Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00083-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00083-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2012-00083-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Actor: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. Corresponde a quien es parte material de la relación jurídica
sustancial controvertida. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA. Se configura cuando el demandante
conoce el acto de liquidación unilateral dentro de la oportunidad procesal para reformar la demanda – que se
extiende hasta el vencimiento de la fijación en lista – y omite adicionar la pretensión de nulidad contra dicho
acto. REFORMA DE LA DEMANDA. Carga y garantía procesal del demandante ante circunstancias
sobrevinientes al momento de presentación de la demanda. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
ESTATAL. Requiere la firma del representante legal de la entidad contratante para producir efectos
vinculantes. IDENTIDAD ENTRE LAS PRETENSIONES Y LOS ACTOS DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL.
Cuando el objeto de la demanda coincide con la materia resuelta en los actos administrativos no demandados,
acceder a las pretensiones equivaldría a desconocer el contenido y efectos de actos que gozan de presunción
de legalidad.
Surtido el trámite de Ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 27 de enero de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda. La decisión fue la siguiente:
PRIMERO: DECLARESE la falta de legitimación en la causa por pasiva del
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN
NACIONAL DE REGALIAS por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NIEGUENSE las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
El 18 de octubre de 2007, el municipio de Mitú y el señor Raúl Villarraga Cruz
celebraron el contrato de obra pública No. 086 de 2007, cuyo objeto fue la
reposición, mejoramiento y dotación de los puestos de salud y las unidades
básicas de promoción en la zona rural del municipio, por valor de $ 1.785.181.216,
financiado con recursos del Fondo Nacional de Regalías. El contratista sostuvo
que (i) las obras fueron terminadas el 12 de diciembre de 2009 y recibidas a
satisfacción por los capitanes indígenas y los presidentes de las juntas de acción
comunal de las comunidades, y (ii) que mediante documento del 16 de julio de
2010 la interventoría liquidó el contrato arrojando un saldo a su favor de
$759.918.219. Con fundamento en lo anterior, promovió acción contractual contra
el municipio de Mitú, el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección
Nacional de Regalías, pretendiendo la declaratoria de incumplimiento del contrato
y la condena al pago del saldo adeudado antes referido, junto con su
correspondiente indexación, así como el reconocimiento de perjuicios morales.
Con posterioridad a la presentación de la demanda y después de su notificación
personal, el municipio de Mitú expidió las resoluciones No. 165 y No. 293 de 2012,
mediante las cuales declaró y confirmó la terminación y liquidación unilateral del
contrato.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor Raúl Villarraga Cruz por medio de apoderado judicial, formuló acción de
controversias contractuales 1 contra el municipio de Mitú, el Departamento
Nacional de Planeación y el Fondo Nacional de Regalías, con el propósito de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“1.- Que se declare que las entidades MUNICIPIO DE MITÚ - VAUPÉS,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN D.N.P., y, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE REGALIAS, organismo adscrito al Departamento Nacional
de Planeación D.N.P, incumplieron el pago del contrato de obra 086 de 2007,
con mi representado el ingeniero RAÚL VILLARRAGA CRUZ, en virtud de
los hechos a que se remite la presente acción.
3.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a los
demandados, MUNICIPIO DE MITÚ - VAUPÉS, al DEPARTAMENTO
NACIONALDE PLANEACIÓN D.N.P., Y, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
1 Folios 1 a 8 del cuaderno 1.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
REGALIAS, a pagar el saldo a favor de mi representado el Ing. RAÚL
VILLARRAGA CRUZ, según la liquidación presentada por la Interventora de
las obras, por la suma base de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
PESOS MICTE ($759.918.219), como capital saldo a 16 de julio del 2010.
4.- La consecuente indexación equivalente sobre la aludida suma de dinero,
la que a la fecha de presentación de esta demanda -noviembre/11-, supera
la cuantía de DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($207.250.609) sobre la prementada e
impagada suma de dinero.
5.- Por los obvios perjuicios morales, habida cuenta el doloris causa inferido
a la condición afectiva y frustración profesional del Ing. VILLARRAGA CRUZ,
durante meses y meses de limitación, dificultades e incertidumbre; como por
supuesto el entredicho que genera para la reputación personal y reitero
profesional esta clase de percance severo, amén de los impactos
económicos de diversa clase, dada la cuentiosa (SIC) suma unida a los
compromisos crediticios, etc.
6.- Las Partes Demandadas darán cumplimiento a la sentencia, en los
términos de los artículos 176 y 177 del C. C. A.”
Hechos
En apoyo de las pretensiones, la parte actora sostuvo que las obras fueron
terminadas el 12 de diciembre de 2009 y recibidas junto con su dotación por los
capitanes indígenas y los presidentes de junta de acción comunal. Afirmó que el
contrato fue liquidado con la interventora Ing. Luz Marina Ortiz Rodríguez mediante
documento del 16 de julio de 2010, en la cual –aún estaba pendiente por pagar el
50% del valor total– se descontó la suma de $132.672.289 por concepto de obra
no realizada, quedando un saldo a su favor de $759.918.219. Argumentó que el
municipio de Mitú invocó no haberle sido entregadas y que se comportó de manera
renuente a su recepción, circunstancia que impidió el desembolso de los recursos
por parte del Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP), toda vez
que dicho organismo no permite la emisión del saldo hasta que la Alcaldía reciba
las obras. Solicitó que se declare que el municipio de Mitú, el DNP y la Dirección
Nacional de Regalías incumplieron el pago del contrato de obra, que se ordene a
pagar el saldo, con su consecuente indexación y se ordene pagar los perjuicios
morales por la frustración profesional durante meses de limitación, dificultades e
incertidumbre.
Con posterioridad a la presentación de la demanda, el municipio de Mitú profirió la
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
resolución No. 165 del 28 de marzo de 2012, mediante la cual declaró la
terminación y liquidación unilateral del contrato de obra, notificada personalmente
al demandante el 17 de abril de 2012. Contra la cual, el demandante interpuso
recurso de reposición el 23 de abril de 2012, que fue resuelto mediante resolución
No. 293 del 13 de junio de 2012, que confirmó la decisión inicial y fue notificada
por edicto el 25 de junio del mismo año.
Contestación de la demanda Municipio de Mitú2
El 10 de diciembre de 2012, el municipio de Mitú contestó la demanda oponiéndose
a la totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de (i) inepta demanda,
por no demandar las resoluciones No. 165 de 2012 y No. 293 de 2012 mediante
las cuales se declaró la terminación y liquidación unilateral del contrato. También
(ii) cobro de lo no debido, pues no hubo incumplimiento del pago, sino del
contratista, quien pretendió esconder su negligencia. Señaló que (iii) el contrato no
estipulaba que las obras debían entregarse a unos capitanes indígenas, sino al
interventor y a la administración municipal, sin cuya aprobación, no se podía
suponer que había entregado a entera satisfacción. Manifestó que (iv) el
demandante ocultó que la administración liquidó unilateralmente el contrato
mediante la resolución No. 165 del 28 de marzo de 2012, confirmada por la
resolución No. 293 del 13 de junio de 2012, las cuales señalaron que el contratista
solo ejecutó el 47,32% de la obra según la interventoría administrativa y financiera
del DNP, cuando se había pagado el 50% como anticipo, circunstancia que arrojó
un saldo a favor de la contratante y a cargo del contratista.
Contestación de la demanda Departamento Nacional de Planeación3
El 7 de diciembre de 2012, el DNP contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
e inexistencia de vínculo contractual, debido a que no es parte del contrato No.
