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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2012-00018-01

De apelación a los expuestos en la demanda: reiteración de

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2012-00018-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 7 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2012-00018-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

22 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: NULIDAD
Radicado: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
Demandado: MUNICIPIO DE RESTREPO – CONCEJO MUNICIPAL RESTREPO
Tema: IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR CARGOS NUEVOS EN EL RECURSO
DE APELACIÓN A LOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA – Reiteración de
jurisprudencia / IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO – Reiteración de
jurisprudencia – aplicación de las reglas y subreglas expuestas en la
sentencia de unificación de 6 de noviembre de 2019, expediente N.º 05001-
23-33-000-2014-00826-01(23103) 2019CE-SUJ-4-009, en relación con los
elementos del tributo.

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia 7 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, Sala Transitoria.

I. Antecedentes
I.1.- La demanda1

1. La sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P. ─en adelante Colombia Móvil─,
actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo ─en adelante
CCA─, acudieron ante la jurisdicción contencioso administrativa para elevar la
siguiente pretensión:

«[…] DECLARAR la nulidad de los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Municipal
012 de 2007 con fundamento en lo dispuesto en las motivaciones detalladas, o
en los vicios adicionales que el Tribunal pudiera identificar […]»

I.1.1.- Las normas violadas

2. La parte demandante se abstuvo de enunciar hechos que soportaran sus
pretensiones y, en lo atinente a los fundamentos de derecho, estimó como
desconocidos los artículos 150 numeral 12°, 287, 313 y 338 de la Carta Política; 1°
de la Ley 97 de 19132; 171 de la Ley 4ª de 19133; 32 de la Ley 136 de 19944; 2 de

1 Fol. 1-17, Cuaderno Principal.
2 “Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales”
3 Sobre régimen político y municipal.
4 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

la Ley 44 de 19905; 2° del Decreto N.º 2424 de 20066, y 1° de la Resolución N.º 043
de 19957 expedida por la Comisión de Regulación Energía y Gas ─en adelante
CREG─.

I.1.2.- El concepto de la violación

3. En lo concerniente al concepto de la violación de las normas enunciadas, formuló
los siguientes cargos:

i. Afirmó que se produjo un desbordamiento de las competencias establecidas
en la Carta Política y en las leyes que crearon el impuesto de alumbrado
público por parte del concejo municipal de Restrepo;

ii. Señaló que hubo un desconocimiento del hecho generador del tributo y de la
prohibición contenida en el artículo 2° de la Ley 44 de 1990, al haber
configurado el impuesto de alumbrado público, de hecho, como un gravamen
a la propiedad, posesión, tenencia, uso o usufructo de inmuebles, lo cual
generó una doble tributación sobre el hecho generador del impuesto predial
y,

iii. La inexistencia de relación directa entre la prestación del servicio de
alumbrado público y la base gravable que la norma acusada establece, lo
cual evidenciaría «[…] una clara desconexión con el sujeto pasivo que podría
ser atribuible al tributo, y la imposibilidad de que los elementos del impuesto
busquen, en efecto, la recuperación de los costos de la prestación del
servicio, de manera que se configura un vicio de incompetencia en la emisión
de la norma acusada […]».

4. Frente al primer cargo, esto es, «[…] EL CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO
DESBORDÓ SUS COMPETENCIAS AL ESTABLECER UN HECHO
GENERADOR} MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO EN LAS LEYES 97 DE
1913 Y 84 DE 1915. EN CONSECUENCIA, LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL
TRIBUTO DEVIENEN ILEGALES, EN CUANTO SE CONFIGURARON SOBRE UN
HECHO GENERADOR MATERIAL ILEGAL. EL ACUERDO DEMANDADO VIOLÓ
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA, POR CONFIGURAR
UN IMPUESTO POR FUERA DEL MARCO LEGALMENTE ESTABLECIDO […]»,
señaló que el acuerdo acusado estableció un hecho generador abiertamente
contrario a las leyes 84 de 1915 y 97 de 1913, las cuales habilitaron a los municipios
a establecer un impuesto al alumbrado público.

5 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones

de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.
6 por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público.
7 Por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de servicios

públicos domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público.

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Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

5. Luego de hacer referencia a los artículos 150 numeral 12°, 313 numeral 4° y 338
de la Carta Política y al artículo 32 numeral 7° de la Ley 136, así como a las
sentencias de 17 de agosto de 2006, 10 de marzo de 2011 y 19 de mayo de 2011,
proferidas por el Consejo de Estado ─las cuales no se identificaron con el número
de radicación─, y a la sentencia C-035 de 2009 de la Corte Constitucional, afirmó
que el acuerdo cuestionado incurrió en vicio de ilegalidad puesto que estableció un
gravamen sobre la propiedad, posesión o uso de inmuebles en el municipio de
Restrepo, lo cual no guarda relación con el hecho generador del impuesto de
alumbrado público establecido en la ley.

6. Indicó que el concejo municipal de Restrepo transformó los sujetos pasivos, la
base gravable y las tarifas que podían serle razonablemente adjudicados al
impuesto de alumbrado público estableciendo como sujetos pasivos del pago de
este tributo al propietario, arrendatario, ocupante, usufructuario o usuario del bien
inmueble, cuando lo cierto es que disposiciones de tal naturaleza han sido
expresamente prohibidas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

7. Añadió que el consumo de energía eléctrica, que para este caso constituye la
base gravable del impuesto de alumbrado público, no corresponde a la magnitud o
medición de un hecho generador tal y como se encuentra descrito en el artículo 2°
inciso 4° del acuerdo acusado y, además, mencionó que el artículo 2° inciso 2° del
acto administrativo cuestionado, desconoce el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010,
al establecer como sujetos pasivos del tributo a los patrimonios autónomos, puesto
que aquella normas prevén que los sujetos pasivos de los tributos departamentales
y municipales, serán:

«[…] las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en
quienes se realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador
del impuesto. En esa medida, la norma dispone el gravamen de las
personas que conforman dichas formas asociativas, y no de las formas
individualmente consideradas […]» –resaltado y subrayado fuera de texto–.

8. En lo que tiene que ver con el segundo cargo, según el cual: «[…] EL ACUERDO
ES ILEGAL AL ESTABLECER QUE SON SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO LOS PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS, OCUPANTES,
USUFRUCTUARIOS O USUARIOS DE PREDIO(S) EN EL ÁREA DEL MUNICIPIO DE
RESTREPO, PORQUE VULNERA DE MANERA DIRECTA LOS ARTÍCULOS 2° DE LA
LEY 44 DE 1990; 1° LITERAL D) DE LA LEY 97 DE 1913; 1° LITERAL A) DE LA LEY 84
DE 1915; 2° DEL DECRETO 2424 DE 2003 Y; 1° DE LA RESOLUCIÓN 043 DE 1995
PROFERIDA POR LA CREG (sic) […]», mencionó que la configuración material del
hecho generador del acuerdo acusado se realiza a través de la determinación del
sujeto pasivo.

9. En tal sentido, indicó que, en la práctica, el verbo rector que determinaba la
causación del impuesto era el ser la condición de propietario, usuario, arrendatario,
ocupante, usufructuario o poseedor de bienes inmuebles en el municipio de

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

Restrepo, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 44 de
1990, norma que establece la prohibición de fijar tributos que recaigan sobre los
avalúos catastrales o sobre el universo de predios de un municipio.

10. Adujo que el impuesto de alumbrado público, tal y como fue autorizado en la Ley
97 de 1913 para Bogotá y que luego fuera extendido a los demás municipios del
país a través de la Ley 84 de 1915, era un tributo que debía recaer sobre la
prestación del aquel servicio y no sobre la propiedad de un predio ubicado en el
municipio, advirtiendo que el propósito de su creación habría sido recuperar los
costos y gastos en que aquellos entes territoriales incurrieron en su prestación,
resaltando igualmente, con sustento en la Resolución N.º 043 de 1995 de la CREG,
en la Sentencia C-035 de 2003 proferida por la Corte Constitucional y en el Decreto
N.º 2424 de 2006, que se trata de un servicio público no domiciliario.

11. Aseveró que la jurisprudencia del Consejo de Estado había señalado que no
podía aceptarse que el impuesto de alumbrado público recayera sobre la propiedad,
posesión, tenencia, uso o goce de los inmuebles de un municipio puesto que, como
se mencionó anteriormente, no era un tributo domiciliario, y no se encontraba ligado
a inmueble alguno, citando para el efecto las sentencias de 11 de septiembre de
2006, 4 de septiembre de 2008 y 10 de marzo de 2011 ─las cuales no se
identificaron con el número de radicación─.

12. Afirmó que el acuerdo cuestionado pretende crear una sobretasa al impuesto
predial valiéndose arbitrariamente de la autorización conferida por el legislador en
los años 1913 y 1915, buscando así gravar la totalidad del catastro municipal, y «[…]
agrupando en grandes categorías a las que no escaparía inmueble alguno, toda la
propiedad raíz del municipio, y todas las personas que tengan conexión con dicha
propiedad (incluyendo categorías jurídicas indeterminadas como “ocupantes” o
“usuarios”) […]», añadiendo que la norma «[…] ha establecido como sujetos pasivos
“empresas que desarrollen cualquier tipo de actividad económica en la jurisdicción
del municipio quienes están obligadas a pagar mensualmente la tasa por concepto
del servicio de alumbrado público sea que cuente o no con servicio domiciliario de
energía eléctrica” […]».

13. Desde la anterior perspectiva, afirmó que: «[…] No podía la administración
municipal a través del Acuerdo demandado, disponer que el IAP recayera sobre la
propiedad, posesión y tenencia de todos los inmuebles del municipio, toda vez que
dicha configuración impositiva desborda la potestad tributaria conferida por el
legislador en los años 1913 y 1915, y vulnera adicionalmente el artículo 2° de la Ley
44 de 1990, el artículo 2° del Decreto 2424 de 2006 y el artículo 1° de la Resolución
CREG 043 […]», concluyendo que la configuración del tributo terminaba por gravar
el mismo hecho imponible gravado en el impuesto predial, contraviniendo de
manera expresa y directa el artículo 2° de la Ley 44 de 1990, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y las disposiciones legales aplicables, incurriendo en una
expresa doble tributación sobre la totalidad de bienes raíces del municipio.

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

14. Respecto del tercer cargo, según el cual: «[…] EL ACUERDO DEMANDADO ES
ILEGAL POR ESTABLECER BASES GRAVABLES Y TARIFAS CONTRARIAS A
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA […]» expuso que el Acuerdo N.º 012 de 2007 fijó
las bases gravables y tarifas del impuesto de alumbrado público en directa
contravención a las disposiciones constitucionales que rigen los fines del tributo.

15. Citó el contenido de los artículos 287 de la Carta Política, del artículo 9° del
Decreto N.º 2424 de 2006 y del artículo 9°, parágrafo 2°, de la Resolución CREG
043 de 1995, para efectos de señalar que los sujetos pasivos del impuesto de
alumbrado público deben ser precisamente quienes aprovechen este servicio y, por
ello:

«[…] mal pueden las disposiciones impugnadas señalar condiciones diferentes
al mismo, como este caso que se grava el aprovechamiento de servicios (…)
3.3.1. La calidad de usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica
como criterio para determinar el sujeto pasivo del tributo, así como la base
gravable reflejada en el valor facturado, son raseros normativos que buscan atar
la prestación del servicio de alumbrado público a la vinculación con un predio
ya sea por su condición de propietario, poseedor, usuario o arrendatario, en
contravención a las disposiciones legales y constitucionales que han sido
anteriormente citadas (…) 3.3.2. Al gravar sujetos que desarrollan actividades
que no se traducen en una circunstancia demostrativa de capacidad económica
relacionada con la prestación del servicio de alumbrado público, el Concejo
Municipal de Restrepo vulnera las normas que autorizan crear impuestos,
olvidando que los entes Municipales, deben sujetarse a las leyes que los
autorizan crear impuestos, olvidando que los entes Municipales, deben
sujetarse a las leyes que los autorizan para el efecto (Art. 313, numeral 4 de la
C.P.), junto con el artículo 338 anteriormente mencionado […]»

16. Adujo, adicionalmente, que la base gravable y las tarifas establecidas en el
acuerdo enjuiciado son inadecuadas y contrarias a la naturaleza del tributo, puesto
que no están ligadas al hecho imponible, esto es, el servicio de alumbrado público.

17. Resaltó que, si bien la Ley 97 de 1913 no estableció reglas sobre los elementos
básicos del tributo, las bases de cálculo de la base gravable deberían ser
compatibles con la naturaleza del mismo y estar ligadas al hecho imponible, de
acuerdo con el artículo 338 de la Carta Política, afirmando que:

«[…] 3.4.1. El Acuerdo Municipal establece que la base gravable está constituida por
el consumo de energía. Es evidente entonces que los sujetos pasivos, la base
gravable y las tarifas del IAP, tal y como han sido diseñados en la norma que se
demanda, carecen de relación alguna con la prestación efectiva de dicho servicio de
alumbrado público (…) 3.4.2. En el caso bajo estudio, la determinación de la
facturación del servicio domiciliario de energía eléctrica no ostenta ningún punto de
contacto con la prestación del servicio no domiciliario de alumbrado público (…) 3.4.3.
Mucho más crítica es la situación con aquellos sectores de la economía cuyas tarifas
han sido adjudicadas ad valorem, sin reflexión alguna de los hechos demostradores
de capacidad económica que pudieran analizarse, ni relación, siquiera remota, con el
efectivo disfrute del alumbrado público (…) En conclusión, la carencia de relación
directa entre la prestación del servicio de alumbrado público, y el cobro del impuesto

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Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

de alumbrado es incompatible con el ordenamiento vigente, en tanto la Constitución
Política, las disposiciones que regulan la prestación, financiación y expansión del
servicio de alumbrado público, como la jurisprudencia del Consejo de Estado en la
materia, son completamente claras al exigirle a la Administración que: (i) sólo cobre
el impuesto, cuando haya prestación efectiva del servicio de alumbrado público y, (ii)
sólo recaude lo necesario para el funcionamiento y prestación de dicho alumbrado
público […]»

I.2.- La intervención de la sociedad Alumbrados del Oriente S.A.S.

18. La sociedad ALUMBRADOS DEL ORIENTE S.A.S., a través de su apoderado
judicial, solicitó que se le tuviera como coadyuvante impugnador8.

19. Adujo, como hechos sustento de su intervención, los consistentes en que dentro
de este proceso se están cuestionando los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo N.º 012
de 2007, expedido por el concejo municipal de Restrepo (Meta) y a través del cual
se autorizó el cobro del servicio público de alumbrado.

20. Desde tal perspectiva, destacó que para la prestación de este servicio celebró el
contrato de concesión N.º MRM IP 013 – 2007 de 6 de noviembre de 2007 con la
sociedad ALUMBRADOS DEL LLANO S.A., contrato que fue cedido a la sociedad
ALUMBRADOS DEL ORIENTE S.A.S. el 30 de junio de 2011, empresa que, a la
fecha de la demanda, prestaba el servicio público de alumbrado en el municipio de
Restrepo.

21. Enatención a la mencionada condición, solicito que se le tuviera como
coadyuvante impugnador, a lo que agregó que: «[…] la presente Acción se
encamina a buscar la nulidad de las Resoluciones que ordenan al demandante a
cancelar el valor por la prestación de este servicio […]».

22. La magistrada instructora del proceso, a través del auto de 31 de julio de 2014 9,
decidió tener «[…] a la empresa ALUMBRADOS DEL ORIENTE S.A.S., como
tercera coadyuvante dentro del proceso de la referencia […]».

I.3.- La contestación de la demanda por parte del municipio de Restrepo10

23. El municipio de Restrepo, a través de apoderado judicial y dentro de la
oportunidad procesal respectiva, contestó la demanda, oponiéndose a que se
despacharan favorablemente sus pretensiones por carecer de fundamento jurídico
y fáctico11.

8 Fol. 52-55, Cuaderno Principal.
9 Fol. 106, Cuaderno Principal.
10 Fol. 96-104, Cuaderno Principal.
11 La magistrada sustanciadora del proceso, mediante auto de 20 de octubre de 2014, tuvo por contestada la

demanda por parte del municipio de Restrepo.

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

24. Adujo que, en virtud de los artículos 287, 300 y 313 de la Carta Política, las
asambleas departamentales y concejos municipales pueden decretar tributos y
gastos locales, lo cual, en concordancia con las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915,
permite señalar que los municipios gozan de autonomía para crear el impuesto de
alumbrado público, destacando que la sentencia C-504 de 2001 declaró la
constitucionalidad de apartes de la mencionada Ley 97 de 1913, razón por la que,
en su concepto, el municipio de Restrepo no está excediendo las facultades
otorgadas por la Constitución Política y la ley, y no resulta procedente la declaratoria
de nulidad de las disposiciones acusadas del Acuerdo N.º 012 de 2007.

