administrativa que conservaba su
presunción de legalidad, razón por la cual la controversia debía formularse mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
H. Costas
39 Folio 155, cuaderno 3.
40 Folios 158 a 162, cuaderno 3.
41 Folio 912, cuaderno 5.
42 “Artículo 48: Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos
legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o
utilice en tiempo los recursos legales”. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a
esta norma para aclarar que la norma tiene finalidad de convalidar o legitimar la falta o irregularidad en la notificación
personal o por edicto, “en dos eventos: cuando el interesado conviene con el acto, esto es, está de acuerdo con su
contenido; o cuando el mismo utiliza en tiempo los recursos gubernativos procedentes; y que presenta un vacío en
cuanto no contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la
notificación personal o por edicto, pueda tener conocimiento de la existencia y contenido del acto, esté en
desacuerdo y no hubiere ejercido en tiempo los recursos, evento este, en el cual, en virtud del artículo 267 ibídem,
puede darse aplicación al artículo 330 del C.de P.C. que regula la notificación por conducta concluyente”. Consejo
de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 05001-23-15-000-1994-2216-
01(6991), CP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
En el mismo sentido, se ha entendido que por medio de la figura a la que se alude se busca “sanear o convalidar
la falta o irregularidad en que pudo incurrir la administración al publicitar los actos administrativos y se configura en
tanto la parte interesada manifieste por algún medio que conoce la decisión de la administración y conviene en ella
aceptándola u oponiéndose mediante la interposición de los recursos respectivos o de la demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014,
expediente 52001-23-31-000-2001-01115-01 (29741), CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
43 Folios 813 a 816, cuaderno 5.
17
Radicado: 50001-23-31-000-2011-00687-01 (67575)
Demandante: Rusbell Giovanni Díaz Jaimes y otros
23. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de
las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Arauca, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción
de indebida escogencia de la acción y se inhibió para decidir de fondo.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
18
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