086 de 2007 pues el negocio jurídico bilateral comprende al municipio de Mitú
como contratante y a Raúl Villarraga Cruz como contratista. Señaló que las
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, siendo
el correcto uso y ejecución de los recursos de competencia y responsabilidad
2 Folios 139 a 147 del cuaderno 1.
3 Folios 236 a 254 del cuaderno 1.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
exclusiva de la entidad territorial contratante. Indicó que el Fondo Nacional de
Regalías era una instancia financiadora de proyectos de inversión con actividades
limitadas en el tiempo, que no hace parte de los contratos suscritos por las
entidades territoriales con terceros ni es garante de las obligaciones emanadas de
estos. Señaló que en las visitas realizadas por la interventoría administrativa y
financiera del DNP se evidenció que las obras no coincidían con los diseños
originales, ni con las especificaciones técnicas aprobadas, encontrándose
inconclusas y abandonadas, con un avance del 47,32% y no del 100% como lo
manifestó el contratista. Indicó que la interventoría técnica incumplió sus
obligaciones contractuales al avalar obras ejecutadas de manera diferente al
objeto contratado, y que debido a ello la Dirección de Regalías impuso la medida
de suspensión preventiva de giros al proyecto. También señaló que el documento
de liquidación del 16 de julio de 2010 fue firmado únicamente por el contratista de
obra y la interventoría técnica, sin la firma del supervisor del contrato ni del
ordenador del gasto, conforme lo exige la cláusula sexta del contrato.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia4
El 27 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta dictó sentencia de
primera instancia en la que negó las pretensiones. Declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva del DNP – Dirección Nacional de Regalías, por no ser parte
del contrato sino una entidad de control de recursos, conforme al artículo 2º del
Decreto 195 de 2004. También desestimó la excepción de inepta demanda por
cuanto el accionante presentó su escrito de demanda con anterioridad a la
expedición de las resoluciones No. 165 de 2012 y No. 293 de 2012.
Precisó que el contratista incumplió el contrato de obra No. 086 de 2007, pues si
bien lo ejecutó, no lo hizo en la forma pactada, al haberse tardado en el desarrollo
de las obras y no respetar algunas de las especificaciones del contrato, lo que
impidió que solicite el cumplimiento de la contraparte en aplicación de la excepción
de contrato no cumplido consagrada en el artículo 1609 del Código Civil.
Señaló que los recursos provenían del DNP en virtud de la Resolución No. 1067
de 2004, que exigía el cumplimiento conforme a las especificaciones para el
4 Folios 339 a 365 del cuaderno principal.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
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desembolso, razón por la cual el Municipio no podía efectuar el pago. Reprochó la
entrega de las obras realizada a los capitanes indígenas y presidentes de juntas
de acción comunal, quienes no podían recibir por ser terceros beneficiarios y no la
parte contratante, así como la liquidación suscrita únicamente entre el contratista
y la interventora, la cual no podía avalarse pues no contó con la aprobación de la
administración Municipal que el contrato exigía.
Recurso de apelación5
El 18 de febrero de 2015, la demandante sustentó el recurso de apelación contra
la sentencia del 27 de enero de 2015. Manifestó que cumplió con el objeto
contractual en las prórrogas aceptadas por el Municipio y consideró que el Tribunal
partió de una premisa errada debido a que la declaratoria de caducidad del
contrato fue revocada por la propia entidad contratante mediante resolución No.
421 de 2009, lo que probó que no incurrió en incumplimiento. Añadió que, de haber
existido, lo procedente era que el Municipio mantuviera la caducidad o demandara
al contratista, que, al no haberlo hecho, no podía el Tribunal declarar el
incumplimiento.
Señaló que las visitas a las obras se hicieron sin la interventora y el contratista, y
esta era la única que supervisaba el contrato al cumplir funciones técnicas,
administrativas y financieras, confirmando la nula injerencia de los entes
nacionales. Sostuvo que el Municipio nunca tramitó oportunamente los
desembolsos restantes ante el DNP y optó por negarse renuentemente a firmar el
acta de liquidación, generando incumplimiento al no cubrir el pago del saldo
pendiente.
Indicó que las resoluciones No. 165 de 2012 y No. 293 de 2012 fueron expedidas
al advertir la formulación de la demanda, con el fin de desvanecer las
consecuencias de la acción judicial. Señaló que el DNP y el Fondo de Regalías no
son órganos de control, pues intervinieron en la ejecución del contrato mediante
visitas y actuaciones, lo que las vincula a la acción, aunado a que dichas entidades
se abstuvieron de girar los recursos para el pago. Agregó que la liquidación
suscrita con la interventoría tiene efectos vinculantes, razón por la cual la
5 Folios 367 a 376 del cuaderno principal.
6
Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
administración no puede desconocerla en sede judicial cuando no formuló reparos
en su oportunidad. Solicitó revocar la sentencia impugnada y acceder a las
pretensiones de la demanda.
Trámite de segunda instancia
En providencia del 23 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Meta
concedió el recurso de apelación6, el cual fue admitido por este Despacho el 22 de
junio de 20157. El 9 de marzo de 2016 se corrió traslado8 a las partes por un
término común de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales y al
Ministerio Público para que, si lo consideraba, emitiera concepto. El Ministerio
Público guardó silencio 9 las partes demandadas 10 presentaron sus alegatos, al
igual que lo hizo la parte demandante 11 quien insistió en las mismas razones
expuestas en su escrito de apelación.
III. CONSIDERACIONES
A. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 6 de febrero de 2012 12 , el régimen
procesal aplicable es el Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA).
Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia
de ese Código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y
las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas
actuaciones.
Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012, prevé
que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la
vigencia de dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen
jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del
6 Folio 377 del cuaderno principal.
7 Folio 383 del cuaderno principal.
8
Folio 385 del cuaderno principal.
9 Folio 407 del cuaderno principal.
10 Folios 386 a 392 del cuaderno principal y Folios 401 a 402 del cuaderno principal.
11 Folios 403 a 406 del cuaderno principal.
12 Folio 75 del cuaderno 1.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
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Proceso: Acción de controversias contractuales
CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil
(en adelante CPC), en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la
actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con
el artículo 129 del CCA, según el cual, resuelve los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación también es competente en razón a la cuantía, pues
ésta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es
$283.350.00013), teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en $967.168.828.
de pesos (fl.6 c.1).
Acción procedente
3. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se
alegan perjuicios originados de una relación contractual (arts. 1546 y 1602 del CC
y 87 del CCA).
Legitimación en la causa
4. El demandante se encuentra legitimado en la causa por activa, dado que
ostentaba la calidad de contratista en el contrato de obra No. 086 de 2007;
asimismo, el municipio de Mitú está legitimado por pasiva, por cuanto fue la entidad
con quien se celebró dicho negocio jurídico.
5. La apelación controvirtió la decisión del a quo frente a la legitimación de
DNP y la Dirección de Regalías - Fondo Nacional de Regalías.
13 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012 ($566.700) por 500.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
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Proceso: Acción de controversias contractuales
La legitimación en la causa es entendida como la condición que tiene una persona
en tanto se encuentra en aptitud de formular o contradecir las pretensiones de una
demanda. Al respecto, Hernando Devís Echandía explica:
«Ante todo ha de tenerse presente que la legitimación en la causa determina
quiénes están autorizados para obtener una decisión de fondo sobre las
pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso concreto, y, por tanto,
si es posible resolver la controversia que respecto a esas pretensiones
existe, en el juicio, entre quienes figuran en él como partes (demandante,
demandado e intervinientes), en una palabra: si actúan en el juicio quienes han
debido hacerlo, por ser las personas idóneas para discutir sobre el objeto concreto
de la litis. (Negrillas fuera del texto original)
Se trata de las condiciones o cualidades subjetivas, que otorgan la facultad jurídica
de pretender determinadas declaraciones judiciales con fines concretos, mediante
una sentencia de fondo o mérito, o para controvertirlas.»14
La parte actora alega que el DNP y la Dirección de Regalías están legitimados en
la causa por pasiva, principalmente, porque no son órganos de control, los
recursos provienen de dichas entidades, participaron en el contrato a través de
visitas y actuaciones con el municipio de Mitú y se abstuvieron de girar los recursos
para el pago de las obras terminadas.