25. Mencionó la sentencia de 3 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima para señalar que no resultaba posible dejar de pagar los
impuestos que los municipios han establecidos por mandato constitucional y legal,
tal como lo pretende el accionante.

26. Igualmente, citó la sentencia de 7 de junio de 2011, proferida por esta
Corporación en el expediente N.º 23001 23 31 000 2007 00473 01 (17.623), luego
de lo cual señaló que: «[…] En este sentido el tributo derivado del servicio de
alumbrado público es un impuesto – el servicio de alumbrado público es un hecho
generador – siendo la prestación del servicio de alumbrado público el objeto
imponible, por lo que, dicho impuesto establecido mediante el acuerdo impugnado,
es totalmente válido y no se estaría incurriendo en una doble tributación como lo
afirma el actor dentro de su libelo […]».

27. Acudió a la sentencia de 10 de marzo de 2011, proferida por esta Corporación
en el expediente N.º 11001 03 27 000 2008 00042 00 (18.141) y dedujo de su
contenido que: «[…] el municipio cuenta con toda la potestad para fijar el impuesto
de alumbrado público y que el acuerdo reprochado se encuentra ajustado a derecho
y es totalmente válido, lo que hace que, los fundamentos y reproches efectuados
mediante la acción de nulidad simple incoada carecen de todo sustento, ya que, la
tesis acogida por el Honorable Consejo de Estado es clara y valida el acuerdo […]».

I.4.- Sentencia de primera instancia12

28. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante la sentencia de 7 de mayo de 2018,
negó las pretensiones de la demanda.

29. Luego de hacer un recuento de los antecedentes del proceso, indicó los
problemas jurídicos que serían desatados y precisó la tesis jurídica que sostendría,
en los siguientes términos:

«[…] e. Problema jurídico y tesis del caso (…) ¿Deben anularse los artículos 1,
2 y 3 del Acuerdo Municipal 012 de mayo 31 de 2007 expedido por el Concejo
Municipal de Restrepo Meta por desbordar los límites de su facultad impositiva

12 Fol. 219-243, Cuaderno Principal.

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al definir todos los elementos del tributo, recaer al impuesto de alumbrado
público en sus elementos estructurales en aspectos del derecho real [de]
dominio o sus desmembraciones o en otras manifestaciones económicas que
no guardan relación con el servicio de alumbrado público, crear sujetos pasivos,
así como fijar bases gravables y tarifas contrarias a la Constitución Política y a
las normas del servicio de alumbrado público? (…) Tesis de la Judicatura (…)
La Sala considera que la autonomía de las corporaciones administrativas de
elección popular tiene límites en la Constitución y la Ley, que, si bien solo
requieren la autorización ex lege para poder regular los elementos del tributo
del artículo 338 Superior, no por ello pueden fijarlo por fuera de la estructura
propia del impuesto regulado conforme a la naturaleza del servicio de
alumbrado público y particularmente su hecho generador […]»

30. Analizó lo relativo a la potestad impositiva de las entidades territoriales en el
marco constitucional, así como el primer cargo de censura atinente a que el concejo
municipal de Restrepo fijó todos los elementos del tributo.

31. Mencionó el principio de reserva de ley en materia impositiva previsto en el
artículo 150 numeral 12 de la Carta Política, en concordancia con los artículos 287
y 338 constitucional, destacando, con sustento en la sentencia C-035 de la Corte
Constitucional, que el legislador, en los tributos territoriales, debe, por lo menos,
autorizar el gravamen y delimitar el hecho gravado con el mismo, para que sean las
corporaciones administrativas de elección popular las que definan los demás
elementos estructurales o configurativos del tributo.

32. Resaltó que el principio de legalidad, al igual que el de reserva de ley, es relativo
frente a la facultad impositiva puesto que es compartida entre el legislador y los
órganos de representación territorial puesto que el Congreso de la República no
puede vaciar la autonomía de los entes territoriales, al definir todos los elementos
del tributo local, pero los entes territoriales no tienen autonomía absoluta como para
crear los tributos que considere, concluyendo, frente al caso concreto, lo siguiente:

«[…] la Sala en cuanto al análisis estructural de las facultades de los concejos
municipales en materia del impuesto de alumbrado público en términos
similares a lo consignado por el Tribunal Administrativo del Meta en sentencia
del 17 de abril de 2013 (Expediente 2008-267) confirmado por el H. Consejo de
Estado mediante fallo del 5 de marzo de 2015 expediente 20766), que el
concejo municipal de Restrepo no violó el principio de autonomía de las
entidades al establecer los elementos esenciales del impuesto de alumbrado
público que no fueron definidos por el legislador en la Ley 97 de 1913 y en
consecuencia por este aspecto no prospera el cargo de nulidad […]»

33. Posteriormente, abordó el asunto concerniente al establecimiento de normas
anfibológicas o confusas en los numerales 2° y 3° del artículo 2° del Acuerdo N.º
012 de 2007 y de los patrimonios autónomos como sujetos pasivos del impuesto de
alumbrado públicos y las empresas de telefonía móvil, dividiéndolo el análisis en
dos partes, una dedicada a estudiar el numeral 3° del artículo segundo del acuerdo
acusado ─correspondiente al hecho generador─ y, a continuación, su numeral 2°
─relativo al sujeto pasivo─.

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

34. Así, en lo atinente al numeral 3° del artículo segundo del acuerdo cuestionado,
resaltó lo siguiente:

«[…] Visto lo anterior, pareciera que la definición del numeral 3° del artículo 2°
del acuerdo de hecho generador, “es el servicio de alumbrado público prestado
en toda el área de la jurisdicción del municipio de Restrepo (Meta)”, refiere más
al objeto imponible que al hecho generador u hecho imponible, según la
sentencia del año 2015 del H. Consejo de Estado, aunque la misma
Corporación en sentencia del 10 de marzo de 2011 C.P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, estimó que el hecho generador de este impuesto “lo constituye
la prestación del servicio de alumbrado público” (…) Así entonces, también ha
sido aceptado que el hecho generador de este impuesto sea la prestación del
servicio de alumbrado público (…) Además, si bien el concepto de hecho
generador del numeral 3° del artículo 1° pudiere quedarse corto, también es
cierto que en una interpretación integral del acuerdo en estudio, en su artículo
1° trae implícita la noción de usuario potencial, pues asienta, que dicho servicio
se presta en el ámbito espacial del municipio, a quienes sean usuarios del
servicio de energía eléctrica o a quienes no lo sean tengan residencia o
domicilio o desarrollen alguna actividad económica en Restrepo Meta, situación
que acompasa el objeto imponible con el hecho generador (…) Así las cosas,
en el marco del acuerdo resulta clara la condición de usuario potencial del
servicio de alumbrado público, es una situación presente en el mismo y que el
objeto imponible está atada a esa condición, que excluye a los usuarios
ocasionales del servicio (…) Si bien las disposiciones tributarias exigen un rigor
de claridad tal que permita conocer con precisión los elementos del tributo,
también es cierto bajo el principio de conservación de los actos administrativos,
según el cual debe escogerse una interpretación que permita tener por
subsistente en el mundo jurídico los actos de la Administración, ello permite
igualmente al juez en una interpretación integral del acuerdo demandado,
validar la norma siempre bajo el entendimiento o alcance fijado en la sentencia
(…) Así entonces, es válida (sic) el numeral 3° del artículo 2° del acuerdo
demandado, en cuanto a la definición de hecho generador, como el “servicio de
alumbrado público prestado en toda el área de la jurisdicción del Municipio de
Restrepo (Meta) en el entendido que implica la condición de ser usuario
potencial o receptor de dicho servicio” […]»

35. En lo concerniente al numeral 2° del artículo segundo del acuerdo enjuiciado,
anotó lo siguiente:

«[…] al revisar la definición de sujeto pasivo acusada (sic), observa que la
norma en estudio introduce la noción de contribuyente (sujeto pasivo que realiza
el hecho generador) o responsable del impuesto (quien sin realizar el hecho
generador debe solventar el tributo por disposición legal), incluye unos sujetos
según su “sustrato” físico o jurídico (pública o privada y unos asimilados), con
una relación de arraigo físico en el ámbito espacial o territorial del municipio,
con la condición de que sean beneficiarios del servicio comunitario de
alumbrado público, denominado “hecho generador” (…) Señala que dentro de
esos residentes están aquellos que tienen un[a] relación con el derecho de
dominio o sus desmembraciones e incluso tenedores de inmuebles, así como
quienes realicen actividades económicas en el municipio, están obligados a
pagar mensualmente el muestro alumbrado público (sic), independientemente
que cuenten o no con el servicio de energía eléctrica (…) Visto lo anterior, no le
asiste la razón a la demandante, si bien la redacción pareciere confusa, pues
hubiere bastado con decir que el sujeto pasivo es el potencial usuario (persona,
jurídica natural o asimiladas) del servicio de alumbrado público en el municipio
de Restrepo que tenga una relación de arraigo en este, sin que fuese necesario

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ejemplificar algunos de esos eventos en que personas naturales o jurídicas
privadas o públicas y asimiladas se consideren sujetos pasivos del impuesto de
alumbrado público, por el hecho de ser propietarios, usufructuarios, tenedores
de inmuebles o empresas que desarrollen cualquier actividad económica (…)
Ello significa, que, de la descripción normativa de las situaciones destacadas,
buscó que el sujeto pasivo tenga una cierta relación de permanencia en el
municipio y no una circunstancia de usuario ocasional, situación esta última que
enerva el agotamiento del hecho generador y se insiste con ello, se quiso
ejemplificar eventos en los cuales se da una relación de permanencia en el
municipio, que podría conllevar el ser potencial usuario del servicio de
alumbrado público (…) La Sala encuentra, que la norma al definir el sujeto
pasivo refiere a beneficiados del servicio, es decir, da a entender que debe
existir una real prestación del servicio de alumbrado público, cuando en realidad
lo que caracteriza al sujeto pasivo de este impuesto, es ser usuario potencial
del servicio de alumbrado público (…) En consecuencia, la expresión
beneficiados es válida del numeral 2° artículo 2° del acuerdo demandado, en el
entendido que son usuarios potenciales del servicio de alumbrado público […]»

36. Estimó que, en materia tributaria, no se requería personería jurídica para ser
considerado sujeto pasivo de un tributo, pues bastaba la ocurrencia del supuesto de
hecho que da nacimiento a la obligación, mencionando como ejemplo de lo
expuesto el impuesto a la renta cobrado a sucesiones ilíquidas y asignaciones
modales.

37. Adicionó a lo expuesto que, en atención al principio de autonomía de las
entidades territoriales, existía libertad de configuración por parte del concejo
municipal, corporación que radicó: «[…] en los patrimonios autónomos la eventual
realización del hecho generador y en consecuencia llegar a ser potencial usuario
del servicio de alumbrado público, situación viable pues para agotar el hecho
imponible no se requiere capacidad jurídica sino contributiva, situación de carácter
económico autónomo a la condición de ser sujeto de derechos y obligaciones y
comparecer en juicio como se tiene normalmente establecido […]» y anotó que,
frente a las empresas de telefonía móvil, no resultaba suficiente tener antenas
móviles instaladas, pues para ser sujetos pasivos del impuesto era necesario que
residieran o estuvieran domiciliadas en jurisdicción del municipio, puesto que solo
así harían parte de la colectividad que se beneficia parcialmente del servicio de
alumbrado público.

38. Entendió que resultaba válido gravar con el impuesto de alumbrado público a las
empresas que desarrollaran cualquier actividad económica en la jurisdicción del
municipio siempre que tuvieran residencia o domicilio en él, por lo que el cargo no
tenía vocación de prosperidad.

39. De otra parte, explicó que esta Corporación, en sentencias de 19 de febrero de
201513 y 23 de julio de 201514 sostuvo que ser titular del derecho real de dominio o
una de sus desmembraciones, así como realizar actividades económicas en el

13 Expediente n.° 20.148.
14 Expediente n.° 21.216

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territorio municipal, eran factores que servían para identificar a los usuarios
potenciales del servicio de alumbrado público, sin que con ello se pudiera considerar
que se estaba gravando la propiedad inmobiliaria o invadiendo con doble tributación
otras actividades ya gravadas con el impuesto de industria y comercio toda vez que:
«[…] mientras en esta grava la actividad industrial, comercial o de servicios, en el
alumbrado público se tienen en cuenta el ser potencial usuario de la prestación del
servicio de alumbrado público, con lo cual, el hecho imponible o generador es
disímil, sin que existiere distorsión definitoria del sujeto pasivo ni doble tributación
[…]».

40. En lo atinente al establecimiento ilegal de bases gravables y tarifas contrarias a
la Carta Política, aseveró que: «[…] la parte demandante respecto de la definición
de base gravable no presentó cargo específico, por lo cual, no procede un análisis
sobre dicho concepto bajo el criterio de justicia rogada que impide al juez construir
un cargo de nulidad […]» y respecto de las tarifas fijadas en tal acuerdo, explicó
que:

«[…] Visto lo anterior, la estratificación socioeconómica permitiría medir bajo los
criterios de justicia y equidad tributaria, la capacidad contributiva del sujeto
pasivo del impuesto discutido como potencial usuario del servicio de alumbrado
público (…) Cuando se acude a dicho parámetro para los usuarios residenciales
de servicios públicos domiciliarios, no se trasladan elementos de las tasas que
cobran las empresas de servicios públicos domiciliarios por su prestación para
fijar una sobretasa, sino que es un insumo razonable para medir el esfuerzo
fiscal a cargo del sujeto pasivo para sufragar el impuesto de alumbrado público,
sin que sea un elemento de arbitrariedad pues probado se encuentra que las
condiciones socio-económicas de las personas son vitales para medir su
capacidad de pago, que en servicios públicos domiciliarios funciona desde el
año 1990, sin que por ello, el impuesto de alumbrado público se convierta en un
servicio público domiciliario (…) Ahora bien, como se ve la estratificación socio-
económica no solo es útil en materia de servicios públicos domiciliarios, sino en
inversión y gasto público que permite priorizarlo e inclusive hablar del gasto
público social y cumplir el cometido inherente a los fines del estado que es la
prestación de los servicios públicos (…) Lo contrario sería considerar que el
derecho de los tributos estuviere en un panóptico jurídico, que no pudiera tomar
elementos de otras ramas del derecho, como sí finalmente no estuviéramos
insertos en un sistema jurídico con elementos que pueden usar
transversalmente en las distintas áreas del derecho (…) Así mismo, el valor de
tarifa asignado por estrato oscila entre $1.800 a $8.900 mensuales, valores que
a falta de un estudio aportado por la parte demandante no se pueden considerar
prima facie como desproporciona[d]os y que con estos se excede la
recuperación de los costos del servicio (…) Ahora bien, que los sujetos pasivos
que sean usuarios comerciales, industriales y oficiales, se les establezca la
tarifa referida al consumo porcentual de energía domiciliaria, tal situación no es
caprichosa ni arbitraria, pues finalmente el servicio público domiciliario de
energía y el de alumbrado público se valen de un elemento común la energía
eléctrica, para prestar un servicio que igualmente es público (…) Así mismo, el
tener el consumo porcentual de energía domiciliaria como parámetro, en nada
incide en la tasa que los usuarios pagan por el servicio domiciliario de energía,
ni es una sobretasa, pues el consumo seleccionada sirve para el pago de un
tributo que no es una tasa sino un impuesto y que tiene un hecho generador
distinto, a pesar que se cobre en la factura del servicio domiciliario de energía
(…) Entonces, si materialmente el elemento o medio común de ambos servicios

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es la energía eléctrica, no resulta inadecuado seleccionar el consumo
domiciliario de energía en un porcentaje determinado para el establecimiento
para cuantificar el pago a cargo (…) Respecto de las tarifas es de anotar que,
si para determinar el impuesto hay referencia al servicio domiciliario de energía
eléctrica, es claro que la tarifa será la aplicación del porcentaje sobre dicho
consumo (…) Ahora, respecto de las tarifas fijadas en salarios mínimos
mensuales legales vigentes para invalidarlas, tendría que probarse la falta de
proporcionalidad que grava injustificadamente al sujeto pasivo y vulnera los
principios de equidad y justicia tributaria, recuérdese que la demandante no
aportó estudio que permitiera verificar que las tarifas del acuerdo menoscabaran
los principios aludidos, sin olvidar que tampoco está demostrado, que con el
estimativo de ingreso esperado por recaudo del impuesto de alumbrado público,
excediera la recuperación de los costos por el servicio de alumbrado público,
sin que resulten probadas las censuras planteadas (…) La Sala en cuanto a la
tarifa fijada para los lotes tomó el valor de $100 pesos por metro cuadrado anual,
considera que dicho parámetro si bien aparentemente no guarda relación con
el hecho imponible, ser potencial usuario del servicio de alumbrado público, sin
embargo, se parte que el sujeto pasivo tiene una relación con un predio ubicado
en el municipio de Restrepo, que lo hace potencial usuario del servicio de
alumbrado público por tener relación con el inmueble y en esa medida pagara
un valor proporcional de acuerdo al área del inmueble, con lo cual, resulta
razonable la tarifa impuesta (…) Así las cosas, las referencias que las normas
demandadas hicieron al servicio domiciliario de energía eléctrica, no están
llamados a prosperar por las razones expuestas, así como tampoco las
censuras hecha al sistema tarifario, en tanto fungen como parámetro razonable
para liquidar el impuesto, tienen relación con el servicio de alumbrado público y
no fue demostrado que violan los principios de equidad y justicia tributaria […]»

I.5. El recurso de apelación15

41. La parte actora, inconforme con la decisión de primera instancia y por intermedio
de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque
tal decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda.

42. Afirmó, inicialmente, que el acuerdo acusado confunde el concepto de impuesto
con el de tasa haciendo referencia a la tasa por concepto del servicio de alumbrado
público cuando desde un inicio se refiere a un impuesto, destacando que:

«[…] Pues bien, resulta apenas evidente que lo que se pretende gravar por parte
del Municipio es la prestación de un servicio que esta a cargo de los municipios
(el alumbrado público). De igual manera quienes están obligados a su pago son
aquellos que se benefician o tienen la potencialidad de beneficiarse del servicio
público de alumbrado (claro indicador de una contraprestación del Estado al
sujeto pasivo). En la misma línea, la reglamentación en la materia ha sido
insistente en afirmar que el recaudo del tributo debe procurar nada más que la
recuperación de los costos en que incurre quien presta el servicio, motivo por el
cual debe suponerse que el costo económico del tributo, para quien debe
pagarlo, guarda relación con el beneficio que éste percibe (…) Todos los
elementos descritos, que se configuran en el caso concreto, sólo arrojan como
conclusión la naturaleza de tasa que tiene el tributo demandado, tan es así que
como se mencionó anteriormente, el mismo Municipio se refiere al tributo como
la tasa por concepto del servicio de alumbrado público en los artículos objeto
del medio de control de nulidad simple (…) A partir de la lectura del Acuerdo

15 Fol. 246-255, Cuaderno Principal.

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Municipal, existe una evidente indeterminación en cuanto a la naturaleza
del tributo, aspecto obviado por el Tribunal a quo […]» –resaltado fuera de texto–

43. Posteriormente alegó la violación del principio de legalidad en cuanto al hecho
generador del tributo de alumbrado público, mencionando que tal elemento fue
previsto en el artículo 2° numeral 3° del Acuerdo N.º 012 de 2017 de forma
indeterminada pues «[…] ningún beneficiario del servicio de alumbrado público
puede incurrir en el presupuesto económico generador del tributo […]».

44. Adujo, desde la anterior perspectiva, que la norma acusada dispone que el hecho
generador del tributo: «[…] “Es el servicio de alumbrado público prestado en toda el
área de la jurisdicción del municipio de Restrepo (Meta)” […]», pero ningún potencial
beneficiario puede realizarlo puesto que ninguno presta el servicio de alumbrado
público.

45. Así mismo, afirmó que:

«[…] de la simple lectura del hecho generador, es dable concluir su
inaplicabilidad, al literalmente dejar la realización del presupuesto económico
que da origen a la obligación tributaria en cabeza del prestador del servicio y no
del beneficiario del mismo (…) Parece que el Tribunal olvida que las facultades
impositivas de los entes territoriales están sujetas al principio de legalidad
tributaria. Este principio, en atención a lo consagrado en el numeral 12 del
artículo 150 de la Constitución, implica que los Concejos Municipales deben
acatar los presupuestos determinados en la Ley (…) Así, los concejos
municipales tienen una potestad tributaria derivada, es decir, que gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la
Constitución y la ley. El concejo municipal puede ejercer su poder de imposición
siempre y cuando respete los parámetros esbozados en el precepto de rango
legal (…) El impuesto de alumbrado público fue creado originalmente por medio
de la Ley 97 de 1913 la cual facultó al Concejo Municipal de Bogotá para
establecer dicho impuesto autónomo. Posteriormente, esa facultad fue
extendida a los demás concejos municipales por medio de la Ley 84 de 1915,
que les permitió gravar el servicio de alumbrado público, que les permitió gravar
el servicio de alumbrado público (…) Hacemos notar que la atribución
reconocida por la Ley 84 de 1915 a todos los concejos municipales para crear
el impuesto de alumbrado público se mantuvo vigente hasta 1931 ya que con la
expedición de la Ley 94 del mismo año, específicamente con su artículo 17, se
prohibición el cobro del servicio de alumbrado público a través de un impuesto
independiente: [se cita] (…) La norma transcrita supone la extinción del
impuesto de alumbrado público como impuesto autónomo creado por la Ley 97
de 1913, y cuya imposición fue extendida en los mismos términos a los demás
concejos municipales por la Ley 84 de 1915, puesto que el impuesto predial
subsumiría el costo que pudiera generarse por el “beneficio” del servicio de
alumbrado recibido por los propietarios de finca raíz. Con ello, el tributo dejó de
pertenecer al ámbito de los tributos autónomos para convertirse en un recargo
tarifario del impuesto predial. Así las cosas, de ninguna manera puede
predicarse que el impuesto de alumbrado público subsista como gravamen
independiente en nuestro ordenamiento jurídico, ya que el hecho generador y
el objeto del recaudo fueron subsumidos por el Congreso dentro del cobro del
predial con el propósito de evitar cargas excesivas y dificultades administrativas
para los contribuyentes (…) Las disposiciones constitucionales establecidas en
los artículo 150, 313 y 338 de la Constitución Política hacen inadmisible
cualquier tributo y la indeterminación de sus elementos estructurales resulta

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contrario a la Constitución (…) Así, carece de sustento lo afirmado por el
Tribunal al manifestar que el Concejo de Restrepo no viola el principio de
autonomía de las entidades territoriales al establecer elementos del tributo que
no fueron establecidos en la ley; toda vez que a pesar que la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sido amplia en esta materia; lo cierto es que la norma
demandada es abiertamente contraria a la ley al establecer como hecho
generador la prestación del servicio de alumbrado y no su potencial beneficio
[…]»

46. Hizo alusión a que el acuerdo municipal acusado estableció como sujetos
pasivos del tributo de alumbrado público a los arrendatarios, usufructuarios y
usuarios de los inmuebles, así como a los patrimonios autónomos ─careciendo
estos últimos de personería jurídica─, sin tener en cuenta «[…] que el mismo haya
realizado el hecho generado[r] del tributo, circunstancia claramente contraria al
ordenamiento tributario, toda vez que de acuerdo con las normas demandadas un
patrimonio autónomo que no tiene personalidad jurídica y no puede por tanto
establecerse en el Municipio de Restrepo y tampoco podría prestar el servicio de
alumbrado público, de acuerdo con los artículos 1 y 2 del Acuerdo 012 de 2007
podría ser considerado sujeto pasivo del tributo de alumbrado público en dicha
jurisdicción, aspecto que no tiene ningún precedente ni sustento jurídico o lógico
[…]».

47. Expuso que el alumbrado público no puede recaer sobre la propiedad inmobiliaria
puesto que esto desbordaría la potestad tributaria conferida por las leyes de 1913 y
1915 y se vulneraría el artículo 2° de la Ley 44 de 1990, norma según la cual los
municipios no pueden establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral
y cuyo cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio, salvo el
impuesto predial unificado. En su concepto: «[…] este tributo recae sobre el servicio
de alumbrado público, lo que implica de un lado que el servicio se preste y exista un
beneficiario potencial del mismo; aspectos que las normas objeto de demanda dejan
de lado y que el a quo obvió. En Restrepo bastaría ser un usufructuario, arrendador
o poseedor de un bien para ser catalogado como sujeto pasivo del tributo […]».

48. Adicionó a lo expuesto que carecía de sustento legal lo expuesto por la primera
instancia en cuanto a que una interpretación integral del acuerdo trae implícita la
noción de usuario potencial «[…] dado que como se explicó en la demanda y se
reitera con ocasión de este recurso, el Acuerdo demandado da lugar a una
protuberante violación de ley y la jurisprudencia, en tanto sin contar con un
establecimiento y ser usuario potencial del servicio (como ocurre con los patrimonios
autónomos) o peor aún sin que el mismo sea prestado; podría una persona natural
o jurídica (o sin personalidad jurídica) ser sujeto pasivo de este tributo indeterminado
en Restrepo (Meta) (…) Nuevamente la ambigüedad e indeterminación de las
disposiciones demandadas y su aval por parte del a quo violan los principios de
legalidad y certeza del tributo, habida cuenta que los elementos del tributo no están
determinados expresamente en la norma y tampoco es determinable a partir de la
ley misma […]».

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49. Finalmente, aludió a la demanda en la cual explicó que el acuerdo acusado
contravenía el artículo 287 de la Carta Política, norma que exige a los municipios
fijar sus tributos en relación directa a los costos de cumplimiento, e igualmente se
refirió al Decreto N.º 2424 de 2006 y a la Resolución CREG 43, normatividades que
disponen que los municipios no pueden pretender el establecimiento de un tributo
que excede el costo de prestación del servicio para afirmar que: «[…] El Acuerdo
que nos ocupa grava sujetos sin tener en cuenta la capacidad contributiva y
tampoco la potencialidad de recibir el servicio. Por su parte, la base gravable y las
tarifas son contrarias a la naturaleza misma del tributo, toda vez que deberían estar
ligadas a la base imponible del tributo, aspecto que el a quo obvió en su análisis
[…]».

50. En el anterior contexto, concluyó que: «[…] Contrario a lo señalado por el a quo,
las tarifas fijadas no son, o por lo menos no se encuentran soportadas,
determinadas conforme a métodos razonables, sustentados u justificados que
obedezcan a estudios técnicos sobre costos y beneficios. Así, en la medida que las
tarifas impuestas no obedecen a análisis técnicos de costos y/o beneficios la
normativa que nos ocupa es inconstitucional al violar el artículo 338 de la Carta
Política […]».

I.6. Trámite del recurso de apelación

51. La magistrada a cargo de la sustanciación del proceso en primera instancia, a
través del auto de 17 de octubre de 201816, concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 7 de mayo de
2018.

52. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 19 de diciembre de 201817, admitió el recurso
de apelación y ordenó, una vez en firme la decisión relativa a la admisión, se corriera
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera el respectivo concepto.

53. La parte actora18 presentó sus alegaciones de conclusión en las cuales reiteró
los argumentos expuestos a lo largo del proceso. La parte demandada y el agente
del Ministerio Público no intervinieron en esta oportunidad.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

54. Esta Sala de Decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentados por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) la cuestión

16 Fol. 320, Cuaderno Principal.
17 Fol. 5, Cuaderno Consejo de Estado.
18 Fol. 8-13, Cuaderno Consejo de Estado.

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previa; iii) el problema jurídico; iv) el acto administrativo acusado; v) el caso
concreto, para, posteriormente, precisar vi) las conclusiones de su análisis.

II.1. La competencia

55. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA19 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. La cuestión previa

II.2.1. La existencia de cargos nuevos formulados en el recurso de apelación

56. La Sala una vez revisado el contenido del texto del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, encuentra que en el mismo se esgrime como
argumento en contra de la sentencia de primera instancia, el cargo consistente en
que el Acuerdo N.º 012 de 31 de mayo de 2007 ─en sus artículos 1° y 2°─ no
determinó la naturaleza del tributo creado en él, refiriéndose a este, indistintamente,
como un impuesto y como una tasa, lo cual, en su concepto, fue obviado por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta.

57. Tal cargo, valga resaltarlo, no fue expuesto en la demanda que dio origen a este
proceso judicial, razón por la cual no fue discutido por la parte demandada en su
contestación a la demanda y, asimismo, no fue objeto de pronunciamiento en la
sentencia que puso fin al proceso, en primera instancia, como puede constatarse
en los antecedentes del proceso judicial que han sido expuestos líneas atrás.
58.

19 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)».

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59. En vista de lo anterior, cabe señalar que esta Sección20 ─como ocurre con otras
secciones de esta Corporación21─ ha sostenido reiteradamente, en lo que se refiere
a los límites del recurso de apelación en los procesos ordinarios, que tal
impugnación:

«[…] debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustenta, los argumentos de oposición
a la misma y las consideraciones que motivan la decisión del a quo en su
sentencia, respetando los derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y
la garantía de la doble instancia, así como el principio de congruencia; y en caso
contrario, es decir, que se presenten en dicho recurso nuevos hechos, cargos y
pretensiones que no se adujeron en la demanda ni en la contestación y no
fueron valorados en la sentencia de primera instancia, el fallador de segunda
instancia no puede adelantar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su
deber proteger los derechos, garantías y principios anotados […]»

60. Con fundamento en ello, la Sala se abstendrá de estudiar en esta decisión el
nuevo cargo planteado por el apelante en su escrito, puesto que analizarlo
implicaría, conforme con lo expuesto, desconocer el debido proceso, la garantía de
la doble instancia, el derecho a la igualdad procesal de las partes y el principio de
congruencia.

II.2.2. La inexistencia del fenómeno de la cosa juzgada

61. La Sala advierte que en los expedientes N.º 50001 23 31 000 2010 00543 01 y
50001 23 31 000 2008 00267 01 se demandó la nulidad del Acuerdo N.º 012 de 31
de mayo de 2007, acto administrativo cuya legalidad se estudia en este proceso,
procesos que culminaron, de un lado, con la expedición de las sentencia de 29 de
abril de 2014 ─Tribunal Administrativo del Meta─ y 26 de junio de 202022 ─Sección

20 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA.
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil
veintidós (2022). Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Número único de radicación:
08001233100720080063501. Demandante: Wilson Manuel Zamora Pérez.
Criterio reiterado en, entre otras, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintiocho (28) de
enero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00640-01. Actor: THERLY
FARJETH HERNÁNDEZ MURCIA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00461-01. Actor: VENANCIO PARRA SALAMANCA.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00750-00. Actor: ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS.
21 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Consejera

ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO. Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021). Radicación número: 05001-23-33-000-2015-01144-01 (24987). Actor: PFIZER S.A.S. En esta
sentencia se indicó: «(…) Para resolver el asunto, observa la Sala que, ni en los hechos de la demanda, ni en
los cargos de nulidad se manifestó inconformidad con el ajuste de cuenta y la compensación que se
comprometió a realizar el municipio en febrero de 2015, así como tampoco expuso que no recibió ningún
documento que permitiera evidenciar los ajustes que el municipio afirmó que realizaría en el oficio demandado
(…) Ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las partes la inclusión en sede de
apelación de cargos novedosos, desconocidos y ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el
planteamiento de asuntos que no han sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que
regulan el derecho procesal administrativo y las garantías del debido proceso sentencia del 22 de abril de 2021,
exp.25427, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello) (…)».
22 El Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia de 29 de abril de 2014 declaró la nulidad del artículo 4º

del Acuerdo 12 de 31 de mayo de 2007 y negó las demás pretensiones. Esta Sección, en la mencionada

18

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

Primera del Consejo de Estado─, y del otro, con la expedición de las sentencias de
17 de septiembre de 2013 ─Tribunal Administrativo del Meta─ y 5 de marzo de
201523 ─Sección Cuarta del Consejo de Estado─.

62. Al respecto cabe señalar que de acuerdo con el artículo 303 del Código General
del Proceso ─aplicable a esta controversia en atención a lo previsto en el artículo
267 del CCA─, «[…] La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes […]».

63. A su turno, el artículo 175 del CCA prevé que «[…] La sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes” (…)
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero sólo en
relación con la “causa petendi” juzgada […]».

64. Esta Sala24, frente a la declaratoria de cosa juzgada en las acciones de simple
nulidad, ha destacado lo siguiente:

«[…] Esta Corporación25 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa
juzgada en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:

“[…] El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los
artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad
de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que
respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que
se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las
que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen
sobre la causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los
actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos,
los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en
la sentencia que negó la pretensión nugatoria […]” (Destacado fuera de
texto) […]»

65. Siguiendo lo anterior y para el caso del expediente N.º 50001 23 31 000 2010
00543 01, se procederá al estudio de los elementos para la configuración de la cosa
juzgada.