Al respecto, la Sala reitera, de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil,
que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. El contrato
como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él –efecto
relativo de los contratos–. Por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido entre
los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (arts.
1506 y 1507 del CC).
El contrato No. 086 de 2007 fue suscrito entre el municipio de Mitú, como
contratante, y el señor Raúl Villarraga Cruz, como contratista, siendo estas las
únicas partes del negocio jurídico.
El DNP y la Dirección de Regalías no suscribieron el contrato ni asumieron
obligaciones derivadas del mismo. El artículo 2115 del Decreto 416 de 2007 –
14 Devis Echandía, Hernando. Nociones generales de derecho procesal civil. Bogotá, Temis, 2009, p. 353.
15 Artículo 21. Control y vigilancia de los recursos de regalías. Corresponde al Departamento Nacional de
Planeación ejercer la vigilancia y el control financiero y administrativo de la correcta utilización de los
recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la explotación de los recursos
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
vigente al momento de suscripción del contrato– dispuso que el DNP, en
cumplimiento del control y vigilancia, directamente o a través de las interventorías
administrativas y financieras que se contrataran para el efecto, podía solicitar a las
entidades territoriales o beneficiarias, información relacionada con el manejo,
utilización y ejecución de los recursos. Asimismo, el artículo 2216 del referido
Decreto, estableció las atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la
correcta utilización de los recursos, facultando al DNP para practicar visitas de
inspección con el fin de verificar, dentro del ámbito de su competencia, la ejecución
de los recursos de regalías.
Así las cosas, la competencia del DNP es de tipo administrativo, referida al control
y vigilancia respecto del uso de los recursos de regalías, la cual tuvo por objeto
examinar que los proyectos de inversión financiados con asignaciones del Fondo
de Regalías se ejecutaran en las mismas condiciones en que fueron aprobados.
Es decir, el actuar como financiador de los proyectos, no lo convierte en parte de
las relaciones contractuales que suscriben las entidades territoriales ejecutoras.
naturales no renovables, y de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, con el objeto de constatar
que tales recursos se utilicen en las finalidades y porcentajes previstos en la ley.
En cumplimiento del control y vigilancia a que se refiere el presente artículo, el Departamento Nacional de
Planeación, directamente o a través de las interventorías Administrativas y Financieras que se contraten para
el efecto, podrá solicitar a las entidades territoriales o beneficiarias, la información relacionada con el manejo,
utilización y ejecución de tales recursos, en materia presupuestal, de contratación pública, de contabilidad
pública, e información de carácter técnico, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas que
regulan la administración y utilización de los recursos de regalías y compensaciones, sin que ello signifique
en ningún caso la asunción de funciones propias de las entidades competentes en materia fiscal, penal y
disciplinaria.
El Departamento Nacional de Planeación dará traslado a las autoridades competentes de las informaciones
que reciba, o de los hechos que por causa o con ocasión de su actividad de control y vigilancia llegare a
conocer.
16 Artículo 22. Atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos. Con
el fin de ejercer las funciones de vigilancia y control en materia financiera y administrativa, el Departamento
Nacional de Planeación contará con las siguientes atribuciones:
a) Practicar, por sí mismo o a través de personas naturales o jurídicas, visitas de inspección con el fin de
verificar, dentro del ámbito de su competencia, la ejecución de los recursos de regalías. Dichas visitas se
llevarán a cabo en los sitios donde se realicen las inversiones, así como en las sedes, oficinas o lugares donde
funcionan las entidades beneficiarias o ejecutoras o donde operan los terceros contratados por estas para
ejecutar los recursos. En desarrollo de las visitas se podrá solicitar información de carácter técnico,
administrativo, legal y financiero y en general, la necesaria para la verificación de la correcta utilización de las
regalías, compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías.
Las visitas pueden tener por objeto la revisión integral de la forma en que se están manejando y ejecutando
las regalías y compensaciones por parte de las entidades beneficiarias o ejecutoras o de los terceros
contratados por estas para tal efecto, o el control y vigilancia de un proyecto específico. Estas visitas serán
anunciadas por el Director de Regalías mediante comunicación escrita dirigida a la entidad visitada, indicando
los integrantes de la comisión de visita, el objeto de la visita y su duración.
La comisión de visita podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su cometido. La
comisión de visita rendirá un informe al Director de Regalías, quien evaluará la procedencia de adoptar
medidas preventivas o de iniciar un procedimiento administrativo correctivo en los términos previstos en el
presente decreto;
b) Disponer la contratación, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la realización de
las interventorías administrativas y financieras que considere necesarias, supervisar la labor de esas
interventorías, evaluar la información suministrada por las mismas y adoptar las medidas preventivas
o correctivas pertinentes;
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
En consecuencia, los deberes que emanan de la relación contractual, como el
pago de las obligaciones derivadas del contrato, no vinculan al DNP, razón por la
cual, el a quo acertó al declarar probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Aptitud de la demanda
B. Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala examinar si se configuró o no la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, al no haberse pretendido la nulidad de las
resoluciones No. 165 de 2012 y No. 293 de 2012 mediante las cuales se declaró
y confirmó la terminación y liquidación unilateral del contrato.
C. Análisis de la Sala
7. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará
el asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC. De igual manera, las copias
simples serán valoradas, conforme lo dispuesto por la Sección Tercera de esta
Corporación en fallo de unificación, que consideró que tienen mérito probatorio17.
8. Para resolver el problema jurídico, la Sala se pronunciará sobre (i) La
liquidación del contrato No. 086 de 2007 y (ii) la configuración o no de la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda, a partir del conocimiento que tuvo el
demandante de los actos de terminación y liquidación unilateral dentro de la
oportunidad procesal para reformarla
La liquidación del contrato No. 086 de 2007
9. La parte demandante sostuvo, en el hecho noveno18 y en la pretensión
tercera19, que el contrato de obra No. 086 de 2007 fue liquidado mediante el
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp.: 25.022.
18 NOVENO: Cual correspondía, el contrato fue definitivamente recibido, finiquitado liquidado por la
interventora Ing. LUZ MARINA ORTIZ RODRIGUEZ, Precisamente mediante acta liquidataria calendada del
16 de julio del 2010, lo cual debe ser tenido en cuenta para lo referente al término de caducidad.
193-Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a los demandados MUNICIPIO DE MITÚ -
VAUPÈS, al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN D.N.P., y, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
REGALÍAS, a pagar el saldo a favor de mi representado el Ing. RAÚL VILLARRAGA CRUZ, según la
liquidación presentada por la Interventora de las obras, por la suma base de SETECIENTOS CINCUENTA Y
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
documento suscrito el 16 de julio de 2010 por el contratista y la interventora y con
fundamento en dicho documento solicitó la condena al pago del saldo a su favor.
Sin embargo, obra en el expediente que, con posterioridad a la presentación de la
demanda, el municipio de Mitú expidió las resoluciones No. 165 y No. 293 de 2012,
mediante las cuales declaró y confirmó la terminación y liquidación unilateral del
contrato.