66. En lo que se refiere a la identidad jurídica de partes:

sentencia, decidió confirmar el numeral 2º de la sentencia de instancia despachando desfavorablemente los
argumentos de apelación de la parte demandante.
23 La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia de 17 de septiembre de 2013 mediante la

cual se negaron las excepciones propuestas y se rechazaron las pretensiones de la demanda.
24 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00100-00. Actor: ARMANDO VALENCIA CASAS.
25 Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-02253-01,

Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.

19

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

«[…] cuando se trata del medio de control de nulidad, la semejanza jurídica de
la parte actora es un requisito que carece de relevancia por cuanto todo
ciudadano estando habilitado para “interponer acciones públicas en defensa de
la Constitución y de la ley”26 (…) 35. Además, las sentencias allí proferidas
producen efectos erga omnes, lo cual implica que son oponibles a cualquier
demandante que pretenda iniciar nuevamente el debate judicial por los mismos
motivos27 y, por ende, no es necesario que la parte demandante del segundo
proceso corresponda a la del primero, dado que la acción es promovida en
defensa del orden jurídico y la legalidad objetiva28 […]»29.

67. Ahora bien, en lo atinente a la identidad en el objeto y la causa de la presente
controversia con aquella ventilada en el expediente N.º 50001 23 31 000 2010 00543
01, se tiene que:

PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Expediente N.º 2012 00018 01 Expediente N.º 2010 00543 0130

«[…] DECLARAR la nulidad de los artículos «[…] “4.1. PETICIÓN PRINCIPAL
1°, 2° y 3° del Acuerdo Municipal 012 de
2007 con fundamento en lo dispuesto en Se declare la nulidad total del Acuerdo 012
las motivaciones detalladas, o en los vicios de mayo 31 de 2007, proferido por el
adicionales que el Tribunal pudiera Concejo Municipal de Restrepo (Meta) y
identificar […]» publicado en la cartelera oficial del
Municipio de Restrepo el día 31 de mayo de
2007.

4.2 PETICIÓN SUBSIDIARIA

En el evento que no se declare la nulidad
total del Acuerdo 012 de 2007 proferido por
el Concejo Municipal de Restrepo (Meta),
formulo las siguientes peticiones
subsidiarias respecto de dicho Acuerdo:

4.2.1 Se declare la nulidad de la expresión
“como también a quienes sin serlo"
contenida en el artículo 1° del Acuerdo 012
de 2007.

4.2.2 Se declare la nulidad del artículo 2°
del Acuerdo 012 de 2007.

4.2.3 Se declare la nulidad del numeral 2°
del artículo 2° del Acuerdo 012 de 2007.

26 C.P., artículo 40, numeral 6.
27 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN,

sentencia de 26 de septiembre de 2019.
28 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ,

sentencia de 15 de noviembre de 2019, Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00380-00
29 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinte
(2020). Radicación número: 11001-0324-000-2018-00428-00B. Actor: CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO.
30 Las pretensiones de la demanda fueron sintetizadas en la sentencia de 26 de junio de 2020 proferida por esta

Corporación.

20

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

4.2.4 Se declare la nulidad de la expresión
“patrimonios autónomos" contenida en el
numeral 2° del artículo 2° del Acuerdo 012
de 2007.

4.2.5 Se declare la nulidad del numeral 3°
del artículo 2° del Acuerdo 012 de 2007.

4.2.6 Se declare la nulidad de la expresión
“concesiones viales y peajes 9 SMMLV"
contenida en el artículo 3º del Acuerdo 012
de 2007.

4.2.7 Se declare la nulidad del artículo 4°
del Acuerdo 012 de 2007” […]»

68. En la sentencia de 26 de junio de 202031, igualmente, se sintetizaron las normas
violadas y el concepto de la violación, las cuales serán confrontadas con aquellas
esbozadas en este proceso, en la siguiente forma:

NORMAS VIOLADAS
Expediente N.º 2012 00018 01 Expediente N.º 2010 00543 01

La parte demandante estimó como «[…] En criterio de la demandante, el acto
desconocidos los artículos 150 numeral administrativo objeto de demanda viola los
12°, 287, 313 y 338 de la Carta Política; 1° artículos 13, 313 numeral 4º, 338 y 363 de
de la Ley 97 de 1913; 171 de la Ley 4ª de la Constitución Política; el literal d) del
1913; 32 de la Ley 136 de 1994; 2 de la Ley artículo 1° de la Ley 97 de 1913, el artículo
44 de 1990; 2° del Decreto N.º 2424 de 2º del Decreto 2424 de 2006, el artículo 29
2006; y, 1° de la Resolución N.º 043 de de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 043
1995 expedida por la Comisión de de 1995 de la CREG, lo cual sustentó, en
Regulación Energía y Gas ─en adelante síntesis, de la siguiente forma: […]»
CREG─.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Expediente N.º 2012 00018 01 Expediente N.º 2010 00543 01

Frente al primer cargo, esto es, «[…] EL «[…] 1.2.1. Pretensión principal
CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO
DESBORDÓ SUS COMPETENCIAS AL En sustento de su pretensión principal,
ESTABLECER UN HECHO GENERADOR valga decir, la nulidad de la integridad del
MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO Acuerdo 12 de 2007, la accionante aseguró
EN LAS LEYES 97 DE 1913 Y 84 DE 1915. que si bien el Acuerdo 12 de 2007 ordena
EN CONSECUENCIA, LOS DEMÁS en su artículo 1º el cobro del impuesto de
ELEMENTOS DEL TRIBUTO DEVIENEN alumbrado público en el Municipio de
ILEGALES, EN CUANTO SE Restrepo, lo cierto es que reglamenta una
CONFIGURARON SOBRE UN HECHO “tasa” derivada de la prestación de dicho
GENERADOR MATERIAL ILEGAL. EL servicio, tributo que no ha sido autorizado
ACUERDO DEMANDADO VIOLÓ EL por la ley, determinando los sujetos activo

31 El Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia de 29 de abril de 2014 declaró la nulidad del artículo 4º

del Acuerdo 12 de 31 de mayo de 2007 y negó las demás pretensiones. Esta Sección, en la mencionada
sentencia, decidió confirmar el numeral 2º de la sentencia de instancia despachando desfavorablemente los
argumentos de apelación de la parte demandante.

21

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA y pasivo, el hecho generador y la base
TRIBUTARIA, POR CONFIGURAR UN gravable. IMPUESTO POR FUERA DEL MARCO
LEGALMENTE ESTABLECIDO […]», Adujo que el artículo 3° del Acuerdo no da
señaló que el acuerdo acusado estableció cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 9°
un hecho generador abiertamente contrario de la Resolución 043 de 1995 de la
a las leyes 84 de 1915 y 97 de 1913, las Comisión de Regulación de Energía y Gas,
cuales habilitaron a los municipios a según el cual, al determinar la tarifa del
establecer un impuesto al alumbrado impuesto de alumbrado público, los
público. municipios no pueden recuperar de los
usuarios más de lo que pagan por el
Luego de hacer referencia a los artículos suministro, mantenimiento y expansión del
150 numeral 12°, 313 numeral 4° y 338 de servicio.
la Carta Política y al artículo 32 numeral 7°
de la Ley 136, así como a las sentencias de Finalmente, aseveró que en ninguna de sus
17 de agosto de 2006, 10 de marzo de 2011 disposiciones el acuerdo excluye del tributo
y 19 de mayo de 2011, proferidas por el la iluminación de carreteras que no estén a
Consejo de Estado ─las cuales no se cargo del Municipio de Restrepo, como lo
identificaron con el número de radicación─, exige el parágrafo del artículo 2º del
y a la sentencia C-035 de 2009 de la Corte Decreto 2424 de 2006. Constitucional, afirmó que el acuerdo
cuestionado incurrió en vicio de ilegalidad I.2.2. Pretensión subsidiaria
puesto que estableció un gravamen sobre
la propiedad, posesión o uso de inmuebles En sustento de su petición subsidiaria, la
en el municipio de Restrepo, lo cual no accionante expuso los argumentos que se
guarda relación con el hecho generador del resumen a continuación:
impuesto de alumbrado público establecido
en la ley, siendo este, de acuerdo con la I.2.2.1. Nulidad de la expresión “como
decisión de 10 de marzo de 2011 de esta también a quienes sin serlo" contenida
Corporación que interpretó las normas en el artículo 1° del Acuerdo 012 de 2007.
aplicables a este tributo, el ser usuario
potencial receptor del servicio.

Expuso que según la expresión “como
también a quienes sin serlo”, contenida en
Insistió en que el concejo municipal de el artículo 1° del Acuerdo 12 de 2007, el
Restrepo transformó los sujetos pasivos, la impuesto de alumbrado público no solo se
base gravable y las tarifas que podían serle cobra a los usuarios del servicio de energía
razonablemente adjudicados al impuesto eléctrica sino también a quienes no
de alumbrado público estableciendo como cumplen con esa condición, lo cual viola el
sujetos pasivos del pago de este tributo al artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, según
propietario, arrendatario, ocupante, el cual, dijo, la prestación del servicio de
usufructuario o usuario del bien inmueble alumbrado público, al ser inescindible del
cuando disposiciones de tal naturaleza han servicio de energía eléctrica, presupone
sido expresamente prohibidas por la que los beneficiarios de esta se convierten
jurisdicción contencioso-administrativa. por ministerio de la ley en sujetos pasivos
del impuesto de alumbrado público,
Añadió que el consumo de energía atendiendo a una dimensión ínsita del
eléctrica, que para este caso constituye la hecho imponible, de tal forma que no se
base gravable del impuesto de alumbrado puede obligar a pagar el tributo a quien no
público, no corresponde a la magnitud o se beneficia de la energía eléctrica.
medición de un hecho generador tal y como
se encuentra descrito en el artículo 2° Afirmó que la falta de conexidad entre el
inciso 4° del acuerdo acusado y, además, servicio de alumbrado público y el de
mencionó que el artículo 2° inciso 2° del energía eléctrica conduce a una
acto administrativo cuestionado desconoce indeterminación del hecho generador y del
el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, al sujeto pasivo del tributo, así como de la
establecer como sujetos pasivos del tributo base sobre la cual se aplica la tarifa.
a los patrimonios autónomos, puesto que

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

aquella normas prevé que los sujetos I.2.2.2. Nulidad del artículo 2° del
pasivos de los tributos departamentales y Acuerdo 012 de 2007
municipales serán:
Indicó que el artículo 2º del acuerdo
«[…] las personas naturales, jurídicas, demandado está viciado de nulidad por
sociedades de hecho, y aquellas en cuanto reglamenta una tasa por el servicio
quienes se realicen el hecho gravado, a de alumbrado público que no ha sido
través de consorcios, uniones temporales, creada por la ley, pues el literal d) del
patrimonios autónomos en quienes se artículo 1º de la Ley 97 de 1993 establece
figure el hecho generador del impuesto. En el impuesto de alumbrado público y no la
esa medida, la norma dispone el tasa por el servicio de alumbrado público.
gravamen de las personas que
conforman dichas formas asociativas, y I.2.2.3. Nulidad de la expresión
no de las formas individualmente “patrimonios autónomos” contenida en
consideradas […]» –resaltado y el numeral 2º del artículo 2° del Acuerdo
subrayado fuera de texto–. 012 de 2007

En lo que tiene que ver con el segundo Manifestó que según el artículo 2º del
cargo, esto es, «[…] EL ACUERDO ES acuerdo demandado, los sujetos pasivos
ILEGAL AL ESTABLECER QUE SON del tributo creado son personas residentes
SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE o domiciliadas en el Municipio de Restrepo,
ALUMBRADO PÚBLICO LOS condición que no cumplen los patrimonios
PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS, autónomos por cuanto estos no son
OCUPANTES, USUFRUCTUARIOS O personas naturales ni jurídicas, ni se
USUARIOS DE PREDIO(S) EN EL ÁREA asimilan a unas u otras, toda vez que, por
DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, definición, están constituidos por un
PORQUE VULNERA DE MANERA conjunto de bienes, de los cuales, por
DIRECTA LOS ARTÍCULOS 2° DE LA LEY ende, no se puede predicar el concepto de
44 DE 1990; 1° LITERAL D) DE LA LEY 97 “residencia” o “domicilio”, por lo que, a su
DE 1913; 1° LITERAL A) DE LA LEY 84 DE juicio, la expresión debe ser declarada
1915; 2° DEL DECRETO 2424 DE 2003 Y; nula.
1° DE LA RESOLUCIÓN 043 DE 1995
PROFERIDA POR LA CREG (sic) […]», I.2.2.4. Nulidad del numeral 3º del
mencionó que la configuración material del artículo 2° del Acuerdo 012 de 2007
hecho generador del acuerdo acusado se
realiza a través de la determinación del Aseveró que el numeral 3º del artículo 2º
sujeto pasivo. del Acuerdo 12 de 2007, que define el
hecho generador, está viciado de nulidad
Indicó, en tal sentido, que, en la práctica, el “en cuanto se abstiene de excluir
verbo rector que determinaba la causación expresamente la iluminación de carreteras
del impuesto era el ser la condición de que no están a cargo del Municipio, según
propietario, usuario, arrendatario, lo exige el parágrafo del artículo 2° del
ocupante, usufructuario o poseedor de Decreto 2424 de 2006”.
bienes inmuebles en el municipio de
Restrepo, lo cual resulta contrario a lo I.2.2.5. Nulidad de la expresión
dispuesto en el artículo 2° de la Ley 44 de “concesiones viales y peajes 9 SMMLV”
1990, norma que establece la prohibición contenida en el artículo 3º del Acuerdo
de fijar tributos que recaigan sobre los 012 de 2007
avalúos catastrales o sobre el universo de
predios de un municipio. Advirtió que en el artículo 3º del Acuerdo 12
de 2007 se establece la tarifa a pagar por
Adujo que el impuesto de alumbrado las concesiones viales y peajes sobre una
público, tal y como fue autorizado en la Ley base imponible diferente a la fijada para los
97 de 1913 para Bogotá y que luego fuera demás sujetos pasivos, a los cuales,
extendido a los demás municipios del país afirmó, la tarifa se aplica sobre el valor del
a través de la Ley 84 de 1915, era un tributo consumo de energía eléctrica, por lo que, a
que debía recaer sobre la prestación del su juicio, se violan los principios de

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

aquel servicio y no sobre la propiedad de igualdad y equidad consagrados en los
un predio ubicado en el municipio, artículos 13 y 363 de la Constitución
advirtiendo que el propósito de su creación Política.
habría sido recuperar los costos y gastos
en que aquellos entes territoriales Aunado a lo anterior, adujo que la base
incurrieron en su prestación, resaltando impositiva establecida para las
igualmente, con sustento en la Resolución concesiones viales y peajes carece de
N.º 043 de 1995 de la CREG, en la referencia tanto al hecho imponible como a
Sentencia C-035 de 2003 proferida por la la base gravable, situación que genera una
Corte Constitucional y en el Decreto N.º indefinición en la aplicación de la tarifa, en
2424 de 2006, que se trata de un servicio oposición a la certeza jurídica que debe
público no domiciliario. guiar el sistema impositivo, y vulnera el
artículo 338 ibídem. Afirmó que el acuerdo cuestionado
pretende crear una sobretasa al impuesto Sostuvo que, adicionalmente, la tarifa que
predial valiéndose arbitrariamente de la se cobra a las concesiones viales y peajes
autorización conferida por el legislador en no se limita al monto que el Municipio de
los años 1913 y 1915, buscando gravar la Restrepo puede recuperar del usuario por
totalidad del catastro municipal, «[…] el pago del suministro, mantenimiento y
agrupando en grandes categorías a las que expansión del servicio de alumbrado
no escaparía inmueble alguno, toda la público, como lo exige el parágrafo 2º del
propiedad raíz del municipio, y todas las artículo 9º de la Resolución 43 de 1995 de
personas que tengan conexión con dicha la Comisión de Regulación de Energía y
propiedad (incluyendo categorías jurídicas Gas – CREG. Al respecto, puso de
indeterminadas como “ocupantes” o presente que el acuerdo no define un
“usuarios”) […]», añadiendo que la norma parámetro o medición en el que se
«[…] ha establecido como sujetos pasivos evidencien los costos en que incurre el
“empresas que desarrollen cualquier tipo Municipio para prestar el servicio, como
de actividad económica en la jurisdicción punto de referencia para establecer la tarifa
del municipio quienes están obligadas a de los usuarios.
pagar mensualmente la tasa por concepto
del servicio de alumbrado público sea que Agregó que el artículo 3º del acuerdo no
cuente o no con servicio domiciliario de excluye del impuesto de alumbrado público
energía eléctrica” […]». a cargo de las concesiones viajes y peajes
“la iluminación de carreteras que no estén
Desde la anterior perspectiva, afirmó que a cargo del Municipio de Restrepo”, como
«[…] No podía la administración municipal lo exige el parágrafo del artículo 2º del
a través del Acuerdo demandado, disponer Decreto 2424 de 2006 y que la expresión
que el IAP recayera sobre la propiedad, demandada no precisa que la tarifa del
posesión y tenencia de todos los inmuebles impuesto de alumbrado público aplica
del municipio, toda vez que dicha siempre y cuando la concesión vial y el
configuración impositiva desborda la peaje se encuentren dentro del perímetro
potestad tributaria conferida por el urbano y rural del Municipio de Restrepo.
legislador en los años 1913 y 1915, y
vulnera adicionalmente el artículo 2° de la I.2.2.6.

Nulidad del artículo 4° del
Ley 44 de 1990, el artículo 2° del Decreto Acuerdo 012 de 2007
2424 de 2006 y el artículo 1° de la
Resolución CREG 043 […]», concluyendo Finalmente, afirmó que artículo 4º del acto
que la configuración del tributo terminaba administrativo está viciado de nulidad por
por gravar el mismo hecho imponible cuanto autoriza al Alcalde del Municipio de
gravado en el impuesto predial, Restrepo para actualizar la tasa por
contraviniendo de manera expresa y concepto de alumbrado público, autoridad
directa el artículo 2° de la Ley 44 de 1990, que carece de competencia para modificar
la jurisprudencia del Consejo de Estado y o actualizar las tarifas del impuesto, ya que
las disposiciones legales aplicables, según el artículo 338 de la Constitución
incurriendo en una expresa doble Política esa atribución está reservada a los
órganos de representación popular, que

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

tributación sobre la totalidad de bienes son los únicos facultados para definir los
raíces del municipio. elementos estructurales del impuesto […]»

Respecto del tercer cargo, esto es, «[…] EL
ACUERDO DEMANDADO ES ILEGAL
POR ESTABLECER BASES GRAVABLES
Y TARIFAS CONTRARIAS A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA […]» expuso
que el Acuerdo N.º 012 de 2007 fijó las
bases gravables y tarifas del impuesto de
alumbrado público en directa contravención
a las disposiciones constitucionales que
rigen los fines del tributo.

Citó el contenido de los artículos 287 de la
Carta Política, 9° del Decreto N.º 2424 de
2006 y 9° parágrafo 2° de la Resolución
CREG 043 de 1995 para señalar que los
sujetos pasivos del impuesto de alumbrado
público deben ser precisamente quienes
aprovechen este servicio y, por ello:

«[…] mal pueden las disposiciones
impugnadas señalar condiciones diferentes
al mismo, como este caso que se grava el
aprovechamiento de servicios (…) 3.3.1. La
calidad de usuario del servicio público
domiciliario de energía eléctrica como
criterio para determinar el sujeto pasivo del
tributo, así como la base gravable reflejada
en el valor facturado, son raseros
normativos que buscan atar la prestación
del servicio de alumbrado público a la
vinculación con un predio ya sea por su
condición de propietario, poseedor, usuario
o arrendatario, en contravención a las
disposiciones legales y constitucionales
que han sido anteriormente citadas (…)
3.3.2. Al gravar sujetos que desarrollan
actividades que no se traducen en una
circunstancia demostrativa de capacidad
económica relacionada con la prestación
del servicio de alumbrado público, el
Concejo Municipal de Restrepo vulnera las
normas que autorizan crear impuestos,
olvidando que los entes Municipales, deben
sujetarse a las leyes que los autorizan crear
impuestos, olvidando que los entes
Municipales, deben sujetarse a las leyes
que los autorizan para el efecto (Art. 313,
numeral 4 de la C.P.), junto con el artículo
338 anteriormente mencionado […]»

Adujo, adicionalmente, que la base
gravable y las tarifas establecidas en el
acuerdo enjuiciado son inadecuadas y
contrarias a la naturaleza del tributo, puesto

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

que no están ligadas al hecho imponible,
esto es, el servicio de alumbrado público.

Resaltó que, si bien la Ley 97 de 1913 no
estableció reglas sobre los elementos
básicos del tributo, las bases de cálculo de
la base gravable deberían ser compatibles
con la naturaleza del mismo y estar ligadas
al hecho imponible, de acuerdo con el
artículo 338 de la Carta Política, afirmando
que:

«[…] 3.4.1. El Acuerdo Municipal establece
que la base gravable está constituida por el
consumo de energía. Es evidente entonces
que los sujetos pasivos, la base gravable y
las tarifas del IAP, tal y como han sido
diseñados en la norma que se demanda,
carecen de relación alguna con la
prestación efectiva de dicho servicio de
alumbrado público (…) 3.4.2. En el caso
bajo estudio, la determinación de la
facturación del servicio domiciliario de
energía eléctrica no ostenta ningún punto
de contacto con la prestación del servicio
no domiciliario de alumbrado público (…)
3.4.3. Mucho más crítica es la situación con
aquellos sectores de la economía cuyas
tarifas han sido adjudicadas ad valorem, sin
reflexión alguna de los hechos
demostradores de capacidad económica
que pudieran analizarse, ni relación,
siquiera remota, con el efectivo disfrute del
alumbrado público (…) En conclusión, la
carencia de relación directa entre la
prestación del servicio de alumbrado
público, y el cobro del impuesto de
alumbrado es incompatible con el
ordenamiento vigente, en tanto la
Constitución Política, las disposiciones que
regulan la prestación, financiación y
expansión del servicio de alumbrado
público, como la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, son
completamente claras al exigirle a la
Administración que: (i) sólo cobre el
impuesto, cuando haya prestación efectiva
del servicio de alumbrado público y, (ii) sólo
recaude lo necesario para el
funcionamiento y prestación de dicho
alumbrado público […]»

69. De la comparación expuesta con anterioridad se tiene que ambos procesos
coinciden en las pretensiones de nulidad frente a los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo
N.º 012 de 2007; asimismo, existe coincidencia en torno a que se consideraron

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

violados los artículos 313 y 338 de la Carta Política, 1° de la Ley 97 de 1913, 2° del
Decreto 2424 de 2006 y la Resolución N.º 043 de 1995 expedida por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas.

70. Sin embargo, no se evidencia tal similitud en cuanto al concepto de violación de
tales normas puesto que en aquel proceso se cuestiona el acto administrativo por:
(i) crear una tasa de alumbrado público cuando lo previsto legalmente es un
impuesto; (ii) establecer tarifas a través de las cuales el municipio recupera de los
usuarios más de lo que pagan por el suministro, mantenimiento y expansión del
servicio; (ii) no excluir la iluminación de carreteras que no estén a cargo del
Municipio de Restrepo; (iv) incluir en el cobro del tributo a quienes no reciben el
servicio de energía eléctrica en el municipio; (v) establecer a los patrimonios
autónomos como sujetos pasivos del tributos pese a que de ellos no puede
predicarse residencia o domicilio; y, (vi) establecer una tarifa para concesiones
viales y peajes sobre base distinta a la de los demás sujetos pasivos, carecer tales
tarifas de referencia y no limitarse su monto a lo que puede recuperar al monto que
el municipio de Restrepo puede recuperar del usuario por el pago del suministro,
mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público, los cuales son
distintos de los cargos esgrimidos en esta controversia.

71. Cabe advertir que, si bien en este proceso se cuestiona que los patrimonios
autónomos puedan ser considerados como sujetos pasivos del tributo de alumbrado
público, también lo es que tal inconformidad radica en que el actor considera que
se transgredió la Ley 1430 de 2010, la cual prevé que el gravamen pese sobre las
personas que conforman dichas formas asociativas y no sobre aquellas, cargo
distinto del que se resolvió en dicho proceso consistente en que de los patrimonios
autónomos no puede predicarse residencia o domicilio.

72. Por tales razones, la sentencia de 26 de junio de 2020 proferida dentro de la
acción de nulidad identificada con el radicado 50001 23 31 000 2010 00543 01 y en
la que se decidió confirmar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia desestimatorio ─parcialmente─ de las pretensiones de la
demanda, no tiene efectos de cosa juzgada en relación con este proceso en la
medida en que se funda en una causa petendi distinta.

73. Para el caso del expediente N.º 50001 23 31 000 2008 00267 01, se reitera,
resulta irrelevante la identidad jurídica de partes y en lo que a la identidad en el
objeto y la causa de la presente controversia con aquella ventilada en el expediente
citado se trata, se tiene que:

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Expediente N.º 2012 00018 01 Expediente N.º 2008 00267 01

«[…] DECLARAR la nulidad de los artículos «[…] La ciudadana Clara María González
1°, 2° y 3° del Acuerdo Municipal 012 de Zabala, actuando en ejercicio de la acción
2007 con fundamento en lo dispuesto en prevista en el artículo 84 del C.C.A.,
las motivaciones detalladas, o en los vicios demandó la nulidad del Acuerdo No. 012
adicionales que el Tribunal pudiera del 31 de mayo de 2007, expedido por el
identificar […]» Concejo Municipal de Restrepo, cuyo texto
es el siguiente: […]»

74. En la sentencia de 5 de marzo de 2015, igualmente, se sintetizaron las normas
violadas y el concepto de la violación, en la siguiente forma:

NORMAS VIOLADAS
Expediente N.º 2012 00018 01 Expediente N.º 2010 00267 01

La parte demandante estimó como «[…] Violación de los artículos 1, 13, 313,
desconocidos los artículos 150 numeral 333 y 338 de la Constitución Política: […]»
12°, 287, 313 y 338 de la Carta Política; 1°
de la Ley 97 de 1913; 171 de la Ley 4ª de
1913; 32 de la Ley 136 de 1994; 2 de la Ley
44 de 1990; 2° del Decreto N.º 2424 de
2006; y, 1° de la Resolución N.º 043 de
1995 expedida por la Comisión de
Regulación Energía y Gas ─en adelante
CREG─.

EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Expediente N.º 2012 00018 01 Expediente N.º 2010 00267 01

Frente al primer cargo, esto es, «[…] EL «[…] Facultad impositiva de las entidades
CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO territoriales
DESBORDÓ SUS COMPETENCIAS AL
ESTABLECER UN HECHO GENERADOR El artículo 313 de la Constitución Política
MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO determinó que la potestad tributaria de los
EN LAS LEYES 97 DE 1913 Y 84 DE 1915. municipios debe ejercerse de conformidad
EN CONSECUENCIA, LOS DEMÁS con la ley. Por tanto, esos entes territoriales
ELEMENTOS DEL TRIBUTO DEVIENEN no tienen total autonomía para establecer
ILEGALES, EN CUANTO SE los tributos.
CONFIGURARON SOBRE UN HECHO
GENERADOR MATERIAL ILEGAL. EL De acuerdo con la jurisprudencia
ACUERDO DEMANDADO VIOLÓ EL constitucional y administrativa, las
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA ordenanzas y acuerdos que adopten
TRIBUTARIA, POR CONFIGURAR UN impuestos, tasas y contribuciones, deben
IMPUESTO POR FUERA DEL MARCO respetar los marcos establecidos por el
LEGALMENTE ESTABLECIDO […]», legislador, quien es la autoridad
señaló que el acuerdo acusado estableció competente para crear y autorizar los
un hecho generador abiertamente contrario tributos.
a las leyes 84 de 1915 y 97 de 1913, las
cuales habilitaron a los municipios a Las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que
establecer un impuesto al alumbrado autorizaron a los municipios para crear el
público. impuesto de alumbrado público, son

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

inaplicables por cuanto no precisaron los
Luego de hacer referencia a los artículos elementos del tributo ni establecieron los
150 numeral 12°, 313 numeral 4° y 338 de parámetros que permitieran determinarlos.
la Carta Política y al artículo 32 numeral 7°
de la Ley 136, así como a las sentencias de El Consejo de Estado ha señalado, de
17 de agosto de 2006, 10 de marzo de 2011 manera reiterada, que ante la inexistencia
y 19 de mayo de 2011, proferidas por el de una norma superior que consagre los
Consejo de Estado ─las cuales no se lineamientos de la obligación tributaria, los
identificaron con el número de radicación─, entes territoriales no pueden regular los
y a la sentencia C-035 de 2009 de la Corte tributos.
Constitucional, afirmó que el acuerdo
cuestionado incurrió en vicio de ilegalidad Por consiguiente, el concejo municipal de
puesto que estableció un gravamen sobre Restrepo no tenía competencia para
la propiedad, posesión o uso de inmuebles regular, mediante el Acuerdo No. 12 de
en el municipio de Restrepo, lo cual no 2007, los elementos esenciales del
guarda relación con el hecho generador del impuesto de alumbrado público.
impuesto de alumbrado público establecido
en la ley, siendo este, de acuerdo con la Falta de determinación de la base gravable
decisión de 10 de marzo de 2011 de esta del tributo
Corporación que interpretó las normas
aplicables a este tributo, el ser usuario El artículo 3º del Acuerdo No. 12 de 2007
potencial receptor del servicio. no consagró la base gravable para los
sujetos pasivos entidades financieras, no
Insistió en que el concejo municipal de regulados y autogeneradores,
Restrepo transformó los sujetos pasivos, la subestaciones de energía eléctrica, líneas
base gravable y las tarifas que podían serle de transmisión eléctrica, antenas de
razonablemente adjudicados al impuesto telefonía, oleoductos y gasoductos,
de alumbrado público estableciendo como concesiones viales y peajes, y lotes
sujetos pasivos del pago de este tributo al urbanos, omisión que constituye una
propietario, arrendatario, ocupante, violación del artículo 338 de la Constitución
usufructuario o usuario del bien inmueble Política.
cuando disposiciones de tal naturaleza han
sido expresamente prohibidas por la La mencionada norma no estableció la
jurisdicción contencioso-administrativa. dimensión o cuantificación de los hechos
gravados para las mencionadas
Añadió que el consumo de energía categorías, lo que imposibilita el cálculo del
eléctrica, que para este caso constituye la impuesto.
base gravable del impuesto de alumbrado
público, no corresponde a la magnitud o El Consejo de Estado ha señalado la
medición de un hecho generador tal y como diferencia entre la base gravable y el hecho
se encuentra descrito en el artículo 2° generador, y la necesidad de consagrar
inciso 4° del acuerdo acusado y, además, esos elementos en la norma que crea o
mencionó que el artículo 2° inciso 2° del autoriza los tributos.
acto administrativo cuestionado desconoce
el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, al Violación al principio de igualdad y a la
establecer como sujetos pasivos del tributo libertad de empresa
a los patrimonios autónomos, puesto que
aquella normas prevé que los sujetos El artículo 3º del Acuerdo 12 de 2007 violó
pasivos de los tributos departamentales y el derecho a la igualdad al excluir del
municipales serán: impuesto de alumbrado público, sin
fundamento jurídico alguno, a sujetos que
«[…] las personas naturales, jurídicas, desarrollan actividades similares a las
sociedades de hecho, y aquellas en gravadas.
quienes se realicen el hecho gravado, a
través de consorcios, uniones temporales, El citado artículo gravó a las líneas de
patrimonios autónomos en quienes se transmisión eléctrica, pero excluyó del
figure el hecho generador del impuesto. En gravamen a las actividades de distribución

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

esa medida, la norma dispone el y comercialización de energía eléctrica, a
gravamen de las personas que pesar de que pertenecen al mismo sector.
conforman dichas formas asociativas, y A su vez, gravó a las antenas de telefonía
no de las formas individualmente y, exoneró a las antenas repetidoras de
consideradas […]» –resaltado y televisión, televisión satelital, y televisión
subrayado fuera de texto–. por cable.

En lo que tiene que ver con el segundo Además, impuso el gravamen sobre los
cargo, esto es, «[…] EL ACUERDO ES oleoductos y gasoductos pero no sobre los
ILEGAL AL ESTABLECER QUE SON poliductos, al igual que gravó a las
SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE concesiones viales y excluyó las
ALUMBRADO PÚBLICO LOS concesiones férreas.
PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS,
OCUPANTES, USUFRUCTUARIOS O Tampoco se impuso el tributo sobre las
USUARIOS DE PREDIO(S) EN EL ÁREA actividades de control medio ambiental y
DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, manejo de cuencas públicas o privadas de
PORQUE VULNERA DE MANERA orden regional, de recolección y/o
DIRECTA LOS ARTÍCULOS 2° DE LA LEY disposición final de residuos sólidos, de
44 DE 1990; 1° LITERAL D) DE LA LEY 97 eco-turismo, de explotación maderera y las
DE 1913; 1° LITERAL A) DE LA LEY 84 DE estaciones de servicio.
1915; 2° DEL DECRETO 2424 DE 2003 Y;
1° DE LA RESOLUCIÓN 043 DE 1995 Por esta razón, el criterio para la inclusión
PROFERIDA POR LA CREG (sic) […]», de las actividades que corresponden a los
mencionó que la configuración material del usuarios especiales no tiene fundamento
hecho generador del acuerdo acusado se constitucional ni legal y simplemente
realiza a través de la determinación del corresponde a una decisión caprichosa y
sujeto pasivo. arbitraria del concejo municipal de
Restrepo.
Indicó, en tal sentido, que, en la práctica, el
verbo rector que determinaba la causación Dicha discriminación afecta el mercado y la
del impuesto era el ser la condición de libre empresa, puesto que favorece unos
propietario, usuario, arrendatario, sectores (concesión de vías férreas, las
ocupante, usufructuario o poseedor de actividades de producción o distribución o
bienes inmuebles en el municipio de comercialización de señal de televisión por
Restrepo, lo cual resulta contrario a lo cable, distribución o comercialización de
dispuesto en el artículo 2° de la Ley 44 de energía eléctrica, poliductos, de eco-
1990, norma que establece la prohibición turismo, y de explotación maderera), lo que
de fijar tributos que recaigan sobre los implica una política tributaria poco seria y
avalúos catastrales o sobre el universo de razonable. […]»
predios de un municipio.