Para efectos de analizar la aptitud de la demanda, es necesario, entonces, precisar
previamente el alcance del documento de 16 de julio de 2010, habida cuenta de
que el demandante le atribuye la naturaleza de liquidación del contrato y sobre esa
base edifica sus pretensiones.
10. El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 señaló que el objeto de dicho cuerpo
normativo es establecer las reglas y principios que rigen los contratos de las
entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2,
definió para los efectos de la citada ley, que los municipios son entidades estatales.
En el caso concreto, el 18 de octubre de 2007, el señor Raúl Villarraga Cruz y el
municipio de Mitú celebraron el contrato de obra 086 (fls.342 c.2 a 388 c.3) cuyo
objeto fue la reposición, mejoramiento y dotación de los puestos de salud y las
unidades básicas de promoción en la zona rural del municipio de Mitú. Como el
Municipio fue parte del contrato se aplica además del derecho privado (artículo 13
de la Ley 80 de 1993), la regulación prevista en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es una
etapa destinada a verificar el estado de ejecución de las obligaciones
correspondientes. Implica un corte de cuentas con el propósito de: i) determinar la
existencia de obligaciones pendientes y ii) analizar los saldos a favor y en contra.
En esencia, la liquidación representa un ajuste de cuentas que posibilita a las
partes del acuerdo jurídico resolver las cuestiones relacionadas con las deudas y
créditos mutuos. En la liquidación constarán acuerdos, conciliaciones y
transacciones que ponen fin a discrepancias, permitiendo a las partes declararse
en paz y salvo. La obligación de llevar a cabo la liquidación recae en contratos de
NUEVE MILIONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS VICTE
($759.918.219), como capital saldo a 16 de julio del 2010.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
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ejecución sucesiva, aquellos en los cuales el objeto se realiza en etapas, así como
en otros casos que lo requieran (art. 60 de la Ley 80 de 1993).
La liquidación puede ser bilateral o unilateral. Si se trata de la primera, corresponde
a un pacto accesorio, producto de un acuerdo entre las partes legalmente
capacitadas, regido por las normas que garantizan el consentimiento libre de vicios
como el error, la fuerza y el dolo20 (arts. 1502, 1508 a 1516 del CC). Si se trata de
la segunda, dada la inexistencia de acuerdo entre las partes sobre este aspecto
dentro del plazo pactado, corresponde a un acto administrativo producto de una
competencia legal, mediante el cual la entidad contratante efectúa el corte de
cuentas, es decir, define unilateralmente el estado contable y las deudas
pendientes.
11. Con el fin de establecer el alcance y la naturaleza del documento suscrito,
la Sala se referirá a precisar el concepto de delegación, desarrollado en
pronunciamiento reciente de esta Subsección del 27 de abril de 202621 en el que
se señaló lo siguiente.
«…la jurisprudencia se ha encargado de señalar que se trata de una herramienta
diseñada por el legislador, con el propósito de facilitar la organización de la
estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. Por virtud de la
delegación, se produce el traslado de competencias de un funcionario a otro -
colaborador de inferior jerarquía u otra autoridad con la que se tiene funciones
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P: Carlos
Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 11 de abril de 2012, radicación número: 52001-23-31-000-1996-
07799-01(17434), Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P (E): Hernán Andrade Rincón,
sentencia de 27 de mayo de 2015, radicación: 540012331000200001661 01, expediente: 38695.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 2017, Radicación número: 08001-23-
33-000-2013-00105-01(51526). «El contenido del acta de liquidación bilateral del contrato reviste
obligatoriedad para las partes y no puede ser desestimado en los estrados judiciales, toda vez que con ella
se desarrolla la obligación legal de establecer el finiquito de la cuenta contractual, de conformidad con el
contenido del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el cual se impone como regla general en los contratos de tracto
sucesivo cuando se rigen por el referido Estatuto. En consonancia con lo dicho, debe destacarse que en el
inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 existió norma expresa que sometió el acta de liquidación
bilateral a acuerdo entre “las partes”, circunstancia considerada por la jurisprudencia como indicativa del
requisito de la firma del representante legal de ambos extremos negociales, para determinar la obligatoriedad
del acta y extraer de allí el efecto de la firma sin salvedades. Dar cabida a una interpretación contraria a lo
expuesto equivaldría a formular una posición que desconoce: i) la regla derivada del derecho romano, “nemo
auditur propiam turpidetudinem allegans”, según la cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una
pretensión; ii) la obligatoriedad de soportar los efectos de los actos propios, de conformidad con la cual “venire
contra factum proprium non valet”, es decir, que a nadie le es lícito venir contra sus propios actos y iii) el
principio de la buena fe o “bona fides” que debe imperar en las relaciones jurídicas y en el proceso judicial.
Acompasando lo dicho al sub examine, la Sala observa que en este proceso se acreditaron los documentos
contentivos del acta de liquidación bilateral del contrato, sin la firma del Alcalde Municipal del Galapa,
representante legal de la entidad contratante.»
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2026, Radicación
número:50001233100020051033400 (54.116)
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
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afines-, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad (inciso segundo
del artículo 211 de la CP), dentro de los términos y condiciones que fije la ley22.
La jurisprudencia de esta Corporación, con base en este entendimiento, ha definido
que los elementos constitutivos de la delegación son los siguientes: (i) la
transferencia de competencias administrativas de un funcionario a otro mediante
acto administrativo; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano
titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización
legal; (iv) que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier
momento reasumir la competencia; y (v) su ámbito de aplicación corresponde, única
y exclusivamente, dentro de las diversas funciones del Estado, a esta función
pública».
Adicionalmente, en esa misma providencia23, dada la evolución normativa que tuvo
el concepto en materia de contratación estatal, precisó su alcance y las diferencias
con la desconcentración:
«la desconcentración implica la asignación de competencias a una dependencia
de la misma entidad, la cual puede encontrarse en la sede principal o fuera de ella,
sin que se produzca un desplazamiento de la titularidad jurídica de la función, sino
únicamente su ejercicio operativo dentro de la estructura administrativa. De esta
manera la desconcentración constituye una forma de gestión administrativa
mediante la cual se asigna el ejercicio de determinadas competencias a órganos
internos -dependencias- de una misma entidad, ubicados en niveles
jerárquicamente subordinados, sin que ello suponga la creación de una nueva
persona jurídica ni la autonomía presupuestal o reglamentaria del órgano receptor.
Su finalidad radica en racionalizar la distribución de cargas al interior de la
administración, evitando la concentración excesiva de funciones en los niveles
superiores y favoreciendo una gestión más ágil, eficiente y oportuna de los asuntos
públicos. Desde el punto de vista estructural, la desconcentración se caracteriza
por: (i) tener origen legal o reglamentario, en cuanto es el propio ordenamiento el
que redistribuye la competencia; (ii) recaer sobre dependencias, de nivel medio o
inferior, dentro de la estructura administrativa en la misma sede o fuera de ella; (iii)
conferir una competencia funcional que se ejerce de manera directa por la
dependencia designada, sin perjuicio de la sujeción jerárquica; (iv) mantener
incólume la titularidad de la función en cabeza del ente al que pertenece el órgano;
y (v) limitar la intervención del superior jerárquico a los poderes ordinarios de
dirección, vigilancia y control, sin que pueda reasumir la competencia salvo
habilitación normativa expresa».
Finalmente, para concluir y en esa misma oportunidad, la Sala señaló, por ser
indispensable para la aplicación de estos conceptos, la diferencia entre
competencia interna y externa en materia contractual.