Adujo que el impuesto de alumbrado
público, tal y como fue autorizado en la Ley
97 de 1913 para Bogotá y que luego fuera
extendido a los demás municipios del país
a través de la Ley 84 de 1915, era un tributo
que debía recaer sobre la prestación del
aquel servicio y no sobre la propiedad de
un predio ubicado en el municipio,
advirtiendo que el propósito de su creación
habría sido recuperar los costos y gastos
en que aquellos entes territoriales
incurrieron en su prestación, resaltando
igualmente, con sustento en la Resolución
N.º 043 de 1995 de la CREG, en la
Sentencia C-035 de 2003 proferida por la
Corte Constitucional y en el Decreto N.º

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

2424 de 2006, que se trata de un servicio
público no domiciliario.

Afirmó que el acuerdo cuestionado
pretende crear una sobretasa al impuesto
predial valiéndose arbitrariamente de la
autorización conferida por el legislador en
los años 1913 y 1915, buscando gravar la
totalidad del catastro municipal, «[…]
agrupando en grandes categorías a las que
no escaparía inmueble alguno, toda la
propiedad raíz del municipio, y todas las
personas que tengan conexión con dicha
propiedad (incluyendo categorías jurídicas
indeterminadas como “ocupantes” o
“usuarios”) […]», añadiendo que la norma
«[…] ha establecido como sujetos pasivos
“empresas que desarrollen cualquier tipo
de actividad económica en la jurisdicción
del municipio quienes están obligadas a
pagar mensualmente la tasa por concepto
del servicio de alumbrado público sea que
cuente o no con servicio domiciliario de
energía eléctrica” […]».

Desde la anterior perspectiva, afirmó que
«[…] No podía la administración municipal
a través del Acuerdo demandado, disponer
que el IAP recayera sobre la propiedad,
posesión y tenencia de todos los inmuebles
del municipio, toda vez que dicha
configuración impositiva desborda la
potestad tributaria conferida por el
legislador en los años 1913 y 1915, y
vulnera adicionalmente el artículo 2° de la
Ley 44 de 1990, el artículo 2° del Decreto
2424 de 2006 y el artículo 1° de la
Resolución CREG 043 […]», concluyendo
que la configuración del tributo terminaba
por gravar el mismo hecho imponible
gravado en el impuesto predial,
contraviniendo de manera expresa y
directa el artículo 2° de la Ley 44 de 1990,
la jurisprudencia del Consejo de Estado y
las disposiciones legales aplicables,
incurriendo en una expresa doble
tributación sobre la totalidad de bienes
raíces del municipio.

Respecto del tercer cargo, esto es, «[…] EL
ACUERDO DEMANDADO ES ILEGAL
POR ESTABLECER BASES GRAVABLES
Y TARIFAS CONTRARIAS A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA […]» expuso
que el Acuerdo N.º 012 de 2007 fijó las
bases gravables y tarifas del impuesto de
alumbrado público en directa contravención

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

a las disposiciones constitucionales que
rigen los fines del tributo.

Citó el contenido de los artículos 287 de la
Carta Política, 9° del Decreto N.º 2424 de
2006 y 9° parágrafo 2° de la Resolución
CREG 043 de 1995 para señalar que los
sujetos pasivos del impuesto de alumbrado
público deben ser precisamente quienes
aprovechen este servicio y, por ello:

«[…] mal pueden las disposiciones
impugnadas señalar condiciones diferentes
al mismo, como este caso que se grava el
aprovechamiento de servicios (…) 3.3.1. La
calidad de usuario del servicio público
domiciliario de energía eléctrica como
criterio para determinar el sujeto pasivo del
tributo, así como la base gravable reflejada
en el valor facturado, son raseros
normativos que buscan atar la prestación
del servicio de alumbrado público a la
vinculación con un predio ya sea por su
condición de propietario, poseedor, usuario
o arrendatario, en contravención a las
disposiciones legales y constitucionales
que han sido anteriormente citadas (…)
3.3.2. Al gravar sujetos que desarrollan
actividades que no se traducen en una
circunstancia demostrativa de capacidad
económica relacionada con la prestación
del servicio de alumbrado público, el
Concejo Municipal de Restrepo vulnera las
normas que autorizan crear impuestos,
olvidando que los entes Municipales, deben
sujetarse a las leyes que los autorizan crear
impuestos, olvidando que los entes
Municipales, deben sujetarse a las leyes
que los autorizan para el efecto (Art. 313,
numeral 4 de la C.P.), junto con el artículo
338 anteriormente mencionado […]»

Adujo, adicionalmente, que la base
gravable y las tarifas establecidas en el
acuerdo enjuiciado son inadecuadas y
contrarias a la naturaleza del tributo, puesto
que no están ligadas al hecho imponible,
esto es, el servicio de alumbrado público.

Resaltó que, si bien la Ley 97 de 1913 no
estableció reglas sobre los elementos
básicos del tributo, las bases de cálculo de
la base gravable deberían ser compatibles
con la naturaleza del mismo y estar ligadas
al hecho imponible, de acuerdo con el
artículo 338 de la Carta Política, afirmando
que:

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

«[…] 3.4.1. El Acuerdo Municipal establece
que la base gravable está constituida por el
consumo de energía. Es evidente entonces
que los sujetos pasivos, la base gravable y
las tarifas del IAP, tal y como han sido
diseñados en la norma que se demanda,
carecen de relación alguna con la
prestación efectiva de dicho servicio de
alumbrado público (…) 3.4.2. En el caso
bajo estudio, la determinación de la
facturación del servicio domiciliario de
energía eléctrica no ostenta ningún punto
de contacto con la prestación del servicio
no domiciliario de alumbrado público (…)
3.4.3. Mucho más crítica es la situación con
aquellos sectores de la economía cuyas
tarifas han sido adjudicadas ad valorem, sin
reflexión alguna de los hechos
demostradores de capacidad económica
que pudieran analizarse, ni relación,
siquiera remota, con el efectivo disfrute del
alumbrado público (…) En conclusión, la
carencia de relación directa entre la
prestación del servicio de alumbrado
público, y el cobro del impuesto de
alumbrado es incompatible con el
ordenamiento vigente, en tanto la
Constitución Política, las disposiciones que
regulan la prestación, financiación y
expansión del servicio de alumbrado
público, como la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, son
completamente claras al exigirle a la
Administración que: (i) sólo cobre el
impuesto, cuando haya prestación efectiva
del servicio de alumbrado público y, (ii) sólo
recaude lo necesario para el
funcionamiento y prestación de dicho
alumbrado público […]»

75. De la comparación expuesta con anterioridad se tiene que ambos procesos
coinciden en las pretensiones de nulidad frente a los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo
N.º 012 de 2007; asimismo, existe coincidencia en torno a que se consideraron
violados los artículos 313 y 338 de la Carta Política.

76. Sin embargo, no hay similitud en cuanto al concepto de violación puesto que en
aquel proceso se cuestionó tal acto administrativo por (i) fijar ─el ente territorial─,
sin tener potestad para ello, los elementos del tributo; (ii) no establecer la base
gravable para las entidades financieras, no regulados y autogeneradores,
subestaciones de energía eléctrica, líneas de transmisión eléctrica, antenas de
telefonía, oleoductos y gasoductos, concesiones viales y peajes, y lotes urbanos; y,
(iii) excluir del impuesto de alumbrado público, sin fundamento alguno, a sujetos que

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

desarrollan actividades similares a la gravadas, las cuales son distintas de las
juzgadas en este proceso.

77. Por tales razones, la sentencia de 5 de marzo de 2015, proferida dentro de la
acción de nulidad identificada con el radicado 50001 23 31 000 2008 00267 01
(20.766) y en la que se decidió confirmar la sentencia de 17 de septiembre de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que desestimó los cargos de la
demanda, no tiene efectos de cosa juzgada en relación con este proceso en la
medida en que se funda en una causa petendi distinta.

II.3. Problema jurídico

78. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32032 y 32833 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico que se
debe resolver en el presente asunto es determinar si los artículos 1°, 2° y 3° del
Acuerdo N.º 012 de 31 de mayo de 2007, expedido por el concejo municipal de
Restrepo (Meta), vulneraron las normas enunciadas en el concepto de violación y,
en consecuencia, si resulta procedente o no, la revocatoria de la sentencia de 7 de
mayo de 2018, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II.3. El acto administrativo acusado

79. El acto administrativo acusado es el Acuerdo N.º 012 de 31 de mayo de 2007,
mediante el cual «(…) MODIFICAN LAS TARIFAS DE LA TASA PORCENTUAL POR EL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (…)»,
expedido por el concejo municipal de Restrepo (Meta) y cuyo contenido es el
siguiente:

«[…] EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO META (…) En
uso de sus atribuciones Constitucionales (sic) legales y, en especial de las que
le confieren los numerales 1, 3 y 4 del Artículo 313 y 338 de la Constitución
Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, y la Resolución 043 del 23 de
octubre de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas
“CREG”
CONSIDERANDO

32 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
33 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

Que es facultad del Concejo municipal fijar las tarifas de alumbrado público.

Que el alumbrado público es un servicio que consiste en la iluminación de las
vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que se
encuentran a cargo del Municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad
adecuada para el normal desarrollo de las actividades vehiculares y
peatonales, tanto en el perímetro urbano como en el área rural de la
jurisdicción.

Como es de conocimiento de todo, este servicio viene presentando desde hace
varios años, grandes falencias por el deterioro del sistema lo que genera una
prestación casi nula del mismo.

Que el Municipio de alguna u otra manera debe solucionar el problema de
alumbrado público adoptando las acciones necesarias a efecto de prestar de
manera eficiente y eficaz este servicio.

ACUERDA

ARTÍCULO 1°.- Ordenar el cobro del Impuesto de Alumbrado Público a los
usuarios del servicio de energía eléctrica en la jurisdicción del Municipio de
RESTREPO, como también a quienes sin serlo, tenga residencia y/o domicilio
en la misma jurisdicción o desarrollen alguna actividad económica en la
jurisdicción del municipio, con destino a cubrir los gastos e inversiones
necesarias para el suministro, instalación, reposición, operación,
mantenimiento y administración del Servicio de Alumbrado Público.

ARTÍCULO 2°.- Reglamentar la tasa del Servicio de Alumbrado Público
Municipal, bajo los siguientes parámetros:

1. SUJETO ACTIVO: La tasas por concepto del Servicio de Alumbrado Público
es de carácter Municipal (sic), por lo tanto el Municipio es el Sujeto Activo, titular
de los derechos de imposición, liquidación, recaudo y Disposición (sic) de los
recursos correspondientes y que en consecuencia, Puede (sic) celebrar los
contratos o convenios que garanticen una eficaz y eficiente prestación del
servicio y el recaudo de la tasa, con sujeción a la Ley (sic) y a lo regulado en
este Acuerdo.

2. SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos de la tasa por concepto del Servicio
de Alumbrado Público, el contribuyente o responsable de la tasa, persona
natural o jurídica, pública o privada, y sus asimiladas como los patrimonios
autónomos, residentes y/o domiciliados en la jurisdicción del municipio de
Restrepo, beneficiados con el Servicio Comunitario de Alumbrado Público
prestado en la jurisdicción del Municipio (sic), denominado “hecho generador”,
propietario y/o poseedor y/o arrendatario y/o ocupante y/o usufructuario y/o
usuario de bien inmueble, y/o Subestaciones (sic) de Energía Eléctrica y en
general empresas que desarrollen cualquier actividad económica en la
jurisdicción del municipio, quienes están obligadas a pagar mensualmente la
tasa por concepto del servicio de alumbrado público, sea que cuente o no con
servicio domiciliario de energía eléctrica.

3. HECHO GENERADOR: Es el servicio de Alumbrado Público Prestado (sic)
en toda el área de la jurisdicción del Municipio de Restrepo (Meta).

4. BASE GRAVABLE: Se determina una tarifa por usuario, de acuerdo con su
capacidad y actividad económica.

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

Parágrafo Primero: La tasa por concepto del Servicio de Alumbrado Público
(sic), se ajustará cada año en un porcentaje igual al Índice de Precios al
Consumidor (IPC) causado en el año inmediatamente anterior a la vigencia,
fijado por Autoridad Competente.

Parágrafo Segundo: La tasa por concepto del servicio de alumbrado público será liquidada,
facturada, cobrada y recaudada por el agente comercializador del servicio de energía
eléctrica en el Municipio (sic) o de cualquiera otro servicio público domiciliario, para lo cual
la administración y/o la entidad encargada podrán establecer los procedimientos que
garanticen la eficacia del recaudo.

ARTÍCULO 3°. – Fíjense las tarifas del impuesto de Alumbrado Público (sic), de acuerdo
con la siguiente tabla

SECTOR TARIFA MENSUAL
Residencial
Estrato 1 $1.800
Estrato 2 $3.900
Estrato 3 $4.900
Estrato 4 $6.900
Estrato 5 $7.900
Estrato 6 $8.900

COMERCIAL 20% del valor del consumo de
Energía domiciliaria
ENTIDADES FINANCIERAS 1 SMMLV
INDUSTRIAL 23% del valor del consumo de
Energía domiciliaria
OFICIAL 23% del valor del consumo de
Energía domiciliaria
NO REGULADOS Y 6 SMMLV
AUTOREGENERADORES
SUBESTACIONES DE ENERGÍA 9 SMMLV
ELÉCTRICA
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 9 SMMLV
ELÉCTRICA
ANTENAS DE TELEFONÍA 4 SMMLV
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS 9 SMMLV
CONCESIONES VIALES Y PEAJES 9 SMMLV
LOTES URBANOS $100 Pesos por Metro Cuadrado
Anual
SMLMV=Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

[…]»

II.4. El caso concreto

80. LaSala abordará, inicialmente, el primer cargo formulado por el apelante,
consistente en que el concejo municipal de Restrepo violó el principio de legalidad
puesto que el hecho generador del tributo de alumbrado público fijado en el artículo

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

2° numeral 3° del Acuerdo N.º 012 de 2017, es indeterminado, y no tiene sustento
en normas superiores, razón por la que se está creando un elemento estructural de
un tributo sin apoyo en el ordenamiento jurídico, en atención a que deja la
realización del presupuesto económico que da origen a la obligación tributaria en
cabeza del prestador del servicio y no del beneficiario del mismo y, además, porque
la Ley 94 de 1931, en su artículo 17, prohibió el cobro del servicio de alumbrado
público a través de un impuesto independiente, convirtiéndose el tributo de
alumbrado público en un recargo tarifario del impuesto predial pues el hecho
generador y el objeto del recaudo fueron subsumidos precisamente dentro del cobro
de aquel impuesto ─impuesto predial─.

81. Para efectos de resolver, resulta necesaria la referencia a la sentencia de
unificación jurisprudencial de fecha 6 de noviembre de 201934, a través de la cual la
Sección Cuarta de esta Corporación se pronunció respecto de «[…] los elementos
esenciales del impuesto sobre el alumbrado público autorizado por las Leyes 97 de
1913 y 84 de 1915 […]».