«Ahora bien, para precisar el alcance de esta conclusión, resulta necesario
diferenciar los conceptos de competencia externa e interna en materia contractual.
22
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 31 de
octubre de 2007; Rad. (13503); del 31 de julio de 2008. Rad. 25000-23-26-000-2005-00240-01(AP), Sección
Primera, sentencia de 28 de enero de 2016, Rad. 11001-03-24-000-2012-00348-00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2026, Radicación
número:50001233100020051033400 (54.116)
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La primera hace referencia a la aptitud jurídica para actuar en el tráfico jurídico
como sujeto contratante, esto es, a la titularidad para celebrar contratos en nombre
propio y obligarse frente a terceros; la segunda, por su parte, alude a la distribución
de funciones al interior de una misma entidad, ya sea mediante figuras como la
delegación o la desconcentración.»
12. Obra en el expediente un documento (fl.347 c.1) (fl.1149 c.5) rotulado como
“acta de liquidación” de fecha 16 de julio de 2010, que contiene: los logos de la
alcaldía de Mitú, la identificación del objeto contratado, la relación de los valores
con la diferencia entre el valor final, el valor a favor del municipio y el saldo total
final a pagar. Asimismo, el plazo del contrato, las fechas de las distintas actas
suscritas durante la ejecución –inicio, suspensiones, prórrogas, reinicios y
terminación–.
Como intervinientes se identificaron el contratista Raúl Villarraga Cruz, la
interventora Luz Marina Ortiz Rodríguez, el representante legal del municipio de
Mitú Javier Miguel Vargas Castro y el supervisor del contrato Ing. José Leonel
Castro Pineda. Sin embargo, el documento fue suscrito únicamente por el
contratista y la interventora, pues los espacios destinados a la firma del
representante legal de la entidad contratante y del supervisor del contrato
aparecen en blanco.
12. Para la Sala es importante puntualizar que la interventoría no puede ser la
delegataria de la función de suscribir un acta de liquidación bilateral en nombre de
la entidad contratante, como lo pretende dar a entender el apelante. En primer
lugar, por cuanto no se satisfacen los elementos constitutivos de la delegación,
debido a que (i) no existe un acto administrativo mediante el cual el municipio de
Mitú hubiera trasferido dicha competencia a la interventoría y (ii) la interventoría es
un particular que solo tenía relación contractual con el municipio demandado.
En segundo lugar, su obligación, conforme a lo dispuesto en el contrato de
interventoría celebrado (fls.643-647 c.3), se limitaba a ejercer la interventoría
técnica de la obra. Además, la Sala advierte que en la cláusula vigésima cuarta del
contrato de obra, las partes estipularon que la liquidación se realizaría dentro de
los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución o en su
defecto, en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 (fl.387 c.3). Asimismo,
pactaron que la liquidación sería suscrita por el ordenador del gasto –en calidad
de contratante– y por el contratista, previa elaboración del acta por parte de la
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
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interventoría, de conformidad con el numeral 5 24 de la cláusula sexta del contrato
(fl.385 c.3).
No obstante, y a pesar de lo pactado, el documento suscrito por el contratista y la
interventora, cuyo cumplimiento pretendió el demandante, fue suscrito únicamente
por los mencionados, sin la participación del representante de la entidad
contratante. Al respecto, en un caso análogo en el cual la liquidación no fue
suscrita por la entidad contratante, la Subsección sostuvo que:
«No puede pasar por alto la Sala, que la liquidación bilateral del contrato objeto de
la litis, como negocio jurídico sujeto a las disposiciones de la Ley 80 de 1993,
requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la
formalidad del escrito, sin que a tal efecto pueda considerarse suficiente la
firma del interventor o del profesional de apoyo de la unidad de recursos
físicos e inmuebles del CSJ, porque ninguno de ellos ostenta su
representación para celebrar acuerdos de voluntades en nombre y
representación de la contratante».25 (Negrillas fuera del texto original)
Esta conclusión es coherente con lo resuelto por esta Corporación en un asunto
semejante, donde quien no suscribió el acta de liquidación fue el contratista, en el
que se consideró:
«En consecuencia, la Sala se abstendrá de tener por demostrado, en virtud de dicho
documento, que el contrato No. 009 hubiere sido sometido a liquidación bilateral,
pues quien concurrió a su firma en nombre de la contratista no se encontraba
expresamente facultado para ponerle fin al vínculo negocial en representación de
aquélla».26
En ese orden, el documento firmado por la interventoría y el contratista no
constituye un acta bilateral de liquidación, pues fue suscrito por quien carecía de
competencia interna y externa para representar a la entidad contratante, razón por
la cual no puede tenerse por demostrado que el contrato fue bilateralmente
liquidado ni que allí el municipio reconoció una obligación en favor del contratista.
13. Lo hasta aquí expuesto, no significa que el mencionado documento carezca
de valor probatorio. Lo que la Sala precisa es que este no es, como lo afirmó el
demandante, el acta de liquidación bilateral del contrato, dado que no fue suscrito
24 5. Medir las cantidades de obras ejecutadas y elaborar las actas de iniciación, compensación, cambio de
especificaciones, entregas parciales, suspensión, reiniciación, liquidación final y todas aquellas a que
hubiere lugar. Las actas de cambio de especificaciones, suspensión, reiniciación y liquidación final de contrato
deberán ser aprobadas por el Ordenador. (Negrillas fuera del texto original).
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de marzo de 2024, RAd. n° 67.782
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad. 42656
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por quien tenía la competencia interna y externa para representar y obligar a la
entidad contratante.
El valor de este tipo de pruebas está definido en el artículo 251 del CPC, según el
cual los documentos son públicos o privados. El documento es público si es
otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es
privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se
presume auténtico y el privado es auténtico en los casos previstos en el artículo
252 del CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264,
277 y 279 del CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según
las reglas de la sana crítica (art 187 del CPC).
De tal suerte que el documento privado suscrito por las partes no supone, por sí
mismo, la existencia de una obligación pendiente de pago ni constituye prueba
concluyente de la aceptación definitiva de un saldo a cargo del municipio
demandado. Su alcance probatorio debe ser determinado por el juez a partir de su
contenido, de las circunstancias en que fue elaborado y de su valoración conjunta
con los demás medios de convicción obrantes en el proceso, conforme a las reglas
de la sana crítica. Así, aun cuando el documento pueda acreditar determinadas
manifestaciones o actuaciones de quienes lo suscribieron, no tiene la virtualidad
de producir los efectos jurídicos propios de un acta bilateral de liquidación
contractual ni de demostrar, de manera autónoma e incontrovertible, la existencia,
exigibilidad y cuantía de una obligación pendiente de pago.
Precisado que el contrato de obra No. 086 de 2007 fue liquidado unilateralmente
mediante las resoluciones No. 165 y No. 293 de 2012, y que el documento suscrito
por el contratista y la interventora no constituye un acta de liquidación bilateral en
los términos antes expuestos, la Sala procede a analizar si la demanda cuenta con
la aptitud sustantiva necesaria para un pronunciamiento de fondo.
Respecto a la configuración de la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda.
14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 y 138 del CCA,
algunos de los supuestos para concluir que se ha presentado una «demanda en
forma» son, entre otros, que esta contenga lo que en estricto sentido se pretende
y, tratándose de la nulidad de actos administrativos, se requiere su
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individualización, de suerte que ante el error frente a dichos presupuestos se
configura la ineptitud sustantiva de la demanda, que impide un pronunciamiento
de fondo en relación con las pretensiones formuladas por la demandante y debe
ser declarada por el juez, incluso de oficio (art. 164 del CCA, hoy 187 del
CPACA)27.
A su vez, según el numeral 7 del artículo 97 del CPC, la ineptitud sustantiva de la
demanda es una excepción previa que se configura en los siguientes eventos: (i)
por la falta de requisitos formales de la demanda, cuando no se reúnan los
presupuestos relacionados con el contenido y anexos del libelo; o (ii) por la
indebida acumulación de pretensiones, cuando no se atienden los presupuestos
normativos de los artículos 87 del CCA y 82 del CPC, inexactitudes que pueden
ser subsanadas, entre otras oportunidades a través de la reforma de la demanda,
en los términos de los artículos 207.5 y 208 del CCA en concordancia con lo
previsto en el numeral 2 del artículo 89 del CPC.
El artículo 164 del CCA prevé que la sentencia debe decidir sobre las excepciones
propuestas en el proceso y las que el juez encuentre probadas, como es el caso
de la ineptitud de la demanda28. En concordancia, el artículo 357 del CPC, señala
que al juez de segunda instancia le corresponde pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la parte apelante, sin perjuicio «de la potestad que tiene
el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que
sean necesarias para proferir una decisión de mérito»29. Dentro de estos aspectos,
se encuentra la aptitud de la demanda o demanda en forma, la cual puede y debe
ser declarada de oficio por el juez cuando no la encuentre probada, tanto en
primera como en segunda instancia30.
15. La reforma a la demanda es un instrumento procesal que hace efectivo el
ejercicio del derecho de acción, en virtud del cual la parte actora puede reformular
pretensiones, incluir nuevos hechos demandados o solicitar la práctica de pruebas
27 Sobre este particular, ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2008, Rad: 76001-23-31-000-1999-90702-01 [Fundamento Jurídico V]; Sección Tercera, sentencias de 26 de
abril de 2017, Rad. 58415 [Fundamento Jurídico 2]; de 14 de mayo de 2025, Rad. 49163 [Fundamento Jurídico
6]; y de 9 de abril de 2025 [Fundamento Jurídico 4.2].
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Rad. 14.988 [Fundamento Jurídico
III].
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de abril de 2018, Rad.: 46005 [fundamento jurídico
19].
30 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Rad. 21060
[Fundamento Jurídico 2.1].
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adicionales. Sin embargo, al tenor de su regulación, dicha actuación cuenta con
limitaciones formales y temporales con las cuales se garantizan, entre otros, el
principio de acceso a la justicia y la seguridad jurídica.
En providencia del 21 de octubre de 202531, esta Subsección señaló que la reforma
a la demanda es la oportunidad para subsanar las falencias procesales y resaltó
que dicha actuación procesal reviste gran importancia al ser una carga y una
garantía para el demandante.
«…. que la reforma de la demanda tiene una doble dimensión procesal, pues
es una carga y, a la vez, una garantía. Carga32, en el entendido de la diligencia
que le asiste al demandante para la satisfacción de sus intereses, pues en caso
de optar por reformar la demanda puede obtener una ventaja y, si no la lleva a
cabo ante circunstancias sobrevinientes, desencadena en un resultado
desfavorable. Y garantía, toda vez que salvaguarda el derecho de acceso a la
administración de justicia, por cuanto la reforma de la demanda, desde luego, le
permite al demandante enmendar los errores, suplir los vacíos en los que pudo
haber incurrido en el escrito inicialmente presentado o, ante nuevas circunstancias,
ajustar las pretensiones, los hechos o las pruebas, con el fin de obtener una
sentencia de mérito, fundada en los aspectos fácticos y jurídicos pertinentes para
la efectividad de los derechos subjetivos de las partes en contienda en el
proceso.»33 (Negrillas fuera del texto original)
16. Esta Corporación ha señalado que no es posible solicitar la declaratoria de
responsabilidad contractual y liquidación judicial del contrato sin incluir en la
demanda la pretensión de nulidad de los actos administrativos proferidos por la
entidad que resolvieron estos aspectos, cuando dichos actos han sido conocidos
por el demandante. En estos eventos, la demanda adolece de ineptitud
sustantiva34.
Asimismo, se ha sostenido que la ineptitud de la demanda no solo se configura (i)
cuando el demandante conoció la decisión unilateral antes de presentar su
demanda, sino también (ii) cuando el acto administrativo se expide y es conocido
por el demandante con posterioridad a su presentación, pero antes de que venza
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 21 de octubre
de 2025. Exp.: 65636 C.P..
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad.: 18076.
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad:. 11001-03-28-000-2020-
00052-00.
34
Ver los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 16 de
agosto de 2018, expediente No. 57649; (ii) sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente No. 55671; (iii)
sentencia del 5 de octubre de 2016, expediente No. 49820; (iv) sentencia del 27 de junio de 2013, expediente
No. 28919; (v) sentencia del 7 de noviembre de 2012, expediente No. 25915; y (vi) sentencia del 11 de agosto
de 2010, expediente No. 16941.
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la oportunidad para reformarla35 –en observancia de los artículos 207.5 y 208 del
CCA–, sin que en esa etapa se adicione la pretensión de nulidad del acto de
liquidación.
En consecuencia, si la parte actora desaprovecha esa oportunidad y omite ejercer
dicha carga procesal, la demanda adolecerá de ineptitud sustantiva, lo que
impedirá al juez pronunciarse sobre el fondo del litigio contractual y proferir una
decisión de mérito. Así las cosas, ante la existencia de los actos administrativos –
amparados por la presunción de legalidad–, la parte actora tiene la carga de
solicitar expresamente su nulidad y acreditar alguna de las causales previstas en
la ley, toda vez que, ejecutoriados dichos actos, no pueden modificarse en un
proceso judicial en el que su conformidad con el ordenamiento jurídico no es objeto
de juzgamiento36. Por consiguiente, al no formularse dicho pedimento, su
presunción permanecería incólume, lo que imposibilita que las pretensiones de
cumplimiento contractual pudiesen prosperar.
17. Bajo este panorama, la Sala analizará si el demandante tuvo conocimiento
de la existencia del acto administrativo de terminación y liquidación unilateral del
contrato de obra No. 086 de 2007 antes del vencimiento de la oportunidad para
reformarla.
De las pruebas obrantes en el expediente se tiene que: (i) el 6 de febrero de 2012
se presentó la demanda (fl.75 c.1); (ii) el 28 de marzo de 2012 se expidió la
Resolución No. 165 de 2012, mediante la cual se declaró la terminación y
liquidación unilateral del contrato (fls.148-153 c.1); (iii) el 30 de marzo de 2012 se
profirió el auto admisorio de la demanda (fls.77-78 c.1), notificado por estado el 10
de abril de 2012 (fl.78 c.1); (iv) el 17 de abril de 2012 el demandante fue notificado
personalmente de la Resolución No. 165 de 2012 (fl.154 c.1); (v) el 23 de abril de
35 “Al respecto se ha señalado: «Puesto de relieve lo anterior, cabe anotar que la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado ha considerado que se presenta la ineptitud de la demanda en aquellos casos en los
cuales el contratista solicita declarar el incumplimiento de la entidad contratante o la ruptura de la ecuación
contractual del negocio por circunstancias imprevisibles acaecidas durante su ejecución y reclama los
consecuentes perjuicios sin incluir en la demanda la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral
del contrato, cuando el mismo ha sido conocido por dicho contratista con anterioridad a la demanda o a la
oportunidad procesal para reformarla y en su contenido se condensan aspectos concernientes al cruce
final de cuentas relacionados con la reclamaciones que constituyen el centro del litigio (se destaca) (Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2018, Exp. 57649). Ver también,
entre otros pronunciamientos, los siguientes: (i) sentencia del 25 de octubre de 2019, Exp. 60851, y (ii) fallo
del 5 de octubre de 2016, Exp. 49820, ambos proferidos por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado”. Reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de octubre de 2025. Rad.: 65636.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de noviembre de 2024, Rad.: 68750.