82. En la referida sentencia de unificación, en lo que se refiere al hecho generador,
se hizo referencia a las sentencias de 3 de noviembre de 2010, expediente N.º
16.667; 2 de agosto de 2012, expediente N.º 18.562; 7 de mayo de 214, expediente
N.º 19.928; 30 de marzo de 2016, expediente N.º 21.801; y, 21 de febrero de 2019,
expediente N.º 22.721, para fijar la siguiente regla jurisprudencial:

«[…] Regla (ii) El hecho generador del tributo es ser usuario potencial receptor
del servicio de alumbrado público, entendido como toda persona natural o
jurídica que forma parte de una colectividad, porque reside, tiene el domicilio o,
al menos, un establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal, sea
en la zona urbana o rural y que se beneficia de manera directa o indirecta del
servicio de alumbrado público […]»

83. La misma Sección Cuarta de la corporación indicó las fórmulas y referentes
utilizados por las autoridades municipales para determinar los elementos esenciales
del impuesto sobre el alumbrado público, estableciendo, a su vez, las siguientes
subreglas:

«[…] Subregla a. Ser usuario del servicio público domiciliario de energía
eléctrica es un referente válido para determinar los elementos del impuesto
sobre el servicio de alumbrado público, toda vez que tiene relación ínsita con el
hecho generador.

(…)

Subregla b. La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada
jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del

34 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Consejero

ponente: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00826-01(23103) 2019CE-SUJ-4-009. Actor: INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. - ISA E.S.P.

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

impuesto sobre el servicio de alumbrado público, toda vez que tiene relación
ínsita con el hecho generador.

(…)

Subregla c. El impuesto de industria y comercio no es un referente idóneo para
determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público,
pues no tiene relación ínsita con el hecho generador.

(…)

Subregla d. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro
y transporte de recursos naturales no renovables, las empresas propietarias,
poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas
de transmisión de energía eléctrica, las empresas del sector de las
telecomunicaciones, empresas concesionarias que presten servicio de peajes
o que administren vías férreas que tengan activos ubicados o instalados en el
territorio del municipio para desarrollar una actividad económica específica
serán sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público
siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la jurisdicción del
municipio correspondiente y, por ende, sean beneficiarias potenciales del
servicio de alumbrado público.

(…)

Subregla e. Tratándose de empresas que tienen activos en el territorio del
municipio para desarrollar una determinada actividad económica, el municipio
debe acreditar la existencia de establecimiento físico en la respectiva
jurisdicción y con ello la calidad de sujeto pasivo del impuesto sobre el
alumbrado público […]»

84. Cabe resaltar que el acuerdo acusado estableció que el hecho generador del
impuesto de alumbrado público es el servicio de alumbrado público prestado en toda
el área de la jurisdicción del municipio de Restrepo ─artículo 2° numeral 3°─ lo cual
no puede ser entendido como hecho generador del tributo, puesto que no resulta
posible identificar la condición de usuario potencial receptor del servicio de
alumbrado público ─y ello correspondería, como lo indicó la primera instancia, al
hecho imponible─.

85. Sin embargo, tal disposición no puede ser leída de forma aislada como lo hace
el apelante, puesto que, de un lado, el artículo 1° del acuerdo establece que el cobro
del impuesto de alumbrado público se hará a los usuarios del servicio de energía
eléctrica en la jurisdicción del municipio de Restrepo como también a aquellos que,
sin tener la anterior condición, residan o estén domiciliados o desarrollen alguna
actividad económica en la jurisdicción del mismo ente territorial.

86. Asimismo, el artículo 2° en comento, al establecer el sujeto pasivo del tributo,
menciona que son sujetos del tributo las personas naturales y jurídicas ─públicas y
privadas─ y sus asimiladas ─como los patrimonios autónomos─ que se beneficien
del servicio de alumbrado público prestado en la jurisdicción del municipio de
Restrepo; así como los propietarios, poseedores, arrendatarios, ocupantes,
usufructuarios o usuarios de un bien inmueble o de subestaciones de energía

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

eléctrica; y, en general, quienes desarrollen cualquier actividad económica en la
jurisdicción.

87. Las precitadas disposiciones, entonces, permiten determinar las reglas que
identifican a los usuarios potenciales receptores del servicio de alumbrado público,
a saber: i) ser usuario del servicio público domiciliario de energía; ii) ser propietario,
poseedor, tenedor o usuarios de bienes inmuebles; iii) ser propietario, poseedor o
usufructuario de subestaciones de energía eléctrica ─siempre y cuando tenga un
establecimiento físico en la jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende,
sea beneficiario potencial del servicio de alumbrado público─, y iv) ser ejecutor de
actividades económicas en la jurisdicción del municipio de Restrepo ─el municipio
debe acreditar la existencia de establecimiento físico en la respectiva jurisdicción y
con ello la calidad de sujeto pasivo del impuesto sobre alumbrado público─.

88. Talesreglas han sido tenidas como referentes válidos para determinar los
elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público por su relación ínsita
con el hecho generador.

89. Lo expuesto permite afirmar que el acuerdo acusado, contrario a lo afirmado por
el apelante, no estableció de manera indeterminada el hecho generador del tributo.

90. Tampoco puede señalarse que no tenga sustento en normas superiores puesto
que la Carta Política, en sus artículos 287 numeral 3°35, 300 numeral 436 y 313
numeral 437, facultó a las entidades territoriales para que, entre otros asuntos,
decretaran tributos y gastos locales38.

91. El legislador, a través del artículo 1° de la Ley 97 de 191339, autorizó al concejo
municipal de Bogotá a crear, entre otros impuestos y contribuciones, el impuesto
sobre el servicio de alumbrado público, facultad que fue extendida a los demás
concejos municipales, a través del artículo 1° de la Ley 84 de 191540.

35 «ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro

de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (…) 2. Ejercer las
competencias que les correspondan (…) 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones (…)»
36 «ARTICULO 300. <Artículo modificado por el artículo 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. El nuevo texto

es el siguiente:> Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: (…) 4. Decretar,
de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones
departamentales (…)»
37 «ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…) 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los

tributos y los gastos locales (…)».
38 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Consejero

ponente: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 44001-23-33-000-2013-00084-01(21712). Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. Demandado: MUNICIPIO DE RIOHACHA (LA GUAJIRA).
39 «Artículo 1º.-El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá, puede crear libremente los siguientes impuestos

y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente, organizar su cobro y darles el destino que juez fue
más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea
Departamental: (…) d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público (…)».
40 «Artículo 1°. Los Consejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que le confiere el

artículo 169 de la Ley 4ª de 1913: (…) A) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1°

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Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

92. La Corte Constitucional, en la sentencia C-504 de 2002, señaló lo siguiente: «[…]
1. Decláranse EXEQUIBLES los literales d) e i) del artículo 1 de la ley 97 de 1913
por los cargos estudiados, salvo la expresión “y análogas”, que se declara
INEXEQUIBLE […]», bajo los siguientes argumentos:

«[…] Abstracción hecha de esta inconstitucionalidad, en lo que hace a la
autorización para crear los tributos acusados se observa una cabal
correspondencia entre el artículo 1 de la ley 97 de 1913 y los preceptos
constitucionales invocados, esto es, los artículos 313-4 y 338 superiores.
En efecto, tal como lo ha venido entendiendo esta Corporación, el artículo 338
superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden
nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de
legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la
concreción de la autonomía de las entidades territoriales. Ese precepto
entraña una escala de competencias que en forma directamente
proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de
la República, a las asambleas departamentales y a los concejos
municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En
consonancia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de
las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo
dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuanto ésta no
vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los
departamentos, municipios y distritos. Por lo mismo, la ley que cree o
autorice la creación de un tributo territorial debe gozar de una precisión
tal que acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal
territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las
cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo.

Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva
para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo
atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar
la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus
elementos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo, al propio tiempo
que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los
demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía
fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir,
en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no
puede establecerlo todo.
Bajo este esquema conceptual y jurídico –y deslindando la mencionada
inexequibilidad- los literales combatidos exhiben las notas distintivas de la
legalidad constitucional, toda vez que en conexidad con el inciso que los
precede, le señalan al Concejo de Bogotá un marco de acción impositiva
sin hacerle concesiones a la indeterminación ni a la violación de la
autonomía territorial que asiste al hoy Distrito Capital. Al respecto nótese
cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos
pasivos –empresas de luz eléctrica y de gas-, y los hechos gravables,
dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás
sujetos pasivos y de las tarifas. Es decir, en armonía con los artículos 338
y 313-4 de la Constitución Política, que a las claras facultan a las
asambleas y concejos para votar los tributos de su jurisdicción bajo la
concurrencia del ordenamiento superior y de la ley, los segmentos
acusados guardan –con la salvedad vista- la consonancia constitucional

de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las Asambleas
Departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo a dichas atribuciones (…)».

40

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

exigida a la ley en materia de tributos territoriales. Por lo demás, en gracia
de discusión podría anotarse que si bien al amparo del anterior ordenamiento
constitucional los literales demandados pudieron entrañar algún vicio de
inconstitucionalidad, es lo cierto que en términos de la actual Constitución
Política tales literales destacan por su exequibilidad, con la salvedad expresada
[…]» (negrillas fuera del texto)

93. Se debe anotar, desde la perspectiva anterior, que no le asiste razón al apelante
al considerar que la Ley 94 de 1931 ─artículo 1741─ extinguió el impuesto de
alumbrado público como impuesto autónomo y, por ello, dejó de tener basamento
legal, pues como lo indicó la Corte Constitucional, en la Sentencia C-517 de 2007,
al inhibirse de proferir decisión de fondo en relación con tal artículo42, aquella
disposición fue derogada por la Ley 44 de 1990, así:

«[…] 2.1.2.4. Derogaciones basadas en el literal d) del artículo 1 de la Ley
44 de 1990

(…)

Respecto de los denominados impuesto de parques y arborización e impuesto
de estratificación socioeconómica cabe anotar que resulta más clara la
derogación de las disposiciones referentes a ellos, pues la Ley 44 de 1990
previó una tarifa única para el impuesto predial, cuestión que, de igual manera,
explica la derogación de los artículos que regulaban la llamada sobretasa de
levantamiento catastral, así como el artículo 17 de la Ley 94 de 1931 que
autorizaba al Concejo de Bogotá para gravar la propiedad raíz con una tarifa
que comprendía el valor de los servicios de aseo, alumbrado y vigilancia […]»

94. Ahora bien, el apelante, al desarrollar el segundo cargo indicó que el concejo
municipal de Restrepo desbordó la potestad tributaria prevista en las leyes 97 de
1913 y 84 de 1915, y trasgredió el artículo 2° de la Ley 44 de 1990, norma que
prohíbe establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo cobro
se efectúe sobre el universo de predio del municipio, salvo el impuesto predial,
puesto que señaló como sujeto pasivo del tributo a quien sea usufructuario,
arrendador o poseedor de un bien, olvidando que este tributo recae sobre el servicio
de alumbrado público y que, en esa medida, debe existir un usuario potencial del
mismo, careciendo de sustento legal lo señalado por la primera instancia según la
cual la noción de usuario potencial deviene de una interpretación integral del acto
administrativo acusado.

95. Para desatar la acusación se debe reiterar el contenido de la Sentencia de 6 de
noviembre de 201943, a través de la cual la Sección Cuarta de esta Corporación
emitió sentencia de unificación jurisprudencial respecto de «[…] los elementos

41 «Artículo 17. Autorícese al Concejo Municipal de Bogotá para gravar la propiedad raíz urbana que quede

dentro de sus límites hasta con un cinco por mil sobre el avalúo catastral, impuesto dentro del cual queda
comprendido el valor de los servicios de aseo, alumbrado y vigilancia».
42 «Primero. INHIBIRSE de proferir decisión de fondo, por carencia actual de objeto, respecto de las siguientes

disposiciones: (…) -El artículo 17 de la Ley 94 de 1931 (…)».
43 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Consejero

ponente: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00826-01(23103) 2019CE-SUJ-4-009. Actor: INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. - ISA E.S.P.

41

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

esenciales del impuesto sobre el alumbrado público autorizado por las Leyes 97 de
1913 y 84 de 1915 […]».

96. La decisión judicial se refirió a las fórmulas o referentes empleados por las
autoridades municipales para determinar los elementos esenciales del citado
impuesto y estimó, en la subregla b. que «[…] La propiedad, posesión, tenencia o
uso de predios en determinada jurisdicción municipal es un referente idóneo para
determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado
público, toda vez que tiene relación ínsita con el hecho generador […]», luego de
citar apartes de las sentencias de 6 de junio de 201144, 2 de agosto de 201245, 15
de noviembre de 201246, 10 de abril de 2014, 19 de febrero de 2015, 30 de julio de
201547 y de 8 de octubre de 201548, decisiones judiciales que con anterioridad se
pronunciaron en relación con tal aspecto.

97. La Sección Cuarta de esta corporación ya ha tenido oportunidad de analizar un
cargo similar relativo a la violación de la prohibición de gravar la propiedad

44 «(…) Frente al parámetro de la propiedad de inmuebles, en sentencia de 6 de junio de 2011, exp. 17102, C.P.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, la Sala anotó lo siguiente: (…) “…dado que el servicio domiciliario de
energía eléctrica está asociado de manera inescindible con el inmueble donde se presta el servicio de energía,
es razonable referir el servicio de alumbrado público a la propiedad privada” (…)».
45 «(…) En la sentencia de 2 de agosto de 2012, exp. 18562, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sala

sostuvo lo siguiente: (…) “La propiedad o tenencia de un bien inmueble en el área geográfica del municipio no
constituye hecho generador del impuesto de alumbrado público, pues las redes físicas que proporcionan el
servicio de alumbrado público no llegan a puntos terminales de las viviendas, sino directamente a las vías
públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación, que no se encuentran a cargo de ninguna
persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar
la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales […] (…)
Y, agregó: (…) “… porque la propiedad de bienes inmuebles escapa al objeto imponible del impuesto, máxime
cuando, como hecho aislado, es elemento característico de la concentración del ingreso y, en tal condición,
genera el impuesto predial, de carácter real, independientemente de las condiciones personales de los
contribuyentes45. Por lo anterior, el gravamen de la propiedad por impuesto sobre el servicio de alumbrado
público bien podría implicar doble tributación”45 (…) Frente a este criterio, el Magistrado Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas salvó su voto al considerar que “la posesión o propiedad sobre un bien inmueble es un
referente pertinente y razonable que se puede tener en cuenta para tasar el impuesto de servicio de alumbrado
público. Lo impertinente es que tome como base el impuesto predial” (…)». La sentencia de unificación indica
que este criterio fue reiterado «(…) en sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 18141, C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez (…)».
46 «(…) Luego, en sentencia de 15 de noviembre de 2012, exp. 18107, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas,

se rectificó la posición jurisprudencial en relación con la posesión o propiedad de los inmuebles y se precisó
que “los propietarios, poseedores o arrendatarios de bienes inmuebles en el municipio […] representan una
forma concreta de uso potencial del servicio de alumbrado público, pues, a fin de cuentas, también son usuarios
potenciales de ese servicio en la medida en que se benefician de la iluminación de los predios de los que son
poseedores o tenedores”46 (…)». La sentencia de unificación indica que este criterio fue reiterado «(…) en la
sentencia de 15 de noviembre de 2012, exp. 18440, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (…)».
47 «(…) Posteriormente, la Sección puntualizó que “la propiedad, posesión, tenencia o uso de predios […] son

referentes idóneos para establecer la ocurrencia del hecho generador, toda vez que son hechos indicadores,
precisamente, de la potencialidad que tienen de ser usuarios del servicio de alumbrado público en ese
municipio”47 (…)». La sentencia de unificación indica que este criterio fue recogido en «(…) Sentencia de 10 de
abril de 2014, exp. 20462, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 19 de febrero de 2015, exp. 20148, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia de 30 de julio de 2015, exp. 20418, C.P. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez (…)» a las cuales se hizo referencia.
48 «(…) En sentencia de 8 de octubre de 2015, exp. 21219, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, se

consideró lo siguiente: (…) “Esa condición de propietarios, poseedores o tenedores no vulnera los artículos 2º
de la Ley 44 de 1990, 1º de la Resolución 043 de la CREG, 32 numeral 7 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto
2424 de 2003, pues no son más que indicadores de la potencialidad de ser usuario del servicio. La propiedad
de predio o predios, la posesión, uso o tenencia de los mismos […] en el territorio municipal son, en efecto,
manifestaciones del uso del servicio de alumbrado público, lo que no riñe con la esencia y naturaleza del
impuesto de alumbrado público (…)».

42

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

inmobiliaria con tributos distintos del impuesto predial prevista en el artículo 2° de la
Ley 44 de 1990, cuando en sentencia de 23 de julio de 2015, argumentó lo siguiente:

«[…] Al respecto, la Sala reitera que el objeto imponible, definido por el
legislador, es la prestación del servicio de alumbrado público; además, que la
propiedad, posesión, tenencia o uso de predios y el desarrollo de actividades
comerciales en esa jurisdicción son referentes idóneos para establecer la
ocurrencia del hecho generador, toda vez que son hechos indicadores,
precisamente, de la potencialidad que tienen de ser usuarios del servicio de
alumbrado público en ese municipio49.

Si bien, al definir el hecho gravado, la autoridad territorial hace referencia
a la propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en esa jurisdicción,
de manera alguna implica que esté imponiendo un gravamen adicional a
los inmuebles o predios ubicados en ese municipio pues, como se
advirtió, es solo un criterio para identificarlos como usuarios potenciales
del servicio de alumbrado público, es decir, como sujetos pasivos del
tributo; además, no grava el vínculo jurídico que tiene el titular del derecho
con el inmueble sino a la persona como “usuario potencial” del servicio
de alumbrado público […]»50 (negrillas fuera del texto)

98. Posteriormente, en sentencia de 8 de octubre de 2015, la misma Sección Cuarta
destacó lo siguiente:

«[…] Frente a los cargos de nulidad que tienen que ver con los artículos 2º de
la Ley 44 de 1990, 1º de la Resolución 043 de la CREG, 32 numeral 7 de la Ley
136 de 1994 y el Decreto 2424 de 2003, la Sala advierte que no fueron
analizados en la sentencia del 11 de julio de 2013, razón por lo cual procede a
hacerlo.

El artículo 2º de la Ley 44 de 1990 establece que el impuesto predial unificado
es un impuesto del orden municipal; que la administración, recaudo y control
corresponde a los municipios y que estos no podrán establecer tributos cuya
base gravable sea el avalúo catastral y cuyo cobro se efectúe sobre el universo
de predios del municipio, salvo el Impuesto Predial Unificado a que se refiere
esta ley.

Conforme con lo antes expuesto, el hecho generador del impuesto predial
unificado está constituido por la propiedad o posesión que se ejerza sobre un
bien inmueble, en cabeza de quien detente el título de propietario o poseedor
de dicho bien, quienes, a su vez, tienen la obligación, según corresponda, de
declarar y pagar el impuesto.

A diferencia de lo anterior, en el impuesto que se analiza el objeto
imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo
genera es el ser usuario potencial51 receptor de ese servicio.

Es decir, en el impuesto predial se grava la propiedad o posesión que se
ostente sobre un bien inmueble, en tanto que en el impuesto de alumbrado
público se grava el ser usuario del servicio de alumbrado público en el

49 Sentencia del 19 de febrero de 2015, Exp. 20148, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
50 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero

ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil quince
(2015). Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00553-01(21216). Actor: COLOMBIA MOVIL S.A. ESP.
51 “DRAE. DEFINICIÓN DE POTENCIAL 4. adj. Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.”

43

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

municipio, circunstancia que permite afirmar que no existe identidad entre
estos dos tributos.

(…)

La Sala reitera que el hecho generador, en el impuesto de alumbrado público,
lo constituye el ser usuario potencial del servicio. Así en el acuerdo demandado
no se observa contradicción pues señala que el hecho generador del impuesto
lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio y
la propiedad, posesión o tenencia de predios en el área geográfica del municipio
de Sahagún.

Esa condición de propietarios, poseedores o tenedores no vulnera los
artículos 2º de la Ley 44 de 1990, 1º de la Resolución 043 de la CREG, 32
numeral 7 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 2424 de 2003, pues no son
más que indicadores de la potencialidad de ser usuario del servicio. La
propiedad de predio o predios, la posesión, uso o tenencia de los mismos,
y el desarrollo de actividades en el territorio municipal son, en efecto,
manifestaciones del uso del servicio de alumbrado público, lo que no riñe
con la esencia y naturaleza del impuesto de alumbrado público […]»52
(negrillas fuera del texto)

99. De esta manera, la decisión consistente en establecer como hecho generador
del tributo de alumbrado público la propiedad, posesión, tenencia o uso sobre un
inmueble, ciertamente no implica desconocer la prohibición contenida en el artículo
2° de la Ley 44 de 1990, a lo que se debe agregar que, cómo se advirtió líneas atrás,
el hecho generador del impuesto es ser usuario receptor del servicio de alumbrado
público, entendiendo que los propietarios, poseedores o arrendatarios de bienes
inmuebles en el municipio «[…] representan una forma concreta de uso potencial
del servicio de alumbrado público, pues, a fin de cuentas, también son usuarios
potenciales de ese servicio en la medida en que se benefician de la iluminación de
los predios de los que son poseedores o tenedores […]»53.

100. La parte apelante, en tercer lugar, afirmó que la expedición del Acuerdo N.º 012
de 2007 generó una ostensible violación de la ley y la jurisprudencia, «[…] en tanto
sin contar con un establecimiento y ser usuario potencial del servicio (como ocurre
con los patrimonios autónomos) o peor aún sin que el mismo sea prestado; podría
una persona natural o jurídica (o sin personalidad jurídica) ser sujeto pasivo de este
tributo indeterminado en Restrepo (Meta) […]».

101. La Sala encuentra de utilidad, para efectos de desatar el mencionado cargo,
aludir a la sentencia precitada 26 de junio de 2020 en la que, aunque no se abordó
el mismo motivo de inconformidad que aquí se desata, si se consignaron distintas
reflexiones en torno a los patrimonios autónomos como sujetos pasivos del
impuesto sobre el alumbrado público, las cuales son del siguiente tenor:

52 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero

ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ. Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil quince
(2015). Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00555-01(21219). Actor: COLOMBIA MOVIL S.A. ESP.
53 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. Consejero

ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil doce
(2012). Radicación número: 70001-23-31-000-2006-00890-03(18107). Actor: PROMIGAS S.A. E.S.P.

44

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

«[…] esta Sala advierte que la tenencia de bienes fideicomitidos para el
cumplimiento del objeto del negocio fiduciario, ubicados dentro de la
circunscripción territorial del municipio, puede dar lugar a la configuración
del hecho generador, como elemento esencial del impuesto sobre el servicio de
alumbrado público, toda vez que, valga reiterar, este lo constituye ser usuario
potencial receptor de ese servicio, como se precisó líneas atrás.

Lo anterior, sin perjuicio de que los patrimonios autónomos se puedan
encuadrar, además, en otro u otros de los referentes idóneos para
considerarse como sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público.

En este contexto, la Sala encuentra que los patrimonios autónomos
pueden ser sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el
entendido de que administran bienes respecto de los cuales se configura
el hecho generador, sin que por ello se encuentre vulneración de alguna
disposición superior.

Por el contrario, como lo ha manifestado esta Corporación bajo la premisa de
que el hecho generador del impuesto de alumbrado público es ser usuario
potencial receptor del servicio de alumbrado público, el hecho de que
potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo justifica que
ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo54.

Ahora bien, los responsables por las obligaciones formales y sustanciales del
impuesto serán los fideicomitentes y/o beneficiarios, ello de conformidad con el
contrato de fiducia mercantil.

Cabe resaltar que la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se dictan normas
tributarias de control y para la competitividad, en el artículo 54 dispuso que
“[s]on sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales,
las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes
se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales,
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del
impuesto55 […]” (negritas de la Sala), disposición reproducida por el artículo
177 de la Ley 1607 de 201256 (…) […]» (negrillas fuera del texto)

102. De conformidad con lo expuesto, no existe violación de la ley o de la
jurisprudencia puesto que los patrimonios autónomos, a través de la administración
de bienes en el respectivo municipio y frente a los cuales se configure el hecho
generador del tributo de alumbrado público ─siguiendo las reglas que permiten
identificar a los usuarios potenciales receptores del servicio de alumbrado público
fijadas en la sentencia de unificación de fecha 6 de noviembre de 201957─, podrían
ser tenidos como sujetos pasivos del mismo.

54 Ut supra. Radicado: 54001-23-31-000-2004-01079-00 (16667).
55 ARTÍCULO 54. SUJETOS PASIVOS DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES. […] PARÁGRAFO 2o. Frente

al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son
responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos
pasivos. En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la obligación de
declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o partícipes de los consorcios, uniones temporales, lo será
el representante de la forma contractual. Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad Tributaria respectiva
de señalar agentes de retención frente a tales ingresos […]” (resaltado fuera del texto).
56 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
57 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Consejero

ponente: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00826-01(23103) 2019CE-SUJ-4-009. Actor: INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. - ISA E.S.P.

45

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

103. La parte actora, como quinto cargo, señaló que el Acuerdo N.º 012 de 2017
gravó a los sujetos pasivos sin tener en cuenta su capacidad contributiva y
potencialidad de recibir el servicio; agregó que la base gravable y las tarifas allí
señaladas son contrarias a la naturaleza misma del tributo puesto que deberían
estar ligadas a la base imponible de este; y, adicionalmente, anotó que las tarifas
establecidas violaron el artículo 338 de la Carta Política puesto que no están
soportadas en métodos razonables y justificados ni son el resultado de análisis
técnicos de costos y beneficios.

104. Al respecto, la sentencia de 26 de junio de 2020 58, proferida por esta Sección,
se refirió a tales elementos del impuesto sobre el alumbrado público, así:

«[…] La base gravable del impuesto ha sido definida como el aspecto
cuantitativo del hecho gravado, descriptor de un parámetro a través del cual
puede expresarse la magnitud de aquél en valores económicos que deben ser
establecidos por procedimientos especiales para cada caso59.

Sobre la base gravable se aplica la tarifa, como elemento que permite calcular
el valor con el que el sujeto pasivo debe contribuir al pago del impuesto para el
financiamiento de las cargas públicas. En términos generales, ese factor de
medición de la base gravable o, si se quiere, de liquidación particular, puede ser
fijo o variable, ya sea que se exprese en una determinada suma de dinero, o
que se comprenda entre un máximo y un mínimo ajustado a la magnitud de la
base gravable, y puede expresarse en porcentajes fijos, proporcionales (el
tributo crece en forma proporcional al incremento de la base) o progresivos
(aumenta en la medida en que se incrementa la base gravable)60.

En la práctica, la determinación de los costos reales del servicio y la
redistribución entre los potenciales usuarios no es uniforme, dadas las
dificultades que conlleva esa tarea por las particulares condiciones de las
entidades territoriales61. Por ello, el Gobierno Nacional facultó a la Comisión de
Regulación de Energía y Gas para establecer una metodología para la
determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o
distritos para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los
activos vinculados al sistema de alumbrado público, en virtud de lo cual esa
entidad dipuso que “[e]l municipio no podría recuperar más de los usuarios que
lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento” (parágrafo
2º del artículo 9º de la Resolución CREG 043 de 1995).

Así, en el impuesto de alumbrado público la tarifa debe reflejar el costo real de
la prestación del servicio y para su cálculo las entidades territoriales pueden
acudir a distintos métodos, a los cuales se refirió con suficiencia el a quo […]»

58 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte
(2020). Radicación número: 50001-23-31-000-2010-00543-01. Actor: ALBA LUCÍA OROZCO.
59 BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Tercera Edición. Cuarta

Reimpresión 2009. Editorial Legis. Págs. 262-263-269.
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 5 de marzo de

2015. Radicado: 50001-23-31-000-2008-00267-01(20766). M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Actor: Clara
María González Zabala.
61 Ut supra. Radicado: 54001-23-31-000-2004-01079-00 (16667).

46

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

105. La sentencia de unificación de 6 de noviembre de 2019 62, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación resaltó, en lo que se refiere a la base gravable
del impuesto sobre el alumbrado público, que «[…] puede ser fija o variable, ya sea
que se exprese en una determinada suma de dinero, o que se comprenda entre un
máximo y un mínimo ajustado a la magnitud de la base gravable63 […]», fijando para
el efecto las siguientes subreglas:

«[…] Subregla f. El consumo de energía eléctrica es un referente idóneo para
determinar la base gravable de sujetos pasivos que tienen la condición de
usuario regulado del servicio público de energía eléctrica.

Subregla g. La capacidad instalada es un parámetro válido para determinar la
base gravable de las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de
subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía
eléctrica.

Subregla h. En los asuntos particulares, en que el sujeto pasivo encuadra en
varias hipótesis para tenerlo como tal, solo está obligado a pagar el impuesto
por una sola condición […]»

106. En lo que se refiere a las tarifas del tributo, esta última decisión judicial indicó lo
siguiente:

«[…] Frente a este elemento, la Sala ha considerado que las tarifas pueden
expresarse en porcentajes fijos, proporcionales, o progresivos.

En todo caso, las tarifas deben ser razonables y proporcionales con respecto al
costo de la prestación de este servicio a la comunidad. Costo que debe
determinarse de conformidad con la metodología establecida por la CREG para
la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o
distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como el uso de los
activos vinculados al sistema de alumbrado público. La determinación de los
costos reales del servicio y la redistribución entre los potenciales usuarios, en
la práctica no es uniforme, dadas las dificultades que conlleva esa tarea por las
particulares condiciones de las entidades territoriales y, por ello pueden acudir
a distintos métodos razonables para calcular las tarifas64.

Al regular el recaudo, en la Resolución 043 de 1995, la CREG prevé una
limitación al señalar que “El municipio no podría recuperar más de los usuarios
que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento”65.

En cuanto a las tarifas, vale recordar que en el impuesto de alumbrado público
la tarifa debe reflejar el costo real de la prestación del servicio y, para el efecto,

62 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Consejero

ponente: MILTON CHAVES GARCÍA. Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00826-01(23103) 2019CE-SUJ-4-009. Actor: INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. - ISA E.S.P.
63 Sentencia de 3 de octubre de 2011, exp. 18141, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
64 Sentencias de 11 de marzo del 2010, exp. 16667, C. P. Hugo Fernando Bastidas, de 10 de marzo del 2011,

exp. 18141, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 3 de octubre de 2011, exp. 18141, C.P. Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, de 5 de diciembre de 2011, exp. 18270, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia,
de 22 de marzo de 2012, exp. 17817, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, de 8 de octubre de 2015, exp.
21219, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 4 de febrero de 2016, exp. 20767, C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez, de 9 de agosto de 2018, exp. 22071, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
65 Resolución 43 de 1995, par. 2° del art. 9.

47

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

las entidades territoriales pueden acudir a distintos métodos para calcular las
tarifas.

En los asuntos de carácter particular, la jurisprudencia ha mantenido el criterio
de señalar que corresponde al sujeto pasivo del tributo desvirtuar “la
razonabilidad y proporcionalidad” de la tarifa.

Subregla i. Las tarifas del impuesto sobre el servicio de alumbrado público
deben ser razonables y proporcionales con respecto al costo que demanda
prestar el servicio a la comunidad.

Subregla j. La carga de probar la no razonabilidad y/o no proporcionalidad de
la tarifa es del sujeto pasivo […]»

107. Se debe advertir que el Acuerdo No. 012 de 31 de mayo de 2007 estableció, en
lo que se refiere a la base gravable, que se determinaría la tarifa por usuario, de
acuerdo con su capacidad y actividad económica ─artículo 2° numeral 4°─,
empleándose como criterio para fijar las tarifas ─artículo 3°─ i) la estratificación
─suma fija─, ii) el valor del consumo de energía ─suma variable─ y iii) una cuantía
en salarios mínimos ─suma variable─.

108. En principio, el acto administrativo acusado afirmó que las tarifas consultarían
la capacidad y actividad económica, sin que el apelante haya aportado elementos
adicionales que permitan sostener que los elementos no tuvieron en cuenta la
capacidad contributiva y potencialidad de recibir el servicio y, además, conforme a
las subreglas establecidas en la sentencia de unificación si bien las tarifas del
impuesto sobre el alumbrado público deben ser razonables y proporcionales con
respecto al costo que demanda prestar el servicio, la carga de probar lo contrario
─la irracionabilidad y desproporcionalidad de las tarifas─ corresponde al sujeto
pasivo, lo cual no ha ocurrido en este caso.

109. La parte apelante, como se advierte de su recurso, no expuso los argumentos
por los cuales es posible considerar que fijar las tarifas del impuesto sobre
alumbrado público bajo el parámetro de la estratificación o sobre la base del
consumo de energía, no consulta la capacidad contributiva de los usuarios
potenciales del servicio, máxime si la primera instancia señaló específicamente que
la estratificación «[…] permitiría medir bajo los criterios de justicia y equidad
tributaria, la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto discutido como
potencial usuario del servicio de alumbrado público […]» y que «[…] si
materialmente el elemento o medio común de ambos servicios es la energía
eléctrica, no resulta inadecuado seleccionar el consumo domiciliario de energía en
un porcentaje determinado para el establecimiento para cuantificar el pago a cargo
[…]».

II.5. La conclusión

110. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos anteriormente, considera
acertados los planteamientos expuestos por la primera instancia y por los cuales se

48

Radicación: 50001 23 31 000 2012 00018 01
Demandante: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO

decidió negar las pretensiones de la demanda, resultando procedente, entonces, la
confirmación de la sentencia de 7 de mayo de 2018, proferida por la Sala Transitoria
del Tribunal Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 7 de mayo de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VÁLDES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. [P4-23]

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