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2012 interpuso recurso de reposición contra dicha resolución; (vi) el 13 de junio de
2012 se expidió la Resolución No. 293 de 2012, que resolvió el recurso
confirmando la terminación y liquidación unilateral (fls.155-162 c.1); (vii) el 25 de
junio de 2012, se fijó el edicto hasta el 10 de julio siguiente, fecha en la que quedó
notificada la Resolución No. 293 de 2012 (fl.163 c.1); (viii) el 19 de julio de 2012 la
demanda fue notificada a la demandada (fl.97 c.1); (ix) el 27 de noviembre de 2012
tuvo lugar la fijación en lista por 10 días, hasta el 10 de diciembre siguiente (fl.102
c.1), en los términos del numeral 5 del artículo 207 del CCA; y (x) en consecuencia,
la oportunidad para reformar la demanda, conforme al artículo 208 del CCA, se
extendió hasta el 10 de diciembre de 2012.
De lo anterior, se advierte que el demandante tenía pleno conocimiento de los
actos de terminación y liquidación unilateral del contrato, pues no solo fue
notificado personalmente el 17 de abril de 2012 de la Resolución No. 165 de 2012,
sino que, además, interpuso recurso de reposición –actitud con la que reconoció
su existencia, su eficacia y la potencialidad de producir consecuencias jurídicas–,
que fue resuelto mediante Resolución No. 293 de 2012 del 13 de junio de 2012,
confirmatoria de dicha decisión.
Se destaca que dicho conocimiento fue obtenido dentro de la oportunidad procesal
para reformar la demanda, toda vez que, para el 10 de julio de 2012 fecha en que
fue notificada la decisión que resolvió el recurso interpuesto, aún no se había
notificado la demanda a la entidad ni se había surtido la fijación en lista 37 por 10
días, oportunidad que, para el caso sub examine, se extendió hasta el 10 de
diciembre de 2012. Contrario a lo esperado, el demandante se abstuvo de hacer
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de febrero de
2007. Rad..: 32293. “La parte demandante en un proceso administrativo ordinario puede sustituir, aclarar o
corregir el escrito de demanda, en el sentido de modificar o suplir alguno o algunos de los elementos
constitutivos de aquélla. Así las cosas, la figura procesal de la corrección, aclaración o reforma de la
demanda, permite, en el término de fijación en lista, que la parte actora la modifique integral o
parcialmente, a efecto de incluir hechos nuevos, cambiar o sustituir las pretensiones, o el objeto
planteado de manera previa con la demanda inicial, salvo que se pretenda alterar la acción inicialmente
escogida, puesto que ello no es procesalmente viable. En efecto, la reforma de la demanda permite al
demandante corregir, los yerros materiales en los que pudo haber incurrido en la formulación de sus
pretensiones, con miras a que se trabe la relación jurídica procesal de la manera más idónea posible. Es
pertinente señalar, adicionalmente, que la corrección o aclaración de la demanda contiene límites temporales
y formales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del C.C.A., como quiera que sólo puede hacerse
uso del instrumento dentro del término de fijación en lista de la demanda y, además, sólo es posible realizar
la reforma por una sola vez. Adicionalmente, con miras a garantizar los derechos al debido proceso y de
defensa de la parte demandada, el artículo 208 ibídem consagra la obligación del funcionario judicial de
ordenar la notificación del nuevo escrito de demanda a la entidad o personas que integran el extremo
demandado, así como al representante del ministerio público, en los términos del artículo 207 de esa misma
codificación.» (Negrillas fuera del texto original)
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
uso de la garantía procesal de la reforma de la demanda para incluir la pretensión
de nulidad contra las Resoluciones No. 165 y No. 293 de 2012, con el fin de ajustar
el libelo a la realidad fáctica y jurídica sobrevenida.
Adicionalmente, cabe señalar que la expedición de las Resoluciones No. 165 de
2012 y No. 293 de 2012 no fue un evento sorpresivo para el demandante. Pues el
expediente da cuenta que la alcaldía de Mitú había anunciado el 5 de agosto de
2010 (fls.323 c.1) que procedería a realizar la liquidación unilateral del contrato; el
DNP en fecha 22 de marzo de 2011 (fls.291-307 c.1) había señalado un avance
del 47,32%; la misma Alcaldía el 26 de octubre de 2011 (fl.174 c.1) había
informado al contratista que la ejecución era del 48,43% (fl.174 c.1); el DNP en
fecha 4 de noviembre de 2011 (fls.383-310 c.1) suspendió el giro de recursos. Más
aún, el 9 de febrero de 2012 (fls.164-168 c.1), apenas 3 días después de la
presentación de la demanda, tuvo lugar una reunión entre las partes con el
propósito de liquidar el contrato, lo cual indica que el contratista tenía conocimiento
que la administración pretendía definir el asunto de la liquidación del contrato.
Lo anterior, desvirtúa lo afirmado por la parte demandante en su escrito de
apelación, quien pretendió presentar la expedición de las citadas resoluciones
como un acto sorpresivo y estratégico de la administración al señalar que: «en
forma habilidosa produjeron las Resoluciones 165 y 293 de 2012, en el Municipio
de Mitú, dirigidas a la terminación y liquidación unilateral del contrato - mírese
cuándo, en el 2.012 -, al advertir la formulación de esta demanda; también una vez
igual revisaron la sumatoria de graves inconsistencias y omisiones insaneables de
ellos, con fines a desvanecer las consecuencias de la acción judicial. De ello en la
sentencia acá impugnada la Sala del Tribunal se ocupó, con ocasión de su
pronunciamiento sobre la excepción de inepta demanda». (fl.370 c.principal).
Tampoco es de recibo para esta Sala, lo señalado por el fallador de primera
instancia cuando dispuso: «En el caso sub judice, observa la Sala que si bien
mediante las resoluciones No. 0165 del 28 de marzo de 2012 y 293 del 13 de junio
de 2012 se liquidó y término el contrato No. 086 de 2007 suscrito por el
demandante y el MUNICIPIO DE MITÚ y se confirmó tal decisión al ser resuelto el
recurso de reposición, no era posible solicitar la declaratoria de nulidad de dichos
actos administrativos en razón a que la demanda fue presentada el 5 -sic- de
febrero de 2012 tal como se observa del acta individual de reparto visible a folio
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
75, esto es, con anterioridad a la expedición de los mismos, motivo por el cual esta
Corporación considera que la excepción invocada no tiene vocación de
prosperidad» (fls.347-348 c.principal). Ello es así, por cuanto el Tribunal confundió
dos momentos procesales distintos: la presentación de la demanda y la
oportunidad para reformarla, la cual, como quedó expuesto, se extendió hasta el
10 de diciembre de 2012, fecha para la cual el demandante ya tenía pleno
conocimiento de los actos de terminación y liquidación unilateral del contrato.
18. De igual forma, la Sala constata que los actos administrativos cuya
ilegalidad no fue pedida, resolvieron los aspectos que la demanda pretende sean
reconocidos en sede judicial.
Las Resoluciones No. 165 del 28 de marzo de 2012 y No. 293 del 13 de junio de
2012, expedidas por la Alcaldía Municipal de Mitú, constituyen actos
administrativos de carácter definitivo que pusieron fin a la actuación administrativa
contractual relacionada con el Contrato de Obra No. 086 de 2007. La Resolución
165 declaró la terminación y liquidación unilateral del contrato y declaró el siniestro
de incumplimiento; la Resolución 293 resolvió el recurso de reposición interpuesto
por el propio contratista Raúl Villarraga Cruz y confirmó íntegramente la decisión
anterior. Ambas resoluciones quedaron en firme sin ser demandadas ante la
jurisdicción contencioso administrativa.
La demanda de controversias contractuales presentada ante el Tribunal
Administrativo del Meta pretende obtener pronunciamientos judiciales sobre
exactamente los mismos asuntos que esos actos administrativos resolvieron,
como pasa a explicarse:
19.1. La pretensión primera solicita que se declare que el Municipio de Mitú, el
Departamento Nacional de Planeación y la Dirección Nacional de Regalías
«incumplieron el pago del contrato de obra 086 de 2007». Esta pretensión
declarativa es el fundamento de toda la acción.
La Resolución No. 165 de 2012, llegó a la conclusión diametralmente opuesta: fue
el contratista quien incumplió el contrato por ese motivo lo terminó y procedió a
liquidarlo. Así lo estableció expresamente al señalar que las obras no fueron
entregadas a satisfacción a la Alcaldía Municipal, que se realizaron modificaciones
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
al proyecto inicial sin autorización del contratante ni del Fondo Nacional de
Regalías, en violación de las cláusulas tercera y cuarta del contrato, y que la
ejecución real apenas alcanzó el 48,43% de lo contratado. Como consecuencia
directa de ese incumplimiento del contratista, el artículo quinto de la Resolución
165 declaró el siniestro por incumplimiento y ordenó hacer efectiva la póliza de
garantía de estabilidad de las obras No. 1002288 de La Previsora S.A.
La Resolución No. 293 de 2012, al resolver el recurso de reposición, confirmó estas
conclusiones y añadió que el contratista había sido citado en dos oportunidades
para intentar la liquidación bilateral, haciendo caso omiso a ambas convocatorias.
Por este motivo se decidió proferir la liquidación unilateral. Concluyó que el escrito
de reposición del contratista se limitaba a contradecir las afirmaciones de la
administración sin soportarlas en pruebas convincentes y que no le asistía razón
al recurrente.
19.2. La pretensión numerada tercera, pero que en realidad corresponde a la
segunda, solicita que se condene a los demandados a pagar el saldo a favor del
ingeniero Villarraga Cruz «según la liquidación presentada por la Interventora de
las obras, por la suma base de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
PESOS MCTE ($759.918.219)», a 16 de julio de 2010.
El hecho vigésimo de la demanda explica el origen de esta cifra: en lo que
consideró el acta bilateral de liquidación del contrato del 16 de julio de 2010,
suscrita por la interventora Luz Marina Ortiz Rodríguez, se descontó la suma de
$132.672.289 por obra no realizada, arrojando un saldo a favor del contratista de
$759.918.219, correspondiente a suministros como motores fuera de borda, botes,
plantas eléctricas, cabillas, dotación, entre otros.
La Resolución No. 165 de 2012 estableció un balance económico distinto al del
acta de la interventora:
Concepto Valor según Res. 165/2012 Valor según demanda
Valor total del $1.785.181.216 $1.785.181.216
contrato
Anticipo pagado $892.590.608 $892.590.608
(50%)
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
Recursos $864.563.262 (48,43%) $1.652.590.827 (93,06%)
ejecutados
Resultado Contratista debe reintegrar Entidad debe pagar
$28.027.346 $759.918.219
La diferencia entre ambas posiciones se origina en el porcentaje de ejecución
reconocido: mientras la interventoría certificó un 93,06%, la Resolución No. 165
reconoció únicamente el 48,43%, con sustento en dos informes técnicos
independientes —el del Departamento Nacional de Planeación (visita del 16 de
marzo de 2011, con resultado de 47,32%) y el del Secretario de Obras Públicas,
ingeniero Carlos Braga (informe del 16 de julio de 2011, con resultado de
48,43%)—.
La Resolución No. 165 desestimó el informe de la interventoría con fundamento
en que fue desvirtuado por dos documentos técnicos independientes y
coincidentes entre sí: el informe del Departamento Nacional de Planeación,
resultado de visita directa a las obras del 16 de marzo de 2011, que estableció, en
el informe de 22 de ese mismo mes y año, un avance del 47,32%, y el informe del
Secretario de Obras Públicas, ingeniero Carlos Braga, en su calidad de supervisor
del contrato, fechado el 16 de julio de 2011, que fijó la ejecución en el 48,43%;
coincidencia que llevó a la administración a concluir, en los considerandos
obrantes en el folio 151 de la Resolución No. 165, que el contenido del primero de
los documentos —que había certificado un 93,06% de ejecución— no
correspondía a la realidad de las obras ejecutadas conforme al contrato 086 de
2007.
La Resolución No. 293 de 2012 confirmó este balance y precisó adicionalmente
que el presunto exceso en cobros alegado por el contratista podía ser deducido de
los rendimientos financieros que debieron producir los dineros entregados como
anticipo, ordenando al Tesorero Municipal ajustar los descuentos al 48,43%
únicamente, y que la diferencia eventualmente favorable al contratista en ese
ajuste se descontaría del valor a reintegrar, consolidados los rendimientos
financieros.
De manera que la resolución definió los saldos pendientes entre las partes,
aspecto precisamente reclamado por la demanda según la liquidación de la
interventoría.
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Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
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19. El demandante, conociendo la existencia y contenido de las Resoluciones
No. 165 y No. 293 de 2012 –e incluso habiendo controvertido dichos actos en sede
administrativa mediante recurso de reposición–, se abstuvo de reformar la
demanda para adicionar la pretensión de declaratoria de nulidad contra dichas
resoluciones, una vez expedidas. Además, existe identidad entre el objeto de las
pretensiones formuladas por el demandante y la materia resuelta mediante el acto
administrativo de terminación y liquidación unilateral que no fue demandado.
En consecuencia, habiendo sido resueltos por las Resoluciones No. 165 y No. 293
de 2012 todos y cada uno de los aspectos sobre los cuales se edifican las
pretensiones de la demanda y siendo dichos actos administrativos definitivos, la
parte demandante no puede obtener del juez pronunciamientos que contradigan
lo allí decidido sin haber solicitado previamente su nulidad, lo que hace inepta la
demanda.
20. Las pretensiones cuarta y quinta de la demanda, referidas,
respectivamente, a la indexación de la suma reclamada y a los perjuicios morales
sufridos por el contratista, tienen carácter accesorio y consecuencial respecto de
las pretensiones declarativa y de condena que les sirven de fundamento. Siendo
así, al estar estas últimas afectadas por la ineptitud sustantiva de la demanda
derivada de la omisión de demandar los actos administrativos que resolvieron de
fondo los aspectos alegados, corren la misma suerte, pues no pueden prosperar
de manera autónoma ni subsistir sin el soporte de las pretensiones principales que
las originan.
Costas
21. De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia
que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
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Radicación: 50001233100020120008301 (54373)
Demandante: Raúl Villarraga Cruz
Demandado: Municipio de Mitú y otros
Proceso: Acción de controversias contractuales
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2015, por el
Tribunal Administrativo del Meta, de acuerdo con la parte motiva de la presente
decisión, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGALIAS.
SEGUNDO: DECLARAR la ineptitud sustantiva de la demanda, alegada por
la parte demandada.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE38
NICOLÁS YEPES CORRALES
38
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
GVG
27
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